Esta ley reforma la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico" para atemperarla a las disposiciones legales vigentes y al Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (PROMESA). Modifica extensivamente las regulaciones sobre registro de vehículos, expedición y renovación de licencias de conducir, normas de tránsito y velocidad, manejo de accidentes, y conducción bajo los efectos de alcohol o drogas. Introduce nuevas penalidades y aumenta multas para infracciones, ajusta cargos por servicios de licenciamiento, y establece procedimientos administrativos para el cobro de multas. Además, aborda la modernización tecnológica de los sistemas de tránsito, la seguridad pública, la protección ambiental (emisiones vehiculares) y el destino de los fondos recaudados al Fondo General.
Para derogar los Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XXIII, XXVI, XXVII y los Artículos 11.03, 11.04, 13.03, 14.25, 15.05, 21.02; adoptar nuevos Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XXIII, XXVI y Artículos 11.03, 11.04, 13.03, 14.25, 15.05, 21.02; y enmendar los Artículos 13.01, 13.02, 14.12, 14.15, 15.06, 15.08, 17.04, 21.06, 22.02, 22.08, 24.03, 25.04 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los fines de reformar dicho estatuto, simplificar su redacción, atemperarlo a otras disposiciones legales, y cumplir lo dispuesto en el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo de la Ley PROMESA; derogar el inciso k del Artículo 17, derogar los incisos b y c del Artículo 18 de la Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", a los fines de atemperar la misma a las enmiendas efectuadas a la Ley de Tránsito y lo dispuesto en el Plan Fiscal Certificado; y para otros fines relacionados.
Al presente, Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal y social monumental sin precedentes históricos. Dicha crisis fue causada, en parte, porque faltaron controles sobre el gasto, medidas de desarrollo sustentable y sistemas de información gerencial que promuevan claridad y transparencia en la gestión gubernamental.
Según datos provistos por el Departamento del Tesoro Federal, Puerto Rico sufre una contracción económica cumulativa de $14.6 %$ en el Producto Estatal Bruto (PEB real) con una predicción de una contracción adicional de 3% para los próximos dos años. Por años, el Gobierno ha operado con un déficit estructural el cual ha sido financiado con emisiones de bonos y préstamos al Banco Gubernamental de Fomento. Hace más de un año que el Gobierno carece de liquidez y se utilizaron los reintegros, pagos de los contratistas, el dinero de los pensionados y préstamos intragubernamentales para sustituir las fuentes de liquidez y gastar más dinero que los fondos disponibles. El Banco Gubernamental de Fomento incumplió sus obligaciones con los bonistas desde el 1 de mayo de 2016 y ya no cumple su rol de proveer liquidez ni tampoco contamos con acceso al mercado debido a las políticas de la administración pasada que le restó credibilidad al Gobierno de Puerto Rico. Los sistemas de retiro están insolventes.
Como un ejemplo de las políticas que nos trajeron aquí, puede observarse que desde el 2001 al 2008 ocurrió un aumento de $64 %$ en los gastos de nómina y, luego de una reducción de 33% entre 2009 y 2012, hubo otro aumento sustancial en el cuatrienio 2013-
Esta crisis ha golpeado muy fuerte a las familias puertorriqueñas. Los sacrificios más severos han recaído sobre los más vulnerables en nuestra sociedad y ha provocado que miles de puertorriqueños abandonen la Isla buscando mejores oportunidades. La consecuente reducción poblacional se convierte en uno de los retos para encaminarnos hacia la recuperación.
La situación colonial ha afectado nuestra capacidad para afrontar y resolver esta crisis pues carecemos de los poderes soberanos que tiene un estado para regular sus asuntos locales bajo la Enmienda X de la Constitución de los Estados Unidos. "[P]ara el Tribunal Supremo Federal, la adopción de la Constitución no representó un cambio en la base fundamental de las relaciones constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos. El Tribunal Supremo siguió tratando a Puerto Rico como un ente político sujeto a la cláusula territorial de la Constitución Federal." Véase Pueblo v. Sánchez Valle y otros, 192 D.P.R. 594, 631 (2015). "[N]unca hubo una cesión de soberanía, lo que hubo fue una delegación de poderes." Id. a la pág. 635. "Esa delegación de poder no constituye una renuncia irrevocable ni una terminación del poder del Congreso. El Pueblo de Estados Unidos le otorgó al Congreso, por medio de la Constitución, un poder amplio para administrar los territorios. Por esa razón, el Congreso no puede renunciar de manera irrevocable a un poder que le fue conferido por el Pueblo de Estados Unidos". Id. a la pág. 638 .
Así pues, "el Congreso puede permitir que el Estado Libre Asociado permanezca como sistema político de forma indefinida, o por el contrario, tiene la autoridad constitucional para enmendar o revocar los poderes de administración interna que ejerce el Gobierno de Puerto Rico. Dicho de otro modo, el sistema de gobierno que rige internamente en Puerto Rico está sujeto por completo a la voluntad política y la autoridad legal del Congreso." Id. a la pág. 641.
La triste realidad es que la situación colonial nos coloca en un estado de indefensión tal que ni la ciudadanía americana que hemos atesorado desde 1917 está garantizada. El Congreso tiene la discreción legislativa para conceder privilegios a los ciudadanos nacidos en los territorios, incluyendo la ciudadanía americana, pero ese derecho puede ser revocado en cualquier momento. De hecho, el Gobierno Federal ha sostenido ante los tribunales que en los territorios no existe un derecho a la ciudadanía sino que se trata, más bien, de una gracia legislativa del Congreso. Véase, por ejemplo, Tuaua v. United States, 788 F.3d 300, (D.C. Cir. 2015).
En cuanto al asunto que nos ocupa, como ejemplo de las limitaciones que la situación colonial nos impone, tenemos que señalar que los estados pueden obtener las protecciones de la "Ley Federal de Quiebras" pero Puerto Rico fue excluido de dichas protecciones y, por no tener representación plena en el congreso, es poco o nada lo que podemos hacer al respecto. Tampoco podemos legislar una quiebra local pues la misma ley federal que no nos protege ocupa el campo y previene la legislación local. Véase Puerto Rico v. Franklin Cal. Tax-Free Tr., 136 S. Ct. 1938 (2016) (declarando inconstitucional la "Ley para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico", Ley 71-2014, mejor conocida como la "Ley de Quiebra Criolla").
Las políticas del pasado, junto a nuestra indefensión colonial, llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar la ley denominada Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida como PROMESA (por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187, y delegó amplísimos poderes en una Junta de Supervisión Fiscal (en adelante "Junta de Supervisión"). Nuevamente, por no tener representación plena en el Congreso, dicha Ley se aprobó sin una verdadera participación de nuestro Pueblo. Conforme a PROMESA, las continuas acciones de planificación fiscal, las acciones presupuestarias, legislativas y ejecutivas de Puerto Rico, así como las reestructuraciones de deuda, consensuales o no, y la emisión, garantía, intercambio, modificación, recompra o redención de deuda están sujetas a supervisión.
En su Sección 4 PROMESA dispone claramente que sus disposiciones "prevalecerán sobre cualquier disposición específica o general de las leyes territoriales, estatales o reglamentos territoriales o estatales que sea incompatible con esta Ley." De esta manera, el Congreso de forma expresa hizo manifiesta su intención de que dicha Ley desplazaría cualquier legislación estatal que choque con PROMESA. Esto queda igualmente reconocido en la Sección 8 (2) que establece que el Gobierno de Puerto Rico no puede adoptar, implementar o hacer cumplir cualquier estatuto, resolución, política o regla que pueda menoscabar o anular los propósitos de PROMESA, según lo determine la Junta de Supervisión. Así pues, estamos imposibilitados de promulgar legislación que deje sin efecto a PROMESA o que menoscabe sus disposiciones y su alcance.
En esta coyuntura, precisa resaltar que bajo la décima enmienda, el Gobierno Federal, no puede imponerle a un estado lo que la ley federal PROMESA permite para
los territorios. El Congreso le impuso una Junta a Washington DC que no es estado y que está bajo la jurisdicción directa del Congreso. La Junta de la Ciudad de New York fue una creación de su propia legislatura estatal y no del Congreso. Detroit, que es una ciudad y no un estado, participó de un proceso voluntario de quiebra. En fin, no puede perderse de vista que la situación que atravesamos y la imposición de la Junta de Supervisión es otra de las consecuencias del colonialismo que ha limitado nuestro desarrollo por los pasados 119 años.
Lamentablemente, nuestra situación colonial y consustancial carencia de poderes políticos, exacerba la realidad de que nos han impuesto una Ley Federal en el Congreso que es suprema a toda legislación local, incluso nuestra Constitución, sin que tuviéramos la oportunidad de votar sobre la misma ni votar por el Presidente que la aprobó. Esto pone de manifiesto que para poder salir del atolladero económico en el que nos encontramos es imprescindible solucionar el problema del estatus político. Sin embargo, también es un hecho irrefutable que tenemos que trabajar dentro de los parámetros de PROMESA para iniciar la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico.
El 30 de octubre de 2016, la Junta de Supervisión designó al Gobierno de Puerto Rico, al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, al Sistema de Retiro de la Judicatura, al Sistema de Retiro para Maestros, a la Universidad de Puerto Rico y a 21 corporaciones públicas de Puerto Rico como "entidades cubiertas" sujetas a supervisión fiscal a tenor con PROMESA. La Sección 405(b) de PROMESA impone además una paralización temporera de los litigios y las reclamaciones contra Puerto Rico y sus instrumentalidades sobre distintos asuntos, con la esperanza de que el Gobierno de Puerto Rico, a nombre propio y a nombre de sus instrumentalidades, entable negociaciones voluntarias con sus acreedores para reorganizar y transigir el repago de sus obligaciones de deuda y simultáneamente emprenda una reestructuración responsable del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades que reajuste los servicios esenciales requeridos para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico con el repago puntual de sus obligaciones de deuda.
Luego de invertir millones de dólares en consultores especializados, la pasada administración presentó un plan fiscal deficiente que fue rechazado por la Junta de Supervisión de forma inmediata pues no resolvía los problemas fiscales provocados por la pasada administración.
Como resultado de todo lo anterior, cuando asumimos las riendas del Gobierno, nos encontramos con un déficit en caja de más de $7,600 millones según certificado por el Tesoro Federal y la Junta de Supervisión. Se trataba de un gobierno sin acceso a los mercados de capital, con un crédito de categoría chatarra, sin liquidez, sin transparencia en las finanzas públicas, con un gasto gubernamental inflado y con deudas de miles de millones de dólares. Además, el Gobernador enfrentaba la titánica tarea de recuperar la
credibilidad ante el mercado y ante la Junta de Supervisión. Debemos garantizar un Gobierno donde los gastos respondan a la realidad de los ingresos.
Desde el 2 de enero hemos estado implementando un plan concertado para controlar el gasto gubernamental, reactivar nuestra economía y facilitar las condiciones para la creación de más y mejores empleos en el sector privado. Estamos demostrándole al mundo que Puerto Rico está abierto para hacer negocios en un ambiente de seguridad y estabilidad gubernamental.
Las medidas presentadas por el Gobernador y aprobadas por esta Asamblea Legislativa durante estos primeros tres (3) meses de mandato han cambiado el rumbo de Puerto Rico a uno de responsabilidad fiscal.
El pasado 28 de febrero de 2017, el Gobernador presentó un Plan Fiscal completo, abarcador, real y, a la misma vez, sensible a las necesidades de nuestro Pueblo y de los más vulnerables. Luego de semanas de incertidumbre, la razón y la sensatez prevalecieron. El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión aceptó y certificó nuestro Plan Fiscal acompañado de una serie de contingencias que garantizan que no habrá despidos de empleados públicos, sin afectar la jornada laboral, manteniendo el acceso a servicios de salud a nuestro Pueblo y protegiendo las pensiones de los más vulnerables. Este Plan Fiscal es la única alternativa para evitar el despido de empleados públicos, la eliminación del derecho a la salud y mantener la solvencia de nuestros sistemas de retiro manteniendo un gobierno operacional y que cumpla con los parámetros para evitar medidas más severas que son parte de las contingencias del Plan aprobadas por la Junta de Supervisión como lo son la eliminación total del bono de navidad a todos los empleados públicos y decretar una reducción de jornada laboral que haría inoperante al gobierno.
Las medidas del Plan Fiscal aprobadas están enmarcadas en cumplir con los objetivos fiscales; pero también en promover el desarrollo económico, en nuestra capacidad de restablecer la credibilidad; en que el cambio se traduzca no tan solo en un mero recorte, si no en un beneficio a largo plazo, y, sobre todo, en velar que los sectores más vulnerables y los que trabajan duro, día a día, tengan una mejor calidad de vida.
La validación del Plan Fiscal representa un reconocimiento a la credibilidad del nuevo Gobierno. Demostramos que pasamos de los tiempos de la incoherencia e improvisación, a los tiempos de trabajar en equipo, y tener resultados por el bien de Puerto Rico. Pasamos del "me vale" y la falta de credibilidad; a tener un Plan Fiscal y de desarrollo socioeconómico que cumple con el objetivo de reducción de gastos, pero más importante que ello, que nos permita edificar una mejor sociedad.
Los cambios que estamos encaminando no serán fáciles y tomarán tiempo, pero también tendrán sus resultados en los primeros dos años. Bajo el Plan Fiscal certificado,
lograremos balancear los ingresos con los egresos para el año fiscal 2019. Ahora nos compete ejecutar. Las contingencias que acompañan al Plan Fiscal le requieren al Gobierno cumplir. Debemos asegurar que tengamos el dinero líquido para no afectar el salario de los empleados públicos, la salud del Pueblo y los ingresos de los pensionados.
Ante la existencia de una situación de urgencia económica y fiscal grave en Puerto Rico, ejercemos nuestro poder de razón de Estado de conformidad con el Artículo II, Secciones 18-19, y el Artículo VI, Secciones 7-8, de la Constitución de Puerto Rico para tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Plan Fiscal y colocar a Puerto Rico en el camino de la recuperación económica. Cumplir con este Plan constituye un interés apremiante del Estado para mantener sus operaciones y proteger a los más vulnerables.
Según definido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el poder de razón de Estado es "aquel poder inherente al Estado que es utilizado por la Legislatura para prohibir o reglamentar ciertas actividades con el propósito de fomentar o proteger la paz pública, moral, salud y bienestar general de la comunidad, el cual puede delegarse a los municipios". Domínguez Castro v. E.L.A., 178, D.P.R. 1, 36 (2010).
Nuestro más Alto Foro recientemente dispuso que eran válidas las medidas tomadas para atender una emergencia que sean necesarias y razonables para adelantar el interés gubernamental importante. Véase, Trinidad v. E.L.A., 188 D.P.R. 828 (2013) y Domínguez Castro v. E.L.A., supra, págs. 88-89. De igual forma, el Tribunal Supremo reconoció que "la precariedad de la economía como una realidad que necesariamente pesa en la definición del ámbito de la acción gubernamental bajo el poder de razón de Estado" y que en el ejercicio de dicho poder, "la Legislatura goza de amplia facultad para aprobar reglamentación económica dirigida a promover el bienestar de la comunidad". Domínguez Castro v. E.L.A., supra, pág. 37.
El Tribunal Supremo validó la Ley 3-2013 sobre el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos en el caso Trinidad Hernández v. E.L.A., supra, entendiendo que la Legislatura había ejercido el poder de razón de Estado para detener la insolvencia del Sistema de Retiro de Empleados Públicos. El Tribunal Supremo razonó que "de la exposición de motivos... se desprende que las medidas adoptadas son necesarias y razonables para atender de forma adecuada la crisis financiera que atenta contra la solvencia actuarial de este sistema". Añadió que, "ello ciertamente constituye un interés público importante pues, al garantizar la solvencia económica del sistema, se beneficia a todos sus participantes y se atiende, en parte, la crisis fiscal que enfrenta el País en protección del bienestar de todos los puertorriqueños". Trinidad Hernández v. E.L.A., supra, pág. 837. Concluyó que la norma es constitucional "porque, a pesar de que existe un menoscabo sustancial de las obligaciones contractuales en controversia, las medidas implantadas son razonables y necesarias para salvaguardar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro, y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin". Íd., pág.
Usando como base el marco legal antes discutido, esta Asamblea Legislativa entiende que las medidas que se toman en esta Ley, son necesarias y razonables para atender de forma adecuada la crisis fiscal, económica y presupuestaria por la que atraviesa Puerto Rico. Así mismo, se trata de una medida exigida para lograr implementar el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión de conformidad con la Ley Federal PROMESA. Dicho Plan establece ajustes de índole fiscal para estabilizar las finanzas del Gobierno en tiempos que no existe acceso al mercado financiero.
En el caso particular de esta medida, según dispuesto en el Plan Fiscal Certificado, se busca allegar fondos al fisco aumentando las multas que se pagan por infracciones a la "Ley de Vehículos y Tránsito". En este sentido, protegemos al ciudadano cumplidor de la Ley ya que la mayoría de estas enmiendas van dirigidas a modificar la consecuencia de la infracción a las normas de seguridad ya existentes. Así, allegamos fondos al fisco al mismo tiempo que incentivamos el cumplimiento de la Ley y protegemos la seguridad pública.
Por otro lado, mediante esta medida se ajustan en un $10 %$ los cargos que se pagan por servicios relacionados con el licenciamiento de vehículos. Al mismo tiempo, se incorporan medidas para facilitar el pago de estos derechos como, por ejemplo, permitirles a las personas pagar los derechos de marbete prorrateado a los meses que le resten de vigencia.
En este ejercicio, nos hemos dado cuenta de que, desde su aprobación en el año 2000, la vigente "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", Ley 22-2000, ha sufrido más de 100 enmiendas para tratar de ajustar dicho estatuto a las cambiantes realidades sociales y tecnológicas. Como resultado de ello, y a pesar de las mejores intenciones, dicha Ley muestra signos innegables de inadecuación y obsolescencia estructural, tales como una redacción confusa y desorganizada, disposiciones contradictorias, lenguaje repetitivo, extensión excesiva y falta de sistematización.
Por ejemplo, aunque el Artículo 23.02 ha sido enmendado, los cargos allí dispuestos por concepto de permisos para vehículo de motor (marbete) no se han cambiado desde el 2005 cuando se aprobaron las Leyes 42-2005 y 107-2005. Dicho sea de paso, la Ley 42-2005 que creaba un cargo especial aplicable a los vehículos de lujo fue invalidada por el tribunal pero el lenguaje permaneció en la Ley. Esa situación se corrige en esta medida.
Otro ejemplo de la necesidad de reorganizar y simplificar la redacción de la Ley lo tenemos en las disposiciones prohibiendo el uso de vehículos todo terreno. Esta prohibición, con todas sus enmiendas y disposiciones, fue insertada en un inciso de un Artículo dirigido a regular vehículos que legalmente pueden transitar por la vía pública. La consecuencia ha sido que el inciso
(n) se ha vuelto más extenso y complicado que el propio Artículo donde está ubicado y las penalidades aplicables para una y otra conducta resultan difíciles de entender y aplicar. Mediante esta enmienda, mantenemos la prohibición absoluta al uso de vehículos todo terreno en la vía pública pero la separamos en su propio Artículo con sus correspondientes subincisos para facilitar la comprensión y aplicación de la disposición.
De otra parte, mediante esta Ley también se disponen las multas mínimas a las que estarán sujetos los infractores de ciertos artículos que tipifican delitos menos graves pero antes sólo disponían la multa máxima y viabilizaban la imposición de multas nominales que representaban una burla al sistema. En ese sentido, y solo a fines de ofrecer un ejemplo, una infracción al Artículo 4.02 vigente que penaliza a un conductor por no detenerse en la escena de un accidente (Hit and Run), conlleva una multa máxima de 5,000 pero, al no disponerse una multa mínima, el lenguaje previo le permitía al juez imponer un (1) dólar de multa lo cual resulta irrisorio, ofensivo y contrario a la política pública detrás de la disposición, sin contar que dicha cuantía u otras similarmente nominales no alcanzan a cubrir ni el costo de reproducción de los documentos relacionados al procesamiento y mucho menos representa la gravedad de la conducta que se prohíbe. Lo mismo ocurría con varios otros artículos. Esta misma situación se repetía a través de la Ley y se corrige con estas enmiendas.
En la evaluación realizada también hemos notado que la Ley 22-2000 mantiene cierto lenguaje y penas que pueden parecer incongruentes con el Código Penal. Mediante la presente medida, se corrigen esas situaciones y otras similares mientras se le da cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Fiscal. También se dispone para que todos los recaudos pasen al Fondo General donde puedan ser distribuidos de conformidad al Plan Fiscal y el orden de prioridades allí dispuesto. En cuanto al destino de los fondos, surge la necesidad de derogar ciertos incisos de la Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", a los fines de atemperar la misma a las enmiendas efectuadas a la Ley de Tránsito y lo dispuesto en el Plan Fiscal Certificado. Los incisos en cuestión destinaban las multas de tránsito a ciertos fondos especiales. No obstante, lo anterior es inconsistente con el Plan Fiscal Certificado y con la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", por lo que procede su derogación.
En el esfuerzo constante por dotar a la sociedad puertorriqueña contemporánea de una legislación dinámica y funcional en los ámbitos esenciales de la vida diaria, esta Asamblea Legislativa aprueba la presente medida para simplificar, mejorar y revitalizar la Ley 22-2000. Con esta medida, se cumple con lo dispuesto en el Plan Fiscal mientras se establece una reglamentación ordenada y eficiente en materia de vehículos y tránsito,
respondiendo así a las necesidades del pueblo, simplificando sus gestiones gubernamentales en esta importante área pero fortaleciendo las sanciones en cuanto a aquellas violaciones de ley que presentan grave riesgo a la seguridad pública. De esta forma se facilita la vida diaria en este aspecto fundamental y se fortalece la seguridad pública, al tiempo que se mejora la calidad de vida.
Aunque son muchos los obstáculos que debemos superar en el camino hacia la recuperación definitiva, hay esperanza y optimismo en nuestra gente. Hay un nuevo amanecer en nuestra patria y no podemos defraudar a Puerto Rico. Tenemos que aprovechar este momento para enfrentar los retos, y procurar los grandes cambios que Puerto Rico necesita. Debemos enfrentar la crisis como un gran reto, que podemos traducir en grandes oportunidades. Ese es el desafío que nos puede llevar a edificar una sociedad más justa, digna y progresista. Por ello, la Ley 7-2017 realiza el más importante paso para la recuperación económica, social y política de Puerto Rico al encaminar un proceso de descolonización inmediata de la Isla.
Ahora damos inicio a un proceso para transformar el Gobierno en uno más eficiente, rehabilitando sus finanzas y recobrando la confianza y la credibilidad perdida. Nos encaminamos a tener un Gobierno que elimine los gastos perdidosos. Un gobierno más ágil, que te pueda rendir cuentas. Un gobierno donde cada dólar de contribución se vea en acción y servicios al Pueblo. Ahora nos levantamos con más fuerza que nunca, para vivir en una sociedad donde las oportunidades estén accesibles para cada hijo de esta tierra y donde todos estemos orgullosos de haber cumplido con nuestra patria.
Sección 1.-Se deroga el Capítulo II de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo II, que leerá como sigue:
Artículo 2.01.-Regla básica. No podrá transitar por las vías públicas ningún vehículo, vehículo de motor, arrastre o semiarrastre que no esté debidamente autorizado para ello por el Secretario, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. Quedan exceptuados de las disposiciones de este Artículo los vehículos pertenecientes al Gobierno de los Estados Unidos de América.
Artículo 2.02.-Certificados de título; registros y archivos.
El Secretario expedirá certificados de título para todo vehículo de motor, arrastre o semiarrastre en Puerto Rico, y mantendrá un Registro de todos los certificados expedidos. Además, organizará y conservará cualesquiera índices o registros que le faciliten ordenar la información sobre los vehículos de motor, arrastre o semiarrastre de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, de leyes fiscales o de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como la "Ley de Servicio Público de Puerto Rico".
Artículo 2.03.-Autorización y expedición de certificados de título. No se inscribirá, por primera vez ni se expedirá certificado de título a ningún vehículo de motor si el solicitante, o la persona que hubiere vendido el vehículo de motor, no presentare un recibo o documento acreditativo de haberse pagado al Secretario de Hacienda los correspondientes arbitrios, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico y en cualquier otra legislación aplicable.
Cuando un vehículo de motor fuere vendido en Puerto Rico para ser entregado en cualquier estado u otro territorio de los Estados Unidos o en cualquier país extranjero, el comprador podrá inscribirlo en Puerto Rico cumpliendo con los requisitos establecidos en ley, siempre que preste fianza al Secretario de Hacienda por el importe de los arbitrios que deberá pagar el vehículo de motor cuando se introduzca a Puerto Rico.
Ninguna persona podrá introducir en Puerto Rico vehículo de motor alguno, sin la documentación correspondiente que pruebe la titularidad del mismo, según se dispone más adelante. Ningún vehículo de motor podrá ser retirado de los muelles luego de su llegada a Puerto Rico, si la persona que lo introduce no presenta el documento de titularidad. En ambos casos, el Secretario podrá autorizar el retiro de un vehículo de motor de los muelles, según se dispone en el Artículo 2.09 de esta Ley.
Artículo 2.04.-Prueba de titularidad de los vehículos de motor.
(a) Los siguientes documentos constituirán prueba de titularidad de los vehículos o vehículos de motor nuevos: (1) Factura del vendedor autentificada por un notario público, si la transacción se efectuó fuera de Puerto Rico. (2) Documento de origen (manufacturer's statement of origin) expedido por el fabricante.
(3) Cualquier otro documento que a juicio del Secretario sea suficiente para probar la titularidad del vehículo o vehículo de motor, según se establezca mediante reglamento.
(b) Los siguientes documentos constituirán prueba de titularidad de vehículos de motor usados: (1) Título de propiedad, para aquellos casos en que el vehículo o vehículo de motor proviene de un estado o país que utiliza el sistema de título. Dicho documento deberá mostrar, sobre su faz, el nombre del solicitante, así como indicar si el título fue transferido y si existe o existía un gravamen. En caso de gravamen, éste deberá aparecer cancelado, o en su defecto, deberá incluir una certificación de la entidad que financió la compra del vehículo o vehículo de motor, haciendo constar su autorización para que el vehículo o vehículo de motor fuera trasladado a Puerto Rico. En caso de no tener el título, deberá tramitar una solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia para la autorización de la inscripción con notificación al Ministerio Público y al Departamento. (2) Documento de registro, con el sello del Estado y el documento de compraventa (bill of sale) reconocido ante notario, cuya firma esté autenticada, para aquellos casos en que el vehículo proviene de un Estado o país que no utiliza el sistema de título. (3) Documento de subasta pública que identifique debidamente al subastador autorizado. (4) Certificado de cesión (certificate of release). (5) Documento de compraventa de la compañía de seguro. (6) Cualquier otro documento, que a juicio del Secretario, sea suficiente para probar la titularidad del vehículo o vehículo de motor, según se establezca mediante reglamento.
Artículo 2.05.-Registro de vehículos.
(a) El Secretario establecerá y mantendrá un registro actualizado de todos los vehículos de motor, arrastres o semiarrastres autorizados a transitar por las vías públicas. Para tal propósito, extenderá a cada vehículo de motor, arrastre o semiarrastre inscrito, una identificación exclusiva que consistirá
del número de identificación o serie del vehículo o del vehículo de motor, previamente asignado por el manufacturero, así como aquel otro número que entienda apropiado el Secretario.
(b) El Secretario deberá mantener actualizados sus registros en caso de venta o traspaso de algún vehículo de motor, arrastre, semiarrastre o camión a los fines de que el marbete de este concuerde con la tablilla expedida al propietario del vehículo adquirido. Además, deberá notificar a la Administración de Suscripción Conjunta de Seguro Obligatorio, así como a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos sobre cualquier cambio o actualización del número de tablilla con el marbete.
(c) Con relación a los vehículos o vehículos de motor, el registro contendrá la siguiente información: (1) Descripción del vehículo o vehículo de motor, incluyendo: marca, modelo, color, tipo, caballos de fuerza de uso efectivo, número de serie y el número de identificación del vehículo o del vehículo de motor. (2) Nombre, dirección residencial y postal, y número de seguro social de su dueño y/o conductor certificado. (3) Cualquier acto de enajenación o gravamen relacionado con el vehículo o vehículo de motor o su dueño y/o conductor certificado. (4) Identificación o tablilla concedida al propietario del vehículo o vehículo de motor. (5) Uso autorizado. (6) Derechos anuales de licencia pagados. (7) Cualquier otra información necesaria para darle efecto a las disposiciones de esta Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables.
(d) Con relación a los arrastres o semiarrastres el registro contendrá la siguiente información: (1) Identificación concedida al arrastre o semiarrastre.
(2) Información sobre el dueño y/o conductor certificado, incluyendo su dirección y número de seguro social. (3) Gravámenes, características, uso autorizado, así como cualquier información necesaria para darle efecto a las disposiciones de esta Ley, de leyes fiscales o de servicio público, de cualesquiera otras leyes aplicables, o que a juicio del Secretario sea conveniente o necesario incluir, según se establezca mediante reglamento.
(e) Todo propietario de vehículo de motor tendrá que notificar al Secretario, así como a la compañía aseguradora del vehículo, de todo cambio de color o carrocería realizado a dicho vehículo que altere su aspecto, dentro de los treinta (30) días de llevado a cabo tales cambios. Para propósitos de cumplir con esta notificación bastará con que se envíe por correo certificado al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas copia de un informe del taller donde se realizó el cambio, de la factura o del recibo otorgado por el taller o una declaración del individuo que realizó el cambio. El incumplimiento de esta disposición implicará falta administrativa, que conllevará una multa de quinientos (500) dólares.
(f) Todo propietario deberá utilizar cada tablilla en aquel automóvil en que esté registrada y no podrá colocarla en cualquier otro vehículo de su pertenencia. En caso de venta, donación o cesión del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, el propietario de la tablilla deberá notificar al Secretario en cinco (5) días laborables en cuál vehículo de motor, arrastre o semiarrastre va a utilizar la tablilla. El cambio de la tablilla se retrotraerá y hará efectivo a la fecha de la venta. El incumplimiento de estas disposiciones implicará falta administrativa, que conllevará una multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 2.06.-Solicitudes de inscripción, expedición de certificación o cambio de dirección.
(a) Toda solicitud de inscripción de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre en el registro, así como cualquier solicitud de expedición de certificado de título, se realizará en el formulario que a tal fin provea el Secretario. En el mismo, se consignará toda aquella información necesaria para la debida inscripción o expedición de título de los vehículos de motor o arrastres, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
(b) Todo dueño de vehículo de motor, arrastre o semiarrastre inscrito vendrá obligado a informar, por escrito, al Secretario cualquier cambio de dirección, dentro de los treinta (30) días siguientes a dicho cambio,
utilizando para ello el formulario que para tal fin provea el Secretario. El incumplimiento de este inciso implicará falta administrativa que conllevará una multa de cien (100) dólares.
Artículo 2.07.-Vehículos pesados de motor. Toda solicitud de inscripción de un vehículo pesado de motor con o sin arrastre o semiarrastre, vehículos de motor comercial, camiones livianos y camiones pesados, así como el permiso de los mismos que se expida por el Secretario, deberá expresar el peso del vehículo descargado y la capacidad máxima de carga, de acuerdo con sus especificaciones de fábrica o según sea dispuesto por el Secretario mediante reglamento. Esta información deberá consignarse, además, en el lado izquierdo y derecho de todo vehículo pesado de motor.
Constituirá falta administrativa, que conllevará multa de mil $(1,000)$ dólares, el declarar una capacidad menor o mayor que aquella para la cual está autorizado de acuerdo con sus especificaciones de fábrica o según sea dispuesto por el Secretario mediante reglamento. Se exceptúa de esta disposición a los remolcadores o tractores, los cuales deberán indicar solamente el peso de la unidad, según el documento del manufacturero.
Artículo 2.08.-Camiones. Para identificar los camiones fabricados para la transportación de agregados se le asignará al propietario de los mismos una tablilla distinta cuya numeración comenzará con las letras "TA" y seguida por cuatro números. Cada tablilla, a su vez, será identificada con una de las siguientes categorías, según aplique:
(a) Camión de Volteo
(b) Camión Remolcador
(c) Vagoneta
Artículo 2.09.-Registro provisional de vehículos. El Secretario establecerá un registro provisional de los vehículos que estarán autorizados a transitar por las vías públicas por un periodo que no excederá de tres (3) meses, sin necesidad de cumplir con el requisito del documento de titularidad a que hace referencia el Artículo 2.03 de esta Ley.
Los dueños de los vehículos, así registrados, deberán presentar el documento de titularidad durante dicho periodo de tres (3) meses. Una vez transcurrido dicho periodo, sin haberse cumplido el mencionado requisito, el vehículo no podrá transitar por las vías públicas. El conductor de cualquier vehículo que transitare por las vías públicas, expirado el término de tres (3) meses que establece este Artículo y que hubiere incumplido con el requisito de presentación del documento de titularidad, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares.
Ningún vehículo podrá ser registrado sin que se hayan pagado antes los correspondientes arbitrios, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico y cualesquiera otras leyes fiscales aplicables.
Artículo 2.10.-Registro de vehículos todo terreno. El Secretario establecerá y mantendrá un registro actualizado de todos los vehículos todo terreno que se vendan en Puerto Rico. Para tal propósito, extenderá a cada vehículo todo terreno una identificación exclusiva que consistirá del número de identificación o serie del vehículo, previamente asignado por el manufacturero así como aquel otro número que entienda apropiado el Secretario. El registro incluirá, además de la información siguiente: (1) Descripción del vehículo todo terreno, incluyendo: marca, modelo, color, tipo, caballos de fuerza de uso efectivo, número de serie y número de motor. (2) Nombre, dirección residencial y postal, y número de licencia de conducir de su dueño. (3) Cualquier acto de enajenación o gravamen relacionado con el vehículo todo terreno o su dueño. (4) Número de Identificación concedida al vehículo todo terreno. (5) Cualquier otra información necesaria para darle efecto a las disposiciones de esta Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables.
Toda persona que se encuentre en posesión de un vehículo todo terreno que no se encuentre debidamente registrado, que no tenga el número de identificación visible, que el sello haya sido mutilado o alterado, o que el sello que contenga dicho número de identificación que se adherirá al vehículo todo terreno y que sea provisto por el Secretario que no esté vigente, incurrirá en delito menos grave y, convicto que fuere, será sancionado con multa de quinientos (500) dólares.
Cualquier agente del orden público podrá confiscar un vehículo todo terreno, con arreglo a las disposiciones de la Ley 119-2011, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011", cuando el mismo no se encuentre debidamente registrado, no tenga el número de identificación visible, el sello que contenga dicho número de identificación que se adherirá al vehículo todo terreno y que sea provisto por el Secretario no esté vigente, o cuando el sello haya sido mutilado, falsificado, alterado, o imitado.
Artículo 2.11.-Registro de motocicletas antiguas, clásicas o clásicas modificadas. El Secretario establecerá y mantendrá un registro actualizado de todas las motocicletas antiguas, clásicas o clásicas modificadas que se encuentren en Puerto Rico. Para tal propósito, extenderá a cada propietario de motocicletas antiguas, clásicas o clásicas modificadas una tablilla o placa especial, según establecido en el Artículo 2.30 de esta Ley, y mantendrá en el mismo la siguiente información: (1) Descripción de las motocicletas antiguas, clásicas o clásicas modificadas, incluyendo: marca, modelo, color, tipo, caballos de fuerza de uso efectivo, número de serie y el número de identificación del vehículo. (2) Nombre, dirección residencial y postal, y número de licencia de conducir de su dueño. (3) Número de tablilla o placa especial. (4) Cualquier otra información necesaria para darle efecto a las disposiciones de esta Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables, que se establezcan por reglamento.
Artículo 2.12.-Facultad del Secretario para reglamentar. El Secretario tendrá la facultad para reglamentar todo lo concerniente al proceso para inscribir en el registro de la DISCO, de forma provisional o final, cualquier vehículo, vehículo de motor, motora, vehículo todo terreno, arrastre o cualquier otro cuyo registro se disponga por esta Ley.
Se autoriza al Secretario a determinar, por reglamento, la cantidad que deberá pagar un peticionario por la anotación de cualquier gravamen en el Registro de Vehículos de Motor y Arrastres del Departamento.
El Secretario podrá autorizar el recibo o expedición de cualquier documento requerido o permitido bajo las disposiciones de esta Ley, en español o
inglés, de acuerdo con su determinación de las necesidades o los mejores intereses del Departamento o sus usuarios, o a la solicitud de la parte interesada, según se disponga mediante reglamento el cual dispondrá también sobre los derechos a pagarse por dicho trámite.
Artículo 2.13.-Certificado de título y permiso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres.
Una vez aceptada la inscripción de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre el Secretario le expedirá al dueño, previo el pago de los derechos correspondientes, un certificado de título en el cual se hará constar la fecha de su expedición, número de título asignado, nombre y dirección, física y postal, y número de seguro social del dueño, nombres y direcciones de las personas con gravámenes sobre dicho vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, y una descripción completa del mismo, incluyendo marca, modelo y número de identificación del vehículo (vehicle identification number o VIN), así como cualquier otra información que el Secretario estime conveniente o necesaria para identificar los mismos para su inscripción. Este certificado se conocerá como el certificado de título del vehículo, según sea el caso. Toda transacción relacionada con la titularidad del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre se hará al dorso del certificado, previa cancelación de los gravámenes que puedan existir y con los derechos correspondientes. El Secretario proveerá en el reverso del certificado de título, un formulario para la formalización del traspaso o reasignación del mismo, a tenor con los requisitos establecidos en esta Ley.
Además del certificado de título, a solicitud del titular del vehículo, el Secretario emitirá un permiso del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre el cual constituirá la autorización para transitar por las vías públicas de Puerto Rico, previo el pago de los derechos correspondientes. Este permiso impreso, fotocopia legible del mismo, o en tarjeta digitalizada, será llevado continuamente en el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, o portado por la persona que lo conduzca. La fotocopia legible o en tarjeta digitalizada del permiso no será válida para efectuar transacciones de los vehículos.
El permiso concedido a los vehículos de motor, arrastre o semiarrastre para transitar por las vías públicas, tendrá una fecha de expedición y de expiración.
Artículo 2.14.-Renovación de autorización de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres.
A solicitud del dueño de cualquier vehículo de motor, arrastre o semiarrastre y previo el pago de los derechos correspondientes, el Secretario podrá renovar el permiso a ese vehículo de motor, arrastre o semiarrastre. Procederá, de
igual forma, la expedición de un nuevo permiso cuando el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre cambie de dueño, cuando se altere el uso para el cual se autorizó originalmente su tránsito por las vías públicas, o cuando expire el término para el cual fue expedida originalmente la autorización. En todas las situaciones antes mencionadas, será deber del Secretario expedirle un certificado de título a aquellos vehículos de motor, arrastre o semiarrastre que no lo tuvieren por haber sido inscritos en el Registro de Vehículos de Motor, Arrastres o Semiarrastres con anterioridad al 10 de julio de 1987, el cual será el único documento válido para poder efectuar el traspaso de titularidad de éstos.
El Secretario deberá mantener un sistema de registro escalonado para el pago de permiso para transitar por las vías públicas, de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres inscritos en el registro de vehículos de motor. Dicho sistema se diseñará de forma tal que cada año deban renovarse y pagarse los derechos de permiso en el mismo mes que el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre haya sido inscrito por primera vez en el registro. Cuando dicha fecha coincida con un día no laborable, la fecha de renovación y pago de los derechos de registrarse vencerá el próximo día laborable. El Secretario excluirá del sistema escalonado los vehículos de motor, arrastres o semiarrastre pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios, y podrá exceptuar otras categorías de vehículos de motor, arrastres o semiarrastre cuando lo considere conveniente o necesario, mediante reglamento al efecto.
Durante el último mes antes de la fecha de expiración del permiso, podrán transitar portando los permisos y tablillas del año próximo, aquellos vehículos de motor, arrastres o semiarrastre cuyos dueños los hubieren obtenido del Secretario, pero toda gestión relacionada con las disposiciones de esta Ley que hiciese necesario el uso del permiso, se llevará a cabo usando el vigente, el cual no será descartado hasta terminar la vigencia del mismo. Lo dispuesto en este párrafo no aplicará para la formalización del traspaso de titularidad, que se hará en el certificado de título.
Artículo 2.15.-Permiso provisional para transitar a vehículos de motor, arrastres o semiarrastre importados para la venta.
Con anterioridad a la inscripción de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre ya sea nuevo o usado, el Secretario podrá autorizar el tránsito del mismo por las vías públicas mediante un permiso provisional.
El permiso provisional será válido hasta la tramitación final de la inscripción del vehículo de motor en el Departamento, el cual no excederá de trece (13) meses, y será portado continuamente en el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre. Será obligación del vendedor indicar la fecha de venta en el espacio
que para tal fin, se disponga en el permiso provisional e inscribir en el Departamento el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre vendido dentro de los quince (15) días de efectuada la venta. Expirado dicho término, no podrá dicho vehículo de motor, arrastre o semiarrastre transitar por las vías públicas, si no ha sido inscrito en el Departamento.
Los permisos provisionales serán autorizados únicamente a aquellos vehículos de motor, arrastres o semiarrastre nuevos o usados que sean importados o destinados para la venta y que no hubieran sido registrados previamente en Puerto Rico, y en aquellas otras circunstancias autorizadas por esta Ley. Conjuntamente con el permiso provisional, el Secretario autorizará las tablillas correspondientes, las cuales podrán ser usadas durante la vigencia del permiso, sujeto a sus términos.
El Secretario determinará y promulgará mediante reglamento, bajo las disposiciones de esta Ley y en coordinación con el Secretario de Hacienda, todo lo concerniente a la expedición, características, duración y uso de los permisos provisionales y tablillas correspondientes.
Cuando un vehículo de motor nuevo o usado sea adquirido por un concesionario de la Comisión para dedicarlo al servicio público, podrá transitar con la autorización para sustituir que le haya expedido dicha Comisión. Dicha autorización le servirá de permiso provisional hasta la tramitación final de la sustitución en el Departamento.
Artículo 2.16.-Licencias para Concesionarios y Distribuidores de Vehículos de Motor, Arrastres y Semiarrastres. (A) Toda persona que desee dedicarse total o parcialmente a la venta de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres al detal y venda como parte de una empresa, comercio, concesionario, dealer o negocio, vehículos de motor, arrastres o semiarrastres con ánimo de lucro, deberá solicitar y obtener del Secretario un certificado que se conocerá como Licencia de Concesionario de Vehículos de Motor, Arrastres y Semiarrastres. Toda solicitud al efecto deberá hacerse en el formulario que para ese fin autorice el Secretario, excluyéndose expresamente de esta clasificación los concesionarios especiales a que se refiere el Artículo 2.17 de esta Ley.
Una vez aprobada la solicitud, el Secretario expedirá la Licencia de Concesionario de Vehículos de Motor, Arrastres y Semiarrastres, asignándole un número que identifique al concesionario.
(B) Toda persona que desee importar, directamente del manufacturero o fabricante, vehículos de motor, arrastres o semiarrastres para la venta al por mayor a concesionarios, deberá solicitar y obtener del Secretario un certificado que se conocerá como Licencia de Distribuidor de Vehículos de Motor, Arrastres y Semiarrastres. Toda solicitud al efecto deberá hacerse en el formulario que para ese fin autorice el Secretario.
Una vez aprobada la solicitud el Secretario expedirá la Licencia de Distribuidor de Vehículos de Motor, Arrastres y Semiarrastres asignándole un número que identifique al distribuidor. (C) De acuerdo a las necesidades de la seguridad pública y las disposiciones de esta Ley, y con el fin de que el Secretario conozca todas las transacciones que realicen los distribuidores y concesionarios de vehículos de motor, arrastres o de semiarrastres se autoriza al Secretario para establecer mediante reglamentación los requisitos necesarios para obtener, renovar y conservar las licencias de distribuidores y concesionarios de vehículos, arrastres y semiarrastres, las cuales serán revocables o suspendidas por el Secretario previa celebración de vista. (D) Todo concesionario o distribuidor de vehículos de motor, arrastres o semiarrastre que posea vehículos que de otra forma estuvieren sujetos a inscripción en el Registro de Vehículos de Motor, Arrastres y Semiarrastre, podrá operar o mover dichos vehículos por las vías públicas únicamente para fines de transportación desde el lugar de arribo a Puerto Rico hasta el lugar de negocios del concesionario o el distribuidor, o para fines de reparación y mejoras, sin el requisito de inscribir dichos vehículos, sujeto a las condiciones que por reglamento disponga el Secretario. Será deber de la persona que está operando un vehículo en estas circunstancias portar una copia de la autorización conferida por el Secretario, según éste lo haya dispuesto por reglamento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8 de la "Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular", Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, será deber de todo distribuidor o concesionario, a requerimiento del Secretario, ofrecerle la información descriptiva de todo vehículo de motor que se introduzca a Puerto Rico. (E) El Secretario o su representante autorizado determinará la cantidad de tablillas especiales que asignará a todo concesionario de ventas de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres para asegurar el desempeño adecuado y responsable de sus gestiones. Todo concesionario de ventas de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres mantendrá un registro de los
vehículos a los que se les hubiere asignado las tablillas especiales, así como el período en que fueron usadas las tablillas, indicando claramente las fechas pertinentes. Dicho registro estará abierto a inspección por oficiales del Departamento o agentes de la Policía. (F) Toda persona que, con ánimo de lucro, se dedicare total o parcialmente a la venta de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres al detal, y que así lo haga, como parte de una empresa, comercio, dealer o negocio, deberá proveerle una declaración de que no pesa sobre el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, ninguna carga o gravamen ni impuesto, deuda o sanción de multa administrativa pendiente de pago a la fecha de la firma del contrato de compraventa, quedando obligado, en caso contrario, a satisfacer dicha carga, gravamen, impuesto, deuda o sanción de multa administrativa, librando así al comprador de la misma. A tono con lo anterior, el Departamento de Transportación y Obras Públicas queda facultado para emitir a los concesionarios autorizados bajo los incisos (A) y (B) de este Artículo certificaciones que indiquen si, según los registros del Departamento, pesa alguna carga, gravamen, impuesto, deuda o multa administrativa pendiente de pago. (G) Toda persona que violare cualesquiera de las disposiciones contenidas en este Artículo incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses, o pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.
Artículo 2.17.-Concesionarios especiales. Toda persona que desee dedicarse total o parcialmente a labores de compra, rescate, salvamento, reparación, reconstrucción y venta en cantidades limitadas de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres accidentados, deberá solicitar y obtener del Secretario un certificado o licencia de concesionario especial, utilizando para ello los formularios que para tales fines autorice el Secretario.
El Secretario adoptará y promulgará la reglamentación necesaria para la expedición, supervisión y revocación de tales licencias, disponiendo, entre otras cosas, la cantidad máxima de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres que podrán salvar, reparar, reconstruir y vender anualmente dichos concesionarios especiales; la cual nunca podrá ser mayor de doce (12) vehículos de motor, arrastres o semiarrastres al año, así como todo lo relacionado con el otorgamiento de licencias y supervisión por el Secretario de tales licencias, las cuales serán revocables por éste, incluyendo los requisitos necesarios para obtener, renovar y conservar las licencias, y los fundamentos y procedimientos para denegar,
suspender y revocar las mismas. El Secretario podrá suspender sumariamente la licencia o autorización concedida para ello cuando se viole cualquiera de las disposiciones que por reglamento éste establezca.
Previo la expedición de la licencia de concesionario especial, la persona deberá proveer al Secretario evidencia de que está suscrito a un servicio de información de historial vehicular. Todo concesionario especial que a la aprobación de esta Ley tenga licencia vigente deberá presentar al Secretario, en un término no mayor de treinta (30) días la evidencia de que está suscrito a un servicio de información vehicular. El informe de historial vehicular deberá ser ofrecido a los clientes libre de costo al momento en que el cliente solicita información del vehículo que interesa comprar.
Toda persona que violare cualesquiera de las disposiciones contenidas en este Artículo incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses, o pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.
Artículo 2.18.-Fundamentos para denegar autorización para transitar a un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre.
El Secretario, previa notificación por escrito al solicitante expresando la causa, rehusará la inscripción de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres en el registro o la renovación de los permisos ordinarios o provisionales de los mismos, en los siguientes casos:
(a) Cuando dicha inscripción o renovación resultare en la violación de las disposiciones de esta Ley, leyes fiscales o de las leyes de servicio público y sus reglamentos.
(b) Cuando la información suministrada en la inscripción o renovación fuese falsa, fraudulenta o insuficiente, o no se hubiese cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley para la inscripción de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres.
(c) Cuando no se hubiesen pagado los derechos de inscripción o renovación de los permisos ordinarios o provisionales de vehículos de motor o arrastre.
(d) Cuando a juicio del Secretario el vehículo de motor se encontrare en condiciones mecánicas que constituyan una amenaza para la seguridad pública, según se disponga mediante reglamentación al efecto.
(e) Cuando el Secretario tenga motivo razonable para creer que el vehículo de motor o arrastre ha sido hurtado o adquirido ilegalmente, o alterado, o que la concesión de su inscripción o renovación constituiría un fraude contra otra persona que tuviere un derecho, interés o gravamen válido sobre dicho vehículo.
Artículo 2.19.-Expedición y Uso de Tablillas de Vehículos de Motor, Arrastres o Semiarrastres.
El Secretario expedirá, conjuntamente con el permiso del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, las tablillas correspondientes adscritas a los propietarios, en los siguientes casos:
(a) Cuando se inscriba el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre.
(b) Al renovarse el permiso del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre.
(c) Cuando se altere el uso para el cual se autorizó a transitar el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, si esta Ley o cualquier otra ley requiriese una identificación especial para el nuevo uso que se autoriza.
(d) Cuando en un traspaso de vehículo de motor, arrastre o semiarrastre el adquirente no posea tablilla.
Artículo 2.20.-Contenido, características y exhibición de las tablillas. Toda tablilla llevará sobre su superficie el número del permiso asignado al vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, según dispuesto en esta Ley. El Secretario queda autorizado para determinar mediante reglamento el diseño, tamaño, colores, composición y otros detalles físicos de las tablillas, así como la cantidad de tablillas que utilizarán los diferentes vehículos.
Las tablillas serán fijadas horizontalmente y en forma visible en la parte posterior de todo vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, incluyendo motocicletas, y deberá quedar alumbrada de noche por una luz incolora colocada en el vehículo para ese fin y que permita distinguir su número de permiso, aun cuando el vehículo se encuentre en movimiento. La violación a este Artículo constituirá falta administrativa que será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 2.21.-Pérdida del permiso o tablilla. Cuando el permiso o la tablilla de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre se perdiere, fuere hurtada o destruida, el dueño del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre podrá solicitar un nuevo permiso o licencia presentando una declaración jurada exponiendo detalladamente las circunstancias de la pérdida, hurto o destrucción. El Secretario podrá expedirle un duplicado del permiso o extenderle una nueva tablilla, según fuere el caso, si la declaración cumple con los requisitos que establezca el Secretario mediante reglamento. Entendiéndose, no obstante, que será responsabilidad del dueño registral notificar previamente al acreedor de todo gravamen pendiente de pago.
La concesión de un nuevo permiso o tablilla invalidará el anterior. Si apareciere el permiso o la tablilla perdida o robada, será deber de la persona que la hallare entregarla en un cuartel de la Policía o al CESCO.
Artículo 2.22.-Obligación de devolver el permiso o tablilla. Todo permiso o tablilla que expida el Secretario al propietario del vehículo, excepto la tablilla personalizada, se considerará propiedad del Departamento y será deber de toda persona a cuyo nombre se haya expedido el mismo, devolverla al Secretario cuando el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre para el cual se haya expedido vaya a ser usado exclusiva y permanentemente en una propiedad privada, cuando se haya abandonado por inservible, o cuando se haya dispuesto del mismo como chatarra.
La devolución del permiso o tablilla deberá hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes de ocurrida cualquiera de dichas eventualidades. Además de recibir la tablilla, será responsabilidad del Secretario certificar de que la misma no tiene ningún gravamen, y de tenerlo, que el mismo fue cancelado.
Artículo 2.23.-Expedición de tablillas a personas víctimas y testigos de delito. El Secretario expedirá inmediatamente una nueva tablilla al propietario del vehículo con número diferente a cualquier persona que la solicite y que haya sido víctima de algún delito sexual, de violencia doméstica o de acecho, en aquellos casos que sea necesario para la seguridad de la persona.
La expedición de la nueva tablilla se hará, sujeto a las siguientes condiciones:
a) Certificado de título del vehículo que evidencie que éste le pertenece a la víctima o, si la víctima es menor de edad, el título del vehículo debe estar a nombre de su padre, tutor o custodio legal. b) Licencia de conducir o alguna otra identificación con foto de la víctima o, si la víctima es menor de edad, licencia de conducir o alguna otra identificación con foto de su padre, tutor o custodio legal que sea el propietario del vehículo. c) Entrega de la tablilla vigente. d) Evidencia acreditativa de que la persona que tiene título de propiedad sobre el vehículo, o un menor de edad bajo su custodia legal, ha sido víctima de algún delito sexual, violencia doméstica y/o acecho. A los fines de cumplir con este requisito, bastará con presentar copia de una querella policial, denuncia, orden de protección expedida por un Tribunal, sentencia de convicción emitida por un Tribunal, declaración jurada o cualquier otro documento que el Secretario establezca mediante reglamento.
El Secretario establecerá y mantendrá aquellos registros y archivos que sean necesarios para mantener la identificación adecuada y el control de tablillas que se expidan y de los vehículos que la portan, incluyendo la información pertinente en el registro oficial del vehículo de motor correspondiente.
El Secretario podrá revocar o cancelar la autorización de expedición de las tablillas que se indican en este Artículo en caso de incumplimiento con las disposiciones aquí establecidas, según se disponga mediante reglamento.
En los casos de víctimas o testigos que estén protegidos conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Testigos y Víctimas", a solicitud del Secretario de Justicia o su representante, el Secretario expedirá inmediatamente una nueva tablilla con número diferente a la víctima o testigo bajo protección.
Para la expedición de la referida tablilla no se cancelará comprobante alguno de rentas internas.
De estar gravado el vehículo, el gravamen se transferirá y anotará a la nueva tablilla. El Secretario establecerá un procedimiento que garantice la confidencialidad de la víctima para notificar el cambio de tablilla al acreedor con gravamen sobre el vehículo, a la Administración de Compensación por Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y a la Administración de Suscripción Conjunta (ASC).
Artículo 2.24.-Identificaciones para miembros de la prensa general activa. El Secretario expedirá un rótulo removible a un miembro bona fide de la prensa general activa, debidamente acreditado como tal ante el Departamento de Estado de Puerto Rico, para que identifique el vehículo de motor que sea utilizado en el desempeño de sus gestiones como miembro de la prensa general activa.
La expedición de este rótulo removible se hará en cumplimiento con las siguientes reglas:
(a) El rótulo removible será diseñado por el Secretario de forma tal, que pueda ser exhibido desde el interior de un vehículo.
(b) El rótulo removible tendrá impreso la fecha de expedición, el número de identificación del rótulo removible, la foto del miembro de la prensa, la firma del Secretario y cualquier otra información que éste estime pertinente.
(c) En el caso de las agencias o empresas noticiosas, los vehículos deberán estar debidamente rotulados.
(d) El uso del mencionado rótulo removible en las vías públicas de Puerto Rico queda autorizado únicamente durante el período de vigencia del mismo, con el fin de facilitar el estacionamiento de su vehículo de motor mientras esté en gestiones oficiales, permitiendo así el desempeño de sus funciones sin dilaciones.
(e) El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente a la expedición, uso, renovación y cancelación de dichos rótulos removibles.
(f) Todo miembro de la prensa general activa a quien el Secretario expida un rótulo removible, vendrá obligado a devolverlo al Secretario cuando cesare en sus funciones o perdiese su acreditación como miembro de la prensa general activa. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la cancelación de la autorización para el uso del rótulo removible.
(g) Toda persona que exhiba un rótulo removible para miembros de la prensa general activa sin estar autorizado para ello, incurrirá en delito menos grave y convicto que fuera será sancionada con pena de multa no menor de doscientos (200) dólares y no mayor de quinientos (500) dólares.
(h) Para la expedición de los referidos rótulos removibles se cancelará un comprobante de rentas internas de veintidós (22) dólares.
Artículo 2.25.-Expedición de permisos autorizando estacionar en áreas designadas para personas con impedimentos.
El Secretario expedirá permisos para estacionar en áreas designadas para personas con impedimentos en forma de rótulos removibles, a toda persona cuyo impedimento permanente o de duración indefinida le dificulte el acceso a lugares o edificios por estar limitada sustancialmente en su capacidad de movimiento, con sujeción a las siguientes normas:
(a) No se expedirá permiso de estacionamiento a favor de personas que no hayan cumplido dieciocho (18) meses de edad, excepto en aquellas condiciones donde el solicitante requiere el uso de ventilador portátil o silla de posicionamiento.
(b) El Secretario, previa coordinación y consulta directa con el Defensor de las Personas con Impedimentos, establecerá los procedimientos para la certificación y velará por el fiel cumplimiento de este capítulo.
(c) Podrá solicitar el referido rótulo removible, sujeto a la reglamentación que a tales fines promulgue el Secretario, previa coordinación y consulta directa con el Defensor de las Personas con Impedimentos y tomando en consideración todos los requisitos establecidos por el Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Public Law 104-191, toda persona que tenga una condición física permanente que dificulte sustancialmente su movilidad de manera permanente o le ocasione dificultades para ganar acceso libremente a lugares o edificios de manera permanente, por padecer alguna de las condiciones que se enumeran más adelante, así como a toda persona que tenga la custodia legal de dependientes cuya movilidad se vea limitada o cuya condición requiera de una estrecha supervisión por tener cualquiera de las condiciones que se enumeran a continuación: (1) Parálisis total y permanente de las extremidades inferiores, anquilosis de alguna de las articulaciones mayores u otra condición permanente que no le permita moverse con facilidad o que requiera para su ambulación el uso permanente de una silla de ruedas o equipo asistivo. (2) Parálisis parcial de cualquier extremidad inferior que requiera para su ambulación, por lo menos, el uso de abrazaderas o equipo asistivo. (3) Amputación de una o ambas extremidades inferiores.
(4) Hemiplégicos que requieran para su ambulación equipo asistivo. (5) Condiciones pulmonares severas que limiten la capacidad vital en un sesenta por ciento ( $60 %$ ) o más. (6) Fallos renales crónicos severos que requieran tratamientos de hemodiálisis o diálisis peritoneal un mínimo de dos (2) veces por semana. (7) Condiciones cardiovasculares grado III-C en adelante. (8) Implantación de prótesis de tobillo, cadera o rodilla que afecte severa o permanentemente la ambulación. (9) Lesiones o secuelas de cirugías en la columna vertebral en las cuales quede deficiencia neuromuscular severa o permanente que limite la ambulación. (10) Deformidades congénitas, adquiridas y secuelas de cirugía de cualquiera de las articulaciones de las extremidades inferiores que limiten marcadamente la ambulación. (11) Condiciones de claudicación intermitente y periferovascular que afecten marcadamente la ambulación. (12) Ceguera total o ceguera legal que se define como agudeza visual corregida de 20/200 o tener un campo visual menor de veinte grados $\left(20^{\circ} ight)$ en su diámetro más ancho. (13) Lesiones al sistema nervioso central periférico que afecten severa o permanentemente la ambulación. (14) Autismo. (15) Xeroderma pigmentoso, conocido también como "Síndrome De Sanctis-Cacchione". (16) Síndrome de Down en su modalidad severa. (17) Retraso mental en su modalidad severa. (18) Condiciones de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide previo examen clínico
que determine incapacidad de ambulación severa o permanente. El examen clínico será realizado por un médico fisiatra o reumatólogo. (19) Obesidad mórbida, cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) sea de cuarenta (40) o más, previo examen clínico que determine incapacidad de ambulación severa o permanente. (20) Enanismo.
(d) Aquellas instituciones públicas o privadas, con o sin fines pecuniarios, que se dediquen al cuido o transportación de personas con impedimentos físicos, utilizarán el rótulo removible de la persona que estén cuidando o transportando, mientras estén realizando dicha acción. Esta disposición no se aplicará a los vehículos de programas especiales de transportación de personas con impedimentos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de cualquier otra entidad o agencia Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los municipios.
(e) Merecerán entera fe y crédito, y tendrán plena validez y vigencia automática en Puerto Rico por un período de ciento veinte días (120) días, las tablillas especiales y rótulos removibles para personas con impedimentos expedidos por las autoridades competentes de los estados o jurisdicciones de los Estados Unidos de América o de algún otro país.
(f) La tenencia del rótulo removible no autoriza a la persona con impedimento a estacionarse en áreas donde de ordinario se prohíba el estacionamiento y éstas estén debidamente identificadas.
(g) La expedición de este rótulo removible será libre de costo para la persona con impedimento. No obstante, se faculta al Secretario a imponer mediante reglamentación los requisitos y derechos para la expedición de un duplicado del rótulo removible cuyo costo no podrá exceder de cinco (5) dólares. La expedición de un duplicado por razón de robo o apropiación ilegal será libre de costo, por lo cual deberán presentar copia oficial de la querella formulada ante la Policía de Puerto Rico por tal incidente delictivo.
(h) El Secretario expedirá un distintivo especial, en dicho rótulo removible, en los casos de condiciones físicas permanentes que obliguen al portador a utilizar una silla de ruedas para trasladarse. Disponiéndose que solamente las personas que posean dicho distintivo especial en su rótulo removible podrán utilizar las áreas designadas como "de acceso a van", según definidas en la ADA Accessibility Guidelines for Building and Facilities.
(i) El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente al diseño, tramitación, procesamiento y certificación del permiso de estacionamiento en forma de rótulo removible, incluyendo su contenido, tamaño, colores, expedición, renovación y cancelación.
(j) El permiso de estacionamiento en forma de rótulo removible aquí dispuesto será expedido por un término de seis (6) años, renovable por periodos sucesivos de seis (6) años de manera escalonada de acuerdo a la fecha de nacimiento de la persona autorizada.
(k) A solicitud de la persona con impedimentos, una vez expedido el rótulo removible, el Secretario podrá hacer constar en su licencia o identificación que se trata de una persona con impedimentos. La licencia o tarjeta de identificación con dicha constancia permitirá que la persona pueda identificarse como una persona con impedimentos para todos los fines legales y obtener cualquier beneficio o acomodo dispuesto en alguna ley estatal.
Artículo 2.26.-Solicitudes para la expedición de rótulos removibles de carácter temporero autorizando estacionar en áreas designadas para personas con impedimentos.
El Secretario expedirá permisos de carácter temporero para estacionar en áreas designadas para personas con impedimentos en forma de rótulos removibles, a toda persona que adquiera alguna condición médica de duración temporera y que dicha condición limite sustancialmente su capacidad de movimiento, dificultándole el acceso a lugares o edificios, con sujeción a las siguientes normas:
(a) No se expedirá permiso de estacionamiento de carácter temporero a favor de personas que no hayan cumplido dieciocho (18) meses de nacido.
(b) Podrá solicitar el referido rótulo removible, sujeto a la reglamentación que a tales fines promulgue el Secretario, toda persona que adquiera alguna condición médica de duración temporera y que dicha condición limite sustancialmente su capacidad de movimiento, dificultándole el acceso a lugares o edificios. Para los efectos de establecer cuáles condiciones médicas podrán cualificar para solicitar este permiso, se faculta al Secretario, en consulta con el Secretario de Salud, a establecer dichas condiciones mediante reglamentación.
(c) Merecerán entera fe y crédito, y tendrán plena validez y vigencia automática en Puerto Rico por un período de ciento veinte (120) días, los
rótulos removibles de carácter temporero para personas con impedimentos expedidos por las autoridades competentes de los estados o jurisdicciones de los Estados Unidos de América o de algún otro país.
(d) La tenencia del rótulo removible de carácter temporero no autoriza a la persona con impedimento físico a estacionarse en áreas donde de ordinario se prohíba el estacionamiento y éstas estén debidamente identificadas.
(e) La expedición del rótulo removible de carácter temporero expresado en este Artículo tendrá un costo de quince (15) dólares para la tramitación del mismo para lo cual cancelarán un comprobante de rentas internas. Esta cantidad podrá ser reducida, a discreción del Secretario hasta un mínimo de cinco (5) dólares si el solicitante es recipiente de Medicaid, del Programa de Asistencia Nutricional o del Programa de Ayuda Temporal para Familias necesitadas del Departamento de la Familia (TANF), sujeto a la reglamentación que el Secretario realice para estos efectos. En adición, se faculta al Secretario a imponer mediante reglamentación los requisitos para la expedición de un duplicado del rótulo removible. La expedición de un duplicado por razón de robo o apropiación ilegal será libre de costo, por lo cual deberán presentar copia oficial de la querella formulada ante la Policía de Puerto Rico por tal incidente delictivo.
(f) El Secretario determinará el periodo de tiempo por el cual habrá de expedirse dicho permiso tomando como base el término de tiempo que el médico especialista certifique que pueda durar la condición temporera pero dicho permiso de estacionamiento de carácter temporero nunca será expedido por un término mayor de seis (6) meses. Este permiso podrá ser renovado con sujeción a lo dispuesto en este Artículo y previo pago del costo de tramitación del mismo, por un término adicional que no podrá sobrepasar los seis (6) meses adicionales.
(g) El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente al diseño, tramitación, procesamiento y certificación del permiso, tamaño, colores, ubicación, expedición, uso, renovación y cancelación de este rótulo removible.
Artículo 2.27.-Solicitudes para la expedición de rótulos removibles autorizando estacionar en áreas restringidas.
Toda persona con impedimento que solicite el rótulo removible para estacionar establecido en los Artículos 2.25 y 2.26 de esta Ley, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
(a) Presentar al Secretario una solicitud debidamente cumplimentada, que incluya la información que se requiera en esta Ley y mediante reglamento.
(b) Incluir con la solicitud, la certificación médica expedida por un médico especialista, debidamente autorizado para ejercer tal profesión en Puerto Rico y se encuentre en good standing ante el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, informando la condición y el grado de impedimento del solicitante y la cantidad de tiempo que, según la experiencia del médico especialista, durará el impedimento en el caso de condiciones temporeras.
(c) Será necesaria una nueva certificación médica al momento de renovar el rótulo removible, excepto en las siguientes condiciones permanentes: (1) Perlesía cerebral (2) Tetraplejía o Cuadriplejía (3) Paraplejía (4) Amputación de extremidades inferiores o su reemplazo por prótesis (5) Lesiones del sistema nervioso central o periférico (6) Ceguera total (7) Xeroderma Pigmentoso (8) Trastornos Generalizados del Desarrollo tales como: Trastorno Autismo, Trastorno de Rett, Trastorno Desintegrativo de la Niñez, Trastorno de Asperger y Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado, conocido por sus siglas en inglés (PDDNOS). (9) Poliomelitis (polio) (10) Enanismo.
(d) Cumplir con cualesquiera otros requisitos que establezca el Secretario, previa coordinación y consulta con el Defensor para las Personas con Impedimentos, mediante reglamentación al efecto.
Artículo 2.28.-Devolución de los rótulos removibles autorizando estacionar en áreas restringidas.
Toda persona con impedimento, madre o padre con patria potestad o custodia, tutor, guardián o encargado de una persona con impedimento físico tenedor de un rótulo removible de estacionamiento, deberá entregar dicho rótulo al Secretario cuando:
(a) Haya fallecido la persona con impedimento a la cual se le otorgó el rótulo.
(b) Expire el término de vigencia y no se haya procesado la renovación de acuerdo con esta Ley o los reglamentos aplicables.
(c) No se reciba la certificación médica o, de presentarse la misma, ésta indique que el impedimento ha desaparecido o ya no es de la naturaleza o la severidad requerida por esta Ley o por los reglamentos aplicables.
(d) El rótulo removible de estacionamiento no sea o no pueda ser usado por la persona con impedimento físico.
(e) Sea requerido por el Secretario, por existir alguna de las causas antes enumeradas.
Artículo 2.29.-Actos ilegales y penalidades. Toda persona que no entregue voluntariamente al Secretario el rótulo removible de estacionamiento dentro de los diez (10) días laborables, luego de cesar las condiciones bajo las cuales dicho rótulo se otorgó, o que exhiba en su vehículo un rótulo removible de estacionamiento sin estar debidamente autorizado para ello, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de mil $(1,000)$ dólares.
Se revocará y confiscará el rótulo removible cuando la persona con impedimentos físico preste o ceda su rótulo removible a otra persona. La persona con impedimentos a quien se le ha confiscado y revocado el rótulo removible, no podrá presentar otra solicitud hasta transcurridos cinco (5) años desde la revocación.
Toda persona que se estacione u obstruya un área designada como área de estacionamiento para personas con impedimentos, sin estar debidamente autorizado para ello y/o sin estar exhibiendo el correspondiente rótulo removible, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de mil $(1,000)$ dólares. Para los efectos de esta falta administrativa, se entenderá por estacionar u obstruir el colocar un vehículo o detenerse a esperar o dejar a cualquier persona, u obstruir la entrada de dicha área designada para estacionamiento para las
personas con impedimentos. El hecho de que cualquier rótulo indique una multa diferente a la aquí establecida no será impedimento o excusa para que se imponga dicha sanción administrativa.
Todo médico especialista, que certificare o hiciere declaraciones o alegaciones falsas de una condición médica inexistente, con el fin de que se expida un rótulo removible para personas con impedimentos, así como toda persona que hiciere declaraciones o alegaciones falsas con el propósito de obtener para sí o para otra persona el privilegio de usar dicho rótulo removible, incurrirá en delito menos grave y será sancionada, por su primera convicción, con pena de multa fija de tres mil $(3,000)$ dólares. Para convicciones subsiguientes, la pena de multa será no menor de tres mil $(3,000)$ dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares o pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o ambas penas a discreción del Tribunal.
Nada de lo dispuesto en este párrafo impide que, por la misma conducta, se inicien procedimientos administrativos y se impongan sanciones de tal naturaleza por violaciones a estatutos que regulen la conducta ética de la profesión médica de Puerto Rico. Además, cuando proceda, se estará sujeto a los procedimientos y sanciones penales cuando dicha conducta sea constitutiva de algún otro delito contemplado en cualquier otra ley.
Artículo 2.30.-Tablillas especiales para motocicletas y automóviles antiguos, antiguos modificados, clásicos, y clásicos modificados.
A solicitud de parte interesada, el Secretario expedirá tablillas especiales a los vehículos de motor que puedan ser clasificados como automóvil antiguo o antiguo modificado. Se entenderá por motocicleta o automóvil antiguo todo automóvil o motocicleta que haya sido construido por lo menos cincuenta (50) años antes de la fecha de expedición de la tablilla. Se entenderá por automóvil antiguo modificado todo automóvil que haya sido construido por lo menos cuarenta (40) años antes de la fecha de expedición de la tablilla, el cual haya sido mejorado sustancialmente o restaurado con piezas o aditamentos, que no sean producidos por la misma fábrica donde se construyó el vehículo. Las tablillas especiales para automóviles antiguos o antiguos modificados no requerirá para su expedición pago adicional al dispuesto por ley para tablillas de vehículos de uso privado. El peticionario tendrá que devolver la tablilla previamente asignada, al recibir la tablilla especial.
El Secretario expedirá, a solicitud de parte interesada, tablillas especiales a los propietarios de vehículos de motor o motocicletas que puedan ser clasificados como automóvil clásico, motocicleta clásica o motocicleta o automóvil clásico modificado. Se entenderá por automóvil clásico o motocicleta clásica, todo
automóvil o motocicleta que haya sido construido por lo menos treinta y cinco (35) años antes de la fecha de expedición de la tablilla. Se entenderá por automóvil clásico modificado o motocicleta clásica modificada, todo automóvil o motocicleta que haya sido construido por lo menos veinticinco (25) años antes de la fecha de expedición de la tablilla, el cual haya sido mejorado sustancialmente o restaurado con piezas o aditamentos que no sean producidos por la misma fábrica donde se construyó el vehículo o la motocicleta.
El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente al diseño, características, expedición, uso, renovación y cancelación de dichas tablillas.
En aquellos casos en los cuales las motocicletas no cumplan con las disposiciones de esta Ley sobre los requerimientos para discurrir por las vías públicas, el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas expedirá una placa especial, reconociendo la cualidad de antigua, pero asegurando que las mismas no son aptas para discurrir por las vías públicas.
Artículo 2.31.-Tablillas especiales o distintivos para cónsules de carrera u honorarios debidamente acreditados.
A solicitud de parte interesada, el Secretario expedirá tablillas especiales o distintivos a todo cónsul de carrera u honorario debidamente acreditado como tal en los Departamentos de Estado de los Estados Unidos y Puerto Rico, además de la tablilla oficial expedida al propietario del vehículo. En el registro del vehículo se anotará la información necesaria para identificar la tablilla especial con el registro oficial del vehículo de motor correspondiente, entendiéndose que toda persona que se desempeña como Cónsul de Carrera dentro de la jurisdicción de Puerto Rico en representación de su país de origen, deberá realizar toda gestión relacionada con la inscripción o traspaso del vehículo de motor de su propiedad o propiedad del Consulado al cual representa, a través de la Oficina de Misiones Extranjeras del Departamento de Estado de Puerto Rico.
El Cónsul de Carrera, así como el Cónsul Honorario serán responsables, respectivamente, del pago de toda multa administrativa de tránsito que les fuera expedida por un agente del orden público, de no poder justificar que se encontraba en funciones oficiales al momento de los hechos.
Estas tablillas especiales se expedirán con sujeción a las siguientes normas:
(a) El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente al diseño, tamaño, colores, ubicación, expedición, uso, renovación y
cancelación de las referidas tablillas especiales o distintivos, así como todos aquellos detalles que éste considere necesarios.
(b) Para efectos de este Artículo, se entenderá por "cónsul honorario" aquella persona que sea ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos de América, designada por un país extranjero y debidamente acreditada como tal en el Departamento de Estado de los Estados Unidos o Puerto Rico, que cuida en una población o localidad de los nacionales e intereses del país que representa, sin recibir remuneración económica por los servicios que presta ni gozar de los privilegios e inmunidades aplicables a los funcionarios consulares de carrera, y que es jefe permanente, no provisional, de un puesto consular debidamente acreditado.
(c) Toda solicitud para dichas tablillas especiales o distintivos deberá venir acompañada de la debida certificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos o Puerto Rico acreditando al cónsul solicitante.
(d) Dicha tablilla o distintivo podrá ser usada única y exclusivamente en el vehículo utilizado por el cónsul o funcionario consular de mayor rango acreditado en Puerto Rico, y dicho privilegio no será extensivo a miembros de su familia u otras personas o funcionarios del consulado. El privilegio del uso de dicha tablilla o distintivo no implica necesariamente otro beneficio relacionado con vehículos para uso del cuerpo consular.
(e) El uso de tal tablilla especial o distintivo en las vías públicas de Puerto Rico queda autorizado únicamente durante el período de vigencia de la tablilla oficial, la cual deberá ser renovada anualmente.
(f) El Secretario podrá cancelar o revocar la autorización para el uso de dicha tablilla especial o distintivo en caso de incumplimiento con las disposiciones de este Artículo, según se disponga mediante reglamento.
(g) Todo cónsul de carrera o cónsul honorario a quien el Secretario expida una tablilla especial o distintivo vendrá obligado a devolverlos en caso de que cese su acreditación o cese en sus funciones oficiales como cónsul por cualquier motivo, cuando vendiere el vehículo, cuando envíe el mismo fuera del país, cuando
dispusiere del mismo como chatarra, lo abandonare por inservible o cuando el vehículo quedare desautorizado para transitar por las vías públicas de Puerto Rico. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la cancelación de la autorización para el uso de la tablilla especial.
(h) Toda persona que exhiba una tablilla especial o distintivo para cónsules sin estar autorizada para ello, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 2.32.-Tablillas especiales de radioaficionados. A solicitud de parte interesada, el Secretario expedirá tablillas especiales a todo radioaficionado que tenga una licencia vigente otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones y que posea un vehículo de motor de su uso privado, con sujeción a las siguientes normas:
(a) La tablilla especial que se expida llevará la codificación especial asignada por la Comisión Federal de Comunicaciones y autorizada por el Secretario. Esta constituirá la tablilla oficial del vehículo, debiendo ser fijada en la parte posterior del vehículo de motor en el lugar designado para ello.
(b) En el registro del vehículo de motor se incluirá la información necesaria para identificar la tablilla especial con el dueño registral del vehículo de motor correspondiente. Podrá solicitarla un arrendador de vehículo de motor a largo plazo que presente una autorización para ello expedida por el dueño registral del vehículo de motor.
(d) Para la expedición de las referidas tablillas especiales se cancelará un comprobante de Rentas Internas de veintidós (22) dólares.
(d) El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente al diseño, tamaño, colores, ubicación, expedición, uso, renovación y cancelación de las referidas tablillas especiales, así como todos aquellos detalles que éste considere necesarios.
(e) Toda solicitud para dichas tablillas especiales deberá incluir la debida certificación de la Comisión Federal de Comunicaciones.
(f) El uso de tal tablilla especial en las vías públicas de Puerto Rico queda autorizado únicamente durante el período de vigencia de dicha autorización.
(g) El Secretario podrá cancelar o revocar la autorización para el uso de dicha tablilla especial en caso de incumplimiento con las disposiciones de esta Sección, según se disponga mediante reglamento.
(h) Todo dueño de vehículo de motor a quien el Secretario expida una tablilla especial vendrá obligado a devolverla al Secretario cuando expirare o le fuere cancelada su licencia de radioaficionado, cuando vendiere el vehículo, cuando dispusiere del mismo como chatarra, lo abandonare por inservible o cuando el vehículo quedare desautorizado para transitar por las vías públicas de Puerto Rico. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la cancelación de la autorización para el uso de la tablilla especial. Será obligación exclusiva del radioaficionado a quien se le haya expedido la tablilla especial, gestionar ante la Comisión Federal de Comunicaciones, la autorización para una nueva tablilla cuando ésta se perdiere, fuere hurtada o destruida, ya que no se expedirán duplicados de éstas. Siempre que sucediere lo anterior, el Secretario le expedirá una tablilla oficial al radioaficionado que le presentare prueba en documento fehaciente de lo ocurrido, debiendo el radioaficionado devolver la tablilla oficial una vez haya recibido la autorización solicitada por éste a la Comisión debiendo, además, pagar al Secretario la misma cantidad prescrita por este capítulo para las tablillas originales.
(i) Toda persona que exhiba una tablilla especial de radioaficionado sin estar autorizada para ello, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
(j) Al momento de devolver la tablilla especial al Secretario, será su deber certificar que dicha tablilla no tiene ningún gravamen en el Sistema DAVID PLUS o en cualquier otro sistema implantado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y de tenerlo, que el mismo fue cancelado.
Artículo 2.33.-Tablillas especiales para legisladores estatales, alcaldes o legisladores municipales.
A solicitud de cualquier legislador estatal, alcalde o legislador municipal, debidamente juramentado como tal, el Secretario le expedirá tablillas especiales, además de las tablillas oficiales de sus vehículos de motor. La concesión de las tablillas especiales aquí dispuestas se hará con sujeción a las normas siguientes:
(a) En el registro de vehículos de motor y arrastres se incluirá la información necesaria para identificar las tablillas especiales con los registros oficiales de los vehículos de motor correspondientes.
(b) Las referidas tablillas especiales cancelarán un comprobante de rentas internas de veintidós (22) dólares.
(c) El uso de tal tablilla especial en las vías públicas de Puerto Rico queda autorizado únicamente durante el período de vigencia de la tablilla oficial y mientras la persona continúe ocupando su cargo.
(d) Todo funcionario que cese sus funciones como tal por cualquier motivo, tendrá derecho a conservar la tablilla especial para legislador que le fuera expedida por el Secretario.
(e) Toda persona que exhiba una tablilla especial de legislador, alcalde o legislador municipal sin estar autorizada para ello, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 2.34.-Tablillas especiales para exprisioneros de guerra, militares condecorados con la orden del Corazón Púrpura, militares de carrera retirados y miembros de las Reservas de las Fuerzas Armadas.
A solicitud de parte interesada, el Secretario expedirá tablillas especiales a todo aquel veterano o militar dentro de las siguientes categorías que posea un vehículo de motor y tenga la debida certificación del Departamento Federal de Asuntos de Veteranos o por la correspondiente rama de las Fuerzas Armadas:
La expedición de la tablilla especial estará sujeta a las siguientes normas:
(a) La tablilla especial contendrá el número de registro del vehículo y será la tablilla oficial para todos los fines legales, siendo fijada en la parte posterior del vehículo.
(b) En el registro del vehículo se incluirá la información necesaria para identificar la tablilla especial con el registro oficial del vehículo de motor correspondiente.
(c) La tablilla especial para veteranos exprisioneros de guerra y sus cónyuges supérstite no requerirá para su expedición pago adicional al dispuesto por ley para tablillas de vehículos de uso privado. En los demás casos, el veterano o militar habrá de hacer el correspondiente pago de derechos.
(d) El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente al diseño, tamaño, colores, ubicación, expedición, uso, renovación y cancelación de las referidas tablillas especiales, así como todos aquellos detalles que éste considere necesarios. Además, de las tablillas especiales se expedirá un membrete que contendrá la información específica respecto a la categoría a que pertenece el veterano o militar acogido a la misma, con inscripción en ambos idiomas oficiales. El Secretario hará registrar el diseño de la tablilla especial y el membrete alusivo a cada categoría en el Departamento de Estado para garantizar su exclusividad de uso.
(e) Toda solicitud para dichas tablillas especiales deberá incluir la debida certificación del Departamento Federal de Asuntos de Veteranos o, en caso de miembros en servicio, de la rama correspondiente de las Fuerzas Armadas o cuerpos de reserva.
(f) El uso de tal tablilla especial en las vías públicas de Puerto Rico queda autorizado únicamente durante el período de vigencia de la tablilla oficial.
(g) El Secretario podrá cancelar o revocar la autorización para el uso de dicha tablilla especial en caso de incumplimiento con las disposiciones de este Artículo, según se disponga mediante reglamento.
(h) Toda persona que exhiba una tablilla especial para veteranos o una imitación o simulación de la misma sin estar autorizada para ello, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 2.35.-Tablillas distintivas para veteranos. A solicitud de parte interesada, el Secretario expedirá tablillas distintivas a todo veterano debidamente certificado por el Departamento Federal de Asuntos de Veteranos y que posea un vehículo de motor de uso privado, con sujeción a las siguientes normas:
(a) La tablilla distintiva se considerará la tablilla oficial del vehículo de motor y se ubicará en la parte posterior del mismo.
(b) En el registro del vehículo se incluirá la información necesaria para identificar la tablilla distintiva con el registro oficial del vehículo de motor correspondiente.
(c) La tablilla especial provista en esta Sección no requerirá para su expedición el pago dispuesto por ley para tablillas de vehículos de uso privado. Solamente, una tablilla estará exenta del pago correspondiente para el veterano. Cualquier tablilla adicional tendrá un costo de diez (10) dólares. El veterano deberá presentar evidencia de que el vehículo está registrado a su nombre o que el mismo esté a nombre del tutor. Si el veterano fallece, ningún heredero u otra persona podrán hacer uso de la tablilla especial.
(d) El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente al diseño, tamaño, colores, expedición, uso, renovación y cancelación de las referidas tablillas distintivas, así como todos aquellos detalles que éste considere necesarios. Disponiéndose que, en cuanto al diseño se refiere, el Secretario recibirá y evaluará propuestas de las agrupaciones representativas de los veteranos puertorriqueños.
(e) Toda solicitud para dichas tablillas distintivas deberá incluir la debida certificación del Departamento Federal de Asuntos de Veteranos o la Forma DD-214 expedida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
(f) El uso de tal tablilla distintiva en las vías públicas de Puerto Rico queda autorizado únicamente durante el período de vigencia.
(g) El Secretario podrá cancelar o revocar la autorización para el uso de dicha tablilla distintiva en caso de incumplimiento con las disposiciones de este Artículo, según se disponga mediante reglamento.
(h) Una vez el veterano obtenga la tablilla distintiva le pertenece a éste. Al momento de vender el automóvil el veterano autorizado, retendrá la misma.
(i) Toda persona que exhiba una tablilla distintiva para veteranos sin estar autorizada para ello, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 2.36.-Expedición de tablillas especiales para las personas con impedimentos auditivos.
A solicitud de parte interesada, el Secretario expedirá una tablilla a todo conductor debidamente autorizado, que posea algún impedimento auditivo y que así lo demuestre mediante evidencia médica.
Artículo 2.37.-Tablillas distintivas-Personas con Impedimentos Físicos Permanentes y Equipo Asistivo para Conducir.
A solicitud de parte interesada, el Secretario expedirá una tablilla distintiva a todo conductor autorizado, que sea una persona con algún impedimento físico permanente que utilice cualquier tipo de equipo adaptado para conducir, según certificado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Además de poseer un certificado de licencia de conducir vigente, la persona también deberá ser dueña de un vehículo de motor de uso privado, con sujeción a las siguientes normas:
(a) Para la expedición de las tablillas distintivas, se considerarán a personas con impedimentos físicos permanentes que utilicen diferentes equipos adaptados para conducir vehículos de motor debidamente certificados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
(b) En el registro del vehículo se incluirá la información necesaria para identificar la tablilla distintiva con el registro oficial del vehículo de motor correspondiente.
(c) La expedición de cada tablilla distintiva conllevará la cancelación de un comprobante de rentas internas por la cantidad que determine el Secretario mediante reglamento.
(d) El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente al diseño, tamaño, colores, expedición, uso, renovación y cancelación de las tablillas distintivas, así como todos aquellos detalles que éste considere necesarios. Disponiéndose, que en cuanto al diseño se refiere, el Secretario
recibirá y evaluará propuestas de las agrupaciones representativas de las personas con impedimentos.
(e) Toda solicitud para las tablillas distintivas deberá incluir la debida certificación del Departamento de Salud o un médico especialista.
(f) El uso de las tablillas distintivas en las vías públicas de Puerto Rico queda autorizado únicamente durante el período de vigencia y le otorgará el derecho a su poseedor autorizado de estacionar en aquellos estacionamientos reservados para van y vehículos de motor adaptados.
(g) El Secretario podrá cancelar o revocar la autorización para el uso de las tablillas distintivas en caso de incumplimiento con las disposiciones de este Artículo, según se disponga mediante reglamento.
(h) Una vez el conductor con impedimento físico permanente obtenga la tablilla distintiva, la misma será para su uso exclusivo. Al momento de vender el vehículo de motor, el poseedor autorizado retendrá la misma para ser usada en el nuevo vehículo; en caso de fallecer la persona o no comprar otro vehículo deberá devolverla al Departamento.
(i) Toda persona que utilice o exhiba una tablilla distintiva para personas con impedimentos físicos permanentes en su vehículo sin estar autorizada para ello, incurrirá en delito menos grave y será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
(j) Al solicitar la tablilla distintiva para personas con impedimentos físicos permanentes por primera vez, el solicitante deberá proveer: (1) Solicitud debidamente cumplimentada. (2) Original y copia del certificado del Departamento de Salud o un médico especialista. (3) Comprobante de rentas internas por el valor que determine el Secretario por reglamento. (4) Original de la licencia de conducir vigente del conductor y del vehículo de motor de su propiedad. (5) Tablilla regular del vehículo.
(6) Evidencia de pago de multas o cancelación de gravámenes, si alguno.
(k) La tablilla distintiva se renovará anualmente mediante la compra del marbete.
(l) En caso de pérdida o hurto de la tablilla distintiva, la persona podrá solicitar un duplicado presentando una declaración jurada haciendo constar la pérdida o hurto de la tablilla distintiva y el número de la querella de la Policía de Puerto Rico. Además, deberá presentar un comprobante de rentas internas por el valor que determine el Secretario mediante reglamento, la licencia original del vehículo de motor y realizar el pago de multas, si alguna.
Artículo 2.38.-Tablillas especiales personalizadas para ciudadanos particulares. A solicitud de parte interesada, el Secretario expedirá tablillas especiales personalizadas para los vehículos de motor de cualquier ciudadano particular, con sujeción a las normas siguientes:
(a) Cada tablilla especial personalizada podrá llevar grabadas aquellas palabras, números o letras que expresamente interese e indique la parte que la solicita.
(b) El Secretario podrá, a su discreción, prohibir o restringir el uso de ciertas palabras, dígitos, números, letras o combinaciones y cantidades de las mismas, si entiende que éstas podrían provocar confusión, utilizarse para propósitos ilícitos o de alguna manera afectar adversamente el bienestar general o la sana convivencia.
(c) El Secretario establecerá y mantendrá aquellos registros y archivos que sean necesarios para mantener la identificación adecuada y el control de las tablillas especiales personalizadas y de los vehículos que las portan, incluyendo la información pertinente en el registro oficial del vehículo de motor correspondiente.
(d) El Secretario establecerá mediante reglamento el procedimiento más adecuado para la expedición y uso de la tablilla especial, incluyendo las cantidades a pagarse por su expedición y/o duplicado, de tal forma que ésta sea a la vez la tablilla oficial. También dispondrá todo lo concerniente al diseño, tamaño, colores, ubicación, expedición, renovación y cancelación de las mismas, así como todos aquellos detalles que considere necesarios.
(e) El uso de la tablilla especial personalizada en las vías públicas de Puerto Rico queda autorizado únicamente durante el período de vigencia concedido.
(f) El Secretario podrá cancelar o revocar la autorización para el uso de dicha tablilla especial según se disponga mediante reglamento.
(g) Toda persona que exhiba una tablilla especial personalizada sin estar autorizada para ello, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 2.39.-Fabricación de Tablillas Todas las tablillas dispuestas en esta Ley serán fabricadas por los confinados bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación conforme a las especificaciones que adopte el Secretario.
El Secretario y el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación llevarán a cabo a aquellos acuerdos interagenciales que sean necesarios para darle cumplimiento a lo aquí dispuesto.
Artículo 2.40.-Traspaso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres. Todo traspaso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres inscritos se realizará de acuerdo con las siguientes normas:
(a) El traspaso se autorizará mediante la firma o marca del dueño del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre y del adquiriente, al dorso del certificado de título del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre. También, deberá expresarse la dirección del adquirente y en caso de que el vehículo de motor, arrastre o el semiarrastre no posea tablilla, deberá solicitar al Secretario, en el momento del traspaso, una tablilla adscrita a su nombre.
(b) El propietario expresará su voluntad de traspasar al adquiriente el vehículo de motor, arrastre o el semiarrastre. Si luego de realizada la venta, éste no continua como propietario de cualquier otro vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, deberá devolver su tablilla al Secretario mediante el procedimiento reglamentario establecido al respecto.
(c) El adquiriente expresará su voluntad de aceptar dicha propiedad y de que el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre se inscriba a su nombre y con su número de licencia de conducir en el registro. Este tendrá un periodo de
cinco (5) días laborables para notificar al Secretario la tablilla que utilizará en este vehículo, de tener una vigente.
(d) Si no fuere posible realizar el traspaso, ya sea cuando desapareciere o se negare a firmar el dueño registral antes de completar la formalización del traspaso, el Secretario procederá con la tramitación del traspaso, siempre y cuando, ese hecho quedo expresado en documento fehaciente a satisfacción del Secretario, requiriéndose, a tales efectos, una declaración jurada del solicitante.
(e) En los casos en que un concesionario de venta de vehículos de motor tome unidades usadas, como parte del pronto pago del precio de otros vehículos de motor, el traspaso podrá efectuarse mediante declaración jurada suscrita por el concesionario o vendedor, siempre y cuando, el dueño del vehículo de motor haya expresado previamente su voluntad de cederlo o traspasarlo a éste, estampando su firma al dorso del certificado de título del vehículo. En tales casos, la declaración jurada del concesionario deberá especificar la fecha en que fue cedida o entregada la unidad, el nombre y la dirección del dueño, al igual que el medio usado para la adecuada identificación de dicha persona. También deberá incluir una descripción detallada del vehículo de motor, la cual deberá contar con los datos siguientes: marca, año, color, modelo o tipo, número de tablilla del propietario anterior, número de registro del vehículo de motor, número de identificación del vehículo, tipo de motor, caballos de fuerza de uso efectivo, número de marbete, número de puertas y cualquier otros números o marcas de identificación de la unidad o de sus piezas. El concesionario tendrá un periodo de cinco (5) días laborables para notificar al Secretario la tablilla que utilizará el vehículo.
(f) Una vez formalizado el traspaso en la forma expresada, el Secretario procederá a inscribirlo y a anotar aquellas modificaciones que resulten de la transacción.
(g) Todo vehículo de motor cuyo traspaso no haya sido perfeccionado en el Certificado de Título y se realice mediante declaración jurada ante notario, requerirá el cotejo previo por un funcionario de DISCO del expediente que obra en el Departamento donde aparece inscrito el nombre del dueño registral, además de someter al vehículo para ser inspeccionado y verificar la descripción del mismo contra lo indicado en dicha declaración jurada. El Secretario establecerá mediante reglamento las normas y procedimientos necesarios para efectuar la inspección y verificación, así como la cantidad que pagará el peticionario por dicho cotejo.
(h) Una vez impuesto un gravamen sobre una tablilla, el propietario de la misma no podrá solicitar que se autorice su uso en un vehículo diferente al cual estaba asignada al momento de la inscripción del gravamen ni podrá entregarla al Secretario y solicitar una nueva, sin haber satisfecho la deuda objeto del gravamen.
Artículo 2.41.-Efectos del traspaso. El traspaso de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre realizado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.40 de esta Ley tendrá los siguientes efectos:
(a) El Secretario expedirá a todo adquirente de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre inscrito un permiso, y un certificado de título donde se hará constar el hecho de ser el nuevo dueño del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre. El permiso y certificado de título no serán expedidos hasta tanto el traspaso no haya quedado inscrito en el registro de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres, pero sus efectos se retrotraerán a la fecha en que se formalizó el documento de traspaso.
(b) Será necesaria la expedición de una nueva tablilla adscrita al adquiriente, cuando éste no posea una con anterioridad; mientras que el pasado propietario mantendrá la tablilla para su uso en otro vehículo de motor, arrastre o semiarrastre de su propiedad, de igual categoría o clasificación.
(c) El traspaso no cancelará ni modificará los gravámenes que pesen sobre un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre previo al traspaso ni le dará al adquirente aquellos derechos de usos especiales concedidos por esta Ley, por leyes fiscales o leyes de servicio público.
Artículo 2.42.-Casos en que se rehusará inscribir un traspaso. El Secretario rehusará inscribir un traspaso de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre en los siguientes casos:
(a) Cuando la inscripción resultare en la violación de esta Ley o cualquier otra ley o reglamento aplicable.
(b) Cuando la información suministrada en el documento o documentos de traspaso fuere falsa o insuficiente.
(c) Cuando no se cumplieren los requisitos que para el traspaso de vehículos de motor o arrastres se establecen en esta Ley.
(d) Cuando no se hubieren pagado los derechos de inscripción del traspaso o el vehículo estuviese gravado con cualquier tipo de gravamen.
En todo caso en que no se hubieren cumplido los requisitos necesarios para la inscripción del traspaso, el Secretario así se lo comunicará por escrito a las partes interesadas.
Artículo 2.43.-Permisos especiales a vehículos de motor, arrastres o semiarrastres cuyo dueño no resida en Puerto Rico.
Se expedirán permisos especiales a vehículos de motor, arrastres o semiarrastre con permisos expedidos fuera de Puerto Rico, con sujeción a las normas siguientes:
(a) El Secretario expedirá, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días, en el curso de cualquier período de doce (12) meses, a todo dueño de vehículo de motor, arrastre o semiarrastre autorizado a transitar en cualquier estado o jurisdicción de los Estados Unidos o en cualquier país extranjero, que así lo solicite, un permiso de vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, según sea el caso, siempre y cuando, dicho vehículo de motor, arrastre o semiarrastre sea utilizado para fines privados y no comerciales.
(b) Los vehículos de motor, arrastre o semiarrastre a los cuales se les conceda el permiso deberán ser inscritos en el registro de vehículos de motor, arrastre o semiarrastre de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
(c) Los arrastres o semiarrastres de furgones de uso comercial procedentes de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero serán inscritos en el Departamento, previo el pago de los derechos correspondientes, en un registro especial que establecerá el Secretario.
(d) Los derechos a pagarse por registro de arrastres y semiarrastres se computarán a base de ciento diez (110) dólares multiplicados por el promedio diario de arrastres y semiarrastres que la compañía mantuvo transitando en las carreteras de la jurisdicción de Puerto Rico durante el año calendario inmediatamente anterior. El Secretario dispondrá por reglamento los requisitos y forma de pago para cumplir con este registro especial.
(e) El Secretario emitirá un número a cada compañía marítima, operador de terminal y/o dueño de flota de arrastres y semiarrastres certificando que éstas han cumplido con su deber anual de acuerdo con el inciso
(c) .
(f) Las compañías marítimas, operadores de terminal o dueños de flota de arrastres y semiarrastres deberán incluir en todo documento de intercambio (Equipment Interchange Receipt) el número del certificado expedido por el Secretario que apruebe el permiso para la flota de arrastres o semiarrastres a transitar por las vías de Puerto Rico. El documento de intercambio (Equipment Interchange Receipt) contendrá, una certificación del conductor del vehículo de motor asegurando que el arrastre o semiarrastre ha sido debidamente inspeccionado. La omisión de esta certificación conllevará una multa de cuatrocientos (400) dólares al conductor del vehículo pesado de motor. Se le podrá requerir al conductor del vehículo de motor que muestre el documento de intercambio (Equipment Interchange Receipt), el cual deberá portar en todo momento cuando transporte este tipo de vehículo por las vías de Puerto Rico.
(g) Cada compañía de transportación marítima, operador de terminal o dueño de flota de arrastres y semiarrastres someterá al Departamento, no más tarde del 15 de julio del año en curso, un cálculo del número de arrastres y semiarrastres de acuerdo con el inciso
(d) de esta Sección. Será responsabilidad de dichas compañías o de sus agentes autorizados pagar al Secretario del Departamento de Hacienda la cantidad adeudada, según dispuesto en el inciso
(d) .
(h) Es responsabilidad de cada compañía de transportación marítima, operador de Terminal y/o dueño de flota de arrastres y semiarrastres mantener un registro de todos los arrastres o semiarrastres que han transitado las vías de Puerto Rico durante los últimos cinco (5) años.
(i) El Departamento realizará auditorías periódicas para velar por el fiel cumplimiento de la Ley y sus reglamentos. Si dicha auditoría refleja pago en exceso se le concederá un crédito. De ser el caso contrario, el Departamento emitirá un aviso de cobro por el balance pendiente. Lo anterior procederá, siempre que la Compañía demuestre que no hubo intención de someter información falsa o de defraudar al Departamento.
(j) Realizados los pagos correspondientes conforme al inciso
(d) , los arrastres y semiarrastres de uso comercial en tránsito entre Puerto Rico, Estados Unidos o de cualquier país extranjero podrán circular por las vías públicas de Puerto Rico por un período máximo de un (1) año.
(k) Las compañías marítimas, operadores de terminal o dueños de flota de arrastres y semiarrastres que no paguen los derechos conforme al inciso
(d) ---
incurrirán en una falta administrativa que conllevará una multa de mil $(1,000)$ dólares.
(l) Los arrastres de furgones cuyas tablillas o marbetes del estado o país de procedencia hubieren expirado, serán registrados a nombre de la compañía de transportación marítima que lo solicite, previo al pago de los derechos correspondientes establecidos en esta Ley.
(m) Los arrastres o semiarrastres que lleguen a Puerto Rico para ser transbordados a otro puerto, fuera de la Isla, no se considerarán que están en tránsito por las vías públicas de Puerto Rico.
(n) El certificado en que conste el permiso especial concedido a dueños no residentes de vehículos de motor, arrastres o semiarrastre contendrá en su faz aquella información que aparezca del registro establecido en esta Ley. Dicho certificado deberá ser llevado continuamente en el vehículo de motor o en el vehículo que tire del arrastre o semiarrastre.
Artículo 2.44.-Membretes o calcomanías para vehículos de motor, arrastres o semiarrastres de dueños no residentes.
El Secretario diseñará y expedirá membretes o calcomanías para uso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres pertenecientes a personas no residentes y al personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, mientras dichos vehículos tengan licencia válida del Estado o territorio donde estuvieren registrados. Dichos membretes o calcomanías tendrán la misma validez que tienen las tablillas en uso durante cada año fiscal. Además del membrete o calcomanía, estos vehículos llevarán la placa de número que le fuera expedida por el Estado o territorio correspondiente. En todo caso, dichos vehículos serán inscritos en el Departamento no más tarde de los cinco (5) días contados desde la fecha de su introducción en Puerto Rico. El incumplimiento de este Artículo implicará falta administrativa que será sancionada con multa de cien (100) dólares.
Artículo 2.45.-Revocación de autorización para transitar. El Secretario podrá revocar cualquier autorización concedida a un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre para transitar por las vías públicas, en los siguientes casos:
(a) Cuando la autorización hubiere sido obtenida por medios fraudulentos o concedida por error.
(b) Cuando no se hubieren pagado los derechos del permiso ordinario o provisional de vehículo de motor, arrastre o semiarrastre.
(c) Cuando las tablillas expedidas exclusivamente a determinado vehículo de motor, arrastre o semiarrastre fueren utilizadas por otro vehículo.
(d) Cuando cualquier certificado o documento expedido a determinado vehículo de motor, arrastre o semiarrastre fuere usado engañosamente en otro vehículo.
(e) Cuando el uso que se le da al vehículo de motor, arrastre o semiarrastre es contrario a lo dispuesto en el permiso ordinario o provisional que se le concediere de acuerdo con esta Ley o la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico" o sus reglamentos.
(f) Cuando las dimensiones de dicho vehículo de motor, arrastre o semiarrastre no estuvieren conformes con lo dispuesto en esta Ley.
(g) Cuando el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre estuviere, a juicio del Secretario, en condiciones tales que resultare en una amenaza para la seguridad pública.
El Secretario establecerá mediante reglamento, todo lo referente al procedimiento para la revocación de permisos, ordinarios o provisionales, de conductores o de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres, en cuanto a notificación, procedimiento adjudicativo y revisión judicial.
No se devolverán los derechos pagados al dueño de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre al cual se le revoque el permiso ordinario o provisional, salvo cuando la revocación se debiere a haberse concedido el mismo por error del Secretario.
Artículo 2.46.-Efectos y formas de subsanar la revocación de autorización para transitar.
Toda revocación de la autorización concedida a un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre para transitar por las vías públicas se entenderá hecha por lo que reste de vigencia a dicha autorización y no impedirá, conforme lo dispuesto en esta Ley, que se le expida otra autorización al vehículo cuando procediere la renovación de la autorización retirada, de haber sido ésta revocada.
Cuando el Secretario hubiere revocado el permiso ordinario o provisional a un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre por razón de lo dispuesto en los incisos
(c) ,
(d) y
(e) del Artículo 2.40 de esta Ley, podrá autorizar nuevamente el tránsito de dicho vehículo por las vías públicas, si se le comprobare en documento autorizado bajo juramento o afirmación ante notario, el traspaso de dicho vehículo a un nuevo dueño. En los demás casos, el Secretario podrá autorizar nuevamente el permiso correspondiente si se subsanaren o se corrigieren las situaciones o condiciones que motivaron la revocación.
Cuando un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre al cual se le hubiere revocado la autorización para transitar por las vías públicas quedare de nuevo autorizado a transitar por las mismas durante el mismo año para el cual le fue expedida la autorización, no se le exigirá a su dueño el pago de nuevos derechos por lo que resta del año, salvo en los casos en que la revocación se hubiere decretado debido al hecho de no haber sido pagados los derechos de permisos ordinarios o provisionales, o si se hubieran devuelto los derechos al dueño del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre.
Artículo 2.47.-Actos ilegales y penalidades. Será ilegal realizar cualquiera de los siguientes actos:
(a) Conducir un vehículo de motor o tirar de un arrastre o semiarrastre por las vías públicas de Puerto Rico cuando dicho vehículo, vehículo de motor, arrastre o semiarrastre no esté autorizado por el Secretario a transitar por éstas. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares.
(b) Conducir un vehículo de motor o tirar de un arrastre o semiarrastre por las vías públicas mientras se dedica el mismo a un uso para el cual se requiere un tipo de permiso, autorización o permiso provisional, distinto al concedido, conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, según sea el caso. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con pena de multa de cien (100) dólares.
(c) Conducir un vehículo de motor o tirar de un arrastre o semiarrastre por las vías públicas, sin llevar en el mismo copia del permiso, los documentos o membretes que en sustitución de dicho permiso autorizan a dicho vehículo a transitar. Toda persona que viole esta
disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares.
(d) Conducir un vehículo de motor o tirar de un arrastre o semiarrastre por las vías públicas sin exhibir la tablilla de forma legible. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares.
(e) Conducir un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre cuyos derechos estén vencidos. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares durante los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los derechos o quinientos (500) dólares después de este término.
(f) Suministrar al Secretario información falsa u ocultar información con el fin de obtener engañosamente cualquiera de los tipos de permisos concedidos por virtud de esta Ley y sus reglamentos, o con el fin de lograr engañosamente la inscripción de un traspaso o la tramitación de cualesquiera de los procedimientos provistos en esta Ley y sus reglamentos, relacionados con la propiedad de los vehículos de motor, arrastres o semiarrastres o con el uso a dársele a los mismos en las vías públicas. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(g) Intencionalmente borrar o alterar la información contenida en cualquier certificado de permiso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastre, o en cualquier documento que certifique la concesión de una autorización a un vehículo de motor, arrastre o semiarrastres, para transitar por las vías públicas, o en cualquiera de los documentos necesarios para la obtención de dicho permiso o autorización, así como añadir información a dichos certificados o documentos. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(h) Colocar las tablillas de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres, expedidas por virtud de esta Ley y sus reglamentos, en cualquier vehículo de motor, arrastre o semiarrastre no autorizado a llevarlas.
Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de mil $(1,000)$ dólares.
(i) Hurtar o mutilar, alterar o cubrir las tablillas de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres expedidas por virtud de esta Ley y sus reglamentos mientras su uso esté autorizado o requerido por esta Ley y sus reglamentos. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(j) Conducir un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre por las vías públicas de manera tal que se cubra o impida la clara visibilidad de su tablilla de identificación. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares.
(k) Facilitar a personas no autorizadas a recibir cualquier tablilla, certificado de permiso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres, o cualquier documento que autorice a un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre a transitar por las vías públicas, con el fin de que tales documentos sean utilizados engañosamente en la identificación de otro vehículo de motor, arrastre o semiarrastre. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere, será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(l) Facilitar a personas no autorizadas a recibir las tablillas expedidas exclusivamente a determinado vehículo de motor, arrastre o semiarrastre con el fin de que las coloque en otro vehículo de motor, arrastre o semiarrastre que no hubiere sido autorizado a transitar por las vías públicas. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere, será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(m) Borrar, alterar o cubrir el número de serie o identificación del motor o de la caja de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
(n) Apropiarse ilegalmente de cualquier certificado o documento relacionado con el permiso ordinario o provisional de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre expedido de acuerdo con esta Ley y de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico" o sus reglamentos, cuando el contenido de dichos documentos tuviere vigencia o validez. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en un delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(o) Dejar de gestionar el vendedor de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la venta, la inscripción del mismo en el Departamento, cuando el vendedor fuere una persona dedicada a la venta de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de doscientos (200) dólares.
(p) Dejar de tramitar el traspaso en el plazo de diez (10) días que requiere el Artículo 2.40 de esta Ley. Toda persona que adquiera un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre y viole esta disposición, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares.
(q) No devolver las tablillas asignada a cualquier vehículo de motor, arrastre o semiarrastre que dejare de usarse como tal por su dueño o que se dispusiere del mismo como chatarra, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.22 de esta Ley, o cuya devolución hubiere sido exigida por el Secretario por quedar el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre desautorizado para transitar por las vías públicas, o cuando dichas registraciones hayan sido revocadas o suspendidas. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares, además de satisfacer cualquier gravamen o multa pendiente de pago.
(r) Conducir por las vías públicas un vehículo de motor o tirar de un arrastre o semiarrastre cuyo permiso haya sido suspendido o revocado. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con multa de doscientos cincuenta (250) dólares. Toda persona que viole esta
disposición que ya hubiere sido sancionada anteriormente por la misma, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares. La penalidad aquí dispuesta no será de aplicación cuando la persona hubiese obtenido un permiso provisional para mover el vehículo.
(s) Exhibir en el exterior de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre otras placas de número que las prescritas por esta Ley, con excepción de las que otorgue la Comisión o que fueren autorizadas por otras leyes aplicables o sus reglamentos. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de doscientos (200) dólares.
(t) Conducir un vehículo pesado de motor, excepto tractor o remolcador, por las vías públicas sin tener consignado en ambos costados del vehículo, su peso descargado y su capacidad máxima de carga. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares.
(u) Conducir un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre por las vías públicas con tablillas especiales por un período mayor que el autorizado por esta Ley. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares.
(v) Conducir un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre sin portar el permiso del mismo una vez hayan transcurrido treinta (30) días después que dicho vehículo haya sido inscrito por el concesionario o institución financiera en el Departamento. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares. Los vehículos de servicio público podrán transitar con la autorización para sustituir que les haya sido expedida por la Comisión de Servicio Público hasta la tramitación final de la sustitución.
(w) Mantener estacionado en las vías públicas cualquier vehículo de motor, arrastre o semiarrastre cuyos permisos o licencias hayan vencido. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de ciento cincuenta (150) dólares. Además, dicho vehículo será removido de la vía pública, en conformidad a la reglamentación que a tales efectos dispongan el Departamento y la Policía de Puerto Rico. El dueño de un vehículo
así removido podrá recuperar el mismo, previo el pago de los gastos de almacenaje, remoción o remolque y de la multa aquí dispuesta.
(y) Realizar la reproducción gráfica o publicitaria, por computadora o cualquier otra tecnología, de los símbolos que expide el secretario para la identificación de los vehículos de motor y arrastre. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares."
Sección 2.-Se deroga el Capítulo III, de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo III que lea como sigue:
Artículo 3.01.-Regla Básica. Ninguna persona podrá conducir un vehículo de motor por las vías públicas de Puerto Rico sin haber sido debidamente autorizada para ello por el Secretario. Este certificará, mediante licencia, toda autorización para conducir vehículos de motor por las vías públicas.
Ninguna persona podrá tener más de un certificado de licencia de conducir vigente, exceptuándose aquellos casos donde la persona posea un certificado de licencia de conducir categoría 3 (conductor) y la haya renovado mediante el "Sistema de Renovación en Línea".
Artículo 3.02.-Carta de derechos del conductor o propietario autorizado. Todo ciudadano que posea un certificado de licencia debidamente expedido o autorizado por el Secretario y todo dueño o propietario de un vehículo de motor o arrastre disfrutará de los siguientes derechos:
(a) Recibirá un trato cordial y un servicio eficiente de los funcionarios del Departamento y de todas las agencias, departamentos e instrumentalidades del Gobierno Estatal.
(b) Tendrá derecho a dos (2) horas de su jornada de trabajo, sin cargo a licencia alguna y con paga, para renovar su licencia de conducir.
(c) Podrá obtener información clara y precisa de cualquier multa administrativa de tránsito de la cual se le reclame el pago, al momento de realizar cualquier transacción sobre su certificado de licencia de conducir o tablilla. El Departamento proveerá copia del boleto expedido por cualquier medio mecánico o electrónico a su disposición, en la que se informará la fecha, hora y lugar de su expedición, así como el nombre y número de placa del funcionario que expidió el boleto. La ausencia de esta información o cualquier imprecisión en la misma o cualquiera de sus componentes, exonerará automáticamente del pago de la multa.
(d) Al renovar el permiso de un vehículo de motor o arrastre, el dueño o propietario del mismo vendrá obligado a pagar toda deuda garantizada por gravámenes anotados a la tablilla del propietario del vehículo y sólo aquellas multas expedidas contra la tablilla del propietario del vehículo, o poseedor de un vehículo arrendado a largo plazo, correspondientes al período de dieciocho (18) meses inmediatamente anterior a la fecha de expiración del mismo. No vendrá obligado a pagar multas expedidas contra el vehículo en cualquier fecha anterior a dicho período. Para que se eliminen esas multas del récord de su vehículo, no será necesario presentar evidencia de pago al momento de renovar el permiso de un vehículo de motor, salvo que el Departamento demuestre que nunca fueron pagadas porque no se renovó el permiso del vehículo donde aparece la multa, excepto que el dueño registral presente prueba de haber renovado dicho permiso.
(e) Toda persona que renueve su licencia de conducir sólo vendrá obligado a pagar aquellas multas correspondientes al término de la vigencia de su permiso. Ninguna persona vendrá obligada a pagar multas de años anteriores a dicho periodo, salvo que el Departamento demuestre que nunca fueron pagadas porque no se renovó la licencia de conducir correspondiente al periodo donde aparece la multa.
(f) No podrá anotarse gravamen alguno en el expediente del conductor o dueño registral, salvo los casos en que dicho gravamen estuviere previamente aceptado por éste, según conste en documento al efecto, o cuando dicho gravamen fuere ordenado por ley o por el tribunal. Tampoco podrá efectuarse un traspaso ex parte sin haber notificado por correo certificado, con acuse de recibo, al titular registral, a la dirección que aparezca en el registro de vehículos de motor o arrastres, su intención al respecto y que así lo evidencie al Secretario o su representante autorizado, a menos, que medie una orden judicial a tales efectos. La ausencia de prueba de haberse cumplido con este requisito anulará el trámite.
(g) Todo título de vehículo de motor incluirá información de la procedencia u origen del mismo, así como la condición del vehículo a fin de que pueda determinarse si éste es nuevo, usado, importado o salvamento reconstruido, para conocimiento de cualquier adquirente o parte interesada.
(h) Todo permiso de vehículo de motor incluirá información referente a la cantidad que conforme a la clasificación del vehículo en cuestión, se deberá pagar por el seguro que cubra el mismo, incluyendo el seguro obligatorio de responsabilidad implantado mediante la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, según enmendada.
(i) Todo boleto que se le expida por haber incurrido en una falta administrativa detallará claramente el nombre y número de placa del miembro de la Policía o Policía Municipal u otro funcionario autorizado que lo ha intervenido, y la disposición específica de esta Ley que se ha violado.
(j) Si transcurridos los treinta (30) días que tiene un ciudadano para pagar un boleto por infracción a esta Ley, no tuviera la capacidad económica para satisfacer la deuda, podrá solicitar acogerse a un plan de pago.
Artículo 3.03.-Clasificación de los certificados de licencias de conducir. Se establecen las siguientes clasificaciones de los certificados de licencias de conducir:
(a) De aprendizaje.
(b) De conductor.
(c) De chofer.
(d) De conductor de vehículos pesados de motor, la cual se subdividirá en: (1) De conductor de vehículos pesados de motor tipo I (2) De conductor de vehículos pesados de motor tipo II (3) De conductor de vehículos pesados de motor tipo III
(e) De conductor de motocicletas.
(f) De conductor de tractor o remolcador con o sin arrastre o semiarrastre.
El Secretario autorizará un endoso especial a toda persona que cualifique para transportar materiales peligrosos. En el caso de la licencia especial aquí requerida para transportar materiales peligrosos, se tomarán en cuenta las definiciones y reglamentación que en dicha materia establezca la Comisión de acuerdo con las facultades que le son conferidas por ley.
Artículo 3.04.-Facultad para reglamentar. El Secretario aprobará y promulgará la reglamentación necesaria para implantar las disposiciones de esta Ley en cuanto a los requisitos y procedimientos para la expedición, renovación, revocación y suspensión sumaria de licencias de conducir y establecer el período de gracia concedido con posterioridad a la expiración de la licencia de conducir.
El Secretario tendrá facultad para excluir mediante reglamento cualquier tipo de vehículo de motor de los tipos o clases de licencias que se establecen en el Artículo 3.03 de esta Ley, y establecer y expedir una licencia especial o particular, si a juicio del Secretario las características, uso del vehículo y la seguridad pública así lo requieren. Toda determinación hecha por el Secretario en virtud de dicha facultad se promulgará mediante reglamento al efecto, disponiéndose, que respecto a las licencias de conducir de conductores de vehículos de motor comercial, vehículos pesados de motor, camiones livianos y camiones pesados, esta reglamentación además deberá estar a tono con los requisitos dispuestos por cualquier otra legislación y reglamentación federal aplicable.
Artículo 3.05.-Exenciones del requisito de licencia. Quedan excluidos de las disposiciones del Artículo 3.01 de esta Ley.
(a) Los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, los miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional de Puerto Rico, mientras conduzcan en servicio activo vehículos de motor operados por o pertenecientes al Gobierno de los Estados Unidos o a la Guardia Nacional de Puerto Rico.
(b) Toda persona que esté debidamente autorizada por ley para conducir vehículos de motor en cualquier estado o territorio de los Estados Unidos en el cual la expedición o concesión de licencias de conducir se rija conforme a lo dispuesto en la Ley Pública Federal número 109-13 (Public Law 109-13) conocida como la "Real ID Act of 2005" siempre y cuando en dicho estado o territorio se exijan requisitos sustancialmente similares a los establecidos en esta Ley para la concesión de licencias de conducir y la persona posea y
lleve consigo una licencia autorizada y en vigor de dicho estado o territorio expedida de conformidad con la antes citada ley federal.
(c) Toda persona que esté debidamente autorizada por ley para conducir vehículos de motor en cualquier Estado o territorio de los Estados Unidos, o en cualquier país extranjero, donde se exijan requisitos sustancialmente similares a los establecidos en esta Ley para la concesión de licencias de conducir, con cuyo Estado o territorio de los Estados Unidos o país extranjero existan relaciones de reciprocidad, según más adelante se dispone, y que posea y lleve consigo una licencia autorizada y en vigor de dicho estado, territorio o país.
(d) Los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que hayan sido asignados a prestar servicios en Puerto Rico, pero no estén domiciliados en Puerto Rico, así como sus cónyuges e hijos mayores de dieciséis (16) años de edad, cuando éstos posean una licencia de conducir vehículos de motor vigente y haya sido expedida por autoridad competente en cualquier Estado o territorio de los Estados Unidos, en cualquier país extranjero, o en el lugar donde ingresó en las Fuerzas Armadas, con el cual se hubieren establecido relaciones de reciprocidad.
Si una persona no residente, incluida en el inciso
(b) de este Artículo, poseyere una licencia de conducir de un estado o territorio, excepto licencia de aprendizaje, endosos a motociclistas, categoría comercial pesado y aquellas jurisdicciones en las cuales no se requiera examen visual para la expedición de la licencia de conducir, obtendrá una licencia de conducir sin más requisito que el pago de los derechos correspondientes, prueba de ciudadanía o presencia legal y la entrega de cualquier licencia de conducir que posea.
Si una persona no residente, incluida en el inciso
(b) de este Artículo, poseyera una licencia de conducir de un país con el cual se hubiesen establecido relaciones de reciprocidad, obtendrá una licencia de conducir al cumplir con los requisitos y condiciones establecidos mediante reglamento autorizado por el Secretario.
En el caso de un residente de Puerto Rico o de un Estado o territorio de los Estados Unidos, esta exención sólo tendrá vigencia durante los primeros ciento veinte (120) días desde su llegada a Puerto Rico, y en el caso de un residente de un país extranjero, esta exención sólo tendrá vigencia durante los primeros treinta (30) días desde su llegada a Puerto Rico.
Artículo 3.06.-Requisitos para Conducir Vehículos de Motor. Toda persona que se autorice a conducir un vehículo de motor en Puerto Rico deberá cumplir con los siguientes requisitos:
(a) Estar capacitado mental y físicamente para ello.
(b) Saber comunicarse verbalmente en español o inglés.
(c) Poseer una Tarjeta de Seguro Social o un documento que verifique que el aspirante no es elegible o no se le aplica asignarle un Número de Seguro Social.
(d) Poseer documentación que demuestre su nombre con la dirección residencial.
(e) Poseer documentación que demuestre que es ciudadano o nacional de los Estados Unidos o un extranjero con estado legal permanente o temporal o una visa válida, o que ha solicitado o se le ha concedido el asilo y es un refugiado.
(f) Haber cumplido los dieciocho (18) años de edad. Disponiéndose que el Secretario podrá expedir licencia de conductor a una persona menor de dieciocho (18) años de edad, pero mayor de dieciséis (16), cuando el menor cumpla con el requisito de asistencia obligatoria a las escuelas que impone la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, conocida "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico" o se haya graduado de escuela superior, y presente documentación que así lo pruebe, cuando dicho vehículo sea de uso privado, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos establecidos por esta Ley y por los reglamentos que el Secretario establezca, y la persona bajo cuya patria potestad se encuentre el menor, acceda, mediante escrito presentado al Secretario, a hacerse responsable de todas las multas que se impusieren a dicho menor por cualquier infracción a esta Ley y al pago de los daños y perjuicios que dicho menor causare.
(g) Poseer una licencia de aprendizaje que a la fecha de la solicitud de examen tenga no menos de un (1) mes ni más de dos (2) años contados desde la fecha de su expedición. No obstante, la licencia de aprendizaje aquí requerida no será necesaria cuando la persona posea una licencia de conducir, excluyendo la de motocicletas, y deseare cambiar tal licencia de conducir por cualquiera de las otras licencias autorizadas por esta Ley, o cuando la persona posea una licencia para conducir vehículos de motor que
tenga vigencia y haya sido expedida en cualquier Estado o territorio de los Estados Unidos, o en cualquier país extranjero, y dicha licencia no cumpla con los requisitos establecidos en el inciso
(b) del Artículo 3.05 de esta Ley.
(h) Haber aprobado un curso relacionado con el uso y abuso de sustancias controladas y sobre alcoholismo y su efecto al conducir, el cual tendrá como mínimo una hora de duración. Disponiéndose que dicho curso podrá ofrecerse de forma electrónica por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de conformidad a la reglamentación que el Secretario adopte a esos fines. En el caso de estudiantes, éstos podrán tomar el curso en sus respectivas escuelas, las cuales expedirán una certificación acreditando que el estudiante ha participado en un curso no menor de una hora de duración relacionado con el uso y abuso de sustancias controladas y el alcoholismo.
(i) Haber aprobado un examen práctico, de acuerdo con el tipo de licencia solicitada, según disponga el Secretario mediante reglamento.
Artículo 3.07.-Requisitos para Obtener el Endoso de Conducir Motocicletas. Toda persona que se autorice a conducir una motocicleta en Puerto Rico deberá cumplir con los siguientes requisitos:
(a) Estar capacitado mental y físicamente para ello.
(b) Haber cumplido los dieciocho (18) años de edad.
(c) Ser conductor autorizado de vehículos de motor.
(d) Haber tomado un adiestramiento para conducir motocicletas y sobre las disposiciones de la "Ley de Tránsito de Puerto Rico" en lugares designados y autorizados por el Secretario y que los mismos sean ofrecidos por instructores debidamente certificados por el Secretario o su representante autorizado. Este adiestramiento será requisito únicamente si la persona no obtiene la puntuación mínima necesaria para aprobar el examen teórico o práctico la primera vez que tome los mismos.
(e) Haber aprobado un examen teórico y práctico ofrecido por instructores debidamente certificados por el Secretario en un área designada y autorizada por el mismo y obtener en su consecuencia una certificación de aprobación de parte del instructor.
(f) Aquellas personas que para fines turísticos interesen alquilar o alquilen motocicletas a través de una compañía o negocio autorizado en las Islas Municipios de Culebra o Vieques, para uso exclusivamente en la jurisdicción de dichas Islas, estarán exentas de cumplir con los requisitos del inciso
(d) y
(e) de este Artículo. Ésta exención sólo tendrá vigencia durante los primeros treinta (30) días desde la llegada de las persona a las Islas Municipios de Culebra o Vieques. La compañía o negocio que se dedique al alquiler de motocicletas en las jurisdicciones de Culebra o Vieques deberá exigir del arrendatario el cumplimiento con los requisitos de los incisos
(a) y
(b) y
(c) .
Artículo 3.08.-Requisito para Licencia de Aprendizaje. Ninguna persona podrá aprender a conducir un vehículo de motor por las vías públicas sin que se le haya expedido una licencia para ese fin por el Secretario.
El Secretario expedirá una licencia de aprendizaje a toda persona que:
(a) Sepa comunicarse en español o inglés.
(b) Haya cumplido dieciocho (18) años de edad, excepto en los casos contemplados en el inciso
(f) del Artículo 3.06 de esta Ley.
(c) Apruebe un examen teórico, en el formato o medio que disponga el Secretario, que mida su conocimiento de las disposiciones de este capítulo y de los reglamentos promulgados por el Secretario, para regular el tránsito y garantizar la seguridad pública. El Secretario podrá sustituir el examen por un curso y examen oral cuando se trate de una persona que no sepa leer
y escribir español o inglés, o que sepa leer y escribir con limitaciones en la rapidez o interpretación que le impedirían aprobar el examen teórico en otro medio.
(d) Presente una identificación con foto, nombre completo y fecha de nacimiento, de tener alguna.
(e) Presente un certificado de nacimiento.
(f) Presente una Tarjeta de Seguro Social, o un documento que verifique que el aspirante no es elegible o no se le aplica asignarle un Número de Seguro Social.
(g) Presente documentación que demuestre su nombre con la dirección residencial.
(h) Presente documentación que demuestre que es ciudadano o nacional de los Estados Unidos, o un extranjero con estado legal permanente o temporal o una visa válida, o que ha solicitado o se le ha concedido el asilo y es un refugiado.
(i) Cumpla con un Taller sobre la "Carta de Derechos del Ciclistas y Obligaciones del Conductor" a ser provisto por el Departamento. El contenido de dicho taller deberá formar parte del examen teórico que requiere esta ley para la emisión de la licencia de aprendizaje.
(j) Cumpla con cualesquiera otros requisitos y formalidades procesales que el Secretario disponga al efecto mediante reglamento.
Toda persona a quien se le expida una licencia de aprendizaje, o una licencia de aprendizaje provisional, podrá conducir un vehículo de motor por la vías públicas, sujeto a la reglamentación que promulgue el Secretario, mientras tenga a su lado un conductor autorizado, que tenga veintiún años (21) de edad o más. La persona que estuviere al lado del aprendiz deberá estar en condiciones físicas y mentales que le permitan actuar e instruir al aprendiz y hacerse cargo del manejo del vehículo, si ello fuere necesario.
Toda licencia de aprendizaje, incluyendo toda licencia de aprendizaje provisional, será expedida por un término de dos (2) años y no será renovable. Transcurrido dicho término, la persona tendrá treinta (30) días adicionales para solicitar examen práctico. Una vez vencido dicho término, la persona deberá obtener una nueva licencia de aprendizaje o una nueva licencia de aprendizaje provisional, según fuere el caso, si interesa continuar practicando.
Artículo 3.09.-Capacidad mental y física para conducir. Toda persona que solicite la expedición de un certificado de licencia de aprendizaje y de conducir deberá incluir con su solicitud una certificación expedida por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico. La certificación se hará en el formulario que para tales fines disponga el Secretario. Quedan exentos de este requisito las personas que realicen la renovación de la licencia en línea a través del portal (pr.gov). No obstante, será deber de la persona notificar al Secretario de sufrir alguna incapacidad física parcial que pueda ser subsanada según dispone el Artículo 3.12 de esta Ley.
Cuando se solicite una licencia de conducir, el Secretario podrá requerir un examen médico a todo solicitante exento del requisito de la licencia de aprendizaje, siempre y cuando no hayan transcurrido más de diez (10) años de la fecha de expiración de la licencia que posee el solicitante. El requerimiento de examen médico no será necesario cuando se trate de la licencia de conducir categoría 3 renovada mediante el "Sistema de Renovación de Licencias en Línea".
El Secretario podrá requerir hasta dos (2) exámenes físicos adicionales, dos (2) exámenes visuales, así como hasta dos (2) exámenes siquiátricos del solicitante por especialistas en la materia, cuando a su juicio o de persona designada por éste, fuese necesario para cumplir con los fines de este Artículo.
El Secretario establecerá mediante reglamento las condiciones físicas mínimas necesarias para conducir un vehículo de motor comercial, vehículo pesado de motor, camión liviano y camión pesado, a tenor con los requisitos dispuestos en la legislación y reglamentación estatal y federal aplicable.
Artículo 3.10.-Junta Médica Asesora.
(a) El Secretario establecerá una Junta Médica Asesora en la expedición de licencias de conducir compuesta por siete (7) miembros, nombrados por el Secretario.
(b) Estos serán nombrados por cuatro (4) años y los miembros así nombrados ejercerán como tal hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. Toda vacante que ocurra antes del vencimiento de un término será cubierta por el período restante. Los miembros de la Junta deberán ser médicos autorizados a ejercer la profesión de medicina en Puerto Rico.
(c) Cuatro (4) miembros de la Junta constituirán quorum y la vacante o ausencia de tres (3) de sus miembros, no afectará el derecho de los miembros
restantes a ejercer todos los poderes de la Junta. Los acuerdos de la Junta se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes.
(d) La Junta tendrá los siguientes deberes y facultades: (1) Asesorar al Secretario sobre cuestiones médicas, utilización de equipos de asistencia tecnológica para personas con impedimentos y normas de la visión relacionadas con la autorización de los conductores. (2) Llevar un registro oficial de los casos sometidos por el Secretario para evaluación así como un récord de las deliberaciones de la Junta. (3) Seleccionar un presidente de entre sus miembros. (4) Cualquier otro deber o facultad delegado por el Secretario.
(e) Si el Secretario tuviese motivos fundados para creer que un conductor autorizado o un aspirante a conductor no está física o mentalmente capacitado para poseer licencia de conducir, éste solicitará el consejo y asesoramiento de la Junta notificándoselo así por escrito al conductor o aspirante. La Junta podrá formular su recomendación basándose en los informes y registros, o podrá examinar o referir al Departamento de Salud o al Centro Médico para que se examine a la persona. El conductor autorizado o aspirante podrá examinarse por un médico que él seleccione. Cuando la condición sea de la visión, el examen deberá ser realizado por un optómetra u oftalmólogo. El resultado del examen será debidamente considerado por la Junta, conjuntamente con cualesquiera otros informes que tuviere para emitir su opinión. Este procedimiento no deberá extenderse de noventa (90) días.
(f) Los miembros de la Junta así como aquellas personas que examinen al conductor autorizado o aspirante no serán responsables y, por lo tanto, no podrán ser demandadas por las opiniones y recomendaciones que sometan a la Junta.
(g) Aquellos informes recibidos o realizados por la Junta o sus miembros con el propósito de asistir al Secretario en la determinación de si una persona está capacitada para obtener licencia de conductor serán de carácter confidencial y para el uso exclusivo de la Junta o el Secretario y no podrán ser divulgados por persona alguna o ser utilizados como evidencia en ningún juicio. Se dispone que, los informes podrán ser utilizados en aquellos procedimientos internos del Departamento sobre expedición,
renovación o revocación de licencias de conducir y cualquier persona que realice un examen, según se dispone en el inciso
(e) de este Artículo, podrá ser compelida a declarar sobre sus observaciones y conclusiones en tales procedimientos. La persona afectada tendrá derecho a que se le suministren copias de los informes médicos cuando así lo solicite.
Artículo 3.11.-Requisito de examen práctico.
(a) Todo aspirante a una licencia de conducir que reúna los requisitos establecidos en el Artículo 3.06 de esta Ley, podrá solicitar al Secretario un examen práctico para que se le expida una licencia de conducir. Si el o la aspirante ya poseyere licencia de conducir expedida bajo las disposiciones de esta Ley, podrá solicitar al Secretario que lo someta a examen para que se le expida cualquiera de las otras licencias que se autorizan en esta Ley, cuyos requisitos de examen sean más rigurosos. El aspirante que sea poseedor de una licencia de conducir expedida por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vendrá obligado a tomar el examen teórico dispuesto en el Artículo 3.08(c) pero no tendrá que obtener la licencia de aprendizaje.
(b) La solicitud para examen se hará en el formulario y vendrá acompañada de las fotografías y documentos que el Secretario disponga mediante reglamento. Una vez radicada la solicitud, el Secretario fijará la fecha y hora en que el mismo habrá de celebrarse y se lo notificará al solicitante.
(c) Durante el examen, todo aspirante deberá demostrar que puede conducir con seguridad el vehículo de motor para el cual solicita la licencia de conducir, y que cumple con todas las disposiciones de esta Ley y con los reglamentos que fueren promulgados por el Secretario.
(d) Cuando se trate de una persona menor de dieciocho (18) años, pero mayor de dieciséis (16) años de edad, ésta podrá solicitar un examen práctico para la expedición de un Certificado de Licencia de Conducir por el Secretario, luego de transcurridos seis (6) meses desde la fecha de expedición de la licencia de aprendizaje, siempre y cuando al momento de solicitar el examen práctico no haya incurrido en alguna de las siguientes violaciones: (1) haber causado o estado involucrado en accidentes de tránsito; (2) conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas; (3) realizar carreras de competencia o regateo, concursos de velocidad y de aceleración;
(4) conducir de forma imprudente y temeraria, según se dispone en el Artículo 5.08 de esta Ley; (5) conducir sin estar acompañado en el asiento delantero del pasajero por un conductor autorizado de veintiún (21) años de edad o más; (6) conducir fuera de los límites máximos legales de velocidad dispuestos en el Capítulo V de esta Ley; (7) conducir sin utilizar el cinturón de seguridad; y (8) cualquier otra que el Secretario determine por Reglamento que impedirá la solicitud del examen práctico por un menor de edad.
De tener un expediente con sentencia o falta administrativa por alguna de las infracciones antes dispuestas, al menor de edad se le suspenderá el Certificado de Licencia hasta la fecha en que cumpla dieciocho (18) años de edad.
Artículo 3.12.-Licencias de conducir a personas con incapacidad física parcial. El Secretario podrá expedir licencias de aprendizaje y de conducir a cualquier persona que tenga una incapacidad física parcial, si hubiere cumplido los dieciocho (18) años de edad o cumpliere con lo dispuesto en el inciso
(f) del Artículo 3.06 de esta Ley, siempre que tal incapacidad pueda ser subsanada mediante el uso de equipos de asistencia tecnológica en el vehículo de motor o mediante limitaciones sobre el tipo de vehículo que tal persona deba conducir, lugares por donde pueda conducirlo o tiempo durante el cual se le autorice a conducir, así como cualquier otra limitación o condición que se estimare necesaria por razones de seguridad pública, todo lo cual se hará constar en la licencia que le fuere expedida.
Todo aspirante a una licencia de conducir un vehículo de motor bajo las disposiciones de este Artículo, deberá someterse a aquellos exámenes físicos que le requiera el Secretario, evaluándose aquellas condiciones que a juicio de éste fueren necesarios. El Secretario podrá establecer mediante reglamento, los requisitos que estime necesarios que le sean aplicables a las personas que se dediquen a cumplimentar las certificaciones médicas antes mencionadas.
Todo conductor, a quien se expida una licencia bajo las condiciones de este Artículo, vendrá obligado a cumplir cabalmente con las restricciones impuestas en la licencia para la cual se le ha considerado. El incumplimiento con dichas
restricciones podrá conllevar la revocación de la licencia concedida al tenor de este Artículo.
Artículo 3.13.-Certificados de Licencia de Conducir. A toda persona que se autorice a conducir un vehículo de motor, el Secretario le expedirá un certificado donde conste el hecho de tal autorización. El Secretario establecerá mediante reglamento las características físicas del certificado de licencia de conducir, así como cualquier otra característica que estime conveniente para la misma.
El certificado contendrá, en español e inglés, el nombre y demás datos descriptivos de la persona a quien se le expida, una fotografía digital de busto en que sus facciones sean claramente reconocibles, fecha de nacimiento, género de la persona, dirección residencial, firma o marca digital del conductor (la cual será añadida en presencia de un agente autorizado por el Departamento para garantizar la firma o marca digital de conductor); o cualquier otro sistema biométrico que disponga el Secretario, tipo de sangre, número de identificación de la licencia que haya designado el Secretario mediante reglamento, designación de veteranos (para aquellas personas que cualifiquen y presenten evidencia como veteranos de las Fuerzas Armadas mediante la certificación DD214 que evidencie que el servicio se caracterizó como honorable), tipo de licencia concedida, restricciones aplicables si alguna, y fechas de expedición y expiración de la misma. Además, el Secretario incluirá en el certificado de licencia de conducir aquella información que a su juicio estime pertinente, incluyendo, como mínimo, si es o no donante de órganos anatómicos o tejidos, de acuerdo con las leyes aplicables. Así también, a solicitud del poseedor del certificado de licencia, el Secretario incluirá si tiene pérdida de la capacidad auditiva y el grado de la misma. No obstante, en el caso de las licencias de conducir provisionales autorizadas mediante el Artículo 3.26 de esta Ley y las licencias de aprendizaje provisionales autorizadas mediante el Artículo 3.27 de esta Ley, el Secretario no podrá incluir información en las referidas licencias sobre el estatus migratorio o la ciudadanía de la persona a quien se le ha expedido tal licencia.
La tarjeta de identificación incluirá también, puntos de seguridad diseñados para prevenir la falsificación o duplicación del documento para propósitos fraudulentos y la misma deberá contener tecnología legible por una máquina común, con los elementos de datos mínimos definidos por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security).
El Secretario incluirá en el certificado de licencia de conducir un distintivo que identifique a un conductor como conductor seguro (safe driver). Se considerará conductor seguro a todo aquel conductor que durante el período de
vigencia anterior a la renovación de su licencia de conducir, no haya provocado algún choque de vehículos de motor y a su vez no haya cometido ninguna infracción a esta Ley. El Secretario podrá establecer mediante reglamento los requisitos que estime necesarios a las personas que se dediquen a cumplimentar las certificaciones médicas antes mencionadas.
En aquellos casos en los que la persona que solicita el certificado de licencia de conducir esté inscrita en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, el Secretario ordenará que se anote una restricción en su certificado que será codificada de forma alfanumérica, la cual significará que la persona no podrá conducir vehículos dedicados a transporte de escolares o vehículos comerciales que transporten pasajeros.
Cuando el certificado expedido bajo este Artículo se perdiere o fuere hurtado o destruido, la persona a quien le hubiere sido expedido podrá solicitar un duplicado del mismo luego de exponer en declaración jurada al efecto las circunstancias de la pérdida, hurto o destrucción. El Secretario podrá expedirle un duplicado, si dicha declaración fuere de su aceptación.
Artículo 3.14.-Vigencia y renovación de licencias de conducir. Toda licencia para conducir un vehículo de motor que expida el Secretario, excepto las licencias de conducir provisionales expedidas bajo el Artículo 3.26 de esta Ley, se expedirá por un término de seis (6) años, y podrá ser renovada por periodos sucesivos de seis (6) años. La fecha de vencimiento de la licencia de conducir coincidirá con la fecha de nacimiento de la persona. La renovación podrá llevarse a cabo desde los sesenta (60) días anteriores a la fecha de su expiración. Cuando el conductor opte por la renovación con anterioridad a su vencimiento, deberá entregar la licencia a ser renovada. Quedan exentos de esta práctica las personas que hayan realizado su renovación en línea a través del portal cibernético.
Toda licencia caducará al término de dos (2) años de expirada. Por lo tanto, todo conductor que desee que se le renueve su licencia transcurrido este término, deberá someterse a los exámenes que determine el Secretario para obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoría de la caducada.
El Secretario establecerá mediante reglamento el proceso de renovación de las licencias. Toda renovación de licencia se solicitará en el formulario u otro medio que para ese fin autorice el Secretario.
Toda certificación de licencia de conductor categoría 3, y cualquier otra que posteriormente designe el Secretario, podrán ser renovadas en el CESCO o en línea en el sistema creado para este propósito en el portal cibernético (pr.gov). La renovación en línea estará sujeta a que la licencia a renovarse no esté expirada, sea de formato digital, y se expida por un término de seis (6) años. El Secretario establecerá mediante reglamento las categorías y tipos de licencias que podrán ser renovadas en línea, así como el tiempo o las veces que la persona podrá renovar la licencia en línea antes de realizar la próxima renovación en el CESCO. Solo podrán acceder a la renovación en línea los conductores entre las edades de veintiún (21) a setenta (70) años.
En caso de que una persona autorizada a conducir un vehículo de motor le sobreviniera alguna incapacidad física o mental, será obligación del solicitante notificar al Secretario, en el formulario u otro medio que para ese fin autorice, sobre la incapacidad. Para ello, el Secretario requerirá una certificación médica acreditando la condición física, visual y mental del solicitante de acuerdo con las disposiciones del Artículo 3.09 de esta Ley. De haber surgido una incapacidad física o mental, el solicitante deberá realizar la renovación de la licencia de conducir en el CESCO.
El Secretario podrá exigirle a cualquier persona que solicite la renovación de una licencia de conducir un examen teórico en formato escrito o en otro medio que para tales fines disponga.
Cada vez que se renovare la licencia de conducir, o una licencia de conducir provisional, se le expedirá al solicitante un nuevo certificado de acuerdo con las disposiciones del Artículo 3.13 de esta Ley, pero conteniendo aquellas modificaciones propias de la renovación que el Secretario considere necesarias, según se disponga mediante reglamento. El número de identificación se conservará a través de todas las renovaciones que se hagan bajo las disposiciones de esta Ley.
Artículo 3.15.-Registros, expedientes y archivos de personas autorizadas a conducir vehículos de motor.
Será obligación de toda persona autorizada a conducir un vehículo de motor, notificar al Secretario, en el formulario u otro medio que para ese fin autorice, de cualquier incapacidad física o mental surgida.
Artículo 3.16.-Denegatoria de expedición o renovación de licencia de conducir. El Secretario rehusará expedir o renovar una licencia de conducir en los siguientes casos:
(a) Cuando la expedición o renovación resultare en la violación de esta Ley o de cualquier otra ley o sus reglamentos.
(b) Cuando la información suministrada en la solicitud de expedición o renovación de la licencia fuere falsa o insuficiente.
(c) Cuando no se hubiere cumplido con los requisitos de esta Ley.
(d) Cuando no se hubieren pagado los derechos de expedición o renovación de la licencia.
(e) Cuando el solicitante, en virtud de informes oficiales en su contra, constituya una amenaza para la seguridad pública o haya demostrado descuido o negligencia habitual en el manejo de vehículos de motor.
(f) Cuando el solicitante no hubiere cumplido con los requerimientos y reglamentación de la Comisión, o cuando en virtud de los informes oficiales de la Comisión, haya incumplido con los requerimientos o reglamentación de ésta. En los casos comprendidos bajo el inciso
(e) de este Artículo, el Secretario establecerá mediante reglamento los elementos esenciales que han de estar presentes en la conducta de una persona, a los efectos de determinar si ésta constituye una amenaza para la seguridad pública o ha demostrado descuido o negligencia habitual en el manejo de vehículos de motor. Cuando el Secretario determine que no procede la expedición o renovación de una licencia bajo dicho inciso, de conformidad con los reglamentos adoptados, lo notificará por escrito a la persona afectada y ésta podrá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la acción del Secretario, objetar dicha acción y solicitar una vista administrativa.
Artículo 3.17.-Endoso especial para transportar materiales peligrosos. Toda persona que deseare dedicarse a conducir vehículos que transporten materiales peligrosos, deberá obtener del Secretario un endoso especial para tales efectos. Para obtener dicho endoso, el aspirante deberá cumplir además con los requisitos establecidos en el Artículo 3.06 de esta Ley, con los siguientes requisitos adicionales:
(a) Ser mayor de veintiún (21) años de edad.
(b) Tener licencia para conducir vehículos de motor de la categoría a ser utilizada.
(c) Someter prueba acreditativa de que ha tomado, con una frecuencia no menor de cada dos (2) años, cursos o entrenamientos, ofrecidos o aprobados por la Comisión, relacionados con el manejo y transporte de materiales peligrosos, así como adiestramientos sobre procedimientos en casos de emergencia.
(d) Radicar un certificado negativo de antecedentes penales, expedido por la Policía de Puerto Rico al momento de solicitar o renovar la licencia o solicitar el endoso para transportar materiales peligrosos.
(e) Presentar una declaración jurada haciendo constar que posee un buen historial como conductor de materiales peligrosos en Puerto Rico y en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos.
(f) Presentar una certificación expedida por un laboratorio clínico público o privado, debidamente autorizado a realizar pruebas de detección de sustancias controladas en Puerto Rico, acreditando que el solicitante no es usuario de sustancias controladas de acuerdo con las pruebas o exámenes realizados a éste.
(g) Al solicitar por primera vez la licencia o el endoso para transportar materiales peligrosos, y luego, cada dos (2) años, el conductor deberá someterse a exámenes rigurosos, administrados por aquellos médicos que seleccione el Departamento, para determinar si se encuentra capacitado física y mentalmente para conducir vehículos de motor pesados que transporten materiales peligrosos, o para conducir cualquier otro tipo de vehículo que transporte dicha carga.
El Secretario, actuando en conjunto con la Comisión, establecerá mediante reglamento los procedimientos necesarios para la implantación de las disposiciones de este Artículo, así como cualesquiera otros requisitos o condiciones razonables que sean necesarios para la expedición o renovación de este tipo de licencia o endoso.
Artículo 3.18.-Gestores de licencias.
(a) Ninguna persona podrá dedicarse al negocio de gestores de licencia ni realizar actuaciones propias de dicho negocio en Puerto Rico, sin haber previamente aprobado el examen para la obtención de la "Licencia de Gestor" que ofrecerá el Secretario, prestando una fianza en cantidad no menor de veinticinco mil $(25,000)$ dólares para responder por el desempeño adecuado de sus funciones y obteniendo las correspondientes tarjetas de identificación de sus agentes autorizados de conformidad con este Artículo.
El Secretario preparará y administrará el examen de gestor, el cual deberá medir, en forma objetiva, conocimientos básicos de la presente "Ley de Tránsito", así como todo tipo de transacciones propias del negocio de gestores ante el Departamento. El examen será administrado por lo menos tres (3) veces al año, con no menos de cuatro (4) meses de diferencia entre cada fecha en que se administre el mismo. Esta licencia tendrá una vigencia de dos (2) años, y tendrá que ser renovada al finalizar dicho término, según disponga el Secretario mediante reglamento.
(b) Toda solicitud de examen para licencia de gestor deberá hacerse por escrito en las formas que para ello suministre el Secretario y deberá contener bajo juramento la dirección donde habrá de establecerse la oficina principal del negocio, la identificación del solicitante, la identificación de cada uno de sus agentes autorizados, así como toda otra información que el Secretario requiera. No se concederá una licencia para operar un negocio de gestores en un establecimiento, localidad o dirección que se encuentre a menos de doscientos (200) metros de distancia de cualquier otro establecimiento previamente establecido y debidamente autorizado por el Secretario para operar este mismo tipo de negocio o de cualquier CESCO o del Departamento.
Toda solicitud de examen de licencia, renovación y las correspondientes tarjetas de identificación deberán incluir un comprobante de rentas internas para el pago de los derechos que se establecen en el Artículo 23.02 de esta Ley.
Toda solicitud de renovación de este tipo de licencia y tarjetas de identificación deberá radicarse no más tarde de treinta (30) días, previo a la expiración de la misma.
La licencia deberá exhibirse en un lugar visible al público en el lugar del negocio y será intransferible. La tarjeta de identificación la deberá llevar sobre su persona el agente autorizado mientras esté en el desempeño de sus funciones.
(c) No se concederá una licencia a ninguna persona si ésta o cualquiera de los agentes autorizados de la misma ha sido convicto en cualquier jurisdicción del delito de falsificación, fraude, impostura, apropiación ilegal en cualquiera de sus modalidades, extorsión, escalamiento en cualquiera de sus modalidades, robo en cualquiera de sus modalidades, o soborno. Tampoco se concederán licencias a funcionarios o empleados del Departamento o a ex funcionarios o ex empleados del Departamento hasta
transcurridos dos (2) años de haberse separado de la agencia. Tampoco se concederán a personas que se dediquen a la venta, distribución o financiamiento de vehículos de motor, ni a sus agentes, empleados o familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
(d) El Secretario podrá suspender, revocar o rehusar expedir o renovar una licencia o autorización de gestor por cualquier fundamento que le faculte a tomar dicha acción bajo las disposiciones de este Artículo, de cualquiera de las disposiciones de esta Ley o de los reglamentos que se promulguen, incluyendo la violación o incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este Artículo.
(e) El Secretario establecerá aquellos reglamentos que considere necesarios para implantar las disposiciones de este Artículo.
(f) Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo o de los reglamentos que sean promulgados de conformidad, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de mil $(1,000)$ dólares. Artículo 3.19.-Revocaciones o suspensiones de licencias de conducir. El Secretario podrá revocar o suspender cualquier licencia de conducir en los siguientes casos:
(a) Cuando la licencia hubiese sido obtenida por medios fraudulentos, concedida por error o no se hubiesen pagado los derechos fiscales sobre la misma.
(b) Cuando la persona autorizada quedare incapacitada física o mentalmente para conducir un vehículo de motor.
(c) Cuando la persona autorizada tuviese un récord de por lo menos tres (3) sentencias de culpabilidad, cada una por hechos separados, en el término de un (1) año en los tribunales de justicia por violaciones a las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos.
(d) Cuando la persona autorizada hubiese sido convicta de violaciones a las leyes o reglamentos de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, incluyendo estados de la Unión y territorios, por actos u omisiones que constituyeren, bajo las leyes de Puerto Rico, delitos que justificaren la suspensión o revocación de la licencia.
(e) Cuando la persona hubiese sido autorizada bajo las disposiciones del Artículo 3.12 de esta Ley y dejare de cumplir con los requisitos o condiciones impuestas por el Secretario.
(f) Cuando la persona autorizada no hubiere cumplido con los requerimientos y reglamentación de la Comisión o cuando en virtud de los informes oficiales de la Comisión, haya violado los requerimientos o reglamentación a ésta.
(g) Cuando sea una persona menor de dieciocho (18) años que incumpla con el requisito de Asistencia Obligatoria a la Escuela, establecida en la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico". Estarán exentos jóvenes con embarazo precoz, emancipados, que vivan con familiares enfermos que requieran de su cuidado o con familiares con necesidades especiales. El Secretario de Transportación y Obras Públicas podrá disponer, mediante reglamento, cualquier circunstancia extraordinaria adicional que amerite, por vía de excepción, eximir administrativamente a una persona menor de dieciocho (18) años, pero mayor de dieciséis (16) años de edad, de los requisitos establecidos en este Artículo.
(h) Cuando la persona autorizada acumule la cantidad de mil $(1,000)$ dólares en multas de tránsito expedidas a su licencia de conducir.
(i) Cuando la persona acumule la cantidad de puntos por infracción que el Secretario determine por reglamento al amparo del Artículo 3.22.
En los casos previstos en los incisos
(a) ,
(b) y
(e) de esta Sección, la suspensión o revocación de la licencia se dejará sin efecto cuando se subsane el error, ilegalidad o incumplimiento señalado, o desaparezca o se subsane la incapacidad que dio origen a la actuación del Secretario.
En el caso del inciso
(h) , la suspensión se dejará sin efecto cuando el conductor autorizado pague el setenta por ciento ( $70 %$ ) del monto adeudado por concepto de multas de tránsito a su licencia de conducir o se acoja a un plan de pagos, según lo dispuesto en esta Ley.
Excepto en los casos de menores de edad, en ningún caso la suspensión de una licencia por el Secretario será por un término mayor de un (1) año.
Artículo 3.20.-Vista administrativa y recurso de revisión.
Cuando el Secretario determine que procede la revocación o suspensión de una licencia o autorización para conducir vehículos de motor, se seguirá el procedimiento establecido mediante reglamento y en conformidad a esta Ley.
Artículo 3.21.-Nuevos exámenes físicos, visuales o mentales. Cuando el Secretario tuviere por cualquier razón motivos fundados para creer que una persona con licencia para conducir vehículos de motor no estuviere capacitada física, visual o mentalmente para ello, incluyendo frecuentes infracciones a las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, requerirá de tal persona que se someta a examen físico, visual o mental, según sea el caso, ante aquellos médicos o facultativos que designe el Secretario. Dicho examen cubrirá aquellos extremos que el Secretario crea pertinentes, entre las cuales podrá ser el que la persona se someta a nuevos exámenes prácticos y escritos, donde demuestre su habilidad para conducir un vehículo de motor de acuerdo con la licencia que posea.
La negativa a someterse a dichos exámenes facultará al Secretario a revocar la licencia de conducir de dicha persona. Artículo 3.22.-Escala de evaluación (point system). El Secretario establecerá, mediante reglamento, un sistema de puntos o escala de evaluación para fijar los puntos o deméritos que se habrán de acumular en contra de los conductores por cada infracción que conlleve una falta administrativa, o por la convicción por un delito menos grave en virtud de esta Ley, y dispondrá cuáles serían las providencias a tomar cuando un infractor acumule distintos niveles de puntuación, que podrían ser, desde un aviso escrito, hasta la suspensión y revocación de la licencia de conducir.
Al incurrir una persona en una falta administrativa o delito menos grave por infracción a las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, el Secretario determinará, dentro de los límites que haya establecido para cada infracción, la cantidad de puntos que el infractor habrá de acumular.
Artículo 3.23.-Uso ilegal de licencia de conducir y penalidades. Será ilegal realizar cualquiera de los siguientes actos:
(a) Conducir un vehículo de motor por las vías públicas de Puerto Rico sin estar debidamente autorizado para ello por el Secretario o con una licencia de conducir distinta a la requerida para manejar dicho tipo de vehículo. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de doscientos (200)
dólares. Toda persona convicta de violar esta disposición y que ya hubiere sido convicta anteriormente del mismo delito, será sancionada con pena de multa de cuatrocientos (400) dólares.
(b) Suministrar al Secretario información o fotografías falsas u ocultar información con el fin de obtener engañosamente cualquiera de los tipos de licencia de conducir que se autorizan en esta Ley y sus reglamentos. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(c) Borrar, añadir o alterar maliciosamente la información contenida en cualquier certificado de licencia de conducir, o en cualquiera de los documentos necesarios para los procedimientos de obtención o renovación de dicha licencia, incluyendo alterar o sustituir fotografías en los mismos. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(d) Facilitar a personas no autorizadas a recibir cualquier certificado de licencia de conducir o cualquier documento con el fin de que lo utilice engañosamente en la obtención o renovación de cualquier licencia de conducir. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
(e) Que la persona en posesión de un vehículo de motor permita que éste sea conducido por una persona que no esté legalmente autorizada para ello. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa doscientos (200) dólares.
(f) Que una persona autorizada a conducir un vehículo de motor no informe al Secretario, en el tiempo y forma que dispone esta Ley, cualquier cambio en su dirección residencial. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares.
(g) No devolver al Secretario un certificado de licencia cuando por ley así se requiriese. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en una falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
(h) No llevar consigo el certificado de licencia de conducir cuando estuviere manejando un vehículo de motor. Toda persona que viole esta disposición
incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares.
(i) Que un aspirante a conductor o su acompañante viole las disposiciones contenidas en el Artículo 3.08 de esta Ley. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares.
(j) Que un aprendiz o su acompañante no lleven consigo la licencia de aprendizaje o de conducir, respectivamente. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares.
(k) Presentar como suya cualquier licencia de conducir que no le hubiere sido expedida por el Secretario. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
(l) Fotografiar, sacar copias fotostáticas o en cualquier forma reproducir, con el fin de utilizarla engañosamente, cualquier licencia de conducir o facsímil de la misma en tal forma que pueda ser considerada auténtica. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con multa no menor de quinientos (500) ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(m) Que una persona a quien le fue suspendida o revocada la licencia de conducir maneje un vehículo de motor en cualquier vía pública. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere, será sancionada con multa de trescientos (300) dólares, pero si la suspensión o revocación se debe a los delitos establecidos en el Capítulo VII de esta Ley, la multa será no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de tres mil $(3,000)$ dólares, y además se aplicarán las penalidades allí dispuestas.
(n) Que un médico certifique que un solicitante de licencia de aprendizaje o de conducir se encuentra mental y físicamente capacitado para conducir un vehículo de motor a sabiendas de que no lo está, o certifique haber practicado un examen físico o mental a dicho solicitante, sin haberlo hecho. Toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y será sancionada con pena de multa de cinco mil $(5,000)$ dólares.
Artículo 3.24.-Tarjeta de Identificación.
Toda persona que tenga dieciséis (16) años o más de edad que no posea una licencia de conducir podrá solicitar al Secretario, que le expida una tarjeta de identificación. Dicha solicitud deberá venir acompañada de los requisitos que por reglamento establezca el Secretario, el que podrá imponer cargos razonables para la obtención de la misma. La tarjeta llevará el número de identificación que el Secretario señale y contendrán toda la información permitida por Ley y necesaria que pueda identificar debidamente a la persona, cuyo retrato aparezca en la misma.
La tarjeta de identificación se expedirá por un término de seis (6) años. La fecha de vencimiento de la tarjeta de identificación coincidirá con la fecha de nacimiento del acreedor de la misma. La vigencia de la tarjeta de identificación para las personas mayores de 65 años será de por vida.
Toda persona que posea la tarjeta de identificación vigente y que luego se decida a obtener una Licencia de Conducir deberá entregar la tarjeta de identificación. En caso que se le haya perdido, deberá someter una declaración jurada haciendo constar los hechos.
Artículo 3.25.-Servicio Selectivo. Se incluirá un encasillado en los formularios de solicitud y renovación de la tarjeta de identificación y licencia de conducir, a los efectos de que aquellas personas sujetas a la aplicabilidad de la "Ley Federal para el Sistema de Servicio Selectivo" puedan optar por registrarse en el Servicio Selectivo, según requerido. Dicho encasillado deberá incluir una relación sucinta del requisito de ley, la cita de la misma, y las consecuencias de su incumplimiento. Aquellas personas a quienes les aplique la "Ley para el Servicio Selectivo" que no deseen registrarse, simplemente dejarán el encasillado en blanco. Los solicitantes que tengan dieciséis (16) y diecisiete (17) años podrán optar por acceder a que el Sistema de Servicio Selectivo los registre una vez cumplan los dieciocho (18) años, siempre que cuenten con la autorización del adulto llamado a consentir en la solicitud de tarjeta de identificación o licencia de conducir.
Artículo 3.26.-Licencia de conducir provisional. A. Elegibilidad. Toda persona extranjera que
(i) haya residido en Puerto Rico por un periodo mayor a un (1) año; (ii) que no posea una tarjeta de seguro social ni un documento que verifique que no es elegible o no se le aplica asignarle un número de seguro social; y (iii) que no posea documentación que demuestre que es ciudadano de los Estados Unidos de América, o documentación expedida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de América (United States Citizenship and Immigration
Services) que autorice su presencia en los Estados Unidos de América, podrá solicitar, previo cumplimiento con los requisitos dispuestos en este Artículo, una licencia de conducir provisional. B. Requisitos para la expedición de una licencia de conducir provisional. Toda persona que solicite una licencia de conducir provisional bajo este Artículo deberá: i. Cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 3.06 de esta Ley, excepto los incisos
(c) ,
(e) y
(g) . ii. Poseer una licencia de aprendizaje provisional expedida conforme al Artículo 3.27 de esta Ley, que a la fecha de la solicitud de examen tenga no menos de un (1) mes ni más de dos (2) años contados desde la fecha de su expedición. iii. Poseer un pasaporte vigente de su país de ciudadanía o una identificación consular vigente expedida por un consulado de su país de ciudadanía con el propósito de identificar a la persona. Para que la identificación consular sea válida, ésta deberá contener el nombre, fecha de nacimiento, foto y firma de la persona, así como la fecha de expedición y de expiración de la identificación. Además, para que la identificación consular sea válida, el consulado que la expide deberá requerir a la persona prueba de su ciudadanía e identidad. La identificación consular deberá ser debidamente certificada por la autoridad consular o competente y deberá estar traducida al español o inglés. C. Limitaciones. Las licencias de conducir provisionales expedidas conforme a este Artículo estarán excluidas de las disposiciones del REAL ID Act en lo concerniente a requisitos de expedición y almacenamiento de datos de los conductores a quienes se les expida la licencia. Asimismo, contendrán en su faz un aviso claro a los efectos de que éstas podrían no ser aceptadas por una agencia federal para propósitos de identificación o cualquier otro propósito oficial. Además, la licencia de conducir provisional deberá tener un diseño único o indicador de color que lo distinga del resto de las licencias de conducir, conforme a la reglamentación que a esos efectos promulgue el Secretario. D. Tipos de licencia. En cuanto a los tipos de licencia, la licencia provisional dispuesta en este Artículo se limita las categorías dispuestas en los incisos
(a) ,
(b) y
(e) del Artículo 1.54 de esta Ley.
E. Vigencia. Toda licencia de conducir provisional que expida el Secretario bajo este Artículo, se expedirá por un término de tres (3) años, y podrá ser renovada por periodos sucesivos de tres (3) años. F. Renovación. Toda persona que posea una licencia de conducir provisional expedida bajo este Artículo, deberá renovar la misma dentro de los treinta (30) días de la fecha de expiración luego de pagar los derechos mencionados en el Artículo 23.02 de esta Ley.
Artículo 3.27.-Licencia de aprendizaje provisional. A. Elegibilidad. Toda persona extranjera que
(i) haya residido en Puerto Rico por un periodo mayor a un (1) año, lo cual deberá evidenciar de la forma que el Secretario establezca mediante reglamento; (ii) no posea una tarjeta de seguro social ni un documento que verifique que no es elegible o no se le aplica asignarle un número de seguro social; y (iii) no posea documentación que demuestre que es ciudadano de los Estados Unidos de América, o documentación expedida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de América (United States Citizenship and Immigration Services) que autorice su presencia en los Estados Unidos de América, podrá solicitar, previo cumplimiento con los requisitos dispuestos en este Artículo, una licencia de aprendizaje provisional. B. Requisitos para la expedición de una licencia de aprendizaje provisional. Toda persona que solicite una licencia de aprendizaje provisional bajo este Artículo deberá: i. Cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 3.08 de esta Ley, excepto los incisos
(d) ,
(g) e
(i) . ii. Poseer un pasaporte vigente de su país de ciudadanía o una identificación consular vigente expedida por un consulado de su país de ciudadanía con el propósito de identificar a la persona. Para que la identificación consular sea válida, ésta deberá contener el nombre, fecha de nacimiento, foto y firma de la persona, así como la fecha de expedición y de expiración de la identificación. Además, para que la identificación consular sea válida, el consulado que la expide deberá requerir a la persona prueba de su ciudadanía e identidad. La identificación consular deberá ser debidamente certificada por la autoridad consular o competente y deberá estar traducida al español o inglés. La presentación del pasaporte o identificación consular constituirá el cumplimiento con el requisito
(e) del Artículo 3.08 de esta Ley, siempre y cuando estos documentos
contengan una foto, el nombre completo y la fecha de nacimiento del solicitante. C. Limitaciones. Las licencias de aprendizaje provisionales expedidas conforme a este Artículo estarán excluidas de las disposiciones del REAL ID Act en lo concerniente a requisitos de expedición y almacenamiento de datos de los conductores a quienes se les expida la licencia. Asimismo, contendrán en su faz un aviso claro a los efectos de que éstas podrían no ser aceptadas por una agencia federal para propósitos de identificación o cualquier otro propósito oficial. Además, la licencia de aprendizaje provisional deberá tener un diseño único o indicador de color que lo distinga del resto de las licencias de conducir, conforme a la reglamentación que a esos efectos promulgue el Secretario. D. Vigencia. Toda licencia de aprendizaje provisional que expida el Secretario bajo este Artículo, se expedirá por un término de dos (2) años."
Sección 3.-Se deroga el Capítulo IV de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo IV, que lea como sigue:
Artículo 4.01.-Regla general. El conductor de todo vehículo involucrado en un accidente del que resultaren daños a otro vehículo u otra propiedad, o del que resultare lesionada o muerta una persona, detendrá inmediatamente su vehículo en el lugar del accidente o tan cerca del mismo como fuere posible, de tal forma que no obstruya el tránsito, y dará cumplimiento a todas las obligaciones que bajo esta Ley se disponen.
Artículo 4.02.-Acto ilegal y penalidades Todo conductor que no parare su vehículo o que dejare de cumplir con los requisitos expresados en la circunstancias expuestas en el Artículo 4.01 de esta Ley, incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere será sancionado con pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. Si como consecuencia del accidente resultare lesionada una persona, incurrirá en delito grave y convicto que fuere será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
Al registrarse una convicción por violación a este Artículo, el Secretario revocará la licencia o el permiso de conducir y todo privilegio de conducir concedido a un no residente que hubiere sido convicto por infracción a este Artículo.
Artículo 4.03.-Obligaciones de todo conductor involucrado en un accidente. Todo conductor de un vehículo involucrado en un accidente deberá:
(a) Dar su nombre, dirección, número de registro del vehículo que conduce y, si así se le solicita, mostrar su licencia o permiso para conducir así como cualquier información relacionada al seguro obligatorio del vehículo de motor a cualquier persona herida como consecuencia del accidente, al conductor u ocupante del otro vehículo, a la persona a cargo del vehículo o de cualquier propiedad que hubiere sufrido daños en el accidente, o a cualquier agente del orden público.
(b) Prestar ayuda a los heridos, si los hubiere, incluso el llevarlos a un hospital o a donde se les pueda dar ayuda médica, salvo que fuese peligroso para el herido moverlo o que expresamente no lo consintiere el herido o cualquier persona que lo acompañare. Estará exento de dicha obligación el conductor del vehículo si como resultado del accidente su condición física no le permite prestar esa ayuda.
(c) En caso de que ninguna de las personas mencionadas esté en condiciones de recibir la información a que tienen derecho, conforme lo dispone el inciso
(a) de este Artículo, y no estuviere presente ningún oficial del orden público, el conductor del vehículo involucrado en el accidente, luego de cumplir con todas las disposiciones y requisitos de los Artículos 4.01 y 4.03 de esta Ley, hasta donde sea posible cumplirlas, deberá informar el accidente al cuartel de la Policía más cercano y someter la información especificada en el inciso
(a) de este Artículo.
Artículo 4.04.-Accidentes que afecten propiedad cuyo dueño o encargado no esté presente.
Todo conductor envuelto en un accidente que resultare en daño a cualquier propiedad cuyo dueño o encargado no estuviere presente en el sitio, tratará de localizar a dicho dueño o encargado y le informará sobre el accidente, identificándose y mostrándole la licencia que lo autoriza a conducir. Si no pudiere localizar al dueño o encargado de la propiedad damnificada en el accidente, dejará en un lugar conspicuo de ésta información del accidente, su nombre y dirección y deberá sin demora innecesaria notificar el accidente al cuartel de la Policía más cercano.
Artículo 4.05.-Obstrucción innecesaria del tránsito. Queda prohibido parar o dejar estacionado un vehículo después de un accidente en forma tal que obstruya el tránsito en la vía pública, excepto en aquellos casos en que las circunstancias, o la situación o condiciones en que los vehículos o sus ocupantes quedaren después del accidente, no lo permitieren.
Artículo 4.06.-Aviso inmediato a la Policía. Todo conductor de un vehículo de motor involucrado en un accidente que haya resultado en daño a otra persona o a propiedad ajena, y que no haya sido investigado por la Policía en el lugar de su ocurrencia, deberá inmediatamente, por los medios más rápidos posibles, notificar el accidente al cuartel de la Policía más cercano, en un plazo que no excederá de cuatro (4) horas después de haber ocurrido.
Cuando el conductor de un vehículo estuviere físicamente incapacitado de hacer la notificación inmediata requerida en este Artículo y hubiere otro ocupante en el vehículo al momento del accidente que pudiere hacerlo, dicho ocupante dará o hará que se dé la información que no pudiere dar el conductor.
Artículo 4.07.-Informe de la Policía Todo miembro de la Policía o de la Policía Municipal que investigue un accidente entre vehículos preparará un informe escrito, dentro de las próximas cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su llegada al lugar de los hechos, detallando aspectos que surjan como resultado de una investigación realizada en el momento y en el sitio del accidente, o posteriormente por haber entrevistado los participantes o testigos. Copia del informe escrito del accidente o de cualquier otro informe que haya sido preparado será remitida al Departamento de Transportación y Obras Públicas, dentro de los diez (10) días siguientes a la investigación del accidente, copia del cual será enviada a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles en caso de que surjan heridos.
Artículo 4.08.-Obligación de encargados de talleres. (A) Toda persona dueña o encargada de cualquier taller de reparaciones o de pintura de vehículos, vendrá obligada a llevar un registro de todos los vehículos que se dejen a su cargo. El registro incluirá el modelo del vehículo, número de serie y número de tablilla, el nombre y dirección del dueño y una descripción detallada de las condiciones en que se encontraba el vehículo, antes del accidente y una descripción de la labor realizada.
(B) Si el vehículo presentara perforaciones de bala, la persona dueña o encargada del taller deberá informarlo al cuartel de la policía más cercano dentro de un período de veinticuatro (24) horas siguientes a la llegada de dicho vehículo al taller. El policía a cargo del cuartel deberá llenar un informe con la descripción del vehículo, así como la marca, número de tablilla y el nombre y dirección del dueño o conductor que llevare el vehículo a dicho garaje o taller de reparaciones. Copia de este informe será enviada mensualmente al Departamento y a la Policía de Puerto Rico.
Cualquier persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.
Artículo 4.09.-Análisis y tabulación de informes de accidentes por el Departamento.
El Departamento deberá tabular y podrá analizar todos los informes de accidentes que se reciban en cumplimento de lo dispuesto en esta Ley y publicará anualmente, o a intervalos más cortos, información estadística basada en dichos informes, incluyendo datos sobre el número y las circunstancias de los accidentes de vehículos.
Artículo 4.10.-Gravámenes sobre los vehículos involucrados en accidentes. Cuando la operación de un vehículo de motor o de arrastre ocasione un accidente en las vías públicas, cualquier persona que tuviere una reclamación, originada con motivo de dicho accidente, podrá presentar una declaración jurada de los hechos constitutivos del accidente al Secretario. El Secretario examinará dicha declaración jurada y, de cumplir con los requisitos que se establezcan por reglamento, inscribirá dicha declaración anotando en el expediente en que aparece inscrito el vehículo de motor o arrastre una breve relación de la reclamación. Esta anotación tendrá el mismo efecto de un gravamen sobre el vehículo de motor o arrastre, según sea el caso, por un término de un (1) año. Durante ese tiempo, el Secretario no autorizará traspaso alguno de dicho vehículo. Será el deber del Secretario proveer por escrito al dueño del vehículo de motor o de arrastre, y a cualquier parte con interés que se lo solicitare, información sobre la existencia o no existencia de dicho tipo de gravamen sobre determinado vehículo de motor o arrastre.
El Secretario anotará toda orden judicial que afecte la disposición del vehículo de motor o arrastre, según sea el caso, y autorizará o desautorizará su traspaso de acuerdo con los términos de la orden.
Cualquier persona afectada por la anotación suspendiendo por un (1) año todo traspaso de vehículo de motor o arrastre, según ordenada por el Secretario, podrá liberar el vehículo de los efectos de la misma mediante la prestación de fianza por la suma que fijare el Secretario, de acuerdo a un estimado del valor en el mercado del vehículo, según se haya dispuesto mediante reglamento.
Artículo 4.11.-Poder de la Policía en caso de fugas. Cuando un miembro de la Policía o Policía Municipal tenga motivos fundados para creer que determinado vehículo ha estado involucrado en un accidente en que el conductor se dio a la fuga, y dicho vehículo tenga alguna señal aparente de haber estado involucrado en un accidente, el agente tendrá facultad para removerlo de la vía pública y llevarlo a un sitio adecuado para inspección. El dueño no será privado de la posesión del vehículo por más de cuarenta y ocho (48) horas.
Artículo 4.12.-Obstrucción de labores de emergencia. A. Todo conductor que estacione su vehículo de motor a cien (100) pies o menos del lugar donde ocurriere un accidente de tránsito o situación de emergencia, mientras se realizan allí labores de emergencia, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de doscientos (200) dólares. Se exceptúan de esta disposición los miembros de la prensa general activa y, mientras no se hayan presentado al lugar del accidente las autoridades encargadas de realizar los trabajos de emergencia, aquellas personas que por sus conocimientos o preparación profesional o técnica estén en condiciones de prestar ayuda y se detengan allí con dicho propósito. En todo caso, dichas personas ejercerán la debida prudencia y tomarán aquellas medidas que fueren necesarias para no obstruir el libre flujo del tránsito ni crear situaciones que presenten riesgo a su propia seguridad o a la de otras personas. B. Todo conductor al acercarse o pasar por un área de emergencia o paseo, en donde se encuentre un vehículo de emergencia o del orden público, camión de remolque, o vehículo oficial de mantenimiento que esté debidamente identificado con sus luces intermitentes según autorizadas por el Artículo 14.12 de esta Ley deberá:
(1) cambiar al carril más lejano a la zona de emergencia o paseo, si el tránsito o el tipo de vía pública lo permite; o (2) si no es posible el cambio de carril, el conductor deberá reducir su velocidad a veinte (20) millas por hora por debajo de la velocidad máxima permitida en la vía pública pertinente.
Una vez el conductor haya rebasado el área de emergencia o paseo en donde se encuentre el vehículo oficial o de arrastre detenido, podrá volver a su antiguo carril o continuar a la velocidad máxima permitida en dicha vía pública. Toda persona que viole lo establecido en el Inciso B de este Artículo, incurrirá en una multa administrativa de ciento cincuenta (150) dólares.
Artículo 4.13.-Obligación de los agentes del orden público en caso de accidente. Todo agente del orden público en funciones y que no esté en persecución de un sospechoso de crimen, vendrá obligado a detenerse en el lugar del accidente de tránsito hasta tanto se presente otro agente del orden público o hasta que tome todos los datos necesarios para poder investigar el accidente.
Artículo 4.14.-Deber de los agentes del orden público. Cuando un agente del orden público intervenga con una persona por razón de una violación a las disposiciones de esta Ley, deberá hacerlo en forma profesional y diligente de manera que se garantice la seguridad de las personas intervenidas y la suya propia."
Sección 4.-Se deroga el Capítulo V de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo V que lea como sigue:
Artículo 5.01.-Regla básica. La velocidad de un vehículo o vehículo de motor deberá regularse en todo momento con el debido cuidado, teniendo en cuenta el ancho, tránsito, uso y condiciones de la vía pública. Nadie deberá guiar a una velocidad mayor a la que se permita ejercer el debido dominio del vehículo y deberá reducir la velocidad o parar, cuando sea necesario para evitar un accidente. De conformidad con los requisitos expresados anteriormente, toda persona deberá conducir a una velocidad segura y adecuada al acercarse y cruzar una intersección o cruce ferroviario, al acercarse a la cima de una pendiente, al viajar por una carretera
estrecha o sinuosa, cuando existan peligros especiales con respecto a peatones u otro tránsito, o por razón del tiempo o las condiciones de la vía pública.
Artículo 5.02.-Límites máximos legales y penalidad. Los límites que a continuación se establecen y en la forma que más adelante se autorizan, serán los límites máximos legales de velocidad y ninguna persona conducirá un vehículo de motor por la vía pública a una velocidad mayor de dichos límites máximos:
(a) Veinticinco (25) millas por hora en la zona urbana, excepto en vías con un total de cuatro o más carriles, donde el Secretario podrá establecer un máximo de treinta y cinco (35) millas por hora.
(b) Cuarenta y cinco (45) millas por hora en la zona rural, salvo en aquellas carreteras en que el Secretario determine que la velocidad máxima sea hasta de cincuenta y cinco (55) millas por hora.
(c) Quince (15) millas por hora en una zona escolar ubicada en una zona urbana, mientras que en una zona rural, será de veinticinco (25) millas por hora, según la identifique la autoridad correspondiente, de seis de la mañana (6:00 A. M.) a siete de la tarde (7:00 P. M.) durante los días de clases u otras horas o períodos que se señalen o identifiquen por medio de rótulos con mensajes fijos, rótulos con mensajes variables, semáforos de luz amarilla intermitente u otros dispositivos de control del tránsito o combinación de éstos.
(d) Todo vehículo de motor que transporte materiales peligrosos no excederá de treinta (30) millas por hora en zona rural y quince (15) millas por hora en zona urbana. Al determinarse qué constituye material peligroso, deberá atenderse la definición, que a esos efectos, se establezca en la reglamentación adoptada por la Comisión, de acuerdo con la facultad que le confiere la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico" o en cualquier estatuto que subsiguientemente rija dicha materia.
(e) La velocidad en las autopistas será de sesenta y cinco (65) millas por hora en las áreas donde se cumpla con los criterios vigentes de la Asociación Americana de Funcionarios Estatales de Transportación (AASHTO por sus siglas en inglés).
(f) La velocidad máxima para todo vehículo pesado de motor, ómnibus público o privado, o transporte escolar, será siempre diez (10) millas por
hora menos que la permitida en cualquier zona, excepto en las zonas escolares en donde la velocidad máxima será de quince (15) millas por hora.
(g) Toda persona que maneje un vehículo de motor en exceso de la velocidad máxima permitida en la zona u horario, o bajo las condiciones pertinentes, según determinado por el Secretario, incurrirá en falta administrativa y se le sancionará de la siguiente forma: (1) Con multa básica de cien (100) dólares, más diez (10) dólares adicionales por cada milla por hora a que viniese manejando en exceso del límite máximo de velocidad permitido en dicha zona u horario, o bajo dichas circunstancias. (2) Con multa de mil $(1,000)$ dólares cuando la velocidad a la que vaya el vehículo sea cien (100) millas por hora o más.
(h) Toda persona que maneje un vehículo de motor en exceso de la velocidad máxima permitida en una zona escolar y dicha zona haya sido especialmente demarcada con los dispositivos de rigor, tales como, pero no limitado a, semáforos, reflectores, pintura y rotulación, incurrirán en una falta administrativa y serán sancionados con multa de doscientos (200) dólares más diez (10) dólares por cada milla adicional sobre el límite de velocidad establecida por Ley, para la zona escolar. Cuando a consecuencia de la violación a esta disposición se ocasionare un choque automovilístico o cualquier tipo de daño corporal a una persona, se considerará un delito menos grave y, convicta que fuera la persona, se le impondrá pena de reclusión por un término de hasta seis (6) meses, una multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares o ambas penas a discreción del tribunal.
(i) Toda persona que maneje un vehículo pesado de motor, ómnibus público o transporte escolar en exceso de la velocidad máxima permitida, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada de la siguiente manera: (1) Por la primera convicción, con pena de multa que no será menor de doscientos cincuenta (250) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares y la suspensión de la licencia de conducir por un término de un (1) mes. (2) Por la segunda convicción, con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de mil $(1,000)$ dólares y la
suspensión de la licencia de conducir por un término de seis (6) meses. (3) Por la tercera convicción, con pena de multa no menor de mil $(1,000)$ dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares y la suspensión de la licencia de conducir de por vida.
(j) Toda persona que maneje un vehículo de motor en exceso de la velocidad máxima permitida en un área donde haya un aviso de que se encuentran obreros realizando trabajos de construcción, mantenimiento o mejoras en las vías públicas, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa básica de ciento cincuenta (150) dólares, más diez (10) dólares por cada milla por hora a que viniese manejando en exceso del límite máximo de velocidad permitido en dicha zona u horario.
Artículo 5.03.-Velocidad muy lenta y penalidades.
(a) Será ilegal que cualquier persona conduzca un vehículo o vehículo de motor a una velocidad menor de veinte (20) millas por debajo del límite máximo de velocidad establecido en la vía pública. Esta disposición no aplica cuando sea necesaria la velocidad reducida para la conducción segura, o por tratarse de una cuesta, o cuando se trate de un vehículo pesado de motor que por necesidad, o en cumplimiento de ley, transite a una velocidad lenta. La infracción a esta disposición será sancionada como falta administrativa, con una multa de cien (100) dólares.
(b) Cuando el Secretario o las autoridades locales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, determinen, a base de una investigación de ingeniería de tránsito, que velocidades reducidas en cualquier parte de una vía pública consistentemente impiden el movimiento normal y razonable del tránsito, el Secretario o las autoridades locales podrán determinar y declarar un límite de velocidad mínimo bajo el cual ninguna persona podrá conducir un vehículo, excepto cuando fuere necesario para conducir con seguridad o en cumplimiento de la ley. La infracción a un límite de velocidad mínimo será sancionada como falta administrativa con una multa de cien (100) dólares.
(c) En aquellas vías públicas en donde existan dos (2) o más carriles para transitar en la misma dirección, será ilegal transitar por el carril izquierdo a una velocidad menor del límite máximo de velocidad establecido en la vía pública. Esta disposición no aplica cuando sea necesaria la velocidad reducida, por razones justificables, para la conducción segura. La
infracción a esta disposición será sancionada como falta administrativa, con una multa de doscientos (200) dólares.
Artículo 5.04.-Zona de velocidad Cuando el Secretario determinare, a base de una investigación de ingeniería de tránsito, que cualquiera de los límites máximos de velocidad anteriormente establecidos es mayor o menor de lo que fuere razonable o seguro para las condiciones existentes en una intersección, o en algún otro lugar, o en cualquier parte del sistema de carreteras, dicho Secretario podrá determinar y declarar mediante reglamento un límite máximo, seguro y razonable, que será efectivo cuando se instalen en el sitio señales apropiadas. Dicho límite máximo de velocidad será establecido para que tenga efectividad a toda hora, o a las horas que indiquen dichas señales, y se podrán establecer límites distintos para diferentes horas, distintos tipos de vehículos, diferentes condiciones del tiempo y otros factores pertinentes a una velocidad segura, los que estarán en vigor cuando se indiquen mediante señales fijas o removibles. No obstante, los límites máximos que establezca el Secretario nunca podrán exceder a los establecidos en esta Ley.
Artículo 5.05.-Imputación de violaciones. En toda imputación de violación a los límites de velocidad establecidos en esta Ley, el boleto expedido deberá especificar la velocidad a que se alega conducía dicha persona, la velocidad máxima permitida dentro del distrito o en la zona en cuestión, el nombre y número de placa de miembro de la Policía o Policía Municipal que lo ha intervenido, y la disposición de esta ley que se ha violado. Dicho agente del orden público siempre indicará dónde está ubicado el rótulo más cercano que indica el límite máximo de velocidad.
Todo miembro de la Policía o Policía Municipal que utilice un método electrónico para determinar la velocidad de un vehículo de motor tendrá la obligación de mostrarle a toda persona intervenida por una alegada infracción a este Artículo, la lectura que se arrojó usando ese método.
Artículo 5.06.-Carreras de competencia o regateo, concursos de velocidad y concursos de aceleración. (A) Se prohíben terminantemente las carreras de competencia, los concursos de velocidad y los concursos de aceleración en las carreteras estatales y municipales de Puerto Rico cuando las mismas no sean autorizadas por el Secretario. Toda persona que viole la disposición de este Artículo incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa fija de cinco mil $(5,000)$ dólares y se le suspenderá por un término de
seis (6) meses la licencia de conducir. Cualquier vehículo utilizado en contravención a las disposiciones de este Artículo, será incautado por los agentes del orden público, para fines de investigación e iniciar el proceso de confiscación a tenor con las disposiciones contenidas en la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones".
Toda persona que ayude, incite a otra a violentar las disposiciones de este Artículo cometerá una falta administrativa y será sancionada con una multa de tres mil $(3,000)$ dólares. (B) Reincidencia. Toda persona que, habiendo sido convicta previamente de violar este Artículo, resulte convicta nuevamente por infracción a este Artículo será sancionada con pena de multa de cinco mil $(5,000)$ dólares, o pena de reclusión no mayor de seis (6) meses de cárcel, o ambas penas a discreción del tribunal. Además, se le revocará la licencia de conducir por el término de un (1) año. (C) En todos los casos bajo este Artículo procederá la confiscación de los vehículos de motor utilizados para violar tales disposiciones, con sujeción a la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones". El Secretario dispondrá mediante reglamento, de conformidad con lo establecido en la Ley 119-2011, según enmendada, todo lo relacionado al proceso de confiscación de vehículos que se establece en este Artículo. (D) Penalidades en caso de daño corporal a otra persona. Toda persona que viole lo dispuesto en este Artículo y como consecuencia de ello ocasionare daño corporal a otra persona, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. No obstante, si como consecuencia de la violación a lo dispuesto en este Artículo un conductor causare grave daño corporal a un ser humano, será culpable de delito grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. De mediar circunstancias atenuantes, la pena podrá ser reducida a un mínimo de tres (3) años.
Constituirá grave daño corporal aquél que resulte en mutilación, incapacidad física o mental, ya sea parcial o total, temporera o permanente, o que afecte severamente el funcionamiento fisiológico o mental de una persona.
Artículo 5.07.-Imprudencia o negligencia. (A) Toda persona que condujere un vehículo de forma imprudente o negligentemente, con menosprecio de la seguridad de personas o propiedades, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de mil $(1,000)$ dólares. No obstante lo anterior, será sancionada con pena de multa no menor de mil $(1,000)$ dólares ni mayor de dos mil $(2,000)$ dólares toda persona que conduzca un vehículo o vehículo de motor de forma imprudente o negligente y cause daño a:
(a) Cualquier otra persona que esté realizando labores de reconstrucción, ampliación, repavimentación, mantenimiento u otra relacionada en una autopista, carretera, avenida, calle, acera u otra vía pública abierta al tránsito de vehículos o vehículos de motor.
(b) Cualquier miembro o empleado de una agencia de servicios de seguridad pública que esté atendiendo un accidente de tránsito o prestando cualquier servicio de emergencia en las mismas.
En caso de una segunda convicción y subsiguientes, la pena será de multa no menor de mil $(1,000)$ dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares o de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. En estos casos, además de las penas establecidas en esta Ley, el Secretario suspenderá a la persona así convicta toda licencia que posea autorizándole a conducir vehículos de motor por un término de tres (3) meses, en caso de que una persona sea convicta en tres (3) o más ocasiones, se revocará su licencia de conducir permanentemente. Luego de transcurridos tres (3) años a partir de una convicción bajo las disposiciones de esta sección, la misma, no se tomará en consideración para convicciones subsiguientes. (B) En aquellos casos en que la persona que condujere un vehículo de forma imprudente o negligentemente ocasione a otra persona una lesión corporal que requiera hospitalización, tratamiento prolongado o genere un daño permanente o lesiones mutilantes, incurrirá en delito menos grave con una pena fija de tres (3) años de reclusión y el Secretario le revocará todo permiso o privilegio de conducir por igual término. No obstante lo anterior, si la persona que condujere un vehículo de forma imprudente o negligente, con menosprecio a la seguridad, que ocasione a otra persona una lesión corporal que requiera hospitalización, tratamiento prolongado o genere un daño permanente o lesiones mutilantes, se va a la fuga, incurrirá en delito
grave con pena fija de (5) años de reclusión y el Secretario le revocará todo permiso o privilegio de conducir por igual término. (C) En aquellos casos en que la persona que condujere un vehículo de forma imprudente o negligentemente le ocasione la muerte a otra persona, incurrirá en delito menos grave con una pena de tres (3) años de reclusión. Si la persona conducía de forma temeraria, con claro menosprecio a la seguridad, y le ocasiona la muerte a otra persona, incurrirá en delito grave con una pena fija de ocho (8) años de reclusión y una multa de cinco mil $(5,000)$ dólares. No obstante lo anterior, si la persona que conducía un vehículo de forma imprudente o negligente le ocasiona la muerte de otra persona y se va a la fuga, incurrirá en delito grave con una pena fija de diez (10) años de reclusión y una multa fija que no excederá de diez mil $(10,000)$ dólares. El Secretario revocará todo permiso o privilegio de conducir concedido a toda persona convicta por infracción a este inciso por un término de cinco (5) años. D) En caso de una segunda convicción bajo los incisos (B) o (C) de este Artículo, la pena de multa será de diez mil $(10,000)$ dólares, con una pena fija de diez (10) años de reclusión, y el Secretario revocará permanentemente la licencia, o permiso de conducir, y todo privilegio de conducir concedido."
Sección 5.-Se deroga el Capítulo VI de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo VI que lea como sigue:
Artículo 6.01.-Regla básica. Todo vehículo será conducido por la mitad derecha de la zona de rodaje en que transite. En toda vía pública de más de un carril en una sola dirección, será obligación de todo vehículo pesado de motor, incluyendo los ómnibus, y de todo otro vehículo que discurra a una velocidad menor que la velocidad normal de tránsito en ese sitio y en ese momento, bajo las condiciones existentes, transitar siempre por el carril de la extrema derecha, excepto al alcanzar y pasar a un vehículo que se conduzca en la misma dirección, o cuando se disponga a doblar a la izquierda en una intersección o para entrar en un camino privado.
Las disposiciones de este Artículo no se interpretarán en ningún caso como que tienen por objeto autorizar el conducir por el carril de la derecha a una
velocidad tan lenta que obstruya el movimiento normal y razonable del tránsito, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
Sobre cualquier zona de rodaje que esté dividida en cuatro (4) o más carriles para el movimiento del tránsito en direcciones opuestas, ningún vehículo podrá ser conducido por la izquierda de la línea del centro de la zona de rodaje, excepto cuando así se autorice mediante dispositivos oficiales para regular el tránsito autorizando uno o más carriles a la izquierda del centro de la zona de rodaje para el uso del tránsito que de otra manera no le sería permitido utilizar dichos carriles, o excepto según se permite bajo el inciso
(b) del Artículo 6.02. No obstante, se entenderá que no se prohíbe cruzar la línea de centro al efectuar un viraje hacia o desde un callejón, camino privado o entrada de vehículos.
Toda persona que viole lo dispuesto en este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares.
Artículo 6.02.-Excepciones y situaciones especiales. La regla general anteriormente expuesta admitirá las siguientes excepciones:
(a) Cuando un vehículo alcance o pase a otro vehículo en la misma dirección, sujeto a las normas que gobiernan tales movimientos.
(b) Cuando la mitad derecha de la zona de rodaje estuviere obstruida o cerrada para el tránsito, en cuyo caso toda persona que así transite cederá el derecho de paso a todo vehículo que transite por su izquierda sobre aquella parte de la zona de rodaje libre de obstrucción y que se encuentre a distancia tal que pueda constituir un peligro inmediato.
(c) En zona de rodaje en que el tránsito discurra en una sola dirección.
(d) Cuando la zona de rodaje fuere tan estrecha que lo impidiere, en cuyo caso será permisible que el vehículo transite por el centro mientras la zona de rodaje sea recta y mientras no tenga que dar paso a otro vehículo que transite en dirección contraria o en la misma dirección.
(e) En zonas de rodaje divididas en tres (3) carriles marcados para tránsito en direcciones opuestas sujeto a las disposiciones del Artículo 6.06 de esta Ley.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.03.-Alcanzar y pasar por la izquierda. Todo vehículo de motor que transite por las vías públicas y dé alcance a otro vehículo de motor, podrá pasarle por el lado izquierdo del vehículo a ser rebasado.
En todo caso se observarán las siguientes reglas por el vehículo que dé alcance al vehículo a ser rebasado:
(a) No le pasará al vehículo alcanzado en un intersección o cien (100) pies antes de ésta, o si por señales específicas o por virtud de cualquier otra disposición de esta Ley y sus reglamentos tal acción se prohibiere.
(b) No le pasará al vehículo alcanzado si fuere necesario cruzar a la mitad izquierda de la zona de rodaje en pendientes o curvas si se careciere de visibilidad por una extensión razonable, o estuviere obstaculizada en cualquier forma la mitad izquierda de la zona de rodaje, o cuando las circunstancias del tránsito hicieren suponer que el vehículo alcanzado a su vez habrá de cruzar a la mitad izquierda de la zona de rodaje.
(c) No le pasará al vehículo alcanzado si no fuere posible guardar una distancia razonable al así hacerlo, o rebasarlo en forma tal que fuere posible al vehículo volver a ocupar sin peligro de colisión la mitad derecha de la zona de rodaje.
Ningún vehículo será conducido por el lado izquierdo del centro de la zona de rodaje al alcanzar y pasar a otro vehículo que transite en la misma dirección, a menos que dicho lado izquierdo pueda verse claramente y hubiere vía franca por una distancia razonable al frente que permita completar la maniobra sin que se interfiera con el movimiento de otro vehículo que se acerque en dirección opuesta o de cualquier vehículo alcanzado. En todo caso, el vehículo que hubiere rebasado deberá regresar a un carril autorizado tan pronto como sea posible y en caso de que la maniobra de pasar requiera el uso de un carril autorizado para vehículos que se aproximen en dirección contraria, lo hará antes de que la distancia que lo separa del vehículo que se aproxime fuere menor de doscientos (200) pies.
Las anteriores limitaciones no aplicarán en zonas de rodaje para el tránsito en una sola dirección, ni bajo las condiciones descritas en el inciso
(b) del Artículo 6.04(A) de esta Ley, ni al conductor de un vehículo que estuviere haciendo un viraje a la izquierda hacia o desde un callejón, camino privado o entrada de vehículos.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.04.-Uso del "Paseo" El uso del "Paseo", según dicho término se define en el Artículo 1.73 de esta Ley, estará limitado a situaciones de emergencia. Se prohíbe conducir vehículos por el área del "Paseo" o por el área verde anexa al mismo.
Podrá utilizar el "Paseo" con prudencia, y solamente en caso de emergencia, todo aquel vehículo que sirva para atender emergencias o desastres que esté debidamente autorizado a esos fines. Esta autorización aplica solamente cuando los conductores de dichos vehículos de emergencia se encuentren impedidos de avanzar por los otros carriles y se esté atendiendo una emergencia según la figura del hombre prudente y razonable. Además, se permitirá estacionarse a todo aquel conductor que tenga una situación de emergencia, cuyo vehículo tenga un desperfecto mecánico o cuando el conductor esté imposibilitado de conducir. No se podrá transitar en ningún momento por el área verde o área de terrenos anexa al "Paseo".
Todo conductor que viole lo dispuesto en este Artículo incurrirá en falta administrativa que conllevará una multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 6.04 A.-Cuándo se permite pasar por la derecha. El conductor de un vehículo puede alcanzar y pasar por la derecha de otro vehículo en una vía pública solamente bajo las siguientes condiciones:
(a) Cuando el vehículo alcanzado estuviere haciendo o fuere a hacer un viraje hacia la izquierda.
(b) En una vía pública cuya zona de rodaje no estuviere obstruida ni ocupada por vehículos estacionados y que fuere lo suficiente ancha para permitir dos (2) o más líneas de vehículos en movimiento en cada dirección.
(c) En una vía pública o zona de rodaje para tránsito en una sola dirección, cuando la zona de rodaje esté libre de obstrucciones y sea suficientemente ancha para permitir dos (2) o más líneas de vehículos en movimiento.
En todo caso, el conductor de un vehículo podrá pasar por la derecha, según se dispone anteriormente, cuando lo haga con seguridad, pero nunca tal movimiento será efectuado transitando fuera del pavimento o de la zona de rodaje ni usando el "Paseo" de la vía pública.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.05.-Zona de no pasar. El Secretario y los municipios quedan autorizados a señalar las secciones de cualquier vía pública bajo sus respectivas jurisdicciones donde alcanzar y pasar o conducir por la izquierda de la zona de rodaje resultaría, a su juicio, muy peligroso, y podrán, mediante la instalación apropiada de señales o marcas sobre el pavimento, indicar el principio y el fin de esas zonas.
Cuando dichas señales o marcas estén instaladas y sean claramente visibles, el conductor de todo vehículo obedecerá las indicaciones de las mismas.
En aquellas secciones donde hayan sido instaladas señales o marcas sobre el pavimento para indicar una zona de no pasar, según lo establecido anteriormente en este Artículo, ningún conductor podrá en momento alguno conducir por el lado izquierdo de la zona de rodaje dentro de dicha zona de no pasar, o por el lado izquierdo de cualquier línea marcada sobre el pavimento para señalar dicha zona de no pasar en toda su extensión.
Este Artículo no aplicará bajo las condiciones descritas en el inciso
(b) del Artículo 6.02 de esta Ley, ni al conductor de un vehículo que estuviere virando a la izquierda hacia o desde un callejón, camino privado o entrada de vehículos.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.06.-Conducción entre carriles. Todo vehículo que transite por vías públicas cuyas zonas de rodaje se hallen debidamente marcadas por carriles de tránsito se mantendrá dentro de uno de ellos y no cruzará al otro carril sin tomar las precauciones necesarias para evitar la colisión con otro vehículo o causar daño a personas o propiedades. En tales casos se observarán, además, las siguientes reglas:
(a) Siempre que una vía pública cuya zona de rodaje estuviere dividida en dos (2) o más carriles para el tránsito en direcciones opuestas mediante el establecimiento de un espacio intermedio o de una isleta, todo vehículo deberá ser conducido solamente por los carriles a la derecha de dicho espacio o isleta, excepto cuando de otra forma se autorizare mediante señalamiento al efecto, y ningún vehículo deberá ser conducido por o sobre
dicho espacio intermedio o isleta o cruzando los mismos, excepto en aquellos sitios en que hubiere una brecha en el espacio intermedio o isleta, o en el cruce de una intersección.
(b) En una vía pública o sección de vía pública cuya zona de rodaje esté dividida en tres (3) carriles para el tránsito en direcciones opuestas, el vehículo no será conducido por el carril central, excepto: (1) Para alcanzar y pasar otro vehículo cuando tuviere visibilidad y espacio razonable. (2) Para doblar a la izquierda. (3) Cuando se autorizare por medio de señal o marca al efecto.
Se podrán instalar dispositivos oficiales para regular el tránsito disponiendo que el tránsito que discurra en cierta dirección utilice un carril específico o para designar aquellos carriles que deberán usar los vehículos que discurran en una dirección específica, independientemente del centro de la zona de rodaje, y los conductores obedecerán las indicaciones de cada uno de dichos dispositivos.
Podrán instalarse dispositivos oficiales para regular el tránsito prohibiendo el cambiar de carriles en ciertas secciones de una zona de rodaje y todo conductor de vehículo obedecerá las indicaciones de cada uno de dichos dispositivos.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.07.-Cruzarse en direcciones opuestas. Los vehículos que transiten en direcciones opuestas se cruzaran por sus derechas respectivas y se cederán mutuamente la mitad del camino en aquellas vías públicas cuya zona de rodaje tenga solamente espacio para una sola línea de vehículos en cada dirección.
Si estuvieren haciendo uso de sus luces delanteras en su intensidad máxima, reducirán la misma dentro de una distancia de quinientos (500) pies del vehículo que se aproxime en dirección opuesta y hasta que se crucen con el mismo.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en una falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.08.-Luces al alcanzar a otros vehículos.
Siempre que un vehículo se acerque a otro vehículo dentro de una distancia de trescientos (300) pies por la parte posterior, el conductor del vehículo que así se acerque y estuviere haciendo uso de sus luces delanteras en su intensidad máxima reducirá éstas a su intensidad menor.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.09.-Zona de rodaje en una sola dirección e isletas circulares. El Secretario y las autoridades locales podrán, respecto a las vías públicas bajo sus respectivas jurisdicciones, designar cualquier vía pública, zona de rodaje o parte de ésta, o carriles específicos, para que el tránsito de vehículos discurra siempre en una sola dirección, o durante aquellos períodos según se indicare mediante dispositivos oficiales para regular el tránsito.
En vías públicas o carriles específicos, zonas de rodaje o parte de éstas designadas para tránsito en una sola dirección, todo vehículo será conducido únicamente en la dirección autorizada durante todo el período indicado por los dispositivos oficiales para regular el tránsito.
Todo vehículo que transite alrededor de una isleta circular será conducido únicamente por la derecha de la misma.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.10.-Restricciones al uso de vías públicas con acceso controlado. El Secretario, mediante reglamento al efecto, y los municipios, mediante ordenanza al efecto, podrán reglamentar el uso de cualquier vía pública con accesos controlados dentro de sus respectivas jurisdicciones por cualquier clase o tipo de tránsito hallado incompatible con el movimiento seguro y normal del tránsito:
El Secretario o el municipio que establezca dicha reglamentación deberá instalar y conservar dispositivos oficiales para regular el tránsito en la vía pública de acceso controlado, para la cual dicha reglamentación sea aplicable y cuando sean así instaladas ninguna persona desobedecerá las restricciones establecidas en dichos dispositivos.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa administrativa de cien (100) dólares. Si se tratare de una infracción a una ordenanza municipal, la ordenanza establecerá el monto de la multa administrativa a ser impuesta.
Artículo 6.11.-Ceder el paso. Toda persona que conduzca un vehículo por las vías públicas deberá observar las siguientes disposiciones sobre derechos de paso:
(a) Cuando dos vehículos se acercaren o entraren a una intersección al mismo tiempo procedentes de vías públicas diferentes, el conductor del vehículo de la izquierda cederá el paso al vehículo de la derecha, excepto en vías públicas para tránsito preferente o cuando otra cosa se disponga en esta Ley.
(b) Cuando dos vehículos conducidos en direcciones opuestas por una cuesta se encontraren en un sitio de la misma donde el ancho de la zona de rodaje no fuere suficiente para permitir el paso de ambos vehículos al mismo tiempo, el vehículo que descienda por dicha cuesta o pendiente cederá el derecho de paso al vehículo que suba la misma.
(c) El conductor de un vehículo que intente virar a la izquierda en una intersección o hacia un callejón, camino privado o entrada de vehículos, cederá el derecho de paso a todo vehículo que se aproxime desde la dirección opuesta y que se encuentre dentro de la intersección o tan cerca de ésta que constituya un peligro inmediato.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.12.-Deber del conductor alcanzado. Excepto cuando se permita alcanzar y pasar por la derecha, todo conductor de un vehículo que fuere a ser rebasado dejará la vía franca, al dársele aviso con la bocina, moviéndose hacia la derecha y no aumentará la velocidad de su vehículo hasta tanto el otro vehículo haya pasado completamente.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.13.-Vehículo que entre en la vía pública desde un camino privado o entrada de vehículos.
El conductor de todo vehículo que se disponga a entrar o a cruzar una vía pública desde un callejón, edificio, camino privado o entrada de vehículos cederá el derecho de paso a todo vehículo que se aproxime por dicha vía pública, y a los peatones que transitaren frente a la entrada o salida.
El conductor de un vehículo que estuviere saliendo de un callejón, edificio, camino privado o entrada de vehículos dentro de la zona urbana deberá detener dicho vehículo inmediatamente antes de cruzar la acera o la prolongación de ésta a través de dicho callejón, entrada al edificio, camino o entrada de vehículos, y en caso de que no existieren aceras, deberá detenerse en el punto más cercano a la vía pública a la cual fuere a entrar donde el conductor pueda observar el tránsito que se aproxime por la misma.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa administrativa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.14.-Carriles de emergencias En la medida que la situación fiscal lo permita, el Secretario identificará carriles de emergencia en todas las vías públicas con dos o más carriles.
Todo conductor que esté transitando por uno de estos carriles, ante el acercamiento inmediato de un vehículo de emergencia que estuviere emitiendo señales de alarma, deberá proseguir, según lo dispuesto en el Artículo 6.14A de esta Ley."
Artículo 6.14A.-Manejo de vehículos al acercarse vehículos de emergencia autorizados.
Ante el acercamiento inmediato de un vehículo de emergencia autorizado que estuviere emitiendo señales de alarma, el conductor de todo otro vehículo deberá ceder el paso e inmediatamente situarse en una posición paralela a, y tan cerca como sea posible al extremo o encintado de la derecha de la zona de rodaje de las intersecciones, y deberá pararse y permanecer en dicha posición hasta que el vehículo de emergencia autorizado haya pasado, excepto cuando otra cosa se ordenare por un agente del orden público.
Este Artículo no se interpretará en el sentido de relevar al conductor de un vehículo de emergencia autorizado del deber de conducir con el debido cuidado en consideración a la seguridad de todas las personas que utilicen la vía pública.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cien (100) dólares.
Artículo 6.15.-Movimiento en retroceso. Ningún conductor deberá dar marcha hacia atrás en una vía pública, a no ser que tal movimiento pueda hacerse con razonable seguridad, por un trecho relativamente corto y siempre que se haga sin intervenir o interrumpir el tránsito.
En todo caso, se prohíben las salidas de vehículos en retroceso desde una vía pública de menor tránsito a otra de mayor tránsito. El conductor de un vehículo no dará marcha atrás al mismo sobre el paseo o sobre la zona de rodaje de una vía pública con accesos controlados.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cien (100) dólares.
Artículo 6.16.-Viraje. Toda señal de viraje en una vía pública deberá hacerse en la vía pública continuamente en el trayecto de los últimos cien (100) pies inmediatamente antes de virar.
Todo viraje en una vía pública deberá ser precedido por una reducción de la velocidad en forma gradual y tomándose las siguientes precauciones:
(a) Toda persona que condujere un vehículo y fuere a virar hacia su derecha, desde una distancia no menor de cien (100) pies antes de hacer el viraje, se aproximará al borde del encintado u orilla a su derecha y tomará la curva bordeando dicho encintado u orilla.
(b) Toda persona que condujere un vehículo en vías públicas de tránsito en direcciones opuestas y fuere a virar hacia la izquierda, se mantendrá arrimado al centro de la vía pública, o cuando hubiere más de un carril en la misma dirección, en el carril de la extrema izquierda. Lo requerido en este inciso se hará por lo menos cien (100) pies antes de llegar a la intersección.
(c) En vías públicas de una sola dirección que tengan dos (2) o más carriles, el conductor tomará el carril de la extrema izquierda. Lo requerido en este inciso se hará por lo menos cien (100) pies antes de llegar a la intersección.
(d) En todo caso, luego de entrar en la intersección y siempre que sea posible, el viraje a la izquierda deberá hacerse a la izquierda del centro de la
intersección. Al terminar el viraje y entrar en la nueva calzada, se tomará el carril de la extrema izquierda en que legalmente se permita discurrir en la dirección que lleva.
(e) No podrá hacerse ningún viraje para proseguir en dirección opuesta cuando tal viraje se prohibiera por señal específica autorizada por el Secretario, o en una zona escolar, o a menos de quinientos (500) pies de distancia de una curva o lomo de una pendiente de vía pública donde la visibilidad no fuere clara, o cuando un vehículo que se aproxime.
(f) No podrá hacerse un viraje con el fin de cambiar la dirección utilizando para ello las entradas de garajes privados en la zona urbana, excepto en calles sin salidas que no tengan área de viraje.
(g) No podrá hacerse ningún viraje antes de llegar a una intersección transitando por un área dedicada a expendio de gasolina, estacionamiento, solar yermo o a cualquier otra actividad y que se encuentre situada en una esquina de la intersección, eludiendo en esa forma un semáforo, cualquier otra señal de tránsito o la presencia de un agente del orden público, o para adelantarse a otros vehículos.
(h) No obstante lo dispuesto en los incisos
(a) y
(b) de este Artículo, el Secretario y las autoridades locales, en las vías públicas bajo su jurisdicción, podrán autorizar el uso de más de un carril de tránsito desde los cuales se permita hacer virajes hacia la izquierda o hacia la derecha, mediante marcas al efecto en el pavimento o señales dentro o adyacentes a la intersección.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.17.-Señales que han de hacer los conductores. Toda persona que condujere un vehículo por las vías públicas y fuere a realizar los actos que más adelante se dispone, deberá hacer las señales con el brazo y mano izquierdos en la forma que aquí se dispone:
(a) Para virar a su izquierda, mano y brazo extendidos horizontalmente hacia afuera con la palma de la mano hacia el frente y los dedos unidos.
(b) Para virar a su derecha, mano y brazo extendidos hacia afuera y hacia arriba, en ángulo recto con la palma de la mano hacia el frente y los dedos unidos.
(c) Para detener su vehículo o a reducir la velocidad del mismo, mano y brazo extendidos hacia afuera y hacia abajo, en ángulo recto con la palma de la mano hacia atrás y los dedos unidos.
Las señales requeridas en este Artículo podrán ser sustituidas por señales eléctricas, excepto para vehículos de más de quince (15) pies de largo, para los cuales las señales eléctricas serán obligatorias. Esta medida aplicará a todo vehículo o combinación de vehículos. Toda señal de viraje deberá hacerse en la vía pública continuamente en el trayecto de los últimos cien (100) pies inmediatamente antes de virar. Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.18.-Forma de detenerse. Toda persona que redujere la velocidad de un vehículo o vehículo de motor o lo detuviere en una vía pública, deberá hacerlo en forma gradual. Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.19.-Parar, detener o estacionar en sitios específicos. Las siguientes reglas serán de aplicación al parar, detener o estacionar un vehículo en los lugares específicos aquí designados:
(a) Ninguna persona podrá parar, detener o estacionar un vehículo en la vía pública en los siguientes sitios, salvo en situaciones extraordinaria para evitar conflictos con el tránsito, o por indicación específica de un oficial policíaco, un semáforo o en una señal de tránsito: (1) Sobre una acera. (2) Dentro del área formada por el cruce de calles o carreteras. (3) Sobre un paso de peatones. (4) Dentro de una distancia de dieciséis punto cuatro (16.4) pies o cinco (5) metros de una esquina, medidos desde la línea de construcción. (5) Dentro de una distancia de dieciséis punto cuatro (16.4) pies o cinco (5) metros del riel más cercano en una vía de tren.
(6) Paralelo a o al lado opuesto de una excavación u obstrucción, cuando al detenerse, pararse o estacionarse pueda causar interrupción al tránsito en general. (7) Paralelo a o contiguo a un vehículo parado o estacionado en una vía pública. (8) Sobre un puente o estructura elevada, en una carretera o en un túnel. (9) A más de un (1) pie o treinta punto cinco (30.5) centímetros del borde de la acera o encintado. (10) Sobre todas las isletas que separan circulaciones del tránsito, isletas, canalizadores del tránsito y áreas de siembra adyacentes a las aceras, excepto en las áreas de siembra de aquellas avenidas principales que disponga el Secretario. (11) Dentro de una distancia de dieciséis punto cuatro (16.4) pies o cinco (5) metros de una boca de incendio. (12) Frente a un parque de bombas de incendio, incluyendo el frente y lado opuesto a la vía pública, el ancho de las entradas del parque, más veinte (20) pies o seis punto cero noventa y seis (6.096) metros adicionales a ambos lados de dichas entradas. (13) A menos de tres (3) pies o noventa y uno punto cuatro (91.4) centímetros de cualquier entrada o salida de un garaje. Esta prohibición será aplicable tanto al frente como al lado opuesto de la entrada o salida de dicho garaje, cuando la vía pública fuere tan estrecha que al estacionar un vehículo en dichos lugares, éste obstruya la entrada o salida de los vehículos. Esta disposición no cubrirá al conductor o dueño de un vehículo cuando éste lo estacione en la entrada del garaje de su residencia, y siempre que no haya disposición legal, reglamento y ordenanza municipal prohibiendo el estacionamiento de vehículos en el lado de la vía pública y a la hora que dicho conductor o dueño haya estacionado su vehículo. (14) Frente a la entrada a un templo religioso, institución educativa pública o privada, cine teatro, instituciones bancarias, áreas de estacionamiento o de servicio para la venta de gasolina y sitios donde se celebren actos públicos.
(15) En los sitios destinados para las paradas de ómnibus debidamente marcadas, pintadas o rotuladas, extendiéndose a una distancia de cinco metros antes y después de esos sitios. (16) Dentro de una distancia de dieciséis punto cuatro (16.4) pies o cinco (5) metros antes y después de un semáforo de tiempo fijo o de luz intermitente, señal de pare o señal de ceda el paso medidos desde la orilla del encintado o paseo. (17) En cualquier vía pública: (1) Cuando tal estacionamiento resulte en el uso de la vía pública para el negocio de venta, anuncio, demostración o arrendamiento de vehículos o cualquier otra mercancía. (2) Con el propósito de lavar, limpiar, engrasar o reparar dicho vehículo, excepto una reparación de emergencia. (18) En los terrenos del Capitolio de Puerto Rico, salvo de acuerdo con la reglamentación que para tal fin establezca la Asamblea Legislativa. La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico podrán, mediante resolución concurrente, eximir el cumplimiento de este Artículo en los predios aledaños a los terrenos del Capitolio, durante sus horas laborables. (19) En las áreas de estacionamiento de edificios privados que hayan sido debidamente identificadas mediante avisos legibles en uno o varios sitios visibles de las referidas áreas de estacionamiento, para uso privado de una persona en particular o para uso exclusivo del ocupante y ocupantes del edificio a que pertenece el área de estacionamiento. Sólo podrán estacionarse en los estacionamientos de edificios privados la persona o personas indicadas en los avisos o cualquier otra debidamente autorizada o que tenga el consentimiento de la persona para la cual ha sido designada dicha área de estacionamiento. (20) A menos de tres (3) pies o noventa y uno punto cuatro (91.4) centímetros de cualquier otro vehículo estacionado, salvo que en otra forma fuere autorizado por el Secretario. (21) En cualquier sitio donde estuviese prohibido estacionarse por señales oficiales.
(22) En los sitios específicamente prohibidos por señales oficiales y que carezcan de estacionamientos para impedidos, excepto que lo dispuesto en este inciso no aplicará a personas que carezcan de movimientos en ambas piernas o que les falten ambas piernas y que posean licencia especial de conducir en virtud del Artículo 3.12 de esta Ley. En todo caso, no obstante esta excepción, el estacionamiento no podrá hacerse en las autopistas de peaje, en carreteras expresos, en carriles reversibles, ni en las de mayor tránsito cuando existan otros sitios cercanos disponibles autorizados para estacionamiento. (23) De manera tal que obstruya una facilidad peatonal para personas con impedimentos físicos, ya sean siempre peatonales o andenes, según estos términos se definen en el Capítulo I de esta Ley.
(b) Ninguna persona podrá parar, detener o estacionar un vehículo con o sin ocupantes, en el pavimento o zona de rodaje de una vía pública localizada en una zona rural cuando sea posible detener, parar o estacionar dicho vehículo fuera de la zona de rodaje. En todo momento se dejará suficiente espacio al lado opuesto del vehículo y del vehículo que estuviere parado, detenido o estacionado deberá quedar visible desde una distancia de doscientos (200) pies o sesenta punto noventa y seis (60.96) metros en ambas direcciones de la vía pública.
(c) Ninguna persona estacionará un vehículo para ningún propósito que no sea el de cargar, de descargar mercancía en cualquier sitio designado como zona de carga y descarga, y en ningún momento el estacionamiento para este propósito será por un período mayor de una (1) hora durante las horas y días laborables.
(d) Ningún vehículo de motor que contenga material explosivo podrá ser estacionado a una distancia menor de cinco (5) pies o uno punto quinientos veinticuatro (1.524) metros de la porción transitada de la vía pública, ni en propiedad privada sin el conocimiento y consentimiento de la persona a cargo, ni dentro de trescientos (300) pies o noventa y uno punto cuarenta y cuatro (91.44) metros de un puente, túnel, edificio o lugar donde trabajen o se reúnan personas, excepto por períodos breves de tiempo cuando las necesidades de la operación lo requieren y sea imposible o impráctico estacionar el vehículo en otro lugar.
(e) Un vehículo de motor que contenga material peligroso, que no sea material explosivo, no deberá ser estacionado en una distancia menor de cinco (5) pies o uno punto quinientos veinticuatro (1.524) metros de la porción
transitada de una vía pública, excepto por períodos breves de tiempo cuando las necesidades de la operación requieran que el vehículo sea estacionado y sea imposible o impráctico estacionarlo en otro lugar.
Este Artículo no se aplicará al conductor de un vehículo que se averíe y fuera necesario repararlo en el pavimento o zona de rodaje de una vía pública desprovista de paseos, siempre y cuando tal operación pueda hacerse dentro de una (1) hora y cuando el vehículo no se encuentre en un puente, estructura elevada, túnel o intersección, en cuyo caso deberá ser removido inmediatamente.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo, con excepción de los sub-incisos
(a) (1),
(a) (10),
(a) (11),
(a) (12) y
(a) (15), incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de ciento cincuenta (150) dólares.
Toda persona que viole las disposiciones de los sub-incisos
(a) (1),
(a) (10),
(a) (11),
(a) (12) y
(a) (15) de este Artículo, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de doscientos (200) dólares.
Toda persona que viole las disposiciones del sub-inciso
(a) (23) de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 6.20.-Estacionamiento de noche. Ninguna persona podrá estacionar de noche un vehículo en una vía pública cuando la misma careciere de alumbrado público y dicho vehículo tuviere sin encender sus luces de estacionamiento y sus luces posteriores y cualesquiera otras luces que exigiere para dicho fin el Secretario o que sean requeridas por virtud de las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.21.-Estacionamiento paralelo a la acera y salida de pasajeros. Todo vehículo de motor deberá ser detenido o estacionado a su derecha, paralelo al borde y orilla de la vía pública, y la entrada y salida de pasajeros deberá hacerse siempre por el lado derecho del vehículo. En las vías públicas de tránsito en una sola dirección, todo vehículo deberá detenerse o estacionarse paralelo al encintado o borde de dicha zona de rodaje en la dirección autorizada para el movimiento del tránsito con sus rueda derechas a una distancia no mayor de doce (12) pulgadas del encintado o borde derecho de la zona de rodaje, o con sus ruedas izquierdas a una distancia no mayor de doce (12) pulgadas del encintado o borde
izquierdo de la zona de rodaje, excepto que otra cosa se disponga por el Secretario o por el municipio, según su jurisdicción sobre las mismas. En tal caso, la entrada y salida de pasajeros deberá hacerse siempre por el lado del vehículo contiguo a la acera.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.22.-Estacionamiento perpendicular. Las disposiciones del Artículo 6.21 de esta Ley no serán aplicables cuando otra forma de estacionar se autorizare por las autoridades competentes, en cuyo caso se procederá a estacionar el vehículo en la forma que se ordenare por cualquier disposición de ley o por reglamento o señal aprobados por dichas autoridades de conformidad con la misma.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 6.23.-Obstrucciones al tránsito debido al estacionamiento. No obstante lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos o lo indicado por señales específicas autorizadas de acuerdo con los mismos u ordenanzas municipales, nadie podrá parar, detener, o estacionar un vehículo o dejarlo abandonado en las vías públicas en forma tal que estorbe u obstruya el tránsito o cuando por circunstancias excepcionales se hiciere difícil el fluir del mismo.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de cien (100) dólares.
Artículo 6.24.-Uso del freno de emergencia. A todo vehículo que se estacione deberá inmovilizársele con el freno de emergencia y cuando se estacione en pendiente deberá hacerse con la rueda delantera más cercana a la acera diagonalmente hacia el borde del encintado u orilla de la vía pública. En todo caso deberá apagarse el motor del vehículo y sacarse la llave de ignición.
Artículo 6.25.-Vehículos de compañías de servicio público. Estarán exentos de las reglas sobre parada, detención y estacionamiento prescritas en este Capítulo los vehículos de agencias o compañías de servicio
público, excepto los vehículos de agencia de transporte, cuando los mismos sean utilizados en operaciones de emergencias para corregir roturas, averías o interrupciones a los servicios que éstos presten. En tales casos, los vehículos usados en estas operaciones podrán parar, detenerse y estacionarse por el tiempo estrictamente necesario para la corrección de la rotura, avería o interrupción y de manera que ofrezcan un mínimo de interrupción al tránsito.
Artículo 6.26.-Efectividad de las penalidades. Las penalidades sobre estacionamiento contenidas en los reglamentos del Secretario, en las ordenanzas municipales y dispuestas en relación con los Artículos 6.19, 6.21 y 6.22 de esta Ley serán efectivas sólo cuando se coloquen y se conserven los rótulos y señales adecuados en los sitios correspondientes.
Artículo 6.27.-Agentes autorizados a mover vehículos ilegalmente estacionados. Siempre que un agente del orden público encuentre un vehículo estacionado en una vía pública en las situaciones cubiertas por los incisos
(b) y
(c) del Artículo 6.19 de esta Ley, dicho agente queda autorizado a mover dicho vehículo o a requerir al conductor u otra persona a cargo del vehículo a moverlo a una posición fuera del pavimento o de la parte más transitada de la vía pública.
Todo agente del orden público queda autorizado a remover, según lo dispuesto en el Artículo 6.28 de esta Ley, todo vehículo encontrado en la vía pública cuando:
(a) La persona o personas a cargo de dicho vehículo no puedan asumir su custodia o removerlo.
(b) La persona que condujere o tuviere el control de dicho vehículo sea arrestada por una alegada infracción que conllevare por ley que el agente del orden público lleve a la persona arrestada ante un magistrado competente sin demora innecesaria.
Artículo 6.28.-Procedimiento para la remoción de vehículos ilegalmente estacionados.
Cuando se estacionare un vehículo en contravención a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, la Policía o la Policía Municipal, según corresponda, seguirá los siguientes procedimientos para su remoción:
(a) Se harán las diligencias razonables en el área inmediata para localizar al conductor del mismo y lograr que éste lo remueva. Si no se lograre localizar a dicho conductor, o si habiéndolo localizado, éste estuviere por cualquier razón impedido para conducir el vehículo o se negare a ello, la Policía podrá remover dicho vehículo mediante el uso de grúas u otros aparatos mecánicos, incluyendo las grúas autorizadas por la Comisión, o por cualquier otro medio adecuado, en la forma que se dispone en este Artículo.
(b) El vehículo será removido tomando todas las precauciones para evitar que se le cause daño y llevado a un lugar del municipio en que ocurriere la remoción y que fuere destinado por éste para ese fin. El vehículo permanecerá bajo la custodia del municipio o de la Policía hasta tanto, mediante el pago de cincuenta y cinco (55) dólares por concepto de depósito y custodia al municipio o a la Policía, según sea el caso, y cincuenta y cinco (55) dólares adicionales a la Policía por el servicio de remolque, se permita a su dueño, encargado o conductor certificado a llevárselo, previa identificación adecuada. Esta disposición no impedirá que el conductor o conductor certificado del vehículo o su dueño sea denunciado por violación a las disposiciones sobre estacionamiento provistas en esta Ley y sus reglamentos.
(c) Por cada día después de las primeras cuarenta y ocho (48) horas que el dueño, encargado o conductor certificado del vehículo se retarde en solicitar su entrega del municipio o de la Policía, se le cobrará por éste, quince (15) dólares como recargo, hasta un máximo de cuatrocientos (400) dólares. El Secretario podrá llegar a un acuerdo de plan de pago con el dueño, encargado o conductor certificado del vehículo, según disponga mediante reglamento. Quedarán exentos del pago de las mencionadas sumas, por concepto de depósito y custodia, de su recargo, y del importe del servicio de remolque en su caso, los vehículos de motor que hubieren sido hurtados y abandonados por los que hubieren cometido el hurto, por un período de diez (10) días luego de haber sido notificado fehacientemente su dueño, conductor certificado o la persona que aparezca en el registro de vehículos de motor y arrastres del Departamento como dueña del vehículo.
(d) Los pagos hechos a la Policía por concepto de depósito y custodia, recargo y servicio de remolque serán retenidos por ésta para sufragar los costos de dichos servicios de remolque, depósito y custodia. Asimismo, los municipios retendrán con idénticos fines los pagos que les hayan sido hechos por el mismo concepto.
(e) El dueño de todo vehículo así removido deberá ser notificado dentro de las veinticuatro (24) horas de su remoción por la Policía a su dirección, según
ésta conste en los récords del Departamento, apercibiéndosele de que de no reclamar su entrega de la autoridad municipal correspondiente o de la Policía dentro del término improrrogable de sesenta (60) días contados desde la fecha de la notificación, el vehículo podrá ser vendido por el municipio o la Policía en pública subasta para satisfacer del importe de todos los gastos, incluyendo el importe del servicio de remolque, recargo, depósito y custodia, así como los gastos en que se incurra en tal subasta. Los vehículos depositados que por su condición no puedan venderse en pública subasta, podrán ser decomisados y procederse a su disposición o de cualquier parte de éstos según estime conveniente el municipio o la Policía.
(f) Expirado el término de sesenta (60) días desde la notificación fehaciente de la remoción sin que el vehículo haya sido reclamado por su dueño, el municipio o la Policía procederán a vender el mismo en pública subasta. El aviso de subasta se publicará en un diario de circulación general en Puerto Rico con sesenta (60) días de antelación a la celebración de la misma. En dicho aviso se deberá indicar la marca y año de fabricación del vehículo, el número de la tablilla, si la tuviere, y el nombre del dueño del vehículo, según conste en los récords del Departamento.
(g) Los gastos por concepto de remolque, depósito y custodia, recargos y gastos de subasta serán satisfechos del importe de la venta. Cualquier sobrante que resultare de la venta, si alguno, luego de descontados los referidos gastos, dicho sobrante ingresará en el fondo ordinario del municipio de que se trate o en el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, en el caso de subastas efectuadas por la Policía.
(h) Se ordena a los municipios y a la Policía a adoptar aquellas reglas y reglamentos que sean necesarios para poner en vigor las disposiciones contenidas en los párrafos anteriores que correspondan a la competencia particular de cada uno de ellos.
(i) Se autoriza a la Policía a contratar grúas, remolques u otros aparatos mecánicos autorizados por la Comisión para la remoción de estos vehículos.
(j) Se considerará que toda persona que conduzca un vehículo y que todo dueño de vehículo autorizado a transitar por las vías públicas habrá dado su consentimiento para que la Policía remueva su vehículo en los casos y en las formas dispuestas en este Artículo."
Sección 6.-Se deroga el Capítulo VII de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo VII que lea como sigue:
Artículo 7.01.-Declaración de propósitos y regla básica. Constituye la posición oficial y política pública del Gobierno de Puerto Rico que el manejo de vehículos en las vías públicas bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas constituye una amenaza de primer orden a la seguridad pública y que los recursos del Estado irán dirigidos a combatir, en la forma más completa, decisiva y enérgica posible, con miras a la pronta y total erradicación, de esta conducta antisocial y criminal que amenaza las vidas y propiedades de todos los ciudadanos, así como la tranquilidad y la paz social.
Será ilegal y constituirá delito menos grave que será sancionado de conformidad con las penas dispuestas en el Artículo 7.04 el que cualquier persona bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas conduzca o haga funcionar cualquier vehículo, vehículo de motor, o vehículo todo terreno.
Artículo 7.02.-Manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.
En cualquier proceso criminal por infracción a las disposiciones del Artículo 7.01 de esta Ley, aplicarán las siguientes normas con relación al nivel o concentración de alcohol existente en la sangre del conductor al tiempo en que se cometiera la alegada infracción, según surja tal nivel o concentración del análisis químico o físico de su sangre, de su aliento, o cualquier sustancia de su cuerpo constituirá base para lo siguiente:
(a) Es ilegal per se, que cualquier persona de veintiún (21) años de edad, o más, conduzca o haga funcionar un vehículo de motor, cuando su contenido de alcohol en su sangre sea de ocho centésimas del uno por ciento ( $0.08 %$ ) o más, según surja tal nivel o concentración del análisis químico o físico de su sangre o aliento.
(b) En los casos de personas entre los dieciocho (18) y veinte (20) años de edad, inclusive, conductores de camiones, motocicletas, ómnibus escolares, vehículos pesados de motor, y/o vehículos todo terreno, la disposición
anterior se aplicará cuando el contenido del alcohol en la sangre del conductor sea de dos centésimas del uno por ciento ( $0.02 %$ ) o más, según surja tal nivel o concentración del análisis químico o físico de su sangre o aliento.
(c) Es ilegal que cualquier persona menor de dieciocho (18) años conduzca o haga funcionar un vehículo de motor conteniendo alcohol en su sangre, según se determine dicha concentración de alcohol en el análisis químico de su sangre o aliento.
(d) Será ilegal que cualquier empleado o funcionario público maneje o haga funcionar un vehículo de motor, propiedad del Gobierno de Puerto Rico, conteniendo dos centésimas del $1 %(.02 %)$ o más de alcohol en su sangre, según se determine dicha concentración de alcohol en el análisis químico o físico de su sangre, de su aliento o cualquier sustancia de su cuerpo.
El Artículo 7.04 será aplicable a todo aquél que no cumpla con lo aquí dispuesto.
Toda agencia, corporación e instrumentalidad gubernamental establecerá por reglamento la sanción o sanciones administrativas aplicables a todo aquel empleado o funcionario que no cumpla con lo dispuesto en este inciso.
Las disposiciones de los anteriores incisos
(a) ,
(b) , y
(c) y
(d) no deberán interpretarse en el sentido de que las mismas limitan la presentación de cualquier otra evidencia competente sobre si el conductor estaba o no bajo los efectos de bebidas embriagantes al tiempo de cometerse la alegada infracción.
Artículo 7.03.-Manejo de vehículos de motor bajo los efectos de drogas o sustancias controladas.
Será ilegal que cualquier persona que esté bajo los efectos de cualquier droga narcótica, marihuana, sustancia estimulante o deprimente, o cualquier sustancia química o sustancia controlada, capaz de incapacitarlo para conducir un vehículo con seguridad, conduzca o tenga el control físico y real de un vehículo de motor por las vías públicas.
El hecho de que una persona acusada de violar las disposiciones de este Artículo tuviere o haya tenido derecho a usar dicha droga narcótica, marihuana, sustancia estimulante o deprimente, o sustancia química o sustancia controlada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, no constituirá defensa contra la imputación de haber violado este Artículo.
Artículo 7.04.-Penalidades.
(a) Toda persona que viole lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley incurrirá en delito menos grave. Cualquier agente del orden público o funcionario debidamente autorizado por ley que haya intervenido con una persona que viole las disposiciones enumeradas en este inciso, expedirá una citación para una vista de determinación de causa probable para su arresto, y no le permitirá que continúe conduciendo y lo transportará hasta el cuartel más cercano, donde permanecerá hasta tanto el nivel de alcohol en su sangre sea menor del mínimo permitido por ley o ya no se encuentre bajo los efectos de cualquier droga narcótica, marihuana, sustancias estimulantes o deprimentes, o cualquier sustancia química o sustancias controladas.
(b) Si el nivel o concentración de alcohol en la sangre es de ocho centésimas del uno por ciento ( $0.08 %$ ) o más; o dos centésimas del uno por ciento ( $0.02 %$ ) o más en casos de personas entre los dieciocho (18) y veinte (20) años de edad, inclusive, conductores de camiones, motocicletas, ómnibus escolares, vehículos pesados de servicio público y vehículos pesados de motor, o con alguna concentración de alcohol en la sangre en caso de menores de dieciocho (18) años de edad, y la persona fuere convicta de violar lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley, será sancionada de la siguiente manera: (1) Por la primera infracción, con pena de multa de quinientos (500) dólares, más cincuenta (50) dólares por cada centésima adicional sobre el límite de concentración de alcohol establecido por ley, y pena de restitución de ser aplicable, así como la asistencia compulsoria a un programa de orientación debidamente certificado que el Departamento establecerá para tales casos, en conjunto con la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, dicho programa podrá tener un costo no mayor de (50) dólares si es ofrecido por el Departamento. Además, se le suspenderá la licencia por un término que no excederá de treinta (30) días y, de no cumplir con las condiciones de la sentencia y la rehabilitación impuestas, se le impondrá una pena de cinco (5) a quince (15) días de cárcel. (2) Por la segunda convicción, con pena de multa de setecientos cincuenta (750) dólares, más cincuenta (50) dólares por cada centésima adicional sobre el límite de concentración de alcohol establecidas por ley, y cárcel por un término de quince (15) a treinta (30) días y pena de restitución, de ser aplicable. Además, se suspenderá la licencia de conducir por un término no menor de un
(1) año o se le impondrá una pena combinada que consista, por lo menos, de las siguientes restricciones:
(i) se le suspenderán todos los privilegios concedidos para conducir vehículos de motor y arrastres por los primeros cuarenta y cinco (45) días del período de la suspensión, seguida por la restitución limitada de dichos privilegios para propósitos de ir y regresar de su lugar de empleo, de estudio o programa contra la adicción al alcohol, siempre y cuando un dispositivo interconector de ignición sea instalado en cada uno de los vehículos de motor propiedad del convicto y/o que sean operados por éste; (ii) estará sujeto a una evaluación para determinar el grado de abuso de alcohol que padece y se le ordenará recibir tratamiento para ello, según su caso; (iii) deberá, como parte de la sentencia, prestar servicios comunitarios por un periodo no menor de treinta (30) días en el caso de una segunda convicción y en el caso de una tercera o subsiguiente convicción, deberá prestar servicios comunitarios por un periodo no menor de sesenta (60) días.
En aquellos casos que el Tribunal permita el uso del dispositivo de interbloqueo de ignición, la persona deberá cumplir con las siguientes condiciones: aa. Deberá conducir únicamente el (los) vehículo
(s) donde se instale el dispositivo. bb. Deberá asumir el costo de adquisición e instalación del dispositivo, así como el mantenimiento del mismo y deberá someter evidencia de dicha instalación ante el Tribunal en o antes de cinco (5) días luego de dictarse la sentencia. (3) Por la tercera convicción y subsiguientes, con pena de multa no menor de dos mil $(2,000)$ dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares más cincuenta (50) dólares por cada centésima adicional sobre el límite de concentración de alcohol establecidas por ley y cárcel por un término no menor de sesenta (60) días ni mayor de seis (6) meses y pena de restitución, de ser aplicable. Además, como parte de la sentencia, el tribunal le ordenará prestar servicios comunitarios
por un periodo no menor de sesenta (60) días y se le revocará el privilegio de la licencia de conducir de forma indefinida. (4) En casos de segunda convicción y subsiguientes, el Tribunal también ordenará la confiscación del vehículo de motor que conducía el convicto bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias controladas, al momento de ser intervenido, con sujeción a la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011", si dicho vehículo está inscrito en el Registro de Vehículos de Motor a nombre del convicto y la convicción anterior fue adjudicada en el período de cinco (5) años anteriores a la fecha de la nueva convicción. Para que proceda la confiscación, la reincidencia no tiene que ser alegada por el fiscal en la denuncia. Esta se evidenciará en el informe pre sentencia. (5) Para que el Tribunal pueda imponer las penas por reincidencia establecidas en este Artículo, no será necesario que se haga alegación de reincidencia en la denuncia o en la acusación. Bastará que se establezca el hecho de la reincidencia mediante el informe pre sentencia o mediante certificado de antecedentes penales.
(c) Toda persona que fuere convicta de violar lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 a 7.03 de esta Ley y, además, estuviere manejando el vehículo de motor en compañía de un menor de quince (15) años de edad o menos o una mujer en estado de gestación, será sancionada con una multa de mil $(1,000)$ dólares más cincuenta (50) dólares por cada centésima adicional sobre el límite de concentración de alcohol establecidas por ley y cuarenta y ocho (48) horas de cárcel.
El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo relacionado al proceso de confiscación de vehículos de motor que se establece en el inciso
(b) (4) de esta Sección, incluyendo las excepciones necesarias con el fin de evitar penalizar a un individuo que dependa completamente de dicho vehículo de motor para las necesidades de la vida, incluyendo cualquier miembro de la unidad familiar del individuo convicto o cualquier co-dueño del vehículo, siempre y cuando dicho individuo no sea la persona convicta.
(d) Todo aquel conductor convicto o persona autorizada por éste, que intente alterar, desactivar, evadir o interferir de cualquier forma con el dispositivo de interconector de ignición; todo aquel que altere, intente desactivar o interferir de cualquier forma sin la debida autorización oficial para ello; todo aquel que ofrezca para la venta, instalación o servicio técnico de dicho dispositivo sin la debida autorización; todo aquel conductor que esté sujeto
a esta disposición utilice un vehículo desprovisto de este sistema; o todo aquel que ayude al ofensor a alterar, desactivar, evadir o interferir de cualquier forma con el dispositivo de interconector de ignición, incurrirá en delito menos grave y se le impondrá una multa de quinientos (500) dólares.
(e) En todo caso donde una persona resulte convicta por violar lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley, además de las penas antes dispuestas, se le impondrá como pena especial sufragar el costo de los análisis químicos y/o físicos, a los que fue sometido por la Policía de Puerto Rico y/o por el Departamento de Salud. El costo de la prueba química o física será determinado por la agencia que haya realizado la prueba. Será el deber de la agencia informar el costo de la prueba al Departamento de Justicia, a través del Fiscal de Distrito en donde hayan ocurrido los hechos.
(f) Además de lo dispuesto en los incisos anteriores, como parte de una sentencia, el Tribunal, en los casos de una segunda infracción y subsiguientes, impondrá a toda persona que fuere convicta de violar lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02, y 7.03 de esta Ley, la comparecencia ante un Programa de Panel de Impacto a Víctimas coordinado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito en colaboración con organizaciones de base comunitaria, sin fines de lucro o privadas. La persona convicta tendrá que pagar el costo del mismo, el cual no excederá de cincuenta (50) dólares. Cuando el convicto demuestre su incapacidad para sufragar el costo del programa, el mismo estará sujeto a horas de servicio comunitario en calidad de pago por el costo del programa. Será responsabilidad del convicto presentar evidencia ante el Tribunal de la participación en el referido Panel como condición indispensable para la devolución de su licencia de conducir.
Artículo 7.05.-En caso de daño corporal a otra persona. Toda persona que viole lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley y a consecuencia de ello ocasionare daño corporal a otra persona, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con una pena de tres (3) años de reclusión, pena de multa no menor de mil $(1,000)$ dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Además se impondrá la pena de restitución. Además, conllevará la suspensión de la licencia de conducir por un término no menor de un (1) año ni mayor de cinco (5) años, así como no impedirá otro proceso, por los mismos hechos, por infracción a los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley.
El Tribunal, en los casos de primer ofensor bajo este Artículo, impondrá, además, la comparecencia ante un Programa de Panel de Impacto a Víctimas coordinado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito en colaboración con organizaciones de base comunitaria, sin fines de lucro o privadas. La persona convicta tendrá que pagar el costo del mismo. Cuando el convicto demuestre su incapacidad para sufragar el costo del programa, el mismo estará sujeto a horas de servicio comunitario en calidad de pago por el costo del programa. Será responsabilidad del convicto presentar evidencia ante el Tribunal de la participación en el referido Panel como condición indispensable para la devolución de su licencia de conducir.
Artículo 7.06.-Penalidades en caso de grave daño corporal a un ser humano. Si a consecuencia de la violación a lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley, un conductor causare grave daño corporal a un ser humano, incurrirá en delito grave con pena de cinco (5) años de reclusión, pena de multa no menor de mil $(1,000)$ dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares y pena de restitución. Además, conllevará la suspensión de la licencia de conducir por un término no menor de dos (2) años ni mayor de siete (7) años, así como no impedirá otro proceso, por los mismos hechos, por infracción a los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley.
El Tribunal impondrá, además, la comparecencia ante un Programa de Panel de Impacto a Víctimas coordinado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito en colaboración con organizaciones de base comunitaria, sin fines de lucro o privadas. La persona convicta tendrá que pagar el costo del mismo, el cual no excederá de cincuenta (50) dólares. Cuando el convicto demuestre su incapacidad para sufragar el costo del programa, el mismo estará sujeto a horas de servicio comunitario en calidad de pago por el costo del programa. Será responsabilidad del convicto presentar evidencia ante el Tribunal de la participación en el referido Panel como condición indispensable para la devolución de su licencia de conducir.
Para los efectos de esta Ley, "grave daño corporal" significará aquel daño que resulte en la incapacidad física o mental, ya sea parcial o total, temporal o permanente, que afecte severamente el funcionamiento fisiológico, físico o mental de una persona. También, incluye un daño corporal que envuelva un riesgo sustancial de muerte, pérdida de la conciencia, dolor físico extremo, desfiguración prolongada y obvia, pérdida prolongada o incapacidad de la función de un miembro del cuerpo, órgano o facultad mental.
Si a consecuencia de la violación a lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley, un conductor le ocasiona la muerte a otra persona, incurrirá en
delito grave y se le impondrá una pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.
Artículo 7.07.-Evaluación previa a imposición de sentencia y otros procedimientos. En todos los casos en que una persona resulte convicta por infracción a las disposiciones de los Artículos 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, y 7.06 de esta Ley, sea por alegación de culpabilidad o luego de evaluada la prueba durante un juicio, el Tribunal deberá dictar sentencia e imponer la sanción aplicable bajo esta Ley.
Antes de dictar sentencia, se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:
(a) El Tribunal ordenará a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción que se efectúe una investigación minuciosa y le rinda un informe dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden. Dicho informe incluirá los antecedentes penales e historial de la persona convicta en relación con el uso de bebidas embriagantes o de drogas narcóticas, marihuana o sustancias estimulantes o deprimentes que le permita determinar si dicha persona se beneficiaría del programa de rehabilitación establecido y aprobado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. En el informe se hará constar si el convicto es reincidente. Para los efectos de este Artículo, "rehabilitación" significará cualquier tipo de tratamiento, orientación, consejería o asesoramiento que determine el organismo a cargo de la rehabilitación.
(b) El Tribunal citará para el acto de imposición de sentencia y dictará la misma de acuerdo a las penalidades dispuestas en los Artículos 7.04, 7.05 y 7.06 de esta Ley, según sea el caso, dentro de un período no mayor de diez (10) días contados desde la fecha en que se deba rendir dicho informe.
(c) En todos los casos, si luego de examinar el informe requerido por este Artículo, el tribunal determina que la persona es un bebedor o adicto que necesite del programa de rehabilitación establecido por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, dictará sentencia.
(d) Si durante el proceso de rehabilitación, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción determinare que la persona necesita ser hospitalizada, y si la persona no accediera voluntariamente a ser hospitalizada, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción solicitará al tribunal que ordene la hospitalización. La hospitalización se realizará en alguna institución pública o privada que provea hospitalización y tratamiento adecuado, previamente aprobado por
la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Si la persona considera que no necesita de la hospitalización y puede presentar testimonio médico a tales efectos, le solicitará al Tribunal que le dispense de dicha hospitalización y le permita continuar bajo el programa de tratamiento ambulatorio. En ningún caso podrá una persona ser hospitalizada para tratamiento, bajo las disposiciones de este Artículo, por un período mayor de tres (3) meses en forma consecutiva. A solicitud de la persona hospitalizada, o en consideración al progreso obtenido por la persona bajo tratamiento, el tribunal podrá en cualquier momento, a su discreción, revisar, modificar o dejar sin efecto la orden de hospitalización y disponer que la persona continúe bajo tratamiento ambulatorio en el organismo dispuesto por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
(e) Se considerará "bebedor o adicto" toda persona que admita voluntariamente su condición de alcohólico o adicto a drogas o sustancias controladas, o que haya sido objeto de un diagnóstico médico como tal. En los demás casos, para la determinación de si el convicto es "bebedor o adicto", el Tribunal podrá tomar en consideración las siguientes circunstancias: (1) Historial de contactos previos con agencias de servicios sociales o médicos debido a problemas con la bebida, drogas o sustancias controladas. (2) Informes sobre dificultades de índice legal, familiar, social, financiera o de trabajo a causa de uso de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias controladas. (3) Una o más convicciones previas por ofensas relacionadas con el uso de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias controladas.
(f) En todos los casos en que, conforme a este Artículo, al dictar la sentencia el tribunal podrá suspender la licencia de conducir, hasta tanto dicha persona participe y apruebe el curso de mejoramiento para conductores establecido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas o hasta tanto el organismo a cargo de la rehabilitación certifique que la persona está capacitada para conducir, según fuere el caso. El curso de mejoramiento para conductores se iniciará dentro de un período no mayor de treinta (30) días después de la orden del tribunal, decretando la suspensión de la licencia, y el mismo no se extenderá por un período mayor de treinta (30) días después de haberse iniciado.
(g) No obstante lo establecido en este Artículo, cuando las circunstancias de la persona, debidamente acreditadas al Tribunal, ameriten el que se le conceda una licencia temporera para conducir vehículos de motor, el Tribunal podrá así ordenarlo imponiéndole aquellas restricciones que a juicio del tribunal fueren necesarias para proteger la sociedad y garantizar la seguridad pública. Dichas restricciones podrán imponer limitaciones sobre el tipo de vehículo que dicha persona pueda conducir, lugares por donde podrá conducirlo, horas y días de la semana durante las cuales se autorice a conducir dicho vehículo por las vías públicas, así como cualquier otra limitación que se estimare necesaria por razones de seguridad, todo lo cual se hará constar en la licencia que se le expida.
(h) Si la persona rehusara participar en el programa de rehabilitación y asesoramiento, o en el curso de mejoramiento para conductores, o si no compareciera, o si violare las normas y reglas establecidas para dicho programa, o si descontinuara su participación, el Administrador de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción o el Secretario notificará al tribunal que procederá a dejar sin efecto la orden de suspensión de la sentencia y ordenará la ejecución de la misma.
(i) Cuando el organismo a cargo de la rehabilitación certifique que la persona está capacitada para conducir vehículos de motor, cuando la persona apruebe el curso de mejoramiento para conductores establecido por el Departamento, o cuando por acción u omisión del Departamento el curso de mejoramiento de conductores no se inicie o no se complete dentro del término provisto en este Artículo, el Secretario restituirá inmediatamente a dicha persona su licencia de conducir, sin las restricciones anteriormente impuestas, si algunas.
(j) Se ordena al Director de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, en consulta con el Secretario, a promulgar los reglamentos que sean necesarios para poner en vigor la imposición y cobro de derechos a los conductores que participen en el curso de mejoramiento o en el programa de rehabilitación. El reglamento dispondrá las normas para eximir de esta obligación a aquellos conductores que no puedan pagar los derechos.
Artículo 7.08.-Sentencia suspendida bajo ciertas circunstancias. El Tribunal podrá suspender los efectos de la sentencia de reclusión impuesta bajo este Capítulo con excepción de convicciones bajo el Artículo 7.06 el cual no tendrá el beneficio de una sentencia suspendida. Tampoco estará
disponible ese beneficio cuando la persona sea considerada reincidente bajo este Capítulo.
En aquellos casos en que se suspenda la sentencia de conformidad con lo antes dispuesto, la persona vendrá obligada a prestar treinta (30) días de servicios en la comunidad. El Departamento de Corrección, en coordinación con la Oficina de Administración de los Tribunales, establecerá y mantendrá un programa de trabajo comunitario compulsorio al cual podrán ser referidos los convictos que se acojan a los beneficios del sistema dispuesto en este Artículo. El programa que se establezca tendrá como propósito principal lograr que, mediante la prestación de ciertos servicios en la comunidad, aquellas personas en quienes recaiga una convicción por violación a lo dispuesto en el Capítulo VII de esta Ley adquieran conciencia de los riesgos y las consecuencias adversas que acarrea el conducir un vehículo en estado de embriaguez.
Para llevar a cabo la función que le ha sido impuesta, el Departamento de Corrección podrá entrar en acuerdos con centros de salud y hospitales gubernamentales y privados, con organizaciones sin fines de lucro y especialmente con aquéllas que se dedican a proveer servicios de salud y cuidado a los enfermos, así como entidades privadas y gubernamentales que se dedican a promover la seguridad en el tránsito.
El programa que se establezca permitirá que el convicto preste sus servicios comunitarios fuera de horas laborables o fuera de su horario de estudios cuando ello sea necesario, para evitar interrupción en sus responsabilidades como empleado o en sus tareas académicas. El acuerdo de trabajo dispondrá para la certificación de la asistencia y para la evaluación de los trabajos que haya prestado el convicto. En caso de que la persona no comparezca o se ausentare del programa, o si violare las normas y reglas establecidas, el Departamento de Corrección lo notificará el tribunal que procederá a dejar sin efecto la orden de suspensión de la sentencia de reclusión y ordenará la ejecución de la misma.
Artículo 7.09.-Análisis químicos o físicos. Se considerará que toda persona que transite por las vías públicas de Puerto Rico conduciendo un vehículo, un vehículo de motor, un vehículo pesado de motor o un vehículo todo terreno habrá prestado su consentimiento a someterse a un análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento o de cualquier sustancia de su cuerpo, para los fines que se expresan en este Capítulo, así como a una prueba inicial del aliento a ser practicada en el lugar de la detención por el agente del orden público o cualquier otro funcionario autorizado por ley.
Con relación a los procedimientos bajo este Artículo, se seguirán las siguientes normas:
(a) Se entenderá que el referido consentimiento queda prestado para cualesquiera de los análisis estatuidos y que la persona que fuere requerida, se someterá al análisis que determine el oficial del orden público que realice la intervención. Si el intervenido se negare, objetare, resistiere o evadiere someterse al procedimiento de las pruebas de alcohol, drogas o sustancias controladas, será arrestado con el fin de trasladarle a una facilidad médicohospitalaria para que el personal certificado por el Departamento de Salud proceda a extraerle las muestras pertinentes. Una vez extraídas las muestras, el intervenido será dejado en libertad pero, si después de obtener las muestras de sangre o haber realizado la prueba de aliento, el intervenido mostrare síntomas de no estar capacitado para manejar un vehículo o vehículo de motor será retenido en el cuartel hasta que la intoxicación desaparezca.
(b) Toda persona muerta o inconsciente se considerará que no ha retirado su consentimiento, según anteriormente se dispone, y el análisis o los análisis le serán efectuados, sujetos a las disposiciones de este Artículo.
(c) Cualquier agente del orden público o funcionario debidamente autorizado por ley deberá requerir de cualquier conductor que se someta a cualesquiera de dichos análisis químicos o físicos después de haberle detenido si tiene motivo fundado para creer que dicha persona conducía o hacía funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, o cuando habiendo sido detenido por razón de una posible infracción a alguna ley o reglamento, existieren motivos fundados para creer que conducía o hacía funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas al tiempo de su detención.
(d) Podrá también requerirle al conductor en cuestión que se someta a los análisis arriba expresados, cualesquiera de los siguientes funcionarios: (1) El miembro de la Policía a cargo inmediato del puesto, distrito o zona policíaca donde se efectuó el arresto según fuere el caso. (2) El fiscal que realice la investigación preliminar. (3) Cualquier juez o magistrado del Tribunal de Primera Instancia.
(e) Además de lo dispuesto en el inciso
(c) de este Artículo, cualquier agente del orden público podrá requerirle a cualquier persona que esté conduciendo o haciendo funcionar un vehículo de motor que se someta a una prueba inicial del aliento o prueba a ser practicada en el lugar de la detención, si dicho agente: (1) Tiene motivo fundado para sospechar que la persona ha ingerido alcohol o ha utilizado sustancias controladas; o (2) Si ocurre un accidente y la persona se hallaba conduciendo uno de los vehículos involucrados en el accidente.
(f) Si el resultado de la prueba inicial del aliento o cualquier otro análisis indicare una posible concentración de ocho centésimas (0.08) o más del uno por ciento ( $1 %$ ) de alcohol por volumen, o dos centésimas del uno por ciento (. $02 %$ ) o más, en caso de conductores de camiones, ómnibus escolares, vehículos pesados de servicio público y vehículos pesados de motor; o alguna concentración de alcohol en la sangre en casos de menores de dieciocho (18) años; el agente del orden público le podrá requerir al conductor que se someta a un análisis posterior. Los resultados de ambos exámenes podrán ser utilizados para demostrar que la persona ha estado conduciendo en violación a los Artículos 7.01 al 7.06 de esta Ley.
Si luego de realizar las pruebas de alcohol, las mismas reflejasen que el conductor no estaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes y aun así diera indicios de estar intoxicado, el agente del orden público podrá tener motivos fundados para estar en la creencia de que el conductor se encuentra bajo los efectos de drogas o sustancias controladas. En tal situación, el agente del orden público le realizará las pruebas de campo que estime necesarias, previo a someter a la persona detenida o arrestada a un análisis químico de orina. El agente del orden público procederá a someter al conductor a un análisis químico de orina, cuyo resultado podrá ser utilizado para determinar si la persona ha estado conduciendo o haciendo funcionar un vehículo en violación al Capítulo 7 de esta Ley. Si el resultado del análisis químico de orina, demuestra o de determinarse que la persona no estaba bajo los efectos de drogas o sustancias controladas, ésta quedará en libertad inmediatamente. La Policía de Puerto Rico en conjunto con el Departamento de Salud deberá aprobar un reglamento que sea aplicable al proceso de estas pruebas de campo, y un procedimiento para la obtención de las muestras de orina requeridas por este Artículo.
(g) Se ordena al Secretario del Departamento de Salud a reglamentar la forma y sitio en que habrán de tomarse, envasarse y analizarse las muestras de sangre o las de cualquier otra sustancia del cuerpo, así como aquellos otros
procedimientos afines al análisis químico o físico, pero con sujeción a lo dispuesto en los incisos
(i) ,
(j) y
(k) de este Artículo. Asimismo se faculta al Secretario del Departamento de Salud para adoptar y reglamentar el uso de los instrumentos científicos que estimare necesarios para determinar la concentración de alcohol en la sangre, así como de drogas o sustancias controladas de los conductores que fueren detenidos por conducir o hacer funcionar vehículos bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. Esta facultad se extiende al instrumento que utilizará el agente del orden público para hacer la prueba inicial del aliento, según lo dispuesto en este Artículo.
(h) Las instituciones de servicios de salud, públicas y privadas, y su personal quedarán sujetos a las reglas y reglamentos que promulgue bajo la autoridad del inciso
(g) de este Artículo el Secretario del Departamento de Salud.
(i) Toda muestra obtenida de una persona, excepto la de aliento, será dividida en tres (3) partes: una será entregada a la persona detenida para que pueda disponer sus análisis y las otras dos (2) serán reservadas para el uso del Departamento de Salud y/o el Negociado de Ciencias Forenses, una de ellas con el propósito de ser usada en el análisis químico o físico requerido por este Artículo, y la otra se conservará para ser analizada únicamente por instrucciones del tribunal en caso de que existiere discrepancia entre el análisis oficial y el análisis hecho privadamente por instrucciones del acusado.
(j) Solamente el personal debidamente certificado por el Departamento de Salud, actuando a petición de un agente del orden público, de un fiscal o de un juez del Tribunal de Primera Instancia, podrá solicitar extraer una muestra de sangre para determinar su contenido alcohólico, drogas o sustancias controladas, sujeto a lo establecido en el inciso
(g) de este Artículo. Se ordena al Secretario de Salud a certificar al personal gubernamental, debidamente cualificado para realizar los análisis de alcohol, drogas o sustancias controladas en sangre, orina o aliento.
(k) Copia del resultado del análisis químico del aliento, de la sangre o de cualquier otra sustancia del cuerpo del detenido, según fuere el caso, le será remitido al fiscal del distrito correspondiente al lugar donde ocurrieron los hechos, para su debida incorporación al expediente del caso. El conductor tendrá derecho a que se le suministre a él o a su abogado, información completa sobre el análisis o los análisis practicados.
(l) Todo documento en el que el Departamento de Salud informe un resultado sobre un análisis realizado en su laboratorio y cualquier otro documento que se genere de conformidad con la reglamentación que promulgue el Departamento de Salud a tenor con las disposiciones de este Artículo, emitido con la firma de funcionarios autorizados y su sello profesional de ser requerido y bajo el sello oficial del Departamento de Salud, deberá ser admitido en evidencia como prueba autenticada de forma prima facie."
Sección 7.-Se deroga el Capítulo VIII de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo VIII que lea como sigue:
Artículo 8.01.-Regla básica. Todo conductor que maneje un vehículo, vehículo de motor o arrastre por las vías públicas de Puerto Rico vendrá obligado a seguir y obedecer las señales y marcas de tránsito, incluyendo semáforos, colocados en las vías públicas con el propósito de dirigir el tránsito, según se dispone en este Capítulo.
Artículo 8.02.-Semáforos, señales y marcas. Cuando el tránsito esté controlado por semáforos que tengan luces de diferentes colores, o flechas en colores que enciendan una a la vez o en combinación, se usarán solamente los colores verde, rojo y amarillo, salvo en señales especiales para peatones con mensajes en palabras, y dichas luces indicarán y se aplicarán tanto a conductores de vehículos o vehículos de motor como a los peatones de la manera siguiente:
(a) Luz verde: (1) El conductor de todo vehículo frente a lentes exhibiendo luz verde continuará en la misma dirección o podrá doblar hacia la derecha o su izquierda para entrar a otra vía pública, siempre que no haya avisos prohibiendo tales virajes y que con su movimiento no cierre u obstruya el tránsito dentro de la intersección. Deberá, además, ceder el paso a vehículos y peatones que se encontraren legalmente dentro de la intersección o sobre un paso de peatones adyacentes al momento del cambio de luz.
(2) Los peatones frente a lentes exhibiendo luz verde, excepto que otra cosa les sea indicada, cruzarán la vía pública por paso de peatones, marcado o no, con rapidez razonable.
(b) Luz roja: (1) El conductor de todo vehículo frente a lentes exhibiendo luz roja deberá detener su marcha en el lugar marcado para ese fin en el pavimento o en el indicado por señal de "PARE AQUI CON LUZ ROJA" de existir tal señal, o antes de llegar al paso de peatones más cercano de la intersección si no hubiere tal marca o señal. Si no existiere tal marca ni tampoco hubiere un paso de peatones marcado, ni señal de "Pare Aquí", lo hará al comienzo de la intersección y no reanudará la marcha hasta que se encienda la luz verde, excepto en los casos a que se refiere el Artículo 8.04 de esta Ley. (2) Los peatones frente a lentes exhibiendo luz roja se abstendrán de cruzar, excepto que otra cosa les sea indicada por un oficial del orden público. (3) Excepto cuando hubiere instalada una señal prohibiendo un viraje, los vehículos que transiten por el carril de la extrema derecha podrán, frente a lentes exhibiendo luz roja, doblar a la derecha hacia una vía pública de tránsito en ambas direcciones o hacia una vía pública de tránsito en una sola dirección en que el tránsito discurra hacia la derecha de dichos vehículos. (4) Los vehículos que transiten por el carril de la extrema izquierda en una vía pública de tránsito en una sola dirección podrán, frente a lentes exhibiendo luz roja, doblar a la izquierda hacia una vía pública de tránsito en una sola dirección en la que el transito discurra hacia la izquierda de dichos vehículos. (5) Antes de hacer el viraje indicado en los incisos
(b) (3) y
(b) (4) de este Artículo, los vehículos deberán detenerse según lo requiere el inciso
(b) (1) de este Artículo y ceder el paso a los peatones que se hallaren legalmente sobre un paso de peatones adyacentes y a otros vehículos que estuvieren usando legalmente la intersección. (6) Los vehículos que transiten por la vía pública entre las doce (12) de la noche y las cinco (5) de la mañana, cuando estén frente a lentes exhibiendo luz roja, se detendrán y podrán continuar la marcha, siempre que se tomen las debidas precauciones.
(c) Luz amarilla: (1) Los lentes exhibiendo luz amarilla fija le advierten al conductor que ha terminado el tránsito en la dirección indicada por el color verde y que inmediatamente después se encenderá la luz roja prohibiendo que los vehículos entren a la intersección. El conductor de todo vehículo frente a lentes exhibiendo luz amarilla, deberá detenerse antes de entrar en la intersección. Cuando la parada no pueda hacerse sin peligro para la seguridad, el conductor podrá continuar su marcha y cruzar la intersección tomando todas las precauciones posibles. (2) Los peatones frente a lentes exhibiendo luz amarilla se abstendrán de iniciar el cruce de la vía pública.
(d) Flecha verde, con o sin luz roja: (1) El conductor de todo vehículo frente a lentes exhibiendo una flecha verde encendida, sencilla o combinada con otra indicación, podrá entrar a una intersección solamente en la dirección que indica la flecha, o para realizar cualquier otro movimiento autorizado por otras indicaciones que se hagan simultáneamente, tomando las precauciones necesarias, y cederá el paso a los peatones que se encontraren legalmente dentro de un paso de peatones adyacente y a otros vehículos que estuvieren cruzando legalmente la intersección. (2) Los peatones frente a esta señal podrán cruzar la vía pública por el paso de peatones, estuviere marcado o no, excepto en los casos en que hubiere un semáforo para peatones u otro dispositivo indique otra cosa o cuando la única indicación verde sea una flecha que indique un viraje. (3) Los lentes exhibiendo una flecha amarilla encendida, sencilla combinada con otra indicación, le advierten al conductor que ha terminado el tránsito en la dirección indicada por la flecha verde y que inmediatamente después se encenderá la luz roja o una flecha roja prohibiendo que entre a la intersección para continuar su marcha en la dirección mencionada. El conductor de todo vehículo frente a un lente exhibiendo flecha amarilla encendida deberá detenerse según lo requiere el inciso
(c) (1) de esta Sección.
(4) Los peatones frente a lentes exhibiendo una flecha amarilla encendida se abstendrán de iniciar el cruce de la vía pública. (5) El conductor de todo vehículo frente a lentes con flecha roja encendida no podrá continuar su marcha en la dirección indicada por la flecha y deberá detenerse en el lugar marcado para ese fin en el pavimento o antes de llegar al paso de peatones más cercano de la intersección si no hubiere tal marca. Si no existiere tal marca, ni tampoco hubiere un paso de peatones marcado, lo hará al comienzo de la intersección y no reanudará la marcha en la dirección apropiada hasta que se encienda el lente con flecha verde correspondiente o con luz verde. (6) Los peatones frente a lentes exhibiendo flecha roja encendida y a la vez frente a lentes exhibiendo luz o flechas verdes encendidas combinadamente, podrán cruzar la vía pública por el paso de peatones, estuviere marcado o no, excepto en los casos en que hubiere un semáforo para peatones y otra señal que indique otra cosa.
(e) Luz amarilla intermitente: (1) El conductor de todo vehículo frente a lentes exhibiendo luz amarilla intermitente podrá cruzar la intersección o pasar dicha luz, pero solamente tomando las precauciones necesarias. (2) Lo aquí dispuesto no aplicará en los cruces ferroviarios o del Tren Urbano según disponga el Secretario.
(f) Luz roja intermitente: (1) El conductor de todo vehículo frente a lentes exhibiendo luz roja intermitente se detendrá en una línea de pare claramente marcada, o si no la hubiere, lo hará antes de llegar al paso de peatones más cercano a la intersección. Si no hubiere paso de peatones, entonces lo hará en el punto más cercano de la vía pública que cruza donde el conductor pueda observar el tránsito que por ésta se aproxima antes de entrar a la intersección y, en tal caso, el derecho a continuar estará sujeto a las reglas aplicables cuando se hace una parada ante una señal de pare. (2) Lo aquí dispuesto no aplicará en los cruces ferroviarios o del Tren Urbano según lo disponga el Secretario.
(g) Semáforo inteligente. Con el establecimiento del Tren Urbano comenzará un sistema de "Semáforos Inteligentes", los cuales pueden ser operados mediante el uso de un artefacto electrónico por los conductores de los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) o por los oficiales del Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito (COT), descongestionándose así el tránsito en las inmediaciones de las estaciones del Tren Urbano.
(h) Las disposiciones de esta sección aplicarán también cuando se trate de semáforos que se hubieren instalado en lugares que no sean intersecciones, excepto aquellas disposiciones que por su propia naturaleza no sean aplicables. Toda parada requerida se hará en el lugar indicado por una señal o marca sobre el pavimento, pero en ausencia de dicha señal o marca, la parada se hará antes de llegar al semáforo.
(i) Todo conductor que se aproxime a una intersección donde esté localizado un semáforo averiado o fuera de servicio ejercerá el debido cuidado al aproximarse a dicha intersección y al cruzar la misma, siguiendo las mismas reglas que aplicarían en caso de no haber un semáforo en dicha intersección.
(j) Todo conductor que viole las disposiciones de este Artículo relativas a semáforos, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de trescientos (300) dólares; si lo hiciere de forma que pasara la luz roja sin haberse detenido, será sancionado con multa de quinientos (500) dólares, y en caso que la persona reincida por tres (3) ocasiones será suspendida su licencia de conducir por un término de tres (3) años.
Artículo 8.03.-Semáforos para peatones. Siempre que se hubiere instalado un semáforo especial para peatones en el que aparezcan las palabras "Cruce" y "No Cruce", dichas palabras tendrán el siguiente significado:
(a) "Cruce" (fija): El peatón podrá cruzar la zona de rodaje en dirección al semáforo. No se permitirá a los vehículos moverse para cruzar el paso de peatones mientras éstos estén en movimiento.
(b) "Cruce" (intermitente): El peatón podrá cruzar la zona de rodaje en dirección al semáforo, aunque en posible conflicto con aquellos vehículos que se les permite virar y cruzar el paso de peatones. Los conductores de todos esos vehículos deberán cederle el paso.
(c) "No Cruce" (fija): Ningún peatón podrá empezar a cruzar la zona de rodaje en dirección al semáforo.
(d) "No Cruce" (intermitente): Ningún peatón podrá empezar a cruzar la zona de rodaje en dirección al semáforo, aunque todo peatón que hubiere iniciado el cruce con la indicación de "Cruce" podrá continuar hacia la acera o una isleta de seguridad.
Artículo 8.04.-Semáforo de carriles. Cuando hubiere semáforos especiales de carriles instalados sobre carriles individuales de una vía pública, en los que aparezcan iluminados flechas verdes apuntando hacia el pavimento, una " $X$ " amarilla o una " $X$ " roja dichas flechas o "X" tendrán el significado siguiente:
(a) Flecha verde (fija): Cualquier conductor frente a esta indicación podrá conducir su vehículo por el carril sobre el cual está localizado el semáforo especial con flecha verde.
(b) "X" amarilla (fija): Cualquier conductor frente a esta indicación debe prepararse a salirse, en una forma segura, del carril sobre el cual está localizado el semáforo especial con la " $X$ " amarilla para evitar, si es posible, a que esté ocupado dicho carril cuando se encienda la " $X$ " roja.
(c) "X" roja (fija): Cualquier conductor frente a esta indicación no deberá entrar con su vehículo o vehículo de motor, ni conducir el mismo por el carril sobre el cual está localizado el semáforo especial con la " $X$ " roja.
(d) Todo conductor que viole las disposiciones de este Artículo, relativas a semáforos de carriles, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares.
Artículo 8.05.-Señales de tránsito. En lo relativo a las señales de tránsito en las vías públicas, se seguirán las siguientes normas:
(a) Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección controlada por señales de "Pare", se detendrá en la línea de pare marcada sobre el pavimento, excepto cuando un agente del orden público o la luz de un semáforo le autorice a proseguir; pero si no hubiere línea de pare marcada, se detendrá antes de entrar al paso de peatones más cercano de la
intersección. Si no existiere línea de pare ni paso de peatones, entonces lo hará en el punto más cerca de la zona de rodaje que cruza, desde donde pueda observar el tránsito que se aproxime por ésta, antes de entrar a la intersección. Después de haberse detenido, el conductor cederá el derecho de paso a todo vehículo que hubiere entrado a la intersección. Después de haberse detenido, el conductor cederá el derecho de paso a todo vehículo que hubiere entrado a la intersección desde otra vía pública y se hallare tan cerca que constituya un peligro inmediato durante el período de tiempo que dicho conductor estuviere cruzando o moviéndose dentro de dicha intersección.
(b) Todo conductor de un vehículo en una vía pública detendrá el mismo frente a cruces ferroviarios y no pasará cuando así se le requiera por señales mecánicas al efecto, aviso audible del ferrocarril, aviso de guardavías o por barreras u otras señales al efecto, autorizadas por el Secretario, y no proseguirá la marcha hasta que pasen los vehículos ferroviarios y cesen las señales o su efecto.
(c) El conductor de todo vehículo que se aproxime a una señal conteniendo la frase "Ceda el Paso" deberá, en cumplimiento de la misma, reducir a una velocidad razonable de acuerdo con las condiciones existentes, y si por razones de seguridad fuere necesario pararse, deberá hacerlo en la línea de pare que hubiere marcada sobre el pavimento, pero si no la hubiere, antes de entrar al paso de peatones más cercano a la intersección. Si no hubiere ni una ni otra cosa, entonces se detendrá en el punto más cercano a la zona de rodaje que cruza desde donde el conductor pueda observar el tránsito que se aproxima por esta última. Luego de reducir o pararse, el conductor cederá el derecho de paso a todo vehículo que se hallare dentro de la intersección o que se aproxime por otra vía pública a una distancia tal que constituya un peligro inmediato durante el tiempo que dicho conductor estuviere cruzando o moviéndose dentro de dicha intersección. Si dicho conductor tuviere un accidente con otro vehículo dentro de la intersección, luego de haber cruzado la señal de "Ceda el Paso", dicho accidente será considerado evidencia prima facie de no haber cedido el paso.
(d) El conductor de todo vehículo, con excepción de los conductores de vehículos de emergencias autorizados en funciones de emergencias, deberá obedecer las indicaciones de cualquier dispositivo oficial para regular el tránsito que hubiere sido instalado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, a menos que un agente del orden público le ordene otra cosa.
(e) Se autoriza al Secretario y a las autoridades locales, con la aprobación del Secretario, a designar cruces peligrosos entre vías públicas y vías
ferroviarias y a instalar señales de "Pare" en tales sitios. Cuando se instalen dichas señales, el conductor de todo vehículo deberá detenerse dentro de una distancia de cincuenta (50) pies, pero nunca a menos de quince (15) pies de la vía más cercana de dicho ferrocarril, y continuará la marcha sólo ejerciendo el debido cuidado.
(f) Ninguna de las disposiciones de esta Ley en las que se requiera la existencia de dispositivos oficiales para regular el tránsito se hará cumplir contra un alegado infractor si para la fecha, hora y sitio de la alegada infracción no había un dispositivo oficial instalado, en posición adecuada y suficientemente legible como para ser visto por una persona razonablemente observadora. Cuando un Artículo específico de esta Ley no establezca el requisito de dispositivos oficiales para regular el tránsito, dicho Artículo tendrá vigencia aunque no hubiese ningún dispositivo instalado.
(g) Cuando un dispositivo oficial para regular el tránsito estuviere instalado de acuerdo con los requisitos de esta Ley, se presumirá que la instalación se efectuó mediante un acto oficial o por instrucciones de las autoridades legales pertinentes, a menos que se pruebe lo contrario mediante evidencia competente.
(h) Cualquier dispositivo oficial para regular el tránsito que se hubiere instalado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y con la intención de cumplir con los requisitos de esta Ley, se presumirá que cumple con los requisitos de esta Ley, a menos que se pruebe lo contrario mediante evidencia competente.
(i) Todo conductor que viole las disposiciones de este Artículo relativas a señales de tránsito incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 8.06.-Marcas en el pavimento o encintado. Los conductores de vehículos obedecerán en todo momento las marcas del pavimento y encintado, de suerte que se observen las limitaciones señaladas en los Artículos 1.55 al 1.59 de esta Ley e igualmente se abstendrán de estacionarse, pararse o detenerse frente a un encintado, pintado de amarillo.
Todo conductor que viole las disposiciones de este Artículo relativas a marcas en el pavimento incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 8.07.-Señales y marcas no autorizadas. Ninguna persona colocará, mantendrá o exhibirá en las vías públicas, ni en sitios visibles desde una vía pública, ninguna luz, señal, aviso, rótulos, marcas, anuncios de cualquier clase, artefacto dispositivo que figure ser, o sea una imitación o que sea parecida a cualquier aparato o dispositivo para el control oficial del tránsito o que tenga el propósito de dirigir el movimiento de tránsito o que oculte o interrumpa la visibilidad o efectividad de cualquier aparato o dispositivo oficial para el control del tránsito.
Todo rótulo, señal, aviso, luz o marcas prohibidas en los incisos anteriores se declaran estorbo público y la autoridad con jurisdicción sobre la vía pública donde se encuentren instaladas queda autorizada a removerlas.
Artículo 8.08.-Actos ilegales y penalidades. Toda persona que maliciosamente hurtare, destruyere o causare daño a las señales, rótulos, luces, semáforos o marcas autorizadas por esta Ley o sus reglamentos, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares, pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. Además, el tribunal podrá imponer pena de restitución."
Sección 8.-Se deroga el Capítulo IX de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo IX que lea como sigue:
Artículo 9.01.-Regla básica. Todo peatón obedecerá las indicaciones de los dispositivos oficiales para regular el tránsito que le sean específicamente aplicables, incluyendo los semáforos para regular el tránsito y los semáforos para peatones, según se dispone en los Artículos 8.02 y 8.03 de esta Ley, a menos que otra cosa se ordenare por un agente del orden público.
Artículo 9.02.-Deberes de los peatones al cruzar una vía pública. Todo peatón que cruce una vía pública, lo hará con sujeción a las siguientes disposiciones:
(a) Al cruzar fuera de una intersección o paso de peatones, cederá el paso a todo vehículo que transite por dicha vía.
(b) Al cruzar por intersecciones, lo hará por el paso de peatones. Si la intersección estuviere controlada por semáforos, cruzará únicamente con la luz verde o indicaciones de "cruce" a su favor según se dispone en los Artículos 8.02 y 8.03 de esta Ley.
(c) Entre intersecciones consecutivas cualquiera de las cuales estuviere controlada por semáforos cruzará únicamente por los pasos de peatones marcados sobre el pavimento.
(d) Cuando hubiere túneles u otras estructuras construidas para el paso de peatones, éstos deberán utilizar los mismos. A tales fines, se prohíbe el uso de dichos túneles o estructuras elevadas por personas montadas en bicicletas, autociclos o motonetas, motocicletas y vehículos similares.
(e) Ningún peatón cruzará la zona de rodaje en una intersección diagonalmente, a menos que ello fuere autorizado mediante dispositivos oficiales para regular el tránsito. Cuando se autorice a cruzar diagonalmente, los peatones cruzarán únicamente de acuerdo con los dispositivos oficiales que regulen estos cruces.
(f) Todo peatón transitará por las aceras únicamente, y cuando no las hubiere, mientras sea posible y práctico, caminará por el borde o paseo izquierdo de la vía pública, de frente al tránsito y no abandonará las mismas brusca y rápidamente cuando viniere un vehículo tan cerca que al conductor le sea imposible ceder el paso. En las comitivas fúnebres a pie, los peatones caminarán por el lado derecho de las vías públicas, ocupando no más de la mitad de la zona de rodaje.
(g) Cualquier peatón que al transitar por las vías públicas lo hiciere en forma negligente y temeraria sin seguir las normas debidas de atención y cuidado, incurrirá en una falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares. Si ocasionare un accidente de tránsito con su conducta, la multa será de quinientos (500) dólares. Si el peatón que comete la falta administrativa es menor de edad, la persona que tenga la patria potestad, la custodia sobre éste o sea su tutor legal, será responsable del pago de las multas que se le impusieran por cualquier infracción a esta Ley y al pago de los daños y perjuicios que dicho menor causare.
Artículo 9.03.-Deberes de los conductores hacia los peatones. Toda persona que conduzca un vehículo por las vías públicas, vendrá obligada a:
(a) Cuando no haya semáforos instalados o éstos no estuvieren funcionando, ceder el derecho de paso, reduciendo la velocidad y parando si fuere necesario para ello a todo peatón que estuviere cruzando la zona de rodaje por un paso de peatones cuando dicho peatón estuviere cruzando la zona de rodaje por la cual el vehículo discurra, o cuando el peatón pueda estar en peligro al estarse aproximando desde la mitad opuesta de la zona de rodaje.
(b) No rebasar a otro vehículo que se encontrare detenido o hubiere reducido la velocidad por estarle cediendo el paso a un peatón en un paso de peatones.
(c) Tomar todas las precauciones para no arrollar a los peatones, debiendo tomar precauciones especiales cuando los peatones fueren niños, ancianos o personas incapacitadas. Estas precauciones serán tomadas aun cuando el peatón estuviere haciendo uso incorrecto o ilegal de la vía pública. El uso de la bocina por sí solo no relevará al conductor de responsabilidad, si tal uso no estuviere acompañado por otras medidas de seguridad.
Todo conductor que al transitar por las vías públicas infrinja este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares.
Artículo 9.04.-Uso inapropiado de puentes elevados y zonas de seguridad Los puentes peatonales elevados y las zonas de seguridad serán para uso exclusivo de peatones. Ningún conductor podrá hacer uso de: auto ciclos, motonetas, motocicletas o cualquier otro vehículo motorizado en estructuras de puentes elevados que sean de uso peatonal. Todo conductor que haga uso de auto ciclos, motonetas, motocicletas o cualquier otro vehículo motorizado en estructuras públicas de puentes elevados para el uso peatonal será sancionado con una multa de quinientos (500) dólares.
Ningún vehículo será conducido en momento alguno a través o sobre una zona de seguridad.
Artículo 9.05.-Disposiciones adicionales. Ninguna persona se situará en la zona de rodaje de una vía pública con el fin de:
(a) Solicitar pasaje gratis u ofrecerse a custodiar vehículos o vehículos de motor gratis o mediante paga.
(b) Hacer colectas de cualquier índole.
(c) Distribuir propaganda de cualquier clase.
(d) Acostarse o sentarse en la zona de rodaje de la vía pública con cualquier fin.
El Secretario establecerá la reglamentación necesaria para autorizar el uso de una vía pública para que una persona pueda vender u ofrecer para la venta productos, objetos o artículos de cualquier clase. Nunca se prohibirá la distribución mediante venta de periódicos en la vía pública dentro de un radio de ciento cincuenta (150) pies de un semáforo."
Sección 9.-Se deroga el Capítulo X de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo X que lea como sigue:
Artículo 10.01.-Regla básica. Todo conductor de vehículo de motor o peatón que transite por las vías públicas de Puerto Rico estará sujeto al cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en esta Ley, incluyendo las siguientes.
Artículo 10.02.-Vehículos destinados a servicio de emergencia. Mientras dure una emergencia relacionada con el uso a que se destine el vehículo, hasta tanto la misma haya pasado, los conductores de vehículos de emergencia autorizados, según éstos se definen en esta Ley, podrán, con la debida consideración a la seguridad de las personas y de la propiedad y siempre que den aviso con aparatos de alarma, realizar los siguientes actos:
(a) Estacionar o detener sus vehículos en las vías públicas contrario a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.
(b) Continuar la marcha con sus vehículos, no obstante prohibírselo una luz o señal colocada en la vía pública por virtud de esta Ley y sus reglamentos, pero solamente después de haber reducido la marcha del vehículo, según fuere necesario, para conducirlo con seguridad.
(c) Exceder los límites de velocidad establecidos por esta Ley, sus reglamentos o cualquier ordenanza municipal, siempre que no ponga en peligro la vida o propiedad.
(d) Ignorar las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos sobre derechos de paso, viraje y dirección del tránsito.
Las disposiciones anteriores no relevan al conductor de un vehículo de emergencia debidamente autorizado de su deber de conducir tomando en cuenta la seguridad de todas las personas, ni lo eximen de las consecuencias que resulten de su desprecio temerario por la seguridad de otros. Lo dispuesto en los incisos
(a) al
(d) de este Artículo no será aplicable cuando el vehículo de emergencia regrese después de haber cumplido con su misión de emergencia o mientras no se encuentre atendiendo una situación de emergencia real.
Todo conductor que aparente estar atendiendo una situación de emergencia real, sin estarlo, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de doscientos (200) dólares.
Artículo 10.03.-Funerales y actividades deportivas, recreativas, culturales, sociales y convoy militar.
En el curso de funerales y procesiones, el paso de un convoy militar, o manifestaciones en ocasión de actividades deportivas, recreativas, culturales o sociales, se seguirán las siguientes normas:
(a) En zona urbana y siempre que los vehículos de motor que participen en los mismos conserven una distancia no mayor de diez (10) pies entre sí y estén debidamente identificados como vehículos de tal comitiva, podrán sus conductores continuar la marcha por intersecciones, no obstante lo dispuesto en contrario por luces y señales, siempre que el vehículo inicial entre en la intersección de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, y la marcha de referencia se realice en tal forma que garantice la seguridad de personas y propiedades.
(b) Será deber de los conductores de vehículos de motor que no participen en dichas actividades el cederle el paso a los vehículos que integren comitivas, manifestaciones y procesiones en las actividades de referencia.
(c) Los comandantes de área, zonas o distritos policíacos o aquellos oficiales de la Policía a cargo interinamente de los mismos, en sus respectivas áreas, zonas, y distritos, estarán facultados para conceder permisos para el uso de las vías públicas cuando fueren solicitados para la celebración de cualquier actividad deportiva, recreativa, cultural y social, siempre que en estos actos se ocupe únicamente aquella parte de la vía pública que se señale en dicho permiso. Cuando dichas actividades comprenden las demarcaciones territoriales de más de un área policíaca, el referido permiso será concedido por la Policía de Puerto Rico, o la Autoridad Municipal competente, previa notificación a la Policía de Puerto Rico. Estos permisos serán denegados cuando el orden público así lo requiera, o el tránsito principal quedare sustancialmente afectado. Los permisos que se expresan en este inciso podrán denegarse si fueren solicitados con menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la hora señalada para el acto.
(d) Todo conductor de un vehículo que no cediere el paso a una comitiva fúnebre, procesión religiosa de peatones, a una manifestación cívica, política u obrera, o a un convoy militar que estuviere ejerciendo los derechos que se le conceden en este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 10.04.-Obstrucciones a la visibilidad del conductor. Ningún vehículo de motor que transite por las vías públicas deberá llevar puesto en el parabrisas delantero, parabrisas laterales o ventanas laterales o traseras objetos tales como avisos, tarjetas, cartelones, calcomanías, rótulos o cualquier otra materia que no sea transparente, a menos que éstos puedan ser colocados en dichos parabrisas dentro de un cuadro no mayor de siete (7) pulgadas por siete (7) pulgadas en la esquina inferior más distante del asiento del conductor, o en las ventanas laterales del vehículo detrás del conductor y colocadas de tal manera que dichas materias no obstruyan la visibilidad del conductor en ninguna dirección. Asimismo, ningún vehículo de motor deberá transportar mientras transite por las vías públicas paquetes u objetos de cualquier clase que obstruyan la visibilidad del conductor en ninguna dirección.
Ninguna persona manejará por las vías públicas un vehículo de motor equipado con aparato receptor de televisión instalado en tal forma que los programas televisados sean obstáculo a la visibilidad del conductor mientras éste maneje dicho vehículo.
Todo conductor que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares y de trescientos (300) dólares, en el caso específico de los aparatos receptores de televisión.
Artículo 10.05.-Uso de cristales de visión unidireccional y de tintes en el parabrisas y ventanillas de cristal.
Se prohíbe el uso de cristales de visión unidireccional en el parabrisas, ventanillas de cristal y cualquier tinte que no permita verse a través del parabrisas de los vehículos o vehículos de motor. Se prohíbe por igual su alteración mediante la aplicación de tintes y cualquier otro material o producto que se utilice como filtro solar en el parabrisas y ventanillas de cristal de los vehículos o vehículos de motor para producir un porcentaje de transmisión de luz visible menor de treinta y cinco por ciento (35%). Quedarán exentos de la aplicación de este Artículo los vehículos oficiales del Gobierno, debidamente autorizados por el Secretario, ambulancias, vehículos blindados dedicados a la transportación de valores, vehículos oficiales de los albergues para víctimas de violencia doméstica, necesarios para el desempeño de sus funciones de protección y servicio a las víctimas de violencia doméstica y que están registrados para esos propósitos en el Departamento; vehículos especialmente diseñados y dedicados exclusivamente a la transportación de turistas y aquellos vehículos cuyos cristales o ventanillas traseras vengan equipados de fábrica con tintes que produzcan un porcentaje de transmisión de luz menor al indicado en este Artículo. También estarán exentos de esta disposición, los vehículos o vehículos de motor que certifique el Secretario a tales efectos, por razones de seguridad o por prestar servicios de seguridad por contrato con el Gobierno de Puerto Rico, previa evaluación de la solicitud correspondiente. Se entenderán por cristales o ventanillas traseras todos aquellos colocados en el vehículo o vehículo de motor y que se posicionen detrás del asiento del conductor.
También estarán exentos de esta disposición los vehículos que certifique el Secretario a tales efectos, por razones médicas, previa evaluación de la solicitud correspondiente. Disponiéndose que el cónyuge e hijos afectados por una condición médica, aun cuando no sean los dueños registrales del vehículo, podrán solicitar dicha exención, previa evaluación de la solicitud correspondiente.
Toda persona que solicite se le exima por motivos de salud de lo dispuesto por este Artículo, deberá incluir en su solicitud una certificación de un médico, cirujano u optómetra debidamente autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico, donde dicho facultativo haga constar que, de acuerdo con el historial médico del solicitante, éste requiere el uso de tintes o cualquier otro material o producto en los cristales del vehículo por éste utilizado como protección contra los rayos solares.
El Secretario determinará mediante reglamento el procedimiento a seguir para determinar si un vehículo o vehículo de motor cumple con lo establecido en
este Artículo. Así mismo, se dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente a la solicitud, expedición, costo de tramitación y cobro, características, uso, renovación y cancelación de las certificaciones y permisos que aquí se autorizan, los cuales deberán ser renovados anualmente con excepción de los pacientes de Lupus Eritematoso Sistemático, melanoma maligno y esclerosis múltiple, quienes renovarán el permiso o certificación cada seis (6) años. El Secretario podrá requerir una evaluación de dicha solicitud por la Junta Médica Asesora y podrá establecer las condiciones y limitaciones que estime pertinentes en las certificaciones y permisos que expida a estos efectos, cuando a su juicio fuese necesario para cumplir con los fines de este Artículo.
La autorización expedida a una persona, conforme lo dispuesto por este Artículo, deberá ser llevada continuamente en el vehículo de motor o sobre la persona a favor de quien se expida. Será responsabilidad de la persona a favor de quien se expida la certificación, remover del vehículo el tinte o cualquier otro material o producto que se le haya autorizado a utilizar en el mismo cuando traspase, ceda, venda o de alguna manera disponga del vehículo.
Todo conductor que operare un vehículo o vehículo de motor en violación a este Artículo, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares.
Se prohíbe el que se remueva y traspase otro vehículo el sello de aprobación de transmisión de luz. Así mismo, se prohíbe que se alteren las circunstancias bajo las cuales se otorgó el sello de aprobación de transmisión de luz. Cualquier persona que viole lo dispuesto en este párrafo, incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere, será sancionado con pena de quinientos (500) dólares.
Artículo 10.06.-Paso sobre mangueras de incendio. Todo conductor que al transitar por las vías públicas pase su vehículo sobre una manguera del Cuerpo de Bomberos cuando ésta estuviere siendo utilizada en ocasión de un incendio, alarma o simulacro de incendio, u otra emergencia, salvo cuando dicha manguera estuviere debidamente protegida o cuando un miembro del Cuerpo de Bomberos u oficial del orden público autorizare el paso, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 10.07.-Protección debida a personas ciegas. Será deber de todo conductor detener la marcha de su vehículo por las vías públicas para permitir el paso de cualquier persona ciega debidamente identificada como tal por su bastón o acompañado por un perro guía.
Todo conductor que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de doscientos (200) dólares.
Artículo 10.08.-Obstrucción de visibilidad al conducir. Ninguna persona conducirá un vehículo de motor por las vías públicas con personas, animales u objetos que obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente o hacia los lados del vehículo o que interfieran con el control del mecanismo de conducción del vehículo.
Todo conductor que viole lo dispuesto en este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cincuenta (50) dólares.
Artículo 10.09.-Precauciones al alcanzar y pasar un ómnibus o transporte escolar. Todo conductor seguirá las siguientes normas al alcanzar o pasar un ómnibus o transporte escolar:
(a) Será obligación de todo conductor detenerse al aproximarse de frente o alcanzar cualquier ómnibus o transporte escolar que se hubiere detenido al borde de la vía pública, para tomar o dejar estudiantes, aun cuando ésta tenga zonas de rodaje separadas por una línea pintada en el pavimento, si así lo indicare el conductor del ómnibus o transporte mediante señales al efecto, y no reanudará la marcha hasta que el ómnibus o transporte se haya puesto en movimiento, o haya dejado de operar las señales antes indicadas, o así lo indicare el conductor del ómnibus o transporte mediante señales al efecto $y$, en el caso en que se dejaren estudiantes, éstos hayan abandonado por completo la vía pública. Todo conductor que infringiere lo dispuesto en este inciso incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de trescientos (300) dólares.
(b) Todo ómnibus o transporte que se use en la transportación de estudiantes deberá llevar al frente y en la parte posterior rótulos claramente visibles con las palabras "ÓMNIBUS ESCOLAR" o "TRANSPORTE ESCOLAR" en letras no menores de ocho pulgadas ( $8^{\prime \prime}$ ) de alto en vehículos de mayor cabida y de seis (6) pulgadas en vehículos de menor cabida, según definido por la Comisión y luces de señales instaladas tan alto y espaciadas lateralmente una de la otra como fuere posible y a un mismo nivel. Dichas luces deberán ser capaces de emitir alternadamente luces rojas intermitentes de tal intensidad que sean visibles a quinientos (500) pies de distancia.
(c) Todo conductor de un vehículo que transite por una vía pública con zonas de rodaje separadas físicamente o de accesos controlados no tendrá que detenerse al encontrarse con o pasar un ómnibus o transporte escolar que estuviere en una zona de rodaje diferente, o cuando el ómnibus o transporte escolar estuviere detenido en una zona de carga y descarga que forme parte de o estuviere contigua a dicha vía pública y donde no se permita el cruce de peatones.
Artículo 10.10.-Distancia a guardarse entre vehículos. Todo conductor se mantendrá a una distancia prudente detrás del vehículo en movimiento que inmediatamente le preceda, de acuerdo con la velocidad y condiciones de la vía pública y demás circunstancias que afecten la seguridad. En todo caso, cuando el límite de la velocidad autorizada en la zona transitada fuere mayor de veinticinco (25) millas por hora, dejará espacio suficiente para que cualquier vehículo que lo rebase pueda colocársele al frente con seguridad.
Será ilegal conducir un vehículo a una distancia menor de trescientos (300) pies, o sea noventa y un (91) metros, detrás de cualquier vehículo de emergencia, cuando dicho vehículo transite en procedimiento de emergencia, excepto los vehículos que estuvieren en funciones oficiales.
Todo conductor que infringiese lo dispuesto en este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares.
Artículo 10.11.-Obligación en las intersecciones de vías públicas. Todo conductor, al atravesar una intersección, deberá cerciorarse antes de proseguir la marcha del vehículo, aunque la luz verde esté a su favor, de que en la vía pública por donde transita haya espacio libre suficiente para que éste pueda atravesar la intersección y salir de ésta sin interrupción, de manera que en ningún momento dicho vehículo pueda quedar detenido en la intersección de manera que impida u obstaculice el libre flujo del tránsito.
Todo conductor que infringiese lo dispuesto en este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares.
Artículo 10.12.-Otras Precauciones Todo el que maneje un vehículo o vehículo de motor por la vía pública, al acercarse a otro tirado por animales o a cualquier animal, deberá tomar las precauciones razonables y si es necesario reducirá la velocidad o detendrá el vehículo y cederá el paso.
Los dueños o encargados de animales no permitirán que los mismos caminen sueltos, o queden al cuidado de niños menores de catorce (14) años de edad, pasten o sean amarrados a las orillas de las vías públicas.
En todos aquellos lugares fuera de la zona urbana donde se careciere de buena visibilidad o cuando las características de las vías públicas o las circunstancias del tránsito lo hicieren necesario por razones de seguridad, será obligación de todo conductor de vehículo dar aviso audible con bocina y conducir su vehículo lo más cerca que sea razonable de la orilla derecha de la superficie de rodaje, excepto al acercarse a otro tirado por animales o a cualquier animal.
El conductor que maneje un vehículo de motor por las vías públicas y bajara una pendiente o cuesta, no podrá colocar la transmisión de su vehículo en neutro.
Artículo 10.13.-Deportes en las vías públicas. No se practicará ni auspiciará deporte alguno en las vías públicas, excepto cuando el Secretario o las autoridades municipales, según fuere el caso, lo autorizaren por escrito y de conformidad con la reglamentación que se apruebe al efecto.
Artículo 10.14.-Vehículos y personas que obstruyen labores de emergencia. Queda prohibido el tránsito y estacionamiento de vehículos en las vías públicas y sitios dentro de un radio inmediato de cincuenta (50) metros de un incendio, accidente de automóviles, desastre o catástrofe de cualquier naturaleza, cuando miembros de la Policía, Policía Municipal o del Cuerpo de Bomberos juzguen conveniente aislar los mismos del tránsito de vehículos y de personas para facilitar los trabajos y maniobras de emergencia. Esta disposición no será aplicable a los vehículos de emergencia y aquellos otros pertenecientes a agencias o compañías de Servicio Público cuyos deberes estén relacionados en alguna forma con la emergencia existente.
Asimismo, se prohíbe la aglomeración de personas en las vías públicas en ocasión de un incendio o en escena del mismo, de un accidente de automóviles, desastre o catástrofe de cualquier naturaleza con el propósito de observar o curiosear el trabajo y maniobras de las personas que se encuentren en el desempeño de sus obligaciones oficiales en el sitio del incendio, accidente, desastre o catástrofe. Quedan exceptuados de esta disposición las personas que teniendo familia o bienes en el lugar del desastre acudan en virtud de natural interés en el accidente o desastre.
Todo vehículo estacionado en violación a las disposiciones de este Artículo será sancionado de conformidad a lo establecido en el Artículo 4.12 de esta Ley.
Artículo 10.15.-Uso de cualquier vehículo, carruaje, o motocicletas. Toda persona que conduzca un vehículo, carruaje, o motocicleta, en las vías públicas lo hará con sujeción a las siguientes normas:
(a) Deberá conducir dichos vehículos solamente sentado en su asiento regular y no deberá transportar a ninguna otra persona que no sea el conductor, ni deberá ninguna otra persona viajar en dicho vehículo, carruaje o motocicleta, a no ser que estén diseñados para llevar más de una persona, en cuyo caso, el conductor podrá llevar tantos pasajeros como asientos autorizados se provean pero ningún conductor podrá transportar como pasajero a una persona menor de doce (12) años de edad.
(b) Toda persona que conduzca o sea pasajero en una motocicleta en las vías públicas deberá usar, mientras el vehículo está en movimiento, un casco protector para la cabeza, debidamente ajustado y abrochado. El casco protector tendrá que cumplir con todos los requisitos establecidos por el Departamento de Transportación Federal (DOT, por sus siglas en inglés). Para protección personal adicional y prevención de accidentes, el conductor y el pasajero tendrán que utilizar gafas protectoras o en su lugar, utilizar un casco protector que contenga un dispositivo o visera capaz de proteger los ojos. Además, tendrá que utilizar guantes protectores en ambas manos que cubran la palma de la mano, calzado que se extienda hasta cubrir los tobillos y pantalones largos que se extiendan hasta el área del tobillo. Disponiéndose que los conductores y pasajeros que hagan uso de una motocicleta alquilada para fines turísticos en las Islas Municipios de Vieques y Culebra sólo deberán utilizar el casco protector para la cabeza y las gafas protectoras o en su lugar, un casco protector que contenga un dispositivo o visera capaz de proteger los ojos.
(c) Toda persona que viaje en una motocicleta lo hará sentado en el asiento a horcajadas, mirando hacia el frente y con una pierna a cada lado de la motocicleta.
(d) Ninguna persona podrá conducir un vehículo, carruaje o motocicleta llevando paquetes $u$ otros objetos que le impidan mantener ambas manos en las bridas o el manubrio simultáneamente.
(e) Ningún conductor podrá llevar una persona, ni ésta podrá viajar en una posición tal, que impida tener el control total del vehículo, carruaje o motocicleta o con la visibilidad del conductor.
(f) Todo vehículo, carruaje o motocicleta, tiene derecho al uso de un carril completo y ningún vehículo o vehículo de motor podrá conducirse en forma tal que le prive del uso de un carril completo. Esta disposición no aplicará a los vehículos, carruajes o motocicletas autorizados a transitar de forma escalonada por un mismo carril.
(g) El conductor de un vehículo, carruaje o motocicleta no podrá alcanzar y pasar a otro vehículo o vehículo de motor por el mismo carril que ocupe el vehículo a ser rebasado.
(h) Ninguna persona podrá conducir una motocicleta entre carriles de tránsito o entre líneas adyacentes o hileras de vehículos.
(i) No podrán conducirse motocicletas una al lado de la otra por un mismo carril.
(j) Los incisos
(g) y
(h) de esta Sección no son aplicables a los agentes del orden público que estuvieren en el desempeño de sus funciones oficiales.
(k) Ninguna persona que viaje en una motocicleta podrá agarrarse o unir dicha motocicleta a otro vehículo en una zona de rodaje.
(l) Ninguna persona podrá conducir una motocicleta con manubrios de más de quince pulgadas (15") de altura sobre la parte del asiento ocupada por el conductor.
(m) Todo conductor de motocicleta mantendrá los faroles delantero y trasero de la misma encendidos en todo momento, mientras la motocicleta esté en movimiento, irrespectivo de que sea de día o de noche.
(n) Todo conductor de carruaje o jinete está obligado a utilizar equipo reflector tanto en su persona como en su carruaje.
(o) Se prohíbe transitar en las vías públicas toda motocicleta o vehículo de motor que contengan sistemas de enfriamiento que utilicen cualquier elemento o sistema no instalado de fábrica para aumentar los caballos de fuerza del motor de dicha motocicleta o vehículo.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con pena de multa de cien (100) dólares.
Artículo 10.16.-Uso de vehículos todos terrenos, autociclos o motonetas.
(a) El uso de los vehículos todo terreno, sólo estará permitido en predios de terreno o instalaciones públicas destinadas para su disfrute o en instalaciones privadas previa autorización de sus dueños, y serán éstos responsables de tomar las medidas de seguridad correspondientes para evitar accidentes. Los vehículos todo terreno, autociclos o motonetas no podrán transitar por las autopistas, carreteras estatales o demás vías públicas, estatales o municipales, que estén pavimentadas. Esta prohibición no será de aplicación a aquellos vehículos todo terreno propiedad de los departamentos, agencias, instrumentalidades, municipios o entidades del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno Federal, que se utilizan para funciones de orden público o para garantizar la conservación de recursos naturales en zonas protegidas. Los vehículos todo terreno no podrán transitar en áreas naturales protegidas, tales como Reservas Naturales, Bosques Estatales, Refugios de Vida Silvestre y cauces de ríos, ecosistemas de dunas o humedales, entre otras áreas, según designadas o protegidas mediante ley, reglamento, orden administrativa u ordenanza municipal. Se exceptúa de esta disposición los vehículos utilizados por funcionarios públicos para facilitar el cumplimiento de sus funciones relacionadas a la seguridad pública o a la conservación de las zonas protegidas.
(b) Está prohibida la transportación de bebidas alcohólicas en los vehículos todo terreno.
(c) Se prohíbe transportar pasajeros en un vehículo todo terreno, salvo cuando dicho vehículo esté diseñado para transportar la cantidad de pasajeros que estén siendo transportados.
(d) Se prohíbe transportar como pasajero en un vehículo todo terreno a personas menores de dieciséis (16) años de edad.
(e) La transportación de un vehículo todo terreno a través de las vías públicas, aceras o paseos o para trasladarlo de un predio de terreno autorizado para operar este tipo de vehículo a otro predio de terreno autorizado, se llevará a cabo utilizando un vehículo de motor con facilidades de carga o de arrastre debidamente autorizado a transitar por las vías públicas.
(f) El conductor de un vehículo todo terreno utilizará en todo momento el equipo de seguridad que el Departamento de Transportación y Obras Públicas establezca mediante Reglamento.
(g) La edad mínima para operar un vehículo todo terreno que cuente con una capacidad de motor de más de cien (100) centímetros cúbicos en los lugares autorizados para ello, será a los dieciséis (16) años, siempre y cuando el conductor tenga un certificado de licencia de conducir vigente. Será obligación de todo agente del orden público referir la violación de esta disposición al Departamento de la Familia para la acción correspondiente que éste establezca mediante Reglamento. Toda persona que viole las disposiciones del inciso
(a) de este Artículo incurrirá en delito menos grave y, convicto que fuere, será sancionada con multa de mil $(1,000)$ dólares. La multa podrá ser aumentada hasta cinco mil $(5,000)$ dólares cuando medien circunstancias agravantes por negligencia, o cuando por imprudencia temeraria, el conductor se vea involucrado en cualquier evento en el que se produzca un daño físico o material a otra persona o su propiedad.
Si como resultado de la violación de este Artículo se causa a otra persona una lesión física que requiere hospitalización, tratamiento prolongado, genera un daño permanente o lesiones mutilantes, el conductor incurrirá en un delito grave con una pena fija de tres (3) años. Si como resultado de la violación a este Artículo se causa la muerte a alguna persona, se incurrirá en delito grave con pena de ocho (8) años.
Toda persona que viole las disposiciones de los restantes incisos de este Artículo incurrirá en una falta administrativa y será sancionada con una multa de quinientos (500) dólares.
Toda persona que en violación de ley, maneje un vehículo todo terreno, en cualquiera de las vías públicas de Puerto Rico o transitara por la misma mientras estuviese en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o sustancias controladas, se le podrá aplicar los procedimientos, pruebas y penalidades descritas en el Capítulo VII de esta Ley.
Cualquier vehículo todo terreno utilizado en contravención a las disposiciones a esta Ley será confiscado por los agentes del orden público. Esta acción será tomada a tenor con las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 1192011, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones".
Artículo 10.17.-Cómo deben conducirse los conductores o pasajeros. Los conductores o pasajeros de vehículos de motor seguirán las siguientes normas:
(a) Será obligación de todo conductor de vehículo del cual se desprenda o caiga cualquier objeto que constituya un riesgo o estorbo para el tránsito, recogerlo o removerlo del pavimento inmediatamente, siempre que ello no ponga en riesgo la vida y seguridad de dicho conductor $u$ otros conductores o ciudadanos, en cuyo caso, será obligación de éste realizar a la brevedad posible las gestiones necesarias y pertinentes con las autoridades municipales o gubernamentales correspondientes para recoger o remover dicho objeto. Ello no exime al conductor de su deber de realizar gestiones con el sector privado, cuando sea necesario, para cumplir con lo aquí dispuesto.
(b) Será ilegal que un conductor o pasajero de un vehículo deje caer a la vía pública o lance desde el vehículo cualquier objeto que constituya un riesgo o estorbo para el tránsito.
(c) Será ilegal que cualquier persona viaje en un vehículo de motor en una posición tal que entorpezca la visión o que limite los movimientos del conductor, o que dificulte o intervenga en cualquier forma con el dominio del mecanismo del vehículo. Asimismo, será ilegal conducir un vehículo de motor bajo las condiciones indicadas en este inciso.
(d) Es ilegal que cualquier persona viaje en un vehículo o vehículo de motor con las piernas fuera del mismo mientras el vehículo o vehículo de motor se hallare en movimiento. De igual manera, es ilegal que se viaje de pie o sentado en el área destinada para carga en un vehículo o vehículo de motor.
(e) Es ilegal abordar, desmontar o agarrarse de un vehículo, vehículos de motor o arrastre que transitare por las vías públicas mientras éste se hallare en movimiento.
(f) Queda prohibido transportar cualquier tipo de envase abierto que contenga cualquier clase de bebidas embriagantes con un contenido mayor a la mitad de uno por ciento ( $5 %$ ) de alcohol por volumen en el interior o en el área de pasajeros de un vehículo de motor en tránsito por las vías públicas o paseos del país, exceptuándose el área destinada para almacenamiento o baúl. Esta medida aplicará a todos los vehículos o vehículos de motor excepto aquellos designados, mantenidos y utilizados para el transporte de
pasajeros mediante compensación tales como: autobuses, limosinas y casas rodantes.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo, incurrirá en una falta administrativa y será sancionada con una multa de doscientos (200) dólares. Disponiéndose, que se le podrán aplicar las disposiciones descritas en el Capítulo VII de esta Ley.
Artículo 10.18.-Manejo y manipulación de vehículos sin consentimiento de sus dueños.
Ninguna persona, con excepción de la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal, o el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito del Departamento, podrá manejar, remover o manipular un vehículo sin autorización previa del dueño o del encargado del mismo.
La Policía podrá remover cualquier vehículo que fuere hallado en una vía pública, luego de habérsele informado el hurto del mismo, o de haberse radicado ante un juez o magistrado una querella en virtud de la cual se hubiere expedido una orden de arresto fundada en un alegado delito de hurto o de abuso de confianza en relación con dicho vehículo, o bajo las circunstancias establecidas en el Artículo 10.19 de esta Ley.
Artículo 10.19.-Vehículos abandonados, destartalados o inservibles. Ninguna persona abandonará un vehículo en la vía pública o áreas anexas, sean públicas o privadas.
Todo vehículo que hubiere sido abandonado por su dueño en una vía pública o en un área anexa, pública o privada, y que no fuere removido por dicho dueño, a requerimiento de la Policía, dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas, podrá ser removido por cualquiera de las personas mencionadas en el Artículo anterior y conducido al sitio mencionado en el inciso
(b) del Artículo 6.28 de esta Ley, en cuyo lugar permanecerá en depósito y a disposición de su dueño. Al requerirse del dueño, según apareciere de los récords del Departamento, la remoción de dicho vehículo, la Policía deberá apercibirle que de no reclamar su entrega, se dispondrá del mismo en la forma y a los fines expresados en el referido Artículo 6.28.
Para efectos de este Artículo se presumirá que un vehículo ha sido abandonado si se encontrare desatendido en una vía pública o en cualquier área anexa, pública o privada, por un período mayor de veinticuatro (24) horas.
Cuando se tratare de vehículos destartalados o inservibles, regirá el procedimiento que se establece en este Artículo para la disposición de vehículos abandonados, siempre y cuando que aquellos puedan ser identificados o se conociere su dueño. De lo contrario, se llevará el vehículo al sitio mencionado en el inciso
(b) del Artículo 6.28 de esta Ley, en el cual permanecerá en depósito por un período de treinta (30) días a disposición de su dueño. De no reclamarse su entrega dentro del mencionado período, la Policía o el municipio podrán disponer del mismo en la forma que estimen necesario.
Para los fines de este Artículo, se entenderá por vehículo de motor destartalado o inservible el que careciere de motor o de otras partes esenciales para su autoimpulsión, y cuyo dominio y posesión hubiere sido dejado por su dueño en la forma y por el término anteriormente indicados.
Artículo 10.20.-Conservación de las vías públicas y paseos. Los agentes de la Policía, Policía Municipal, Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito del Departamento y Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quedan autorizados a expedir boletos de faltas administrativas a toda persona que sin estar debidamente autorizada por funcionarios o representantes del Gobierno Estatal o Municipal facultados por ley o una de sus agencias o instrumentalidades, coloque, deposite, eche o lance u ordene colocar, depositar o lanzar a una vía pública o a sus áreas anexas dentro de la servidumbre de paso, algún papel, envoltura, lata, botella, colilla, fruta, cenizas de residuo de madera o cualesquiera materias análogas u ofensivas a la salud o seguridad pública o cualquier clase de basura o desperdicios. Asimismo, será ilegal utilizar las vías públicas y sus áreas anexas dentro de la servidumbre de paso para el depósito o almacenaje de materiales de construcción, con excepción de aquéllos que hubiesen de usarse en la reparación o reconstrucción de la vía pública. El Secretario, o las autoridades municipales en su caso, podrán autorizar dicho depósito o almacenaje de materiales cuando sea por períodos breves y ello no resulte en riesgo a la seguridad pública, u obstrucción al tránsito. Esta falta administrativa conllevará una multa de ciento diez (110) dólares. Los agentes de la Policía, Policía Municipal y el Cuerpo de Vigilantes quedan facultados, además de la expedición del boleto, a ordenarle al infractor el recogido de los desperdicios lanzados. De no cumplir con tal orden, se obviará la expedición del boleto y se procederá a la radicación de una denuncia como delito menos grave y convicta que fuera será sancionada con pena de multa no menor de doscientos cincuenta (250) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares.
Si el infractor dispone de basura o bolsas conteniendo basura, despojos de animales muertos, algún neumático o neumáticos, ramas o troncos de árboles, escombros, papeles, latas, frutas o desperdicios, incluyendo alguno o varios vehículos de transportación terrestre, aérea y marítima o varios vehículos de
cualquier naturaleza o cualquier materia análoga u ofensiva a la salud o seguridad pública, o cualquier clase de basura o desperdicio, la multa administrativa aplicable será de mil $(1,000)$ dólares. Los agentes de la Policía, Policía Municipal y del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales quedan facultados, además de la expedición del boleto, a ordenar al infractor el recogido de los desperdicios lanzados. De no cumplir con tal orden, se obviará la expedición del boleto y se procederá a la radicación de una denuncia como delito menos grave y convicta que fuere dicha persona, será sancionada con pena de multa no menor de mil quinientos $(1,500)$ dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares y pena de restitución.
Cualquier persona que remueva un vehículo averiado o que haya estado envuelto en un accidente de tránsito en la vía pública deberá remover de ella cualesquiera fragmentos de cristal o vidrio, o porción de grasa o aceite o cualesquiera otras materias que hubieren caído y estuvieren desparramadas sobre el pavimento procedentes de dicho vehículo averiado.
Ninguna persona conducirá por las vías públicas ningún vehículo de motor o arrastre cuyas ruedas estuvieren desprovistas de llantas y vinieren en contacto con el pavimento.
No se establecerán tinglados, ni puestos de ventas fijos, movibles o temporeros en las vías públicas estatales ni sus paseos, excepto cuando medie autorización específica para ello y éstos cumplan con todos los reglamentos promulgados por el Secretario al efecto. En aquellos casos en que el municipio autorice la operación de estos establecimientos en las vías municipales, el municipio velará que el movimiento vehicular pueda discurrir por otras vías alternas que estén disponibles y seguras. Además, el municipio correspondiente notificará al Departamento, donde obtendrá la autorización del Secretario o de la persona en que éste delegue dicha función, y a la Policía sobre el uso de la vía estatal con no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha en que se autorizará la operación de dichos negocios.
Artículo 10.21.-Permanencia en la vía pública en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o sustancias controladas.
Toda persona a pie, montada a caballo o en un vehículo o vehículo de motor, o cualquier otro medio de transportación que estuviese en cualquiera de las vías públicas de Puerto Rico o transitara por la misma mientras estuviese en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o sustancias controladas, y que constituya un peligro para su seguridad o para la seguridad de las personas que transitan por las vías públicas de Puerto Rico, estará sujeta a los procedimientos y pruebas descritas en el Capítulo VII de esta Ley e incurrirá en falta administrativa.
Si como resultado de dicha condición ocasionare un accidente de tránsito, incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere, será sancionada con pena de multa no menor de quinientos $(500)$ dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares o cárcel por un período no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. Disponiéndose, que se le podrán aplicar las disposiciones descritas en el Capítulo VII de esta Ley.
Artículo 10.22.-Autoridad de Agentes del Orden Público. Todo conductor deberá detenerse inmediatamente cuando un agente del orden, entendiéndose Policía, Policía Municipal, Policía Portuaria, dentro de las facilidades portuarias o Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se lo requiriere y después que se le informe el motivo de la detención y las violaciones de la ley que aparentemente haya cometido, el conductor vendrá obligado igualmente a identificarse con dicho agente si así éste se lo solicitare, y también deberá mostrarle todos los documentos que de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos debe llevar consigo o en el vehículo.
No obstante lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, o lo indicado por luces y señales, cualquier agente del orden público podrá, por vía de excepción, variar lo que en las mismas se indicare, o impedir o variar el tránsito por cualquier vía pública, si las circunstancias excepcionales del tránsito a su juicio así lo ameritaren, y será la obligación de todo conductor de vehículo de motor o peatón obedecer dicha orden o señal.
Los miembros de la Policía o la Policía Municipal podrán detener o inspeccionar cualquier vehículo cuando a su juicio el mismo estuviere siendo usado en violación de esta Ley o de cualquier otra disposición legal que reglamente la operación de vehículos u otras leyes o cuando estuviere su conductor u ocupantes relacionados con cualquier accidente de tránsito. A tales fines, estarán autorizados para bloquear el paso de dicho vehículo en cualquier vía pública cuando el conductor del mismo se negare a detenerse.
Los miembros de la Policía y la Policía Municipal podrán usar cualquier aparato electrónico o mecánico de reconocida exactitud a los fines de determinar y comprobar la velocidad de los vehículos de motor que transitaren por las vías públicas.
Ninguna persona podrá voluntariamente desobedecer o negarse a cumplir una indicación u orden legal que se imparta en la forma dispuesta en este Artículo por un agente del orden público con autoridad legal para dirigir, controlar o regular el tránsito.
Artículo 10.23.-Vehículos usados en construcción o reparación de vías públicas o instalaciones de servicios públicos.
Con sujeción a las necesidades de la seguridad pública, las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos sobre tránsito no se aplicarán a aquellos conductores de vehículos de motor cuyos vehículos sean usados en la construcción o reparación de secciones de vías públicas o en realizar trabajos relacionados con instalaciones de servicio público localizadas en o cerca de la vías públicas, pero se aplicarán a los conductores mientras se encuentren transitando con dichos vehículos desde o hacia el lugar donde se realiza el trabajo.
Artículo 10.24.-Conducir sobre la acera. Ninguna persona conducirá un vehículo o vehículo de motor sobre una acera, excepto por una entrada de vehículos permanente o temporera que hubiere sido autorizada debidamente.
Todo conductor que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 10.25.-Uso del teléfono móvil o inalámbrico mientras se conduce un vehículo de motor.
Ninguna persona conducirá un vehículo de motor haciendo uso del teléfono móvil o inalámbrico, excepto en los casos en que un usuario atienda o genere una llamada utilizando un equipo o sistema de manos libres conocido como "hands free". Esta disposición no será de aplicación:
a) cuando el vehículo no se encuentre en marcha y no esté impidiendo el tráfico;
b) cuando se generen llamadas o comunicaciones a agencias del orden público o relacionado a algún tipo de emergencia médica, o de seguridad, entendiéndose por emergencia una situación de riesgo inmediato para la salud, vida o propiedad;
c) cuando sea para utilizar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS);
d) cuando sea para iniciar o terminar una llamada; ni e) a aquellos choferes de vehículos destinados a atender situaciones de emergencia mientras atiendan emergencias reales, según lo definido en esta Ley.
Disponiéndose que en el caso de los choferes de ómnibus, transportes escolares, camiones o motocicletas no aplicará ninguna excepción.
Esta prohibición será extensiva al envío y lectura de mensajes de texto; incluyendo, sin limitarse a, correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) y mensajes mediante el uso de cualquier otra aplicación o programa que permita el envío y recibo de mensajes de voz, imágenes o texto en teléfonos móviles.
Todo conductor que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares."
Sección 10.-Se deroga el Artículo 11.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Artículo 11.03 que lea como sigue: "Artículo 11.03.-Uso de bicicletas en las vías públicas. Con relación al uso y manejo de bicicletas en las vías públicas, serán ilegales los siguientes actos:
(a) Llevar en una bicicleta más pasajeros que asientos tenga la misma.
(b) Llevar paquetes u objetos que sobresalgan de los extremos de los manubrios o de los extremos delanteros y traseros de la misma y que le impidan al conductor mantener por lo menos una mano en el manubrio de la bicicleta.
(c) Correr alejado del borde del encintado u orilla derecha de la vía pública, siendo obligación de toda persona que conduzca una bicicleta por una zona de rodaje mantenerse lo más cerca de la orilla derecha de la vía pública que le sea posible, y ejercer la debida precaución al pasarle a un vehículo que se hallare detenido o a uno que transite en su misma dirección, excepto en caminos o sectores de la zona de rodaje que hubieren sido reservados para el uso exclusivo de bicicletas.
(d) Que una persona que transite en una bicicleta, vehículo similar o vehículo de juguete se agarre o una dicho vehículo a otro en una vía pública.
(e) Transitar en bicicleta en una vía pública sin que la misma esté provista de un timbre u otro dispositivo capaz de emitir una señal audible a una distancia de cien (100) pies, excepto que ninguna bicicleta podrá ser equipada con una sirena, ni ninguna persona usará una bicicleta que hubiere sido equipada con dicha clase de dispositivos.
(f) Usar innecesariamente el timbre u otro dispositivo que requiere el inciso
(e) de este Artículo en la zona urbana.
(g) Correr por las aceras o por estructuras elevadas destinadas exclusivamente para el paso de peatones.
(h) No llevar, durante horas de la noche, una luz blanca en la parte delantera capaz de emitir una luz blanca visible desde una distancia no menor de quinientos (500) pies por el frente y una luz o reflector rojo en la parte posterior, el cual deberá ser visible desde cualquier punto comprendido a una distancia de cien (100) pies a seiscientos (600) pies de la parte trasera de la bicicleta cuando ésta sea alumbrada directamente por las luces bajas de los faroles delanteros de un vehículo de motor. Podrá usarse un farol que emita una luz roja visible desde una distancia de quinientos (500) pies de la parte trasera de la bicicleta además del reflector rojo.
(i) Conducir una bicicleta con frenos defectuosos incapaces de hacer detener las ruedas de frenaje sobre el pavimento seco, llano y limpio.
(j) Conducir una bicicleta si no se está sentado en un asiento permanente y regular que se hubiere unido a la misma.
(k) Conducir una bicicleta por vías públicas o centros recreativos sin estar provisto de un casco protector que cumpla con los requisitos establecidos mediante reglamento por el Secretario, a tono con las normas de la American Standards Association para cascos protectores, publicados el 1 de agosto de 1966, según éstos sean actualizados, enmendados o sustituidos.
(l) Se dispone, además, que: (1) Todo ciclista que lleve como pasajero un niño menor de cuatro (4) años o que pese menos de cuarenta (40) libras deberá cargarlo en un asiento diseñado especialmente para ello que lo proteja de las partes en movimiento de la bicicleta; (2) Ningún niño permanecerá en el asiento especial de la bicicleta, a menos que el ciclista esté en control inmediato de la misma; (3) El dueño de un negocio de venta de bicicletas no podrá vender ninguna bicicleta que no tenga un número de identificación permanente adherido o grabado en su estructura, ni podrá alquilar una bicicleta a un menor de dieciséis (16) años si éste no tiene un
casco protector o le provee uno al momento de alquilar la bicicleta. Además, proveerá información escrita en cuanto a las normas sobre uso de bicicletas establecidas en esta Ley, y mantendrá un registro donde conste el recibo de dicha información. Toda persona que infrinja las disposiciones de este Artículo, cometerá una falta administrativa y será sancionado con una multa de cien (100) dólares.
Toda persona que infrinja las disposiciones de este Artículo, cometerá una falta administrativa y será sancionada con una multa de cien (100) dólares. En caso de que a consecuencia de la violación de alguna de las disposiciones aquí establecidas, se cause un accidente vehicular o algún accidente donde se encuentre involucrado un peatón, la multa administrativa será de quinientos (500) dólares."
Sección 11.-Se deroga el Artículo 11.04 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Artículo 11.04 que lea como sigue: "Artículo 11.04.-Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor. Las personas que practiquen el deporte del ciclismo tienen los siguientes derechos y obligaciones. Los conductores, por su parte, tienen que cumplir con las obligaciones que se detallan en esta sección. Esta parte se conocerá como la Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor. (A) Derechos del Ciclista (1) Todo ciclista tiene el derecho a correr bicicleta en cualquier vía pública, sea ésta una calle, un camino o una carretera estatal o municipal, excepto que no correrá bicicleta en una carretera con acceso controlado, autopista o donde lo prohíba el Secretario de Transportación y Obras Públicas por causas de seguridad. a. Se dará conocimiento público de dichas zonas permitidas y prohibidas. (2) El ciclista tiene el derecho a utilizar la orilla derecha de la zona de rodaje de la vía pública y será obligación de todo conductor de un vehículo o vehículo de motor ejercer la debida precaución al pasarle. No obstante, todo ciclista tendrá la opción de utilizar el paseo derecho en aquellas vías públicas en que el mismo se encuentre en condiciones transitables.
(3) Todo ciclista tiene el derecho a utilizar el ancho del carril, siempre que éste, se encuentre transitando en una vía pública por la zona urbana a igual velocidad que un vehículo de motor. (4) Todo ciclista tiene el derecho a hacer cualquier tipo de viraje o cambio de dirección en una vía pública, siempre que realice las debidas señales de mano. (5) Cualquier grupo de dos (2) o más ciclistas tiene el derecho a utilizar el carril designado para vehículos lentos apareándose de dos (2) en dos (2). No obstante, este grupo de ciclistas tiene que conducir por lo menos a la velocidad mínima permitida a los vehículos de motor que transiten en esa vía pública, de manera que no obstaculice el libre flujo del tránsito. Será obligación de todo conductor de un vehículo de motor ejercer la debida precaución al pasarle. (6) Todo ciclista tiene el derecho a conducir la bicicleta por la acera derecha o por la porción de la vía pública destinada a peatones en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(a) Para detenerse, parar o estacionarse.
(b) Para acelerar antes de entrar a una vía pública transitada.
(c) Para evadir un vehículo de motor detenido en el lado derecho o que fuese a hacer un viraje a la derecha.
(d) Para permitir que otro vehículo que transita más rápido le pase.
(e) Cuando se lo permita un funcionario del orden público.
(f) Para evitar un accidente. (7) Todo ciclista tiene el derecho a conducir la bicicleta por la acera izquierda o por la porción de la vía pública destinada a peatones en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(a) Para desacelerar o detenerse si se han detenido los vehículos y el tráfico u otra circunstancia prohíbe o no permite el tránsito seguro por el lado derecho de la vía de rodaje.
(b) Cuando se lo autorice un funcionario del orden público.
(c) Para evitar un accidente. (B) Obligaciones del Ciclista (1) Todo ciclista cumplirá con todas las disposiciones aplicables de esta Ley.
Especial énfasis en: i: no pasar luces rojas ii: no conducir bajos efectos de alcohol, drogas y/o sustancias controladas (2) Todo ciclista utilizará el carril exclusivo para bicicletas, siempre que haya uno disponible y el mismo se encuentre en condiciones transitables. (3) Todo ciclista conducirá la bicicleta a favor del tránsito en el carril derecho de la vía pública. (4) Todo ciclista hará las señales de mano, según éstas se definen en el Artículo 6.17 de esta Ley, cuando vaya a detenerse o cuando se proponga hacer cualquier tipo de viraje o cambio de dirección. (5) Todo ciclista se asegurará que su bicicleta está en condiciones óptimas para transitar en una vía pública. (6) Todo ciclista o conductor que así lo desee podrá aportar voluntariamente una cantidad de dinero al fondo especial creado en el Artículo 23.02-g para beneficio de las salas de Traumas autorizadas por el Secretario de Salud. Esta cantidad es adicional a los cargos obligatorios de esta Ley. (C) Obligaciones del Conductor
Toda persona que conduzca un vehículo o vehículo de motor por la vía pública tiene que cumplir las siguientes obligaciones en relación a los ciclistas: (1) Todo conductor de un vehículo tiene la obligación de ceder el derecho de paso, reduciendo la velocidad o parando si fuere
necesario, a todo ciclista que estuviere cruzando la zona de rodaje en un punto donde no haya semáforos instalados o éstos no estuvieren funcionando. (2) Todo conductor de un vehículo tiene que dejar un espacio de tres (3) pies entre el lado derecho de su vehículo y el ciclista cuando tenga que pasarle. No le pasará a un ciclista cuando se aproximen vehículos por el carril izquierdo en dirección contraria. (3) Todo conductor de un vehículo que le vaya a pasar a un ciclista por su derecha, tiene que verificar que le haya dado por lo menos diez (10) pies entre la parte posterior de su vehículo y el ciclista antes de retomar el carril. No le pasará a un ciclista si va a realizar un doblaje a la derecha inmediatamente luego de pasarle. Siempre debe asumir que el ciclista continuará transitando en línea recta, a menos que éste, presente señales de lo contrario. Cuando vaya a realizar un viraje a la izquierda, todo conductor de vehículo tiene que ceder el paso a un ciclista que esté en tránsito, al igual que lo haría con otros vehículos. (4) Todo conductor de vehículo o vehículo de motor tomará todas las precauciones para no arrollar o causar accidentes a los ciclistas, debiendo tomar precauciones especiales cuando las condiciones del tiempo no sean favorables. Además, deberá ser paciente con los ciclistas y permitirles el espacio necesario para transitar, al igual que lo haría con otros vehículos lentos. (5) Todo conductor de vehículo evitará tocar súbitamente su bocina al aproximarse a un ciclista. En las carreteras estrechas y en casos de emergencia y a una distancia prudente, deberá alertar de su proximidad con un breve toque de su bocina. (6) Todo conductor de vehículo tomará todas las precauciones necesarias antes de abrir las puertas de su vehículo para no causar accidentes a los ciclistas.
Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones del inciso (B) de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares.
Toda persona que viole el inciso (C) de este Artículo será culpable de delito menos grave y convicto que fuere, será sancionado con pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, pena de multa no menor de quinientos (500)
dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.
La violación de este Artículo que resultare en grave daño corporal o muerte al ciclista, será considerada delito grave con una pena de reclusión de ocho (8) años y cinco mil $(5,000)$ dólares de multa sin perjuicio de que la persona pueda ser acusada también al amparo de lo dispuesto en el Capítulo VII, si aplica, o bajo las disposiciones aplicables del Código Penal.
La Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Policía y la Autoridad llevarán a cabo una campaña educativa a través de los medios de información para orientar al público sobre las disposiciones de este Capítulo.
Dicha campaña educativa deberá incluir, entre otros, el que se cree un enlace particular en las páginas cibernéticas del Departamento y de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito sobre la Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor para que la ciudadanía esté informada y se puedan prevenir accidentes lamentables. Dicho enlace será uno interactivo mediante el cual la ciudadanía de forma visual y auditiva podrá aprender cómo actuar correctamente al conducir un vehículo de motor por la zona de rodaje mientras comparte la misma con un ciclista. Así también deberá incluir consejos para los ciclistas y conductores de cómo compartir nuestras vías públicas de forma segura.
Además, el Departamento ofrecerá un taller a los aspirantes a obtener licencias de conducir, así como a todas las personas u organizaciones que así lo soliciten, en los cuales se ofrezcan detalles y estadísticas relacionadas a la Carta de Derechos del Ciclistas y Obligaciones del Conductor. Asimismo, publicará de forma electrónica y en folletos copias de dicha carta de derechos y obligaciones."
Sección 12.-Se deroga el Capítulo XII de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo XII que lea como sigue:
Artículo 12.01.-Regla básica. Todo vehículo de motor que transite por las vías públicas deberá llevar el equipo que por este Capítulo se requiere, en buenas condiciones de funcionamiento y de ajuste, y dicho vehículo deberá estar en condiciones mecánicas tales que no constituya una amenaza para la seguridad pública. A tales fines, todo vehículo que transite por las vías públicas deberá estar equipado con el
sistema de control de emisiones de gases, incluyendo el convertidor catalítico y piezas relacionadas.
Artículo 12.02.-Inspección periódica. Todo vehículo de motor que transite por las vías públicas, deberá ser sometido a inspecciones mecánicas periódicas cuando y conforme el Secretario lo disponga por reglamento. Con relación a dichas inspecciones, se seguirán las normas siguientes:
(a) Las inspecciones se efectuarán con una frecuencia que no excederá de una (1) vez cada seis (6) meses, ni será menor de una (1) vez al año. Se faculta al Secretario, además, a determinar los vehículos que estarán sujetos a inspección, tomando en consideración, el número de años pasados desde que el mismo se fabricó. La inspección será obligatoria en el caso de aquellos vehículos que tengan más de dos (2) años de fabricados.
Todo vehículo de motor sujeto a reglamentación por la Comisión sujeto a las disposiciones de esta Ley, será sometido a las inspecciones mecánicas periódicas. Tales inspecciones se efectuarán con una frecuencia que no excederá de una vez cada seis (6) meses ni será menor de una (1) vez al año. Será obligatoria la inspección que dispone el reglamento para la seguridad en el transporte, promulgado por la Comisión, cuando el vehículo comercial sea utilizado para cualquiera de las funciones siguientes: (1) Transporte de carga con peso de diez mil una $(10,001)$ libras o más. (2) Transporte de pasajeros con quince (15) personas o más, incluyendo al conductor. (3) Transporte escolar. (4) Transporte de Materiales Peligrosos.
Las disposiciones contenidas en este Artículo aplicables a todo vehículo de motor que transite por las vías públicas de Puerto Rico, serán de aplicación igualmente a los vehículos sujetos a inspección por la Comisión en todo aquello que no sea incompatible con lo dispuesto en esta Ley.
La Comisión, en coordinación con el Secretario, promulgará la reglamentación necesaria para la ejecución adecuada y efectiva de las disposiciones de esta Ley.
(b) Todo vehículo de motor que transite por las vías públicas será sometido a evaluación y diagnóstico de los sistemas de control de emisiones de gases como parte de la inspección periódica, conforme el Secretario lo disponga por reglamento.
(c) Todo vehículo de motor usado introducido en Puerto Rico por importación será inspeccionado antes de que el Departamento autorice la licencia de dicho vehículo.
(d) En cualquier caso en que un vehículo haya sido inspeccionado y se requieran reparaciones, pero sea traspasado o cedido, el nuevo dueño vendrá obligado a cumplir con las disposiciones de esta ley. En todo caso, el vendedor o cesionario vendrá obligado a informar a dicho comprador la obligación impuesta, y de no hacerlo así, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares.
(e) La fecha límite para inspeccionar un vehículo de motor coincidirá con la fecha de renovación del permiso del mismo y dicha inspección será requisito previo para la renovación. Se exceptúa de esta disposición a aquellas compañías que se dediquen al negocio de arrendamiento de vehículos de motor y que estén reconocidas por el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. En estos casos, el Secretario podrá expedir el marbete correspondiente al titular del vehículo sin necesidad de este último someter un certificado de inspección. No obstante, el titular del vehículo o arrendador no podrá entregarle el marbete al arrendatario del vehículo hasta tanto este último le entregue el certificado de inspección aprobada. Será obligación de las compañías que se dedican al arrendamiento de vehículos someter al Secretario, cada treinta (30) días, una certificación que incluirá los originales de los certificados de inspección correspondientes a los vehículos cuyos marbetes fueron entregados a los arrendatarios dentro del período de treinta (30) días inmediatamente anterior.
Se exceptúa por igual de cumplir con dicha disposición, a los vehículos de motor registrados en Puerto Rico propiedad del personal en servicio activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que hayan trasladado éstos consigo al estado o país a donde han sido destinados.
(f) Se negará el permiso de inspección a todo aquel solicitante cuyo vehículo tenga instalado un receptor de televisión en contravención con las disposiciones del Artículo 10.04 de esta Ley.
(g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este Artículo, se considerará falta administrativa y acarreará el pago de una multa de doscientos (200) dólares.
Artículo 12.03.-Vehículos defectuosos o no sometidos a inspección. Ningún vehículo que haya sido encontrado con deficiencias mecánicas en sus partes esenciales, en los sistemas de control de emisiones de contaminantes o con falta de equipo, según el reglamento que promulgue el Secretario, podrá continuar transitando por las vías públicas, salvo durante el período de gracia que podrá concederse para la corrección de tales deficiencias. Tampoco podrán transitar los que no se hayan sometido a la inspección en las fechas señaladas por el Secretario. A tal efecto, la determinación de que un vehículo no cumple con las condiciones de seguridad y de control de emisiones de contaminantes requerido por ley tendrá las mismas consecuencias legales que si no se hubiese expedido licencia al vehículo para transitar por las vías públicas.
Artículo 12.04.-Establecimiento de estaciones de inspección. El Secretario podrá establecer estaciones que serán operadas por su Departamento para llevar a cabo las inspecciones y expedir las certificaciones de inspección y aprobación, o las certificaciones concediendo un período de gracia para la corrección de las deficiencias. El público deberá ser informado de la localización de estas estaciones mediante publicaciones al efecto en el portal cibernético del Gobierno. También podrá contratar la operación de inspeccionar los vehículos con cualquier agencia gubernamental o privada que cuente con el equipo e instalaciones necesarias. En la contratación con agencias gubernamentales deberá darse prioridad a los talleres de mecánica de vehículos de motor que funcionan en las escuelas vocacionales bajo la jurisdicción del Departamento de Educación.
Artículo 12.05.-Designación de estaciones oficiales de inspección. Con relación a la designación de estaciones oficiales de inspección, se seguirán las normas siguientes:
(a) El Secretario podrá conceder autorización a personas o entidades privadas para la operación de estaciones oficiales de inspección de vehículos, según en esta Ley se dispone, y para la expedición de cualquiera de los certificados oficiales dispuestos en esta Ley sobre dicha inspección y la condición mecánica adecuada de los vehículos inspeccionados, así como los marbetes que se expidan una vez cobrados los derechos de renovación de
los permisos de los vehículos de motor. En tal caso, el Secretario proveerá a las personas que operen dichas estaciones, las instrucciones pertinentes sobre la manera de realizar la inspección, y les suministrará los formularios y cualesquiera otros materiales que estime necesarios para la expedición de dichos certificados, y los marbetes que se expidan una vez cobrados los derechos de renovación de los permisos de los vehículos de motor, los cuales, se expedirán a nombre del Secretario de Hacienda. La autorización para operar una estación oficial de inspección, será válida por un período de un año a partir de su otorgamiento, y podrá ser renovada por el mismo término, subsiguientemente.
(b) La solicitud para operar una estación de inspección se hará por escrito en un formulario oficial, y la misma no será concedida por el Secretario a menos que el solicitante demuestre tener el equipo adecuado y los mecánicos de inspección necesarios para realizar las referidas inspecciones en forma competente y responsable. El Secretario exigirá como condición para la concesión del permiso el pago de un derecho anual de treinta (30) dólares por concepto de "Certificado de Estación Oficial de Inspección" y de seis (6) dólares anuales por concepto de "Certificado de Mecánico", y la prestación de una fianza que responda de los daños y perjuicios que sufra cualquier vehículo de motor como resultado de la culpa o negligencia del solicitante, sus agentes o empleados, al someter dicho vehículo a inspección.
(c) El Secretario supervisará e inspeccionará, cuantas veces sea necesario, las estaciones de inspección a los fines de asegurarse que las mismas están operando correctamente y cumpliendo con las disposiciones de esta Ley y los reglamentos correspondientes.
(d) El Secretario podrá revocar, previa notificación y vista administrativa, la autorización concedida para operar una estación de inspección en cualquier momento en que, a su juicio, la referida estación deje de reunir las condiciones necesarias para realizar dichas inspecciones adecuadamente. En aquellos casos en que sea necesario para garantizar la seguridad pública, el Secretario podrá suspender provisionalmente una autorización, sujeto a que posteriormente se conceda la vista administrativa correspondiente.
(e) Ningún permiso para la operación de una estación de inspección de vehículos de motor podrá ser cedido o traspasado sin la autorización previa del Secretario. Ningún permiso de referencia dará derecho a operar una estación de inspección, excepto en el sitio designado en el permiso. Los referidos permisos deberán ser exhibidos en forma ostensible en el lugar donde esté establecida la estación de inspección.
Artículo 12.06.-Operación de las estaciones de inspección. La operación de las estaciones oficiales de inspección se realizará de conformidad con los siguientes procedimientos:
(a) Una vez un vehículo de motor haya sido inspeccionado y encontrado que las condiciones mecánicas y los sistemas de control de emisiones de contaminantes son adecuados, conforme a las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos promulgados por el Secretario, la estación de inspección certificará haber inspeccionado el vehículo. Esta certificación será requisito para la renovación de la licencia del vehículo de motor. De no aprobar la inspección, no se expedirá la certificación oficial.
(b) Si la inspección revelare la necesidad de hacer ajustes, correcciones o reparaciones al vehículo, se notificará a su dueño de ello y se le podrá expedir una certificación concediéndole un período de gracia dentro del cual deberán corregirse tales deficiencias. El dueño del vehículo tendrá libertad absoluta en la selección de la persona o taller que hará las correcciones necesarias.
(c) El Secretario establecerá mediante reglamento la forma en que se notificará al dueño de la necesidad de corregir un defecto, el término del período de gracia, y el procedimiento a seguirse para que el dueño notifique y se compruebe que el defecto ha sido corregido.
(d) La estación deberá llevar los récords sobre las inspecciones que practique y que el Secretario requiera por reglamento. Las estaciones de inspección y los récords que éstas deban llevar estarán sujetas a ser inspeccionadas durante períodos razonables por cualquier policía o persona asignada por el Secretario para inspeccionar tales estaciones.
(e) El Secretario fijará la cantidad que se habrá de pagar por cada inspección, la que no será menor de doce (12) dólares, ni excederá los veinte (20) dólares. Las sumas que por este concepto ingresen en las estaciones de inspección que sean establecidas en escuelas vocacionales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12.04 de esta Ley, ingresarán al Fondo General. El Secretario queda autorizado a cobrar a las Estaciones Oficiales de Inspección la cantidad excedente de los (10) diez dólares por cada certificación de inspección que éstas expidan y a establecer mediante reglamento el procedimiento para tales propósitos.
Artículo 12.07.-Actos ilegales y penalidades.
(a) Toda persona que simulare estar autorizada para operar una estación de inspección de vehículos de motor y certificare haber inspeccionado un vehículo de motor sin estar debidamente autorizado para ello por el Secretario, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(b) Cualquier persona que conduzca un vehículo de motor por las vías públicas en violación a lo dispuesto en este Capítulo en cuanto a las condiciones mecánicas y los sistemas de control de emisiones de contaminantes, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares aun cuando el vehículo haya sido inspeccionado y así conste en su certificación.
(c) Cualquier persona que certifique haber inspeccionado un vehículo de motor a sabiendas de que las condiciones mecánicas y los sistemas de control de emisiones de contaminantes de dicho vehículo no son adecuados de conformidad con las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos dictados por el Secretario, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
(d) Cualquier persona que hurte, destruya, borre o altere una certificación oficial expedida de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos cuando su contenido tuviere vigencia o validez, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(e) Cualquier persona que use o permita que se use en un vehículo cualquier certificación oficial de inspección a sabiendas de que se haya expedido para otro vehículo, o sin haberse aprobado o hecho la inspección, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
(f) Cualquier persona que facilite o haga uso de las autorizaciones expedidas por el Secretario para operar una estación de inspección en un lugar distinto a aquél para el cual el Secretario concedió su autorización, incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere será sancionado con pena de multa de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(g) Cualquier dueño, administrador o empleado de un centro de inspección que se niegue a expedir una certificación de inspección a sabiendas de que
las condiciones mecánicas, los sistemas de control de emisiones de contaminantes y el equipo de dicho vehículo son adecuados, incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere será sancionado con pena de multa de quinientos (500) dólares.
(h) Cualquier dueño, administrador o empleado de un centro oficial de inspección, técnico o mecánico automotriz, o persona que haya alterado, modificado, removido o eliminado el sistema de convertidor catalítico y piezas relacionadas y no haya hecho el reemplazo correspondiente, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares.
(i) Cuando la persona convicta por el inciso anterior fuere un técnico o mecánico automotriz, el tribunal notificará tal convicción a la Junta Examinadora de Técnicos Automotrices, creada mediante la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, la cual vendrá obligada a suspenderle la licencia expedida por un término de dos (2) años, contados a partir del recibo de la notificación.
(j) Cualquier dueño, administrador o empleado de un centro oficial de inspección que cobre en exceso al precio que establece esta Ley en el Artículo 12.06 inciso
(e) por las inspecciones periódicas de vehículos de motor incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de quinientos (500) dólares.
(k) Cualquier dueño de una estación oficial de inspección que se niegue a instalar y exhibir en un lugar visible al público el rótulo con las advertencias, según se dispone en el Artículo 12.08 de esta Ley, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de quinientos (500) dólares.
Artículo 12.08.-Exhibición de rótulo con advertencia al público sobre prohibiciones y penalidades.
Todo dueño de garaje o de estación oficial de inspección deberá instalar y exhibir, en un lugar visible al público, un rótulo, aprobado por el Secretario, que exprese las prohibiciones y penalidades que acarrea el remover, eliminar, alterar o modificar el convertidor catalítico y piezas relacionadas sin hacer el reemplazo correspondiente, según se dispone en el inciso
(h) del Artículo 12.07 de esta Ley. El Secretario dispondrá mediante reglamento el diseño, tamaño y contenido de dichos rótulos."
Sección 13.-Se enmiendan los incisos
(e) y
(h) del Artículo 13.01 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 13.01.-Regla básica. Ningún vehículo de motor podrá transitar por las vías públicas de Puerto Rico si no cumple con las siguientes normas relativas a cinturones de seguridad:
(a) ...
(e) Ninguna persona distribuirá, tendrá para la venta, ofrecerá para la venta, ni venderá ningún tipo de cinturones de seguridad para uso en vehículos de motor a menos que los mismos estén de acuerdo con las normas mínimas y especificaciones aprobadas por el Secretario. La violación a este inciso constituirá delito menos grave y conllevará pena de multa de doscientos cincuenta (250) dólares.
(f) ...
(g) ...
(h) Ningún concesionario de vehículo público autorizado por la Comisión de Servicio Público podrá remover bajo ninguna circunstancia los cinturones de seguridad que vienen instalados en los mismos. La violación a este inciso conllevará una multa administrativa de quinientos (500) dólares."
Sección 14.-Se enmienda el último párrafo del Artículo 13.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 13.02.-Uso de cinturones de seguridad. El uso de cinturones de seguridad y de asientos protectores de niños se llevará a cabo de conformidad con las normas siguientes:
(a) ...
(b) ---
Todo conductor que viniere obligado por las disposiciones de este Artículo a usar un cinturón de seguridad mientras conduzca y no lo hiciere, o que permita que un pasajero en su vehículo no lo use, incurrirá en falta administrativa y será sancionado con multa de cien (100) dólares por cada pasajero que no utilice el cinturón."
Sección 15.-Se deroga el Artículo 13.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se adopta un nuevo Artículo 13.03 que lea como sigue: "Artículo 13.03.-Uso de asientos protectores de niños. Es obligatorio para toda persona que conduzca un vehículo de motor por las vías públicas, en el cual viaje un niño menor de ocho (8) años, asegurarse de que dicho niño se encuentre sentado en un asiento protector que no esté expirado, que sea apropiado para la edad del menor y que cumpla con las siguientes especificaciones:
(a) los niños menores de un (1) año y de veintidós (22) libras o menos, deberán transportarse en un asiento con posición de cara hacia atrás o en un asiento manufacturado y distribuido como sólo para lactantes;
(b) los niños de más de un (1) año que tengan un peso de veintitrés (23) a cuarenta (40) libras, deberán transportarse en un asiento con posición de cara hacia adelante;
(c) los niños de cuatro (4) a ocho (8) años con una estatura menor de cuatro (4) pies nueve (9) pulgadas, deberán transportarse en un asiento protector elevado, asiento convertible o "booster seat".
En el caso de poseer un vehículo que sólo cuente con asientos delanteros, el conductor deberá desactivar las bolsas de aire para poder transportar un menor y siempre deberá cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo o, de lo contrario, no podrá transportar al menor en dicho vehículo. A menos que el vehículo de motor sólo esté equipado con asientos delanteros, todo niño menor de doce (12) años de edad tendrá que viajar en el asiento posterior del vehículo.
Se exceptúa de esta disposición a aquellos niños que padezcan de algún tipo de incapacidad, debidamente certificada por un médico, que les impida viajar con seguridad en tales asientos.
Con el propósito de asegurar la efectiva consecución de lo dispuesto en el presente Artículo, y a fin de evitar las muertes de niños y niñas en accidentes de
tránsito como consecuencia del uso incorrecto del asiento protector, todo padre, madre, tutor o encargado de un menor de ocho (8) años o uno que mida menos de cuatro (4) pies nueve (9) pulgadas, deberá acudir a cualquiera de los denominados "Centros de Inspección y Orientación del Uso e Instalación Correcta de los Asientos Protectores para Niños en los Vehículos de Motor", ubicados en las estaciones del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, para ser recipiente de una inspección y orientación en torno a la utilización de los asientos protectores y aquellos otros elevados, conocidos como "booster seat".
Será requisito una certificación sobre la instalación adecuada de los asientos protectores para todo conductor que se preste a transportar en su vehículo de motor a un niño menor de ocho (8) años. Dicha certificación será remitida por el Cuerpo de Bomberos quienes orientarán a los conductores sobre la instalación de los asientos protectores. Ningún conductor podrá transportar un menor en su vehículo si no cuenta con esta certificación, la cual no será transferible de conductor a conductor. De igual manera, ninguna institución hospitalaria de Puerto Rico podrá entregar un menor recién nacido a los padres si estos no poseen la certificación sobre la instalación adecuada de los asientos protectores. Todo conductor deberá tramitar una nueva certificación en el momento que el asiento protector caduque o cuando el conductor realice un cambio del asiento protector para cumplir con las especificaciones de peso y edad establecidas en esta Ley.
La Comisión para la Seguridad en el Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico establecerán mediante Reglamento la forma y manera en que se deberá cumplir con la certificación descrita en este Artículo.
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con una multa de quinientos (500) dólares. Si la violación se refiere al incumplimiento con la certificación del Cuerpo de Bomberos, la multa será de cien (100) dólares.
Este Artículo no aplicará a conductores de vehículos de servicio público." Sección 16.-Se enmienda el último párrafo del Artículo 14.12 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 14.12.-Luces intermitentes o de colores. Ninguna persona podrá conducir un vehículo por una vía pública provista de cualquier artefacto, lámpara, biombo o bombo o farol que emita o refleje una luz fija o intermitente, o de cualquier color visible desde cualquier ángulo. Con relación a tales artefactos, lámparas, biombos o bombos o faroles, a modo de excepción se observarán las normas siguientes:
(a) ... ...
(g) ...
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de doscientos (200) dólares."
Sección 17.-Se enmienda el último párrafo del Artículo 14.15 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 14.15.-Sistema amortiguador de sonido y aceleramiento del motor. Con relación a sistemas amortiguadores de sonido y aceleramiento de motor, se seguirán las normas siguientes:
(a) (b)
(c) ...
Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de ciento trescientos (300) dólares."
Sección 18.-Se deroga el Artículo 14.25 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Artículo 14.25 que lea como sigue: "Artículo 14.25.-Actos ilegales y penalidades. Toda persona que infringiese cualquiera de las disposiciones de este Capítulo o de la reglamentación que apruebe el Secretario de acuerdo a las mismas, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares salvo que el Artículo en cuestión expresamente disponga una penalidad distinta.
Cuando la infracción consistiese en tener fundida una de las luces delanteras, traseras, direccionales o la luz que alumbra la tablilla posterior de un
vehículo de motor, estará sujeto a una multa administrativa de cincuenta (50) dólares."
Sección 19.-Se deroga el Artículo 15.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Artículo 15.05 que lea como sigue: "Artículo 15.05.-Actos ilegales y penalidades. Toda persona que viole las disposiciones de este Capítulo incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de quinientos (500) dólares por cada infracción.
Salvo que el Secretario les hubiese expedido un permiso especial, una violación al Artículo 15.02 o a cualquier reglamento sobre los límites al peso total, conllevará la multa del párrafo anterior o una multa de cincuenta y cinco (55) dólares más cinco (5) centavos por cada libra en exceso de los límites establecidos por cada eje y peso total, la que sea mayor.
Cuando por las violaciones a las disposiciones de este Capítulo resultare lesionada o muerta una persona, la persona incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de cinco mil $(5,000)$ dólares, pena de reclusión por un término de tres (3) años, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá suspenderle al conductor convicto la licencia de conducir que poseyere por un término de tres (3) años."
Sección 20.-Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 15.06 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 15.06.-Inspección de los Dispositivos y Aditamentos de Seguridad y las Cargas de los Vehículos Pesados de Motor y sus arrastres o semiarrastres.
Todo vehículo pesado de motor, arrastre o semiarrastre que esté transportando carga y que transite por las vías públicas podrá ser detenido, a cualquier hora del día o de la noche, por la Policía, por la Policía Municipal, por el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT), por los inspectores de la Comisión o por empleados debidamente autorizados por el Secretario que así se identifiquen, e inspeccionado con el fin de determinar si dicha carga, dispositivos y aditamentos de seguridad violan las disposiciones de esta Ley y los reglamentos que en él se autorizan. Todo conductor de vehículo pesado de motor, arrastre o semiarrastre que no se detuviese después de haber sido así requerido por los
funcionarios antes indicados, cometerá un delito menos grave y convicto que fuere, será sancionado con una pena de multa no menor de doscientos cincuenta (250) dólares ni mayor de mil $(1,000)$ dólares.
Sección 21.-Se enmienda el Artículo 15.08 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 15.08.-Estación de pesaje permanente. Todo vehículo pesado de motor que transite por las autopistas de Puerto Rico deberá seguir las instrucciones de los rótulos y señales de tránsito relacionados o asociados al proceso de pesaje de camiones en las estaciones permanentes de pesaje.
Todo vehículo pesado de motor que viole esta disposición incurrirá en falta administrativa que conllevará una multa de quinientos (500) dólares."
Sección 22.-Se enmienda el Artículo 17.04 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 17.04.-Actos ilegales y penalidades. (9 L.P.R.A. § 5525) Toda persona que operare una escuela para enseñar el manejo de vehículos de motor sin estar debidamente autorizado por el Secretario incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor cinco mil $(5,000)$ dólares.
Toda persona autorizada a operar dicha escuela que violare las demás disposiciones de este Capítulo o los reglamentos promulgados por el Secretario al efecto, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de doscientos (200) dólares."
Sección 23.-Se deroga el Artículo 21.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se adopta un nuevo Artículo 21.02 que lea como sigue: "Artículo 21.02.-Penalidades no declaradas. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley o a los reglamentos promulgados por el Secretario para los cuales no se hubiere establecido sanción
penal específica, serán consideradas faltas administrativas y serán sancionadas con multa de cien (100) dólares.
Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, relativas al tránsito, serán aplicables a todo conductor de vehículo impulsado por fuerza motriz o muscular, incluyendo aquellos vehículos que no se consideran vehículos de motor, cuando tales vehículos sean operados en las vías públicas, salvo que la disposición por su naturaleza no le fuese aplicable al vehículo."
Sección 24.-Se enmienda el Artículo 21.06 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 21.06.-Pegatina con información a llamar al conducir negligentemente. Será obligación de todo dueño de camión; carruaje; vehículo pesado; ómnibus público, privado o transporte escolar; semiarrastre; tractor o remolcador; transportador de automóviles y vehículos de motor o pesados, propiedad del Gobierno de Puerto Rico, municipios y empresa privada, adherir en la parte posterior de dicho vehículo una pegatina que indique con letras de tamaño visible, el número de teléfono a llamar para notificar en caso que alguno de estos vehículos sea conducido de forma negligente. Se dispone además, que el incumplimiento de lo antes dispuesto será considerado como falta administrativa y conllevará una multa de cien (100) dólares."
Sección 25.-Se enmiendan los incisos 1 a y b y se añade un nuevo subinciso 7 del Artículo 22.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 22.02.-Parada en las estaciones de cobro de peaje; pago en las estaciones de Auto Expreso y pago de derechos. (1) Será obligación de toda persona que conduzca vehículos de motor y quiera hacer uso de las autopistas de peaje:
a) Pagar los derechos de peaje correspondientes en cada una de las estaciones de cobro de peaje instaladas en las autopistas. b) En los casos que la estación de peaje esté equipada con un sistema electrónico de cobro de peaje conocido como Auto Expreso el vehículo que utilice el mismo tendrá que estar equipado con el sello o aditamento correspondiente. Se prohíbe el uso del carril de Auto Expreso cuando no se tenga dicho sello. En los casos en que se utilice el carril de Auto Expreso sin el antedicho sello se incurrirá en falta
administrativa, la que será sancionada con una multa de cien (100) dólares. c) ..." (7) El Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con la Autoridad de Carreteras y Transportación y el concesionario de autopista en aquellos casos que aplique, deberá instalar y mantener un sistema que permita a los usuarios conocer si tiene balance bajo en cada estación de peaje. A tales efectos instalará por lo menos un aviso tipo semáforo y de cualquier otra índole que avise si se cuenta con balance bajo en el momento de pasar en las estaciones de peaje ya existentes. Asimismo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con la Autoridad de Carreteras y Transportación y el concesionario de autopista en aquellos casos que aplique, tendrán la obligación de notificar de forma electrónica al titular del vehículo debidamente registrado con el sistema de peaje automatizado."
Sección 26.-Se enmienda el Artículo 22.08 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 22.08.-Penalidades. Las infracciones a las disposiciones de este Capítulo y a los reglamentos para autopistas promulgados por el Secretario serán consideradas como faltas administrativas y conllevarán multa de cien (100) dólares. Aquellas infracciones relativas a la velocidad conllevarán una pena según lo establecido en el Capítulo Cinco (5) de esta ley."
Sección 27.-Se deroga el Capítulo XXIII de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo XXIII que lea como sigue:
Artículo 23.01.-Procedimiento para el pago de derechos. Todo dueño de un vehículo de motor sujeto al pago de derechos anuales de permiso pagará en cualquier colecturía de rentas internas de cualquier municipio, en el lugar que designe el Secretario del Departamento de Hacienda, en las estaciones oficiales de inspección, bancos, o en el lugar que designe el Secretario, los derechos que correspondan al vehículo para cada año, según se indican éstos en la notificación que al efecto deberá enviarle el Secretario. Los derechos por este
concepto se pagarán anticipadamente por todo el año excepto que cuando al momento de pagar los derechos resten menos de seis (6) meses para la próxima renovación, solo se requerirá el pago equivalente a los meses que resten por transcurrir en la fecha en que se devengan, contándose las fracciones de meses como un mes completo. Esta disposición aplicará a todos los vehículos de motor, independientemente de la cantidad que paguen por derecho de licencia por año. Al recibo de los derechos correspondientes, el colector expedirá el permiso para vehículo de motor, que consistirá del formulario de notificación emitido por el Secretario, con las debidas anotaciones y firma del colector, indicativas de que se ha efectuado el pago de los derechos. Junto con el permiso, el colector entregará el correspondiente marbete o placas de número, según sea el caso. Sólo se exhibirá un (1) marbete en el vehículo de motor durante el año de vigencia del pago de derechos.
Se autoriza al Secretario a que, previa consulta con el Secretario de Hacienda, adopte un Reglamento a los fines de conceder un descuento de hasta diez por ciento ( $10 %$ ) a aquellos conductores que opten por adquirir y pagar anticipadamente marbetes multianuales para sus vehículos.
El dueño de la estación de inspección depositará en una cuenta especial para que el Departamento de Hacienda haga transferencias diarias de los marbetes expedidos. El Departamento de Hacienda aprobará un reglamento para estos fines, en el cual requerirá una fianza y seguros para garantizar que se reciban los recaudos de los marbetes vendidos. El cargo por servicio que cobre la estación de inspección, el banco o cualquier otro lugar que designe el Secretario de Hacienda no será mayor de cinco dólares ($5).
En los casos referentes a derechos de exámenes, incluyendo licencias de aprendizaje, expedición de duplicado de licencias, renovación de licencias de conducir, traspaso de vehículos y todo otro cobro de derechos, se utilizarán comprobantes de pago, sellos de rentas internas o cualquier otro mecanismo de pago que establezca el Secretario de Hacienda.
A menos que se disponga algo al contrario en esta Ley, el importe de los derechos recaudados de acuerdo con los Artículos 23.01 y 23.02 de esta Ley ingresarán en su totalidad en un Deposito Especial a nombre y para beneficio de la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Se autoriza a la Autoridad a comprometer o pignorar el producto de la recaudación recibida para el pago del principal y los intereses de bonos a otras obligaciones o para cualquier otro propósito lícito de la Autoridad. Tal compromiso o pignoración quedará sujeto a la disposición de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. El producto de dicha recaudación
se usará solamente para el pago de intereses y amortización de la deuda pública, según se provee en dicha Sección 8 del Artículo VI de la Constitución, hasta tanto los otros recursos disponibles a que se hace referencia en dicha sección sean insuficientes para tales fines. De lo contrario, el producto de tal recaudación, en la cantidad que sea necesaria, se usará solamente para el pago del principal y los intereses de bonos y otras obligaciones de la Autoridad y para cumplir con cualesquiera estipulaciones convenidas por ésta con los tenedores de dichos bonos u otras obligaciones.
El Gobierno de Puerto Rico por la presente acuerda y se compromete con cualquier persona o con cualquier agencia de los Estados Unidos de América o de cualquier estado o Gobierno de Puerto Rico, que suscriben o adquieran bonos de la Autoridad para el pago de los cuales el producto de los derechos que se pagan por concepto de permisos de vehículos de motor y arrastre y otros se pignore, según autorizado por esta sección, a no reducir estos derechos de licencia o aquella suma que de éstos deberá recibir la Autoridad.
En caso de que el monto proveniente del recaudo del registro de vehículos de motor se utilice para el pago de los requerimientos de la deuda pública y se apliquen para cubrir la deficiencia en las cantidades que sean necesarias para hacer tales pagos, las cantidades usadas para cubrir dicha deficiencia serán reembolsadas a la Autoridad del primer producto recibido en el próximo año fiscal o años fiscales subsiguientes por el Gobierno de Puerto Rico provenientes del registro de vehículos de motor.
El producto de dicho recaudo que ha de ser usado bajo las disposiciones de esta Sección para reembolsar los fondos de la reserva para los requerimientos de la deuda pública, no se ingresarán en el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico cuando se cobren, sino que serán ingresados en el Depósito Especial antes mencionado para beneficio de la Autoridad y sujetos a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico.
El Secretario del Departamento de Hacienda podrá delegar en el Secretario la función sobre el cobro de derechos.
Artículo 23.02.-Derechos a pagar. Con relación a los derechos a pagar bajo esta Ley, se seguirán las normas siguientes:
(a) Por los vehículos que se indican a continuación, se pagarán los siguientes derechos:
(1) Por automóviles privados o públicos, cuarenta y cuatro (44) dólares por año. (2) Por automóviles manejados por quien los alquila (Drive yourself o car rental), por año o fracción de año, ciento diez (110) dólares. (3) Por vehículo dedicado a la transportación exclusiva de escolares, por año, setenta y siete (77) dólares. (4) Por ómnibus de servicio público con capacidad de once (11) a veinticuatro (24) pasajeros, por el primer vehículo registrado, por año, un (1) dólar. (5) Por cada ómnibus de servicio público con capacidad de once (11) a veinticuatro (24) pasajeros, adicional al mencionado en la cláusula (4) de este inciso, durante los primeros cinco (5) años de registro ciento diez (110) dólares por año, después del quinto año de su registro, once (11) dólares por año. (6) Por ómnibus de servicio público o privado con capacidad de veinticinco (25) pasajeros en adelante, por año, ciento sesenta y cinco (165) dólares. (7) Tractores o remolcadores, de acuerdo con su peso, a base de las siguientes normas:
(i) Una tonelada o menos, por año, veintiocho (28) dólares. (ii) Más de una tonelada, pero no excediendo de dos (2) toneladas, por año, cuarenta y cuatro (44) dólares. (iii) Más de (2) dos toneladas, pero no excediendo de tres (3) toneladas, por año, setenta y dos (72) dólares. (iv) Más de tres (3) toneladas, pero no excediendo de cuatro (4) toneladas, por año, doscientos cuarenta (240) dólares.
(v) Más de cuatro (4) toneladas, pero no excediendo de cinco (5) toneladas, por año, trescientos cuarenta y cinco (345) dólares. (vi) Más de cinco (5) toneladas, pero no excediendo de ocho (8) toneladas, por año, cuatrocientos cincuenta y cinco (455) dólares.
(vii) Más de ocho (8) toneladas, pero no excediendo de diez (10) toneladas, por año, quinientos sesenta y cinco (565) dólares. (viii) Más de diez (10) toneladas, por año, setecientos ochenta y cinco (785) dólares. (8) Por arrastres o semiarrastres diseñados para llevar carga sobre su estructura y ser tirados por otro vehículo de motor, a base de las siguientes normas:
(i) Hasta una capacidad de carga que no exceda de dos (2) toneladas, sin incluir casas u oficinas rodantes, por año, veintiocho (28) dólares. (ii) Con una capacidad de carga en exceso de dos (2) toneladas, sin incluir casas a oficinas rodantes, por año, setenta y dos (72) dólares. (iii) Usados como oficinas rodantes, por año, ciento ochenta y tres (183) dólares. (iv) Usados como casas rodantes, por año, dieciocho (18) dólares.
(v) Usados por agricultores, avicultores y ganaderos en las faenas propias de la agricultura, previa certificación del Secretario de Agricultura, por año, un (1) dólar. (vi) Los derechos a pagarse por registro de arrastres y semiarrastres de furgones de uso comercial procedentes de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero se computarán a base de ciento diez (110) dólares multiplicados por el promedio diario de arrastres y semiarrastres que la compañía mantuvo transitando en las carreteras de la jurisdicción de Puerto Rico durante el año calendario inmediatamente anterior. (9) Por permiso de motocicletas, por año, treinta y cinco (35) dólares. (10) Por permiso de motocicletas equipadas para transportar mercancía de cualquier clase, por año, cuarenta (40) dólares.
(11) Por permiso de vehículos comerciales dedicados al servicio privado, por año, cincuenta y seis (56) dólares. (12) Por permiso de vehículos comerciales dedicados al servicio público, por año, setenta y siete (77) dólares. (13) Por permiso de vehículos pesados de motor dedicados al servicio privado y de una capacidad de carga de más de una tonelada, pero no excediendo de dos (2) toneladas, por año, ochenta y tres (83) dólares. (14) Por permiso de vehículos pesados de motor dedicados al servicio privado con una capacidad de carga de más de dos (2) toneladas, pero no excediendo de seis (6) toneladas, por año, ciento veintidós (122) dólares. (15) Por permiso de vehículos pesados de motor o comerciales dedicados al servicio público con una capacidad de carga de más de una tonelada, pero no excediendo dos (2) toneladas, por año, cien (100) dólares. (16) Por permiso de vehículos pesados de motor o comerciales dedicados al servicio público con una capacidad de carga de más de dos (2) toneladas, pero no excediendo seis (6) toneladas, por año, ciento treinta y siete (137) dólares. (17) Por cada tonelada o fracción de tonelada de capacidad de carga en exceso de seis (6) toneladas, en vehículos pesados de motor dedicados tanto al servicio público como al servicio privado, por año, cuarenta (40) dólares. (18) Por permiso de vehículos pesados de motor que es el instrumento de trabajo de su dueño, según se determina en el Artículo 16.02 de esta Ley, ciento diez (110) dólares por año. (19) Por inscripción de traspaso de propiedad de un vehículo de motor, quince (15) dólares. (20) Por derecho a tomar examen de chófer, conductor, chófer de vehículos pesados de motor o conductor de motocicletas, quince (15) dólares.
(21) Por derecho a tomar examen de chófer, conductor, chófer de vehículos pesados de motor o conductor de motocicleta, a la persona que no haya aprobado su primer examen, seis (6) dólares. (22) Por duplicado de cualquier clase de inscripción, licencia, o título, seis (6) dólares. (23) Por licencia de conductor para una persona que posee una licencia de algún Estado o territorio de los Estados Unidos o de algún país extranjero, quince (15) dólares. (24) Por licencia de concesionario de venta de vehículos de motor, por año, ciento diez (110) dólares. (25) Por derecho a tomar examen o reexamen para licencia de aprendizaje, once (11) dólares. (26) Por renovación de licencia para manejar vehículo de motor después de los treinta (30) días de su vencimiento, treinta y cinco (35) dólares. (27) Por renovación de licencia para manejar vehículos de motor dentro del término de treinta (30) días, a contar de la fecha de vencimiento, once (11) dólares. (28) Por licencia para gestores, por año, cincuenta y cinco (55) dólares. (29) Por derechos a tomar examen de gestor, treinta y cinco (35) dólares. (30) Por tarjeta de identificación para agente autorizado de gestoría, por año, once (11) dólares. (31) Tablillas especiales para concesionarios de ventas de vehículos de motor, ciento diez (110) dólares. (32) Por un duplicado de marbete, tres (3) dólares. (33) Por licencia de instructor de escuela de conducir, cien (100) dólares. (34) Por renovación de licencia de instructor de escuela de conducir, cincuenta (50) dólares. (35) Por expedición de certificado de título, once (11) dólares.
(36) Por automóviles con placas especiales para automóviles antiguos, antiguos modificados, clásicos y clásicos modificados, según lo dispuesto en el Artículo 2.30 de esta Ley, por año, dos (2) dólares. (37) Por ómnibus de servicio privado con capacidad de hasta dieciocho (18) pasajeros, incluyendo al conductor, cuarenta y cuatro (44) dólares por año. (38) Por ómnibus de servicio privado con capacidad de diecinueve (19) hasta veinticuatro (24) pasajeros, incluyendo al conductor, ciento diez (110) dólares por año. (39) Por grúa, de acuerdo a su peso bajo las siguientes normas:
(i) Por permiso de grúa de servicio privado, hasta cinco punto cinco (5.5) toneladas de peso bruto, cincuenta y seis (56) dólares por año. (ii) Por permiso de grúa de servicio público, hasta cinco punto cinco (5.5) toneladas de peso bruto, cincuenta y seis (56) dólares por año. (iii) Por permiso de grúa de servicio privado, hasta seis punto cinco (6.5) toneladas de peso bruto, ochenta y tres (83) dólares por año. (iv) Por permiso de grúa de servicio público, hasta seis punto cinco (6.5) toneladas de peso bruto, cien (100) dólares por año.
(v) Por permiso de grúa de servicio privado, hasta ocho punto cinco (8.5) toneladas de peso bruto, ciento veintiún (121) dólares por año. (vi) Por permiso de grúa de servicio público, hasta ocho punto cinco (8.5) toneladas de peso bruto, ciento treinta y ocho (138) dólares por año. (vii) Por cada tonelada o fracción de tonelada de peso bruto del vehículo en exceso de ocho punto cinco (8.5) toneladas en grúa dedicada tanto al servicio público como al servicio privado, cuarenta (40) dólares por año.
(40) Por derecho a tomar examen o reexamen teórico o práctico para endoso para conducir motocicleta, quince (15) dólares. (41) Por renovación del marbete de la motocicleta, once (11) dólares por año. (42) Por automóviles con tablillas especiales para automóviles antiguos, clásicos y clásicos modificados, según lo dispuesto en el Artículo 2.30 de esta Ley, por año, dos (2) dólares. (43) Por reemplazo de tablilla perdida o hurtada, once (11) dólares. (44) Por registro de vehículos todo terreno, por año, doscientos setenta y cinco (275) dólares. (45) Por renovar las licencias en línea a través del portal cibernético (pr.gov): (A) Por la renovación de la licencia de conducir categoría 3, once (11) dólares adicionales a los derechos a pagar cuando se renueva personalmente en un CESCO. (46) Por solicitar un Certificado de Licencia de Conducir en cualquiera de sus categorías o la Tarjeta de Identificación con el emblema que evidencie que cumple con los requisitos de emisión del "Real Id Act of 2005", diecisiete (17) dólares adicionales a los costos mencionados en este Artículo para cada transacción. (47) Por expedición de certificado de "no deuda" que comprueben que a la fecha de expedición de tal certificado no pesan sobre el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, ninguna carga o gravamen ni impuesto, deuda o sanción de multa administrativa pendiente de pago, disponiéndose que la venta y emisión de dicha certificación se podrá hacer disponible electrónicamente, once (11) dólares.
(b) Los veteranos con impedimentos que estén exentos de la imposición de impuestos sobre vehículos, de acuerdo con la Sección 3030.07 de la Ley 12011, según enmendada, "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", no pagarán derechos de licencia. Si el dueño de un automóvil sobre el cual no se hubieran pagado derechos bajo las disposiciones de este inciso vende, traspasa o en otra forma enajena el automóvil, se impondrá por derechos de licencia sobre dicho vehículo el monto de los derechos del año que le corresponda de acuerdo con las disposiciones de este Artículo.
(c) Cualquier persona que tenga que mover un vehículo de motor de su localización y cuyo permiso se encuentre vencido, lo podrá hacer adquiriendo un permiso provisional mediante el pago de diecisiete (17) dólares. Dicho permiso provisional será válido por tres (3) días y solo podrá utilizarse con el fin de mover el vehículo de motor de su localización hasta el centro de inspección o taller de mecánica.
(d) El Secretario dictará las reglas y reglamentos que fueren necesarios para poner en vigor las disposiciones de los Artículos 23.01 y 23.02 de esta ley, las cuales una vez promulgadas, tendrán fuerza de ley.
(e) Se mantiene el Depósito Especial para beneficio de la Autoridad de Carreteras en donde se ingresará la cantidad de quince (15) dólares, por cada renovación de registro de automóviles de servicio privado y público.
(f) Se crea el cargo adicional especial de dos (2) dólares para beneficio del Centro de Trauma del Centro Médico y aquellas otras salas autorizadas por el Secretario del Departamento de Salud. Estos dos (2) dólares serán aplicables a los derechos a pagar en este Artículo 23.02.
(g) Se crea el Depósito Especial para beneficio del Centro de Trauma del Centro Médico y aquellas otras salas autorizadas por el Secretario del Departamento de Salud en donde se ingresará la cantidad de (2) dos dólares por cada derecho a pagar de este Artículo 23.02. Dicho cargo adicional especial deberá ser depositado a mas tardar el día 15 de cada mes.
Artículo 23.03.-Conversión de faltas administrativas a delitos menos graves. Cuando el conductor de un vehículo de motor o de arrastre incurriere en una infracción que constituye una falta administrativa y como consecuencia de ella causare o contribuyere a causar un accidente que resultare en la lesión de una persona o daños a la propiedad ajena, dicha falta administrativa se convertirá en delito menos grave, punible con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares, pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del tribunal. Además, el tribunal podrá imponer la pena de restitución.
Artículo 23.04.-Pago de daños. Además de la pena que se imponga al conductor por la infracción cometida bajo las disposiciones de esta Ley, el tribunal deberá fijar una cantidad razonable para el pago de daños. El pago de daños consiste en la obligación impuesta al
conductor, por el tribunal, de pagar a la parte perjudicada una suma en compensación por los daños y pérdidas que hubiere causado a su propiedad, como consecuencia de su acto delictivo.
Dicho pago deberá ser fijado para ser satisfecho en dinero o mediante la entrega de bienes equivalentes a los que fueron destruidos o dañados, o por pago de reparación directa de los daños. Las cantidades así pagadas o de los bienes entregados se deducirán de la suma que el tribunal pueda imponer por sentencia en caso de surgir de los hechos una demanda de daños y perjuicios. El pago de daños que autoriza este Artículo no incluye daños a la persona y los sufrimientos y angustias mentales.
No se fijará el pago de daños en aquellos casos en que el conductor demuestre al tribunal que posee un seguro de responsabilidad pública que cubre los daños causados por éste o que la víctima ya ha sido compensada.
Podrá procederse a la ejecución de la sentencia imponiendo el pago de daños que autoriza este Artículo en igual forma que si se tratare de una sentencia dictada en un pleito civil ordenando el pago de una cantidad, según se establece en la Regla 176 de las de Procedimiento Criminal de 1963.
Artículo 23.05.-Procedimiento administrativo. Con relación a las faltas administrativas de tránsito, se seguirán las normas siguientes:
(a) Los agentes del orden público quedan facultados para expedir boletos por cualesquiera faltas administrativas de tránsito. Los formularios para dichos boletos serán preparados, impresos, identificados individualmente y distribuidos de acuerdo con los reglamentos que, para dicho propósito, promulgará el Secretario. Los agentes fecharán y firmarán el boleto, el cual expresará la falta o faltas administrativas que alegadamente se ha o se hayan cometido y el monto de la multa o multas administrativas a pagarse y la puntuación correspondiente aplicable. La parte posterior del boleto informará al infractor su derecho a presentar un recurso de impugnación en el Tribunal correspondiente y el procedimiento a seguir, según se establece en este Artículo. Esta información aparecerá en los idiomas español e inglés.
(b) Copia del boleto será entregada al conductor del vehículo. En caso de un vehículo estacionado, el agente del orden público, de conformidad a lo dispuesto en el inciso
(d) de este Artículo, fijará el boleto en un sitio conspicuo de dicho vehículo. La copia así entregada o fijada contendrá instrucciones para solicitar recurso de revisión judicial, según se provee en
el inciso
(l) de este Artículo. Si el conductor es menor de edad y no estuviere acompañado de las personas más abajo señaladas, la entrega del boleto al menor se considerará una entrega al padre, encargado o tutor de dicho menor, quien responderá por éste. El original y copia serán enviados inmediatamente por el agente del orden público, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
(d) de este Artículo, al Secretario, quien lo incorporará a los expedientes de identidad, del registro del vehículo o conductor objeto de la alegada infracción, según sea el caso.
(c) Se faculta al Secretario, por medio del Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito, a expedir boletos por faltas administrativas relacionadas y adoptadas en virtud de esta Ley que no constituyan violaciones por vehículos en movimiento.
Para cumplir con las funciones dispuestas en esta Ley, el Secretario tendrá facultad para delegar dicha autoridad en otros funcionarios o empleados del Departamento, a quienes deberá expedir una identificación a tal efecto. Dichos funcionarios o empleados deberán mantener la identificación en un lugar visible mientras realicen las funciones que les han sido delegadas por virtud de este Artículo. La autorización conferida por virtud de este inciso no constituirá una limitación a los poderes delegados por ley a la Policía, Policía Municipal o a cualquier agente del orden público. El Secretario deberá establecer los mecanismos necesarios para promover una coordinación efectiva, en lo referente a la expedición de boletos por faltas administrativas con la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de los municipios correspondientes y con el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
(d) Toda notificación de multa administrativa archivada por el Secretario en el registro de un vehículo constituirá un gravamen sobre la tablilla del propietario del vehículo y una prohibición para transferir o liberar la tablilla registrada con el propietario de dicho vehículo, excepto en los casos de vehículos reposeídos o para expedir o renovar cualquier tipo de licencia a la persona que haya cometido la alegada infracción hasta que la multa sea satisfecha o anulada, según aquí se provee. El Secretario notificará la imposición del gravamen a la persona que aparezca en sus archivos como dueña de la tablilla del vehículo, así como a cualquier persona que tuviere inscrito en el Departamento cualquier otro tipo de gravamen sobre dicho vehículo. Para los fines de responsabilidad en cuanto a la multa administrativa, se considerará que la notificación del Secretario a la persona que aparezca en sus archivos como dueña de la tablilla del vehículo o conductor certificado en los casos apropiados, constituirá notificación a las personas que de hecho sean dueñas del vehículo y la mera remisión de la
notificación por correo a las direcciones que aparezcan en los registros de vehículos de motor y arrastres y de conductores, aunque no fuesen recibidas por los destinatarios, se considerará como tal notificación a todos los efectos legales.
(e) El Secretario conservará un registro de los gravámenes creados por las multas administrativas de tránsito, el cual estará disponible para información fiscal de los municipios y para inspección pública. También establecerá un registro de las multas administrativas emitidas contra aquellos pasajeros que violen las disposiciones del Capítulo XIII de esta Ley o su reglamento. Será deber del Secretario informar por escrito, a cualquier solicitante interesado, sobre la existencia de cualquier tipo de gravamen o anotación.
(f) Será, asimismo, deber del Secretario formalizar e implantar los acuerdos de colaboración con los municipios o consorcios municipales que así lo interesen para modernizar los sistemas de expedición, registro, cobro y auditoría de las remesas por concepto de los boletos expedidos por la Policía Municipal, entidad privada, empleados, funcionarios o empresas municipales, autorizadas por Ordenanzas Municipales para hacer esta función; y acordar la compensación por los ajustes y cambios que se requieran. Estos acuerdos incluirán la delegación al municipio de la facultad para el cobro de multas administrativas de tránsito por infracción a sus ordenanzas en estaciones de pago municipales establecidas en coordinación con el Secretario. La delegación permitirá que, transcurrido el plazo de treinta (30) días sin que el infractor haya pagado, el municipio o entidad privada remita el boleto al Departamento para que se establezca el gravamen.
(g) Las infracciones de movimiento consideradas como faltas administrativas se adjudicarán a los récords de identidad de las personas autorizadas a conducir vehículos de motor que de hecho hayan cometido la alegada infracción. Será deber del oficial de orden público que expida el boleto de faltas administrativas de tránsito en tales casos, requerir la licencia de conducir de la persona que alegadamente cometió la infracción; requerirle al infractor la licencia de conducir junto con copia del boleto firmado y finalmente llevar el boleto al Cuartel de la Policía de la localidad en que se cometió la infracción. Cuando se trate de una infracción relacionada a dimensiones y pesos de los vehículos de motor, arrastres o semiarrastres, el Secretario determinará por reglamento la forma de pago y método de cobro, salvo alguna disposición especial dispuesta en esta Ley.
(f) Será deber del infractor pagar todo boleto dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de su expedición. Todo pago de infracción realizado dentro del periodo de quince (15) días a partir de la fecha de la infracción tendrá derecho a un descuento de treinta por ciento ( $30 %$ ) del monto total de la infracción. De no pagarse dentro de quince (15) días, tendrá derecho a un descuento de quince por ciento ( $15 %$ ) si se paga antes de cumplidos los treinta (30) días a partir de la fecha de la infracción. Luego de pasados los treinta (30) días, aplicará un recargo de diez (10) dólares y a partir de ahí, conllevará un recargo de cinco (5) dólares adicionales por cada mes de retraso. El recargo podrá ser pagado junto al boleto en cualquier colecturía antes del vencimiento de la fecha de pago del permiso del vehículo de motor o de la licencia de conducir. En los casos de infracciones de movimiento, de no realizarse el pago dentro de los sesenta (60) días de emitido, la misma será incluida en la licencia de conducir del infractor o del conductor certificado. En el caso que se extravíe el boleto de notificación de la multa administrativa y dicha multa no aparezca aún en los registros correspondientes del Departamento, el infractor podrá efectuar el pago mediante la radicación de una declaración al efecto, en la forma y manera en que el Secretario disponga mediante el reglamento. Dicho pago será acreditado contra cualquier multa pendiente expedida con anterioridad al mismo, en orden cronológico.
Toda persona que renueve su licencia de conducir sólo vendrá obligada a pagar aquellas multas correspondientes al término de la vigencia de su permiso. Ninguna persona vendrá obligada a pagar multas de años anteriores al periodo de los seis años de vigencia de su licencia, salvo que el Departamento demuestre que nunca fueron pagadas porque no se renovó la licencia de conducir correspondiente al periodo donde aparece la multa.
(i) En cuanto a la inclusión de multas administrativas en el permiso del vehículo de motor, las mismas vencerán y no podrán ser reclamadas ni cobradas, transcurridos dieciocho (18) meses de haber sido expedidas, siempre y cuando la licencia del vehículo de motor se haya renovado año tras año o el Departamento haya enviado notificación de cobro.
Para que se eliminen esas multas del récord de su vehículo, no será necesario presentar evidencia de pago al momento de renovar el permiso de un vehículo de motor, salvo que el Departamento demuestre que nunca fueron pagadas porque no se renovó el permiso del vehículo donde aparece la multa, excepto que el dueño registral presente prueba de haber renovado dicho permiso.
(j) Si previa investigación de la Policía o del funcionario con competencia para ello, se determinare que el oficial del orden público que expidió el boleto incurrió en error o equivocación, procederá a notificarlo al Secretario y éste podrá cancelar el gravamen. Asimismo, podrá el Secretario cancelar el gravamen cuando no hubiese concordancia entre el boleto expedido y el vehículo gravado.
(k) No obstante lo dispuesto en el inciso
(b) de este Artículo, el Secretario podrá transferir el título de vehículos que contengan gravamen anotado de acuerdo con este Artículo si la imposición del gravamen es posterior a la fecha en que cambió de dueño el vehículo. Se considerará como la fecha en que cambió de dueño el vehículo la que aparezca en el traspaso formalizado al dorso del certificado de título del vehículo de motor o arrastre. En dichos casos, el Secretario le dará curso a la transferencia del título, pero conservando el gravamen del vehículo en el expediente, e informándoselo al nuevo dueño. El gravamen constituido en virtud de una multa administrativa creada por este Capítulo, tendrá preferencia sobre cualquier otro gravamen constituido sobre un vehículo, incluyendo las hipotecas de bienes muebles y las ventas condicionales.
(l) Si el dueño del vehículo, el conductor, el concesionario de venta o el pasajero afectado por la notificación de multa administrativa considera que no se ha cometido la violación que se le imputa, podrá solicitar un recurso de revisión judicial dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha de recibo de la notificación.
El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en que se apoya la impugnación de la falta administrativa de tránsito. Radicado el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al Secretario dentro de un término de cinco (5) días a contar de su radicación.
Establecido el recurso de revisión, será deber del Secretario elevar al Tribunal copia certificada de los documentos que obren en el expediente, dentro de un término de diez (10) días a contar de la fecha en que fuera notificado de la radicación del recurso de revisión. Recibidos los documentos, el Tribunal señalará la vista del recurso para tener lugar en un término no mayor de sesenta (60) días a contar de la fecha del recibo de dichos documentos. El Tribunal revisará en sus méritos las cuestiones de hecho y de derecho que dieron lugar a la imposición y notificación de la falta administrativa de tránsito. El Tribunal dictará su resolución en el caso dentro de un término de cinco (5) días a contar desde la fecha en que se celebre la vista. El Tribunal notificará su resolución al Secretario y al
peticionario dentro del término de los diez (10) días siguientes de haberse dictado la misma. La resolución dictada será carácter final y definitivo.
Este recurso estará sujeto al pago de los derechos de presentación que establezca el Tribunal Supremo.
Al solicitarse el Recurso de Revisión, si el dueño del vehículo, el conductor o el pasajero deseare que el gravamen o la anotación sea cancelada de inmediato, el peticionario deberá llevar personalmente o por medio de agente o enviar por correo al Departamento de Hacienda un cheque o giro postal a nombre del Secretario del Departamento de Hacienda cubriendo el monto de la multa o multas cuya revisión se solicita. Los pagos así hechos serán devueltos al peticionario tan pronto el Secretario reciba notificación del tribunal anulando la multa o multas administrativas.
Cuando el peticionario sea dueño del vehículo, conductor o pasajero y la resolución del tribunal le sea favorable, tan pronto el Secretario reciba la correspondiente notificación del tribunal, procederá a cancelar el gravamen o la anotación creada por la multa administrativa cuya nulidad ha decretado el tribunal y procederá, además, a dar aviso por escrito de ello al interesado. Por el contrario, si la resolución del tribunal es adversa al peticionario, subsistirá el gravamen o la anotación, el cual sólo podrá ser cancelado mediante el pago de la multa o multas correspondientes.
(m) Los pagos por multas administrativas se podrán efectuar en los sitios y en las formas siguientes: (1) En el Departamento de Hacienda llevando personalmente dinero en efectivo, mediante el uso de una tarjeta de crédito o débito, cheque o giro postal o enviando por correo un cheque o giro postal a nombre del Secretario de Hacienda. (2) En cualquier colecturía de rentas internas. (3) En cualquier estación de pago estatal, municipal o privada establecida mediante acuerdo con los municipios, consorcios municipales u otra entidad realizando el pago en la forma que determine el Secretario de Hacienda. (4) Mediante el servicio cibernético instituido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) según dispuesto en el inciso
(r) de este Artículo.
(5) Mediante cualquier otro mecanismo electrónico que el Secretario y el Secretario de Hacienda establezcan.
Al efectuarse el pago en una colecturía o estación de pago deberá mostrarse el boleto expedido o la notificación del establecimiento del gravamen por el Secretario. Al efectuarse el cobro por el recaudador del Departamento o por el Colector de Rentas Internas o cobrador delegado en una estación de pago municipal deberán indicarse en el comprobante de pago correspondiente el municipio donde se cometió la falta administrativa y si la misma fue por violación a esta Ley o a una ordenanza municipal. Excepto según se dispone más adelante, lo recaudado por concepto de multas y penalidades por violaciones a ordenanzas municipales deberá remesarse mensualmente al municipio correspondiente con indicación precisa de la procedencia de cada cantidad, especificando el boleto cuya multa pagó el infractor. De lo recaudado por concepto de cada multa administrativa por violación a las ordenanzas municipales que cubran las infracciones descritas en los Artículos 6.19, 6.20, 6.21, 6.22 y 6.23 de esta Ley, ingresará al Fondo General del Gobierno Estatal la cantidad de tres (3) dólares o la cantidad que se acuerde por el municipio para sufragar el proyecto de coordinación para el registro, cobro y auditoría de las remesas.
Si el pago de la multa se efectuare en una Colecturía de Rentas Internas, el Colector entregará a la persona interesada o a su agente el original del comprobante de pago, en el cual se hará constar el número de la notificación o el número de la licencia de conductor, de tablilla y de boleto, según fuere el caso. Copia de dicho comprobante de pago será inmediatamente enviada al Secretario y éste procederá sin dilación a cancelar el gravamen establecido por la notificación.
Si el pago de la multa se efectuara personalmente o por medio de agente en el Departamento de Hacienda, el recaudador de dicho Departamento procederá en el acto a cancelar el gravamen establecido por la notificación y a darle constancia de ello al interesado. Si el pago de la multa se enviare por correo al Departamento, el recaudador procederá a cancelar el gravamen establecido por la notificación tan pronto reciba el cheque o giro postal e inmediatamente deberá dar aviso de ello por escrito y con acuse de recibo al interesado.
El trámite administrativo aquí dispuesto no será impedimento para que el Gobierno Estatal, a través del Secretario, del Secretario de Justicia o de cualquier funcionario en que éstos delegaren o el municipio correspondiente, reclame judicialmente el pago de las multas en caso de no ser satisfechas una vez sea final y firme el pago. En tal caso, cualquiera de
los funcionarios antes mencionados podrá utilizar el trámite dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil de 2009, según enmendada. En dicho trámite posterior de cobro, la parte afectada no podrá impugnar la legalidad y procedencia de la multa administrativa.
(n) En el caso de personas dueñas de vehículos de alquiler, debidamente autorizadas por la Comisión a tales fines, se autoriza expresamente al Secretario a establecer mediante reglamento un procedimiento especial a seguirse para la notificación de las faltas administrativas incurridas por los arrendatarios de dichos vehículos de alquiler.
(o) En el caso de concesionarios de ventas de vehículos de motor debidamente autorizados por el Secretario, se autoriza igualmente a éste a establecer mediante reglamento un procedimiento especial a seguirse para la notificación de las faltas administrativas incurridas con anterioridad a la fecha en que el vehículo pasó por transferencia a dicho concesionario, y para responsabilizar a los concesionarios de ventas de vehículos de motor por las faltas administrativas incurridas por los usuarios de vehículos no registrados en el Departamento, así como aquellas incurridas si estuvieren usando un vehículo con tablilla de exhibición o con tablilla de concesionario.
(p) El Secretario podrá proveer información del sistema de vehículos de motor y arrastre, mediante acceso restringido desde el computador a cualquier concesionario de venta de vehículo de motor, compañía de seguros, traficante, gestor de licencias debidamente autorizado, compañía reconocida en el campo de la informática que en el curso ordinario de sus negocios se dedica a obtener y refinar información sobre la industria automotriz, o institución bancaria o financiera debidamente autorizada de acuerdo con las leyes que les sean aplicables para hacer negocios en Puerto Rico, exclusivamente con relación a los expedientes, gravámenes y anotaciones existentes en el registro establecido por el Secretario.
El Secretario establecerá mediante reglamento al efecto los derechos que habrá de pagar la institución que desee utilizar este servicio, el procedimiento que deberá seguirse a tales fines, así como la información que podrá ser divulgada a cualquier concesionario de venta de vehículo de motor, compañía de seguros, traficante, gestor de licencias debidamente autorizado, compañía reconocida en el campo de la informática que en el curso ordinario de sus negocios se dedica a obtener y refinar información sobre la industria automotriz, o institución bancaria o financiera, sujeto a las limitaciones establecidas en este inciso.
(q) Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, toda persona podrá efectuar el pago de multas administrativas por conceptos de infracciones de tránsito y por faltas administrativas contempladas en los incisos previos de este Artículo, a través del servicio cibernético instituido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas para esta finalidad o en el portal cibernético para renovar la licencia en línea (pr.gov). El referido servicio cibernético contendrá acopio de toda infracción de tránsito o falta administrativa, de forma tal que los conductores puedan identificar sus deudas por tales infracciones y constatar la corrección y veracidad de las infracciones que les son imputadas.
El acceso al servicio cibernético aquí creado estará condicionado a la entrada del número de licencia de conducir que corresponda al usuario que interese lograr acceso al mismo, así como a la entrada de un número asignado por el Departamento a cada conductor, el cual constituirá un segundo código de acceso al servicio, como garantía de la confidencialidad del mismo.
El acceso al servicio cibernético estará sujeto a las normas de verificación y confidencialidad establecidas para ese portal.
(r) Se autoriza al Secretario a entrar en todos aquellos convenios, acuerdos o contratos que sean necesarios para modernizar, agilizar y mejorar el cobro de las faltas administrativas dispuestas en esta Ley.
(s) Será deber del Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas notificar mediante correo ordinario a todo infractor que haya acumulado mil $(1,000)$ dólares o más en multas, ofreciéndole la opción de acudir ante cualquier colecturía del Departamento de Hacienda a solicitar y poder acogerse a un plan de pago aplazado hasta saldar el monto total de las multas. El Secretario podrá ordenar la suspensión de la licencia de conducir a toda persona que no salde la cantidad acumulada o no se acoja al plan de pago aplazado. Se autoriza al Secretario a enviar estas notificaciones por correo electrónico a aquellas personas que así lo soliciten.
(t) Será deber del Secretario notificar anualmente mediante correo ordinario a todo infractor que haya acumulado entre un (1) y novecientos noventa y nueve (999) dólares durante un año natural, exhortándole a cumplir con el deber ciudadano del pago de multas.
Artículo 23.06.-Planes de Pago
(a) Si llegados los treinta (30) días que tiene un ciudadano para pagar un boleto por infracción a esta Ley, no tuviera la capacidad económica para satisfacer la deuda, podrá solicitar acogerse a un plan de pago. El Plan de Pago aquí autorizado consistirá de un pago inicial no menor del treinta y cinco por ciento ( $35 %$ ) de la totalidad de la deuda, teniendo entonces los plazos adicionales que establezca el Secretario de Hacienda para saldar la deuda restante dentro de un periodo que no excederá los doce (12) meses cuando la deuda sea por multas gravadas al expediente del conductor y no mayor de ciento veinte (120) días cuando la deuda sea por concepto de multas al registro del vehículo. Mientras la persona esté acogida al plan de pago y cumpliendo con el mismo no se le impondrán recargos. Si el ciudadano dejara de cumplir con el plan de pago, se le acumulará a la deuda los recargos correspondientes, desde el momento que incumplió el plan.
(b) Toda persona que deba quinientos (500) dólares o más por concepto de multas y penalidades podrá solicitar acogerse a un plan de pago. Este consistirá de un pago inicial equivalente a una cantidad no menor de veinte por ciento ( $20 %$ ) de la totalidad de la deuda, teniendo entonces los plazos adicionales que establezca el Secretario de Hacienda para saldar la deuda restante dentro de un periodo que no excederá los doce (12) meses cuando la deuda sea por multas gravadas al expediente del conductor y no mayor de ciento veinte (120) días cuando la deuda sea por concepto de multas al registro del vehículo. Mientras la persona esté acogida al plan de pago y cumpliendo con el mismo no se le impondrán recargos. Si la persona dejara de cumplir con el plan de pago, se le acumulará a la deuda los recargos correspondientes, desde el momento que incumplió el plan. Las licencias de conducir y los permisos de vehículo expedidos bajo promesa de pago estarán sujetos a las siguientes condiciones: (1) Certificados de licencia de conducir
Cuando al momento de renovar o solicitar un duplicado de su licencia de conducir la persona se acoja a un plan de pago, el Departamento de Transportación y Obras Públicas expedirá un Certificado de Licencia de Conducir provisional, pagados los derechos correspondientes, con fecha de expiración no mayor de un (1) año. Una vez se salde la deuda restante, el Departamento podrá expedir un nuevo Certificado de Licencia de Conducir con la fecha de expiración que corresponda. (2) Permisos para vehículos de motor (marbetes)
Cuando, al momento de renovar o solicitar un duplicado de un permiso de vehículo de motor la persona se acoja a un plan de pago, el Departamento de Transportación y Obras Públicas expedirá el permiso anual, pero si la persona incumpliese con el pago de dos (2) plazos o más corridos, el permiso anual será revocado, sin derecho a que se le devuelva porción alguna del importe pagado por el mismo. El vehículo del permiso así revocado quedará impedido de transitar por las vías públicas, lo cual se hará constar en el Registro de Vehículos de Motor. (3) Traspaso o cesión de derechos de vehículo sujeto a plan de pago
Al momento de realizar un traspaso o cesión de derechos, la persona a quien se le haya concedido un plan de pago sobre multas gravadas contra el permiso de un vehículo de motor o su tablilla, tendrá que satisfacer la deuda en su totalidad o el adquirente deberá gestionar un plan de pago asumiendo la deuda como suya.
Artículo 23.07.-Eliminación de faltas administrativas del récord del conductor. Toda violación a las disposiciones de esta Ley consideradas como faltas administrativas de tránsito que tenga más de tres (3) años de cometida, podrá ser eliminada del récord de la persona autorizada a conducir que así lo solicite y le acredite al Secretario mediante declaración jurada lo siguiente:
Artículo 23.08.-Sistema Automático de Control de Tránsito.
(a) Se faculta y autoriza al Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20.02 de esta Ley, a utilizar y operar sistemas automáticos de control de tránsito en las intersecciones de las vías públicas que estadísticamente representen alto riesgo para conductores y peatones, que
incluya el uso de aparatos electrónicos y/o mecanizados de probada exactitud, a los fines de expedir boletos de multas administrativas por las violaciones de los Artículos de esta Ley que puedan ser detectadas de esta forma.
Previo a la instalación de algún sistema automático de control de tránsito en las vías públicas de Puerto Rico, el Secretario deberá preparar un reglamento para designar dichas intersecciones de "Alto Riesgo", el cual incluirá el método de evaluación de estadísticas e información, tales como, pero sin limitarse a las siguientes: el flujo de tránsito en esa zona, las intervenciones por violación a la ley, la cantidad de accidentes que por dichas violaciones se han reportado en dichas áreas y la duración de la luz amarilla. Dicho reglamento será publicado, circulado y sometido a vistas públicas antes de hacerse oficial.
(b) Detectada una violación a esta Ley mediante el uso de los sistemas a que se refiere el inciso
(a) anterior, se emitirá una certificación juramentada por un representante del Secretario o la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, o del operador por contrato o de la persona o entidad que esté a cargo del sistema automático de control de tránsito, instalado en una facilidad de tránsito a los efectos de que un determinado vehículo cometió una infracción a esta Ley, basada dicha certificación en fotos, microfotografías, video o cualquier otra forma de registro de imagen que constituirá evidencia prima facie, en cualquier procedimiento, de que el vehículo así identificado cometió la violación imputada. Tales fotografías, microfotografías, video o imagen registrada o de similar naturaleza serán admitidas en evidencia en cualquier procedimiento para el cobro de la multa, además del peaje, cuando así fuera el caso, siempre que las mismas se hagan disponibles a la parte afectada, durante cualquier etapa del proceso de imposición y cobro de la multa y peaje, si la parte afectada lo solicita por escrito, oportunamente. La imagen captada por dicho equipo deberá limitarse a la tablilla y al vehículo. En ningún momento, podrá utilizarse una imagen que muestre rasgos característicos de los ocupantes del vehículo. Las infracciones de movimiento cometidas en violación a este Artículo serán consideradas como faltas administrativas que se adjudicarán a los récords de identidad del dueño del vehículo de motor o del usuario del sistema de Auto Expreso a nombre del cual está el sello electrónico, si éste puede ser identificado por el dueño del vehículo fehacientemente o del conductor certificado, en aquellos casos en que el vehículo con el cual se cometió la infracción está sujeto a un contrato de arrendamiento financiero o de ventas al por menor a plazos.
(c) Al imponer multas y cobrar peaje mediante este sistema, se seguirá el siguiente procedimiento: (1) Se enviará una notificación inicial mediante correo electrónico, mensaje de texto o por llamada automatizada, dentro de las veinticuatro (24) horas de cometida la infracción en la que se informe al dueño del vehículo o al conductor certificado, en aquellos casos en que el vehículo con el cual se cometió la infracción esté sujeto a un contrato de arrendamiento financiero o de ventas al por menor a plazos, según surja de los récords del DTOP, en la que se informará que ha habido una infracción al sistema de pago electrónico por falta de balance a la cuenta que indique el monto del balance adeudado al sistema de Auto Expreso y en donde se establezca un término de ciento veinte (120) horas desde la infracción para realizar el pago de peaje o de lo contrario se emitirá una multa de cincuenta (50) dólares.
Será responsabilidad de todo titular de vehículo de motor mantener la información de registro al día. (2) Una segunda notificación al dueño del vehículo que cometió la infracción, o al conductor certificado, en aquellos casos en que el vehículo con el cual se cometió la infracción está sujeto a un contrato de arrendamiento financiero o de ventas al por menor a plazos, según surja de los récords del DTOP, se enviará por correo postal a la última dirección de éste, y por correo electrónico, según los referidos récords.
Dicha notificación deberá ser depositada en el correo postal no más tarde de noventa (90) días, a contarse luego de haber transcurrido ciento veinte (120) horas de la infracción imputada. (3) El Secretario mantendrá un registro de la fecha, el nombre y la dirección postal y de correo electrónico de cada notificación que se haga; y dicho registro constituirá evidencia prima facie en cualquier procedimiento relacionado al cobro de la multa y el peaje cuando ese fuere el caso, de que la notificación de la infracción se hizo. (4) Dicha notificación contendrá como mínimo: i. El nombre y la dirección del dueño del vehículo que cometió la infracción, según ello surge de los récords del DTOP. En los casos de vehículos de motor sujetos a contratos de arrendamiento financiero o de ventas al por menor a plazos, la notificación contendrá, como mínimo, el nombre y la
dirección del conductor certificado del vehículo de motor con el cual se cometió la infracción, según ello surge de los récords del Departamento; ii. el número de tablilla del vehículo envuelto en la violación, según ello surge de las fotos, microfotos, imágenes de video o de similar naturaleza que se utilicen para identificar el vehículo que cometió la violación; y el número de registro de tal vehículo según surge de los registros del DTOP, balance de la tarjeta de Auto Expreso y la velocidad en que discurrió por la estación automatizada; iii. la fecha, lugar y hora en que tal violación ocurrió; iv. el número de identificación de la unidad o equipo que tomó las fotos, microfotos, imágenes de video o de similar naturaleza en que se basa la determinación de infracción; v. el número del caso asignado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación o la entidad contratada por éstos para operar el sistema automático de control de tránsito o el sistema de cobro de peaje; vi. se le advertirá de su derecho a pedir la celebración de una vista dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación o que de lo contrario la multa advendrá final y firme y no podrá ser cuestionada; vii. la parte que impugne la multa tendrá el peso de la prueba para demostrar que la violación imputada no se cometió.
(d) El Secretario proveerá mediante reglamento al efecto, todo lo concerniente a la vista administrativa a que se refiere este Artículo, la que será de naturaleza adjudicativa. Esta vista administrativa no conllevará costo para el titular del vehículo.
(e) Para cumplir con las funciones dispuestas en este Artículo, el Secretario tendrá facultad para delegar dicha autoridad en otros funcionarios, empleados del Departamento, agencias gubernamentales o contratar empresas privadas para la operación de los sistemas y envío de las notificaciones de multas administrativas.
(f) Las decisiones que tome el Secretario al amparo de este Artículo serán revisables judicialmente de conformidad con lo dispuesto en la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada.
Artículo 23.09.-Remoción, depósito y custodia de vehículos. Se faculta a los funcionarios o empleados autorizados por el Departamento a remover vehículos que estén estacionados en forma tal que estorben u obstruyan el tránsito, que por circunstancias excepcionales hagan difícil el fluir del mismo o que infrinjan cualesquiera de las disposiciones mencionadas en el inciso
(c) del Artículo 23.06 de esta Ley, de acuerdo con las siguientes normas:
(a) La remoción de dichos vehículos se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento que a continuación se establece: (1) El funcionario o empleado autorizado del Departamento hará las diligencias razonables en el área inmediata en donde esté el vehículo para localizar a su conductor y solicitarle que lo remueva. Si no lograre localizar al conductor o habiéndolo localizado éste estuviere por cualquier razón impedido para conducir el vehículo o se negare a ello, el funcionario autorizado podrá remover dicho vehículo mediante el uso de grúas u otros aparatos mecánicos o por cualquier otro medio adecuado. (2) El vehículo será removido tomando todas las precauciones para evitar daños al mismo y llevado a un lugar previamente designado por el Secretario para tales fines. (3) Luego de la remoción de un vehículo, el Departamento deberá notificar de tal acción a la Policía de Puerto Rico dentro de un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de ocurrida tal remoción. (4) El vehículo permanecerá bajo la custodia del Departamento hasta tanto, mediante la presentación del comprobante de pago al Secretario del Departamento de Hacienda por la cantidad de quince (15) dólares por concepto del depósito y custodia del vehículo, se permita al dueño o custodio retirarlo, previa identificación adecuada. También deberá pagar antes del retiro del vehículo o vehículo de motor los cargos correspondientes al servicio de remolque. El Secretario establecerá mediante reglamento los cargos a cobrarse por tal concepto tomando en consideración, entre otros, el tamaño y el peso del vehículo, y la distancia entre el lugar de
remoción y el área de depósito más cercana que esté disponible. El pago de los gastos relacionados con la remoción, depósito y custodia del vehículo no impedirá que su conductor o dueño sea sancionado por violación a las disposiciones sobre estacionamiento en esta Ley o sus reglamentos. (5) El Departamento requerirá el pago de diez (10) dólares como cargo adicional por cada día o fracción de éste en que el vehículo removido permanezca bajo su custodia, contados luego de transcurridas veinticuatro (24) horas del momento en que se removió el vehículo. (6) Se exime del pago por concepto de remoción, depósito, custodia y cargos adicionales en caso de vehículos hurtados. En tal eventualidad, una vez notificado el dueño del vehículo hurtado o la persona que aparezca en el registro de vehículos de motor y arrastres del Departamento, éste tendrá un plazo de diez (10) días para reclamar y recoger el vehículo sin que se le requiera el pago de cargos por concepto de depósito y custodia. Transcurrido este término sin que reclame y retire el vehículo, deberá pagar mediante comprobante de pago al Secretario del Departamento de Hacienda un cargo de diez (10) dólares diarios por concepto de depósito y custodia del vehículo. (7) El titular registral del vehículo removido deberá ser notificado de la remoción por el Departamento, mediante correo certificado con acuse de recibo, a su dirección, según conste en el récord del Departamento, apercibiéndosele de que de no reclamar la entrega del vehículo ni pagar los cargos por concepto de remoción, depósito y custodia, así como los cargos adicionales que correspondan, dentro del término de sesenta (60) días contados desde la fecha de la notificación, el vehículo será vendido por el Departamento en pública subasta para satisfacer del importe de la misma y todos los gastos incurridos, incluyendo el importe del servicio de remoción, depósito, custodia, cargos adicionales y gastos en que se incurra en la subasta. (8) Se faculta al Departamento a vender en subasta pública todo vehículo removido que no haya sido reclamado al Departamento y para el cual no se hayan pagado los cargos de remoción, depósitos y custodia, así como los cargos adicionales que correspondan, luego de transcurridos noventa (90) días contados a partir de la fecha de la notificación. Los vehículos depositados que por su condición no puedan venderse en pública subasta podrán ser decomisados.
(9) En los casos en que proceda, el Departamento publicará un aviso de subasta en un diario de circulación general en Puerto Rico con no menos de treinta (30) días de antelación a la celebración de la misma. En dicho aviso, se deberá indicar la marca y el año de fabricación del vehículo, el número de las tablillas, si las tuviere, y el nombre del dueño del vehículo, según conste en los registros del Departamento. También deberá informarse la fecha, hora y lugar en que se celebrará la subasta pública. (10) La subasta pública se llevará a cabo para satisfacer del importe de la misma todos los gastos por concepto de remoción, depósito, custodia, cargos adicionales y gastos en que se incurra en la subasta. Cualquier sobrante que resultare, ingresará al Fondo General.
(b) Se faculta al Departamento a contratar el servicio de grúas, remolques u otros aparatos mecánicos necesarios autorizados por la Comisión para la remoción de vehículos de conformidad con lo dispuesto en esta Sección.
(c) Se presumirá que toda persona que conduzca un vehículo y que todo titular registral de vehículo autorizado a transitar por las vías públicas en Puerto Rico ha dado su consentimiento para que el Departamento remueva y custodie su vehículo en los casos y en la forma establecida en esta Sección."
Sección 28.-Se enmienda el Artículo 24.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 24.03.-Penalidades. Las infracciones a las disposiciones de este Capítulo y a los reglamentos promulgados por el Secretario estableciendo el carril exclusivo serán consideradas como faltas administrativas y acarrearán una multa de doscientos (200) dólares."
Sección 29.-Se enmienda el Artículo 25.04 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 25.04.-Penalidades. (9 L.P.R.A. § 5714) Las infracciones a este Capítulo y a los reglamentos promulgados por el Secretario estableciendo el carril especial serán considerados como falta administrativa y acarrearán una multa de cien (100) dólares."
Sección 30.-Se deroga el Capítulo XXVI de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Capítulo XXVI que lea como sigue:
Artículo 26.01.-Destino de los fondos recaudados Con excepción de lo dispuesto en los Artículos 23.01 y 23.02
(d) ,
(e) y $23.02(\mathrm{~g})$, todas las cantidades pagadas por concepto de cargos recaudados al amparo de esta Ley ingresarán al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Así mismo, todos los pagos por las multas impuestas al amparo de esta Ley, sean tipificadas como delitos o faltas administrativas, ingresarán al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.
Las disposiciones de este Artículo prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley, reglamento o norma que sea inconsistente. Disponiéndose, además, que cualquier disposición de Ley que dirija los fondos recaudados por concepto de cargos o multas impuestas en esta Ley a algún fondo especial, se deja sin efecto y la totalidad de los fondos se acreditará al Fondo General del Tesoro Estatal.
Artículo 26.02.-Política Pública de innovación tecnológica. Será política pública del Departamento el continuo mejoramiento de sus sistemas de informática. El Departamento deberá evaluar continuamente las alternativas tecnológicas disponibles para agilizar los trámites que le han sido encomendados en esta Ley de manera que se logren reducir los gastos del Departamento mientras se logra prestar servicios más rápidos y eficientes a la ciudadanía.
El Secretario junto al Secretario del Departamento de Hacienda harán la coordinación necesaria para lograr una integración efectiva en línea directa (on line) de sus sistemas electrónicos con el fin de mecanizar el procedimiento de anotación del pago de multas administrativas.
Se faculta al Secretario para que, según lo permitan los recursos fiscales, pueda entrar en todos aquellos convenios, acuerdos o alianzas que sean necesarios para modernizar, agilizar y mejorar los servicios que el Departamento provee a la ciudadanía incluyendo, sin limitarse, incorporar nuevas tecnología para el cobro de multas, mejorar sus bases de datos, facilitar la cooperación con el Departamento de Seguridad Pública, expandir los servicios disponibles a través del portal cibernético, incorporar el uso de aplicaciones para teléfonos móviles, entre otros.
Artículo 26.03.-Cláusula de Salvedad.
La aplicación de las sanciones administrativas establecidas en virtud de esta Ley no impedirán o menoscabarán de forma alguna el que se puedan instar las acciones civiles y/o criminales pertinentes.
Ninguna de las disposiciones de esta Ley prescribiendo penalidades se interpretará en el sentido de impedir el inicio de cualquier acción, proceso, condena o castigo de acuerdo con cualquier otra disposición de ley, penal o civil, general o especial.
El hecho de que cualquier rótulo indique una multa diferente a la aquí establecida no será impedimento o excusa para que se imponga la sanción administrativa correspondiente bajo esta Ley.
Artículo 26.04.-Reglamentación.
Todos los reglamentos aprobados previo a la vigencia de esta Ley continuarán en plena vigencia hasta tanto los mismos sean expresamente derogados o sustituidos por otra Reglamentación adoptada al amparo de esta Ley.
Todo Reglamento adoptado al amparo de esta Ley deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme" o cualquier ley que le sustituya.
Artículo 26.05.-Legislación o Reglamentación Federal Aplicable.
Toda ley o reglamento federal aprobado con posterioridad a la aprobación de esta Ley que sea aplicable a todos los Estados Unidos de América, con relación a vehículos y tránsito tendrá validez en Puerto Rico, siempre y cuando, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no actúe sobre la ley o reglamento.
Artículo 26.06.-Notificación y publicidad.
El Secretario procederá, desde la fecha de aprobación de esta Ley a notificar a los ciudadanos de las disposiciones de la misma, utilizando para ello el portal cibernético del Gobierno de Puerto Rico o cualquier otro medio de comunicación que estime pertinente.
Artículo 26.07.-Capacitación de agentes del orden público.
Se le ordena a la Superintendente tomar aquellas medidas necesarias para asegurar que, previo al 1 de julio de 2017, todos los policías estén debidamente adiestrados sobre el contenido de esta Ley. Así mismo, los comisionados de las policías municipales deberán tomar todas las medidas necesarias para adiestrar los miembros de sus correspondientes cuerpos de policía municipal."
Sección 31.-Se deroga el Capítulo XXVII de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".
Sección 32.-Se deroga el inciso k del Artículo 17 de la Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico".
Sección 33.-Se derogan los incisos b y c del Artículo 18 de la Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", y se renumeran los incisos subsiguientes de conformidad.
Sección 34.-Cláusula de Separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Sección 35.-Vigencia
Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 2017.