Para ordenar al Departamento de la Familia y al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a elaborar y publicar en conjunto un Perfil Anual de Maltrato de Menores.

Para añadir un nuevo inciso (b), un nuevo inciso (ss) y eliminar el actual inciso (ss) al Artículo 14 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico de 2012”, a los fines de añadir el término “Adulto Mayor” con su definición y renumerar los subsiguientes incisos respectivamente en el mencionado Artículo; para enmendar la Sección Tercera del Capítulo III del Libro Segundo y los Artículos 126, 127, 127-A, 127-B, 127-C y 127-D para incorporar el término ‘’Adulto Mayor” en sustitución de “persona de edad avanzada”; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para Promover la Vivienda Libre del Discrimen Contra Adultos Mayores de la comunidad LGBTTIQ”; declarar la política pública en contra del discrimen contra los adultos mayores de las comunidades LGBTTIQ en la vivienda; enmendar la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como la “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”, con el fin de requerir cursos sobre la diversidad de problemas que enfrentan personas adultas mayores de las comunidades LGBTTIQ en el Certificado de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avanzada; requerir a establecimientos de cuidado de adultos mayores desarrollar una política interna contra el discrimen por orientación sexual o identidad de género, real o percibida; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación, estudio y análisis sobre el cumplimiento de las funciones del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y sus facultades ante los servicios que ofrece bajo la Ley 76-2013, según enmendada, conocida como la “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Para enmendar la Ley 266-2018 conocida como la “Ley de Igualdad de Acceso a Información para los Sordos en las Campañas Publicitarias del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de añadir una nueva Sección 6 con el propósito de requerir que los noticiarios transmitidos por WIPR cuenten con un intérprete de señas que cuente con una certificación de alguna institución educativa acreditada que reconozca su peritaje; y para otros fines.

Para ordenar al Departamento de la Familia emitir, dentro de un término improrrogable de seis (6) meses, el pago total del monto adeudado a los y las demandantes del caso Nilda A. Agosto Maldonado y otros v. Estado Libre Asociado, Departamento de la Familia y otros, Civil Núm. KPE 2005-0608 (Sentencia Declaratoria de 16 de septiembre de 2010), según modificada por el Tribunal de Apelaciones en Agosto Maldonado v. ELA, KLAN201001703 (2011), y confirmada por el Tribunal Supremo mediante la Resolución Núm. AC-2012-0015; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 5, renumerar los actuales Artículos 5, 6 y 7, como los Artículos 6, 7 y 8, respectivamente, y a su vez enmendarlos, y renumerar el actual Artículo 8, como 9, en la Ley 338-1998, según enmendada, conocida como “Carta de los Derechos del Niño”, a los fines de proveer para la creación y actualización continua de una denominada “Guía de Servicios para la Niñez”, a través de la cual se compilará en un solo documento, toda la información acerca de los programas, servicios y ayudas que ofrecen las agencias gubernamentales que sirven a la niñez, desde su nacimiento hasta la edad de veintiún (21) años; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de la Familia, al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y al Negociado de la Policía de Puerto Rico a proveer toda estadística disponible sobre la incidencia de maltrato y explotación infantil en Puerto Rico desde el 1 de marzo de 2020, mes que comenzó el cierre y toque de queda por motivos del COVID-19, hasta el 31 de marzo de 2021; proveer el plan de acción para atender y combatir el maltrato y explotación infantil; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para la prohibición de las terapias de conversión o reparación”, fijar penas ante el incumplimiento de esta ley, y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Prevenir que Menores sean Olvidados en el Interior de un Automóvil”, a los fines de desarrollar una campaña educativa para alertar sobre la posibilidad de que un menor sea olvidado en el interior de un automóvil; exigir que todo departamento, agencia, corporación pública, municipio y demás entidades del Estado Libre Asociado formen parte de los esfuerzos de la campaña educativa; incorporar a la empresa privada como parte de los esfuerzos; añadir un inciso (k) al número (3) subinciso 2. del Artículo 2 de la Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito”, para establecer los deberes y responsabilidades de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito con relación a la campaña educativa; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; y de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el maltrato infantil en Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a: manejo de las denuncias de maltrato infantil y los servicios otorgados para las víctimas por el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia; la metodología y la recopilación de estadísticas de maltrato infantil en Puerto Rico utilizada por las agencias gubernamentales tales como: el Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; examinar los procesos de actualización y confiabilidad de las estadísticas y los esfuerzos gubernamentales para la prevención del maltrato infantil.

Para ordenar al Departamento de la Familia establecer el “Programa de Respiro Familiar” que preste atención temporal de calidad a personas adultas con diversidad funcional en situaciones de dependencia; disponer sobre su funcionamiento, deberes, facultades y responsabilidades; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para adicionar un nuevo inciso (e) al Artículo 3.01; y redesignar los actuales incisos (e) a (m) como (f) a (n) del Sub-Capítulo A del Capítulo III de la Ley Núm. 173-2016, según enmendada, conocida como “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Niños y Niñas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin de establecer como requisito para el licenciamiento de centros, el referir al Departamento de Salud cualquier retraso en el desarrollo hallado en menores de tres (3) años de edad; y al Departamento de Educación en el caso de menores que sean mayores de tres (3) años de edad.

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación, de naturaleza continua, sobre todas aquellas materias, áreas y asuntos de su jurisdicción encomendados por el Senado de Puerto Rico mediante la Resolución del Senado 40, según enmendada, la cual dispone la jurisdicción de las diversas Comisiones del Senado de Puerto Rico.

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado realizar una investigación, estudio y análisis sobre el cumplimiento de las funciones de la Defensoría de Personas con Impedimentos y sus facultades ante los servicios que ofrece bajo la Ley Núm. 158-2015, según enmendada, conocida como la “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos”, y para otros fines.

Para facultar al Secretario del Departamento de la Familia, por sí y en representación del Departamento de la Familia y de su componente operacional, Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), el cual es un “concesionario” del Programa Head Start/Early Head Start, adquirir bienes inmuebles y el derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, para el establecimiento de instalaciones que alberguen las Agencias Delegadas “Head Start/Early Head Start” que son administradas por la ACUDEN como “concesionario”; establecer límites a la facultad delegada y al uso de los inmuebles y derechos reales adquiridos de conformidad con esta; para establecer la supremacía de la presente; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para la Presentación Anual de Plan de Contingencia en Hogares de Cuido de Ancianos” a los efectos ordenar a todos los hogares privados de cuidado de ancianos, también conocidos como hogares de envejecientes o de personas de edad avanzada, en Puerto Rico a que rindan ante el Departamento de la Familia, Oficina de Licenciamiento, sus planes de contingencia para lidiar con la temporada de huracanes y emergencias en o antes del primero (1) de mayo de cada año, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo XI del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, mediante el cual se renombra y reorganiza el Departamento de Servicios Sociales como Departamento de la Familia, a los fines de disponer que en los Centros de Servicios Integrales de la Familia se designen y/o habiliten áreas a denominarse como “Puntos de Encuentro Familiar”, que funcionen durante horario extendido, los siete días de la semana, y desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre las personas no custodias y sus hijos e hijas, al proveer un espacio seguro para realizar visitas supervisadas y un lugar neutral para la entrega y recogido de menores para visitas familiares; hacer correcciones técnicas a la Ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenarle a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos, protocolos, deberes y funciones de las agencias con responsabilidades bajo la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, al intervenir con personas con diversidad funcional y, en particular, con personas sordas, con el fin de evaluar si en el caso de la joven sorda Janet Viera Grau y de otras que puedan estar en circunstancias similares, las agencias cumplieron con los reglamentos y protocolos establecidos conforme a la Ley 246-2011, así como con disposiciones constitucionales y legales, tanto estatales como federales, que prohíben el discrimen.

Para ordenar a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; y de Educación, Turismo y Cultura, a conducir una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de las Leyes 136-1996, 80-2002, 181-2014, 78-2018, 173-2018, 174-2018 y 266-2018, por parte de todas las agencias públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; investigar si el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, de conformidad con su ley habilitadora, Ley 209-2003, recopila y analiza datos relacionados a la cantidad de personas en Puerto Rico que están adiestrados en lenguaje de señas.

Para enmendar el inciso (z) del Artículo 3 de la Ley 246–2011, según enmendada, denominada “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de establecer que toda persona o estudiante elegible a, y recibiendo servicios del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación se considere “menor” a los efectos de la aplicación de la Ley hasta la edad de veintiún (21) años, inclusive; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 4, 11 y 13 de la Ley 97–2018, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas que tienen el Síndrome de Down”, a los fines de clarificar su alcance; establecer una penalidad aplicable, a discreción del tribunal, a toda organización de seguros de salud o asegurador, contratado o en acuerdo para proveer servicios médicos en Puerto Rico, que quebrante lo dispuesto en el Artículo 11 de la referida Ley; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley Habilitadora para implementar el Plan de Alerta Ashanti”, en Puerto Rico, a los fines de contar con un mecanismo que facilite la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas mayores de dieciocho (18) años; establecer las facultades y deberes de las entidades gubernamentales; añadir un inciso (i) al Artículo 2.03 y enmendar el inciso (i) del Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de atemperarla con lo aquí dispuesto; y para otros fines.

Para crear un Registro Estatal de Servicios para Adultos Mayores; establecer quiénes serán registrados en el mismo, sus deberes y obligaciones; proveer sobre la disponibilidad de la información y la notificación a la comunidad; facultar a la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada a adoptar la reglamentación necesaria; asignar fondos necesarios para la implementación del Registro; y para otros fines.

Para añadir un subinciso (ñ) al inciso (3) de la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de agrupar y consolidar en una sola Ley, los requisitos aplicables al reclutamiento y selección de personas con impedimentos cualificados para puestos regulares del servicio de carrera; reafirmar como política pública el que las agencias públicas incluyan en su fuerza laboral, como mínimo, un cinco (5) por ciento de personas con impedimentos cualificadas; enmendar los artículos 2 y 4 de la Ley 81-1996, conocida como “Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo para Personas con Impedimentos”, y los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 219-2006, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar el Empleo de las Personas con Impedimentos Cualificadas en las Agencias, Dependencias y Corporaciones Públicas de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar ambas leyes con la presente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de la Familia”, a los fines de disponer para la creación y actualización de un catálogo o manual sobre todos los programas, beneficios, servicios, actividades e instalaciones disponibles para la población desventajada, tanto en las agencias gubernamentales como en entidades privadas sin fines de lucro; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (H), y añadir un nuevo inciso (I), en el Artículo 3; añadir unos nuevos artículos 12 y 13; y reenumerar los actuales artículos 12 y 13, como los artículos 14 y 15, respectivamente, en la Ley 58-2018, conocida como “Ley para propiciar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores”, con el propósito de fortalecer el denominado programa de “Empresarismo Master”, creado a su amparo; establecer uno nuevo dirigido a mejorar los servicios de transportación de los adultos mayores; disponer que las Agencias e Instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que vengan obligadas a rendir informes periódicamente al Gobernador o a la Asamblea Legislativa, incluyan en estos, un capítulo sobre la implantación, resultados y efectividad de todos los programas, beneficios, servicios y actividades disponibles en sus correspondientes Agencias e Instrumentalidades para los adultos mayores; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5 y 9 de la Ley 229-2003, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, con el propósito de disponer para que toda la información o documentación a ser publicada a través de los portales de Internet de las agencias gubernamentales, conforme a las disposiciones de esta Ley, se haga disponible en los idiomas español e inglés; y para otros fines relacionados.

Para añadir unos nuevos artículos 15 y 16, y reenumerar los actuales artículos 15, 16 y 17, como los artículos 17, 18 y 19, respectivamente, en la Ley 97-2018, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas que tienen el Síndrome de Down”, a los fines de disponer que dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada año fiscal, los departamentos de Educación; de Recreación y Deportes; Salud; y del Trabajo y de Recursos Humanos; así como la Administración de Rehabilitación Vocacional, someterán al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe, detallando las actividades llevadas a cabo en virtud de esta ley; aclarar que los beneficios otorgados al amparo de esta ley, no se entenderán de forma restrictiva, ni suponen la exclusión de otros derechos extendidos a las personas con Síndrome de Down y no mencionados específicamente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 3 y 8 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, a los fines de proveer para el diseño, desarrollo e implantación de un protocolo de servicios interagenciales para adultos mayores que viven en condiciones infrahumanas, en adición a los de intervención en situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia y negligencia institucional dirigidos a atender a las personas de esta población víctimas de cualquier tipo de maltrato y a las personas maltratantes; derogar la Ley 126-2013, conocida como “Ley sobre el Protocolo de Servicios Interagenciales para las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico que viven en Condiciones Infrahumanas”; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (l), y redesignar el actual inciso (l), como (m), en el Artículo 8 de la Ley 76-2013, conocida como “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico”, a los fines de adicionarle nuevas funciones y deberes a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, en atención al aumento vertiginoso de abuelos criando nietos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3.2 de la Ley 10-2017, según enmendada, conocida como, “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”, con el fin de otorgar al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico el deber de brindar talleres de pensamiento autogestionario a la población en general; y otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en relación a los servicios que proveen los programas de Llame y Viaje y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) a la población con diversidad funcional; investigar la situación presupuestaria de estos programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); investigar los señalamientos en relación al mantenimiento de unidades como las rampas para personas con diversidad funcional, protocolos de querellas y vistas administrativas; e investigará el perfil de los participantes con diversidad funcional que utilizan servicios de transportación de la AMA y del Programa Llame.

Para crear el “Registro de Personas de Edad Avanzada que Vivan Solas y de Personas Encamadas”, disponer sobre su implementación y funcionamiento; y para otros fines relacionados.

Para crear y designar la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico, establecer sus funciones, deberes y responsabilidades; determinar su organización; definir las facultades, funciones, y poderes de el Director (a) para esos efectos; facultarlo para implantar las disposiciones aplicables de las leyes federales, según establece el “Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000; enmendar el Artículo 2.01; eliminar el inciso J del Artículo 2.05 y reenumerar los actuales incisos K y L como los incisos J y K respectivamente; enmendar el inciso I del Artículo 2.08; y eliminar el Artículo 2.17 de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 27 y enmendar el Artículo 45 y enmendar el Artículo 50 de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de ampliar la participación que se le provee a los padres no objeto de acción por maltrato, abuelos y hermanos mayores de edad, en los procedimientos de protección de menores, reconocerles su derecho a participar como interventores, permitirles acceso a los expedientes e informes, así como reiterar la política pública de que no se harán los esfuerzos razonables para reunir a un menor con su padre, madre o persona responsable de éste en determinadas circunstancias en aras de promover la mayor protección a los menores maltratados.