Para añadir una nueva Regla 2.1.1 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; enmendar las Reglas 6.2, 6.9 y 7.9 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; y enmendar la Regla 109 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, con el fin de prohibir las tácticas de interrogación engañosas en los procedimientos de menores; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para enmendar los Artículos 2, 4, 10, 14, 15 y 26 de la Ley Núm. 4 de 24 de mayo de 1960, conocida como “Ley Uniforme de Extradición Criminal”, para reconocer como derecho del acusado el que no pueda ser extraditado desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a una jurisdicción donde se busque aplicarle la pena de muerte; y para otros fines.

Para enmendar las Reglas 112, 145, 146 y 151 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas; a los fines de reconocer como parte integral del derecho fundamental a juicio por jurado el hecho de que el veredicto rendido para encontrar culpable a una persona debe ser unánime; adoptar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ramos v. Louisiana, 140 S. Ct 1390 (2020) en los juicios que se ventilen por jurado en Puerto Rico; disponer que un veredicto que encuentre a una persona no culpable podrá ser por mayoría de votos en el que debe de concurrir no menos de nueve (9); y para otros fines relacionados.

Para disponer la convocatoria al Pueblo de Puerto Rico para que exprese a través de su electorado elegible participante en un referéndum, si desea sancionar la posesión simple de catorce (14) gramos o menos de marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas no criminales; disponer su configuración, asignar fondos y otros fines.

Para añadir nuevos Artículos 6 y 7, y renumerar los actuales Artículos 6 y 7 como los nuevos Artículos 8 y 9 de la Ley 227-1999, según enmendada, conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio”, a los fines de crear el “Protocolo de Investigación Psicológica” a ser utilizado en casos donde se identifique el suicidio como la causa de muerte de una persona, con el objetivo de indagar sobre las posibles motivaciones y variables que pudieron incidir en ese fatal desenlace; establecer los parámetros a incluirse en el Protocolo; y para otros fines.

Para añadir un nuevo inciso (3) al Artículo 127-C, enmendar los incisos (b) (1) y (b) (2) de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar el actual inciso (b) (3), como (b) (4), a los fines de disminuir la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble requerida para la configuración de delito menos grave y grave en casos de explotación financiera de personas de edad avanzada; y para otros fines relacionados

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 122 de 9 de junio de 1967, según enmendada, a los efectos de eximir del pago de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones o impuestos de cualquier naturaleza dispuestos por las leyes vigentes en la tramitación de procedimientos judiciales y notariales al Fondo de Acceso a la Justicia, así como a las entidades de acceso a la Justicia, según definidas por la Ley Núm. 165 de 26 de diciembre de 2013, según enmendada

Para añadir un nuevo Artículo 208-A a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de tipificar como delito grave hacerse pasar o representar ser un agente del orden público para cometer cualquier delito; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 11 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, los fines de extenderle a toda la población penal de Puerto Rico, sin considerar el Código Penal por el cual fueron sentenciados y cumplen condena, la oportunidad de recibir la bonificaciones por buena conducta y asiduidad, sujeto a las excepciones y porcentajes de acumulación preceptuados en dicho Artículo, y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 72 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de atemperar su contenido con las disposiciones de la Ley 168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 118-1974, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, a los fines de aclarar que la Junta de Libertad Bajo Palabra tomará en consideración únicamente la sentencia final y firme emitida por el Tribunal General de Justicia, para conceder el beneficio de la libertad bajo palabra en casos en que se determine que la persona utilizó un arma de fuego en la comisión o tentativa de un delito grave.

Para crear la “Ley para la Inmunización de jóvenes de 18 años en adelante” con el propósito de reconocer el derecho y la capacidad de los jóvenes de 18 años en adelante a recibir servicios médicos relacionados a orientaciones, consultas y consentimiento para la administración de vacunas sin el requerimiento de estar acompañados y/o autorizados por sus padres, tutores o encargados; establecer disposiciones especiales y disponer medidas para la implementación de esta ley.

Para enmendar los Artículos 40, 58, 59, 60, 99, 100, 101, 105, 106, 129, 131, y 209 de la Ley 210-2015, según enmendada y conocida como la “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado”, a los fines de realizar varias enmiendas para armonizar el estatuto al ordenamiento jurídico vigente, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 106 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para atemperarlo al Artículo 1277 del Código Civil de Puerto Rico, según aprobado en la Ley 52-2020, a fin de aclarar quiénes son los funcionarios que por su cargo o encomienda están impedidos de comparecer como postor en una subasta pública.

Para añadir un nuevo Artículo 130A a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito la demora u omisión por parte de un proveedor de servicios de salud, en reportar la posible comisión de agresión sexual en una menor de catorce (14) años de edad o menos que ha quedado embarazada; disponer que todo proveedor de servicios de salud que advenga en conocimiento en el ejercicio de sus funciones de que una menor de catorce (14) años o menos ha quedado embarazada, deberá notificar dicho hecho a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de Policía de Puerto Rico en un período de tiempo no mayor de seis (6) horas de haber advenido en conocimiento de dicho hecho; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las Secciones 1010.01, 1020.09, 2091.01, 2092.01, 2092.02, 2092.03, 2092.04, 2092.05, 2092.06, 2094.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, mejor conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de promover la creación y desarrollo de las industrias creativas, así como para facilitar el establecimiento de Distritos de Desarrollo de Industrias Creativas en la Isla y; incorporar enmiendas técnicas para aclarar su alcance y contenido, aclarar definiciones, aclarar intención legislativa; crear la Oficina para el establecimiento, sostenimiento y promoción de las industrias creativas; y para otros fines relacionados

Para enmendar la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, con el fin de prohibir que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el uso de cannabis medicinal; para derogar la Ley 6-2021; y otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 127-C (b)(1), eliminar el Artículo 127-C (b)(2) y renumerar el Artículo 127-C (b)(3) de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de enmendar las cantidades monetarias y penas establecidas en los referidos artículos, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 127-C (b)(1), eliminar el Artículo 127-C (b)(2) y renumerar el Artículo 127-C (b)(3) de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de enmendar las cantidades monetarias y penas establecidas en los referidos artículos, y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (3) al Artículo 127-C, enmendar los incisos (b) (1) y (b) (2) de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar el actual inciso (b) (3), como inciso (b) (4), a los fines de disminuir la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble requerida para la configuración de delito menos grave y grave en casos de explotación financiera de personas de edad avanzada; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (b) al Artículo 87 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar los actuales incisos (b), (c), (d) y (e), como incisos (c), (d), (e) y (f), respectivamente, a los fines de aumentar el periodo de prescripción de cinco (5) a diez (10) años; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 127-A, 127-B, 127-C y 127-D de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de incluir a las personas incapacitadas en el cuerpo y/o título de los referidos artículos, según corresponda, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de establecer que, en cualquier situación en que se requiera la presentación de una sentencia o documento emitido por un Tribunal de Puerto Rico ante el Registro de la Propiedad, y dicha sentencia o documento haya sido emitida a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos del Poder Judicial de Puerto Rico (SUMAC), la copia de la sentencia o documento emitida a través de SUMAC sea suficiente sin requerir certificación adicional por parte del Tribunal; y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 2.030 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”; enmendar el Artículo 5 de la Ley 76-2020, conocida como “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”; enmendar el Artículo 9 de la Ley 114-2001, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito”, y derogar la Ley 206-2008, conocida como “Ley para la Prevención y Detección de Posibles Casos de Explotación Financiera a Personas de Edad Avanzada o Incapacitados", con el propósito de uniformar la política pública, establecer, expresamente, en las leyes orgánicas que crean las figuras del Comisionado de Seguros, el Comisionado de Instituciones Financieras y del Presidente de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito, el deber de requerir a las entidades que regulan, que establezcan protocolos de prevención y detección de posibles casos de explotación financiera contra adultos mayores o personas con impedimentos, utilizando los indicadores contemplados en el Artículo 3 de la Ley 76-2020; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (b), un nuevo inciso (ss) y eliminar el actual inciso (ss) al Artículo 14 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico de 2012”, a los fines de añadir el término “Adulto Mayor” con su definición y renumerar los subsiguientes incisos respectivamente en el mencionado Artículo; para enmendar la Sección Tercera del Capítulo III del Libro Segundo y los Artículos 126, 127, 127-A, 127-B, 127-C y 127-D para incorporar el término ‘’Adulto Mayor” en sustitución de “persona de edad avanzada”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 4, 6 y 9, añadir un nuevo Artículo 12, y renumerar los actuales Artículos 24, 25, 26 y 27 como los nuevos Artículos 13, 14, 15 y 16, respectivamente, de la Ley Núm. 91 de 5 de diciembre de 1991, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces”; promover la viabilidad del inciso (P) del Artículo 3 de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, según enmendada; a los fines de restablecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico la facultad de evaluar jueces y candidatos a jueces, con el propósito de tener un sistema de cualificación de nuestros jueces que procure una evaluación más completa, inclusiva y rigurosa de los parámetros con los que se evalúan a quienes tienen la suprema responsabilidad de impartir la justicia en nuestro país; y para otros fines pertinentes.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 184-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”, a los fines de introducir enmiendas técnicas con el propósito de eliminar de su texto cualquier referencia a la anotación de rebeldía, establecer el deber del Tribunal de citar a las partes a una vista o acto de mediación compulsoria en un término de 30 días; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, con el fin de establecer los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, a los fines de atemperar su contenido con las disposiciones de este estatuto y lo dispuesto en la Ley 168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”; disponer sobre la retroactividad de la aplicación de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de Asuntos de las Mujeres; y de lo Jurídico del Senado del Estado libre Asociado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre cómo se está manejando la recopilación de datos sobre los casos de violencia de género entre las agencias del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitado, al Negociado de la Policía, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de Justicia, así como las diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a la investigación y prevención de esta problemática, y presentar sus recomendaciones para atender esta situación.

Para crear la “Ley de Registro Integrado de Órdenes de Protección de Puerto Rico (RIOP)” a los fines de establecer un sistema electrónico de base de datos integrado, efectivo y en función, que haga disponible, de manera inmediata, a todas las agencias de ley y orden, locales, estatales y federales las órdenes de protección expedidas por un Tribunal de Justicia de Puerto Rico en virtud de la Ley 54-1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” y de la Ley 284-1999, según enmendada, conocida como “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”; derogar la Ley 420-2000, conocida como “Ley de Archivo Electrónico de Órdenes de Protección”, y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines de incluir dentro de la inmunidad del estado a cualquier “Centro de Accidentes Celebrovasculares Stroke” debidamente certificado por el Departamento de Salud, la Joint Comission, la Asociación Americana del Corazón y cualquier otra entidad reguladora; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a fin de requerir al Tribunal de Primera Instancia de que tendrá, al fijar la fianza, que imponer la condición de que se sujete a supervisión electrónica al imputado en cualquier violación a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Para enmendar el Artículo 1.3 y el Capítulo II de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica”, a los fines de ampliar y desarrollar el alcance para solicitar y obtener una orden de protección y crear un mecanismo de protección preventiva de conformidad con las corrientes sociales e internacionales; y para otros fines relacionados.

Para añadir inciso (s) al Artículo 3 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico”, a los fines de ampliar y fortalecer los servicios brindados por la antes mencionada institución financiera a los individuos y corporaciones en general mediante el establecimiento de cuentas de depósito en el referido banco, servicios y apoyo bancario para industrias emergentes, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 6 de la Ley 284-1999, según enmendada, conocida como “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico” a los fines de establecer que ante la determinación de un tribunal de causa o no causa para expedir una orden de protección al amparo de estas leyes, se notifique por escrito a las partes, las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que dan lugar a dicha determinación.

Para enmendar los Artículos 42 y 43 de la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como “Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI”, añadiendo un segundo párrafo en ambos artículos a los fines de establecer que en los casos de maltrato que conlleven abuso sexual, el menor tendrá que ser evaluado por un psicólogo especializado en el área de psicología clínica antes de ser sometido a la entrevista con el juez, y para otros fines.

Para enmendar la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, “Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de concretizar y aumentar las penas por los delitos tipificados en los artículos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5; enmendar el Artículo 3.6 para limitar las instancias en las que estará disponible el desvío del procedimiento ahí estatuido; y enmendar el Artículo 3.7 para añadir de manera no discrecional la condición de supervisión electrónica como parte de las condiciones de la fianza en todo proceso criminal al amparo de esta Ley.

Para enmendar la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a fin de requerir al Tribunal de Primera Instancia de que tendrá, al fijar la fianza, que imponer la condición de que se sujete a supervisión electrónica al imputado en cualquier violación a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Para enmendar los Artículos 2, 3 y 5 de la Ley Núm. 133 de 14 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley sobre Prácticas Justas en la Distribución y Exhibición de Películas Cinematográficas”, a los fines de eliminar la figura del exhibidor directo por excepción; eliminar la prohibición de que un exhibidor de películas cinematográficas participe en la industria de distribución de películas; eliminar que una empresa distribuidora opere teatros de exhibición de películas cinematográficas y bajar de delito grave a delito menos grave las penalidades por infracción a la Ley; y para otros fines relacionados.

Para derogar la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, y crear la “Ley Integral de Acción Afirmativa Para Erradicar el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, a los fines de robustecer la prohibición del hostigamiento sexual en el empleo y adecuar la política pública del Estado a la realidad laboral contemporánea; incluir dentro del esquema regulador del estatuto la relación obrero-patronal que, como cuestión de hecho, se genera entre los(as) empleados(as) de un contratista independiente y el principal en cuyo taller de trabajo y/o actividad comercial dichos empleados(as) realizan una labor, servicio u obra para beneficio del principal; revocar por mandato legislativo las normas de creación judicial establecidas en Hernández Vélez v. Televicentro de Puerto Rico, 168 DPR 803 (2006), y en otras opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico; incrementar y concretizar los deberes de acción afirmativa de todo patrono para prevenir y corregir los incidentes de hostigamiento sexual en el empleo; estatuir normas precisas sobre la prescripción de las acciones por daños entabladas por los(as) empleados(as) reclamantes; concretizar las definiciones o elementos constitutivos de las distintas modalidades de hostigamiento sexual en el empleo; promulgar principios generales de intención legislativa para regir la interpretación, aplicabilidad y alcance del estatuto; autorizar expresamente la tramitación de reclamaciones de daños por hostigamiento sexual en el empleo dentro de los foros administrativos adecuados; integrar dentro de este estatuto aquellas normas sustantivas, probatorias, procesales y administrativas esenciales que deban ser fijadas dentro de un mismo cuerpo normativo para lograr la coherencia y eficacia de la política pública; y para otros fines relacionados.