Para enmendar el Artículo 195 de la Ley 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir como escalamiento agravado el que ocurra en instalaciones deportivas.

Para enmendar la Regla 164 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer el procedimiento a llevarse a cabo cuando el Tribunal pronuncie un fallo o veredicto absolutorio.

Para enmendar el Artículo 178 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como Código Penal de Puerto Rico, a los fines de añadir actos adicionales al delito de intrusión en la tranquilidad personal.

Para enmendar los artículos 4.003 y 5.008 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003", a los fines de establecer el término en el cual los Jueces Superiores y Jueces del Tribunal Apelativo desempeñarán su cargo.

Para enmendar los artículos 221, 228 y 229 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar de ocho (8) a quince (15) años, la pena por la comisión de ciertos delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales.

Para enmendar los Artículos 2, 6 y 7 de la Ley Núm. 99-2009, según enmendada, conocida como “Ley del Programa de Vigilancia, Protección y Prevención para Atender los Casos de Violencia Doméstica Agravada”, a los fines de que el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), al momento de autorizar la supervisión electrónica, le ordene a la persona que se le imputa la comisión de un delito de violencia doméstica no resida dentro de un radio de al menos de cinco (5) millas de la residencia de la víctima de violencia doméstica; y para otros fines relacionados.

Para crear una denominada “Ley Especial de Guías para la Imposición de Fianza en casos de Crímenes Violentos en Puerto Rico”, a los fines de instituir la política pública del Estado, en cuanto a los márgenes de fianza que deberán imponerse en ciertos casos en que la conducta imputada, por su naturaleza, representa un riesgo particular para la ciudadanía; para establecer los mínimos de fianza a aplicarse en tales casos; y para otros fines relacionados.

Para añadir una nueva Regla 510A a las de Evidencia de Puerto Rico, adoptadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 9 de febrero de 2009 y aprobadas por la Asamblea Legislativa mediante la Ley 46-2009, a fin de establecer el privilegio de la confidencialidad en la comunicación entre padre e hijo; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las reglas 112 y 151 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer que el veredicto rendido por los jurados deberá ser unánime para que este pueda surtir efecto, de conformidad con la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en Ramos v. Louisiana, 590 U. S. ____ (2020); y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 262 y 263 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de tipificar como delito grave que conllevará una pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años, el incumplir con el deber impuesto por ley o reglamento o con la obligación del cargo o empleo y, como consecuencia de tal omisión o descuido, durante una declaración presidencial de desastre o de emergencia o una declaración de estado de emergencia o desastre promulgado por el Gobernador de Puerto Rico, mediante una Orden Ejecutiva, se afecte la distribución de suministros y alimentos para la población.

Para enmendar el Artículo 104 de la Ley 55-2020, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de establecer que la declaración de incapacidad parcial, en lo que respecta a las personas que padecen de discapacidad mental, solamente procederá en aquellos casos en que la misma, se encuentra unida a la imposibilidad de la persona de poder tener una vida útil e independiente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2 y 3 del Capítulo I, enmendar el inciso (e) del Artículo 8 del Capítulo II, añadir un nuevo Artículo 20 en el Capítulo II, y reenumerar los actuales artículos 20, 21, 22, 23 y 24 del Capítulo II, como los artículos 21, 22, 23, 24 y 25, respectivamente, de la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, a los fines de establecer que en los casos en que el juez sentenciador decida suspender los efectos de la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave que surja al amparo de esta Ley, éste deberá exponer detalladamente por escrito, los fundamentos que motivaron su determinación, mediante conclusiones de hechos y el derecho aplicado a los mismos; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, a los fines de disponer que toda persona acusada de poseer alguna sustancia controlada, pero que no haya sido previamente convicta de violar el inciso (a) del antes mencionado Artículo 404, o cualquier otra disposición de esta ley, o cualquier ley de los Estados Unidos, relacionada con drogas narcóticas, marihuana, o sustancias estimulantes o deprimentes, tendrá derecho a ser sometido, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad y con su consentimiento, al privilegio de libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que el Tribunal tenga a bien requerir; enmendar el Artículo 16 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocida como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, con el propósito de establecer que los convictos por violar las disposiciones del Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, serán elegibles para disfrutar del denominado programa de “Pase Extendido con Monitoreo Electrónico”, sin necesidad de cumplir con por lo menos un veinte (20) por ciento de la sentencia de reclusión en una institución correccional; definir los criterios de elegibilidad aplicables; ordenar al Secretario del referido Departamento a permitir que las personas convictas y sentenciadas a las que le aplique esta Ley, se les conceda el privilegio de participar del aludido programa de “Pase Extendido con Monitoreo Electrónico”, y a que promulgue la reglamentación correspondiente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 89, y añadir unos nuevos artículos 152.A y 152.B a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, con el propósito de aumentar a veintiún (21) años la edad de la víctima a ser utilizada como fecha a partir de la cual se computa el término prescriptivo del delito; para añadir el deber de los programadores o técnicos de sistemas computadorizados en reportar al Negociado de la Policía de Puerto Rico, cualquier material pornográfico infantil hallado en las computadoras en las que realicen labores; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 66 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir como circunstancia agravante a la pena, cuando el delito es cometido contra el ejercicio del cargo público y contra los fondos públicos, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América; enmendar el Artículo 3.4 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, con el propósito de establecer que cuando una persona, natural o jurídica, haya sido convicta por infringir los artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental”, o por violentar alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo público o contra los fondos públicos de los contenidos en los artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, o cualquiera de los delitos tipificados en este Código o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad pública, incluyendo sin limitarse a, los delitos contenidos en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América, quedará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico permanentemente; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los efectos de atemperar la misma con la presente Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 221, 228 y 229 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar de ocho (8) a quince (15) años, la pena por la comisión de ciertos delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales.

Para enmendar la Regla 11 de la Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Las Reglas de Procedimiento Criminal”, a los fines de reconocer como funcionario del orden público a los agentes federales del orden público del Department of Homeland Security (DHS), Federal Bureau of Investigation (FBI), U.S. Marshalls Service, Drug Enforcement Administration (DEA), U.S. Coast Guard, U.S. Citizenship and Immigration Service, Bureau of Alcohol, Tabacco and Firearms, U.S. Secret Service, Office of the Inspector General, Diplomatic Security Services (DSS), U.S. Customs and Border Protection, U.S.D.A Forest Service, la Oficina de Investigaciones Criminales del Food and Drug Administration (FDA), U.S.Postal Inspectors, y los policías de la Administración de Veteranos, la Administración de Servicios Generales, el Departamento de la Defensa y el Servicio Postal; enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 20-1995, según enmendada, para añadir a los agentes de la Oficina del Inspector General y del Servicio de Seguridad Diplomático a las subdivisiones del gobierno federal incluidas en esta Ley; y para otros fines.

Para enmendar los Artículos 2, 5, 6 y 7 de la Ley 266-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”, con el propósito de disponer para la actualización constante de la información contenida en el Registro; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (c) del Artículo 93 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que constituirá asesinato en primer grado, toda muerte de un “funcionario del orden público”, según definido en el inciso (w) del Artículo 14 de esta Ley, el cual incluye a todo miembro de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal, Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y Alguaciles de la Rama Judicial entre otros.

Para añadir un nuevo Artículo 5.005-A a la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003”, a los fines de crear las “Salas Especializadas en Asuntos Laborales” del Tribunal de Primera Instancia, a modo de plan piloto por un término de tiempo no mayor de tres (3) años; establecer su autoridad, y; fuente de financiamiento; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 5.001-A a la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003”, a los fines de atribuirle la responsabilidad a la Rama Judicial, para que en colaboración con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, establezca salas destinadas para atender casos de confinados sumariados en las propias instituciones correccionales, a propósito de disminuir los gastos en los que incurre el Estado al transportar confinados y confinadas a las distintas regiones judiciales del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, y a su vez, agilizar los procesos que se llevan a cabo contra éstos, en aras de garantizarles su derecho a juicio rápido; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una exhaustiva investigación para auscultar la posibilidad y viabilidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de “justicia restaurativa” como un método alternativo de resolución de conflictos en la esfera penal, y así contribuir a la búsqueda de una justicia eficaz, sensible y rehabilitadora para el ofensor, la víctima y la comunidad; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 55-2020, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico”, revisar su alcance e identificar las enmiendas requeridas en este estatuto; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 6 y 11 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; con el propósito de garantizar que todo menor esté adecuadamente representado por un abogado cuando enfrente investigaciones y procedimientos al amparo de dicha Ley y que la renuncia de tal derecho no pueda ocurrir sin el consejo legal competente.

Para enmendar los Artículos 3, 5, 10, 11, 20, 23, 24, 27, 32, 34, 35 y 61 de la Ley 219-2012, según enmendada, conocida como la “Ley de Fideicomisos” con el fin de realizar enmiendas técnicas; y para otros fines.

Para enmendar la Ley 55 – 2020, conocida como “Código Civil de Puerto Rico” a los fines de restituir derechos civiles que habían sido previamente reconocidos y que fueron eliminados o debilitados por dicho Código, para que se garanticen y se respeten los derechos de todos los ciudadanos puertorriqueños, para aclarar lenguaje, para postergar la vigencia, y para otros fines.

Para añadir un segundo párrafo al inciso “b” de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, a los fines de fijar un tipo mínimo en las subastas en venta pública de bienes inmuebles cuando la deuda por cobrar no esté garantizada por hipoteca.

Para enmendar el inciso (c) de la Regla 62.1 de Procedimiento Civil; añadirle un subinciso (4) y renumerar el actual subinciso (4) como subinciso (5), a los fines de incluir entre las personas con legítimo interés que pueden examinar un expediente cubierto por una norma de confidencialidad a los abogados o abogadas que estén evaluando o estudiando asumir representación legal en el caso judicial de que se trate.

Para enmendar la Regla 65.3 (c) de las de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, a los fines de disponer expresamente cómo notificar la sentencia a partes que fueron personalmente emplazadas y nunca comparecieron a los procesos judiciales; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los incisos (b) y (c) de la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, a los fines de establecer el derecho a prórroga por justa causa para presentar el memorando de costas en un caso civil y eliminar la naturaleza jurisdiccional de ese término en la etapa apelativa; y para enmendar la Regla 68.2 de las mencionada Reglas Procedimiento Civil a los fines de eliminar la referencia a la Regla 44.1, y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10, derogar el Artículo 6 y reenumerar los actuales Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 como los Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 160-2001, conocida como “Ley de Declaración Previa de voluntad sobre tratamiento médico en caso de sufrir una condición de salud terminal o de estado vegetativo persistente”, a los fines de cambiar su título a “Ley de Declaración Previa de voluntad sobre tratamiento médico”, y enmendarla para atemperarla al desarrollo jurisprudencial experimentado por nuestro derecho, integrar enmiendas técnicas para conciliar este estatuto con la reformulación doctrinal propuesta; proveer mecanismos sobre la revocación oral; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 597 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, a los fines de proveer un mecanismo rápido y económico a los albaceas testamentarios que les permita hacerse cargo de los bienes del finado y cumplir las encomiendas de este sin necesidad de intervención judicial.

Para enmendar los incisos (b) y (d) del Artículo 87 de la Ley Número 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aclarar en cuanto a la disposición de la prescripción del delito de homicidio; vigencia y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 103 de 29 de junio de 1955, según enmendada, a los fines de excluir de los beneficios de sentencia suspendida a todo menor de veintiún (21) años de edad que resulte convicto por los Artículos 401 y 411 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, los Artículos 5.03, 5.07, 5.09, el inciso (C) del Artículo 5.15 y los incisos (B) y (C) del Artículo 5.19 de la Ley 404-2000, según enmendada; o en la tentativa de cualquiera de los delitos excluidos.

Para enmendar el Artículo 597 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico a los fines de eliminar el requisito de que un albacea deba obtener cartas testamentarias; y enmendar el inciso 1 del Artículo 2 de la Ley 282 del 21 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario, a los fines de armonizar dicha Ley con la enmienda anterior.

Para enmendar las reglas 43.1, 46, 47, 52.2, 65.3 y 67.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según enmendada, a fin de restaurar el acceso a la reconsideración y revisión apelativa; establecer que esta Ley tendrá efecto retroactivo sobre cualquier causa de acción y procedimiento judicial que se haya constituido o radicado ante cualquier tribunal o foro adjudicativo competente desde la presentación de esta medida, siempre y cuando no haya sido adjudicado o transigido de forma final y firme por un tribunal o foro competente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.1 y añadir un nuevo Artículo 2.10 a la Ley Núm. 54 de 12 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, con el propósito de establecer las disposiciones sobre las Órdenes de Protección Asistidas, disponer sobre su reglamentación e implantación, crear la Comisión Evaluadora sobre las mencionadas órdenes, disponer sobre los procedimientos judiciales de dichas órdenes, establecer definiciones y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia" a fin de agilizar el proceso para expedir o denegar certificados de necesidad y conveniencia modificando los términos de presentación de evidencia de titularidad o compromiso de arrendamiento al momento de radicar la solicitud.

Para crear la “Ley del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico”; establecer, adscrita a la Sociedad para Asistencia Legal, una Oficina con la responsabilidad de instrumentar un sistema de representación legal compensada que le proporcionará servicios legales a indigentes, mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada; disponer sobre su organización y demás propósitos, deberes y facultades; añadir un segundo párrafo al Artículo 8 de la Ley 235-1998, según enmendada, y enmendar el último párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, con el propósito de proveer para las fuentes de financiamiento de la Oficina y el Panel creado al amparo de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para añadir un Artículo 2.011-A; enmendar el Artículo 4.008 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”; enmendar la Regla 37.7 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendadas, con el propósito de allegar fondos a la Fundación Fondo para el Acceso a la Justicia; y para otros fines relacionados.