Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 9)

Resumen:

Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Los apelantes demandaron por daños y perjuicios sufridos en un accidente de tránsito. Los apelados contestaron la demanda y presentaron reconvenciones. El foro primario ordenó a las partes presentar un Informe para el Manejo del Caso. Ante la falta de presentación del informe y la inactividad procesal por más de seis meses, el tribunal desestimó la demanda al amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. Los apelantes solicitaron reconsideración de la desestimación en dos ocasiones, argumentando improcedencia de la sanción y cumplimiento con el descubrimiento de prueba, pero ambas peticiones fueron declaradas No Ha Lugar. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud, el expediente y el estado de derecho aplicable. Se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Hiram Pérez Soto contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución del TPI, de 28 de febrero de 2025, dispuso "Nada que disponer" a una solicitud de Pérez Soto. La solicitud buscaba remedios relacionados con una Sentencia del TPI de 20 de noviembre de 2024 que aprobó el cuaderno particional de la sucesión de su padre. El TPI había aprobado el cuaderno tras ser presentado por el Contador Partidor, luego de un proceso donde se dio oportunidad a los herederos para objetar. El Tribunal de Apelaciones decide desestimar el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en dos razones principales. Primero, el peticionario compareció por derecho propio a pesar de estar suspendido de la abogacía y haber sido advertido por el Tribunal Supremo de la necesidad de representación legal en estos pleitos. Segundo, el recurso fue presentado de forma tardía, lo que priva al Tribunal de jurisdicción para atenderlo. La resolución detalla el tracto procesal que culminó con la aprobación del cuaderno particional y la posterior moción del peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Oriental Bank. El caso subyacente es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Oriental Bank contra la sucesión y viuda de un prestatario. Tras obtener sentencia favorable, la propiedad hipotecada fue vendida en pública subasta por $275,000.00. Oriental Bank solicitó retirar los fondos consignados en el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI, sin embargo, autorizó el retiro de una cantidad menor a la adjudicada en la venta judicial. Oriental Bank presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI, reafirmando la orden de retiro parcial. Oriental Bank impugnó esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida no compareció tras ser requerida para mostrar causa. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del TPI que denegó la reconsideración y autorizó el retiro de fondos por una cantidad menor a la venta judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia resolviendo un recurso de apelación. Javier Ruiz Martínez y Héctor Figueroa Lorenzo apelaron una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia, a solicitud de Distribuidora Lebrón, Inc., desestimó la causa de acción por represalias presentada por los apelantes. Estos alegaron haber sido suspendidos o cesanteados en marzo de 2020 en represalia por reclamaciones judiciales de salarios previas y por ofrecer testimonio. Distribuidora Lebrón negó la represalia, argumentando falta de proximidad temporal y otros motivos para la cesantía. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria parcial al concluir que los apelantes no probaron un caso prima facie de represalias. Tras revisar la determinación, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria Parcial apelada. La desestimación de la causa de acción por represalias contra Distribuidora Lebrón, Inc. se mantiene firme.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia con fecha 30 de abril de 2025. Cobra Acquisitions, LLC comparece como Peticionario en múltiples recursos de Mandamus. Estos casos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y se relacionan con Arbitrios de Construcción. La parte Recurrida es el Juez Andrés M. Ramírez Marcano de la Sala Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos del Tribunal de Primera Instancia. Cobra Acquisitions, LLC solicita mediante estos Autos de Mandamus que se ordene al Juez Ramírez Marcano a resolver una serie de mociones dispositivas pendientes. La Sentencia aborda estos recursos consolidados presentados por el Peticionario contra el Juez.

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AMP Properties, Corp. apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo de un local comercial y el pago de \$2,000 en honorarios de abogado en un caso de desahucio sumario. El litigio surge de un contrato de arrendamiento comercial inicial de un año, prorrogable por dos más, que venció el 31 de julio de 2015. Según lo pactado, la relación continuó de mes a mes bajo los mismos términos, excepto por un aumento del 15% en el canon de arrendamiento. El arrendador, H. Díaz Santini & Co., Inc., alegó que el arrendatario nunca pagó el aumento de renta tras 2015. Además, sostuvo que envió comunicaciones en 2021 y 2024 declarando terminado el contrato y exigiendo el desalojo, las cuales fueron ignoradas por el arrendatario. Ante la negativa a desalojar y el incumplimiento en el pago de la renta, el arrendador presentó la demanda de desahucio. La apelación busca revocar la decisión del tribunal de instancia que validó la acción de desahucio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico dictó Sentencia en una petición de Mandamus presentada por Cobra Acquisitions, LLC. La empresa solicitó al tribunal que ordenara al Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, a resolver mociones dispositivas pendientes. Estos procedimientos originales, que tratan sobre Arbitrios de Construcción, se encuentran ante la Sala Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos. Cobra Acquisitions, LLC busca compeler al juez a adjudicar las mociones que, según alega, están estancadas. La Sentencia, emitida el 30 de abril de 2025, aborda esta solicitud de Mandamus. El documento identifica múltiples casos relacionados de Mandamus presentados por la misma parte contra el mismo juez sobre el mismo asunto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Mandamus. Cobra Acquisitions, LLC comparece como peticionario contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El recurso de Mandamus proviene de casos sobre arbitrios de construcción en dicha sala especializada. Cobra solicita al Tribunal de Apelaciones que ordene al juez resolver una serie de mociones dispositivas pendientes por adjudicar. Se identifican múltiples casos relacionados bajo distintos números de expediente del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia fue emitida por un panel especial del Tribunal de Apelaciones el 30 de abril de 2025.

Resumen:

Cobra Acquisitions, LLC presentó un Auto de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La acción se dirige contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, Sala Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos. El propósito del Mandamus es solicitar al Tribunal de Apelaciones que ordene al juez resolver una serie de mociones dispositivas pendientes de adjudicación en casos sobre Arbitrios de Construcción. El documento es una Sentencia emitida por un Panel Especial del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue dictada el 30 de abril de 2025. Se listan múltiples números de caso de Mandamus presentados por Cobra Acquisitions, LLC contra el mismo juez, todos relacionados con casos de Arbitrios de Construcción originados en el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel Especial, emite una Sentencia con fecha de 30 de abril de 2025. El caso involucra a Cobra Acquisitions, LLC como peticionario contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Se trata de un recurso de Mandamus procedente del Tribunal de Primera Instancia. El asunto principal versa sobre Arbitrios de Construcción. Cobra Acquisitions, LLC solicitó el Mandamus para requerir al Juez Ramírez Marcano que resuelva una serie de mociones dispositivas que se encuentran pendientes de adjudicación en varios casos relacionados. La sentencia aborda esta petición específica de ordenar la resolución de dichas mociones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel Especial. Cobra Acquisitions, LLC comparece como peticionario mediante un Auto de Mandamus. El recurso se dirige contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El peticionario solicita que se ordene al juez resolver una serie de mociones dispositivas que se encuentran pendientes de adjudicación. Los casos subyacentes, identificados por varios números, tratan sobre Arbitrios de Construcción. La controversia principal gira en torno a la inacción judicial en los casos de instancia. La sentencia fue emitida en San Juan el 30 de abril de 2025.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. ORC Miramar Corporation y otros solicitan la revisión de la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción para dejar sin efecto, por nulidad, órdenes relacionadas con una fianza de no residente. La recurrida, VS PR, LLC, presentó una demanda de cobro de dinero y solicitó la imposición de una fianza, la cual fue fijada y pagada en marzo de 2021. Más de dos años después, ORM objetó la fianza y solicitó una adicional, lo que fue denegado por el TPI. Posteriormente, ORM pidió el relevo de las órdenes originales de fianza alegando su nulidad por falta de partes, ser ex parte y violar el debido proceso. El TPI denegó esta solicitud de relevo en marzo de 2025. ORM recurre en certiorari, argumentando que las órdenes de fianza son nulas y el TPI erró al no conceder el relevo. El Tribunal de Apelaciones revisará esta determinación del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El caso subyacente es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por VS PR, LLC contra ORC Miramar Corporation y otros. Los peticionarios, ORC Miramar Corporation y otros, solicitan que el Tribunal de Apelaciones revise la denegatoria del foro primario a su Urgente Moción Solicitando Expedición de Citaciones de Testigos. El Tribunal de Apelaciones previamente denegó una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procesos y una solicitud de consolidación. La demanda original de VS PR, LLC se basa en el alegado incumplimiento de dos préstamos, uno de $4.6M y otro de $760k, otorgados originalmente por el Banco de Desarrollo Económico y adquiridos por VS PR, LLC. Estos préstamos estaban garantizados con hipoteca y otras colaterales. VS PR, LLC busca la declaración de vencimiento de las obligaciones, la ejecución de la hipoteca y la condena solidaria al pago. La resolución se enfoca en la solicitud de los apelantes para revisar la decisión del TPI sobre la expedición de citaciones de testigos en el marco de este litigio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari relacionado con un caso de reposesión de bienes inmuebles. La recurrente, Brenda Gelabert Ortiz, impugna dos resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Una resolución denegó la reconsideración sobre la extensión del término concedido a la parte recurrida para contestar una solicitud de sentencia sumaria. La otra resolución denegó la reconsideración sobre sanciones impuestas a la parte peticionaria. El pleito original versa sobre la alegada apropiación ilegal de dos inmuebles por los recurridos, uno de los cuales reclama haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva. La peticionaria busca recuperar la posesión de las propiedades y el pago de rentas. El Tribunal de Primera Instancia había extendido el plazo para la réplica a la solicitud de sentencia sumaria y había impuesto sanciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decide denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por la recurrente. Esto significa que las resoluciones interlocutorias del foro primario no serán revisadas en esta etapa procesal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202500151. El apelante, Noel Torres Martínez, recurre de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su causa de acción por daños y perjuicios contra Puerto Rico Telephone Company, Inc. (PRTC). La desestimación se fundamentó en la prescripción de la acción. El caso original inició por daños sufridos por el apelante el 21 de abril de 2021, a raíz de un incidente con un cable. PRTC fue incluida como codemandada mediante una segunda enmienda a la demanda el 1 de febrero de 2024, tras descubrimiento de prueba. El Tribunal de Primera Instancia había concedido la enmienda, pero luego desestimó la acción contra PRTC por prescripción. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Parcial apelada.

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Un confinado, Emiliano Badillo Badillo, presentó un recurso de revisión judicial solicitando bonificaciones por estudio y trabajo correspondientes al periodo 2013-2019. Alegó haber agotado los remedios administrativos sin obtener respuesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Sin embargo, los documentos anexados muestran que el DCR denegó su solicitud en agosto de 2021, indicando que su elegibilidad para bonificaciones comenzó en marzo de 2019. El recurrente solicitó reconsideración en noviembre de 2021, la cual también fue denegada. El recurso de revisión judicial fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 9 de abril de 2025. El Tribunal analizó su jurisdicción, destacando la regla que impone un término jurisdiccional de treinta días para presentar la revisión desde la notificación de la resolución final de la agencia. Se recordó que las partes que comparecen por derecho propio no están exentas de cumplir con las normas procesales. Dada la fecha de las denegaciones administrativas y la fecha de presentación del recurso, el Tribunal considera la posible falta de jurisdicción por presentación tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Japhet Toro Olivieri contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, confinado, presentó un recurso de revisión administrativa por derecho propio. Solicitó la intervención del tribunal para resolver discrepancias en su hoja de liquidación de sentencia relacionadas con la Ley Núm. 85, alegando haber agotado los recursos institucionales. El panel del tribunal procedió a evaluar el recurso. Sin necesidad de trámite ulterior, el tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el asunto presentado. La sentencia detalla la importancia de la jurisdicción como requisito fundamental para que un tribunal pueda considerar un caso. Se explica que la falta de jurisdicción es insubsanable y obliga al tribunal a desestimar la reclamación sin entrar en los méritos. Por tanto, el tribunal no resolvió las alegaciones del recurrente sobre su liquidación de sentencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Mandamus. Cobra Acquisitions, LLC comparece como peticionario contra el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La acción de Mandamus busca ordenar al juez a resolver mociones dispositivas pendientes. Estas mociones se encuentran en varios casos ante la Sala Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos. Los casos subyacentes tratan sobre Arbitrios de Construcción. El peticionario solicita al Tribunal de Apelaciones que compela al juez recurrido a adjudicar dichas mociones. La sentencia fue emitida por un panel especial del Tribunal de Apelaciones el 30 de abril de 2025.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio por falta de pago. La apelante, Juliana María Isabel Menchaca, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo y el pago de cánones de arrendamiento adeudados a Carolina Associates Limited Partnership. El foro primario había declarado con lugar la demanda, ordenando el pago de \$790.00, intereses y honorarios de abogado, además del desalojo. Una apelación previa fue desestimada por el Tribunal de Apelaciones debido a que el Tribunal de Primera Instancia no notificó la sentencia a los Departamentos de la Familia y de la Vivienda, requisito legal al ordenar el lanzamiento de familias insolventes con menores. El foro primario corrigió el error procesal re-notificando la sentencia con las debidas inclusiones. La apelante presentó un nuevo recurso, alegando errores en las determinaciones de hecho, la procedencia de la sentencia sumaria y la denegación del debido proceso de ley. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determina que procede la desestimación del mismo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones sobre este recurso particular.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Eliezer Santana Báez, impugnó una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La sanción se basó en la violación del Código 147 del reglamento correccional, relacionado con el uso ilícito de correspondencia, tras recibir correo con artículos prohibidos. El recurrente alegó errores procesales por parte del DCR en la tramitación de su solicitud de reconsideración. Al presentar su recurso ante el Tribunal de Apelaciones, solicitó exención del pago de aranceles por pobreza. Sin embargo, su solicitud no estaba juramentada, y no cumplió con la orden del tribunal de presentar la documentación requerida o pagar los aranceles. Tras examinar el expediente, el tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento del recurrente con los requisitos procesales, específicamente la falta de pago de aranceles o la debida acreditación de su solicitud de exención.

Resumen:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación del Departamento de Educación, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, que declaró "No Ha Lugar" a su moción de desestimación. La moción se presentó en respuesta a una demanda por daños y perjuicios incoada por Marilyn Santiago Soto, madre de un menor con síndrome down. La demanda alega falta de supervisión y daños al menor en la escuela, invocando la Ley Núm. 57 sobre maltrato institucional. El ELA argumentó, entre otras cosas, el incumplimiento con el requisito de notificación al Secretario de Justicia conforme a la Ley Núm. 104 de Reclamaciones contra el Estado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y una moción de reconsideración posterior. El ELA recurrió en certiorari, señalando como error la negativa del TPI a desestimar por falta de notificación bajo la Ley 104. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la resolución recurrida.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, tramitado mediante el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. La apelante, Able Sales Company, recurrió la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Solicitando Sentencia Sumaria contra la querella presentada por el apelado, Enrique López López. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Se fundamenta la desestimación en la naturaleza expedita del procedimiento sumario laboral y las limitaciones a la revisión apelativa de resoluciones interlocutorias. La Ley Núm. 133-2014 establece un término jurisdiccional de diez días para apelar *sentencias* en estos casos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, como en *Dávila, Rivera*, restringe la revisión de resoluciones interlocutorias en procedimientos sumarios, salvo excepciones no aplicables aquí. Por tanto, el Tribunal concluyó que carecía de competencia para atender la apelación de la denegatoria de sentencia sumaria.

Resumen:

Recurso de apelación y moción de auxilio de jurisdicción presentados por Erasmo González Reyes ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El apelante impugna una sentencia en rebeldía del Tribunal de Primera Instancia que le impuso el pago de pensión alimenticia a favor de su excónyuge, Rosa A. Jiménez González. La sentencia original fue dictada en junio de 2024, pero su notificación fue objeto de controversia y se determinó que no fue adecuada inicialmente. Tras una vista evidenciaria, la sentencia fue notificada correctamente el 11 de marzo de 2025. El apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 27 de marzo de 2025. El recurso de apelación y la moción de auxilio de jurisdicción fueron presentados el 29 de abril de 2025. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar su deber de examinar la jurisdicción, determinó que los recursos fueron presentados fuera del término legal. Por consiguiente, el Tribunal desestimó la apelación y la moción por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Cobra Acquisitions, LLC comparece como peticionario en un Auto de Mandamus. La parte recurrida es el Juez Andrés M. Ramírez Marcano del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, especializado en asuntos contributivos. El Mandamus procede del Tribunal de Primera Instancia y versa sobre Arbitrios de Construcción. Cobra solicita al Tribunal de Apelaciones que ordene al juez de instancia resolver varias mociones dispositivas que se encuentran pendientes de adjudicación. El documento lista múltiples casos de Mandamus relacionados entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. La sentencia fue emitida el 30 de abril de 2025.

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Franky I. Lorenzo Mercado presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha Resolución había declarado No Ha Lugar una solicitud de supresión de evidencia presentada por el peticionario al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal. El foro primario también denegó una solicitud de reconsideración posterior. Al examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones requirió al peticionario que acreditara el cumplimiento con ciertas reglas y proveyera volantes de notificación para auscultar jurisdicción. A pesar de conceder extensiones, el peticionario no presentó los volantes de notificación requeridos. Aunque el Tribunal puede prescindir de términos no jurisdiccionales, la Resolución indica que el recurso instado es desestimado.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en el caso KLCE202500423, originado en una demanda de cobro de dinero, daños e incumplimiento de contrato. La Unión de Mayoristas Coop, parte peticionaria, presentó un recurso de certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución del TPI declaró "Ha Lugar" una solicitud de descalificación presentada por los recurridos, José W. Flores Santos y WS Stores Corp. La solicitud de descalificación se fundamentó en alegadas comunicaciones directas del abogado de la Unión con el señor Flores Santos sin incluir a sus representantes legales, lo que se consideró una violación del Canon 28 de Ética Profesional. La demanda original de la Unión reclama una deuda de \$375,394.25 por mercancía adquirida a crédito y el incumplimiento de los términos de pago y normas de la cooperativa por parte de los recurridos. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la Unión de Mayoristas Coop.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Migdalia I. González Arroyo. La apelante impugnó la certificación de elección emitida por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Su demanda original ante el Tribunal de Primera Instancia alegó irregularidades en el voto adelantado y papeletas no adjudicadas en el precinto 032. Argumentó que la CEE certificó a los candidatos electos sin atender su solicitud de recuento, la cual consideraba obligatoria bajo el Código Electoral de 2020. La apelante solicitó al tribunal declarar que la CEE tiene el deber ministerial de realizar un recuento si la diferencia de votos cumple ciertos umbrales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción. La Sra. González Arroyo apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del tribunal inferior. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, ratificando la desestimación por carecer de jurisdicción para entender el caso.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por Katherine González Rivera contra la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV). La apelante impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Querella por despido en represalias. González Rivera alegó que fue despedida de su puesto de confianza en la AFV por realizar consultas a la Oficina del Inspector General y a la Oficina del Contralor sobre pagos de contratos. Argumentó que estas consultas constituían una actividad protegida bajo la Ley Núm. 115. La AFV, por su parte, sostuvo que las consultas eran trámites ordinarios y que la apelante fue removida de su puesto de confianza por pérdida de la misma. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de la AFV. El Tribunal de Apelaciones ha recibido los alegatos de ambas partes y da por perfeccionada la apelación para su consideración.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) mediante Petición de Certiorari. Solicita la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su "Reacción en Torno a 'Moción Dispositiva'" (que incluía una solicitud de desestimación). El caso original fue iniciado por Myriam Milagros Rodríguez Rosario con una Demanda sobre solicitud de titularidad y novación de contrato de hipoteca. La señora Rodríguez Rosario alega ser dueña de una estructura y terreno que, según ella, forma parte de una parcela mayor (parcela 40). Esta parcela fue hipotecada por los codemandados Magda Montijo Ruiz y Luis Oquendo García con el BPPR. La demandante sostiene que el BPPR incurrió en negligencia crasa al aceptar la hipoteca que gravaba su propiedad. Los codemandados Montijo Ruiz y Oquendo García negaron que su hipoteca afectara la propiedad de la señora Rodríguez Rosario. Argumentaron que, de probarse el reclamo, la responsabilidad recaería únicamente en el BPPR. Presentaron una Reconvención contra el BPPR, Popular Mortgage y el Departamento de la Vivienda. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del TPI sobre la moción del BPPR en este contexto.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. El peticionario, Hugo Carlos de la Uz Colón, solicitó la revisión de una Orden y tres Resoluciones Interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El caso de origen trata sobre cobro de dinero, daños, reposesión de bienes, entre otras reclamaciones. La controversia principal en instancia giraba en torno a si el caso debía ser desestimado o paralizado para compeler un arbitraje, según una cláusula contractual alegada por los recurridos. El peticionario cuestionó la existencia y validez de dicho contrato. El Tribunal de Primera Instancia ordenó una vista evidenciaria para dilucidar el asunto jurisdiccional y denegó una solicitud del peticionario para descalificar la representación legal de los recurridos. La Petición de Certiorari impugnaba estas determinaciones. Un panel del Tribunal de Apelaciones, con el Juez Marrero Guerrero como ponente, revisó la petición. El Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio y pensión ex cónyuge. Carlos Humberto García Torres solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha Orden, emitida el 30 de noviembre de 2023, declaró sin lugar su Solicitud de Sentencia Sumaria. El caso subyacente involucra la reclamación de pensión alimentaria por parte de María Vanessa Albertazzi Acuña tras el divorcio. El documento narra el historial procesal, incluyendo la solicitud de alimentos, las audiencias evidenciarias y la resolución del foro primario fijando una pensión ex cónyuge de \$1,400 mensuales, retroactiva a junio de 2021, además de otros pagos. Se menciona que el peticionario argumentó que un pago de \$30,000 a la recurrida hacía académica la necesidad de alimentos. La resolución que fijó la pensión no consideró dicho pago como ingreso recurrente. La determinación de pensión fue objeto de una solicitud de reconsideración parcial. La controversia ante el Tribunal de Apelaciones gira en torno a la corrección de la denegatoria de la sentencia sumaria solicitada por el señor García Torres.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución consolidando dos peticiones de certiorari presentadas por las partes en un litigio de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Las peticiones fueron instadas por FJR Acquisition, LLC y otros, y por la Sucesión Sala Lugo, respectivamente. Ambas partes solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la adjudicación sumaria del caso. El pleito original, iniciado en 2019, se basa en un pagaré hipotecario y acuerdos relacionados con una deuda y una propiedad. Tras consolidar los recursos por impugnar el mismo dictamen, el Tribunal de Apelaciones procedió a evaluarlos. El panel especial del Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de ambos autos de certiorari. Esto significa que el caso continuará su curso en el Tribunal de Primera Instancia sin la revisión interlocutoria solicitada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la revisión administrativa presentada por Ana L. Rivera Valcárcel. La recurrente impugnó una Resolución Final y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Mediante dicha resolución, el NEPR desestimó varios recursos de revisión administrativa incoados por Rivera Valcárcel. Estos recursos se relacionaban con alegados cobros indebidos en facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy. El NEPR fundamentó la desestimación en la falta de interés de la recurrente y ordenó el archivo de los casos. Rivera Valcárcel solicitó reconsideración al NEPR, la cual fue denegada. La recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la decisión del NEPR. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, resolvió confirmar la Resolución Final y Orden emitida por el Negociado de Energía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en respuesta a una apelación. Las apelantes solicitan revocar una determinación de no causa probable para arrestar contra David Jordán Rivera por cargos de agresión. Alegan errores procesales, parcialidad y violaciones al debido proceso en el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones examina su jurisdicción para atender el recurso. Explica que las determinaciones sobre la existencia o ausencia de causa probable para arresto bajo la Regla 6, tras un procedimiento en alzada, generalmente no son revisables por un tribunal apelativo. La intervención apelativa en esta etapa afectaría el proceso en instancia al no haber hechos probados. Solo se permite una revisión limitada por certiorari del Ministerio Público sobre determinaciones de derecho, no sobre la prueba desfilada. Dado que la apelación busca revisar la determinación de causa probable basada en la prueba, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción. Por tanto, el recurso de apelación es desestimado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución sobre dos peticiones de certiorari consolidadas. Las peticiones fueron presentadas por la Sucesión Sala Colón (demandantes) y FJR Acquisition, LLC y Francisco J. Rivera Fernández (demandados). Ambas partes buscaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, notificada el 19 de septiembre de 2024. Dicha Resolución del foro primario denegó la adjudicación sumaria del caso. El litigio subyacente es un pleito consolidado de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La controversia gira en torno a un pagaré hipotecario y acuerdos relacionados con una deuda y una propiedad en Manatí. El Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación de los recursos por impugnar el mismo dictamen. Tras evaluar las peticiones, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de ambos autos de certiorari. Esto implica que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no resolver el caso sumariamente se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Nathanael Arroyo Martínez y Jazmín Acosta Román. Los peticionarios buscaban revocar una Orden de Protección emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Aguadilla. Dicha orden, dictada el 23 de octubre de 2024, se expidió a favor de Miguel E. Méndez Pérez al amparo de la Ley contra el Acecho en Puerto Rico. La orden de protección tiene una vigencia de dos años. Conforme al expediente, en la vista original, los peticionarios, asistidos por abogado, habían aceptado la expedición de la orden mediante acuerdo en sala. Posteriormente, presentaron una moción de reconsideración alegando coerción. El recurso de certiorari ante el Apelativo impugnaba la orden original. El Panel I del Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, resolvió denegar el auto sin trámite ulterior.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes demandaron al Estado Libre Asociado (DTOP) tras un accidente ocurrido en una acera. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra el Estado. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento de los demandantes con el requisito legal de notificar al Departamento de Justicia dentro del término de noventa días. Los apelantes argumentaron que notificaron tardíamente porque inicialmente creyeron que la acera era responsabilidad municipal. Solo notificaron al Estado después de que la aseguradora municipal indicó que la acera era estatal. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial emitida por el foro primario. Confirmó el dictamen apelado. La confirmación valida la desestimación de la demanda contra el Estado. La decisión se basa en el incumplimiento del término de notificación establecido por la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de pagaré hipotecario. ECQ Services Corp., demandante peticionario, recurre en certiorari la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso se origina con una hipoteca constituida en 2011 por Eliezer Crespo Quiñones sobre una propiedad en Ponce para garantizar un pagaré al portador de $400,000. La propiedad fue posteriormente donada por el señor Crespo Quiñones a Oscar Javier Crespo Torres en 2016. En 2020, ECQ adquirió el pagaré del señor Crespo Quiñones, quien actuó como representante autorizado de ECQ en la compraventa. ECQ demandó a los recurridos alegando impago y que la donación fue simulada, solicitando el pago de la deuda y la ejecución hipotecaria. El foro primario denegó la sentencia sumaria solicitada por ECQ. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la Resolución Interlocutoria recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Tania Liz Rodríguez García. La peticionaria busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que avaló la ejecución de una sentencia y le impuso sanciones. El caso original es una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciada por Banco Popular de Puerto Rico. Rodríguez García fue incluida como parte con interés por ser titular registral de la propiedad. El foro primario determinó previamente que la peticionaria no tenía vínculo contractual con el banco y desestimó su reconvención. Rodríguez García ha recurrido infructuosamente esta determinación y órdenes posteriores en múltiples ocasiones ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Sus recursos anteriores fueron desestimados o denegados por defectos procesales, falta de legitimación activa o por constituir ley del caso. Ante la solicitud de ejecución de sentencia por parte del banco, la peticionaria se opuso, siendo su oposición desestimada por el foro primario, que además la sancionó. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. La denegatoria se fundamenta en la falta de legitimación activa de la peticionaria, planteada por la parte recurrida y consistente con determinaciones previas.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación vía certiorari presentada por Ónix Febres Nazario. El señor Febres Nazario solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su revisión de un laudo de arbitraje. Dicho laudo, emitido por un árbitro de la CASP, se relacionaba con su destitución como paramédico del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas en 2016. La agencia lo destituyó por insubordinación, alegando una violación al Código de Disciplina. El arbitraje buscaba determinar la procedencia de la medida disciplinaria y si hubo incumplimiento del convenio colectivo. El árbitro realizó determinaciones de hechos sobre el incidente específico que motivó la acción disciplinaria. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. Esta decisión mantiene la sentencia del foro primario que confirmó el laudo arbitral.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero, difamación y daños. La apelación fue interpuesta por los hermanos Gerardo y Raúl Ferrao Izquierdo contra Hogar Vega Mar, Inc. y Gloriví Rojas Hernández. La controversia principal surge de una demanda que reclama el pago de deudas por el cuidado de la madre de los apelantes en el hogar de ancianos. Adicionalmente, se presentó una causa de acción por difamación contra uno de los hermanos por supuestas expresiones falsas sobre el hogar. Los apelantes negaron la responsabilidad por la deuda, alegando que el servicio fue contratado por otro hermano. El tribunal de primera instancia había ordenado a los apelantes el pago de la deuda reclamada. Tras la apelación, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la sentencia apelada. El caso aborda la responsabilidad económica por el cuidado de un familiar y las consecuencias de alegaciones difamatorias.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Katherin Román contra el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso se originó por una solicitud de acceso a información pública bajo la Ley Núm. 141-2019, donde la apelante alegó que el DACo no había provisto la documentación solicitada. El DACo sostuvo que había cumplido con las solicitudes, proveyendo información disponible y coordinando acceso, indicando que parte de lo pedido no era información rutinaria. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de la Sra. Román al determinar que el DACo había cumplido con sus peticiones. Además, el TPI impuso honorarios de abogado por temeridad a la apelante. La Sra. Román apeló, argumentando que el TPI erró al desestimar sin vista e imponer sanciones, alegando que las respuestas del DACo fueron incompletas o evasivas. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó devolver el caso a la etapa de vista preliminar. El caso involucra a Jeisha M. Nieves Meléndez, acusada de violaciones a la Ley de Protección de Menores y la Ley de Armas. Tras determinarse causa probable para arresto, las partes iniciaron conversaciones para un preacuerdo. En la vista preliminar, la Recurrida renunció a su celebración, indicando que se había llegado a un acuerdo, y el foro primario encontró causa probable. Posteriormente, se presentaron las acusaciones correspondientes. La Recurrida presentó una moción solicitando la celebración de la vista preliminar, alegando incumplimiento del preacuerdo por parte del Ministerio Público. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción y ordenó devolver el caso a dicha etapa. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, revoca el dictamen recurrido del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de apelación presentado por Empresas Y-Nuina, Inc. y Cooperativa de Seguros Múltiples. Las partes apelantes solicitan la revocación de una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia determinó que Y-Nuina y Seguros Múltiples eran responsables por daños sufridos por Wilson Fernández Elivo en un accidente en la propiedad de Y-Nuina. El foro primario también desestimó la demanda contra tercero presentada por Y-Nuina contra Century Frozen Foods, LLC. Además, declaró Ha Lugar la demanda de intervención de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para recobrar gastos médicos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decide modificar el dictamen apelado. Así modificado, confirma el resto de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este es un caso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los Demandantes (Vendedores) demandaron a los Demandados (Compradores) por incumplimiento de un Contrato de Compraventa de Acciones. Los Vendedores alegaron que los Compradores no pagaron el depósito ni el precio acordado por las acciones de una corporación de cannabis medicinal. Reclamaron el pago del depósito, intereses, honorarios de abogado y daños. Algunos Demandados solicitaron la desestimación, argumentando que el contrato contenía una cláusula que limitaba a un año el término para presentar reclamaciones. Los Vendedores se opusieron, interpretando la cláusula de forma diferente y cuestionando su validez legal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que el contrato era de opción y los daños autoinfligidos, a pesar de que algunos demandados estaban en rebeldía. Los Vendedores apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación. El tribunal apelativo determinó que la reclamación de los demandantes era tardía conforme a lo pactado en el contrato.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los peticionarios Caribe Chem Distributors, Corp. y otros, solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución, emitida el 13 de enero de 2025, declaró no ha lugar una moción de reconsideración por haber sido presentada tardíamente. El caso original, iniciado en 2020, es una demanda por daños y perjuicios, incumplimiento contractual e interferencia culposa de tercero contra Southern Agricultural Insecticides, Inc. y otros. Los demandantes alegaron el incumplimiento de un contrato de distribución exclusiva y la interferencia de un tercero. Los codemandados solicitaron la desestimación de la causa de acción por interferencia torticera alegando prescripción. El foro primario emitió una Sentencia Parcial el 30 de septiembre de 2020, desestimando dicha causa de acción por estar prescrita y también los reclamos de los demandantes individuales. La controversia actual ante el Apelativo gira en torno a la tardanza en la presentación de una moción de reconsideración a esa Sentencia Parcial. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y confirma la Resolución impugnada que declaró tardía la moción de reconsideración.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Departamento de Salud. Dicha resolución revocó un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) previamente otorgado a G\&D Medical Services, LLC para establecer un programa de hospicio. El Programa San Lucas presentó una querella contra el Departamento de Salud, alegando que la propuesta de G\&D Medical no cumplía con los criterios reglamentarios. Un informe de oficial examinador identificó deficiencias en la solicitud de G\&D Medical, incluyendo pacientes duplicados y falta de cumplimiento con la cantidad de pacientes y la inversión requerida. El Departamento de Salud acogió el informe, declaró con lugar la querella y revocó el CNC. G\&D Medical solicitó reconsideración, la cual fue denegada. G\&D Medical apeló ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando errores procesales y en el estándar de evaluación utilizado por el Departamento de Salud. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Departamento de Salud.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Daniel Morales González contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó una decisión administrativa del DCR que lo declaró incurso en tentativa de apropiación ilegal tras un informe disciplinario. Morales González presentó un recurso de revisión administrativa ante el tribunal, señalando varios errores relacionados con alegadas violaciones al debido proceso durante el procedimiento disciplinario. El tribunal, antes de considerar los méritos, examinó su jurisdicción. Se determinó que el recurso de revisión fue presentado fuera del término legal establecido. A pesar de los argumentos del recurrente sobre las razones de la tardanza, el tribunal concluyó que la presentación tardía priva al foro de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación extemporánea.

Resumen:

Un confinado, Daniel Rivera Colón, solicitó una cita médica en cardiología a través de un remedio administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Tras ser informado de que estaba en turno, el confinado pidió reconsideración por la dilación en la asignación de la cita. El Departamento denegó la reconsideración, explicando que las citas son gestionadas por el personal de "Physician Correctional" y se notifican según protocolo una vez concertadas. Insatisfecho, el confinado recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando que la demora constituía trato cruel e inusitado. El Tribunal revisó la determinación administrativa, considerando la presunción de legalidad de las decisiones de la agencia. Se determinó que el Departamento sigue un protocolo establecido para coordinar citas médicas a través de un tercero. El Tribunal concluyó que la agencia no incidió al denegar la solicitud de reconsideración. Por tanto, se confirmó la resolución administrativa recurrida.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El Consejo de Titulares del Condominio Ponciana impugna una Resolución sumaria del DACO que declaró nula una Asamblea Ordinaria celebrada el 23 de julio de 2022. La nulidad fue solicitada por el señor Carlos M. Cabrera Colón mediante una querella ante el DACO. El querellante alegó múltiples violaciones a la Ley de Condominios en la convocatoria y celebración de la asamblea, incluyendo notificación defectuosa, poderes irregulares y participación de titulares con deuda. El Condominio recurrente solicitó y obtuvo del Tribunal de Apelaciones la paralización provisional de los efectos de la resolución del DACO. El señor Cabrera Colón se opuso al recurso de revisión, solicitando su desestimación o la confirmación del dictamen administrativo. El Tribunal ha tramitado el recurso, denegando una solicitud de desestimación, y procede a detallar los hechos procesales y la base de la querella original.