Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 73)

Resumen:

Compareció ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Ismael Santiago Ponce. El apelante solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Ismael Omar Santiago Torres. La demanda original versaba sobre incumplimiento de contrato. Santiago Ponce alegó haber comprado una propiedad en 2012, pero la puso a nombre de su hijo, Santiago Torres, mediante una venta simulada para evitar que fuera bien ganancial. Existía un supuesto acuerdo verbal para que el hijo le transfiriera la propiedad posteriormente. En 2018, la propiedad fue transferida a otro hijo mediante otra venta simulada para servir de garantía en un préstamo. El apelante sostuvo que el apelado incumplió el compromiso de devolverle la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia concedió la solicitud de desestimación presentada por Santiago Torres. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante recurso de certiorari una Orden de Protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden fue dictada al amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico (Ley 284-1999) contra Alejandro E. Mayendía Blanco a favor de Héctor S. González Rodríguez. El Tribunal de Primera Instancia, tras celebrar una vista final, determinó que existían hechos probados que justificaban la orden, incluyendo una agresión física, contacto con la pareja del recurrido y amenazas previas. Consecuentemente, expidió una Orden de Protección Final por dos años. El señor Mayendía Blanco solicitó la revisión, argumentando que el TPI erró al concluir que su conducta constituía acecho y al apreciar la prueba, señalando la falta de un patrón persistente. Las partes presentaron sus alegatos ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Puerto Rico Telephone Company (PRTC). La apelación se dirige contra una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de reclamación de clase. La demanda original, presentada en 2003, alegaba que PRTC cobró indebidamente por el servicio de tele-tecla durante siete años, en violación de la Ley de Telecomunicaciones. Los demandantes, representando tres clases, reclamaban el reembolso de \$105.35 millones. El caso transitó por un complejo historial procesal, incluyendo la certificación de clase y referencias a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones debido a cambios legislativos. Tras ser devuelto al TPI, este dictó una Sentencia Parcial en diciembre de 2023 declarando la demanda Ha Lugar a favor de las clases demandantes. PRTC apeló dicha determinación. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Parcial apelada del TPI.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación del Gobierno contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre trabajos en el Parque Luis Enrique Monagas. La demanda original, presentada por ciudadanos y la entidad Ciudadanos del Karso, Inc., denunció la tala indiscriminada de árboles y palmas por contratistas del gobierno tras el Huracán María. Alegaron violaciones a leyes ambientales, falta de permisos y daño a especies protegidas. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los demandantes e interventor. Dicha sentencia declaró nulos acuerdos interagenciales entre el Departamento de Recreación y Deportes y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre el parque. También emitió interdictos permanentes, ordenando al Estado un nuevo plan de mitigación y la preparación de Declaraciones de Impacto Ambiental para futuros trabajos. El Gobierno apeló esta determinación, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones anticipa revocar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de Certiorari presentado por Reynaldo Molina Borrero. El peticionario solicitó permiso para presentar un disco duro como prueba de su alegada inocencia, evidencia que ya había sido mostrada en la vista de causa probable. Previamente, el Sr. Molina Borrero se había declarado culpable del delito de actos lascivos y fue sentenciado a 11 años y 3 meses de prisión, además de ser incluido en el Registro de Agresores Sexuales. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud y el expediente, aplicando los criterios establecidos en la Regla 40 de su reglamento para la expedición de autos de Certiorari. Tras el análisis, el tribunal determinó que la petición no cumplía con ninguno de los criterios necesarios para expedir el recurso. No se encontró evidencia de prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción por parte del tribunal de primera instancia. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de Certiorari solicitado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina un recurso de apelación presentado por Juan Carlos Torres Lizardi. El apelante solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró "Ha Lugar" una demanda por fraude relacionada con una escritura de donación. La demanda original fue presentada por Sara Martínez Medina y otros contra Torres Lizardi y un notario. Se alegó que Torres Lizardi adquirió fraudulentamente un inmueble de Sara Martínez Medina mediante una escritura de donación. Los demandantes sostuvieron que la escritura se otorgó sin el conocimiento ni la intención de Sara Martínez Medina, aprovechando su vulnerabilidad y hospitalización. Buscaban la restitución de la propiedad y una indemnización por daños y perjuicios. El apelante cuestiona la determinación del foro primario que validó la alegación de fraude en su contra.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Heriberto García Parra contra el Departamento de Corrección y otros. El apelante, una persona confinada, demandó por alegados servicios médicos inadecuados, buscando un injunction y ser relevado de agotar el trámite administrativo. Los demandados, contratistas médicos, argumentaron la falta de agotamiento de remedios administrativos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el apelante presentó numerosas solicitudes administrativas, pero no solicitó reconsideración ni recurrió las denegatorias al Tribunal de Apelaciones. Concluyó que las determinaciones administrativas advinieron finales y firmes. Por consiguiente, el foro primario desestimó la demanda en su totalidad por falta de agotamiento de remedios. El apelante recurrió en apelación solicitando la revocación de la sentencia y compensación por daños. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada. Se valida la desestimación de la demanda por no agotar los remedios administrativos disponibles.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Iris Ibette Cruz Vázquez. La petición impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de declaratoria de herederos. El TPI había denegado la solicitud de la peticionaria para expedir un emplazamiento por edicto. La razón del TPI fue que el emplazamiento por edicto no era compatible con un procedimiento ex parte y requería un pleito ordinario. El caso subyacente busca declarar los herederos de Carmen Rodríguez, quien era parte de la comunidad hereditaria de Andrea Vázquez, donde la peticionaria también tiene interés. La peticionaria no pudo localizar a todos los herederos de la Sra. Rodríguez, residentes en Estados Unidos, y por ello solicitó el emplazamiento por edicto. La peticionaria alegó que el TPI erró al denegar la solicitud, contraviniendo el Código de Enjuiciamiento Civil. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari. La sentencia revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación convertido en certiorari. El apelante, Juan Carlos Vega Martínez, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su petición de injunction estatutario. Dicha petición, presentada al amparo del Artículo 7.15 de la Ley General de Corporaciones, buscaba la remoción del apelado, José Toral Muñoz, de sus cargos directivos en una corporación. El apelante alegó incumplimiento del deber de fiducia por parte del apelado. El apelado solicitó la desestimación, argumentando que el Artículo 7.15 no aplica a reclamos de incumplimiento de deberes o mala conducta, sino a la validez de elecciones o nombramientos. El foro primario acogió este argumento y desestimó la acción. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, confirma la interpretación del tribunal de instancia. Se determina que el Artículo 7.15 no es el vehículo procesal adecuado para dirimir alegaciones de incumplimiento con los deberes de fiducia. Por tanto, se deniega la expedición del auto solicitado, manteniendo la desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez-Aguadilla. Dicha resolución denegó una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia presentada por Bella Vista Hospital, Inc. (BVH) en una querella laboral incoada por Diana Martínez Rodríguez. La señora Martínez Rodríguez reclamó despido injustificado, acoso laboral, represalias y discrimen por edad bajo el procedimiento sumario. BVH argumentó que el foro federal tenía jurisdicción exclusiva porque la querella mencionaba incidentes de una demanda previa relacionada con COBRA que la recurrida había desistido. La recurrida replicó que no reclamaba remedios bajo COBRA, sino que mencionó la demanda previa en el contexto de alegadas represalias. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por BVH.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Baome Development, LLC. La apelación impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Cabo Rojo. Dicha sentencia ordenó a Baome pagar cuotas de mantenimiento adeudadas a la Asociación de Propietarios y al Condominio Hacienda de la Baume. Las cuotas reclamadas correspondían a un periodo anterior a la adquisición de propiedades por Baome. El foro primario había acogido la demanda de cobro de dinero y sentencia declaratoria de los apelados y denegado las peticiones de Baome. El caso se fundamenta en la Ley de Condominios y la responsabilidad por deudas preexistentes. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del dictamen apelado. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un panel apelativo revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Obed Colón Cruz apeló la Sentencia del TPI que declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria presentada por el Hospital Metropolitano. El señor Colón Cruz demandó al Hospital por despido injustificado, tras ser cesanteado en febrero de 2021 de su puesto como Agente Comprador IPD en Farmacia. El Hospital Metropolitano argumentó que el despido fue justificado debido al impacto operacional y financiero de la pandemia de COVID-19, lo que llevó a la eliminación de posiciones y cesantías. El Apelante se opuso a la sentencia sumaria, cuestionando la prueba presentada por el Hospital y alegando que los datos financieros no mostraban una reducción en el volumen de servicios. El Hospital replicó que el Apelante admitió hechos esenciales y no existía controversia real sobre la razón del despido. El panel apelativo, tras revisar el caso, confirma la Sentencia apelada del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Demanda de Mandamus. El Dr. Ediel José Varela Deliz presentó el mandamus contra la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) y otros. Buscaba que la C.E.E. le notificara conforme a derecho una determinación sobre su aspiración a candidato. La C.E.E. había rechazado su aspiración y denegado su moción de reconsideración. La controversia principal radicaba en la alegada notificación defectuosa de la denegatoria de reconsideración. Se argumentó que la notificación no se hizo a sus abogados ni incluyó los apercibimientos legales. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como apelación. Revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Se expide el mandamus solicitado, ordenando a la C.E.E. notificar correctamente la Certificación de Acuerdo del 8 de marzo de 2024.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Lucas Casul Cruz, impugna la Resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución, emitida el 13 de febrero de 2024, ratificó su clasificación de custodia mediana. Casul Cruz fue sentenciado en 2012 a 252 años por asesinato en primer grado y Ley de Armas. Inicialmente clasificado en custodia máxima, fue reclasificado a mediana en 2023 por progreso rehabilitador. La evaluación de 2024 reconoció su buen comportamiento y logros académicos y de conducta. No obstante, se aplicó una modificación discrecional para mantener la custodia mediana debido a la gravedad y severidad de los delitos originales. El CCT determinó que debía continuar en custodia mediana por un año adicional para observar ajustes. El Tribunal procede a disponer del recurso sin requerir trámites adicionales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Costa Esmeralda. El Consejo de Titulares solicitó la revisión y revocación de una orden del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha orden del DACo instruyó al Consejo a restablecer inmediatamente el servicio de agua al apartamento del señor Manuel Dávila Ortiz. También les ordenó abstenerse de suspender servicios esenciales durante el trámite de la querella. El Consejo de Titulares presentó el recurso de apelación y posteriormente una moción para paralizar los procedimientos ante el DACo. El Tribunal de Apelaciones evaluó el expediente. La corte decidió desestimar el recurso presentado por el Consejo de Titulares. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para entender en el asunto. El Tribunal priorizó el análisis de su propia jurisdicción.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presenta un recurso de revisión judicial. Northwestern Selecta, Inc. impugna una decisión del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. La controversia surge de un boleto de infracción de $2,000 emitido a Northwestern por supuestamente operar sin la debida autorización para prestar servicios públicos mediante paga. El boleto se basó inicialmente en el Reglamento Núm. 9293 del Negociado. Northwestern solicitó la nulidad del boleto argumentando que dicho Reglamento fue declarado nulo posteriormente por este Tribunal. También alegó que no presta servicios públicos pagados, sino que usa sus camiones de forma privada. El Negociado denegó el recurso administrativo, sosteniendo que la infracción está tipificada por la Ley de Servicio Público y que la nulidad del reglamento ocurrió después de la expedición del boleto. Northwestern recurre judicialmente, planteando que el Negociado erró al no declarar nulo el boleto y al aplicar la ley de forma arbitraria. El Tribunal revisa la legalidad y razonabilidad de la decisión administrativa del Negociado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por candidatos y aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El foro primario había denegado una solicitud de desestimación de los apelantes. Adicionalmente, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar una querella presentada por representantes, senadores y aspirantes de otros partidos. Dicha querella resultó en la descalificación de los apelantes y otros candidatos del MVC. El caso original versaba sobre la descalificación de aspirantes y candidatos bajo el Artículo 7.5 de la Ley 58-2020. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones REVOCA la Sentencia apelada. Esta decisión revierte la descalificación impuesta por el Tribunal de Primera Instancia a los candidatos del MVC.

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Se presenta un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Sharon F. Cardona Frontera impugna una decisión administrativa que le denegó beneficios de seguro por desempleo. El Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) la declaró inelegible inicialmente por supuesta conducta incorrecta relacionada con su despido. Tras solicitar una audiencia, la recurrente no compareció a la llamada telefónica programada. El NSE emitió una resolución confirmando la inelegibilidad debido a la incomparecencia. La señora Cardona alegó problemas de señal telefónica como causa de su ausencia. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos confirmó la resolución de no comparecencia y la inelegibilidad en etapas administrativas posteriores, incluyendo una reconsideración. La recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el recurso sin trámite adicional. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen administrativo final que denegó los beneficios de desempleo a la señora Cardona.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Elionar Peña Cruz y Maricelis Vega Poventud. Apelan una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Black Eagle PR, LLC y Carlos A. Báez Ríos. La desestimación se basó en la expiración del término de 120 días para diligenciar el emplazamiento. Los apelantes intentaron emplazar, pero el alguacil no localizó a los demandados. Solicitaron emplazamiento por edicto, pero el foro primario lo denegó por falta de diligencias específicas y por haber vencido el término. El Tribunal de Primera Instancia consideró que las certificaciones del alguacil no cumplían con la regla procesal y que no se justificó el emplazamiento por edicto dentro del plazo. Los apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. On the Wheels, LLC H/N/C Taíno Motors solicita la revisión de una Resolución Sumaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución, emitida el 29 de enero de 2024, declaró ha lugar una querella de Annette Roldán Figueroa. La querella alegaba un cobro indebido de \$254.16 por concepto de tablilla en la compra de un vehículo en 2020. DACo determinó, basándose en el expediente administrativo y aplicando el Reglamento 9158, Regla 20(f), que el cobro fue indebido y ordenó el reembolso. On the Wheels recurre ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que DACo erró al disponer sumariamente de la querella, violando el debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones concedió plazo a la señora Roldán Figueroa para presentar alegato en oposición, el cual no había sido presentado a la fecha de la sentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio por precario y falta de pago. La apelante, Ivelisse Arroyo Rodríguez, solicitó la revocación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Gloria Mercedes Cámara. Arroyo Rodríguez alegó ser dueña de la propiedad y que la demandada la ocupaba sin contrato ni pago. La demandada, Cámara, sostuvo tener un contrato de arrendamiento y pagar la renta a un codueño, el Sr. Dueño Arroyo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la propiedad forma parte de una comunidad de bienes entre la apelante y el Sr. Dueño Arroyo, sujeta a un caso de división de comunidad de bienes activo. Constató que la demandada tenía un contrato de arrendamiento con el Sr. Dueño Arroyo y le realizaba los pagos. Consideró que la controversia sobre a quién debía pagarse la renta era un asunto de administración de la comunidad de bienes a dilucidar en el caso de división. Por ello, desestimó la demanda de desahucio sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra José A. Llanos Marcano. La OEG había determinado que el señor Llanos Marcano violó la Ley Orgánica de la OEG al modificar sus registros de asistencia en el sistema KRONOS. Utilizando una cuenta superuser, supuestamente añadió 132 ponches a su propio registro entre mayo de 2017 y abril de 2019. Por estas violaciones, la OEG le impuso una multa administrativa de \$6,000. El señor Llanos Marcano solicitó la desestimación de la querella de la OEG, argumentando, entre otras cosas, que estaba prescrita. La OEG se opuso, alegando haber obtenido prórrogas para la presentación de la querella. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la OEG.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Faustino Xavier Betancourt Colón contra Condado Business Group Corp. La apelación surge de una demanda inicial bajo la ley ADA, donde el demandante solicitó un interdicto por barreras arquitectónicas. El demandado fue declarado en rebeldía, pero el demandante posteriormente solicitó el desistimiento con perjuicio de la acción. El Tribunal de Primera Instancia decretó el archivo del caso, pero impuso al demandante el pago de costas y $2,500 en honorarios de abogado. El demandante apeló esta imposición, argumentando que no hubo temeridad ni parte prevaleciente. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al imponer costas y honorarios. Determina que el récord no refleja temeridad alguna del demandante ni circunstancias que justificaran dicha imposición.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación. El caso original es sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por WM Capital Partners 76, LLC. La demanda se dirigió contra Gloria Esther Lizardi Rivera y otros herederos por incumplimiento en el pago de dos préstamos hipotecarios. Los apelantes recurrieron la Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. También solicitaron la revisión de la denegatoria para levantar la anotación de rebeldía en su contra. El Tribunal de Apelaciones analizó los fundamentos del recurso presentado. Tras la revisión, el panel de jueces decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Recursos de revisión administrativa fueron presentados por North Sight Communications, LLC y Skytec, Inc. ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaban la adjudicación de la Subasta Núm. 2023-2024-19 del Municipio Autónomo de Cidra a favor de Mounting Communication, Inc. La subasta buscaba la adquisición de equipo de radiofrecuencia para un sistema de emergencias. Los recurrentes alegaron que el proponente seleccionado no cumplió con requisitos mandatorios, como la fianza requerida. Los recursos fueron consolidados por el tribunal. Posteriormente, el Municipio de Cidra informó al tribunal que había cancelado la adjudicación de la subasta. La cancelación se fundamentó en que el Municipio ya no tenía necesidad de los servicios licitados. Ante esta cancelación, el Tribunal de Apelaciones determinó que los recursos se tornaron académicos. En consecuencia, se desestimaron los recursos de revisión judicial.

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El Comisionado de Seguros de Puerto Rico adoptó la Regla Núm. 106, que establece normas para el proceso de valoración ("appraisal") en reclamaciones de seguros. La agencia siguió un proceso que incluyó aviso público, periodo para comentarios y una vista pública a la que asistieron representantes de aseguradoras y otras entidades. Tras rendir un informe final, la Regla fue aprobada por el Departamento de Estado, pasando a ser el Reglamento Núm. 9519. Posteriormente, Indigo Solutions Group, LLC presentó una Solicitud de Revisión Judicial impugnando la validez del reglamento. La impugnación se fundamenta en tres alegados errores cometidos por la agencia durante el proceso de adopción. Se argumenta que la explicación breve fue insuficiente, que la vista pública no tuvo carácter público al no convocarse al público general, y que el contenido del reglamento carece de base legal. Estos señalamientos alegan incumplimientos con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). El Comisionado presentó su posición ante el tribunal. El panel de jueces procederá a resolver la controversia planteada sobre la legalidad del reglamento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre ejecución de hipoteca y cobro de dinero. La apelación fue presentada por Raúl Díaz Ortiz y Ana Sofía Font Dones contra Firstbank Puerto Rico. Los apelantes solicitan la revocación de una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Firstbank. Firstbank demandó a los apelantes por incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario y la hipoteca que lo aseguraba. Los apelantes alegaron como defensa que fueron víctimas de dolo grave. Sostuvieron que fueron inducidos a adquirir la propiedad basándose en promesas de facilidades (gimnasio, piscina, lago) hechas por el desarrollador y secundadas por representantes de Firstbank. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria en contra de los apelantes. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia Sumaria apelada.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones North Sight Communications, LLC y Skytec, Inc. mediante recursos consolidados. Impugnan la adjudicación de la Subasta Núm. 2023-2024-19 del Municipio Autónomo de Cidra a favor de Mounting Communication, Inc. La subasta buscaba adquirir equipo de radiofrecuencia para un sistema de emergencias. Los recurrentes alegaron que el proponente seleccionado incumplió con requisitos mandatorios, como la fianza de licitación. También señalaron supuestos incumplimientos en las propuestas de los otros licitadores. Durante el trámite apelativo, el Municipio de Cidra notificó la cancelación de la adjudicación de la subasta. El Municipio justificó la cancelación indicando que ya no tenía necesidad de los servicios, actuando en sus mejores intereses. Ante la cancelación de la adjudicación impugnada, el Tribunal determinó que los recursos se tornaron académicos. Por tanto, se desestimaron los recursos de revisión judicial presentados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre descalificación de aspirantes y candidatos. El recurso fue presentado por candidatos y el Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Apelan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan del 21 de marzo de 2024. En esa decisión, el foro primario denegó la desestimación y declaró Ha Lugar una querella, descalificando a los apelantes y otros candidatos. La querella original fue presentada por representantes y aspirantes de otros distritos. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones REVOCA la decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso se relaciona con el Artículo 7.5 de la Ley 58-2020.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Juan A. Sánchez Rivoleda en un caso de partición de herencia. El peticionario impugnaba resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron su moción de reconsideración. Su derecho a intervenir en el pleito de herencia se basaba en una sentencia previa de cobro de dinero contra una de las partes. Sin embargo, una sentencia anterior del propio Tribunal de Apelaciones había revocado dicha sentencia de cobro de dinero. Posteriormente, otro panel de apelaciones determinó que el peticionario carecía de legitimación para intervenir en la partición al no existir el crédito que la justificaba. A pesar de estos dictámenes firmes, el peticionario continuó litigando su derecho a intervenir. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari pero confirmó las resoluciones recurridas del foro primario. Se concluyó que los recursos interpuestos por el peticionario eran frívolos y perjudiciales para la administración de justicia. Por ello, además de confirmar el dictamen, se le impuso una sanción económica de $300.00.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso criminal. El TPI había ordenado la exclusión de los testimonios de una nueva patóloga forense y un fotógrafo de autopsia. La exclusión se basó en un supuesto problema de "cláusula de confrontación" debido a la no disponibilidad de la patóloga original, cuyo informe el Ministerio Público no usaría. El Ministerio Público propuso a la nueva patóloga para testificar sobre un examen pericial basado en las fotos de autopsia, junto con el fotógrafo que las tomó. La patóloga original había renunciado y no pudo ser contratada para comparecer. La defensa se opuso, cuestionando la confiabilidad del nuevo informe y atribuyendo la no disponibilidad al Pueblo. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al excluir los testimonios. Argumentó que no hay problema de confrontación, ya que los testigos propuestos declararían sobre su propio trabajo y estarían sujetos a contrainterrogatorio. Además, no existe impedimento legal para su inclusión como testigos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, emitió una Sentencia en el caso KLAN202400397. Este recurso de apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, bajo el número HSCI201101233. Las partes involucradas eran la Sucesión Faustino Aponte Torres como apelante y la Sucesión Silverio Cruz Beltrán como apelada. El asunto principal del litigio era una servidumbre de paso. La parte apelante presentó una Moción Desistimiento sin Perjuicio el 29 de abril de 2024. El Tribunal, atendiendo dicha moción, la declaró ha lugar. Esta decisión se fundamentó en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, se ordenó el archivo definitivo de esta causa.

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Sentencia de un tribunal apelativo resolviendo recursos presentados por Arnaldo Miranda Avilés contra Elmer Miranda Avilés y AE Medical Technologies, Inc. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia Parcial y una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sentencia Parcial del TPI había declarado Ha Lugar un interdicto preliminar y permanente instado por los codemandados y Con Lugar una moción de desestimación de la demanda de Arnaldo Miranda. La Resolución del TPI había declarado Ha Lugar los memorandos de costas de los codemandados. El caso original inició con una demanda de Arnaldo Miranda, accionista del 50% de AE Medical, contra Elmer Miranda, el otro accionista y director, alegando incumplimiento de deberes fiduciarios y solicitando su remoción, daños y otras medidas. Elmer Miranda presentó una reconvención alegando actos ilegales por parte de Arnaldo Miranda mientras fungió como directivo y solicitando daños. El tribunal apelativo, tras revisar los fundamentos, decidió revocar la Sentencia Parcial apelada. Asimismo, expidió el auto de certiorari y revocó la orden recurrida. La decisión del tribunal apelativo revierte las determinaciones del TPI que favorecían a Elmer Miranda y AE Medical Technologies, Inc.

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El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia el 30 de abril de 2024, con un panel integrado por los jueces Sánchez Ramos, Pagán Ocasio, Marrero Guerrero (ponente) y Boria Vizcarrondo. La sentencia consideró una Moción Solicitando Desestimación de Recurso de Certiorari presentada por la parte peticionaria. Dicha moción también incluía Réplicas a Escritos de la Parte DemandadaRecurrida. El Tribunal declaró Ha Lugar la moción presentada. De conformidad con la Regla 83 (B) (5) de su Reglamento, se ordenó el archivo del presente asunto. La razón fundamental para esta decisión fue que el caso se había tornado académico. La sentencia fue notificada y certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

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Puerto Rico with a Purpose, L3C (PRwaP) presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. El pleito original de PRwaP es por cobro de dinero y daños contra Reignite Puerto Rico, Inc. y otros, relacionado con el concurso Miss Mundo 2021. Los recurridos reconvinieron por difamación, alegando que fueron difamados por las alegaciones de la demanda inicial. PRwaP argumentó en su moción de sentencia sumaria que la reconvención por difamación era improcedente por inmunidad judicial y falta de méritos. Los recurridos se opusieron, señalando la existencia de hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la oposición. La corte declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación del Certiorari. Finalmente, denegó el recurso de Certiorari presentado por PRwaP. Esta decisión confirma la determinación del foro primario de continuar con los procedimientos del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirma una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el desahucio de Alba Giselle Reyes Santos. Santurce Estates, Inc., la parte apelada, adquirió los apartamentos donde residía la señora Reyes Santos. La apelante ocupaba la propiedad sin contrato de arrendamiento ni autorización del nuevo dueño. Santurce Estates notificó a la señora Reyes Santos para que desalojara, ofreciendo un plazo de 30 días, pero ella no confirmó su intención de desalojar. Posteriormente, Santurce Estates presentó una demanda de desahucio en precario. La señora Reyes Santos intentó paralizar el proceso alegando un caso de relaciones de familia sobre la propiedad como hogar seguro para su hijo, pero esta solicitud fue denegada. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda de desahucio. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones valida la decisión del tribunal inferior.

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El Tribunal de Apelaciones denegó una petición de certiorari presentada por Luis José Irizarry Zapata. El peticionario solicitaba la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha determinación estableció que el peso de la prueba en una vista de supresión de evidencia recaía sobre la defensa. Los cargos contra Irizarry Zapata se relacionan con violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Vehículos y Tránsito. Estos surgieron tras una detención de vehículo, un arresto por infracción de tránsito, supuestas admisiones y la posterior ejecución de una orden de registro donde se ocupó evidencia. El peticionario alegó que el TPI erró al asignarle la carga probatoria en la moción de supresión. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, decidió no expedir el auto solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, Hacienda los Eucaliptos Inc. y otros, solicitan dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación, emitida en diciembre de 2023, denegó su moción para establecer honorarios de abogado contra la Corporación de Seguros Agrícola de Puerto Rico. El pleito original, iniciado en 2016, versaba sobre incumplimiento de contratos de seguro agrícola, alegando cobros ilegales de primas pasadas y retención de pagos. El caso fue certificado como pleito de clase. Previamente, el foro de instancia dictó sentencia sumaria a favor de los peticionarios, ordenando cesar los cobros y devolver fondos retenidos. Tras obtener esa sentencia favorable, los peticionarios solicitaron honorarios por temeridad de la parte recurrida. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud de honorarios. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Miguel Alberto González solicitó la convalidación en Puerto Rico de unas cartas de tutela emitidas por un tribunal de Texas, que lo designaban guardián de su hermano incapacitado, Adam González. La petición ex parte buscaba validar la tutela para vender una propiedad en común. El Tribunal de Primera Instancia (TPI), a recomendación de la Procuradora de Asuntos de Familia, determinó que, al ser el afectado un incapaz, el procedimiento debía tramitarse mediante demanda y emplazamiento formal a Adam González. El TPI ordenó al peticionario enmendar su solicitud para cumplir con este requisito. El peticionario impugnó esta orden mediante un recurso de certiorari. Esta resolución deniega la expedición del auto de certiorari. Con ello, se confirma la determinación del TPI de que el caso debe proceder como una demanda con notificación formal al incapaz afectado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso por violación al Artículo 7.02 de la Ley 22 (manejo bajo los efectos). El recurrente solicitó la desestimación del cargo al amparo de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal. Argumentó que la denuncia se presentó fuera del término de 60 días tras su arresto inicial. El Ministerio Público sostuvo que el término comenzó con la citación para la vista de causa probable. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, al estar el panel igualmente dividido, confirmó el dictamen recurrido. Se emitieron votos particulares por parte de los jueces disidentes. La controversia central giró en torno a la fecha de inicio del cómputo del término de 60 días bajo la Regla 64(n)(2).

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso presentado por el Pueblo de Puerto Rico contra Jossiean Cruz Quirós y Kyle Joed Rodríguez Caquías. El Pueblo apeló las Sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, que surgieron tras una determinación inicial de No Causa probable para acusar por infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. El Ministerio Público solicitó una vista preliminar en alzada, pero los imputados no comparecieron a las fechas señaladas. A pesar de los intentos de citación, especialmente para el señor Cruz Quirós, y la situación de sumariado del señor Rodríguez Caquías, la vista no pudo celebrarse con la comparecencia de ambos. El Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencias el 25 de enero de 2024. El Pueblo recurrió en apelación (inicialmente como Certiorari) solicitando la revocación de dichas Sentencias. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones lo acogió como Apelación. Por los fundamentos expuestos en la Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca las Sentencias apeladas del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso principal es una demanda de cobro de dinero, enriquecimiento injusto y daños presentada por Miguel Ángel Fontánez García contra Eliacín Molina Nieves. La controversia surge de un alegado acuerdo para la compra y operación de maquinaria pesada. El Tribunal de Primera Instancia en Humacao declaró en rebeldía a Molina Nieves por no contestar la demanda. Molina Nieves solicitó posteriormente el relevo de la anotación de rebeldía, alegando falta de notificación de los trámites. El foro primario denegó dicha solicitud de relevo. Molina Nieves acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar esa determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes del caso. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado. Finalmente, revoca la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó el relevo de la anotación de rebeldía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de Certiorari presentada por Cash and Carry Frigorífico - Almacén Somos, Inc. contra el Municipio de Juana Díaz. La acción original en el Tribunal de Primera Instancia es sobre reivindicación. Cash and Carry solicita la revisión de una Orden del foro primario que le anotó la rebeldía. Esta anotación ocurrió porque Cash and Carry no contestó una Demanda Enmendada presentada por el Municipio. Previamente, Cash and Carry había solicitado prórroga para contestar la demanda original y presentado una moción de desestimación. Tras la anotación de rebeldía, Cash and Carry presentó dos solicitudes de reconsideración en el Tribunal de Primera Instancia, las cuales fueron denegadas. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El recurso fue presentado de forma tardía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. La acción original es una demanda reivindicatoria y otros reclamos presentada por Realty and Finance Corporation. Realty alega ser dueña de una finca absorbida por otra propiedad donde Empresas Loyola construyó parte de la Urbanización Ciudad Jardín de Carolina. La demanda se presentó contra Empresas Loyola y múltiples otros demandados, incluyendo residentes, entidades hipotecarias y el Municipio de Carolina. Realty solicitó el reconocimiento de su titularidad, pago por frutos, daños y perjuicios, costas y honorarios. Varios demandados, como Banco Popular y el Municipio, presentaron mociones de desestimación alegando protección por la fe pública registral. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar estas mociones de desestimación. Posteriormente, otros codemandados, incluyendo los peticionarios en este recurso, se unieron o apoyaron las solicitudes de desestimación. El documento detalla el historial procesal en la instancia primaria relacionado con estas mociones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación de una demanda de cobro de dinero presentada por una titular contra el Consejo de Titulares de un condominio. La titular reclamaba una suma por la distribución de fondos de seguro por daños de huracán. El Condominio solicitó la desestimación argumentando que la titular ya había impugnado el plan de distribución ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), el cual desestimó su querella mediante una resolución final y firme. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, entendiendo que el caso ante el DACo no resolvió la controversia de la deuda reclamada. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la desestimación. Determinó que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción sobre el asunto. Además, señaló que la controversia ya había sido adjudicada de forma final y firme por el DACo, la agencia con jurisdicción primaria exclusiva. Por tanto, procedía la desestimación de la demanda.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Super Asphalt Pavement Corp. y Asphalt Solutions Toa Alta, LLC (Asphalt). Asphalt impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su solicitud consolidada de sentencia sumaria. El TPI se negó a desestimar las causas de acción por daños y perjuicios instadas por las partes demandantes, Esterás-Nieves y Neris-Ríos. Estas reclamaciones se originan en un accidente de tránsito múltiple ocurrido en noviembre de 2020. Los demandantes incluyeron a Asphalt alegando su responsabilidad como dueño de la carga transportada por el camión involucrado. Argumentaron que Asphalt contrató a sabiendas a un transportista cuyo conductor tenía limitaciones físicas y hábitos de manejo peligrosos. El Tribunal de Apelaciones anticipa expedir el recurso de certiorari. Además, anuncia que revocará la decisión del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega una petición de certiorari presentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y su aseguradora MAPFRE-PRAICO. La petición buscaba dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación por prescripción. La acción original es por daños y perjuicios tras un accidente en motora ocurrido el 5 de diciembre de 2021. La demandante original incluyó inicialmente al Municipio de Carolina y otros. Posteriormente, tras recibir información del Municipio, enmendó la demanda el 18 de septiembre de 2023 para incluir a la AAA como parte demandada. La AAA alegó que la acción en su contra estaba prescrita, ya que fue incluida después de transcurrido el término de un año desde el accidente. El foro primario rechazó este argumento, decisión que el Tribunal de Apelaciones valida al denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de Certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que desestimó casos criminales contra David Andino Vázquez, Jonathan Andino Vázquez y Roberto Antonio Medina Pagán. La desestimación se basó en la alegada violación de los términos de juicio rápido, según la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. El foro primario entendió que procedía la desestimación porque no estaban presentes todos los testigos anunciados por el Ministerio Público en las fechas señaladas para juicio. El Ministerio Público sostuvo que estaba listo para iniciar el juicio con los testigos disponibles en sala. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari solicitado. En consecuencia, revoca la resolución del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado los casos.