Para enmendar el Artículo 1198 de la Ley 55-2020 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; para aclarar que la prescripción queda suspendida respecto de las personas incapacitadas mientras dure su estado de incapacitación y respecto de las personas menores de edad no emancipadas; y derogar el Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933.

Para enmendar la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, a fin de añadir los incisos 23.1 (c)(1)(A)(i), y 23.1 (c)(B)(i), (ii), (iii) con respecto a la protección de (1) borradores de informes de personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial; (2) comunicaciones entre un representante legal de una parte y las personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial.

Para crear la “Ley del Colegio Notarial de Puerto Rico”, establecer sus funciones, poderes, derechos, obligaciones, penalidades; emendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 6, 18, 70, 103, 104, 105, 107, 126, 130, 194, 253, 365, 389, 429, 455, 467, 477, 480, 507, 520, 556, 582, 609, 655, 703, 704, 728, 741, 823, 835, 861, 945, 1008 y 1157 de la Ley Núm. 55- 2020, según enmendada, mejor conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; a los fines de aclarar, ampliar y dar coherencia a dichos artículos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 404 (a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, a los fines de despenalizar la posesión simple de catorce (14) gramos o menos de marihuana.

Para añadir un nuevo Artículo 101 a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito el que por acción u omisión se le cause la muerte a un neonato sobreviviente de un aborto, así como para tipificar como delito no llevar récords de los signos vitales y observaciones de las reacciones fisiológicas y/o biológicas de cualquier neonato sobreviviente de un aborto fallido y disponer sus penas.

Para enmendar la Ley 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, en su Artículo 2 con el fin de crear un nuevo inciso (l) y reasignar con letras los subsiguientes incisos de dicho artículo. El nuevo inciso (l) leerá, “Toda víctima de delito de violencia o intimidación, delitos sexuales, maltrato y violencia doméstica, tendrá derecho de tener a su lado y en cualquier etapa del proceso judicial, personal de apoyo mientras preste su testimonio en sala, quien podrá ser un familiar o conocido, un consejero o personal técnico del programa, Técnico de Asistencia a Víctimas y Testigos o profesional competente. En juicios por jurado, donde se ejerza este derecho por parte de la víctima, el Tribunal que preside dará una instrucción al jurado donde explique que el acompañamiento del personal de apoyo es un derecho reconocido por la presente ley, que no debe ser interpretado contra el imputado o acusado, ni influenciar sobre su obligación de evaluar la credibilidad de la víctima, testigos y la prueba presentada de manera imparcial.

Para establecer la “Ley Para Regular el Inventario de SAFE Kits”; disponer política pública; establecer las responsabilidades de las diferentes instituciones, departamentos y agencias; establecer los procedimientos para el análisis de los “SAFE Kits”; crear un portal electrónico de seguimiento estatal; disponer los derechos de las víctimas de agresión sexual, establecer el alcance e interpretación con otras leyes y reglamentos; y para otros fines relacionado.

Para crear la “Ley para Regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades Político-Partidistas”, a los fines de regular el nivel de envolvimiento en actividades político-partidistas de aquellos empleados gubernamentales que sus ingresos provienen de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; crear mecanismos de querellas, investigación y adjudicación por violaciones a esta Ley; imponer penalidades; enmendar el Artículo 18 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, para facultar al Secretario de Justicia, a través de la División de Integridad Pública, a realizar las investigaciones que dispone e imponer las sanciones y penalidades que crea en esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4.02 de la Ley 154-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de limitar la discreción de intervención por parte del Gobierno en estos pleitos; para enmendar el Artículo 4.05 de la referida Ley Núm. 154-2018, a los fines de ampliar los derechos del delator; y para otros fines relacionados.

Para añadir una Sección al Artículo 8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, a los fines de prohibir la contratación de empleados o ex empleados de confianza para puestos de carrera hasta no cumplir con periodo de dos años fuera de la posición de confianza; para enmendar enmienda la Sección 8.4 de de la referida Ley 8-2017, a los fines de actualizarla a la nueva prohibición; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5.000 de la Ley Núm. 222-2011, conocida como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a los fines de prohibirle a las personas naturales realizar donativos de dinero en efectivo; enmendar el Artículo 5.007 de la referida Ley Núm. 222-2011, a los fines de prohibirle a las personas jurídicas recibir y realizar donativos de dinero en efectivo; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (ii) y renumerar los incisos (ii), al (tt) como los incisos (ii), al (uu) del artículo 14 de la Ley 146-2012 según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de establecer la definición de persona de edad avanzada y fijar en 65 años la edad mínima de estos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.006 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, a los fines de establecer como parte del sistema de educación judicial, adiestramientos sobre la violencia, en especial la doméstica; y para otros fines relacionados.

Para añadir una nueva Regla 2.1.1 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; enmendar las Reglas 6.2, 6.9 y 7.9 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; y enmendar la Regla 109 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, con el fin de prohibir las tácticas de interrogación engañosas en los procedimientos de menores; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de establecer que cuando la acción penal resulte en una absolución, el imputado resulte exonerado o si la posibilidad que tiene el Estado para encausar al imputado de delito se extingue, se aplicará la doctrina de cosa juzgada y de impedimento colateral por sentencia en todo caso de confiscación relacionado a los mismos hechos; y para otros fines relacionados.

Para añadir una nueva Regla 2.1.1 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; enmendar las Reglas 6.2, 6.9 y 7.9 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; y enmendar la Regla 109 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, con el fin de prohibir las tácticas de interrogación engañosas en los procedimientos de menores; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para disponer la convocatoria al Pueblo de Puerto Rico para que exprese a través de su electorado elegible participante en un referéndum, si desea sancionar la posesión simple de catorce (14) gramos o menos de marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas no criminales; disponer su configuración, asignar fondos y otros fines.

Para enmendar los Artículos 215, 216 y 217 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar las penas a los delitos de falsificación tipificados en dichos artículos cuando se trate de un certificado de vacunación y establecer circunstancias agravantes cuando resulte convicto de tales delitos algún funcionario o empleado público; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (3) al Artículo 127-C, enmendar los incisos (b) (1) y (b) (2) de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar el actual inciso (b) (3), como (b) (4), a los fines de disminuir la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble requerida para la configuración de delito menos grave y grave en casos de explotación financiera de personas de edad avanzada; y para otros fines relacionados

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 122 de 9 de junio de 1967, según enmendada, a los efectos de eximir del pago de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones o impuestos de cualquier naturaleza dispuestos por las leyes vigentes en la tramitación de procedimientos judiciales y notariales al Fondo de Acceso a la Justicia, así como a las entidades de acceso a la Justicia, según definidas por la Ley Núm. 165 de 26 de diciembre de 2013, según enmendada

Para enmendar las Secciones 1, 2 y 6 de la Ley Núm. 131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada, conocida como Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico a los fines de prohibir el discrimen en lugares públicos, negocios, medios de transporte, facilidades médicas u hospitalarias, y en viviendas por razón de no encontrarse vacunado contra el COVID-19; para disponer que incurrirá en delito menos grave con pena de multa de cinco mil (5,000) dólares, toda persona que niegue a cualquier otra persona acceso, servicio e igual tratamiento en facilidades médicas u hospitalarias, por cuestiones políticas, religiosas, de raza, color, sexo, por el hecho de no encontrarse vacunado contra el COVID-19, o por cualquiera otra razón no aplicable a todas las personas en general; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 208-A a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de tipificar como delito grave hacerse pasar o representar ser un agente del orden público para cometer cualquier delito; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el artículo 10.16 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de añadir un inciso (h) para autorizar la confiscación de aquellos vehículos que posean tablillas de baja velocidad y que transiten por las autopistas o vías públicas cuyo límite de velocidad sea mayor a 45 millas por hora; tipificar su prohibición como delito grave, imponer multas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 127(C), inciso b, de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de añadir como agravante la explotación financiera de un envejeciente en momentos de emergencia declarados como tal por el Estado; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 72 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de atemperar su contenido con las disposiciones de la Ley 168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”.

Para enmendar la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de incluir nuevos requisitos relacionados con la confiscación de una fianza cuando el acusado ha evadido la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 118-1974, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, a los fines de aclarar que la Junta de Libertad Bajo Palabra tomará en consideración únicamente la sentencia final y firme emitida por el Tribunal General de Justicia, para conceder el beneficio de la libertad bajo palabra en casos en que se determine que la persona utilizó un arma de fuego en la comisión o tentativa de un delito grave.

Para enmendar los Artículos 40, 58, 59, 60, 99, 100, 101, 105, 106, 129, 131, y 209 de la Ley 210-2015, según enmendada y conocida como la “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado”, a los fines de realizar varias enmiendas para armonizar el estatuto al ordenamiento jurídico vigente, y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la expedición de licencias o tablillas a vehículos de baja velocidad, carros de golf y vehículos todo terreno para transitar por las vías principales del País; en particular indagar sobre los requisitos y el proceso que el Departamento de Transportación y Obras Públicas les requiere a los ciudadanos para autorizar dicha expedición; y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 106 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para atemperarlo al Artículo 1277 del Código Civil de Puerto Rico, según aprobado en la Ley 52-2020, a fin de aclarar quiénes son los funcionarios que por su cargo o encomienda están impedidos de comparecer como postor en una subasta pública.

Para establecer la “Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los límites en las cuantías dispuestos en el Artículo 2(a) de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado” a los fines de aumentar los mismos para las acciones por daños y perjuicios.

Para establecer la “Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 130A a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito la demora u omisión por parte de un proveedor de servicios de salud, en reportar la posible comisión de agresión sexual en una menor de catorce (14) años de edad o menos que ha quedado embarazada; disponer que todo proveedor de servicios de salud que advenga en conocimiento en el ejercicio de sus funciones de que una menor de catorce (14) años o menos ha quedado embarazada, deberá notificar dicho hecho a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de Policía de Puerto Rico en un período de tiempo no mayor de seis (6) horas de haber advenido en conocimiento de dicho hecho; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las secciones 1 y 6 de la Ley Núm. 131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada, conocida como “Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, según enmendada, denominada “Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico”; y enmendar el título del Capítulo 72, reenumera el Artículo 72.070 como Artículo 72.080 y establecer un nuevo Artículo 72.070 en la Ley Núm. 194–2011, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, con el fin de prohibir expresamente el discrimen por orientación sexual e identidad de género, real o percibida, en los hospitales, servicios de salud e instalaciones u oficinas médicas; y para decretar otras disposiciones complementarias

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el fiel cumplimiento de la Junta de Confiscaciones con todas sus obligaciones, funciones, deberes y con todos y cada uno de los propósitos para los cuales fue creada, de conformidad con la Ley Núm. 119-2011, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”; además, analizar su efectividad en cuanto al cumplimiento del trámite expedito ante el Tribunal General de Justicia y sus términos; identificar cómo se almacena, conserva, custodia, controla y dispone la propiedad debidamente confiscada y como se devuelve la misma cuando finalmente se determine por un Tribunal que fue indebidamente confiscada; analizar cuáles son los criterios utilizados por la Junta de Confiscaciones para emitir tasaciones de la propiedad confiscada; analizar si existe alguna pérdida de fondos públicos en el pago de intereses o pago de sentencia por concepto de propiedad confiscada ilegalmente; si efectivamente, se ha aliviado nuestro sistema judicial con la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el fiel cumplimiento de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente con todas sus obligaciones y deberes según impuestas por la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, mejor conocida como “Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”; investigar su costo eficiencia; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 38-2011, conocida como “Ley de Manos Pa’l Campo”, con el fin de ampliar su aplicación a cualesquiera actividades o faenas agrícolas que se realicen en Puerto Rico, y no circunscribirla a la cosecha de café, y para reiterar y reforzar la política pública existente sobre la utilización de confinados, para la realización de diversas tareas, tales como actividades agrícolas, entre otras, como parte del proceso de rehabilitación y reinserción a la libre comunidad de esta población, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 166-2009, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, con el fin de prohibir que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el uso de cannabis medicinal; para derogar la Ley 6-2021; y otros fines relacionados.