Para ordenar a las Comisiones de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal y de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el Plan de Inversiones de Cuatro Años (PICA) para el término de los años 2022-2023 al 2025-2026, y el proceso y criterios utilizados para la determinación del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a invertir $6,658 millones de dólares en mejoras capitales, subdivididas en cuatro (4) renglones, a saber: gerencia gubernamental; protección y seguridad de personas y propiedades; desarrollo social, y desarrollo económico, así como los planes para ejecutar el mismo en las distintas entidades gubernamentales.

Para enmendar el Artículo 2.003 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de disponer que, como parte de la estructura organizacional de los municipios, estos cuenten con una oficina de desarrollo económico y comercio, la cual podrá ser una unidad administrativa independiente o formar parte de una ya existente; enmendar el inciso (a) del Artículo 6 del Plan de Reorganización 4-1994, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 1994”, con el propósito de atemperar el Plan, con la presente Ley; y para otros fines relacionados.

Para adoptar la “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”, con el propósito de establecer remedios civiles como medida para combatir el maltrato, la crueldad, el abandono y el abuso animal en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 47-2009, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer como Política Pública la Adopción de Medios Electrónicos para el Pago de Derechos y Cargos en el Tribunal General de Justicia”, para disponer que el arancel impuesto a los ciudadanos que solicitan revisión judicial de las multas administrativas de tránsito, se reembolse al ciudadano en aquellos casos donde el Tribunal desestima la multa por entender que no se cometió la infracción que dio origen a la misma.

Para enmendar el Artículo 9.040, enmendar el inciso 11, para añadir los incisos 12 y 13; enmendar el Artículo 27.070 para añadir un inciso 5 y 6; enmendar el Artículo 27.140 para añadir los incisos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de garantizar el derecho del asegurado a libre selección de un seguro de vivienda que cumpla con sus necesidades del derecho a libre selección del representante o productor y asegurador, así como a los fines de garantizar que el agente general que interese actuar como representante autorizado cumpla con su deber establecido en el Articulo 9.022, establecer protecciones certeras que salvaguarden tal derecho; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para la Protección de la Intimidad Digital”, a los fines de proteger la información personal de los consumidores y garantizar el derecho a la intimidad en la era digital; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 58 y 82 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia” y los Artículos 277 y 283 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de transferir al Departamento de Justicia la autoridad para establecer el salario base aplicable a los Fiscales de Distrito, Fiscales Auxiliares IV, Fiscales Auxiliares III, Fiscales Auxiliares II, Fiscales Auxiliares I, Procuradores de Menores y Familia y Registradores de la Propiedad, conforme a la revisión periódica de las escalas salariales que realice el Poder Ejecutivo; ordenar la adopción de cinco (5) categorías salariales de estos funcionarios a término, conforme a los criterios uniformes establecidos en este estatuto; eliminar toda referencia al Poder Judicial, durante el cómputo del salario base aplicable a estos servidores públicos para conciliar nuestro estado de derecho con la doctrina de separación de poderes; establecer una prohibición permanente para impedir la reducción del salario base establecido por Ley; establecer las cláusulas transitorias inherentes a esta reformulación de la política pública; y para otros fines relacionados.

Para establecer un “Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico”, como un fondo permanente que facilite una inversión continua enfocada en establecer programas de capacitación que cierren las brechas de habilidades básicas; reenfocar y crear nuevos programas de capitalización de pequeñas empresas; el desarrollo de programas de crecimiento empresarial mediante la capitalización empresarial; capitalización del sector cooperativista de ahorro y crédito, con el fin desarrollar nuestra economía local ayudando a nuestros comerciantes, emprendedores y demás ciudadanos, y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 4, 7, 8, 9 y 12 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Panel del Fiscal Especial Independiente” a los fines de enmendar los términos establecidos para que el Secretario del Departamento de Justicia determine la procedencia de investigación preliminar y la recomendación del Departamento sobre si procede o no la designación de un Fiscal Especial; extender el término de investigación del Fiscal Especial; uniformar los términos en la ley; y otros fines relacionados.”

Para añadir un nuevo Artículo 2.17 al Capítulo II de la Ley 85–2018, según enmendada, denominada “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el fin de codificar el contenido sustantivo del “Acuerdo Colaborativo entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Educación para los Servicios Educativos en las Instituciones Correccionales y los Centros de Tratamiento Social”, Acuerdo Colaborativo Núm. 2022-000082; prohibir que, como mecanismo disciplinario, se restrinja el acceso a servicios educativos, relacionados o suplementarios extendidos en las instituciones correccionales; requerir al Departamento de Corrección y Rehabilitación mantener una cantidad suficiente de oficiales correccionales que velen por la seguridad del estudiantado y del personal del Departamento de Educación para que el tiempo lectivo no se vea interrumpido por falta de personal de seguridad; y para establecer otras disposiciones complementarias.

Para enmendar las Reglas 503, 504, 506, 507, 508, 511 y 614 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, con el fin de proteger la comunicación confidencial transmitida mediante personas que participen de un diálogo privilegiado en calidad de profesionales de la interpretación de otros idiomas, lenguaje de señas, lengua de signos o labio lectura, o para retransmitir información expresada por personas que padecen de condiciones que inciden sobre su capacidad para comunicarse efectivamente; y para establecer otras disposiciones complementarias.

Para añadir una nueva Regla 2.7.1 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas, con el propósito de requerir al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores, indagar si la persona menor vinculada con la comisión de una falta, objeto de una queja o imputada de falta es estudiante registrada en el Programa de Educación Especial tan pronto se inicie el proceso en su contra, con el fin de evaluar oportunamente si el diagnóstico de la menor guarda vínculos con la conducta imputada, si esto atenúa o exime su responsabilidad legal y si, en lugar del procesamiento ordinario, deben procurarse servicios terapéuticos o programas de desvío; enmendar el Artículo 65 de la Ley Núm. 146–2012, según enmendada, denominada “Código Penal de Puerto Rico”, para añadir un nuevo inciso (n); y para establecer otras disposiciones complementarias.”

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley 281-2003, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración del Servicio del Jurado en Puerto Rico”, a los fines de eximir a los médicos, enfermeros y a los maestros del sistema público o privado de enseñanza de Puerto Rico de servir como jurado; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3, 15, 17, 35, 48, 49, 51, 55, 57, 58, 67, 68, eliminar el Artículo 64 y renumerar los siguientes de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como la “Nueva Ley de Condominios de Puerto Rico”, y para otros fines relacionados

Para derogar el Artículo 65, añadir un nuevo Artículo 65 y añadir un nuevo Artículo 66A a la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, a los fines de aclarar la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor, DACo, y del Tribunal de Primera Instancias para atender las controversias que se susciten bajo dicha Ley; y establecer un nuevo Proceso Adjudicativo Expedito Alterno ante DACo para atender la impugnación de acuerdos, determinaciones, omisiones o actuaciones del Consejo de Titulares, de la Junta de Directores, del director, presidente o del secretario de la Junta de Directores o del Síndico en los condominios con al menos un apartamento de uso residencial; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la Administración de Familias y Niños, a desarrollar e implementar un programa de rehabilitación que facilite que personas convictas que estén en libertad bajo el programa de monitoreo electrónico (grillete), puedan obtener empleos relacionados al campo de la construcción; y para otros fines.

Para añadir un nuevo inciso (d) a la Sección 2-102 del Subcapítulo 1 del Capítulo 2 y enmendar el inciso (e) de la Sección 9-109 de la Subparte 2 de la Parte 1 del Capítulo 9 de la Ley 208-1995, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Transacciones Comerciales”, para aclarar que en lo que se refiere a estas transacciones, una vez llevada a cabo la misma, no se afecta lo establecido en el Artículo 1220 del Título VI del Libro Cuarto de la Ley 55-2020, según enmendada, mejor conocida como “‘Código Civil de Puerto Rico’ de 2020”, en cuanto al retracto litigioso; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el artículo 507 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico de 2020” a los fines de aclarar que, al disolverse una sociedad de gananciales, la distribución que se hará entre los cónyuges sobre los bienes existentes será mientras estuvo vigente dicho régimen económico.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 27.166 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que la mera diferencia en la cuantía ofrecida por la aseguradora y la reclamada extrajudicial o judicialmente por el asegurado o reclamante, no debe entenderse como que constituye una controversia para fines de impedir que se emita el pago parcial o adelanto de la cantidad reclamada.

Para enmendar el Artículo 132 de la Sección Tercera del Capítulo VIII del Título I del Libro Primero de la Ley 55-2020, según enmendada, mejor conocida como o “‘Código Civil de Puerto Rico’ de 2020”, para reordenar el orden de prelación a los fines de que se considere a cualquiera de los hermanos que tenga plena capacidad de obrar primero que cualquiera de los abuelos para la tutela de un menor no emancipado.

Para enmendar el Artículo 278 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incorporar la remoción y desactivación no autorizada de cualquier sistema de supervisión electrónica debidamente instalado como parte de los requisitos del delito de manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Estado crear el “Registro de Personas Jurídicas” conforme a lo establecido en la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las Secciones 6020.01, 6020.09 y 6020.10 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el ‘Código de Incentivos de Puerto Rico, a los fines de establecer las fuentes de información contra las cuales el DDEC verificará la información suministrada por los Concesionarios, establecer que la revocación de una Concesión por incumplimiento con sus términos deberá ser una obligación ministerial, expandir las categorías de revocación de una Concesión, proveer para la recuperación del incentivo en caso de un incumplimiento con los términos dispuestos en la Ley, permitir que cualquier contribuyente pueda incoar un recurso de mandamus para asegurar el cumplimiento fiel con los requisitos de una Concesión y requerir la presentación de los formularios 940-PR y 1040-PR conjuntamente con los informes anuales de cumplimiento; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas con el fin de eliminar las facultades que se otorgan en dicha regla al Ministerio Público de someter casos mediante declaración jurada; aclarar la forma y la manera en que se llevará a cabo el procedimiento de determinación o no de causa probable para arresto; la forma y requisitos de la orden de arresto; y lo relacionado a la vista en alzada y el término para llevarla a cabo; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.019 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, con el propósito de aclarar el momento desde que comienza a cursar el término de los jueces y juezas designados y confirmados por el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y disponer sobre la notificación que deberá hacer el Gobernador a la Oficina de Administración de Tribunales y al Senado de Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 171 del “Código Político de Puerto Rico” de 1902, según enmendado, con el propósito de aclarar el momento desde el que comienza a cursar el término de los funcionarios y funcionarias designados por el Gobernador de Puerto Rico y confirmados por el Senado, o la Asamblea Legislativa, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para disponer sobre la notificación que deberá realizar el Gobernador a la Asamblea Legislativa.

Para enmendar el Artículo 132 de la Sección Tercera del Capítulo VIII del Título I del Libro Primero de la Ley 55-2020, según enmendada, mejor conocida como “‘Código Civil de Puerto Rico’ de 2020”, para reordenar el orden de prelación a los fines de que se considere a cualquiera de los hermanos que tenga plena capacidad de obrar primero que cualquiera de los abuelos para la tutela de un menor no emancipado.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la figura jurídica de la Sociedad Legal de Gananciales según su definición y su función dentro del Código Civil de Puerto Rico de 2020 a los fines de determinar las alternativas de legislación para aclarar el estado de derecho.

Para enmendar el inciso (b) de la Regla 611 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, a los fines de realizar una enmienda técnica y corregir la citación de una Regla.

Para enmendar la Ley 119- 2011, según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de crear un Fondo Especial para la Adquisición de Equipo y Materiales para el Negociado de la Policía de Puerto Rico en el cual se depositará un porciento del dinero en efectivo ocupado por los agentes del Negociado

Para declarar a octubre como el “Mes de la Concienciación sobre la Responsabilidad Financiera” en Puerto Rico, con la finalidad de promover la buena gestión de la economía personal, familiar, empresarial y gubernamental; para disponer que, durante octubre de cada año, el Departamento de Educación, en coordinación con el Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico, llevará a cabo, en todas las escuelas públicas del país, una campaña sobre responsabilidad financiera dirigida a los estudiantes de todos los niveles escolares y a sus padres y/o tutores; para disponer que, durante octubre de cada año, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), en coordinación con el Departamento de Educación y el Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico, realizará una campaña sobre responsabilidad financiera a través de todos sus medios de comunicación; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 271-2002, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales”, a los fines de garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico en materia de sucesiones, con especial énfasis en casos donde advenga la muerte de participantes del Programa de Comunidades Especiales previo a la cancelación de hipotecas o liberación de gravámenes; para proteger el patrimonio de adultos mayores, personas con diversidad funcional, y participantes de bajos ingresos exonerados de repagos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 122 del 9 de junio de 1967, según enmendada, con el propósito de ampliar la exención del pago de cualquier derecho arancelario y/o sellos notariales a los servicios administrativos y registrales del pago de aranceles notariales y derechos a tenor con lo dispuesto en dicha ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1338 de la Ley 55-2020, según enmendada y conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 1331-A a la Ley 55-2020, según enmendada y conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, y para otros fines.

Para añadir un nuevo inciso (b) y renumerar los actuales incisos (b) al (k) como los nuevos incisos (c) al (l) del Artículo 3; añadir un nuevo subinciso (9) al inciso (b) del Artículo 4 de la Ley 284-1999, según enmendada, conocida como “Ley contra el Acecho en Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (e) y renumerar los actuales incisos (e) al (s) como los nuevos incisos (f) al (u) del Artículo 1.3 y añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de definir el término dispositivo tecnológico y tipificar como una modalidad del delito de maltrato agravado el rastreo indebido mediante la utilización de un dispositivo tecnológico para determinar la localización de una persona, sin que medie su autorización expresa; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 75 de 8 agosto de 1925, según enmendada, y conocida como la “Ley de la Junta Dental Examinadora”; enmendar el sub-inciso (a) del Artículo 1-B, el séptimo párrafo del inciso (a) del Artículo 1-C y el sub inciso (1) del Artículo 6 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, y conocida como la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”; enmendar el inciso (c) del Artículo 3 de la Ley Núm. 135 de 6 de mayo de 1938, según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Literatura Puertorriqueña”; enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 171 de 11 de mayo de 1940, según enmendada, y conocida como la “Ley de Colegiación de los Trabajadores Sociales”; enmendar el Inciso (b) del Artículo 2 de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como, “Ley de Tierras de Puerto Rico”; enmendar el primer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 293 de 15 de mayo de 1945, según enmendada, y conocida como la “Ley de Contabilidad Pública de 1945”; enmendar el Artículo 2 de la Ley 17-1948, según enmendada, y conocida como la “Ley del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico”; enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Cultura Puertorriqueña”; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada, y conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, y conocida como la “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el inciso (a) del Artículo 21 de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, y conocida como la “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico”; ; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Apelaciones del Sistema de Educación”; enmendar la Sección 208 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, y conocida como la “Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 32 de 229 de Mayo de 1972, según enmendada, y conocida como la “Ley de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación”; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, y conocida como la “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, y conocida como la “Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas”; enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, y conocida como la “Ley del Procurador del Ciudadano”; enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 42 de 12 de Mayo de 1980, según enmendada, conocida como “Ley para Crear la Corporación de las Artes Escénico-Musicales de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 44 de 12 de Mayo de 1980, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico”; enmendar inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 30 de mayo de 1980, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico”; enmendar la sección 6 de la Ley Núm. 97-1983, según enmendada, y conocida como la “Ley para Reglamentar la Profesión de Químicos de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de las Artes Musicales de Puerto Rico”; enmendar el inciso (a) del Artículo 6 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, y conocida como la “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”; enmendar el Artículo 7-A y el inciso (1) del Artículo 7-B de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, y conocida como la “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”; enmendar el inciso (a) del Artículo 7 de la Ley Núm. 10 de 7 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de Protección, Conservación y Estudio de los Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos”; enmendar el inciso (3) del Artículo 10 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, y conocida como la “Ley de la Oficina del Fiscal Especial Independiente”; enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 112 de 20 de Julio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 115 de 20 de julio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural”; ...

Para enmendar el Artículo 9.5(4) de la Ley 58-2020, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020” y el Artículo 1.014 de la Ley 107-2020 conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” para que cuando ocurra una renuncia o vacante de Alcalde por causa de acusación, destitución o convicción por actos de corrupción o de delito grave, la misma sea cubierta por una elección general con la participación de todos los electores hábiles de dicho municipio, con candidatos de todos los partidos políticos que fueron parte en la elección del Alcalde renunciante o destituido, así como los candidatos independientes o por nominación directa que también participaron en dicha elección anterior, y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 58, 80, 182, 191, 252, 257, 259, 261, 262, 263 y 264, de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de hacer mandatorio la imposición de la pena de restitución en casos de delitos contra el erario; aclarar que la misma se llevará a cabo con los bienes presentes y futuros del convicto; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, a los fines de añadir que el término de cinco (5) días para apelar la sentencia declarando ha lugar el desahucio es uno de carácter jurisdiccional, y que de no ejercerse la misma advendrá en final y firme, activándose así el derecho a solicitar la orden del lanzamiento. Y para incluir que en aquellos casos donde el arrendador demuestre que la propiedad objeto del desahucio se encuentra hipotecada o que aún sin estarlo, la misma fue arrendada para fines comerciales, bastará con que hayan transcurrido veinte (20) días a partir de vencido el término jurisdiccional para apelar, para que la Sentencia tenga la misma fuerza que un Mandamiento de Lanzamiento, siendo suficiente que la parte demandante presente copia certificada de la misma ante la Oficina de Alguaciles del Tribunal que la emitió para proceder con el lanzamiento.

Para enmendar la Ley 220-2009, según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento Civil de 2009” a los fines de enmendar la Regla 23.1 (c) (1) para disponer expresamente sobre la prohibición de descubrir prueba consistente en las comunicaciones e impresiones entre abogado y perito testigo y borradores de informes periciales; y para otros fines relacionados.