Casos del Tribunal Supremo (Página 49)

Resumen:

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso CC-2011-929, fechada el 10 de enero de 2012. Las partes en el litigio son Roberto Brito Díaz y otros como recurridos, y Bioculture Puerto Rico, Inc. y varias agencias gubernamentales como peticionarios. La materia principal del caso se relaciona con solicitudes de injunction preliminar y permanente, así como remedios provisionales. El documento resuelve dos peticiones específicas presentadas ante el Tribunal Supremo. Se examinaron una Solicitud de Reconsideración y una Solicitud de Celebración de Vista Oral. El Tribunal Supremo declaró ambas solicitudes "No Ha Lugar", es decir, las denegó. La resolución fue acordada y ordenada por el Tribunal. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un voto de conformidad.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, CC-2010-9, trata sobre la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Se examina si una resolución final y firme de 1998 de la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro constituye cosa juzgada. Dicha resolución confirmó la suspensión de una pensión por incapacidad ocupacional concedida a Everilde Pérez Droz. El señor Pérez Droz, expolicía, recibía esta pensión desde 1970 por un accidente laboral. La Administración suspendió los beneficios en 1991 al descubrir que trabajaba en la empresa privada. Tras no responder a un requerimiento para mostrar causa, se le notificó la suspensión. El Tribunal Supremo concluye que la doctrina de cosa juzgada aplica a la resolución de 1998. Por tanto, confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones que ordenó desestimar el presente caso.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico enfatiza la importancia de la salud mental de los abogados para asegurar un ejercicio diligente y competente de la profesión. Ante la información proporcionada por el Lcdo. Juan López Morales sobre una querella y suspensión en Georgia relacionada con su capacidad mental, el Tribunal ha decidido suspenderlo preventivamente del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. El propio licenciado informó al Tribunal sobre la situación en Georgia y solicitó una evaluación de su aptitud para ejercer en la isla. Como resultado, el Tribunal ordenó a la Oficina del Procurador General evaluar la prueba y solicitó al licenciado mostrar causa por la cual no deba ser suspendido indefinidamente. La suspensión preventiva se decreta mientras se evalúa su capacidad para ejercer conforme a los estándares éticos y profesionales. La suspensión será efectiva a partir del 13 de marzo de 2012.

Resumen:

Este documento es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en un proceso disciplinario. Se centra en la conducta profesional de la Juez Olga E. Birriel Cardona. El Tribunal analiza si la Juez violó el Canon 27 de Ética Judicial. La alegada violación ocurrió después de que juramentara en su cargo como Juez del Tribunal de Apelaciones. Se relaciona con una moción que presentó ante la Junta de Personal de la Rama Judicial. En esa moción, además de renunciar a la representación de un cliente, argumentó a su favor. El caso administrativo pendiente involucraba a un alguacil que impugnaba su traslado. La Juez había representado al cliente como abogada privada antes de su nombramiento. El propósito del documento es determinar si esta acción constituyó una falta ética judicial.

Resumen:

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2012 TSPR 3) trata sobre un pleito de daños y perjuicios por impericia médica. Las demandantes reclamaron contra médicos, su asegurador (SIMED) y el Hospital HIMA por la muerte de Iris Fonseca. Inicialmente, el foro primario encontró a los médicos responsables pero desestimó la demanda contra HIMA. Tras reconsideración, el tribunal impuso responsabilidad solidaria a HIMA bajo la doctrina de autoridad aparente. Posteriormente, las demandantes transigieron privadamente con los médicos y SIMED, liberándolos de responsabilidad. La controversia principal es si este acuerdo transaccional también liberó a HIMA, quien no fue parte del mismo pero era solidariamente responsable. El Tribunal Supremo revisa la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre este punto. El Tribunal Supremo concluye que el Tribunal de Apelaciones erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada en lugar de hacer valer el contrato de transacción. Por tanto, el Tribunal Supremo revoca la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari relacionado con una acción de nulidad de procedimiento de adopción y declaración de filiación. La decisión aborda si una demanda de nulidad de adopción por vicios del consentimiento, como coacción o intimidación, puede presentarse después del término de caducidad de dos años que regía al momento de la adopción. Se analiza la permisibilidad de determinar una filiación natural posterior a la consumación de una filiación adoptiva y si aplica el principio de incompatibilidad de filiaciones contradictorias. De no aplicar dicho principio, el Tribunal debe precisar los efectos jurídicos de la existencia concurrente de ambas filiaciones. Además, se examina si la acción presentada por los recurridos resulta improcedente por virtud de la doctrina de la cosa juzgada o el impedimento colateral por sentencia. El caso involucra a Samuel Beníquez Méndez, cuya adopción es impugnada para reconocer su filiación biológica. La opinión emitida por el Juez Asociado Señor Rivera García busca resolver estas complejas controversias legales.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó la autorización de una Demanda Enmendada. Dicha enmienda fue permitida por el Tribunal de Primera Instancia ocho años después de presentada la Demanda original en un pleito laboral. El caso subyacente, iniciado en 1998 por 248 empleados contra Wyeth Pharmaceuticals, reclama el pago de salarios por horas extras, séptimos días y periodos de alimentos. El recurso ante el Supremo permite discutir los factores a considerar al autorizar enmiendas a las alegaciones bajo las Reglas de Procedimiento Civil. Específicamente, se analizará qué constituye perjuicio indebido para la parte que se opone a la enmienda. Además, se examinará el efecto de la dilación indebida por parte de quien solicita la enmienda. El caso ha seguido un tracto procesal extenso y anómalo por más de una década.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su facultad disciplinaria contra el Lcdo. Miguel A. Montes Díaz. La acción surge tras una moción del letrado solicitando ser removido de la lista activa por residencia en Florida, problemas económicos y de salud. La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) informó al Tribunal sobre varias deficiencias en el expediente del licenciado Montes Díaz. Entre las faltas señaladas se encuentran la ausencia de designación de un notario sustituto y la deuda de índices notariales. Además, varios Protocolos notariales de años anteriores (2001-2004, 2006) estaban pendientes de inspección. Ante el incumplimiento con los requerimientos del Tribunal y la Ley Notarial, se ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Montes Díaz del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión es efectiva a partir del 28 de enero de 2012, fecha de su notificación.

Resumen:

El Colegio de Abogados de Puerto Rico informó al Tribunal Supremo que la fianza notarial del licenciado José D. Pagán Pagán estaba vencida desde febrero de 2010. Ante esto, el Tribunal emitió dos resoluciones consecutivas concediéndole al licenciado términos de 20 días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido o para acreditar que la fianza estaba al día. El licenciado Pagán Pagán no compareció ni respondió a ninguno de los requerimientos del Tribunal. La Ley Notarial de Puerto Rico exige mantener una fianza vigente para el ejercicio de la notaría. La falta de respuesta y el incumplimiento con la obligación de la fianza demuestran una actitud que lo hace indigno de ejercer la profesión. Esta conducta exige la aplicación de la facultad disciplinaria del Tribunal Supremo.

Resumen:

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Orlando Torres Trinidad del ejercicio de la abogacía. La decisión, emitida el 9 de noviembre de 2011, se fundamenta en el incumplimiento del abogado con los requerimientos del Tribunal en un procedimiento disciplinario. Se presentó una queja en su contra en enero de 2011 alegando representación incompetente. A pesar de haber sido notificado y concedérsele varias prórrogas, el licenciado Torres Trinidad no contestó la queja. El abogado ya había sido suspendido indefinidamente en 2008 por incomparecencia en otro proceso disciplinario, aunque fue reinstalado posteriormente. La suspensión actual será efectiva el 1 de febrero de 2012, fecha en que se le notificó la orden de suspensión inmediata.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión Per Curiam en el caso AB-2009-61, In re Harry R. Segarra Arroyo, sobre conducta profesional. El procedimiento se inició tras una queja presentada contra el abogado en marzo de 2009. El Tribunal enfrentó dificultades para notificar al licenciado, con intentos iniciales fallidos por dirección incorrecta. Aunque el abogado solicitó una extensión para responder alegando hospitalización, la decisión destaca una actitud de indiferencia ante los requerimientos del Tribunal. Esta conducta motivó la suspensión indefinida del Lcdo. Harry R. Segarra Arroyo del ejercicio de la abogacía y la notaría. La suspensión se hizo efectiva el 9 de marzo de 2011, fecha de su notificación.

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