La Ley Núm. 123 de 2014 crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) con el fin de establecer una política pública unificada para el transporte colectivo en la isla. La ATI asume las operaciones del Tren Urbano y programas de transporte colectivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, y fusiona la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo. La ley detalla sus propósitos, deberes, facultades (incluyendo la emisión de bonos y la adquisición de propiedades), estructura de gobernanza y mecanismos de financiamiento, buscando mejorar la eficiencia, seguridad y accesibilidad del sistema de transporte público, así como fomentar el desarrollo urbano sostenible alrededor de las facilidades de transporte.
3 DE AGOSTO DE 2014 Para crear la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico; para establecer sus propósitos, deberes, facultades y poderes; autorizar a la Autoridad de Carreteras y Transportación a transferir a la Autoridad las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera la Autoridad de Carreteras y Transportación; para autorizar transferencias de bienes y fondos; para asignar fondos; para autorizar la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio en la Autoridad; y para otros fines.
El sistema de transporte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es uno extenso y complejo que contiene diversos elementos y modos que buscan proveer movilidad a personas y bienes y dar acceso a trabajos, servicios y otras actividades del quehacer diario. Puerto Rico es un archipiélago en el Caribe que depende de sistemas terrestres, marítimos y aéreos para su transportación. Estos sistemas tienen que ser eficientes, seguros, cómodos, rápidos, accesibles, compatibles con su entorno y sensitivos al ambiente para poder presentar la oportunidad de desarrollo económico y prosperidad que todos merecemos. El motivo de este proyecto de ley es impulsar el desarrollo de una política pública integrada de transporte colectivo mediante la creación de una estructura administrativa dirigida exclusivamente a la implantación de tal política pública. En la actualidad, la política pública de transporte colectivo a nivel estatal, se fragmenta entre varias corporaciones públicas dentro de la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas (la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Transporte Marítimo y la Directora de Servicios al Conductor- Oficina de Regulación de Vehículos Públicos).
El sistema de transporte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene que dirigirse a servir un rol principal de apoyo a la creación de comunidades más habitables para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. El desarrollo disperso de nuestras ciudades mediante usos de terrenos de baja densidad y la falta de servicios coordinados y eficientes de transporte colectivo han ocasionado una alta dependencia al automóvil privado. Esta dependencia supone un alto costo de movilidad a la población. Datos del año 2011 de la Sociedad Americana de Automóviles indican que una persona que conduce 15,000 millas al año en su automóvil gasta anualmente por su uso un promedio de $8,776, lo que representa 58 centavos por cada milla recorrida. Este costo aumenta a 74.9 centavos por milla recorrida si el vehículo es una camioneta tipo SUV. El gasto promedio de transportación de una familia representa aproximadamente el $20 %$ de su presupuesto anual, una partida mayor a la utilizada para los alimentos ( $11 %$ ) o aspectos de salud (5%). Esta realidad para las familias puertorriqueñas de bajos y moderados ingresos limita sustancialmente sus oportunidades para invertir ese dinero en otros fines e intereses productivos.
La congestión vehicular diaria en las carreteras de las principales áreas urbanas del País también representa una excesiva pérdida de productividad. El tiempo perdido promedio para el año 2010 por la congestión en el Área Metropolitana de San Juan representó la cantidad de 33 horas anuales para cada trabajador (un aumento de 135% en comparación con el año 1990). Este costo a la economía por la congestión representa anualmente $1,012 millones por las demoras y el consumo de gasolina y diésel, o $665 por cada trabajador, según datos del 2011 Urban Mobility Report. Esta realidad dificulta la movilidad efectiva de personas y bienes, afectando las oportunidades de crecimiento económico y social en nuestras ciudades.
La realidad geográfica de nuestro País nos impone una seria limitación en continuar aumentando la extensión y la capacidad del sistema de carreteras. Además, hay que reconocer que la expansión del sistema de carreteras implica la necesidad de identificar fondos adicionales para su operación y mantenimiento, así como aceptar los costos ambientales de tal expansión.
El 24 de febrero de 2004, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) emitió la resolución número 2004-06 para establecer la Transportación Sostenible como Política Pública del DTOP y de sus dependencias y para otros fines pertinentes. Resuelve que: la Transportación Sostenible se fundamenta en sistemas coherentes de usos de suelo, accesibilidad y movilidad; hace uso óptimo de los recursos; integra de forma eficiente u efectiva los sistemas de transporte de carga y pasajeros al interior de la Isla y con el exterior; propicia la accesibilidad peatonal y reduce la necesidad de traslado en vehículo motorizado; conserva la capacidad disponible; propicia la seguridad del pasajero y del peatón; y reduce los daños y costos personales y de la propiedad asociada con los accidentes del transporte; promueve el comercio y el desarrollo económico balanceado para todos los sectores sociales y regionales; y conserva nuestro patrimonio para el disfrute de todas las generaciones. Para lograr la meta de esta política pública, el transporte colectivo tiene que representar una opción real de movilidad para las familias puertorriqueñas, estando disponible y siendo accesible a todos, que haga nuestras ciudades más atractivas y con mayor calidad de vida y, a la vez, que reduzca la contaminación ambiental y ayude a mitigar la congestión vehicular.
El deterioro en la disponibilidad y calidad de servicio, la pérdida de usuarios y la operación ineficiente de algunos de los servicios de transporte colectivo atenta contra nuestra capacidad de desarrollo económico, calidad ambiental y justicia social. Con excepción al Tren Urbano, el patrocinio de los demás servicios de transporte colectivo ha ido en descenso. Datos del 1964 indican que el $37 %$ de los viajes diarios en el Área Metropolitana de San Juan se realizaban por modos de transporte diferentes al automóvil privado. Actualmente, ese porciento de viajes en vehículos privados ronda el $9 %$ del total de los viajes. El servicio de Carros Públicos, el único servicio disponible de transporte colectivo en varios municipios del País, tuvo una marcada reducción de usuarios diarios de 35% en un periodo de 12 años (1997-2008). De igual manera, los usuarios del sistema de rutas de autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) se han reducido en un 69% durante el periodo del 2004 al 2010. El patrocinio de estos servicios se ve afectado también por la reducción en el número de rutas y los vehículos en servicio.
Para atender la situación actual, las agencias estatales de transporte y los municipios tienen que encaminar sus políticas, recursos económicos y capital humano, tanto a manejar la capacidad existente del sistema de carreteras, como a promover una mejor eficiencia operacional de los sistemas de transporte colectivo; desarrollando servicios confiables, sostenibles y efectivos que cumplan con las necesidades de movilidad de la población en las áreas urbanas. Además, el transporte colectivo es un instrumento importante para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y, por lo tanto, debe contar con una fuente fija de financiamiento que permita su desarrollo. Los siguientes enfoques han sido utilizados en otras áreas metropolitanas para lograr estas metas:
colectivo. Además, la nueva entidad considerará los servicios estatales, municipales y privados para crear un verdadero sistema que opere de forma integrada y con una estrategia alineada, maximizando los recursos técnicos, económicos y de recursos humanos.
Esta Ley se conocerá como la "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico".
Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en esta Ley, tendrán los significados que se indican a continuación, a no ser que del contexto se entienda claramente otra cosa:
(a) Autoridad. Significa la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico, creada por esta Ley.
(b) Autoridad de Carreteras y Transportación o Autoridad de Carreteras. Significa la Autoridad de Carreteras y Transportación, creada por la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada.
(c) Autoridad Metropolitana de Autobuses. Significa la Autoridad Metropolitana de Autobuses, creada por la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada.
(d) Autoridad de Transporte Marítimo. Significa la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio, creada por la Ley 1-2000, según enmendada.
(e) Agencias Federales. Cualquiera de los departamentos de la Rama Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos de América, o cualquier corporación, agencia o instrumentalidad creada o que pueda crearse, designarse o establecerse por los Estados Unidos de América.
(f) Bonos. Significan los bonos, bonos temporeros, bonos de refinanciamiento, obligaciones, pagarés, recibos interinos o bonos provisionales, certificados u otros comprobantes de deuda de la Autoridad emitidos a tenor con las disposiciones de esta Ley.
(g) Distrito Especial de Desarrollo. Significa un Distrito Especial de Planificación, definido por la Junta de Planificación o por los Municipios que tengan jurisdicción sobre el área en cuestión, para aquellas áreas alrededor de estaciones o terminales de Transportación Colectiva, Transportación Marítima y/o Transportación Vial, incluyendo los terrenos y estructuras situados dentro y fuera del derecho de vía adquirido para dichas facilidades, así como en el espacio aéreo sobre las mismas, en relación a los cuales se establecerán requisitos especiales que permitan y promuevan desarrollos de alta densidad y usos de terreno que estén en armonía, promuevan, integren y maximicen el uso eficiente de dichas facilidades, la protección y seguridad de la propiedad y de los usuarios, y donde se promueva además el uso ordenado e intenso de los terrenos, de forma tal que propenda a mejorar el entorno urbano. Se entenderá que incluye, sin que ello implique una limitación, las calles, aceras, caminos, vías peatonales, servicios públicos, áreas de recreo, estacionamientos, mobiliario urbano, áreas de siembra, edificios, estructuras y facilidades, así como todas aquellas otras cosas necesarias o convenientes a dicho concepto.
(h) Facilidades de Transportación Colectiva. Significa cualquier propiedad inmueble o mueble, tangible o intangible que la Autoridad posea, explote, administre, opere, controle o use, que sean necesarias o convenientes para prestar servicios de Transportación Colectiva en Puerto Rico; cualquier propiedad inmueble o mueble, tangible o intangible que la Autoridad de Carreteras y Transportación posea, explote, administre, opere, controle o use que sean necesarias o convenientes para prestar servicios de Transportación Colectiva en Puerto Rico, que esté relacionada exclusivamente con cualquiera de sus actividades de Transportación Colectiva y que sean transferidas a la Autoridad según se autoriza bajo las disposiciones del Artículo 17 de esta Ley. Sujeto a lo antes dispuesto, el término Facilidades de Transportación Colectiva incluye, pero no se limita a: (1) todo tipo de vehículos; (2) todo sistema o sistemas, estaciones, terminales, centros de transferencia, centros multimodales y edificios con oficinas y locales comerciales para su propio uso o para su arrendamiento a otras entidades o personas, oficinas, equipo, materiales, combustible, energía, servicios, facilidades, estructuras, garajes o sitios para estacionamiento de vehículos, dedíquense o no dichos sitios para el estacionamiento de sus propios vehículos, plantas, vehículos y material rodante, y todas sus partes y pertenencias, que se usen o puedan usarse, y que sean útiles o convenientes para conducir u operar cualquiera de las actividades o servicios de Transportación Colectiva o aquellos que comúnmente realizan los porteadores públicos de personas o propiedad, o actividades o servicios auxiliares o complementarios de los mismos; (3) permisos, aprobaciones, oficinas, equipos, suministros, combustible, energía, sistemas de comunicación, inventario rodante, y otra propiedad, sistemas y facilidades que sean útiles o convenientes para el desarrollo, construcción, control, operación o mantenimiento relacionados con la transportación de personas; y (4) cualquier propiedad, mueble o inmueble, que se encuentre, en o contigua a la propiedad descrita en el apartado (2) que antecede, que la Autoridad, o la Autoridad de Carreteras designe para cualquier uso público o privado comercial, turístico, mixto o industrial dirigido a promover los servicios de Transportación Colectiva que ofrece la Autoridad, o la Autoridad de Carreteras.
(i) Facilidades de Transportación Marítima. Significa cualquier propiedad inmueble o mueble, tangible o intangible que posea, explote, opere, administre, controle o use en tierra o agua la Autoridad, que sean necesarias o convenientes para llevar a cabo el movimiento de personas y/o carga por vía marítima y todo derecho o interés sobre las mismas, y el desarrollo, construcción, mantenimiento, control u operación relacionados con la transportación marítima incluyendo, pero sin limitarse a: (1) embarcaciones y vehículos; (2) lotes y estructuras de estacionamiento, canales, estaciones, cobertizos para pasajeros, terminales o centros intermodales o multimodales, muelles, embarcaderos, galerías, atracaderos y otras facilidades en tierra o agua necesarias o aconsejables para el movimiento, estacionamiento, embarque o desembarque de personas y/o carga por vía marítima; (3) permisos, aprobaciones, oficinas, equipos, suministros, combustible, energía, sistemas de comunicación, inventario rodante, y otra propiedad, sistemas y facilidades que sean útiles o convenientes para el desarrollo, construcción, control, operación o mantenimiento relacionados con la transportación de personas y/o carga por vía marítima; (4) cualquier propiedad, mueble o inmueble, que se encuentre, en o contigua a la propiedad descrita en el apartado (2) que antecede, que la Autoridad designe para cualquier uso público o privado comercial, turístico, mixto o industrial dirigido a promover los servicios que ofrece la Autoridad.
(j) Facilidades de Transportación Vial. Significa cualquier propiedad inmueble o mueble, tangible o intangible que posea, explote, opere, administre, controle o use la Autoridad que sean necesarias o convenientes para prestar servicios de Transportación Vial; y cualquier propiedad inmueble o mueble, tangible o intangible que posea, explote, opere, administre, controle o use la Autoridad de Carreteras que sean necesarias o convenientes para prestar servicios de Transportación Vial y que sean transferidas a la Autoridad, según se autoriza bajo las disposiciones del Artículo 17 de esta Ley. Sujeto a lo antes establecido, el término Facilidades de Transportación Vial incluye, pero no se limita a (1) trenes, autobuses y cualquier otro vehículo utilizado en conexión con los servicios de Transportación Vial; (2) todo sistema o sistemas, estaciones, terminales y edificios con oficinas y locales comerciales para su propio uso o para su arrendamiento a otras entidades o personas, oficinas, equipo, materiales, combustible, energía, servicios, facilidades, estructuras, garajes o sitios para estacionamiento de vehículos, dedíquense o no dichos sitios para el estacionamiento de sus propios vehículos, plantas, vehículos y material rodante, y todas sus partes y pertenencias, que se usen o puedan usarse, y que sean útiles o convenientes para conducir u operar cualquiera de las actividades o servicios de Transportación Vial; (3) áreas o estructuras de aparcamiento y otras facilidades necesarias o aconsejables en relación con el estacionamiento, la carga y la descarga de toda clase de vehículos; (4) toda la propiedad, derechos, y servidumbres, e intereses sobre los mismos, que sean necesarios o aconsejables para la construcción, mantenimiento, control, operación o desarrollo de tales Facilidades de Transportación Vial; (5) sistemas de comunicación y señales, paradas, cobertizos para pasajeros, terminales, estaciones, centros de transferencias o centros intermodales o multimodales, vehículos, sistemas de transmisión de energía para la operación de vehículos de pasajeros, y otros sistemas y facilidades públicas relacionadas a la operación y mantenimiento de los equipos y vehículos utilizados para la transportación de pasajeros; y (6) cualquier propiedad, mueble o inmueble, que se encuentre, en o contigua a la propiedad descrita en el apartado (2) que antecede, que la Autoridad o la Autoridad de Carreteras designe para cualquier uso público o privado comercial, turístico, mixto o industrial dirigido a promover los servicios que ofrece la Autoridad o la Autoridad de Carreteras.
(k) Junta. Significará la Junta de Directores de la Autoridad. (1) Oficina de Regulación de Vehículos Públicos. Oficina encargada de administrar el Reglamento Sobre Planificación y Regulación de Vehículos Públicos de Menor Cabida y supervisar todo lo concerniente a la fase operacional de los porteadores públicos.
(m) Organización Metropolitana de Planificación ("Metropolitan Planning Organization" ó "MPO" por sus siglas en inglés). Organización que participará en el proceso de planificación de transportación colectiva, vial y marítima de conformidad con esta Ley. Su composición se establecerá de conformidad con el "Federal-Aid Highway Act of 1962", según enmendado.
(n) Persona. Significa cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, o cualquier agencia, departamento, instrumentalidad, subdivisión política o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Gobierno de los Estados Unidos o de cualquier Estado.
(o) Plan de Transportación Colectiva. Significará el documento que presenta la política pública sobre transportación que deberá ser preparado por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la "Junta Asesora sobre Transportación de Puerto Rico", creada por la Ley Núm. 16 de 8 de octubre de 1980, y aprobado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a base del cual se establecen los objetivos y metas de la
actividad pública y privada en el sector del transporte. Previo a su promulgación, modificación o enmienda, el plan se someterá a vistas públicas siguiendo el procedimiento establecido para reglamentación en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. Este documento presentará, además, las guías generales sobre parámetros de calidad del servicio a prestarse por los diferentes componentes y operadores del sistema de transportación, incluyendo el sistema vial y los sistemas de transporte colectivo. Este documento debe definir la tecnología y modos de transporte a establecerse o promoverse en áreas y corredores específicos, las guías para la interrelación y coordinación entre los diferentes modos de transporte y sus operadores y las guías o planes para el desarrollo y crecimiento futuro del sistema, así como otras guías y planes afines y necesarios para la consecución de las metas establecidas.
(p) Secretario. Significa el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico.
(q) Transportación Colectiva. Significa los servicios de transportación colectiva terrestre prestados por la Autoridad o aquellos que presta o contempla prestar la Autoridad de Carreteras y Transportación y que sean transferidos a la Autoridad, según autorizado bajo las disposiciones del Artículo 17 de esta Ley, y aquellos otros que en un futuro se incluyan como parte de los servicios que brinda la Autoridad dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(r) Transportación Marítima. Significa los servicios de transportación colectiva a través de medios de transportación acuáticos prestados por la Autoridad y aquellos otros que en un futuro se incluyan como parte de los servicios que brinda la Autoridad dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(s) Transportación Vial. Significa los servicios de transportación por tren prestados por la Autoridad o aquellos que presta o contempla prestar la Autoridad de Carreteras y Transportación y que sean transferidos a la Autoridad, según autorizado bajo las disposiciones del Artículo 17 de esta Ley, y aquellos otros que en un futuro se incluyan como parte de los servicios que brinda la Autoridad dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(t) Zona de Influencia. Significará aquella área geográfica dentro de un radio de quinientos (500) metros medidos desde los límites de propiedad de los accesos a estaciones de tren, terminales de autobuses o estaciones intermodales o multimodales, incluyendo los terrenos y estructuras situados dentro y fuera del derecho de vía adquirido para dichas facilidades, así como el espacio aéreo sobre las mismas, dentro de la cual la Autoridad ejercerá las facultades conferidas en esta Ley, con el fin de promover la protección y seguridad de la propiedad y de los usuarios, al igual que el uso ordenado e intenso de los terrenos, de forma tal que propenda a mejorar el entorno urbano. Se entenderá que incluye, sin que ello implique una limitación, las calles, caminos, vías peatonales, servicios públicos, áreas de recreo, mobiliario urbano, áreas de siembra, edificios, estructuras y facilidades, así como todas aquellas otras cosas necesarias o convenientes a dicho concepto. Toda propiedad que ubique total o parcialmente dentro del radio anteriormente indicado se considerará que está ubicada dentro de la Zona de Influencia.
Con el propósito de continuar la obra de gobierno de ofrecer al pueblo los mejores medios de transportación, implementar de forma uniforme la política pública sobre Transportación Colectiva, Transportación Vial y Transportación Marítima, facilitar el
movimiento de personas y estudiantes, aliviar en todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión en las carreteras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, afrontar la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de transportación que el crecimiento de la economía de Puerto Rico conlleva, contribuir al desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se define en esta Ley y para fomentar el desarrollo en las áreas alrededor de estaciones de tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o multimodales, por la presente se crea un cuerpo corporativo y político en forma de corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Transportación y Obras Públicas, con existencia y personalidad legales separadas y aparte de las del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se conocerá con el nombre de Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (de aquí en adelante denominada la "Autoridad").
Las deudas, obligaciones, contratos, bonos, notas, pagarés, recibos, gastos, cuentas, fondos, empresas y propiedades de la Autoridad, sus funcionarios, agentes o empleados, debe entenderse que son de la mencionada corporación y no del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni de ningunas oficinas, negociados, departamentos, comisiones, dependencias, municipios, ramas, agentes, funcionarios o empleados del mismo.
(a) Los poderes y deberes de la Autoridad se ejercerán y su política general se determinará por una Junta, que se compondrá de nueve (9) miembros, de los cuales dos (2) serán profesionales con amplio conocimiento y experiencia reconocida en la industria de la transportación colectiva, ya sean provenientes del sector privado, la academia, o servidores públicos retirados, quienes serán seleccionados y nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, de una lista de candidatos recomendados por sociedades o asociaciones profesionales bona fide incorporadas que estén relacionadas al campo de la ingeniería o la planificación en la transportación, como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Instituto de Ingenieros de Transportación o la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Otros dos (2) miembros serán representantes de las entidades pertenecientes a la Organización Metropolitana de Planificación ("Metropolitan Planning Organization", o "MPO", por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, quienes serán elegidos mediante votación por los miembros con derecho al voto de la junta del MPO. Los restantes cinco (5) miembros de la Junta serán el Secretario, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico, el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, o los funcionarios públicos de esas agencias que dichos funcionarios designen, quienes serán miembros ex-officio de la Junta. Los funcionarios públicos que sean designados como representantes de los miembros ex-officio tendrán, durante el periodo de su designación, todas las facultades, funciones y responsabilidades como miembros de la Junta.
Se prohíbe terminantemente el pago de dietas o cualquier compensación u otorgación de algún beneficio a los miembros de la Junta.
El término del nombramiento o elección de los nueve (9) miembros será de cuatro (4) años o hasta que sus sucesores tomen posesión del cargo. Toda vacante en los cargos de los dos (2) representantes del MPO se cubrirá mediante el proceso de elección por los miembros con
derecho al voto de la junta de la MPO dentro de un período de noventa (90) días a partir de la fecha de ocurrir dicha vacante, por el término que falte para la expiración del nombramiento original. De igual forma, toda vacante en los cargos de los miembros que nombra el Gobernador, se cubrirá por nombramiento de éste, a tenor con las especificaciones que aplican al cargo, por el término que falte para la expiración del nombramiento original.
No podrá ser miembro de la Junta persona alguna que:
(i) sea empleado, empleado jubilado o tenga interés económico sustancial, directo o indirecto, en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones; (ii) en los dos (2) años anteriores a su cargo, haya tenido una relación o interés comercial en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones; (iii) haya sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de un partido político inscrito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante el año previo a la fecha de su designación; (iv) sea empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos de trabajadores del Departamento de Transportación y Obras Públicas o de cualquiera de las entidades adscritas al mismo; o
(v) no haya provisto la certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco (5) años contributivos, la certificación negativa de deuda emitida por el Departamento de Hacienda, la certificación negativa de deuda con la Autoridad, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, así como las certificaciones negativas de deuda de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).
En caso de ser funcionario o empleado público, el tiempo que sirva en las reuniones de la Junta, se le garantizará como tiempo trabajado en la agencia, corporación o instrumentalidad pública en la cual desempeña funciones.
(b) El Presidente de la Junta será el Secretario de Transportación y Obras Públicas. Dentro de los treinta (30) días después de nombrada, la Junta se reunirá, organizará y designará su Vicepresidente. Cinco (5) de los miembros de la Junta (o una mayoría de los miembros de la Junta en caso de haber vacantes), constituirán quórum para conducir los asuntos de ésta. El voto de la mayoría de miembros de la Junta presentes en la reunión en que haya quórum será suficiente para aprobar las decisiones de la Junta.
(c) Dentro de los treinta (30) días después de nombrada, la Junta se reunirá, designará y fijará la compensación de un Director Ejecutivo ("Director Ejecutivo") y designará, además, un Secretario ("Secretario de la Junta"), ninguno de los cuales podrá ser miembro de la Junta. Los trabajos de la Junta podrán realizarse en uno o más comités de trabajo, cuya composición y funciones serán delimitadas por el Presidente de la Junta. La Junta podrá delegar en el Director Ejecutivo o en los otros funcionarios, agentes o empleados de la Autoridad, aquellos poderes y deberes que estime propios. El Director Ejecutivo será el funcionario ejecutivo de la Autoridad y será responsable de la ejecución de su política y de la supervisión general de las fases operacionales, administrativas, fiscales y de planificación de la Autoridad. Asimismo, tendrá a su cargo la supervisión general de los funcionarios, empleados y agentes de la Autoridad. El Secretario de la Junta consignará en un libro que se mantendrá para esos propósitos, todas las actas de las reuniones de la Junta. La Junta tendrá la potestad de contratar, a través del Director Ejecutivo, aquellos asesores independientes que de tiempo en tiempo necesiten para poder descargar de manera óptima sus funciones bajo esta Ley. La Autoridad contará con un auditor general, que será empleado de la Autoridad, pero que reportará sus hallazgos directamente a la Junta con total independencia de criterio.
(a) La Autoridad tendrá poder para desarrollar y mejorar, poseer, contratar, adquirir, operar y manejar todo tipo de Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial, y servicios de Transportación Colectiva, Transportación Marítima y Transportación Vial entre cualesquiera puntos dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Autoridad podrá ejercer todos los poderes necesarios o inherentes para llevar a cabo sus propósitos corporativos, incluyendo, pero sin limitarse a: (1) Tener sucesión perpetua como corporación. (2) Adoptar, alterar, y usar un sello corporativo del cual se tomará conocimiento judicial. (3) Adoptar, enmendar, y derogar estatutos para reglamentar sus asuntos y para establecer normas para el manejo de sus asuntos o negocios. (4) Poseer a título propio o de cualquier otra manera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima, Facilidades de Transportación Vial y cualquier otra propiedad que sea utilizada o útil con relación a las mismas, y administrar y operar por sí misma o bajo contrato con cualquier persona, o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes y empleados, o por conducto o mediación de los mismos dichas facilidades. (5) Tener completo control y supervisión de cualesquiera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial que posea, maneje u opere, bajo las disposiciones de esta Ley, incluyendo, sin limitarse, la determinación del sitio, localización, y establecimiento y control de los puntos de ingreso y egreso de tales facilidades, y la construcción, mantenimiento, reparación y operación de las mismas. (6) Preparar o hacer que se preparen planos, diseños, estimados de costo de construcción, extensión, mejoras, ampliación o reparación de cualesquiera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima, y Facilidades de Transportación Vial, o cualquier estructura o edificación, ya sea para uso residencial, comercial, turístico, mixto o industrial o cualquier otro uso público o privado que se permita en el lugar en donde esté localizada la estructura y modificar tales planos, diseños y estimados. (7) Demandar y ser demandada en todos los tribunales y cuerpos administrativos. (8) Hacer contratos y ejecutar todos los instrumentos que fueren necesarios, incidentales o convenientes en el ejercicio de cualquiera de sus poderes. (9) Adquirir cualquier propiedad mueble o inmueble o interés sobre la misma en cualquier forma legal, incluyendo, sin que ello implique una limitación, la adquisición mediante compra, bien sea por acuerdo o a través del ejercicio del poder de expropiación forzosa, o mediante arrendamiento, manda, legado, donación, permuta, cesión o dación, y poseer, conservar, usar y explotar dicha propiedad o interés sobre la misma para llevar a cabo los fines de esta Ley; y a tal fin, sin que se entienda como una limitación, adquirir propiedades de cualquier forma en una Zona de Influencia o en los Distritos Especiales de
Desarrollo propiamente, cuando dicha adquisición tenga como propósito evitar la inflación que producen las prácticas de especulación en la compraventa de bienes raíces o para encauzar todo tipo de proyectos que propicien el desarrollo de las Zonas de Influencia o los Distritos Especiales de Desarrollo, por sí misma o por conducto de o conjuntamente con agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos, o con entidades privadas. (10) Nombrar, a través de su Junta de Directores, un Director Ejecutivo y un Secretario de la Junta, ninguno de los cuales será miembro de la Junta, y otros oficiales, y conferirles aquellos poderes y obligaciones, y pagarles por sus servicios la compensación que la Junta determine. (11) Tomar dinero a préstamo para cualesquiera de sus fines corporativos y emitir bonos de la Autoridad en evidencia de tales obligaciones y garantizar el pago de dichos bonos y sus intereses mediante pignoración u otro gravamen sobre todas sus propiedades, rentas, o ingresos, y, sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, pignorar para el pago de dichos bonos y sus intereses, el producto de cualesquiera contribuciones u otros fondos que puedan ser puestos a la disposición de la Autoridad por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (12) Emitir bonos con el propósito de consolidar, refinanciar, comprar, pagar, o retener cualquiera de sus bonos u obligaciones ya emitidas; disponiéndose, sin embargo, que ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni ninguna de sus subdivisiones políticas será responsable del pago de principal o intereses de cualesquiera bonos emitidos por la Autoridad, siendo tal principal e intereses pagaderos únicamente de los fondos de la Autoridad pignorados o comprometidos para tal propósito de acuerdo con el inciso (11) de esta Sección. (13) Aceptar donaciones o préstamos y hacer contratos, arrendamientos, otras transacciones con cualquier agencia, corporación pública o departamento de los Estados Unidos de América, de cualquier estado, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cualquier subdivisión política de éste e invertir el producto de tales donaciones o préstamos para cualesquiera de sus fines corporativos. (14) Vender, permutar y otorgar opciones de venta, vender a plazos y garantizar el precio de compra mediante hipoteca sobre la propiedad vendida; disponiéndose, que dicha hipoteca devengará intereses y constituirá un gravamen preferente (subrogable si así la Autoridad determina que es necesario y conveniente), dentro de una Zona de Influencia y sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, y sin sujeción a la Ley Núm. 47 de 18 de junio de 1965, según enmendada; y en cualquier otro caso vender o de cualquier otro modo disponer de cualquier propiedad mueble o inmueble de la Autoridad o cualquier interés sobre las mismas que a juicio de la Autoridad no sea ya necesaria para llevar a cabo los propósitos de la Autoridad o cuya disposición sea consistente con los fines de esta Ley; y arrendar las propiedades adquiridas por la Autoridad o por la Autoridad de Carreteras y Transportación dentro de una Zona de Influencia bajo aquellos términos y condiciones que resulten convenientes a los fines de esta Ley y sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, y sin sujeción a la Ley Núm. 47 de 18 de junio de 1965, según enmendada; y en cualquier otro
caso arrendar propiedades bajo términos y condiciones que resulten convenientes a los fines de esta Ley. (15) Entrar, previo permiso de sus titulares, dueños, poseedores o representantes en cualesquiera terrenos, cuerpos de agua o propiedad con el fin de hacer mensuras, sondeos o estudios a los fines de esta Ley. Si los titulares, dueños o poseedores, o sus representantes, rehusaren dar su permiso para entrar a los terrenos, cuerpos de agua o propiedad, a los propósitos expresados, la Autoridad podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar, mediante una petición jurada, que se expida una orden para autorizar a cualquier o cualesquiera funcionarios o empleados de la Autoridad a entrar en los terrenos, cuerpos de agua o propiedad que se describa en la petición jurada, a los fines indicados en esta disposición. La petición jurada deberá expresar la intención de la Autoridad de entrar a dichos terrenos, cuerpos de agua o propiedad y deberá ser notificada simultáneamente con su presentación al Tribunal, por correo o cualquier otro medio de comunicación escrita, a los titulares, dueños, poseedores o representantes. El Tribunal de Primera Instancia, previa celebración de una vista dentro de un término que no excederá de diez (10) días de presentada la petición jurada, podrá expedir la orden solicitada. En caso de que luego de realizar diligencias razonables, no se pueda identificar a los titulares, dueños, poseedores o representantes, la Autoridad, a través de sus funcionarios o empleados, podrá entrar a la referida propiedad a los únicos fines de realizar los estudios dispuestos en esta Ley. En este caso, la Autoridad deberá mantener en sus expedientes documentos que acrediten las diligencias realizadas para identificar los titulares, dueños, poseedores o representantes. (16) Adoptar, proclamar, enmendar y derogar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para desempeñar sus poderes y deberes de acuerdo con esta Ley. (17) Construir, rehabilitar, reparar, preservar, reemplazar, extender, mejorar, renovar, surtir, equipar, mantener, planificar y operar cualesquiera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial, y sus facilidades y equipos anexos, mediante contrato o contratos o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes o empleados, o por conducto o mediación de los mismos; disponiéndose, que igual facultad tendrá, dentro de una Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo, en relación a cualquier estructura o edificación, ya sea para uso residencial, comercial, turístico, mixto o industrial o cualquier otro uso público o privado que sea permitido dentro de la Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo. (18) Procurar seguros contra pérdidas y reclamaciones en las cantidades que considere deseable y conforme a las normas establecidas por Ley o Reglamento. (19) Tener completo dominio e intervención sobre todas sus propiedades y actividades, incluyendo el poder de determinar el uso y la inversión de sus fondos propios (sujeto a lo establecido en la política para la inversión de fondos públicos establecida por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y al resto de las disposiciones de esta Ley). Para aquellos años fiscales en los que la Autoridad reciba asignaciones legislativas del Fondo General, la Autoridad estará sujeta a todas las medidas de monitoreo, control y ejecución del presupuesto autorizadas en la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", o emitidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto a su amparo, incluyendo transferencias, congelaciones,
reservas, requisitos de pre-aprobación de transacciones de personal y contratación, entre otras. (20) Determinar, fijar, imponer y cobrar rentas, derechos, tarifas y otros cargos (colectivamente, "Cargos"), para el uso de cualesquiera de sus Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial, u otras propiedades, y por sus servicios. (21) Contribuir con el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y la "Junta Asesora sobre Transportación de Puerto Rico" creada por la Ley Núm. 16 de 8 de octubre de 1980, en desarrollar un Plan de Transportación Colectiva para Puerto Rico y establecer e implantar los mecanismos necesarios para planificar, evaluar y desarrollar eficazmente un sistema coordinado de Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial. (22) Vender, arrendar, transferir o de cualquier otra forma disponer de aquella propiedad que, previo al cumplimiento con los reglamentos que a tales efectos se aprueben, ya no tengan utilidad para llevar a cabo los fines de esta Ley. (23) Establecer, al disponer de cualquier propiedad inmueble, que al presente posea o en el futuro adquiera, todas aquellas condiciones y limitaciones, en cuanto a su uso y aprovechamiento, que considere necesarias y convenientes para asegurar el cumplimiento de los propósitos de esta Ley, de modo que el destino que se le dé no facilite o propenda a crear condiciones indeseables o adversas al interés público que esta Ley interesa proteger. Cuando la Autoridad venda o de cualquier otro modo disponga de propiedad en una Zona de Influencia o en un Distrito Especial de Desarrollo con el propósito de que el adquirente la desarrolle, esto se hará, en el caso de una Zona de Influencia y en Distritos Especiales de Desarrollo, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Autoridad, y la Junta de Planificación impondrá, excepto que medie justa causa, lo que se consignará por escrito, aquellas restricciones que entienda necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. En todos los casos deberá la Autoridad incluir una cláusula en la que se disponga el grado de participación, y las ganancias, que tendrá la Autoridad en, y de, las rentas, valores, volúmenes de venta o ingresos de todo tipo que respecto del terreno, el desarrollo y todo otro aspecto o actividad del proyecto habrá de tener el adquirente. (24) Establecer consorcios regionales de transporte colectivo, con el objetivo de articular la cooperación económica, técnica, operacional y administrativa entre los municipios, regiones autónomas, agencias, corporaciones públicas y privadas, operadores privados independientes y cooperativas o asociaciones de operadores privados dentro del consorcio, a fin de ejercer de forma coordinada las competencias que le correspondan en materia de creación, planificación y operación de los servicios de transporte colectivo en el ámbito territorial de los municipios pertenecientes al consorcio. (25) Presentar mapas ilustrativos de las Zonas de Influencia y proponer proyectos específicos dentro de las mismas; recomendar planes para establecer y definir Distritos Especiales de Desarrollo, planificar proyectos específicos para tales Distritos y a esos efectos sugerir enmiendas y suplementos a los planes, mapas, planos, reglas y reglamentos relativos a la planificación, el diseño, el control de diseño, el desarrollo y el control de desarrollo de dichos Distritos. Disponiéndose que:
i) La Junta de Planificación, o los municipios que tengan jurisdicción sobre el área en cuestión, en coordinación con la Autoridad, establecerán Distritos Especiales de Desarrollo en áreas en torno a estaciones o terminales de Transportación Colectiva, Transportación Marítima y/o Transportación Vial. Dichos Distritos abarcarán un área geográfica no menor de la Zona de Influencia en torno a cada estación y podrán incluir uno o más solares o pertenencias, o solamente parte de los mismos bien sean de propiedad privada o pública; disponiéndose, que previo a establecer un Distrito Especial de Desarrollo se celebrará una vista pública según lo dispuesto por el Artículo 27 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio del 1975, según enmendada, o por las disposiciones para reglamentación de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. La Autoridad podrá tomar la iniciativa de solicitar la designación de uno o más Distritos Especiales de Desarrollo, en cuyo caso la Junta de Planificación, o el municipio en cuestión, deberá iniciar el proceso de vista pública dentro de un término no mayor de treinta (30) días, contados a partir de que la Autoridad complemente y se dé por radicada la solicitud correspondiente. La designación de estos Distritos se resolverá de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. Igual procedimiento se observará para la eliminación, ampliación, reducción, o cualquier modificación del área de tales Distritos. Una vez designado un Distrito Especial de Desarrollo, su plan regirá sobre cualquier otro plan aprobado previamente; disponiéndose, que en caso de que cualquier persona o entidad hubiese adquirido, conforme a derecho, unos derechos de desarrollo incompatibles con los nuevos planes, la Autoridad podrá, si así resulta conveniente a sus fines, adquirir los mismos por cualquier modo disponible en ley, excepto mediante la expropiación forzosa. ii) La Junta de Planificación, o el municipio en cuestión, previo a la aprobación de cualquier proyecto de construcción público o privado que haya de realizarse dentro de una Zona de Influencia o dentro de un Distrito Especial de Desarrollo, solicitará el endoso de dicho proyecto a la Autoridad. La Autoridad responderá a la referida solicitud en o antes de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su notificación. (26) Nombrar o contratar funcionarios, agentes y empleados y fijar sus poderes y deberes según la Autoridad determine y delegar las funciones y poderes que se otorgan en esta Ley en aquellas personas que la Autoridad designe, y fijar y pagar la remuneración que corresponda. Los directores, oficiales y empleados de la Autoridad estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 1-2012 mejor conocida como "Ley de Ética Gubernamental de 2011", según enmendada. (27) La Autoridad recomendará para la aprobación del Secretario las franquicias, rutas, tarifas y reglamentación para la operación de vehículos públicos dedicados al servicio de transporte colectivo, incluyendo recomendaciones sobre
(i) los tipos de vehículos dedicados al servicio público cuya operación no confligirá con el servicio prestado por la Autoridad, y (ii) los sectores y rutas en las que la operación de dichos vehículos no confija con el servicio prestado por la Autoridad, así como decretar las tarifas aplicables para la prestación de estos servicios. Disponiéndose, que dichas franquicias se concederán para aquellas rutas y áreas en las que no haya transporte colectivo adecuado y siempre que no conflijan con las rutas servidas por la Autoridad. Nada de lo contenido en esta Sección se interpretará en el sentido de menoscabar o limitar las disposiciones de cualquier autorización o franquicia otorgada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas que estuviese vigente a la fecha de
vigencia de esta Ley. El Secretario tendrá facultad para suspender, enmendar o derogar tales autorizaciones y ejercerá todos los derechos y facultades reservadas al Departamento de Transportación y Obras Públicas por dichas autorizaciones o por cualquier ley. (28) Adquirir, poseer y disponer de acciones, preferencias en su emisión, contratos, bonos u otros intereses en otras corporaciones y ejercitar cualesquiera y todos los poderes o derechos en relación con los mismos, y obtener la organización de acuerdo con las leyes aplicables y ejercitar dominio parcial o total sobre corporaciones subsidiarias, afiliadas o asociadas, siempre que, a juicio de la Junta, tal arreglo sea necesario, apropiado y conveniente para efectuar los fines de la Autoridad o el ejercicio de sus poderes; y vender, arrendar, donar o de otro modo conceder cualquier propiedad de la Autoridad, o delegar o traspasar cualquiera de sus derechos, poderes, funciones o deberes a cualquiera de dichas corporaciones que esté sujeta a su dominio. La facultad de delegar o traspasar antes mencionada no será extensiva al derecho de expropiación o de fijación de tarifas, las cuales deberán ejercitarse directamente por la Autoridad. (29) Establecer los requisitos de los operadores y conductores de los vehículos de transporte colectivo, ya sea de servicios públicos o privados, a tenor con lo establecido en el "Federal Public Transportation Law", según enmendada, del 49 USC 5301 et. seq., o en cualquier otra Ley o Reglamento aplicable. (30) Contratar con cualquier entidad gubernamental, municipal, región autónoma, consorcio municipal, entidad pública, departamento, agencia o corporación pública, persona natural, o entidad privada legalmente organizada o autorizada para hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la prestación por la Autoridad (directamente o a través de subcontratistas) de servicios de Transportación Colectiva, Transportación Vial y/o Transportación Marítima. (31) Hacer, realizar y ejercer todos los actos o cosas necesarias o convenientes para llevar a cabo los poderes inherentes a las funciones, prerrogativas y responsabilidades conferidos a la Autoridad por esta Ley o por cualquier otra Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para la promoción de sus propósitos y el bienestar general de la Autoridad.
(b) Sin perjuicio de los poderes antes descritos, la Autoridad tendrá además los mismos poderes, derechos y facultades que se le conceden a
(i) la Autoridad Metropolitana de Autobuses bajo las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada; (ii) la Autoridad de Transporte Marítimo bajo las disposiciones de la Ley 12000, según enmendada; y (iii) la Autoridad de Carreteras y Transportación relacionados con Facilidades de Transportación Colectiva y Facilidades de Transportación Vial bajo las disposiciones de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada.
(c) Se autoriza a la Autoridad a solicitar y obtener ayudas o aportaciones en dinero, bienes o servicios del Gobierno de Estados Unidos de América, agencias federales, los estados federados, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cualesquiera de sus agencias, corporaciones públicas o subdivisiones políticas, los municipios e instituciones sin fines de lucro, o consorcios de éstas, para la promoción de sus servicios y el bienestar general de la Autoridad, y para efectuar las facultades otorgadas a la Autoridad por esta Ley o cualquier otra Ley.
Sujeto a la obtención de cualquier designación, nominación, autorización, permiso, o aprobación necesaria o requerida por las leyes y reglas aplicables, el Director Ejecutivo y la Autoridad constituirán el funcionario y la agencia designados a los fines de administrar cualquier programa federal relacionado con las funciones que se encomiendan a la Autoridad por esta Ley. En esta capacidad, el Director Ejecutivo deberá concertar y tramitar los convenios o acuerdos necesarios para que la Autoridad pueda recibir todos los fondos y beneficios federales para llevar a cabo dichos programas, así como concertar y tramitar convenios y acuerdos con los correspondientes organismos gubernamentales de los estados federados y el Gobierno Federal, debidamente autorizados para ello, con respecto a intercambio de información, estudios e investigaciones relacionadas con los programas que se llevan a cabo, siempre y cuando dichos convenios o acuerdos estén dentro del marco de sus funciones y de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Los dineros de la Autoridad serán depositados en instituciones depositarias reconocidas para los fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero se mantendrán en cuenta o cuentas separadas a nombre de la Autoridad. Los desembolsos se harán de acuerdo con los reglamentos y presupuestos aprobados por la Autoridad.
La Autoridad, en consulta con el Secretario de Hacienda, establecerá el sistema de contabilidad que se requiera para el adecuado control y registro estadístico de todos los gastos e ingresos pertinentes a, o administrados o controlados por la Autoridad. Las cuentas de la Autoridad se llevarán en tal forma que apropiadamente puedan segregarse hasta donde sea aconsejable en relación con las diferentes clases de operaciones, proyectos, empresas y actividades de la Autoridad.
Las asignaciones presupuestarias del Fondo General, Fondo Especial para el Desarrollo del Transporte Colectivo Integrado que se crea mediante esta Ley, Fondo Especial para la Reestructuración del Transporte Colectivo de Puerto Rico que se crea mediante esta Ley, cualesquiera otros fondos especiales bajo la custodia de la Autoridad que se creen de tiempo en tiempo, o cualesquiera otros fondos que la Autoridad reciba mediante asignación legislativa o disposición de ley, serán contabilizados en el sistema de contabilidad central del Departamento de Hacienda (PRIFAS) y depositados en el Banco Gubernamental de Fomento. No obstante lo anterior, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y el Banco Gubernamental de Fomento podrán conceder, con la anuencia de las tres entidades, dispensas a los requisitos de contabilización y depósito establecidas en este párrafo.
A. La Autoridad podrá ejercer el poder de expropiación forzosa instando el procedimiento directamente y a nombre propio, o a su solicitud, bajo el procedimiento descrito en la Sección B de este Artículo, cuando así lo creyere conveniente la Junta. Cualquier acción de expropiación forzosa que la Autoridad inicie se tramitará en la forma que provee esta Ley, y de acuerdo con los procedimientos dispuestos por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre expropiación forzosa. B. A solicitud de la Autoridad, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el Secretario podrá adquirir por compra, expropiación forzosa, o por cualquier otro medio legal, a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para uso y
beneficio de la Autoridad, en la forma que proveen esta Ley y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre expropiación forzosa, el título de cualquier propiedad o interés sobre la misma, que la Autoridad estime necesaria o conveniente para sus fines, incluso sus necesidades futuras. La Autoridad podrá poner anticipadamente a disposición de dichos funcionarios aquellos fondos que puedan necesitarse para pagar dicha propiedad y, una vez adquirida la misma, podrá reembolsar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico cualquier cantidad pagada que no hubiera sido previamente entregada. Una vez hecho dicho reembolso al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (o en un tiempo razonable si el costo o precio total ha sido anticipado por la Autoridad), el título de dicha propiedad así adquirida pasará a la Autoridad. Cuando la propiedad haya sido adquirida mediante expropiación forzosa el título de dicha propiedad se transferirá a la Autoridad por orden del tribunal de que se trate, mediante constancia al efecto de que la Autoridad ha anticipado o reembolsado el costo o precio total de la citada propiedad. El Secretario podrá hacer aquellos arreglos que estime apropiados para la explotación y control de dicha propiedad por la Autoridad a beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, durante el período que transcurra antes de que dicho título haya pasado a la Autoridad. La facultad que por la presente se confiere, no limitará ni restringirá en forma o límite alguno, la facultad propia de la Autoridad para adquirir propiedades. El título de cualquier propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus corporaciones públicas, adquirida o de su propiedad antes de la vigencia de esta Ley o que pueda serlo en el futuro y que se considere necesaria o conveniente para los fines de la Autoridad, puede ser transferido a ésta por el funcionario encargado de la entidad gubernamental o cuasigubernamental que posea la titularidad de dicha propiedad o que la tenga bajo su custodia, mediante términos y condiciones que serán fijados por el Gobernador o el funcionario o agencia que él designe.
A. Todo contrato de obra, servicios, excepto servicios profesionales o personales, y toda compra que efectúe la Autoridad, incluyendo contratos para la construcción, operación y mantenimiento de las Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial, deberán hacerse mediante subasta o solicitud de propuesta, cuyo aviso deberá hacerse con suficiente antelación a la fecha establecida para la apertura de los pliegos de subasta o el recibo de la propuesta para que la Autoridad provea el conocimiento adecuado y la oportunidad de licitar. La Autoridad adoptará los reglamentos que regirán los procesos de subasta y solicitud de propuestas. B. La Autoridad estará exenta de cumplir con el requisito de subasta pública y licitación para la adjudicación de contratos de construcción, compras u otros contratos (incluyendo pero sin limitarse a contratos que se otorguen para el desarrollo de propiedades en una Zona de Influencia o en un Distrito Especial de Desarrollo) cuando estime que es necesario y conveniente para cumplir con los fines públicos de esta Ley y así lo autorice la Junta en cada caso en particular, mediante resolución al efecto. En dicha resolución se expresarán las circunstancias que justifican que la Autoridad quede exenta del requisito de subasta. Además, no será necesaria la celebración de subasta pública o solicitud de propuesta en los siguientes casos: (1) Cuando debido a una emergencia, se requiera la entrega inmediata de materiales, efectos y equipos, o prestación de servicios;
(2) cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipos o servicios suplementarios para efectos o servicios previamente suministrados o contratados o cuando no estén disponibles en el mercado de Puerto Rico; (3) cuando los precios no estén sujetos a competencia, porque hay sólo una fuente de suministro o porque los mismos están reglamentados por Ley; (4) cuando llevar a cabo la celebración de subasta pública o solicitud de propuesta sea oneroso, irrazonable o impráctico; (5) cuando una invitación a subastas o solicitud de propuesta haya sido emitida y no haya habido participación o respuesta, o las ofertas o propuestas presentadas no hayan cumplido sustancialmente con los requisitos de evaluación dispuestos en la invitación a subasta o solicitud de propuestas, y a juicio de la Autoridad emitir una nueva invitación a subasta o solicitud de propuesta resultaría en un retraso tal que haría poco probable poder seleccionar un postor y firmar un contrato en el tiempo requerido o necesario. C. Al comparar proposiciones y hacer adjudicaciones, además del precio, se dará debida consideración a aquellos factores, tales como: (1) si el postor ha cumplido con las especificaciones de la subasta; (2) la habilidad del postor para realizar los trabajos o los servicios de la naturaleza envuelta en el contrato bajo consideración; (3) la calidad y adaptabilidad relativas de los materiales, efectos, equipo o servicios; (4) la responsabilidad económica del licitador y su pericia, experiencia, reputación comercial y habilidad para prestar los servicios requeridos; (5) el tiempo de entrega o de ejecución que se ofrezca; y (6) la experiencia y demostrada habilidad de construir, operar o mantener sistemas de Transportación Colectiva, Transportación Marítima o Transportación Vial, según sea pertinente. La Autoridad podrá decretar reglamentos para la presentación y adjudicación de licitaciones. D. Nada de lo dispuesto en esta Ley se entenderá que afecta la jurisdicción de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas respecto el establecimiento de Alianzas (según dicho término es definido en la Ley 29-2009), según establecido en la Ley 29-2009, y en particular el Artículo 6(c) de dicha Ley.
No obstante cualquier disposición de ley en contrario, todos los departamentos, instrumentalidades, dependencias, agencias, corporaciones públicas, municipios y subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedan autorizadas para ceder y traspasar a la Autoridad, a solicitud de ésta y bajo términos y condiciones razonables, cualquier propiedad o interés sobre la misma (incluyendo bienes ya dedicados a uso público) que la Autoridad crea necesaria o conveniente para realizar sus propios fines. Cuando a su juicio lo considere más conveniente a los fines de dar el mejor cumplimiento a los propósitos de esta Ley, la Autoridad podrá transferir a las agencias, departamentos, instrumentalidades, dependencias o subdivisiones políticas, incluyendo los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los fondos necesarios para que dichos organismos lleven a cabo las funciones de construcción, operación y mantenimiento de las Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima o Facilidades de Transportación Vial que estén o pudieran estar bajo la jurisdicción de la Autoridad, así como para la adquisición de los derechos de servidumbre necesarios para estos fines.
(a) Por autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se otorga por la presente Ley, la Autoridad podrá emitir, de tiempo en tiempo, y vender sus propios bonos y tenerlos en circulación para cualesquiera de sus fines corporativos.
(b) Los bonos podrán autorizarse por resolución o resoluciones de la Autoridad o mediante un contrato de fideicomiso, y podrán ser de la serie o series, llevar la fecha o fechas, vencer en el plazo o plazos que no excedan de cincuenta (50) años desde sus respectivas fechas, devengar los intereses al tipo o tipos que no excedan el tipo máximo entonces permitido por Ley, podrán ser de la denominación o denominaciones, y en forma de bonos con cupones o registrados, podrán tener los privilegios de inscripción o conversión, podrán otorgarse en la forma, ser pagaderos por los medios del pago y en el sitio o sitios, estar sujetos a los términos de redención, con o sin prima, podrán ser declarados vencidos o vencer antes de la fecha de su vencimiento, podrán proveer el reemplazo de bonos mutilados, destruidos, robados o perdidos, podrán ser autenticados en tal forma una vez cumplidas las condiciones, y podrán contener los demás términos y estipulaciones, que provea dicha resolución o resoluciones. Los bonos podrán venderse pública o privadamente, al precio o precios que la Autoridad determine; disponiéndose, sin embargo, que podrán cambiarse bonos de refinanciamiento por bonos de la Autoridad que estén en circulación, de acuerdo con los términos que la Autoridad estime beneficiosos a los mejores intereses de la Autoridad. No obstante su forma y texto, y a falta de una cita expresa en el bono de que éste no es negociable, todos los bonos de la Autoridad serán y se entenderá que son en todo tiempo, documentos negociables para todo propósito.
(c) Los bonos de la Autoridad que lleven las firmas de los funcionarios de la Autoridad en ejercicio de sus cargos en la fecha de la firma de los mismos, serán válidos y constituirán obligaciones ineludibles, aun cuando antes de la entrega y pago de dichos bonos, cualquiera o todos los funcionarios de la Autoridad cuyas firmas o facsímil de las firmas que aparezcan en aquéllos, hayan cesado como tales funcionarios de la Autoridad. La validez de la autorización y emisión de bonos no habrá de depender o ser afectada en forma alguna por ningún procedimiento relacionado con la construcción, adquisición, extensión, o mejora de la obra para la cual los bonos se emiten, o por algún contrato hecho en relación con tal obra. Cualquier resolución autorizando los bonos podrá proveer que tales bonos contengan una cita de que se emiten de conformidad con las disposiciones de esta Ley, y cualquier bono que contenga esa cita, autorizada por una tal resolución, será concluyentemente considerado válido y emitido de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
(d) Podrán emitirse bonos provisionales o interinos, recibos o certificados, antes de que se otorguen y entreguen los bonos definitivos en la forma y con las disposiciones que se provean en la resolución o resoluciones.
(e) Cualquier resolución o resoluciones, autorizando cualesquiera bonos, podrá incluir disposiciones que serán parte del contrato con los tenedores de los bonos: (1) En cuanto a la disposición o pignoración del total de las rentas brutas o netas e ingresos presentes o futuros u otros fondos de la Autoridad, incluso comprometiendo todos o cualquiera parte de los mismos para garantizar el pago de principal e interés de los bonos en la forma provista en el inciso (11) del inciso
(a) del Artículo 5 de esta Ley;
(2) en cuanto a los Cargos a imponerse, y la aplicación, uso y disposición de las cantidades que ingresen mediante el cobro de dichos Cargos de la Autoridad; (3) en cuanto a la separación de reservas para fondos de amortización, reglamentación y disposición de los mismos; (4) en cuanto a las limitaciones del derecho de la Autoridad para restringir y regular el uso de cualesquiera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial, o parte de las mismas; (5) en cuanto a pagar los gastos de la emisión con el producto de los bonos o en cuanto a las limitaciones de los fines a los cuales pueda aplicarse el producto de la venta de cualquier emisión de bonos que se haga entonces o en el futuro; (6) en cuanto a las limitaciones a la emisión de bonos adicionales; (7) en cuanto al procedimiento por el cual podrán enmendarse o abrogarse los términos de cualquier resolución autorizando bonos, o de cualquier contrato de fideicomiso, u otro contrato con o para el beneficio de los tenedores de bonos, y en cuanto al monto de los bonos cuyos tenedores deban dar su consentimiento al efecto, así como la forma en que haya de darse dicho consentimiento; (8) en cuanto a la cuantía y clase del seguro que deberá mantenerse sobre las Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial de la Autoridad, y el uso y disposición del dinero del seguro; (9) en cuanto a comprometerse a no empeñar en todo o en parte las rentas, otros ingresos y otros fondos de la Autoridad, tanto en cuanto al derecho que pueda tener entonces como al que pueda surgir en el futuro; (10) en cuanto a los casos de incumplimiento y los términos y condiciones por los cuales cualquiera o todos los bonos deban vencer, o puedan declararse vencidos, antes de su vencimiento; y en cuanto a los términos y condiciones por los cuales dicha declaración y sus consecuencias puedan renunciarse; (11) en cuanto a los derechos, responsabilidades, poderes y deberes, a ejercerse en casos de violación por la Autoridad de cualquiera de sus compromisos, condiciones u obligaciones; (12) en cuanto a investir a un fiduciario o fiduciarios con el derecho de hacer cumplir cualesquiera estipulaciones convenidas para asegurar, pagar, o en relación con los bonos; en cuanto a los poderes y deberes de cada fiduciario o fiduciarios y a la limitación de la responsabilidad de los mismos; y en cuanto a los términos y condiciones en que los tenedores de bonos o de cualquiera proporción o porcentaje de los mismos puedan obligar a que se cumpla cualquier convenio hecho bajo esta Ley, o los deberes impuestos por la presente; (13) en cuanto al modo de cobrar derechos, y otros cargos por el uso de las Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial, o por los servicios prestados por la Autoridad, y
(14) en cuanto a otros actos y cosas que no estén en pugna con las disposiciones de esta Ley, que puedan ser necesarias o convenientes para garantizar los bonos, o que tiendan a hacer los bonos más negociables.
(f) Ni los miembros de la Autoridad, ni ninguna persona que otorgue los bonos, serán responsables personalmente de los mismos.
(g) La Autoridad queda facultada para comprar, con cualesquiera fondos disponibles al efecto, cualesquiera bonos en circulación emitidos o asumidos por ella, a un precio que no exceda del monto del principal o del valor corriente de redención de los mismos más los intereses acumulados.
(h) La Autoridad queda por la presente autorizada para emitir bonos de tiempo en tiempo por aquellas cantidades de principal que, en opinión de la Autoridad, sean necesarias para proveer suficientes fondos para el pago total o parcial del costo de cualquier proyecto para la construcción, operación y mantenimiento de Facilidades de Transportación Colectivo, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial. Los bonos emitidos por la Autoridad bajo esta disposición podrán hacerse pagaderos del total o de parte de los ingresos derivados por la Autoridad o por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas bajo las cláusulas de un contrato de financiamiento respecto al proyecto. Los bonos emitidos por la Autoridad bajo esta disposición no gravarán el margen prestatario de ésta ni constituirán una deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni ninguna de sus subdivisiones políticas, las que no serán responsables por los mismos.
(a) Cualquier tenedor de bonos o su fiduciario, sujeto a cualesquiera limitaciones contractuales obligatorias para los tenedores de cualquier emisión de bonos, o sus fiduciarios, incluyendo pero sin limitarse a la restricción de una proporción o porcentaje específico de dichos tenedores para ejercer cualquier recurso, tendrá el derecho y el poder, en beneficio y protección por igual de todos los tenedores de bonos que estén en condiciones similares para: (1) Mediante mandamus u otro pleito, acción o procedimiento en ley o en equidad, hacer valer sus derechos contra la Autoridad y sus funcionarios, agentes y empleados, para ejecutar y llevar a cabo sus deberes y obligaciones bajo esta Ley, así como sus convenios y contratos con los tenedores de bonos; (2) mediante acción o demanda en equidad, exigir de la Autoridad que se haga responsable como si ella fuera el fiduciario de un fideicomiso expreso; (3) mediante acción o demanda en equidad, interdecir cualesquiera actos o cosas que pudieran ser ilegales o en violación de los derechos de los tenedores de bonos, y (4) entablar pleitos sobre los bonos.
(b) Ningún recurso concedido por esta Ley a tenedor alguno de bonos o fiduciario de éste, tendrá el efecto de excluir ningún otro recurso, sino que cada uno de dichos recursos será acumulativo y adicional a todos los demás y podrá ejercerse sin agotar y sin considerar ningún otro recurso conferido por esta Ley o cualquier otra ley. Si cualquier tenedor de bonos o fiduciario de éste dejare de impugnar cualquier falta o violación de deberes o de contrato, esto no cobijará ni afectará las faltas o incumplimientos subsiguientes de deberes o del contrato, ni
menoscabará ningún derecho o recurso sobre éstos. Ninguna dilación u omisión de parte de cualquier tenedor de bono o fiduciario de éste, en ejercer cualquier derecho o poder que tenga en el caso de alguna violación, menoscabará dicho derecho o poder, ni se entenderá como pasando por alto dicha falta ni como una avenencia a la misma. Todo derecho substantivo y todo recurso conferido a los tenedores de los bonos, podrán hacerse cumplir o ejercitarse de tiempo en tiempo y tan frecuentemente como se estime conveniente. En caso de que cualquier demanda, acción o procedimiento para hacer cumplir cualquier derecho o ejercer cualquier recurso fuese radicado o incoado y luego interrumpido o abandonado o fallado en contra del tenedor de bonos o de cualquier fiduciario de éste, entonces y en cada uno de tales casos, la Autoridad y dicho tenedor de bonos o fiduciario, serán restituidos a sus anteriores posiciones, derechos y recursos como si no hubiese habido tal demanda, acción o procedimiento.
Los bonos de la Autoridad serán inversiones legales y podrán aceptarse como garantía para todo fondo de fideicomiso o fondos públicos cuya inversión o depósito esté bajo la autoridad o control del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier funcionario o funcionarios de éste.
(a) Por la presente se resuelve y declara que los fines para los que la Autoridad se ha creado y debe ejercer sus poderes son: el mejoramiento del bienestar general, y el aumento del comercio y la prosperidad, y son todos ellos propósitos públicos para beneficio del Pueblo de Puerto Rico en todo sentido y por tanto, la Autoridad no será requerida para pagar ningunas contribuciones o impuestos, incluyendo pero sin limitarse a propiedad mueble o inmueble, sobre ninguna de las propiedades adquiridas por ella o bajo su potestad, dominio, posesión o inspección, o sobre sus actividades en la explotación y conservación de cualesquiera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial o sobre los ingresos derivados de cualquiera de sus empresas y actividades.
(b) La Autoridad estará también exenta del pago de toda clase de derechos, contribuciones o impuestos hasta el presente o posteriormente requeridos por ley para la prosecución de un procedimiento judicial, la emisión de certificaciones en todas oficinas y dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la ejecución de documentos públicos y su registro en cualquier registro público de Puerto Rico. De igual forma, y no obstante cualquier otra ley o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o resolución u ordenanza de algún Municipio o subdivisión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que disponga lo contrario, la Autoridad estará exenta del pago de toda clase de derechos, sellos, comprobantes, aranceles, aportaciones, cargos, gastos u otros emolumentos que sean requeridos por alguna agencia, entidad gubernamental o cuasigubernamental, corporación pública o subdivisión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o alguno de sus municipios.
(c) Con el propósito de facilitar a la Autoridad la gestión de fondos que le permitan realizar sus fines corporativos, los bonos emitidos por la Autoridad y las rentas que de ellos se devenguen, estarán y permanecerán en todo tiempo exentos de contribución sobre ingresos.
Para los propósitos del Artículo 7 de esta Ley, todas las Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial y toda otra propiedad que la Autoridad estime necesario o conveniente utilizar para llevar a cabo los propósitos de esta Ley quedan por la presente declarados de utilidad pública.
No se expedirá ningún interdicto ("injunction"), sea provisional, preliminar o permanente, para impedir la aplicación de esta Ley o cualquier parte de la misma.
La Autoridad someterá anualmente a la Asamblea Legislativa al inicio de cada sesión ordinaria un informe del programa a realizarse durante el próximo Año Fiscal. Dicho informe, que deberá ser radicado anualmente en o antes del 15 de enero en la Secretaría de cada Cuerpo, detallará unos parámetros de eficiencia y productividad de todos los sistemas de transporte colectivo bajo la supervisión de la Autoridad para el año natural que finalizó, incluyendo:
correspondan, así como presentarán aquellas alternativas necesarias para asegurar que la ciudadanía tenga un servicio de transportación masiva adecuado y eficiente.
La Autoridad someterá adicionalmente a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico, tan pronto como sea posible después de cerrarse el año económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero con anterioridad a la terminación del año natural: (1) Un estado financiero de cuentas e informe completo de los negocios de la Autoridad durante el año económico precedente, y (2) un informe completo del estado y progreso de todas sus facilidades de transportación y actividades desde la creación de la Autoridad o desde la fecha del último de estos informes.
La Autoridad someterá también a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico en aquellas otras ocasiones en que se le requiera informes oficiales de sus negocios y actividades de acuerdo con esta Ley.
(a) Autoridad de Carreteras y Transportación.
(i) Por la presente se autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación, a transferir a la Autoridad, sujeto a la obtención de cualquier consentimiento o aprobación de terceros que sea necesaria para efectuar dicha transferencia, todos los poderes, facultades, obligaciones, funciones, derechos, contratos, acuerdos, programas, propiedades, cuentas, expedientes, asignaciones, partidas, fondos y demás activos, entre otros recursos, exenciones y privilegios de la Autoridad de Carreteras y Transportación, relacionados exclusivamente con Facilidades de Transportación Colectiva y Facilidades de Transportación Vial, junto a todos sus respectivos fondos, activos, apropiaciones, asignaciones, derechos, archivos, materiales, equipo, propiedades y recursos existentes a partir de la vigencia de esta Ley. (ii) Sujeto a la obtención de cualquier consentimiento o aprobación de terceros que sea necesaria, una vez efectuadas las transferencias autorizadas por el inciso
(a) (i) de este Artículo 17, se considerarán como transferidas e impuestas a la Autoridad todas las deudas, pasivos, responsabilidades, obligaciones y acuerdos de la Autoridad de Carreteras y Transportación relacionados exclusivamente con Facilidades de Transportación Colectiva y Facilidades de Transportación Vial. Disponiéndose, sin embargo, que en los casos en que sea necesario obtener cualquier consentimiento o aprobación de terceros para transferir alguna deuda, pasivo, responsabilidad, obligación y acuerdo de la Autoridad de Carreteras y Transportación a la Autoridad, mientras dicho consentimiento o aprobación se obtiene o si los mismos no pueden obtenerse, la Autoridad vendrá obligada a pagar o satisfacer a nombre de la Autoridad de Carreteras y Transportación dichas deudas, pasivos, responsabilidades, obligaciones y acuerdos de la Autoridad de Carreteras y Transportación relacionados exclusivamente con Facilidades de Transportación Colectiva y Facilidades de Transportación Vial.
(b) Esta Ley no invalidará los contratos debidamente otorgados por la Autoridad de Carreteras que estén vigentes a la fecha de su aprobación, si alguno, los cuales continuarán en vigor hasta la fecha pactada para su terminación, a menos que las cláusulas en los mismos sean cancelados en una fecha anterior si así lo permitiese el contrato de que se trate. Ninguna disposición de esta Ley se entenderá como que revoca, modifica, altera, ratifica o invalida
acuerdos o contratos otorgados vigentes por los funcionarios con autoridad para suscribirlos en cuanto a los programas y funciones que por esta Ley se transfirieren al momento de empezar a regir la misma. Cualquier propiedad de la Autoridad de Carreteras que sea transferida a la Autoridad y que haya sido hipotecada, gravada o que haya servido de garantía a favor de cualquier tenedor de bonos u otro acreedor de la Autoridad de Carreteras continuará sujeto a dicha hipoteca, gravamen o interés garantizado hasta que la hipoteca, gravamen o interés garantizado sea cancelado o terminado de acuerdo a sus términos y condiciones.
(c) Luego de efectuadas las transferencias autorizadas por este Artículo 17, cualquier bonista u otro acreedor de la Autoridad de Carreteras relacionados exclusivamente con Facilidades de Transportación Colectiva y Facilidades de Transportación Vial y aquellas personas que tengan reclamaciones o contratos de cualquier tipo con la Autoridad de Carreteras relacionados exclusivamente con Facilidades de Transportación Colectiva y Facilidades de Transportación Vial tendrán derecho a reclamar a la Autoridad el cumplimiento de dichas deudas, reclamaciones y contratos en la misma forma en que podían reclamar contra la Autoridad de Carreteras. Los remedios disponibles para tales bonistas, acreedores y personas con derecho a tales reclamaciones o contratos no quedarán limitados o restringidos en ninguna forma por esta Ley.
(d) Sujeto a la obtención de cualquier consentimiento o aprobación de terceros que sean necesarios, se fusiona a la Autoridad Metropolitana de Autobuses y a la Autoridad de Transporte Marítimo en la Autoridad. La fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad de Transporte Marítimo en la Autoridad será efectiva, respectivamente, treinta (30) días a partir de lo que ocurra último entre
(i) se obtengan aquellos consentimientos, designaciones, cualificaciones, permisos o aprobaciones de terceros que sean necesarios para realizar la misma (incluyendo, pero sin limitarse a, la obtención de consentimientos, cierres de cualquier concesión o "grant", designaciones, cualificaciones, permisos o aprobaciones que deban ser emitidos por el "Federal Transit Administration" para que la referida fusión pueda ser efectiva); o (ii) el 1 de julio de 2014. No obstante, si a juicio del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico resultara necesario o conveniente que se conceda tiempo adicional para que la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad de Transporte Marítimo en la Autoridad sea efectiva, se autoriza al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico a prorrogar la fecha de efectividad de la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad de Transporte Marítimo en la Autoridad por plazos adicionales de seis (6) meses o aquella otra cantidad de tiempo que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico determine necesaria o conveniente.
Se ordena al Director Ejecutivo de la Autoridad, al Secretario, al Presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y al Director Ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo adoptar todas aquellas medidas y realizar todas aquellas gestiones necesarias para asegurar la obtención de cualquier consentimiento o aprobación de terceros que sean necesarios para que la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y de la Autoridad de Transporte Marítimo en la Autoridad sea efectiva.
Una vez la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad de Transporte Marítimo en la Autoridad se haga efectiva con arreglo a los requisitos de esta Ley: i. Para todos los efectos de las leyes del Estado Libre Asociado, se extinguirá la personalidad jurídica aislada de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad
de Transporte Marítimo (según sea el caso), y la Autoridad Metropolitana de Autobuses o la Autoridad de Transporte Marítimo (según sea el caso) se fusionarán en la Autoridad, con todos los derechos, privilegios, facultades y franquicias, de índole tanto pública como privada, y sujeta a todas las restricciones, incapacidades y deberes de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o la Autoridad de Transporte Marítimo (según sea el caso). ii. Todos los derechos, fondos, asignaciones, privilegios, poderes y franquicias de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o la Autoridad de Transporte Marítimo (según sea el caso), y todos los bienes, muebles e inmuebles, y todos los créditos, por cualquier concepto a favor de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad de Transporte Marítimo (según sea el caso), incluyendo de derechos o bienes reclamables o pertenecientes a la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad de Transporte Marítimo (según sea el caso), pasarán a la Autoridad. iii. Todos los bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias y, sin excepción, todo otro interés pasará consiguientemente al patrimonio de la Autoridad, con el mismo alcance que tenían en los respectivos patrimonios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad de Transporte Marítimo. iv. El título de cualesquiera bienes inmuebles adquiridos por la Autoridad Metropolitana de Autobuses o la Autoridad de Transporte Marítimo, no revertirá ni sufrirá menoscabo alguno por razón de esta Sección. v. Subsistirán sin menoscabo alguno todos los derechos de los acreedores y todos los gravámenes sobre cualesquiera bienes de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad de Transporte Marítimo, según sea el caso. vi. Todas las deudas, obligaciones y deberes de la Autoridad Metropolitana de Autobuses o de la Autoridad de Transporte Marítimo serán en adelante deudas, obligaciones y deberes de la Autoridad, y le serán exigibles como si tales deudas, obligaciones y deberes hubieren sido contraídos por ésta. vii. La Autoridad y todos sus componentes vendrán obligados a terminar su año fiscal con un presupuesto balanceado. Con ese fin deberán realizar todos los ajustes fiscales necesarios conforme a los principios de sana administración pública. Cualquier obligación o negociación en la que se incurra deberá ser cónsona con la realidad fiscal de cada componente. A su vez se reconocerán las uniones y asociaciones bonafide de los componentes que se impactan mediante esta Ley.
(e) Se autoriza al Director Ejecutivo de la Autoridad, al Secretario y al Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación adoptar todas aquellas medidas y realizar todas aquellas gestiones necesarias para asegurar la efectiva transferencia de poderes, facultades, obligaciones, propiedades y demás recursos transferidos en virtud de esta Ley, de forma tal que los programas y servicios que hasta este momento realizaba la Autoridad de Carreteras y Transportación, no se vean afectados o interrumpidos. Se autoriza al Director Ejecutivo de la Autoridad, al Secretario, al Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación solicitar, gestionar, negociar y obtener cualquier autorización, consentimiento o aprobación de terceros que sea necesaria para la transferencia de poderes, facultades, obligaciones, empleados, acuerdos, propiedades y demás recursos transferidos en virtud de esta Ley.
(f) Se autoriza al Director Ejecutivo de la Autoridad, al Secretario y al Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación a preparar los instrumentos legales necesarios para oficializar la transferencia de propiedades a la Autoridad y someterlos ante el Registro de la Propiedad.
(g) Se autoriza a la Autoridad, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Autoridad de Carreteras y Transportación, a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, y a la Autoridad de Transporte Marítimo (estas dos últimas entidades durante el período previo a que sea efectiva la fusión con la Autoridad) a entrar en acuerdos o contratos mediante los cuales el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo, según sea el caso, acuerden a comprometerse a prestar a la Autoridad aquellos servicios administrativos, técnicos y/u operacionales que sean necesarios para la administración y operación de la Autoridad. Estos acuerdos o contratos, no obstante, no crearan una relación obrero patrono entre la Autoridad y los empleados o funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, o a la Autoridad de Transporte Marítimo, según sea el caso, que preste el correspondiente servicio.
(h) Cualquier procedimiento administrativo, caso, querella o acusación pendiente por violaciones a las leyes o parte de éstas, o reglamentos enmendados, derogados o afectados por esta Ley, que ocurran con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, se seguirán tramitando por la Autoridad bajo las disposiciones legales aplicables vigentes al momento de haberse cometido la violación. Si se desiste del procedimiento administrativo pendiente, el mismo no podrá ser incoado nuevamente, aunque la legislación o normativa bajo la cual se radicó originalmente, así se lo permita. Ninguna acción civil radicada en relación con la estructuración de cualquiera de las leyes, o partes de éstas, enmendadas, derogadas o afectadas por esta Ley, y en trámite antes de la fecha de vigencia de esta Ley o cualquier ley aplicable, quedará afectada por ninguna derogación o modificación formulada por esta Ley.
(i) El Secretario y la Junta quedan facultados para tomar las medidas transitorias necesarias para la implantación de esta Ley sin que se interrumpan las labores normales de las Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial afectadas por la misma. Asimismo, podrá realizar aquellas reorganizaciones internas adicionales que sean necesarias para el buen funcionamiento de la Autoridad.
(j) Nada de lo dispuesto en esta Ley se entenderá como que obligará a la Autoridad a pagar a nombre de la Autoridad de Carreteras y Transportación cualquieras bonos emitidos por la Autoridad de Carreteras y Transportación, a menos que la Autoridad consienta a ello previamente.
(k) Se crea el Fondo Especial para la Reestructuración del Transporte Colectivo de Puerto Rico, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para los propósitos de promover el óptimo desarrollo del transporte colectivo integrado, incluyendo, durante un periodo de transición, gastos de funcionamiento de la Autoridad de Transporte Marítimo y la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Este Fondo Especial se nutrirá de los primeros treinta (30) millones de dólares que se recauden como resultado de la amnistía autorizada por la Ley 732013. Además, se autoriza al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a transferir
balances de fondos especiales que se nutren de multas de tránsito, incluyendo pero no limitado a todas las multas establecidas por la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", que estén destinados a la Directoría de Servicios al Conductor adscrito al Departamento de Transportación y Obras Públicas, hasta un total acumulativo de cinco (5) millones de dólares para nutrir el Fondo Especial para la Reestructuración del Transporte Colectivo de Puerto Rico.
(a) A fin de permitirle a la Autoridad llevar a cabo las funciones, facultades y poderes que le encomienda esta Ley, se dispone expresamente un período de transición de ocho (8) años a partir de la vigencia de esta Ley para que la Autoridad no dependa de asignaciones del Fondo General. Durante este período, la Autoridad procederá de la siguiente forma: (1) Durante cada año fiscal dentro del periodo de transición de ocho (8) años, la Oficina de Gerencia y Presupuesto incluirá una partida de hasta treinta millones de dólares $($ 30,000,000)$ en el Presupuesto General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (2) Para los años fiscales subsiguientes al periodo de transición de ocho (8) años, si las fuentes de ingresos recurrentes de la Autoridad no son suficientes para cubrir los costos de mantener la operación y servicios de la Autoridad, la Autoridad someterá anualmente su petición a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cual recomendará, para que la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su discreción apruebe una partida de fondos para mantener la operación y servicios de la Autoridad. Sobre cualquier partida asignada por la Asamblea Legislativa, la Autoridad someterá a la Oficina de Gerencia y Presupuesto o al Departamento de Hacienda cualesquiera informes que le sean requeridos por éstas con relación al uso de los fondos que se han asignado en virtud de esta Ley o cualesquiera otros fondos recibidos mediante otras asignaciones legislativas.
(b) Se crea el "Fondo Especial para el Desarrollo del Transporte Colectivo Integrado", a nombre y para beneficio de la Autoridad para ser usado por la Autoridad, para sus fines corporativos. Este Fondo Especial se nutrirá del total de los fondos que se recauden por concepto de las multas administrativas impuestas bajo las disposiciones de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", expedidas por agentes de la Policía de Puerto Rico. Se exceptúan de lo anterior los fondos recaudados por concepto de multas administrativas impuestas bajo las disposiciones del Artículo 23.06 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", los fondos recaudados por concepto de multas impuestas por violación a las ordenanzas municipales que cubran las infracciones descritas en los Artículos 6.19 al 6.23 de la Ley 22-2000, según enmendada, los fondos recaudados por concepto de multas al amparo de los Artículos 2.25, 2.34, y 23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, y que estén dirigidos a ingresar en el Fondo Especial de la Directoría de Servicios al Conductor creado al amparo de tal Ley, el veinte por ciento (20%) del importe obtenido por la maximización, para los Años Fiscales 2014-2015 en adelante, de los recaudos de multas de tránsito logrados, incluyendo la maximización que se logre a través de la mecanización de los sistemas de procesamiento de multas implantadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o Policía de Puerto Rico y/o mediante legislación para nutrir iniciativas o fondos especiales dirigidos a establecer el mejoramiento tecnológico, profesional y laboral de la Policía de Puerto Rico, así como cualquier otro fondo recaudado por multas al amparo de la Ley 22-2000 y que deban ser destinados a la Directoría de
Servicios al Conductor conforme a los términos de la Ley 22-2000. Disponiéndose que la Secretaria de Hacienda, podrá, para un determinado año fiscal, ante una brecha de recaudos en el Fondo General, ingresar todo o parte de los fondos ingresados en el "Fondo Especial para el Desarrollo del Transporte Colectivo Integrado" al Fondo General. Tal determinación se hará a la entera discreción de la Secretaria de Hacienda, y seguirá en efecto por el remanente del año fiscal correspondiente, o hasta que se subsane la brecha de recaudos, lo que ocurra previamente.
(c) La Autoridad queda por la presente autorizada para comprometer o pignorar el producto de la recaudación recibida bajo el inciso
(b) de este Artículo al pago del principal y los intereses de bonos u otras obligaciones de la Autoridad.
(d) Se ordena al Secretario realizar un estudio para identificar posibles fuentes de ingresos que puedan ser destinados y dedicados para sufragar la operación y servicios de la Autoridad. El Secretario deberá someter los resultados de dicho estudio y sus recomendaciones a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y a la Comisión de Hacienda del Senado en un término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de aprobación de esta Ley.
(e) La Autoridad y todos sus componentes vendrán obligados a terminar su año fiscal con un presupuesto balanceado. Con ese fin deberán realizar todos los ajustes fiscales necesarios conforme a los principios de sana administración pública. Cualquier obligación en la que se incurra deberá ser cónsona con la realidad fiscal de cada componente.
(a) Los nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones, suspensiones, licencias y cambios de categoría, remuneración o título de los funcionarios y empleados de la Autoridad se harán o permitirán de acuerdo con normas y reglamentos aprobados por la Autoridad y por los Convenios Colectivos vigentes a la fecha de aprobación de esta Ley. Los funcionarios y empleados de la Autoridad tendrán derecho al reembolso de los gastos de viaje necesarios o en su lugar a las dietas correspondientes que sean autorizadas por reglamentos aprobados por la Autoridad. Los funcionarios y empleados de la Autoridad, no obstante, no tendrán derecho al pago o reembolso de los gastos de viajes necesarios, incluyendo millas recorridas, o en su lugar al pago de dietas, cuando el Director Ejecutivo requiere justificadamente y el Presidente de la Junta autoriza, el traslado permanente del funcionario o empleado, sea ello voluntario o involuntario, entre las distintas facilidades u oficinas de la Autoridad. Los funcionarios y empleados de cualquier junta, comisión, agencia, instrumentalidad o corporación pública, o departamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sean nombrados por la Autoridad, quienes al momento de su nombramiento fueran beneficiarios de cualquier sistema de retiro o cualquier plan de ahorro y préstamos continuarán teniendo después de dicho nombramiento los derechos, privilegios, obligaciones y status respecto a los mismos, que la Ley prescribe para los funcionarios y empleados que ocupan posiciones similares en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(b) No podrá desempeñar el cargo de miembro, funcionario, empleado, o agente de la Autoridad, ninguna persona que tenga interés económico, directo o indirecto, en alguna empresa privada que haga negocios con la Autoridad o en cualquier negocio cuyas actividades principales guarden relación con la adquisición, construcción, diseño, operación o mantenimiento de facilidades de tránsito. Cuando la incompatibilidad afecte a un miembro de la Junta, su cargo quedará vacante y la vacante se cubrirá, por el tiempo que dure dicha incompatibilidad, con el
nombramiento por el Gobernador de otro jefe de cualquier departamento o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según sea el caso.
Si cualquier disposición de esta Ley estuviese en conflicto con las disposiciones de cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, las disposiciones de esta Ley serán las que controlen.
Artículo 21.-Reglamentos, órdenes administrativas, cartas circulares y memorandos.
Todos los reglamentos que gobiernan la operación de las Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y las Facilidades de Transportación Vial que estén vigentes al entrar en vigor esta Ley, en la medida que no sean contrarios a las disposiciones de esta Ley, continuarán vigentes hasta tanto los mismos sean enmendados, derogados o sustituidos. De igual forma, cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo de la Autoridad de Carreteras y Transportación sobre cualquier asunto cubierto por esta Ley emitido previo a la fecha de vigencia de esta Ley deberá ser evaluado y enmendado, según corresponda dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de que entre en vigor esta Ley. Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos que se adopten al amparo de la misma, carecerá de validez y eficacia.
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.
Artículo 23.- Se dispone que en los casos en que los términos de esta Ley sean contrarios o estén en conflicto con los términos de la Ley 66-2014, mejor conocida como la "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", prevalecerá lo dispuesto sobre la materia en la Ley 66-2014.
Esta Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2014. Las acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los propósitos de esta Ley, tales como, pero sin limitarse a la revisión de reglamentos, establecimiento de la estructura interna, programática y presupuestaria de la Autoridad, así como la estructura de cuentas requerida para llevar a cabo la contabilidad de sus fondos, reubicación de oficinas, deberán iniciarse dentro de un periodo de tiempo que no excederá de noventa (90) días naturales después de la fecha de vigencia de esta Ley.