Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente” para disponer que la determinación de la concesión del privilegio de inmunidad contra el procesamiento deberá contar con la anuencia de la mayoría los miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente antes de recurrir al Tribunal de Primera Instancia para su consentimiento y; para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos”, para disponer que en los casos que se proceda a la concesión de algún tipo de inmunidad se deberá requerir al beneficiado que declarare bajo juramento si ha cometido delitos contra la integridad pública o delitos sujetos al Registro dispuesto por el Artículo 6.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como la “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3.3, 3.4, 3.7, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 y 6.6 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a los fines de imponer responsabilidades jurídicas a personas que admiten haber cometido actos de corrupción pero que no son procesadas por los mismos, añadir penalidades por violar las disposiciones de esta ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que realice un estudio exhaustivo sobre el impacto de la Pandemia del COVID-19 en los diferentes sectores económicos de Puerto Rico, en aras de aunar esfuerzos para recuperar nuestra economía; el referido estudio será encomendado a la Junta de Planificación (JP), en colaboración con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), al Departamento de Hacienda (DH) y el CFO, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), el Departamento de Salud (DS) y el Departamento de Educación (DE); el estudio deberá contar, además, con la participación y colaboración de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociación de Industriales de Puerto Rico y la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico (SHRM); y para otros fines relacionados.

Para enmendar la sección 2.10 de la Ley 30-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" a los fines de que la página web del Departamento de Estado provea para que las personas no videntes puedan tener acceso, de manera sencilla, a las leyes y resoluciones aprobadas en formato de audio.

Para declarar el día 14 de abril de cada año como “El Día del Natalicio de Antonio Paoli”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 88 de 27 de junio de 1969, según enmendada; enmendar el Artículo 3 de la Ley 111-2014, según enmendada; y enmendar el Artículo 2.05 de la Ley 26-2017, según enmendada, a los fines de incluir a los próceres: Ana Roqué de Duprey, Antonio Paoli, José Aponte de la Torre, Rafael Cordero Santiago, Ricardo Alegría y William Miranda Marín en la lista de las Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para declarar el día 14 de abril de cada año como “Día del Natalicio de Ricardo Alegría”; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y la estructura de la antigua Escuela Emilia Castillo Vda. de Abreu, localizada en la Carr. PR 472 Km. 0.5 Ave. Lulio Saavedra Blasco del barrio Bejucos de dicho Municipio; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 141-2019, conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, para que el Recurso Especial de Acceso a Información Pública sea presentado en la sala del Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial donde ubica la residencia del demandante.

Para designar la Nueva Escuela Intermedia Urbana del Barrio Fortuna del Municipio de Barceloneta, con el nombre de Héctor M. Ruiz Martínez; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, la titularidad de la Escuela Amina Tió de Malaret ubicada en el Municipio de San Germán al Hogar Albergue de Niños de San Germán, Inc. (Portal de Amor); y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3.4 y 3.7 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a fin de especificar y reafirmar la intención legislativa en cuanto a que la convicción de un contratista del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por alguno de los delitos establecidos en la Ley conlleva la recisión inmediata del contrato sin discreción alguna por la agencia pertinente; disponer que el Gobierno, a través del Secretario de Justicia, podrá reclamar indemnización al amparo del Artículo 5.2 de este Código; y para otros fines.

Para prohibir a los miembros del gabinete del Gobernador y a todos los jefes de agencias participar en actividades político-partidistas dentro de la jurisdicción de Puerto Rico y los Estados Unidos de América; derogar la Ley 178-2001, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para crear el Negociado de Investigaciones Especiales, adscrito al Departamento de Justicia; separar el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública; definir sus, facultades, funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; enmendar los artículos 1.06, 1.16 y 2.04; suprimir el Capítulo 8, reenumerar el actual Capítulo 9 como nuevo Capítulo 8; reenumerar los artículos del 9.01 al 9.07, como los artículos 8.01 al 8.07, respectivamente, en la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar dicha Ley con las del Negociado aquí creado; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a transferir la administración y usufructo de la Antigua Escuela Felipa Sánchez Rosado, localizada en carretera 811 Km. 5 Hm. 9, del Municipio de Naranjito, Puerto Rico a la organización sin fines de lucro denominada Programa del Adolescente de Naranjito, Inc. (PANI) por un término de veinte y cinco años; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 29 de 8 de junio de 2009, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”, añadiendo un inciso (k), con el fin de conferir el derecho de tanteo y retracto a los gobiernos municipales sobre los contratos de Alianzas Público-Privadas; y para otros fines.

Para crear la “Ley para Reglamentar la práctica en Terapéutica Atlética y regular la profesión de los Terapeutas Atléticos”, crear la Junta Examinadora de Terapéutica Atlética; definir sus funciones, deberes y facultades; establecer todo lo relacionado a la expedición de licencias; establecer penalidades; y para otros fines.

Para ordenar al Gobierno de Puerto Rico que realice un abarcador estudio sobre la aplicación de la Ley 16-2017, conocida como “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, en aras de medir la efectividad de la Ley y evaluar la necesidad de mayores controles o enmiendas a la Ley. El referido estudio será encomendado al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y el Departamento de la Familia. Se debe contar con la participación de la Rama Judicial y en representación del sector privado con la Cámara de Comercio y la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Gobierno de Puerto Rico que realice un abarcador estudio sobre la aplicación de la Ley 16-2017, conocida como “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, en aras de medir la efectividad de la Ley y evaluar la necesidad de mayores controles o enmiendas a la Ley. El referido estudio será encomendado al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y el Departamento de la Familia. Se debe contar con la participación de la Rama Judicial y en representación del sector privado con la Cámara de Comercio y la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, y 6 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada, a los fines de crear la Autoridad Nacional de Autobuses, establecer funciones y poderes, y para otros fines.

Para establecer la "Ley de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales"; establecer la política pública en cuanto a todo acto, conducta o contrato relacionado a las prácticas que afecten la competencia comercial en la jurisdicción de Puerto Rico; para derogar la Ley Núm.- 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley Antimonopolística de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1, derogar los Artículos 2, 3, 4, 5 y 8, y enmendar y reenumerar los Artículos 6 como 2, 7 como 3, 9 como 4 y 10 como 5, de la Ley 235-2014, conocida como “Ley Para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el propósito de disolver la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y asignar sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles creado en la Ley 26-2017, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; enmendar el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017, supra; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, la devolución y el traspaso a la Asociación de Residentes de Villa Victoria de Caguas, el terreno que la Cooperativa Villa Victoria cedió voluntariamente al Departamento de Educación, ya que dichos terrenos no han sido utilizados por el Departamento de Educación; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia libre de costo al Municipio de Utuado la administración y mantenimiento del Centro Ceremonial Indígena de Caguana, en Utuado, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones, las cuales pertenecen al Instituto de Cultura Puertorriqueña; a los fines de que el Municipio realice todas las acciones que estime necesarias y convenientes para lograr su máximo potencial de uso en beneficio del desarrollo económico de la región y su municipio.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, que ubica en la Carretera 363, km. 2.0 del Barrio Santana-Máquina de dicho municipio, a los fines de establecer un Proyecto Educativo, Deportivo y Agrícola a favor de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 5, 7 y 24, de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, a los fines de aclarar, actualizar o eliminar disposiciones ambiguas u obsoletas; flexibilizar y agilizar la adjudicación de solicitudes y asuntos ante la consideración de Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos; equiparar a los Agentes del Orden Público, adscritos a este Negociado, respecto al pago de tiempo trabajado en exceso de su jornada por medio de recursos propios; y para otros fines relacionados a la optimización de dicho Negociado; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (b) y se añade un nuevo inciso (u) al Artículo 7, los incisos (f) y (g) y se deroga el (h) al Artículo 8 y el Artículo 9 de la Ley 147 – 2002, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de los Consejeros Profesionales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de otorgarle a la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales la facultad para desarrollar y ofrecer un examen de reválida y mantener el examen “National Certified Counselor” administrado por National Board of Certified Counselors, como opción para cumplir con los requisitos de licenciamiento de Consejero Profesional en Puerto Rico y establecer medidas transitorias; la Junta otorgará un examen de reválida producido en Puerto Rico y atemperado a nuestra población, que reconozca los conocimientos en áreas fundamentales de la Consejería Profesional; y para otros fines.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno a realizar una investigación sobre la implementación y la ejecución del “Plan Integral de Conservación, Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico”, dispuesto por la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, mejor conocida como “La Ley de Aguas de Puerto Rico”; evaluar la efectividad del Comité de Recursos de Agua, creado al amparo de la misma Ley; fiscalizar la efectividad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la protección del recurso aguas, particularmente a virtud de la Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley 416-2004, según enmendada, y la Ley 171-2018, Ley para Implementar el “Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018”; verificar el cumplimiento de los Informes requeridos por dichas leyes, para remitirse tanto al Gobernador y a la Asamblea Legislativa; comprobar que los planes para el manejos de los fondos federales aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para la reconstrucción de nuestro sistema de manejo y distribución de agua respondan a las necesidades del país y monitorear que los proyectos y recursos económicos destinados al dragado de los embalses se utilizan adecuadamente.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela Franklin Delano Roosevelt, sita en la Carretera PR-367, Intersección con Carretera 368, del Barrio La Torre de dicho municipio, a los fines de establecer un proyecto cooperativo/comunitario, así como un proyecto para la Niñez a favor de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela Francisco Vázquez Pueyo, que ubica en la Comunidad Susua, Calle Ceiba Solar Núm. 9 de dicho municipio, a los fines de establecer un Proyecto Educativo, Deportivo y Agrícola a favor de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela José Antonio Castillo, que ubica en la calle Dr. Félix Tió, entrada del Residencial José Antonio Castillo en la zona urbana de dicho municipio; y para otros fines relacionados.

Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el derecho de los ciudadanos a obtener igual oportunidad de empleo en las agencias e instrumentalidades del gobierno y prohibir a cualquier funcionario negar solicitudes de empleo a aquellas personas interesadas en obtener las mismas.

Para enmendar el octavo párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”. Para aclara las disposiciones y prohibiciones de los miembros de la junta representado la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de establecer requisitos adicionales para ocupar el cargo de Contralor o Contralora de Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada; adicionar un nuevo inciso (C) y renumerar los actuales incisos (C), (D) y (E) como los incisos (D), (E) y ( F ) al Artículo 8 de la Ley 197-2002, conocida como “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”, a los fines de establecer la participación de la Oficina del Contralor(a) de Puerto Rico en los procesos de transición de administración gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud del Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado.

Para crear la “Ley de Acomodo Razonable en el Empleo durante Pandemia”, a los fines de conferir, tanto en el sector público y privado, el derecho a un acomodo razonable en su trabajo, durante la duración de un evento pandémico, a todo empleado, con o sin impedimento, que tenga una enfermedad o condición de salud, de las identificadas por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Salud, como de alto riesgo en caso de contagio con la referida pandemia; o que sea la madre o padre custodio de un niño de catorce (14) años de edad o menos, o menor discapacitado, mientras las facilidades de cuidado diurno o plantel físico educativo estén cerrados por motivo de la pandemia; mediante trabajo remoto, espacio de trabajo habilitado o flexibilidad en el horario de la jornada laboral, si por la naturaleza de su empleo fuera posible.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26 – 2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de Recreación y Deportes al Municipio de Aguadilla, el inmueble y las facilidades del Parque Colón, ubicado en el Municipio de Aguada, con el fin de que éste puede celebrar en los mismos eventos deportivos, recreacionales, pequeñas ligas, eventos artísticos, culturales, otros eventos y servicios similares que redunden en beneficio de la calidad de vida y desarrollo socio económico de los residentes del municipio de Aguadilla, así como a otras áreas adyacentes; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Ajuste Salarial para el personal de seguridad, protección y custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación”; establecer un aumento salarial por la cantidad de tres mil dólares ($3,000.00) anuales al personal de seguridad y custodia, incluyendo a los agentes de seguridad y protección I y II del Departamento de Corrección y Rehabilitación; enmendar los Artículos 4.05 y 4.06 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; establecer condiciones sobre el uso de los fondos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de establecer como una de las funciones del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres, la de crear, desarrollar y mantener actualizado en tiempo real, un sistema de base de datos electrónico sobre artículos de primera necesidad, productos, materiales o suministros en posesión de toda dependencia y departamento de la Rama Ejecutiva y toda corporación pública del Gobierno de Puerto Rico, a ser distribuidos entre la población durante cualquier situación o circunstancia para la cual sean necesarios los esfuerzos estatales y municipales encaminados a salvar vidas y proteger propiedades, la salud y seguridad pública, o para minimizar o evitar el riesgo de que ocurra un desastre en cualquier parte de Puerto Rico; enmendar el Artículo 6 de la Ley 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, a los efectos de disponer para que la base de datos a ser creada al amparo de la presente Ley, se haga con la asistencia de dicha entidad gubernamental; y para otros fines relacionados.