Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 141)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Rubby Rodríguez Soto. El peticionario impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de exención del pago de comprobantes y de una pena especial. Confinado y actuando por derecho propio y en forma pauperis, el peticionario busca la revocación de dicho dictamen. El Tribunal de Apelaciones explica que el auto de certiorari es un remedio procesal discrecional. Detalla los criterios que considera para la expedición de dicho auto, conforme a la Regla 40 de su reglamento. Asimismo, subraya la amplia discreción del Tribunal de Primera Instancia en sus determinaciones. Indica que las decisiones del foro primario merecen gran deferencia y solo se intervendrá si se prueba abuso de discreción o error manifiesto. El tribunal prescinde de la comparecencia de la parte recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado. El peticionario impugna la decisión del TPI que denegó su moción solicitando el archivo del caso por falta de jurisdicción. El litigio se originó cuando la recurrida, tras alegar violencia doméstica en Florida, regresó a Puerto Rico con la hija menor de ambos. En Puerto Rico, la recurrida obtuvo una orden de protección ex parte y custodia provisional, presentando luego una demanda de custodia con facultades tutelares. El peticionario contestó la demanda, argumentando que Florida tenía jurisdicción como estado de residencia de la menor bajo el PKPA. También presentó una reconvención solicitando la custodia para sí y alegando condiciones mentales de la recurrida. El peticionario formalizó su objeción jurisdiccional mediante una moción de archivo, informando sobre un caso de divorcio y custodia iniciado en Florida. El TPI denegó dicha moción, ordenando la continuación de los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende tres peticiones de certiorari consolidadas presentadas por Priscilla Batista contra José E. González, Yahaira Conde y Lizaida Abreu Torres, relacionadas con la Ley 121. Inicialmente, Batista solicitó una prórroga para contratar representación legal para sus apelaciones, la cual fue concedida por el tribunal. Las partes recurridas no presentaron su posición dentro del término establecido. Posteriormente, Batista pidió la anulación de la decisión del caso, indicando que no pudo conseguir abogado y solicitando que el caso se viera de nuevo. El tribunal examinó los expedientes, recordando su competencia esencialmente revisora. Se enfatizó la importancia de observar rigurosamente los reglamentos para la presentación de recursos apelativos, incluso por quienes comparecen por derecho propio. El tribunal determinó que la peticionaria no lo puso en posición de dirimir su reclamo al no cumplir con los requisitos procesales. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones procedió a desestimar los recursos presentados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró tres recursos de apelación, acogidos como certiorari, presentados por Priscilla Batista contra José E. González, Yahaira Conde y Lizaida Abreu Torres, procedentes del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria, compareciendo por derecho propio, solicitó inicialmente una prórroga para contratar representación legal, la cual fue concedida. Los casos fueron consolidados. Posteriormente, la señora Batista pidió la anulación de la decisión original al no poder conseguir abogado. El Tribunal recordó que su competencia es esencialmente revisora y que las partes, incluyendo quienes comparecen por derecho propio, deben cumplir rigurosamente con las normas reglamentarias para la presentación de recursos. El incumplimiento impide al tribunal dirimir el reclamo. Por estos motivos, el Tribunal adelantó que procedía la desestimación de los recursos.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100130, José E. González v. Priscilla Batista. La peticionaria, Priscilla Batista, presentó un recurso de apelación, acogido como certiorari, solicitando inicialmente una prórroga para contratar abogado. Tras obtener la extensión, pidió la anulación de la decisión de instancia al no conseguir representación legal. El tribunal determina que la peticionaria no presentó su reclamo de forma que permitiera su consideración en los méritos. Se reitera la naturaleza esencialmente revisora de la competencia del Tribunal de Apelaciones. Se enfatiza la obligatoriedad de las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, de cumplir rigurosamente con las reglas procesales para la presentación de recursos. El incumplimiento puede resultar en la desestimación, aunque se deben evaluar criterios para evitar sanciones desproporcionadas. Sin embargo, al no haberse puesto al tribunal en posición de dirimir el reclamo, procede la desestimación del recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000685. Las partes son El Pueblo de Puerto Rico como peticionario y José R. Corchado Corchado como recurrido. El recurso es un Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Los asuntos tratados se relacionan con artículos del Código Penal y la Ley de Armas. El peticionario presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y Aviso de Desistimiento. En dicha moción, solicitó el desistimiento del recurso interpuesto. El Tribunal examinó la solicitud de desistimiento. Se resolvió declarar ha lugar el desistimiento solicitado por el peticionario. Como resultado, se ordena el cierre y archivo del recurso. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de confiscación vehicular. El Estado confiscó un vehículo por alegada violación al Artículo 5.06 (regateo) de la Ley 22-2000, aunque el conductor se declaró culpable de Artículo 5.07 (conducción negligente) en el caso criminal. Reliable Financial Services, dueño del vehículo, impugnó la confiscación, argumentando que la violación al Artículo 5.07 no autoriza la confiscación bajo la Ley 119-2011. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la impugnación y ordenó la devolución del vehículo. El Estado apeló, sosteniendo que el procedimiento de confiscación civil es independiente del proceso criminal y que la parte apelada debía rebatir la presunción de legalidad. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso entre Karla L. Coreano Torres y Triple-S Salud, Inc. Triple-S Salud, Inc. presentó una Petición de Certiorari solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. La Resolución recurrida denegó la solicitud de Triple-S para desestimar una Querella presentada por la señora Coreano Torres. La Querella alega despido injustificado, represalia y discrimen por condición de salud bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. Triple-S argumentó que la Querella debía desestimarse por contener una fecha de despido futura, lo cual la querellante aclaró como un error tipográfico. El TPI, tras la aclaración, declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación y ordenó la continuación del caso, habiendo previamente anotado la rebeldía de Triple-S. Triple-S solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar esta determinación interlocutoria y suspender los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple-S. Como resultado, también se deniega la moción en auxilio de jurisdicción presentada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de despido injustificado bajo la Ley 80. La controversia se origina en una querella laboral presentada por una empleada contra su antiguo patrono, OHI, y la empresa sucesora, Toperbee. La empleada fue despedida por OHI antes de que Toperbee adquiriera el negocio. Posteriormente, la reclamación contra OHI fue desistida debido a su proceso de quiebra. Toperbee, sosteniendo que OHI era el responsable del despido, solicitó al Tribunal de Primera Instancia autorización para presentar una demanda contra tercero. El tribunal de instancia denegó dicha solicitud. Toperbee impugnó esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó la orden recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expide el auto y revoca la orden del Tribunal de Primera Instancia, permitiendo a Toperbee presentar su demanda contra tercero.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico trata sobre la denegatoria de créditos contributivos bajo la Ley Núm. 27-2011, Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica. La recurrente, SZ Productions, LLC, solicitó créditos para un proyecto cinematográfico, obteniendo un decreto inicial y una reserva de fondos. El presupuesto y los gastos reales del proyecto excedieron significativamente las estimaciones iniciales, llevando a una solicitud de créditos mucho mayor, certificada por un auditor. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DEC) denegó la concesión de los créditos solicitados. La denegatoria se basó en que los créditos excedían la cuantía inicialmente reservada y el tope legal para el año considerado por el DEC. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el DEC erró al denegar los créditos de plano. El Tribunal determinó que el DEC debió haber evaluado la disponibilidad de créditos en años anteriores antes de tomar su decisión.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico concierne tres casos consolidados presentados por Priscilla Batista contra José E. González, Yahaira Conde y Lizaida Abreu Torres, relacionados con la "Ley 121". Los recursos, presentados inicialmente como apelaciones, fueron acogidos como peticiones de certiorari. La peticionaria, compareciendo por derecho propio, solicitó y obtuvo una prórroga para contratar representación legal. Las partes recurridas no comparecieron en el término concedido. Posteriormente, la señora Batista pidió la anulación de la decisión original, indicando que no pudo conseguir abogado y solicitando que el caso se viera de nuevo. El Tribunal recordó su competencia esencialmente revisora y la obligación de las partes de cumplir con las normas reglamentarias. Tras examinar los expedientes, el Tribunal determinó que la peticionaria no lo puso en posición de dirimir su reclamo. Por consiguiente, procede la desestimación de los recursos consolidados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. El caso original es una demanda de daños y perjuicios presentada por Virginia Zequeira Brinsfield contra sus vecinos, Juana Peña Román y José Burgos Lebrón. La demandante alegó que desde 2007, los demandados incurrieron en un patrón de conducta maliciosa continua que le causó daños físicos, emocionales y a la propiedad. Los demandados negaron las imputaciones, alegaron la prescripción de las acciones y presentaron una reconvención por daños similares. La señora Zequeira Brinsfield intentó enmendar su demanda para incluir daños posteriores a la presentación inicial, argumentando que la conducta dañina continuaba. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda original de la señora Zequeira Brinsfield, al determinar que las reclamaciones estaban prescritas. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso presentado como un certiorari para revisar dicho dictamen.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La disputa surge de un contrato de arrendamiento entre StoneCold, LLC (apelante) y la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (apelada). El contrato, firmado en 2012 y renovado en 2015, es sobre un almacén en la Zona de Libre Comercio Exterior #61 de San Juan. Como parte de los requisitos de la zona libre, StoneCold construyó una verja de seguridad, cuyos costos fueron reembolsados por la CCE. Años después, StoneCold solicitó a la CCE realizar diversas reparaciones y mantenimiento en el almacén, incluyendo problemas estructurales. A pesar de una inspección, la CCE no llevó a cabo las reparaciones solicitadas. StoneCold notificó a la CCE su intención de realizar las reparaciones necesarias por cuenta propia, basándose en una cláusula del contrato que lo permite ante la inacción del arrendador. El documento detalla los antecedentes fácticos que llevaron a la reclamación de daños.

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Víctor Rivera Rivera, un confinado, solicitó la revisión judicial de una determinación disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Departamento lo encontró incurso en una falta disciplinaria por la posesión de un envase con líquido en fermentación ("múcura") hallado en su celda. Tras una vista disciplinaria donde negó los hechos, se le impuso una sanción de cuarenta días de privación de privilegios de recreación y comisaría. Su solicitud de reconsideración de la decisión administrativa fue declarada sin lugar. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones señalando varios errores en el proceso disciplinario, relacionados con la prueba, el cumplimiento reglamentario y la reconsideración. El Departamento solicitó la desestimación del recurso por incumplimiento procesal. El Tribunal atendió asuntos preliminares, incluyendo la concesión de litigar como indigente al recurrente y la denegación de la desestimación. El Tribunal procedió a revisar la decisión administrativa bajo los estándares de revisión judicial de acciones de agencias gubernamentales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Denyram Enterprises y William Denizard Flores apelaron la sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de FirstBank Puerto Rico. FirstBank demandó a los apelantes por el incumplimiento de pago de un pagaré de \$210,000 garantizado con hipoteca. La institución bancaria reclamaba el balance adeudado y la ejecución de la garantía hipotecaria. Los apelantes presentaron defensas, incluyendo alegaciones de mala fe del banco y la falta de inclusión de herederos como partes indispensables. FirstBank solicitó sentencia sumaria argumentando la improcedencia de dichas defensas. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de FirstBank. Tras revisar la apelación, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada.

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Carlos J. Luciano Rodríguez apela (recalificado como certiorari) sentencias impuestas en su contra por violaciones a la Ley 54 y otros delitos. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal de Primera Instancia el 3 de septiembre de 2020. El apelante cuestionó la autoridad de la jueza que emitió los dictámenes, alegando que su nombramiento había vencido. Presentó una moción de reconsideración ante el TPI solicitando la nulidad de las sentencias, la cual fue declarada no ha lugar. Inconforme, acudió al Tribunal de Apelaciones pidiendo la revocación de la resolución del TPI y la anulación de las sentencias. El Procurador General se opuso, argumentando que la jueza ostentaba autoridad legal al momento de dictar las sentencias, según certificación oficial. El Tribunal de Apelaciones revisa si el TPI erró al concluir que la jueza tenía autoridad y al no declarar nulas las sentencias. Este documento constituye la sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo este recurso.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos presentados por Daniel González Rodríguez y Carmen Bonano de González contra Lomas del Mar Corporation. El primer recurso apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió un injunction a Lomas del Mar, ordenando a los esposos González-Bonano devolver la posesión de terrenos en controversia y cesar actos posesorios. El segundo recurso, acogido como certiorari, impugna una Orden posterior del mismo tribunal que declaró a los esposos incursos en desacato por incumplir la Sentencia del injunction. La disputa se originó en 2015 cuando Lomas del Mar alegó que los esposos invadieron parte de su finca 19, adyacente a la finca 3931 de los esposos. Lomas del Mar reclamó posesión del terreno basándose en un título y un expediente de dominio. Los esposos negaron las alegaciones, reclamaron posesión de su finca y adujeron cosa juzgada por un caso previo entre las partes. El Tribunal de Apelaciones procede a analizar y resolver ambos recursos tras revisar los argumentos y antecedentes del caso.

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Comparece Square Knot Corp. h/n/c California Closets ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitando la revocación de una Sentencia Parcial Final. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, desestimó con perjuicio la demanda de la apelante contra la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Square Knot Corp. había demandado a su aseguradora, Real Legacy Assurance Company, Inc., por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María, alegando falta de pago de una reclamación de \$488,138.00 y prácticas desleales. La apelante también demandó a la Cooperativa, argumentando su responsabilidad solidaria basada en un Capital Maintenance Agreement con Real Legacy. El foro primario acogió la moción de desestimación de la Cooperativa. El Tribunal de Apelaciones evaluó los recursos presentados por las partes. Tras considerar el derecho aplicable, el panel confirmó la sentencia apelada. Esto valida la desestimación de la demanda presentada por Square Knot Corp. contra la Cooperativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa dos recursos presentados por Daniel González Rodríguez y Carmen Bonano de González contra Lomas del Mar Corporation. Los esposos González-Bonano apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo de octubre de 2019 que concedió un injunction a Lomas del Mar. Dicha Sentencia les ordenó devolver la posesión de terrenos en controversia y cesar actos posesorios. También impugnaron una Orden posterior de octubre de 2020 que los declaró en desacato por incumplir la Sentencia del injunction. La controversia se inició en 2015 cuando Lomas del Mar demandó, alegando que los esposos invadieron su finca 19, adyacente a la finca 3931 de los demandados. Lomas del Mar reclamó posesión y título sobre la finca 19, mientras los esposos negaron las alegaciones, afirmaron su título y posesión, y plantearon cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones procede a analizar y resolver ambos recursos presentados por las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación del Estado contra Universal Insurance Company. El caso versa sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo. La policía ocupó el automóvil tras alegar su uso en delitos, pero la propietaria fue absuelta en el proceso criminal. Universal Insurance demandó para invalidar la confiscación. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia sumaria a favor de Universal Insurance. El TPI determinó que, bajo la doctrina de impedimento colateral por sentencia, la absolución en el caso criminal impedía justificar la confiscación civil. Por tanto, el TPI concluyó que no procedía la confiscación y ordenó la devolución del vehículo. El Estado apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia sumaria emitida por el TPI.

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Se presenta un recurso de certiorari por Bryan Lee Rodríguez Mercado solicitando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud para desestimar los pliegos acusatorios al amparo de la Regla 64(ñ) de Procedimiento Criminal. El peticionario argumentó que la inclusión de quince testigos adicionales por el Ministerio Público constituía una enmienda sustancial a la acusación. Sostuvo que esta enmienda requería un nuevo acto de lectura de acusación y procedía la desestimación. El Ministerio Público se opuso, alegando que las enmiendas eran de forma y no sustanciales, pues solo añadían testigos previamente anunciados. El foro primario denegó la desestimación, indicando que la inclusión de los testigos había sido previamente autorizada. El peticionario recurrió en certiorari señalando errores en la decisión del tribunal primario. Tras revisar el recurso y los fundamentos, el panel deniega el auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Tami Lellouche contra Medtronic Puerto Rico Operations, Co. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trata sobre despido injustificado y cobro de dinero. La peticionaria impugna una determinación del tribunal de instancia que resolvió aplicar la Ley 80 de 1976, anterior a la reforma laboral de 2017, para el cálculo de la mesada y el peso de la prueba. Lellouche alegó errores en la aplicación de la ley y la interpretación de términos como "años de servicio". El Tribunal de Apelaciones examinó su facultad para revisar resoluciones interlocutorias mediante Certiorari conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Concluyó que su autoridad para intervenir en esta etapa es limitada. Tras evaluar el recurso, el Tribunal determinó que no posee la facultad para expedir el auto de Certiorari solicitado. La resolución deniega el recurso al considerar que la determinación del Tribunal de Primera Instancia no es revisable por esta vía en este momento procesal.

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Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda una petición de certiorari presentada por el Municipio Autónomo de Carolina. El caso subyacente es una demanda por daños donde la aseguradora del Municipio, Integrand Assurance Company, entró en liquidación. El Comisionado de Seguros, como liquidador auxiliar, informó al tribunal que el Municipio necesitaba nueva representación legal y solicitó paralizaciones de los procedimientos. El Municipio pidió prórrogas para obtener el expediente del caso de Integrand/el Comisionado, alegando falta de acceso a documentos y estado de indefensión. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción del Municipio solicitando un término adicional para conseguir el expediente. El Municipio recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar esta denegatoria. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del certiorari solicitado por el Municipio.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Total Petroleum Puerto Rico Corp. (TPPRC). TPPRC solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para enmendar las alegaciones y presentar una reconvención y demanda contra coparte contra FG Auto Corp. El TPI había denegado inicialmente la reconvención por incumplimiento procesal. Posteriormente, una moción de TPPRC solicitando permiso para presentarla fue tratada como reconsideración extemporánea y denegada por el TPI el 3 de marzo de 2021. TPPRC recurrió en certiorari contra esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción al haber sido presentado tardíamente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de desahucio en precario. La parte demandada solicitó un auto de certiorari para revisar la denegación de su moción de desestimación por el Tribunal de Primera Instancia. La moción alegaba que el demandante carecía de legitimación activa para iniciar la acción. El demandante, actuando como heredero de una sucesión, reclamó la propiedad del inmueble. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el demandante tenía legitimación activa como miembro de la comunidad hereditaria. La demandada impugnó esta determinación mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones deniega el auto solicitado. Sostiene que el demandante posee legitimación activa por ser integrante de la sucesión que alega titularidad sobre la propiedad en disputa.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en un caso de divorcio y pensión alimentaria. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para terminar una pensión provisional de excónyuge de \$500 mensuales. Dicha pensión provisional fue establecida luego de la sentencia de divorcio y las partes acordaron mantenerla hasta la liquidación de la sociedad de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia, al denegar la terminación de la pensión, señaló una vista para dilucidar si procede su continuación. El peticionario argumenta que la pensión provisional debe cesar, especialmente tras la liquidación de bienes gananciales donde la recurrida recibió una suma considerable. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones acordó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado sin trámite ulterior.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El peticionario, ZGN Investment, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la moción de ZGN Investment para descalificar la representación legal de la parte recurrida. El pleito original trata sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero entre ZGN Investment y De Diego Ambulatory Clinic, junto a sus accionistas. ZGN Investment alegó que los abogados de los recurridos incurrían en un conflicto de interés al representar simultáneamente a la corporación y a sus accionistas en casos relacionados. La parte recurrida también presentó una moción de descalificación contra el abogado de ZGN Investment. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de descalificación presentada por ZGN Investment. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen impugnado del Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la descalificación solicitada por ZGN Investment.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero iniciado por Popular Auto, LLC. La peticionaria, Jessica Ramos Aleno, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que denegó su solicitud para enmendar la contestación a la demanda, presentar una reconvención y una demanda contra tercero. El foro primario fundamentó su negativa en que la peticionaria no demostró justa causa para radicar dichos escritos fuera del término establecido por las Reglas de Procedimiento Civil. Popular Auto, como parte recurrida, se opuso a la presentación tardía de estas alegaciones. La peticionaria argumentó en su recurso de apelación que el TPI cometió un error al no autorizar las enmiendas y nuevas demandas. Tras considerar los argumentos presentados, incluyendo el alegato en oposición, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el recurso de Certiorari. Esta decisión valida la determinación del Tribunal de Primera Instancia respecto a la improcedencia de las presentaciones tardías sin la debida justificación.

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Universal Insurance Company compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari. La aseguradora solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para excluir al perito y el informe pericial del demandante, Emilio Aponte Carrasquillo. El caso original versa sobre una reclamación de daños a la propiedad de Aponte causados por los huracanes Irma y María. Universal argumentó que el perito carecía de cualificaciones y que la base de datos de precios utilizada en su informe no estaba disponible para contrainterrogarle, alegando una violación al debido proceso. El demandante defendió las credenciales del perito y explicó la accesibilidad de la base de datos mediante la aplicación Xactimate. El foro primario celebró una vista y permitió la prueba pericial. Tras evaluar las argumentaciones de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado por Universal.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La acción original fue presentada por Taína Zoé Ortega Soto y otros contra MAPFRE PRAICO Insurance Company por incumplimiento de contrato y daños a la propiedad tras el huracán María. Los demandantes reclamaron daños bajo una póliza de seguro, incluyendo partidas como ventanas, terrazas y techos. MAPFRE presentó una moción de sentencia sumaria alegando fraude en la reclamación de los demandantes, específicamente sobre la inclusión de un garaje de concreto. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de MAPFRE. El TPI determinó que existían hechos esenciales en controversia que impedían dictar sentencia sumaria, a pesar de algunos hechos no controvertidos. MAPFRE solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar esa determinación mediante un auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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Zulay Marie Torres Soto acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar un dictamen interlocutorio del Tribunal de Primera Instancia en un caso laboral sumario. La acción judicial, instada bajo la Ley Núm. 2, reclama despido injustificado y otros daños contra Hamilton Sundstrand. La peticionaria solicitó y obtuvo la anotación de rebeldía contra la parte recurrida por no contestar la querella tras ser emplazada. Hamilton Sundstrand solicitó reconsideración de la rebeldía, alegando falta de emplazamiento adecuado y solicitando término para contestar. La peticionaria se opuso a estas solicitudes, argumentando su incompatibilidad con el procedimiento sumario. Ambas partes presentaron múltiples escritos sobre la rebeldía y la contestación. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y dio por perfeccionado el recurso. Tras la revisión, el Tribunal resolvió denegar la petición de certiorari presentada por la señora Torres Soto.

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El Tribunal de Apelaciones conoció de una petición de certiorari presentada por Madeline Morales Flores. La petición buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su recurso de revisión administrativa de un boleto de tránsito. La señora Morales Flores recurrió ante el Tribunal de Apelaciones tras la denegatoria de su recurso y reconsideración en instancia. La parte recurrida, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, señaló que la peticionaria no había notificado su recurso. El Tribunal de Apelaciones ordenó a la peticionaria acreditar el cumplimiento con el requisito de notificación. La peticionaria compareció y admitió no tener evidencia de haber realizado la notificación. Argumentó que la parte recurrida estaba notificada por otras vías y no había sufrido perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, actuando como guardián de su jurisdicción, procedió a examinar el cumplimiento procesal. Concluyó que la falta de notificación constituía un defecto que impedía al tribunal asumir jurisdicción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari por falta de jurisdicción.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende la impugnación de un laudo arbitral relativo a la separación de Annette Colorado Suárez, agente de rentas internas en periodo probatorio del Departamento de Hacienda, representada por la unión UGT. El caso fue paralizado previamente por el Tribunal de Apelaciones debido a PROMESA, pero el Tribunal Supremo revocó esta decisión, determinando que el caso estaba exento de la paralización automática y ordenando una resolución en sus méritos. La señora Colorado había recibido evaluaciones de desempeño positivas durante su periodo probatorio. Su separación ocurrió tras un incidente con una supervisora durante una investigación interna sobre operativos controvertiales en los que había participado. Un informe de asuntos internos concluyó que violó normas de conducta basándose en este incidente. El Tribunal de Primera Instancia había confirmado el laudo arbitral que justificó su separación. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esa confirmación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó, vía certiorari, una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución había denegado un recurso de revisión de infracción de tránsito presentado por David Ramos Ortiz. El señor Ramos Ortiz recibió un boleto de $200 por estacionar su vehículo sobre una acera en Cidra, en violación a la Ley de Vehículos y Tránsito. Tras una vista en el foro primario, donde el agente emisor no compareció pero sí el peticionario, se mantuvo la multa impuesta. El peticionario solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar dicha resolución. El tribunal consideró la ley aplicable sobre estacionamiento en aceras y el principio de deferencia a las determinaciones de hecho del foro primario. Evaluó la prueba presentada en la instancia inferior. Concluyó que no existían fundamentos para intervenir con la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto solicitado por el señor Ramos Ortiz.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000490 sobre daños y perjuicios. La apelación fue presentada por varios individuos y entidades contra Empresas Rivera Siaca, Inc., buscando revocar una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda. La demanda original de Empresas Rivera Siaca alegaba incumplimiento de contrato y daños contra los apelantes, incluyendo a miembros de la Junta de Directores de Integrand Assurance Company. Se presentaron seis causas de acción, imputando a los apelantes haber causado daños económicos y morales por acusaciones falsas de fraude en una reclamación post-huracán María. También se les acusó de negligencia por no adquirir suficiente reaseguro catastrófico, lo que llevó a la degradación de Integrand y su eventual rehabilitación. La demanda incluyó a Liberty Mutual Insurance Company bajo pólizas de responsabilidad de directores y oficiales, y a los cónyuges de los directores para responder solidariamente. Una de las apelantes contestó la demanda negando las alegaciones y solicitó la paralización de los procedimientos. El documento detalla el trasfondo del litigio y las reclamaciones presentadas por la parte demandante.

Resumen:

Sr. Martín Rivera Pabón presentó un recurso de Habeas Corpus impugnando la ratificación de su nivel de custodia mediana y solicitando un traslado institucional. Argumentó que sus buenos ajustes justificaban un nivel de custodia baja y deseaba estar más cerca de su familia. El tribunal solicitó la comparecencia del Procurador General, quien pidió la desestimación alegando incumplimiento de requisitos procesales y que la solicitud de traslado era académica. El tribunal, sin embargo, procedió a examinar su jurisdicción como cuestión prioritaria. Se recordó la obligación de los tribunales de asegurar su jurisdicción antes de considerar los méritos. Citando jurisprudencia, se afirmó que un recurso prematuro priva de jurisdicción al foro apelativo. El tribunal determinó que el recurso presentado adolecía de este defecto insubsanable. Por consiguiente, se desestimó el recurso por falta de jurisdicción ante su presentación prematura.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión de una resolución de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios. El Dr. Jaime Vázquez Velázquez impugnó la determinación de la Junta de que no había cumplido totalmente con los requisitos de educación continua. Dichos requisitos fueron impuestos como sanción disciplinaria por múltiples querellas de impericia profesional, una de las cuales resultó en la muerte de un animal. La Junta encontró que el Dr. Vázquez no completó todos los créditos de educación continua requeridos en inmunología/manejo de enfermedades ni presentó evidencia de otras horas. Su licencia de veterinario expiró y permanece suspendida debido a este incumplimiento. La Junta exige el cumplimiento total de las sanciones antes de considerar la recertificación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la resolución de la Junta.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por el Consejo de Titulares Condominio Bahía Serena II contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una solicitud de desestimación en una acción de deslinde y sentencia declaratoria iniciada por el Consejo de Titulares Condominio Bahía Serena I. La acción original busca determinar la línea divisoria entre ambos condominios y declarar el libre acceso a sus portones. Bahía Serena II argumentó en Primera Instancia la falta de legitimación activa y jurisdicción sobre algunos reclamos. El foro primario determinó que sí existía legitimación y jurisdicción para atender tanto el deslinde como la sentencia declaratoria sobre los accesos. Inconforme, Bahía Serena II acudió en certiorari alegando errores del tribunal inferior. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

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Este es un recurso de apelación presentado por Carmen Nevárez Agosto ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato. El foro primario determinó que la causa de acción estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, encontró que el panel de jueces estaba igualmente dividido. Dos jueces votarían por confirmar la sentencia recurrida y dos por revocarla. Conforme a la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, la falta de mayoría resulta en la confirmación del dictamen apelado. Por tanto, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda por prescripción queda confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que sancionó al confinado Jorge L. Marrero Torres. La sanción de sesenta días de suspensión de privilegios de comisaría se impuso por agresión simple e interferir con un recuento, según incidentes del 2 de noviembre de 2019. Un oficial querellante informó que Marrero Torres lo agarró y agredió durante un recuento matutino. El confinado solicitó reconsideración, alegando que la querella disciplinaria estaba mal cumplimentada, carecía de testigos y no se presentó ni notificó a tiempo. El Departamento de Corrección denegó la reconsideración, concluyendo que la querella cumplió con los términos reglamentarios y que la ausencia de testigos no la invalidaba, asegurando que no se violentó el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar el recurso y anticipa que confirmará la determinación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó el privilegio de libertad bajo palabra a Norgesen Soto Avilés. El recurrente, quien cumple una sentencia por violaciones a la Ley de Armas y Sustancias Controladas, impugnó la resolución de la Junta. La Junta había denegado la solicitud basándose en la falta de una residencia adecuada, la ausencia de una oferta de empleo viable y la falta de recomendación de la comunidad, según una investigación. El recurrente alegó tener ofertas de empleo y un hogar viables. Al revisar, el Tribunal aplicó el estándar de deferencia a las agencias administrativas, requiriendo que el recurrente demostrara que la decisión fue irrazonable o careció de apoyo probatorio. El Tribunal concluyó que el recurrente no logró demostrar que la Junta errara. La decisión de la Junta se apoyó en evidencia del expediente, incluyendo la oposición de la comunidad y la falta de corroboración de las ofertas de empleo iniciales. Las nuevas ofertas de empleo mencionadas en el recurso no fueron evaluadas previamente. Por consiguiente, el Tribunal determinó que la Junta no actuó de forma irrazonable al denegar la libertad bajo palabra.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Varios vecinos recurren la autorización de un permiso de construcción otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a QMC Telecom, LLC para una torre de telecomunicaciones en Gurabo. Los recurrentes, dueños de propiedades aledañas, alegan que la altura real de la torre excede la permitida y pone en riesgo su salud y seguridad. Este caso es una continuación de litigios previos sobre permisos para el mismo proyecto, donde un permiso anterior fue revocado por el mismo tribunal. Tras la denegación del permiso anterior por OGPe, QMC presentó una nueva solicitud que resultó en el permiso actual. Los recurrentes solicitaron una revisión administrativa ante OGPe, la cual fue acogida por la agencia. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por los vecinos. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso en esta etapa procesal. El caso es devuelto a la OGPe para que proceda según lo resuelto por el tribunal.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Jorge Martínez López. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de una acusación por violación al Art. 6.05 de la Ley de Armas. El Tribunal de Primera Instancia sostuvo que en la vista preliminar existía una presunción de portación ilegal y que había prueba suficiente para sostener la acusación. El Tribunal de Apelaciones considera la petición bajo su facultad discrecional para revisar determinaciones de tribunales inferiores mediante auto de certiorari. Se discute la naturaleza discrecional del remedio y los criterios para su expedición. El tribunal decide prescindir de la comparecencia del Ministerio Público para proceder con el análisis del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000931. El recurso fue presentado por Cherif R. Medawar y otros contra Multinational Insurance Company. Apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó ciertas causas de acción. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños por el huracán María, así como violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico. Específicamente, se incluyeron reclamaciones al amparo del Artículo 27.164 del Código de Seguros. Multinational solicitó la desestimación parcial de estas reclamaciones. Argumentó que el Artículo 27.164(6) prohíbe litigar conjuntamente causas de acción del Código de Seguros y del Código Civil. También cuestionó la legitimación activa de uno de los demandantes. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial que desestimó las causas de acción bajo el Artículo 27.164 del Código de Seguros.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, solicitó la reparación urgente de los extractores de aire en su institución penal, citando la necesidad de circulación de aire para prevenir contagios de COVID-19. La División de Remedios Administrativos denegó la solicitud inicialmente, alegando que el confinamiento por la pandemia impedía la entrada de compañías externas para realizar las reparaciones. El recurrente solicitó reconsideración, argumentando que el problema era antiguo y que las reparaciones podían realizarse sin riesgo. La División de Remedios Administrativos confirmó su decisión original, indicando que se continuaban realizando reparaciones en otras áreas de la institución. Inconforme, el confinado acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. El tribunal aplicó un estándar de deferencia a las decisiones administrativas, requiriendo que el recurrente demostrara que la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen administrativo recurrido.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El Lcdo. Alex Ramos Díaz, quien representó privadamente a un imputado en la vista de causa para arresto, recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI lo asignó como abogado de oficio para la continuación del proceso penal tras declararse indigente el imputado. El abogado objetó la asignación, argumentando que su contratación fue limitada a la etapa inicial y que ya tenía una carga excesiva de casos de oficio. El TPI reiteró su decisión, citando el reglamento que busca evitar la representación legal fraccionada y la conveniencia de la continuidad, además de considerar las circunstancias del COVID-19. Inconforme, el abogado presentó el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones explica la naturaleza discrecional de este recurso y los criterios que rigen su expedición. Finalmente, el tribunal declina intervenir con la decisión del TPI de asignar al abogado como de oficio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso de Habeas Corpus KLRX202100010. La resolución atiende una Moción Informativa y Solicitud de Desistimiento Voluntario presentada por la señora Maribel Rivera Rosario. El tribunal examinó la solicitud y determinó declararla ha lugar. En consecuencia, se ordena el desistimiento voluntario de la acción de Habeas Corpus ejercitada por Maribel Rivera Rosario. Este desistimiento es con perjuicio, lo que implica que la acción no puede ser presentada nuevamente. La resolución también dispone el archivo del caso. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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La Junta de Planificación acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revisar una orden interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La Junta había incoado un injunction estatutario contra Omar R. Ramos Rodríguez por construcciones ilegales y una multa, solicitando la demolición y el pago. Conforme al Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, la Junta pidió al tribunal primario que señalara una vista en un término no mayor de diez días. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de vista inmediata, condicionándola a que el demandado fuera emplazado y presentara alegaciones, concediendo un término de treinta días para responder al emplazamiento. La Junta argumentó que esta decisión contravenía el mandato estatutario de celebrar la vista prontamente. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari y revocar la orden interlocutoria del foro primario.