Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 79)

Resumen:

SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de Certiorari presentado por Miguel A. Sepúlveda Lugo, representado por la Sociedad para Asistencia Legal. El recurso impugna una "Orden" del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que declaró No Ha Lugar una moción de la SAL solicitando relevo de representación o archivo administrativo. El caso subyacente es por infracción a la Ley Núm. 54 (Violencia Doméstica), donde el peticionario fue sentenciado a libertad a prueba. El Programa de Comunidad informó incumplimiento de condiciones, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar la revocación de la libertad a prueba. El peticionario no compareció a múltiples vistas señaladas para atender la solicitud de revocación, a pesar de las gestiones del Estado. Ante la incomparecencia, la SAL presentó la moción denegada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari para revisar la determinación. Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Dr. Javier Castillo Granero contra Bayamón Medical Center. El Dr. Castillo apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda bajo la Ley de Represalias (Ley 115-1991), presentada mediante el procedimiento sumario de la Ley 2-1961. El foro primario había concluido que carecía de jurisdicción sobre la materia debido a un presunto acuerdo de arbitraje. El apelante impugnó esta determinación, alegando que la cláusula de arbitraje no era obligatoria y no privaba al tribunal de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, resolvió desestimar la apelación. La sentencia subraya la relevancia de la jurisdicción y la potestad del tribunal para desestimar recursos que adolecen de defectos jurisdiccionales.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Institución de Ancianos Casita de Amor, Inc. La apelación busca la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra tercero de Casita de Amor contra Conde Insurance Inc. y su aseguradora, AIG. Casita de Amor fue demandada originalmente por daños y perjuicios por una caída sufrida por una residente. Posteriormente, Casita de Amor demandó a su corredor de seguros, Conde Insurance, alegando negligencia por no asegurar la cubierta adecuada para este tipo de reclamación. Conde Insurance y AIG argumentaron, entre otras defensas, que la acción en su contra estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa de prescripción de Conde Insurance y desestimó la demanda contra tercero mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión presentado por Northwestern Selecta, Inc. La recurrente impugna una resolución interlocutoria de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. Dicha resolución denegó una solicitud de disposición sumaria en un caso sobre licencia por enfermedad, al encontrar hechos materiales en controversia. La OMA señaló una vista en su fondo tras denegar la adjudicación sumaria. El Tribunal de Apelaciones determina que la resolución recurrida es de carácter interlocutorio y no final. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, solo las órdenes o resoluciones finales de una agencia son revisables judicialmente. Los dictámenes interlocutorios no son susceptibles de revisión directa en esta etapa procesal. Por lo tanto, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso presentado. Se desestima el recurso de revisión por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso penal por infracciones a la Ley 22-2000, incluyendo causar muerte al conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. El recurso surge de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Caguas. El TPI ordenó la exclusión de los testimonios de una patóloga forense sustituta y un fotógrafo de autopsia. La exclusión se basó en que el Ministerio Público anunció a estos testigos de forma tardía, poco antes del juicio. El Ministerio Público explicó que la patóloga original no estaba disponible por haberse mudado y por impedimentos contractuales para su comparecencia. La defensa se opuso a la inclusión, alegando sorpresa y falta de tiempo para prepararse y contratar un perito propio. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al excluir los testimonios. Determina que el remedio adecuado para el anuncio tardío de testigos es conceder a la defensa el tiempo necesario para prepararse, no la exclusión de la prueba.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una solicitud de MAPEI Caribe Inc. MAPEI pide revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción de desestimación se presentó en el contexto de una Querella laboral por despido injustificado y represalias incoada por Juan R. Gómez Rivera bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. MAPEI argumentó que el emplazamiento fue defectuoso por no usar el formulario específico, indicar un término incorrecto para contestar y ser diligenciado a una empleada sin capacidad representativa. Alegó que estos errores afectaron su derecho al debido proceso y la jurisdicción del tribunal. El señor Gómez se opuso, afirmando que el emplazamiento cumplió con la ley y que MAPEI contestó en término. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación de MAPEI. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por MAPEI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de Daños y Otros. La Peticionaria, R \& L Development SE y otros, representada por Leslie Cardenales Ortiz, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión declaró No Ha Lugar una moción sobre Nulidad de Emplazamiento y Solicitud de Desestimación presentada por el peticionario. El Tribunal de Primera Instancia también denegó una Moción de Reconsideración posterior. El caso de origen trata sobre una reclamación de daños. El trasfondo incluye la historia de R \& L Development SE, una sociedad especial cuya duración pactada finalizó en 2015, aunque continuó operando. Existe un pleito previo donde se declaró la extinción irremediable de la sociedad, sin fijar término para liquidación. El peticionario, Leslie Cardenales Ortiz, tuvo diversas intervenciones con la sociedad, incluyendo ser designado vicepresidente en 2021. Tras evaluar la petición de certiorari y la oposición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado bajo la Ley 80, tramitado mediante el procedimiento sumario de la Ley 2. La parte apelada, Edwin Cruz Quiñones, demandó a BMJ Foods PR Inc. (apelante) alegando que su despido tras 35 años de servicio fue injustificado por no respetarse su antigüedad frente a otros empleados de su misma clasificación. En el Tribunal de Primera Instancia, BMJ no presentó su alegación responsiva a tiempo. El foro primario denegó una solicitud de prórroga de BMJ y anotó la rebeldía en su contra. A pesar de que BMJ presentó posteriormente su contestación y solicitó levantar la rebeldía, el Tribunal de Primera Instancia mantuvo la anotación. Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en Rebeldía a favor de Cruz, concediendo la querella y condenando a BMJ al pago de $\$119,687.52$ más honorarios de abogado. BMJ apeló dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, revoca la Sentencia en Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Alcidy Maldonado Santana. El peticionario impugna su convicción y sentencia por múltiples violaciones a la Ley de Armas. El Tribunal determina de inmediato que carece de jurisdicción para atender el recurso. Se explica que la jurisdicción es esencial y su ausencia obliga a la desestimación. El peticionario relata su proceso criminal y una apelación previa (KLAN201900289) que fue voluntariamente desistida por su abogado y desestimada por el Tribunal en 2019. A pesar de ello, sus argumentos actuales buscan la revisión de la misma sentencia. Estos planteamientos debieron ser presentados en la apelación original. Al desistir voluntariamente de la apelación previa, el peticionario abandonó su derecho a impugnar la sentencia en esa vía. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones no tiene autoridad para considerar los asuntos planteados en el recurso actual. Por falta de jurisdicción, el certiorari es desestimado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un caso de custodia. La señora Sara Cantres Negrón solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden del TPI, de febrero de 2024, declaró no ha lugar una Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la señora Cantres. Previamente, en agosto de 2023, el TPI había concedido la custodia monoparental del menor Y.Y.M.C. a su padre, el señor Rafael Matos Berrios. La señora Cantres había solicitado una reevaluación de la custodia, argumentando cambios en la situación y supuesta discriminación. El TPI denegó la moción al no encontrar un cambio suficiente en las circunstancias o riesgo para el menor que justificara modificar la custodia. Insatisfecha, la madre presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores del TPI. Tras evaluar el escrito de la peticionaria, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de Certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por el Municipio de San Juan. El Municipio impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Luz Evelyn González Sánchez. La orden recurrida denegó la solicitud del Municipio para relevar a un defensor judicial designado para la señora González Sánchez e impuso al Municipio el pago de sus honorarios. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración de dicha orden el 18 de enero de 2024. El Municipio presentó el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 15 de marzo de 2024. La parte recurrida solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, alegando que el recurso fue presentado tardíamente. El Tribunal de Apelaciones desestimó el certiorari por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamentó en que el recurso fue presentado fuera del término de 30 días establecido por las reglas de procedimiento para recurrir de órdenes finales o denegatorias de reconsideración.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Katiria's Café, Inc. solicitando la revisión judicial de una multa administrativa de $2,000 impuesta por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan. La multa se basó en la alegación de que el establecimiento opera principalmente como una barra, en violación de la Ley de Permisos. Katiria's Café solicitó reconsideración ante el Municipio, argumentando que su negocio principal es la venta de alimentos y que se le negó el debido proceso al no ofrecerle una audiencia. Ante la inacción del foro administrativo, Katiria's Café acudió al Tribunal de Apelaciones. El error señalado fue la emisión de la multa y la negación del derecho a una vista administrativa. El Tribunal ordenó en múltiples ocasiones al Municipio presentar el expediente administrativo relacionado con la multa. A pesar de las órdenes, el Municipio no cumplió con la presentación del expediente. El Tribunal procede a resolver el caso basándose en el expediente disponible y la falta de comparecencia del Municipio.

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Se resuelve la apelación presentada por Alicia Feliciano Sotomayor contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Sentencia, emitida el 30 de enero de 2024, declaró con lugar la Moción de Sentencia Sumaria del Hospital Episcopal San Lucas y desestimó la demanda en su totalidad. La demanda original alegaba despido injustificado, represalias y daños y perjuicios. La querellante sostenía que fue despedida tras reportar supuestas irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID-19 del Hospital. El Hospital argumentó que el despido fue justificado debido a la conducta de la empleada, quien supuestamente hizo imputaciones difamatorias. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no existían hechos en controversia que ameritaran un juicio. Este panel judicial revisó la determinación del foro primario. Por las razones expuestas, se confirma la Sentencia recurrida que desestimó el caso.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Pedro José De Pedro Martínez. El peticionario busca revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso que el administrador judicial pagara los honorarios de la representación legal del albacea anterior con fondos de dos sucesiones. Dicha orden se emitió tras declararse la caducidad del albaceazgo del recurrido, pero antes de un dictamen final sobre otras controversias pendientes en el caso subyacente de nulidad de contrato y daños. Los peticionarios alegan que el foro primario erró al conceder los honorarios por servicios que no beneficiaron a las sucesiones y fueron posteriores a la caducidad del albaceazgo. El recurrido se opuso, argumentando falta de jurisdicción y el derecho de los albaceas a reembolso de gastos. El Tribunal de Apelaciones revisa los criterios para la expedición de un auto de certiorari, destacando que este recurso es discrecional y extraordinario, y que el ordenamiento desfavorece la revisión de determinaciones interlocutorias que pueden plantearse en apelación. Con base en estos fundamentos, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Comparece el Pueblo de Puerto Rico mediante Certiorari solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución, emitida en noviembre de 2023, desestimó acusaciones contra Jean Pierre López Pomales y William Omar Marcano Rodríguez por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. La desestimación se fundamentó en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. El TPI actuó así ante la incomparecencia de un testigo clave del Pueblo, un Confidente 007, quien no estuvo disponible para entrevista o juicio. La defensa argumentó la necesidad de entrevistar al confidente para una posible defensa de entrampamiento. El Pueblo informó que el testigo enfrentaba amenazas y pérdidas familiares, impidiendo su comparecencia. El TPI aplicó una presunción de evidencia voluntariamente suprimida por la ausencia del confidente y desestimó el caso. El Pueblo solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El presente tribunal expedita el auto de Certiorari y revoca la Resolución recurrida del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, que desestimó con perjuicio la Demanda presentada por la Federación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y miembros individuales contra la CFSE. La Demanda original solicitaba un interdicto y sentencia declaratoria. El litigio se originó por la implementación parcial del Programa de Retiro Incentivado (Ley Núm. 80-2020) para empleados en puestos no esenciales, según requerido por la Junta de Supervisión Fiscal. Los apelantes alegaron que muchos empleados que solicitaron acogerse al programa no habían recibido notificación sobre la aprobación o denegación de sus solicitudes. La Demanda buscaba obligar a la CFSE a informar a los empleados sobre el estado de sus aplicaciones al programa. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, manteniendo así la desestimación de la Demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre custodia. Israel Martínez Hernández apela la decisión del Tribunal de Primera Instancia que autorizó a Abigail Caraballo Vargas, madre custodia, a trasladarse a Texas con los dos hijos menores. La madre solicitó la relocalización basándose en una oferta de empleo en Texas, argumentando que mejoraría la calidad de vida de los menores. Presentó detalles sobre vivienda, escuela y un plan de relaciones paterno-filiales. El padre se opuso al traslado, citando el bienestar de los niños en Puerto Rico, su apego a los abuelos paternos y su propia disponibilidad limitada debido a su trabajo. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista con prueba testifical y documental antes de autorizar el traslado. Tras evaluar la apelación, la oposición y la prueba, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una Petición de Certiorari. La petición fue incoada por Vicmarie Colón Alvarado y Francisco J. Morales Alvarado. Buscan revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. Dicha resolución denegó la Moción de Desestimación presentada por la señora Colón Alvarado al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. El caso subyacente involucra cargos por infracción a los Artículos 204 (Fraude en la ejecución de obras) y/o 182 (Apropiación ilegal agravada) del Código Penal. Los cargos se relacionan con alegaciones de incumplimiento en la instalación de sistemas de energía solar y otros tras recibir pagos parciales. El historial procesal incluye vistas preliminares donde se determinó causa probable contra el señor Morales Alvarado, pero no se mantuvo contra la señora Colón Alvarado en vista preliminar en alzada respecto al Artículo 182. A pesar de no mantenerse la causa probable en alzada, la señora Colón Alvarado presentó la moción de desestimación que fue denegada. La resolución del Tribunal de Apelaciones aborda la solicitud de revisión de esta denegatoria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en apelaciones consolidadas (KLAN202300883 y KLAN202300897). Los apelantes son vecinos del Barrio Indios y el Municipio de Guayanilla. Apelan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, que denegó sus solicitudes de interdicto estatutario y provisional. Dichas solicitudes buscaban paralizar la construcción de una facilidad de telecomunicaciones por Elite Towers, LLC, autorizada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Los apelantes alegaron riesgos por la ubicación de la torre cerca de áreas residenciales y recreativas, y posible inestabilidad del terreno. El TPI desestimó la causa de acción con perjuicio y ordenó el pago de honorarios de abogado a los demandantes. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los recursos presentados, confirma la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de certiorari presentados por Ivette Díaz Pérez y P \& C Auto, Inc. Ambos recursos provienen del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón y buscan la revisión de una misma resolución. El caso original trata sobre reclamaciones de bono de navidad y otros beneficios laborales, despido injustificado, discrimen por edad y represalias. La controversia principal gira en torno a si la señora Díaz Pérez era una empleada o una contratista independiente de P \& C Auto. La señora Díaz Pérez presentó una demanda alegando ser empleada y reclamando beneficios y compensaciones no pagadas, además de despido en represalia. P \& C Auto sostiene que era una contratista independiente según sus contratos y declaraciones contributivas. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria parcial o a su favor, las cuales fueron denegadas por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos para revisar la determinación del foro primario sobre estas mociones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución consolidando dos recursos de certiorari presentados por Ivette Díaz Pérez y P \& C Auto, Inc. Ambos recursos impugnan la misma resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso laboral. La señora Díaz Pérez demandó a P \& C Auto por despido injustificado, discrimen por edad, pago de horas extras y represalias. La controversia principal gira en torno a si la señora Díaz Pérez era una empleada o una contratista independiente. La demandante alega que, a pesar de los contratos, la relación era obrero-patronal por el control ejercido por la empresa. La demandada argumenta que era una contratista independiente según los contratos, declaraciones contributivas y la Ley 4-2017. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria en el foro primario sobre este y otros aspectos del caso. La consolidación permite al Tribunal de Apelaciones revisar conjuntamente las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia sobre las mociones de sentencia sumaria. El caso incluye reclamaciones específicas sobre bono de navidad y otros beneficios laborales.

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Un recurso de revisión administrativa fue presentado por NC Contractor & Rental, Inc. impugnando la adjudicación de la subasta pública Núm. 4 Serie: 2023-2024 por parte del Municipio de Naranjito. La recurrente alegó errores en la notificación de la adjudicación y que la oferta ganadora no era responsiva. La notificación de la adjudicación se emitió el 15 de febrero de 2024 y fue enviada por correo al día siguiente. El recurso de revisión fue presentado ante el tribunal el 27 de febrero de 2024. El Municipio y la empresa adjudicataria solicitaron la desestimación del recurso. La recurrente admitió haber presentado el recurso once días después de la notificación. El tribunal determinó que la presentación tardía del recurso constituye una falta de jurisdicción insubsanable. La alegación de la recurrente sobre la nulidad de la notificación por citar leyes derogadas fue desestimada. Por consiguiente, el tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los Vecinos y el Municipio de Guayanilla solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Sentencia denegó las solicitudes de Injunction Estatutario, desestimó con perjuicio la causa de acción y ordenó el pago de honorarios de abogado. El litigio se inició tras la aprobación por la OGPe de un permiso a Elite Towers para construir una facilidad de telecomunicaciones en Guayanilla. Los Vecinos y el Municipio presentaron demandas separadas, posteriormente consolidadas, buscando paralizar la obra mediante interdictos estatutarios bajo la Ley 161-2009. Alegaron, entre otros motivos, riesgos para la seguridad pública y la inestabilidad del terreno. El TPI denegó las medidas cautelares y la acción principal. Los recursos de apelación contra esta decisión fueron consolidados ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en el caso de Certiorari instado por Omar Calero Castillo. El peticionario presentó el recurso sin cancelar los aranceles de presentación ni solicitar litigar in forma pauperis. Mediante Resolución previa, el Tribunal le concedió un término de 10 días para cumplir con estos requisitos y presentar los documentos pertinentes. Dicha Resolución fue debidamente notificada al peticionario. Transcurrido el término concedido, el señor Calero Castillo no compareció ni cumplió con lo requerido. En consecuencia, el Tribunal desestima el recurso por el incumplimiento del peticionario con las leyes y reglamentos aplicables. La Resolución subraya la importancia del cumplimiento con las normas procesales para el perfeccionamiento de los recursos apelativos y la capacidad del tribunal para revisarlos.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por José Orlando Colón Cruz. El señor Colón Cruz solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia en San Juan. El caso subyacente trata sobre una Petición de Orden de Protección bajo la Ley Contra el Acecho, instada por Mary Power contra el señor Colón Cruz. El tribunal primario emitió una orden ex parte y pautó una audiencia. La señora Power no compareció a dicha audiencia, aunque el señor Colón Cruz sí lo hizo y presentó argumentos. Ante la incomparecencia de la peticionaria, el foro primario archivó el caso. El señor Colón Cruz presentó mociones de reconsideración y solicitud de honorarios, las cuales fueron denegadas. Insatisfecho, el señor Colón Cruz presentó este Certiorari, alegando que el tribunal primario erró al archivar el caso sin considerar sus argumentos. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del foro primario en el ejercicio de su discreción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por Harrison Ramírez Jusino y la Asociación de Pescadores Unidos de La Parguera. La apelación impugna la desestimación de una demanda por el Tribunal de Primera Instancia contra el Municipio de Lajas, su Alcalde y otros. La demanda original solicitaba injunction, interdicto preliminar y permanente, y daños y perjuicios contractuales y extracontractuales. El apelante alegó operar negocios en La Villa Pesquera de La Parguera con endosos municipales. Sostuvo que el Alcalde inició un patrón de persecución y buscó su desalojo tras negarse a ceder la operación de una cafetería y usar conexiones ilegales. También alegó que el Municipio arrendó las facilidades a un tercero sin considerarlo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en su totalidad. El Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia apelada. La modificación deja sin efecto la desestimación en cuanto a la causa de acción sobre daños y perjuicios extracontractuales.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico las apelantes The Woman from Mallorca, Inc., Iron Sphynx, Corp., y María S. Figueroa Lugo. Solicitan revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reconsideración. Dicha solicitud buscaba revertir una sentencia sumaria que declaró ha lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por PR Recovery and Development (PRRD). Las apelantes argumentaron que PRRD carecía de legitimación activa para cobrar la deuda, cuestionando la validez de la cesión del préstamo por parte del Banco de Desarrollo Económico. PRRD sostuvo ser el acreedor legítimo y que no existían controversias de hechos materiales. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de PRRD. Posteriormente, denegó la reconsideración solicitada por las apelantes. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Resolución apelada.

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Este es un recurso de apelación presentado por Isaac Santana Castro contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra Walmart Puerto Rico, Inc. El apelante, empleado de Plaza Provision Company, sufrió una caída en 2019 mientras trabajaba como merchandiser en un supermercado Amigo operado por Walmart. Alegó que Walmart fue negligente al no mantener condiciones seguras. Walmart solicitó sentencia sumaria, argumentando que, como patrono estatutario que contrató los servicios de Plaza Provision, estaba cubierto por la inmunidad patronal de la Ley Núm. 45, ya que Plaza Provision era un patrono asegurado. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de Walmart, aplicando la doctrina del patrono estatutario. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada, validando la desestimación de la demanda.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por una titular de condominio contra el Consejo de Titulares y el administrador. La titular solicitó un estado de cuenta detallado, incluyendo el desglose de multas, y la lista de nombres y datos de contacto de los demás titulares. Ante la falta de entrega de la información solicitada, la titular acudió al DACo. El DACo declaró Ha Lugar la querella, ordenando al Consejo de Titulares a entregar la información y refiriendo al administrador para posible revocación de licencia. El Consejo de Titulares recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la resolución del DACo. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el DACo.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Rubén Alfonso Miranda Mercado y otros, apelantes, contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón y otros, apelados. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla y trata sobre la nulidad de sentencia. Los apelantes instaron una demanda solicitando la nulidad de una sentencia de ejecución de hipoteca y subasta previa. Alegaron que dicha sentencia era nula por falta de notificación a la sucesión de Don Ricardo Miranda, a quien consideraban parte indispensable. La demanda buscaba declarar la nulidad de la sentencia y subasta, obtener un interdicto permanente y reclamar daños. En el foro primario, la Cooperativa solicitó la desestimación de la demanda. La base de la solicitud fue el incumplimiento de los apelantes en emplazar a varios codemandados dentro del término de 120 días. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la desestimación dictada por el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por el Matrimonio Gutiérrez-Martínez contra Galaxia Performance, LLC. La apelación busca revocar una Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Galaxia demandó a los apelantes por incumplimiento de un pagaré y una hipoteca otorgados en 2006. Los apelantes no presentaron contestación a la demanda tras haber solicitado y obtenido una prórroga inicial. El caso fue referido a mediación compulsoria, la cual no resultó en un acuerdo. Tras el fracaso de la mediación, Galaxia solicitó la anotación de rebeldía y la sentencia correspondiente. Los apelantes comparecieron con nueva representación legal y solicitaron una nueva prórroga para contestar la demanda el mismo día que se dictó la sentencia en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia en Rebeldía apelada.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende dos recursos de certiorari consolidados. Los recursos fueron presentados por Stephanie Velázquez López y Diana O. López Del Pozo, impugnando una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución, emitida el 6 de septiembre de 2023, adjudicó solicitudes de alimentos entre parientes. El caso original proviene de un divorcio entre Roberto Velázquez Torres y Diana O. López Del Pozo. Durante el proceso de divorcio, se estableció una pensión alimentaria provisional para sus dos hijas menores, Stephanie y Natalia Velázquez López. Posteriormente, al alcanzar la mayoría de edad, ambas hijas presentaron demandas de alimentos entre parientes. El Tribunal de Primera Instancia celebró vistas y emitió la resolución recurrida, aplicando el Código Civil de 1930 para adjudicar las solicitudes. Las peticionarias recurrieron de esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari en ambos recursos consolidados.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende dos recursos de certiorari consolidados. Los recursos, identificados como KLCE202301105 y KLCE202301126, fueron presentados por Stephanie Velázquez López y Diana O. López Del Pozo. Impugnan una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce el 6 de septiembre de 2023. Dicha resolución del TPI se dictó en el contexto de un caso de divorcio previo entre Roberto Velázquez Torres y Diana O. López Del Pozo. La resolución recurrida del TPI resolvió solicitudes de alimentos entre parientes presentadas por las hijas adultas de las partes, Stephanie Velázquez López y Natalia Velázquez López. El TPI realizó determinaciones de hechos y aplicó el Código Civil de 1930 a estas reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los recursos, deniega la expedición del auto de certiorari en ambos casos consolidados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN202400107. El apelante, Billy Crespo Rivera, solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia había declarado Con Lugar una Moción de Desestimación presentada por el apelado, Ramly Henríquez González. La demanda original del señor Crespo Rivera reclamaba daños y perjuicios e interdicto permanente. Alegaba que se le negó la entrada a un restaurante (Annie's Place) por no usar mascarilla, a pesar de tener condiciones médicas que se lo impedían, constituyendo discriminación bajo la ADA y causándole daño emocional. El apelado negó las alegaciones y solicitó la desestimación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio e impuso honorarios de abogado al apelante. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirmó la Sentencia apelada, incluyendo la desestimación de la Demanda con perjuicio y la imposición de honorarios de abogado a la parte apelante.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa al caso de revisión administrativa KLRA202400118. El recurso fue presentado por Oasis Consulting Services P.R., LLC contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y otras partes. La revisión impugnaba una Solicitud de Propuestas relacionada con el Plan Integrado de Manejo de Desechos Sólidos. Oasis Consulting Services P.R., LLC presentó el recurso de revisión administrativa el 6 de marzo de 2024. El tribunal tramitó el caso y emitió una resolución el 12 de marzo de 2024. No obstante, el 20 de marzo de 2024, la parte recurrente, Oasis Consulting Services P.R., LLC, presentó un aviso desistiendo formalmente del recurso. Citando dicho desistimiento, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de revisión administrativa. La sentencia que confirma la desestimación fue emitida el 25 de marzo de 2024.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLAN202400123, resolviendo una apelación presentada por Lorraine Irenita Fuster Santana. La apelación impugnaba la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama que decretó el divorcio por la causal de ruptura irreparable entre la apelante y Pedro José Nieva Annoni. El caso se inició con la demanda de divorcio interpuesta por el señor Nieva Annoni. La señora Fuster Santana contestó la demanda, cuestionando la jurisdicción del tribunal basada en su alegada residencia en Florida, aunque también solicitó el divorcio en reconvención. Ambas partes presentaron argumentos sobre su lugar de residencia y la ocurrencia de los hechos que llevaron a la ruptura. La apelante también planteó asuntos relacionados con la custodia de los hijos, pensión alimentaria y la vivienda familiar. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los fundamentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada que disolvió el vínculo matrimonial.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres recursos de certiorari consolidados. Los recursos fueron presentados por Ethelyn Bernier Velázquez y Mitchell Bernier Rivera en un caso de división de comunidad hereditaria. Impugnan resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron mociones de sentencia sumaria parcial. Un punto central de controversia en los recursos es la titularidad de un inmueble ubicado en Patillas. El Tribunal de Primera Instancia denegó las sentencias sumarias al determinar que existía una controversia de hecho material sobre si la propiedad pertenece al caudal hereditario o a Mitchell Bernier Rivera. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los recursos, deniega la expedición del auto de certiorari en los tres casos consolidados.

Resumen:

Recursos de certiorari consolidados ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división de comunidad hereditaria. Los recursos fueron presentados por Ethelyn Bernier Velázquez y Mitchell Bernier Rivera, impugnando resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron mociones de sentencia sumaria parcial. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari en los tres recursos consolidados. La denegatoria se fundamenta en que el Tribunal de Primera Instancia identificó correctamente una controversia de hechos material. Dicha controversia gira en torno a la titularidad de un inmueble ubicado en Patillas. El foro primario determinó que existía duda sobre si la propiedad pertenecía al caudal hereditario del causante o a uno de los herederos. Al existir esta controversia fáctica sustancial, la sentencia sumaria no procedía. Por tanto, la decisión del Tribunal de Primera Instancia de denegar las mociones de sentencia sumaria fue acertada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre tres recursos de certiorari consolidados. Los recursos provienen de un caso en el Tribunal de Primera Instancia sobre división de comunidad hereditaria entre Ethelyn Bernier y Mitchell Bernier Rivera. Los peticionarios impugnan resoluciones del TPI que denegaron mociones de sentencia sumaria parcial. Una moción denegada por el TPI se refería a la inclusión de un inmueble en Patillas en el caudal hereditario. Otra moción denegada trataba sobre una demanda de intervención en el caso. El TPI identificó como controversia principal si el inmueble de Patillas pertenece a la herencia o a Mitchell Bernier Rivera. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los recursos, deniega la expedición del auto de certiorari en los tres casos consolidados. Esta decisión implica que el Tribunal de Apelaciones no revisará las determinaciones del TPI en esta etapa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre fijación de pensión alimenticia. La apelante, Krystal Laracuente Cortés, solicitó la revisión del dictamen que estableció la obligación del apelado, Carlos Mercader Pérez. La Sentencia apelada impuso al señor Mercader Pérez el pago mensual de $1,847.50 por concepto de alimentos para la menor ALML. Adicionalmente, se le ordenó cubrir el 100% de gastos de pañales, gastos médicos no cubiertos, gastos extraordinarios mediante reembolso y proveer plan médico. La controversia se inició con una solicitud del señor Mercader Pérez para fijar la pensión, alegando contribuciones previas significativas y una propuesta no aceptada por la madre. El caso fue evaluado por una Examinadora de Pensiones Alimenticias antes de la decisión del foro primario. La señora Laracuente Cortés admitió algunas contribuciones del padre, pero rechazó su propuesta. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación contra una Sentencia Sumaria Final del Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por José A. Lugo Lugo y JAL Outlet, Inc. en un caso de cobro de dinero iniciado por Julio Ruiz Colón. Inicialmente, la demanda fue contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pero se enmendó para incluir a los apelantes como partes indispensables. El foro primario declaró con lugar la demanda contra los apelantes. Se les ordenó pagar a Ruiz Colón la suma de \$360,000.00, más costas, intereses y \$7,000.00 por honorarios de abogado. La reclamación original se basó en trabajos de construcción realizados en un proceso de expropiación forzosa relacionado con una propiedad de Lugo. El caso contra la ACT se paralizó debido a su acogida al proceso de quiebra bajo PROMESA. Los apelantes solicitan la revocación del dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. La recurrente, Nerva M. Díaz Cruz, impugnó una Resolución de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dicha Resolución administrativa denegó su solicitud para modificar la fecha de efectividad de su jubilación. El Tribunal procedió a evaluar el recurso de revisión judicial presentado. Tras analizar el expediente, se determinó que el recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y las reglas procesales. La ley exige que la solicitud de revisión judicial se presente dentro de un término de treinta días. Al haberse presentado tardíamente, el Tribunal concluyó que carece de jurisdicción para considerar el caso en sus méritos. Por lo tanto, el recurso de revisión es desestimado por falta de jurisdicción.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por la Asociación de Residentes de Estancias de Cidra (AREC). El caso original es una demanda presentada por José Rafael Arrieta Igartúa contra AREC y otros, solicitando un interdicto y compensación por daños. La demanda alega violaciones a las restricciones de uso, el reglamento de la asociación y la Ley de Control de Acceso. AREC solicitó sentencia sumaria, argumentando la ausencia de hechos materiales en controversia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria, identificando múltiples hechos controvertidos relacionados con la gobernanza de la asociación, la seguridad, el cumplimiento de restricciones y la existencia de un taller mecánico. El foro primario consideró que la existencia de estas controversias impedía dictar sentencia sumaria. Inconforme con esta determinación, AREC acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por AREC.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre custodia y relaciones paternofiliales. Marcos Cordero González solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que suspendió temporalmente sus relaciones con sus dos hijos menores. El caso se originó en 2020 con una petición de custodia de la madre, Jenny de la Cruz Báez. En 2022, el Tribunal de Apelaciones otorgó la custodia provisional de los menores al Departamento de la Familia por alegaciones de maltrato y alienación parental. El foro primario mantuvo la custodia provisional del Departamento y ordenó al padre recibir servicios sobre alienación parental, suspendiendo sus visitas. Un informe de Grupo SEPI indicó exposición a alienación parental por parte del padre, llevando a la orden recurrida que no autorizó las relaciones paternofiliales por el momento. El peticionario acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto. Se revocó el extremo de la Resolución recurrida que no autorizó las relaciones paternofiliales del señor Cordero González con el menor por el momento.

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Neomed Center, Inc. presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso laboral incoado por Soraya Rosado Ruiz. El pleito original, presentado bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, incluye reclamaciones por despido injustificado, represalias y discrimen por impedimento. Neomed había solicitado la desestimación del caso en Primera Instancia. Argumentó que la demandante no agotó el remedio de mediación judicial requerido por la Ley Núm. 90 sobre acoso laboral antes de presentar la querella. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de Neomed. En desacuerdo con esta decisión interlocutoria, Neomed recurrió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones evaluó la Petición de Certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari. La denegatoria se fundamenta en que la resolución apelada es de carácter interlocutorio dentro de un procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2.

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El Tribunal de Apelaciones denegó un auto de certiorari presentado por el Dr. Ricardo Fontanet Sánchez, Puerto Rico Medical Defense Insurance Company y el Hospital de La Concepción. Los peticionarios buscaban revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar sus solicitudes de sentencia sumaria. El caso subyacente es una demanda por impericia médica presentada por Edwin Torres Vega. El señor Torres Vega alega negligencia en el manejo de una fractura de patela, específicamente la falta de administración de anticoagulantes, lo que resultó en una embolia pulmonar. También alega cuidado inadecuado por parte del Hospital tras una caída. El foro primario denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias de hecho sobre el manejo del Hospital y la necesidad de prescribir anticoagulantes. Los peticionarios argumentaron que el tribunal de instancia ignoró hechos probados y erró al no desestimar al Hospital. El recurrido sostuvo que persisten controversias sobre la transferencia inicial y el consentimiento informado. La denegación del certiorari significa que el caso continuará en el Tribunal de Primera Instancia para la adjudicación de los hechos en controversia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de certiorari relacionado con ejecución de hipoteca, cobro de dinero y cancelación de pagaré extraviado. La parte peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto órdenes previas para evaluar la capacidad del recurrido, Roberto González Lago, para ser depuesto. El litigio principal surge de un contrato de compraventa de acciones de Mayagüez Cemetery, Inc. de 2001, garantizado por un pagaré hipotecario, sobre el cual surgió una controversia de pagos 20 años después. Durante el descubrimiento de prueba, los abogados del recurrido alegaron que este presentaba dificultades cognitivas y de memoria debido a diagnósticos de Alzheimer e ictus desde 2017, cuestionando su capacidad para la deposición. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente ordenó una evaluación, pero luego, tras una reconsideración, revocó dicha orden. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso de certiorari, resuelve expedir el auto y revocar el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de modificación de pensión alimentaria y plan de pago. El apelante, Carlos Daleccio Molina, solicitó la revisión de la pensión y el retroactivo, alegando que el cálculo original de la Examinadora de Pensiones Alimentarias omitió deducciones mandatorias. Este recurso surge tras procedimientos previos donde se fijó la pensión alimentaria y una deuda retroactiva a favor de la apelada, Lideliz Torres Viruet. En una apelación anterior, este mismo panel confirmó la determinación inicial del Tribunal de Primera Instancia sobre la pensión y el retroactivo. La solicitud de modificación ahora revisada fue presentada por el señor Daleccio después de que se confirmaran las determinaciones previas. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta nueva solicitud de modificación. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, confirma la determinación del foro primario. La sentencia valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no modificar la pensión ni el plan de pago previamente establecidos.