Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 69)

Resumen:

Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso presentado por el confinado Joseph Acevedo Maldonado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre asuntos relacionados con su medicación. El tribunal analizó su competencia para revisar determinaciones de agencias administrativas. Conforme a la ley aplicable, el Tribunal de Apelaciones revisa las decisiones finales de dichas agencias. Se explicó el proceso de remedios administrativos del Departamento de Corrección, que incluye una respuesta inicial de un "Evaluador" y una revisión posterior por un "Coordinador" si se solicita reconsideración. El tribunal aclaró que solo la resolución del "Coordinador" se considera una decisión final y revisable. El recurso del confinado no acreditó haber obtenido una decisión final del "Coordinador". Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción en esta etapa. El recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Brenda L. Sayán Resto contra Autos del Este, Inc. La apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre despido injustificado y represalias. El TPI determinó que el despido fue injustificado bajo la Ley 80, ordenando el pago de \$12,115.38 por concepto de mesada. No obstante, el TPI desestimó la alegación de represalias al amparo de la Ley 115. La señora Sayán Resto apeló esta determinación. En su demanda original, alegó haber sido despedida inmediatamente después de acudir al Fondo del Seguro del Estado por un accidente laboral, argumentando que esto constituía represalias. Sostuvo que cumplía con los requisitos de la Ley 115 para probar dicha represalia. El Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará el dictamen recurrido y así modificado lo confirmará. El documento detalla el historial procesal del caso, incluyendo su conversión de procedimiento sumario a ordinario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a una apelación presentada por Ranger American Armored Services, Inc. Ranger apeló una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante dicha sentencia, el foro primario declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria de Loomis Puerto Rico, Inc. y desestimó la causa de acción de Ranger contra Loomis por interferencia torticera en los contratos entre Ranger y Castro Business Enterprises, Inc. Ranger había demandado a Castro y Loomis alegando incumplimiento de contrato, interferencia torticera y daños, tras la cancelación de sus contratos por Castro y la posterior contratación de Loomis. Ranger sostuvo que Loomis interfirió con conocimiento de los contratos vigentes. Loomis negó haber actuado negligentemente o con conocimiento de la relación contractual previa. Castro, por su parte, alegó incumplimiento de Ranger y presentó una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia también denegó una solicitud de sentencia sumaria de Ranger contra Castro. Tras evaluar los escritos, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la sentencia parcial apelada que favorecía a Loomis.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médico profesional y hospitalaria. El Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguros de Responsabilidad Médico-Hospitalaria (SIMED) comparece mediante recurso de Certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por SIMED. El caso original fue instado por Carmen Maldonado Serrano alegando negligencia en el manejo de su brazo durante una hospitalización en 2021. Una demanda previa sobre los mismos hechos fue desestimada sin perjuicio por falta de emplazamiento. La demanda actual fue presentada en julio de 2023. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por SIMED.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un recurso de Certiorari presentado por Empire Gas Company, Inc. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero iniciada por Rock Solid Technology, Inc. contra Empire. Rock Solid alega que Empire le adeuda por servicios de desarrollo de software prestados entre 2017 y 2019. Empire niega la deuda, alegando que Rock Solid no cumplió con las obligaciones contractuales y que se realizaron pagos. Empire solicitó sentencia sumaria, argumentando que la deuda no existía y que había pagado en exceso. Rock Solid se opuso, afirmando que los pagos realizados se aplicaron a facturas diferentes y que la deuda reclamada seguía pendiente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de Empire, determinando que existían hechos esenciales en controversia, como si Rock Solid prestó los servicios acordados. Empire recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revisar esta denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el asunto, deniega el recurso de Certiorari de Empire.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre recursos de certiorari consolidados. Estos recursos provienen del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en un caso civil sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios (Civil núm. D DP2016-0662). Los peticionarios, David Dávila Pagán y la abogada-notaria Rosa Idalia Ríos Sánchez, impugnan una Resolución del foro primario dictada en febrero de 2024. Ambos peticionarios alegaron que el Tribunal de Primera Instancia debió haber dispuesto sumariamente de las reclamaciones presentadas en su contra. Tras evaluar los recursos, los documentos adjuntos y la resolución recurrida, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta Resolución en los recursos consolidados KLCE202400371 y KLCE202400374. Los recursos provienen de una acción civil sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios (Civil núm. D DP2016-0662) del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Los peticionarios, David Dávila Pagán y Rosa Idalia Ríos Sánchez, solicitan la revisión de una Resolución del foro primario de 6 de febrero de 2024. Arguyen que el Tribunal de Primera Instancia debió desestimar sumariamente las reclamaciones en su contra. La recurrida en el caso es Hilda Santiago Álvarez, con Atabey Capital, LLC como interventora. Tras evaluar los recursos y la resolución recurrida, el Tribunal de Apelaciones decide denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Comparece Freddy López Cartagena ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución ordenó a Yadiles Santos Burgos satisfacer una sanción para dejar sin efecto la anotación de rebeldía en su contra en un caso de liquidación de comunidad de bienes. López Cartagena instó la acción civil tras el divorcio, y Santos Burgos fue emplazada pero no presentó su alegación responsiva en el término legal. Esto llevó a que se anotara la rebeldía en su contra en abril de 2023. Diez meses después, y al filo de una vista en rebeldía, Santos Burgos compareció, presentó su contestación y solicitó el levantamiento de la rebeldía. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no hubo causa justificada para la demora, pero en aras de decidir el caso en sus méritos, condicionó el levantamiento de la rebeldía al pago de una sanción de $500 y el reembolso de costos periciales. López Cartagena argumenta que el foro primario abusó de su discreción al levantar la rebeldía sin que la demandada demostrara justa causa para su incomparecencia prolongada. El Tribunal de Apelaciones resuelve expedir el auto de Certiorari y modificar la Orden emitida por el foro primario.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la señora Eva Aguirre Sosa, apelante, en un caso sobre división o liquidación de comunidad de bienes hereditarios. La apelación busca revocar la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, que desestimó su Reconvención y Demanda de Terceros Enmendada. El caso original fue iniciado por Hilton J. García Aguirre, quien demandó la división de la sucesión intestada de Benedicto García Pérez, que incluye tres bienes inmuebles, reclamando derechos sobre mejoras, participación en una venta y la nulidad de otra venta. En respuesta, la señora Aguirre Sosa y Augusto C. García Aguirre presentaron una reconvención y demanda de terceros. Alegaron que el demandante original y/o entidades relacionadas han poseído y explotado comercialmente una de las propiedades desde 2008, generando ingresos no compartidos. También adujeron que han poseído otra propiedad desde 1993 sin pagar canon. La Sentencia Parcial apelada desestimó estas reclamaciones de la señora Aguirre Sosa. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Parcial apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Wilmington Savings Fund Society demandó a la sucesión de Ángel Manuel Cruz Rivera. Los miembros de la sucesión fueron emplazados por edicto y, al no presentar alegación responsiva, se dictó sentencia en rebeldía ordenando la venta de la propiedad. Dos miembros de la sucesión solicitaron al Tribunal de Primera Instancia relevo de sentencia bajo la Regla 49.2, aduciendo desconocimiento del pleito por residir fuera de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de relevo, determinando que no cumplía con los requisitos de la regla. Las peticionarias apelaron esta denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la apelación, confirmando la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN202400458. El recurso fue presentado por Ángel Luis Ortega Nieves contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Sentencia del TPI declaró en rebeldía al Sr. Ortega Nieves, acogió la demanda enmendada de Three Brothers Corporation sobre desahucio y daños, y desestimó la reconvención del apelante. La decisión del TPI se basó en el incumplimiento del Sr. Ortega Nieves con múltiples órdenes judiciales. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso presentado. Tras revisar los autos, el panel concluyó que el recurso apelativo fue presentado de manera prematura. La Sentencia discute la falta de jurisdicción ante un recurso prematuro y la obligación del tribunal de velar por ella. También menciona el requisito de fianza en apelaciones de desahucio conforme al Código de Enjuiciamiento Civil. Por considerar que el recurso es prematuro y, por tanto, carece de eficacia jurídica, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400080. El recurso fue presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Condado Astor y Universal Insurance Company. Apelaron la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que los declaró responsables por daños. La demanda original fue instada por Jean Daniel Etchevers Mutis por daños sufridos debido a filtraciones de áreas comunes tras el Huracán María. Etchevers reclamó indemnización por negligencia bajo la Ley de Condominios y el Código Civil. Los apelantes negaron responsabilidad, alegando fuerza mayor y diligencia. El Tribunal de Primera Instancia encontró al Consejo de Titulares y a Universal responsables por los daños y los condenó al pago de \$173,983.29. Tras evaluar el expediente y los fundamentos del foro primario, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de Héctor Falcón Casillas y otros contra Hospital Episcopal San Lucas y otros. La parte apelante recurre de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda con perjuicio por inactividad. La demanda original fue presentada por daños y perjuicios e impericia médica. Los apelantes alegaron negligencia en el tratamiento médico del señor Falcón Casillas en el Hospital Menonita y Hospital San Lucas. Sostuvieron que un procedimiento de angioplastia se complicó, llevando a su traslado y eventual amputación de la pierna izquierda. La parte apelante imputó a los apelados y otros codemandados un diagnóstico incorrecto y falta de atención adecuada. Por ello, reclamaron cuantiosas sumas de dinero por daños físicos y mentales para el señor Falcón Casillas, su esposa, la sociedad de gananciales y sus siete hijos. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar una moción de desestimación por inactividad, archivando el pleito. El Tribunal de Apelaciones resuelve modificar y confirmar la Sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Jesús Miranda González apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda contra Pedro Hernández Berroa. Miranda demandó a Hernández por incumplimiento de contrato de arrendamiento y daños. Hernández reconvino solicitando la devolución de su depósito de fianza y maderas. El TPI declaró No Ha Lugar la demanda de Miranda y Ha Lugar la reconvención de Hernández, imponiendo honorarios a Miranda. El TPI determinó que Miranda no probó los daños alegados a la propiedad, específicamente al pozo séptico. Consideró que el testimonio de Miranda y la supuesta evidencia de daños no merecieron credibilidad. Miranda había retenido el depósito de fianza y maderas de Hernández. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202300785. Gabriel A. Pérez Liz apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia lo declaró culpable del delito de fraude en la ejecución de obras (Art. 204 del Código Penal). Se le impuso una pena de tres años de sentencia suspendida, pena especial de \$300 y restitución de \$14,200. Los hechos se relacionan con trabajos contratados para dos contenedores, los cuales desaparecieron tras recibir pagos por mano de obra. El apelante, según la prueba, se tornó ilocalizable. El Ministerio Público presentó prueba testimonial y documental durante el juicio por jurado. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación y confirmó la sentencia apelada.

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Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Antonio L. Rivera Guzmán, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia de archivar un caso relacionado con pensiones alimentarias. Alega que la agencia ASUME carece de jurisdicción para continuar cobrando y desembolsando fondos, ya que los hijos de las partes son mayores de edad. Solicita que se ordene a ASUME cerrar el caso, cancelar un cheque específico de \$10,919.18 y devolverle dicho dinero. La recurrida, Sandra Viscal Rodríguez, se opone, argumentando que el TPI no tiene jurisdicción para revisar determinaciones administrativas. Sostiene que el peticionario le adeuda una suma considerable (\$69,802.65) por gastos que ella sufragó y que esta deuda fue reconocida previamente. Afirma que ASUME conserva jurisdicción para cobrar pensiones atrasadas acumuladas mientras los hijos eran menores. El caso involucra la disputa sobre deudas de pensión alimentaria y gastos reconocidos en estipulaciones anteriores. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado a ASUME paralizar cobros y citar a los hijos mayores de edad antes de archivar el caso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia del recurso y los argumentos de las partes sobre la jurisdicción y las deudas pendientes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial. Learn Aid, LLC impugnó la adjudicación del Departamento de Educación (DEPR) para el RFP DEPR-UAF-23-005. Dicho contrato cubre la planificación y administración de las pruebas de evaluación académica CRECE, exigidas por la ley federal ESSA. Estas pruebas son fundamentales para que el DEPR cumpla con los requisitos federales y reciba fondos significativos. Learn Aid solicitó la paralización de la adjudicación, la cual fue inicialmente concedida pero posteriormente levantada por el tribunal. Las partes, incluyendo Pearson PEM, PR Inc. como parte con interés, presentaron sus argumentos. Tras el análisis, el tribunal procedió a resolver la impugnación. La sentencia confirma el Aviso de Adjudicación emitido por el Departamento de Educación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en el caso entre Ingrid E. Díaz Claudio y Mundo Solar, Inc. La señora Díaz Claudio presentó una querella ante el DACo alegando problemas persistentes con un sistema de placas solares instalado por Mundo Solar, específicamente que la batería no mantenía la carga adecuada. A pesar de un cambio previo del inversor tras una querella anterior, el problema de la duración de la batería persistía. El DACo emitió una resolución ordenando a Mundo Solar reemplazar la batería y cambiar el Schneider system control e inversor. Mundo Solar apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. La recurrida no compareció ante el Tribunal durante el proceso de apelación. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación emitida por el DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una impugnación de subasta presentada por RIMCO, LLC contra la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG). RIMCO recurrió la resolución que adjudicó la Subasta Formal Núm. 24J-06132 a Reliable Equipment Corp. para la adquisición de una plataforma de 35 toneladas. Aunque RIMCO presentó la oferta más económica, la ASG acogió una recomendación revisada del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que favoreció a Reliable por supuesta mejor accesibilidad a piezas y servicio, a pesar de su precio mayor. La adjudicación a Reliable implicó gestionar un aumento en el presupuesto original de la subasta. RIMCO solicitó reconsideración ante la Junta Revisora de la ASG, la cual fue denegada de plano. Tras examinar el recurso de revisión judicial, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución de Adjudicación emitida por la Junta de Subastas de la ASG. Asimismo, dejó sin efecto la paralización de los procedimientos previamente ordenada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un Recurso de Revisión Judicial presentado por la Oficina de Permisos Urbanísticos del Municipio de Guaynabo. La Oficina de Permisos de Guaynabo solicitó la revocación de una Notificación de Requisitos para la Aprobación de Permiso de Construcción emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a favor de Los Hermanos, LLC. Dicha notificación se refería a una solicitud de permiso para remodelaciones en el restaurante La Loma del Vecino. La parte recurrente alegó que la OGPe, a través de un Profesional Autorizado, emitió una determinación final sin cumplir con normas procesales y sustantivas aplicables. Argumentó, entre otras cosas, que no fue notificada a tiempo y que el profesional no tenía facultad para evaluar el proyecto. La OGPe había indicado que la notificación no constituía una autorización para iniciar obras, sino que listaba condiciones para la aprobación final. El Tribunal, tras evaluar el recurso, resolvió desestimar el Recurso de Revisión Judicial presentado por la Oficina de Permisos Urbanísticos del Municipio de Guaynabo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de Certiorari presentado por la Dra. Ivette Ramírez Cebollero y SIMED. La petición buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. La Moción de Desestimación se basaba en una alegación de inmunidad contra demandas, invocando el Código de Seguros y la Ley de Pleitos Contra el Estado. La Dra. Ramírez Cebollero argumentó que, como médica con privilegios en el Mayagüez Medical Center (propiedad municipal) y contratista independiente, estaba cubierta por dicha inmunidad. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Yamil A. Montalvo Rivera, quien alega impericia médica por parte de los demandados, incluyendo la Dra. Ramírez, tras sufrir complicaciones por una herida. El demandante sostiene que la negligencia en el manejo inicial de su lesión causó daños significativos. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó expedir el auto de certiorari solicitado. Consecuentemente, el caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito. La sentencia apelada desestimó una demanda de injunction presentada por Ángel Luis Torres Berrios y otros contra Reynaldo Ortiz Morales y otros. Los demandantes buscaban que se ordenara a los demandados cesar la remoción de tierra colindante a su residencia. Alegaban que esta actividad agravaba un desprendimiento de talud que afectaba su propiedad desde el Huracán María en 2017. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que los demandantes actuaron sin buena fe. Además, impuso costas, gastos y honorarios de abogado a los demandantes. Los demandantes apelaron esta decisión, señalando errores en la desestimación y la imposición de costas. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones procede a modificar el dictamen apelado. Una vez modificado, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia de instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero presentada por Espada Miñana & Pedrosa Law Offices (EMP) contra Eric Quetglas Jordán (EQJ) y otros. EMP reclama honorarios y gastos tras la terminación de su representación legal. EQJ niega las alegaciones, imputa negligencia a EMP y presenta reconvención y demanda contra terceros por alegado esquema malicioso y abuso del derecho. El recurso de certiorari fue presentado por EQJ para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 29 de febrero de 2024. Dicha resolución descalificó al representante legal de EQJ, licenciado José F. Quetglas Jordán, y a otros abogados con posible conflicto de interés. La descalificación se fundamentó en el Código de Ética Profesional. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición y denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tu Coop, parte peticionaria en un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, presentó una moción solicitando el desistimiento con perjuicio del recurso. La petición se fundamentó en que las partes, incluyendo a Nextgen Pharma LLC como parte recurrida, alcanzaron un acuerdo privado para resolver las controversias. El Tribunal concedió a la parte recurrida un término para expresar su postura sobre la solicitud de desistimiento. Al no recibir respuesta de la parte recurrida dentro del término establecido, el Tribunal procedió a atender la moción. Conforme a la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el Tribunal declaró con lugar el desistimiento solicitado por la parte peticionaria. En consecuencia, se ordenó el archivo del caso.

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Se presenta una resolución de un panel de jueces sobre un recurso de certiorari. El peticionario, señor Héctor Roque Velázquez, solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria del señor Roque. El TPI consideró que existían hechos reales en controversia sobre si un contrato de opción de compraventa se había convertido en una compraventa consumada. La controversia original surge de una demanda presentada por los señores Victor Manuel Caratini Espada y Lydia Rivera Santiago contra el señor Roque. Los demandantes alegaron incumplimiento de un contrato de opción a compra de tres fincas, ya que el señor Roque no ejerció la opción en el término pactado. Reclamaron daños y perjuicios, penalidades y el desalojo, aduciendo que el señor Roque actuó como dueño sin haber comprado. El señor Roque se defendió alegando modificación del contrato, cambio de circunstancias por la pandemia y la doctrina de *rebus sic stantibus*, y reconvino solicitando la ejecución del contrato o la devolución de su inversión. El panel de jueces deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Francis Bings y Raúl Cátala Meléndez recurrieron la Resolución Parcial del Registro de Marcas y Nombres Comerciales que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso administrativo original ante el Registro de Marcas buscaba la cancelación del registro de la marca "The Bloom Room" a nombre de Cristina Zalduondo. Los recurrentes presentaron una moción de sentencia sumaria en dicho procedimiento, la cual fue declarada "No Ha Lugar" por la agencia. Insatisfechos, acudieron al Tribunal de Apelaciones alegando errores en la denegatoria de su moción. El Tribunal examinó el recurso y el derecho aplicable a la revisión judicial de decisiones administrativas. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La desestimación se fundamentó en que la ley solo permite la revisión judicial de decisiones, órdenes y resoluciones finales de las agencias administrativas, y la Resolución Parcial recurrida no constituía una decisión final.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de Pedro J. Ortiz Blanco contra FirstBank Puerto Rico. El apelante solicita la revocación de una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La disputa se remonta a un préstamo para una embarcación que el apelante dejó de pagar. Las partes habían alcanzado un acuerdo estipulado en un pleito anterior de cobro de dinero. Este acuerdo, acogido por el TPI, disponía la venta de la embarcación y el pago de la deficiencia resultante. FirstBank solicitó la ejecución de la sentencia por estipulación tras el incumplimiento del apelante con los pagos mensuales acordados. El apelante presentó una nueva demanda alegando que FirstBank incumplió el acuerdo en relación con la venta de la embarcación y la certificación de la deuda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta nueva demanda mediante sentencia sumaria. Este documento contiene la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre si procede o no revocar dicha desestimación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Albert Meléndez Arroyo. El recurso impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes con reincidencia bajo la Ley 22. La controversia principal gira en torno a si aplica la pena de cárcel compulsoria para reincidentes establecida en el Artículo 7.04(b) de la Ley 22 o si es posible imponer una pena sustitutiva como la restricción domiciliaria bajo el Código Penal. El foro primario resolvió que la pena especial de la Ley 22 prevalece sobre las disposiciones generales del Código Penal, requiriendo el cumplimiento de la sentencia en cárcel. El peticionario alega que no existe conflicto entre ambas leyes que impida la imposición de restricción domiciliaria. El documento también señala que el Procurador General ha solicitado la desestimación del recurso por falta de notificación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202300967. La apelación fue presentada por T-BOARDS, LLC contra NEX GEN, LLC y SPIDER BILLBOARDS, LLC. El caso original provino del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. La materia tratada fue un interdicto estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. La sentencia, emitida el 21 de mayo de 2024, resuelve una Moción en Cumplimiento de Orden de Mostrar Causa. Dicha moción fue presentada por la parte apelante el 15 de mayo de 2024. El Tribunal declaró la moción con lugar conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento. Como resultado, se ordenó el archivo definitivo de esta causa.

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Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda sobre arbitrios de construcción. Carro & Carro Enterprises, Inc. (CCE) impugnó el cálculo de arbitrios realizado por el Municipio de Las Marías sobre un proyecto de carretera de $18.32 millones. CCE sostuvo que el arbitrio del 10% debía aplicarse solo a la porción de construcción ($7.97 millones), excluyendo otros costos, basándose en la jurisprudencia *ECA Contractors*. Argumentó además que el Municipio perdió jurisdicción al no rechazar su declaración inicial dentro del término legal de 15 días. El Municipio rechazó el cálculo de CCE, exigiendo un monto de arbitrio significativamente mayor y solicitando evidencia para ciertas deducciones. CCE demandó al Municipio buscando que se aceptara su cálculo original y se revocara la determinación municipal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de CCE. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por Supermercado Econo La Mina y Óptima Seguros, Inc. La apelación solicita la revisión de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia de primera instancia declaró Ha Lugar una demanda de daños y perjuicios presentada por la señora Blanca Milagros Currás Ayala. La señora Currás Ayala demandó tras sufrir una caída en el supermercado al resbalar en una sustancia incolora en el piso, alegando negligencia del establecimiento. El Tribunal de Primera Instancia encontró a los demandados responsables y los condenó a pagar \$95,675.68 más intereses y costas. Tras evaluar los fundamentos presentados por las partes, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa (KLRA202400092). Best Benner Building, Corp. recurrió la Resolución Final de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). La OPM había impuesto una multa de \$10,000 y ordenado el pago de \$7,732.80 a la empleada Jezmalie López López. La querella original alegaba que el patrono incumplió con la Ley Núm. 427-2000 al no proveer un lugar adecuado para la extracción de leche materna. El patrono negó las alegaciones, afirmando haber provisto un espacio provisional y luego construido un cuarto de lactancia. Tras una vista adjudicativa, el Oficial Examinador de la OPM concluyó que el patrono no proveyó un lugar privado, seguro e higiénico para la empleada durante el periodo indicado. La Resolución Final de la OPM adoptó estas conclusiones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. La sentencia confirma la Resolución Final recurrida.

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El señor Mario A. Campos Huertas presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaba la revocación de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus peticiones de libertad al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el caso. Se señala que el peticionario no incluyó las resoluciones recurridas en el apéndice, incumpliendo con las reglas procesales. El Tribunal reitera la importancia de la jurisdicción y su deber de constatarla. Además, menciona que su facultad revisora se limita generalmente a decisiones finales de agencias administrativas tras agotar remedios. La ausencia de los documentos clave y la naturaleza del recurso impiden al Tribunal ejercer jurisdicción.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari en un caso de divorcio entre Lydia Alexandra Fullana Morales y Juan Carlos González Zayas. La peticionaria, Fullana Morales, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan del 8 de febrero de 2024. Dicha resolución declaró cerrado el descubrimiento de prueba, denegó la entrega de cuentas bancarias solicitadas por la peticionaria, pero le ordenó a ella entregar certificaciones al recurrido. El caso de divorcio por ruptura irreparable fue iniciado por González Zayas en septiembre de 2022, con la peticionaria presentando contestación y reconvención. El proceso incluyó solicitudes de descubrimiento de prueba por ambas partes y resoluciones provisionales sobre custodia y patria potestad. También se llevaron a cabo procedimientos ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias, donde se discutió el descubrimiento y se fijaron vistas. El Tribunal de Apelaciones, tras perfeccionar el recurso, procede a expedir y modificar la resolución recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Carlos M. Sánchez La Costa contra Espacio Residential, LLC. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que, entre otras cosas, prohibió el descubrimiento de prueba sobre el derecho de retracto de crédito litigioso y denegó dar por admitido un requerimiento de admisiones. El caso original es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Roosevelt Cayman y continuado por Espacio Residential tras la cesión del crédito. El señor Sánchez La Costa había invocado el derecho de retracto tras la cesión. Previamente, el TPI y este Tribunal de Apelaciones (en el caso KLCE202300588) habían denegado la procedencia del retracto, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que excluye las cesiones de pagarés hipotecarios bajo la Ley de Transacciones Comerciales. La resolución del TPI ahora recurrida prohibió el descubrimiento sobre un asunto ya resuelto. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Sánchez La Costa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió sentencia en un recurso de Certiorari presentado por César Berríos Cornelius. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la devolución de su licencia de armas y armas ocupadas. Los hechos se originaron en una denuncia por violación al Art. 192 del Código Penal (propiedad hurtada), donde el foro primario determinó No Causa en la vista preliminar. Tras esta determinación, el peticionario pidió la devolución de sus armas y licencia, así como la eliminación de fichajes. El Tribunal de Primera Instancia accedió a la eliminación de fichajes pero denegó la devolución de las armas y licencia, condicionándola a un informe del Negociado de la Policía sobre investigaciones administrativas. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y revocó el dictamen recurrido. Se ordenó devolver el caso al foro primario para que se disponga la devolución de las armas y la licencia de armas al peticionario.

Resumen:

James Malcolm Ugobono Díaz apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestimó su demanda contra sus hermanos, Vanessa y Diego Ugobono Díaz. El caso original alegaba difamación por una declaración de la hermana a la policía expresando temor de que el apelante dañara a su madre. La demanda enmendada añadió al hermano y una causa de acción por persecución maliciosa, basada en otra alegación de robo a la madre y la solicitud de una orden de protección para evitar visitas familiares. Los hermanos Ugobono Díaz solicitaron la desestimación, argumentando que las expresiones eran opiniones o estaban protegidas, y que existía causa probable para sus acciones, incluyendo la solicitud de orden de protección. El apelante se opuso, sosteniendo que las imputaciones configuraban persecución maliciosa y que la demanda cumplía los requisitos legales. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar a la Moción de Desestimación presentada por los hermanos. Tras examinar el recurso de apelación, el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. El recurso versaba sobre reclamaciones de difamación y daños y perjuicios en el contexto de disputas familiares.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en relación con una apelación presentada por el doctor Ángel Nazario Rodríguez y SIMED. Los apelantes buscaban dejar sin efecto una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que archivó una reclamación de impericia médica. Este es el segundo recurso de apelación presentado por los apelantes contra la misma Sentencia Parcial. Un recurso anterior fue desestimado por este Foro por falta de jurisdicción debido a prematuro, ya que el tribunal primario no había notificado una determinación sobre una solicitud de reconsideración a todas las partes. El mandato de esa desestimación previa aún no ha sido remitido al Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes presentaron el recurso actual luego de que el foro primario re notificara su determinación sobre la reconsideración. El Tribunal reitera que la jurisdicción es fundamental y que un recurso prematuro carece de eficacia jurídica. Considerando el historial procesal, incluyendo el mandato pendiente del recurso anterior, el Tribunal desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80-1976, iniciado mediante procedimiento sumario (Ley Núm. 2-1961). La empresa demandada, Empresas Stewart Cementerios, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. La empresa argumentó que el despido de la empleada, Jennifer Acevedo Negrón, fue justificado y que no existían controversias de hechos que impidieran dictar sentencia sumariamente. El Tribunal de Primera Instancia, sin embargo, concluyó que sí existían controversias fácticas y denegó la moción. Inconforme, Stewart presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La empresa alegó que el foro primario erró al identificar controversias de derecho como si fueran de hecho. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revisó el caso. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida. Esto valida la determinación del Tribunal de Primera Instancia de que existen controversias de hechos que impiden resolver el caso mediante sentencia sumaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. La querellante, Brenda Lee Rivera Rullán, demandó a First Medical Health Plan, Inc., alegando despido sin justa causa. First Medical defendió el despido como justificado por acoso laboral, basándose en una investigación interna. La empresa solicitó sentencia sumaria, argumentando la inexistencia de controversia de hechos materiales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. El foro primario determinó que la prueba principal de First Medical, el informe de investigación, era inadmisible por ser prueba de referencia y carecer de garantías de debido proceso. Concluyó que First Medical no cumplió con su carga probatoria para demostrar justa causa con prueba admisible. First Medical recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso, modificó la resolución recurrida y, así modificada, la confirmó.

Resumen:

Ana Díaz Miranda demandó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por daños y perjuicios tras ser imputada de fraude en 2015 y multada, alegando que no se le brindó oportunidad de defensa administrativa. El proceso judicial se detuvo para permitir la culminación de un procedimiento administrativo, donde los cargos contra la señora Díaz Miranda fueron desestimados. A pesar de la resolución administrativa, el Tribunal de Primera Instancia continuó con el reclamo de daños. En octubre de 2023, el tribunal de instancia dictó sentencia a favor de la demandante, ordenando a la AAA pagar \$30,000.00 por daños. La AAA apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La apelante alega que el tribunal de instancia erró al formular determinaciones de hechos sin sustento probatorio, al conceder una cuantía de daños exagerada y sin relación causal, al basar los daños en la tardanza de la vista administrativa, y al no declarar la reclamación prescrita. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar los señalamientos de error presentados por la AAA.

Resumen:

El Consejo de Titulares del Condominio Laguna Plaza apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de injunction contra Paseo Caribe Commercial, LLC, Las Brisas Property Management, Inc., y George LLC. La demanda original buscaba detener ruidos excesivos provenientes de un bar y discoteca operado por George LLC en un local propiedad de Paseo Caribe y administrado por Las Brisas. Laguna Plaza alegó que los ruidos perturbaban la paz y el descanso de los residentes, invocando diversas leyes y reglamentos sobre control de ruido. Durante el proceso inicial, Laguna Plaza solicitó al tribunal una orden para que la Junta de Calidad Ambiental realizara mediciones de ruido nocturnas, indicando que la agencia no contaba con personal para ello sin una orden judicial. Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda por falta de legitimación activa y por no haberse agotado los remedios administrativos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso en su totalidad basándose en estos argumentos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a un recurso de certiorari presentado por José A. Viera Rodríguez. El recurso buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao de diciembre de 2023. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar varias mociones presentadas por el Sr. Viera Rodríguez. Las mociones solicitaban bonificaciones por buena conducta, crédito por tiempo bajo supervisión electrónica (Regla 182), y una reducción de sentencia (Regla 192.1). El Sr. Viera Rodríguez fue sentenciado en 2021 por violaciones a la Ley 54 y al Código Penal, recibiendo penas concurrentes y crédito por detención preventiva. Sus mociones argumentaban ajustes a la sentencia basados en rehabilitación, el carácter restrictivo de la supervisión electrónica y atenuantes. El foro primario indicó que las bonificaciones por buena conducta deben gestionarse primero administrativamente ante el Departamento de Corrección. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Ángel Ortiz Rosa apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Dicha sentencia, emitida el 26 de enero de 2024, desestimó la Demanda de daños y perjuicios instada por el apelante conforme a la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. El señor Ortiz Rosa había demandado al Estado Libre Asociado, ACT, DTOP y el Municipio de Fajardo por un accidente vehicular ocurrido en 2021. Alegó que el accidente en la Carretera Número 53 fue causado por la falta de iluminación y aviso sobre una excavación, resultando en daños físicos y a su vehículo. Previamente, el foro primario había desestimado parcialmente el reclamo contra el Municipio por incumplimiento de notificación extrajudicial. La historia procesal incluyó solicitudes de extensión y cambio de representación legal por parte del apelante. El señor Ortiz Rosa solicitó la revocación de la sentencia que desestimó su demanda. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial en San Juan, Puerto Rico, con fecha de 20 de mayo de 2024. El caso surge de una Petición de Certiorari presentada por Amgen Manufacturing Limited (AML). AML solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria. La acción original fue una Querella presentada por Luis M. Lebrón Cruz contra AML. El señor Lebrón Cruz alegó despido injustificado y discrimen por edad y por impedimento (depresión mayor). Sostuvo que fue despedido tras solicitar un acomodo razonable para mantener su turno fijo debido a su condición médica y luego de un incidente laboral. Argumentó que la verdadera motivación del despido fue su edad y su impedimento. El panel judicial revisó los fundamentos del caso. Se expidió el certiorari solicitado por AML. La Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia fue revocada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de reclamaciones laborales. First Hospital Panamericano (FHP) solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Dispositiva Parcial. La querellante, Cruz Violeta Torres Ramírez, presentó reclamaciones por despido injustificado, discrimen por edad, represalias y daños. Alegó un patrón de eventos desde 2017 hasta 2020 que culminó en un despido constructivo. FHP, en su contestación, levantó la defensa afirmativa de prescripción, entre otras. La querellante argumentó que FHP había renunciado a la defensa de prescripción por incumplimiento procesal. La moción dispositiva parcial de FHP buscaba la desestimación, en parte, por prescripción de la reclamación de discrimen por edad. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Modificó la sentencia parcial para establecer que la defensa de prescripción no fue renunciada. Así modificada, confirmó la resolución recurrida que denegó la moción dispositiva parcial de FHP.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Apelación en un caso de daños y perjuicios. La Apelación fue presentada por Luz Rodríguez Cruz contra Commercial Centers Management (CCM). La Sra. Rodríguez Cruz demandó a CCM alegando que sufrió una caída en Santa Rosa Mall debido a una condición peligrosa y poco visible en una acera, imputando negligencia a CCM. CCM negó la negligencia y solicitó Sentencia Sumaria, argumentando que la caída se debió a la propia negligencia de la demandante. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) concedió la Sentencia Sumaria a favor de CCM y desestimó la demanda. La Sra. Rodríguez Cruz apeló esta decisión, alegando que existía una controversia de hechos medulares que impedía la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido por el TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de apelación presentado por Raymond Rivera Guindin, CSP (Corporación RRG) contra Emmanuel Santiago Rodríguez. La apelación surge de una Sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero. El Sr. Santiago Rodríguez demandó a Corporación RRG reclamando $37,868.01 por servicios de plomería supuestamente prestados. Corporación RRG negó la deuda, alegando que los servicios no fueron completados. El foro primario dictó Sentencia en rebeldía contra Corporación RRG y la condenó al pago de la suma reclamada más costas. Esta decisión se basó en la incomparecencia reiterada de la representación legal de Corporación RRG a varias vistas. La Corporación RRG apeló solicitando la revocación de dicha Sentencia en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el tracto procesal, procede a revocar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. El apelante, Edgardo Emmanuel Suárez López, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la pensión alimentaria de sus tres hijos menores con Katherine Janitza Mercado Soto. La apelada solicitó la revisión de la pensión existente para dos hijos y la fijación para el menor. Tras una vista final, la Examinadora de Pensiones Alimentarias recomendó imputar ingresos al padre, basándose en su potencial para generar ingresos entrenando en béisbol, al no encontrar creíble su testimonio. El foro primario acogió la recomendación, fijando una pensión de \$574 mensuales, más el 50% de gastos escolares y médicos bajo Vital, y gastos extracurriculares de béisbol. También ordenó a ASUME calcular la retroactividad desde junio de 2022 e impuso honorarios de abogado al apelante. El apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones indica que modificará el dictamen apelado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Enrique H. Questell Alvarado, impugna una resolución del Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Dicha resolución lo encontró sumariamente responsable de violaciones a la Ley Orgánica de la OEG y le impuso una multa de $42,000. También solicita la revisión de órdenes interlocutorias del Oficial Examinador de la OEG. Entre las órdenes recurridas se encuentra la denegación de una moción de resolución sumaria y la prohibición del uso de deposiciones como mecanismo de descubrimiento de prueba. La OEG había presentado una querella contra Questell Alvarado por múltiples infracciones al Artículo 4.3(d) de su ley orgánica. El recurrente negó las imputaciones y cuestionó el proceso investigativo de la OEG. El Oficial Examinador limitó el descubrimiento de prueba, impidiendo las deposiciones solicitadas por Questell Alvarado. Tras examinar el recurso, el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones procedió a revocar el dictamen recurrido.