Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 64)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Claribel A. Colón Díaz. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso sobre daños y alegado discrimen relacionado con vivienda accesible. La demandante original presentó reclamaciones bajo la Fair Housing Act federal y el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. El foro primario desestimó con perjuicio la causa de acción bajo la Fair Housing Act. Asimismo, desestimó sin perjuicio la reclamación bajo el Artículo 1802 por falta de jurisdicción, indicando que el foro competente era el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La apelante solicitó la revocación de dicho dictamen. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. El apelante, Omar A. Hernández Carrasquillo, recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia de enero de 2024. La controversia principal es si una reducción de pensión alimentaria concedida debió tener efecto retroactivo. El caso se remonta a la sentencia de divorcio de 2018 y ha involucrado varias solicitudes de modificación de pensión. En agosto de 2020, las partes acordaron que cualquier rebaja de pensión futura sería prospectiva. El apelante argumentó que el foro primario se equivocó al no ordenar la retroactividad. Tras evaluar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la decisión del foro de instancia. Esto valida la determinación de no aplicar retroactivamente la reducción de pensión alimentaria.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari instado por Salomón Levis Goldstein. El recurrente solicita la revisión y revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden denegó su solicitud de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. La sentencia original, dictada en un pleito de alimentos, estableció una pensión mensual para los estudios universitarios de su hija. Levis Goldstein argumentó que la sentencia era nula, alegando no haber sido emplazado personalmente y que el caso debió paralizarse por su petición de quiebra. El foro primario determinó que el emplazamiento personal fue acreditado satisfactoriamente y, por tanto, denegó la solicitud de nulidad de sentencia. Tras evaluar el legajo apelativo, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La Sucesión de Angélica Nunci Cordero apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda con perjuicio. La desestimación se basó en el incumplimiento de los apelantes de pagar honorarios de abogado previamente impuestos bajo la Regla 39.4 de Procedimiento Civil. Los apelantes argumentaron que la orden de honorarios era nula por falta de notificación adecuada, citando una decisión previa del Tribunal Supremo. No obstante, el TPI determinó que los apelantes, incluyendo las partes individuales, fueron debidamente notificados del incumplimiento y las consecuencias de no pagar los \$29,110.00 adeudados. A pesar de la notificación, los apelantes no efectuaron el pago dentro del término concedido. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por las partes. Por los motivos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202400434. El apelante, Johan Feliciano Díaz, recurre una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que desestimó con perjuicio su reclamación contra Popular Auto, LLC. El caso original versa sobre daños e incumplimiento de contrato relacionados con el financiamiento de un vehículo. Feliciano adquirió un auto financiado por Popular Auto, pero luego lo cedió a un tercero que incumplió los pagos. Popular Auto reclamó la deuda a Feliciano y afectó su crédito, a pesar de que él alega haber informado sobre la cesión y solicitado la recuperación del vehículo. Popular Auto solicitó la desestimación argumentando el incumplimiento previo de Feliciano y la prescripción de la acción. El foro primario, en reconsideración, acogió la petición de Popular Auto y desestimó la demanda en su contra. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia Parcial apelada. La decisión valida la desestimación de la reclamación de Feliciano contra Popular Auto.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas. Los recursos provienen de un caso de cobro de dinero iniciado por Banco Popular de Puerto Rico contra los apelantes. El banco demandó por el impago de un préstamo, reclamando una suma superior a los $416,000. Previamente, los apelantes habían planteado la prescripción de la acción bajo el Código de Comercio, pero el foro primario desestimó este argumento. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del banco, ordenando el pago total de la deuda reclamada. Los demandados apelaron dicha sentencia sumaria ante el Tribunal de Apelaciones. Ambos recursos de apelación fueron consolidados por esta Curia. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas en un caso de cobro de dinero. Banco Popular de Puerto Rico demandó a los apelantes por una deuda de principal e intereses de un préstamo originalmente otorgado a una corporación y garantizado por ellos. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Banco Popular, ordenando a los apelantes el pago de $416,598.49. Los apelantes recurrieron dicha sentencia sumaria ante el Tribunal de Apelaciones. Previamente, uno de los grupos de apelantes había planteado la defensa de prescripción, la cual fue desestimada por el foro primario. Banco Popular solicitó la sentencia sumaria argumentando la inexistencia de hechos materiales en controversia sobre la deuda y las garantías. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de apelación presentados por los distintos grupos de apelantes. El Tribunal de Apelaciones adelanta que, por los fundamentos que expondrá, revoca la sentencia apelada dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Marla Delucca Toro mediante recurso de Certiorari. Solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón que declaró No Ha Lugar su solicitud de ampliación de descubrimiento de prueba. Una Moción de Reconsideración posterior sobre este asunto también fue denegada por el TPI. El caso subyacente trata sobre la disolución y liquidación corporativa de MYO Perfusion, donde la peticionaria alega ser miembro con 50% de interés. La demanda original incluye reclamaciones por acción directa, derivativa, incumplimiento contractual, daños y nombramiento de síndico, alegando que el otro miembro ha dilatado la disolución y tomado control. El TPI había establecido plazos específicos para el descubrimiento de prueba en el caso. Por los fundamentos expuestos en la resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso presentado por Héctor L. Rosado Santiago. El recurrente solicitó beneficios bajo el anteproyecto de la Ley 85 y las Leyes 27 y 25, alegando edad avanzada y condiciones de salud. Su escrito, titulado "Moción de la Confirmación de la Sentencia...", fue breve y anejó documentos sin relación directa con una decisión apelable. El Tribunal señala que el escrito no identificó la decisión objeto del recurso ni incluyó documentación para establecer su jurisdicción. Se reitera la importancia fundamental de la jurisdicción y los requisitos procesales para perfeccionar un recurso de revisión, según la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Dicha regla exige, entre otros, identificar la decisión recurrida y citar la base de la jurisdicción. Al no cumplir el recurrente con estos requisitos esenciales, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. Por tanto, se desestimó el recurso sin entrar a considerar los méritos de la solicitud.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLRA202400077. El recurrente, Jesús Figueroa Santiago, solicitó la revisión judicial de una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha resolución confirmó la negativa del Municipio de Bayamón a una solicitud de Consulta de Construcción. La solicitud buscaba legalizar la construcción de una terraza techada en el patio delantero de un establecimiento comercial. El proyecto presentaba múltiples variaciones significativas respecto a la normativa vigente. Estas variaciones incluían incumplimientos con la cabida mínima del solar, el área de ocupación permitida, el ancho mínimo del solar, y los retranqueos mínimos delanteros, laterales y posteriores. Además, se señalaron problemas con los estacionamientos, tanto por su diseño en retroceso a la vía pública como por el número insuficiente de espacios propuestos. El recurrente presentó argumentos para justificar estas desviaciones reglamentarias. Tras examinar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la determinación recurrida. En consecuencia, se mantuvo la negativa a legalizar la construcción de la terraza.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre una petición de Certiorari presentada por Javier López Sánchez. El peticionario impugnó la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su moción para desestimar un cargo por conducir en estado de embriaguez. Alegó que se violó su derecho a juicio rápido debido a supuestas suspensiones sin justa causa y la ausencia de un testigo clave del Ministerio Público en la fecha señalada para el juicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, al determinar que el juicio sí comenzó ese día con la juramentación y testimonio de otro testigo. El Tribunal de Apelaciones revisó el marco legal y constitucional del derecho a juicio rápido, incluyendo los criterios para evaluar si hubo violación y la necesidad de probar perjuicio específico. Señaló que las dilaciones no intencionales se evalúan con menos rigor. En el ejercicio de su discreción, el Tribunal de Apelaciones declinó intervenir con la decisión recurrida. Concluyó que el juicio se inició dentro del término reglamentario y que la ausencia de todos los testigos del Ministerio Público el primer día no constituyó una violación de los derechos constitucionales del imputado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Triple S Propiedad, Inc. El caso original surge de una demanda del Consejo de Titulares del Condominio Valle Santa Cecilia contra Triple S por daños causados por el huracán María. Las partes llegaron a un acuerdo transaccional para resolver la disputa. Posteriormente, Municipal Claims Management Services Inc. (MCMS) intervino en el caso reclamando un porcentaje del monto transaccional basado en un contrato con el Condominio. Ante la reclamación concurrente sobre los fondos, Triple S presentó una solicitud bajo la Regla 19 de Procedimiento Civil para que el Condominio y MCMS litigaran entre sí sus derechos sobre la cuantía. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de Triple S. Triple S recurrió esta decisión mediante Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Alfredo Robles Santiago. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de ordenar a Humberto Donato Insurance, Inc. el pago de una mesada en una reclamación laboral sumaria por despido injustificado. El caso original se presentó bajo la Ley Núm. 80 mediante el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Robles Santiago reclamó despido injustificado y solicitó mesada e indemnización. Las partes informaron inicialmente al tribunal primario haber alcanzado un acuerdo transaccional confidencial. Surgieron complicaciones procesales cuando el acuerdo no se formalizó, llevando a una desestimación temporal del caso que luego fue dejada sin efecto. Tras estos eventos, el peticionario solicitó el pago de la mesada, lo cual fue denegado por la orden recurrida. El Tribunal de Apelaciones adelanta la denegación de la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante Certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de daños y perjuicios. Los demandantes reclamaron compensación por una lesión sufrida en 2017 mientras trabajaban para los demandados, alegando que estos eran patronos no asegurados. El Fondo del Seguro del Estado declaró a los demandados como patrono no asegurado tras el accidente. Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda, argumentando que la acción estaba prescrita al haberse presentado más de un año después de la notificación del estatus de patrono no asegurado. Los demandantes se opusieron, sosteniendo que el término prescriptivo se interrumpió hasta la resolución final de la Comisión Industrial en 2023. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación. Los demandados recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso de Certiorari y revocó la resolución del foro primario.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari. La peticionaria, Carmen Parra González, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que aprobó el cuaderno particional de la herencia de su madre, Carmen González García. El caso tiene origen en una división hereditaria previa donde Carmen Parra adeudaba una suma considerable a su madre. Un acuerdo transaccional posterior modificó esta deuda, estableciendo pagos mensuales vitalicios. Carmen Parra dejó de realizar estos pagos en 2014, lo que generó litigios y gestiones de cobro. Tras el fallecimiento de la madre, el otro hermano, René Raúl Parra González, fue designado albacea y contador partidor. El Tribunal de Primera Instancia aprobó el cuaderno particional presentado por el albacea. La peticionaria solicitó la revisión de esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso solicitado pero confirmó el dictamen recurrido que avaló el cuaderno particional.

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Sentencia de apelación sobre un caso de desahucio iniciado por miembros de una sucesión contra la apelante. La parte apelada reclama ser dueña de una propiedad rústica (parcela 2) en Canóvanas. Alegan que la apelante ocupa el inmueble en precario, sin autorización ni pago. La apelante se defiende indicando que reside en una parcela distinta (parcela 1). Sostiene que la parcela donde reside pertenece al Departamento de la Vivienda y que esta agencia le ha representado que vive en la parcela 1. La apelante planteó la falta de parte indispensable, señalando al Departamento de la Vivienda. El tribunal primario ordenó al Departamento de la Vivienda investigar la ubicación de la estructura ocupada por la apelante. La agencia informó que ninguna de las parcelas forma parte de su inventario y no realizó la mensura solicitada. La apelación busca revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que aparentemente favoreció a la parte apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. La Peticionaria, Carmen Rivera Villedas, recurrió una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para dejar sin efecto una Sentencia de divorcio. La solicitud se basó en que el Recurrido, Edwin Glass Martínez, falleció después de la notificación de la Sentencia de divorcio, pero antes de que esta adviniera final y firme. El foro primario denegó la petición, entendiendo que la Sentencia ya era final y firme y no era nula al momento del fallecimiento. La Peticionaria apeló, argumentando que la muerte interrumpió la finalidad de la Sentencia y la hizo nula. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda presentada por Conde Insurance, Inc. Conde Insurance había demandado a Triple-S Insurance Agency, Shield Insurance Solutions, LLC y otros, reclamando el pago de comisiones por un programa de seguros y daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al entender que no procedía la reclamación bajo el Código de Seguros y que la demanda no exponía una causa de acción válida. Adicionalmente, el foro primario impuso a Conde Insurance el pago de cinco mil dólares a cada parte demandada por actuar con temeridad. Conde Insurance apeló, señalando errores en la desestimación, la aplicación del Código de Seguros, el manejo de mociones y la imposición de temeridad. Las partes apeladas presentaron sus alegatos en oposición a la apelación. Tras examinar el recurso y las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Este documento es la sentencia de un panel de jueces que revisa una decisión previa. El Sr. Freddy Carreras Bacetty apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia desestimó su demanda por daños y perjuicios contra la Cooperativa de Seguros Múltiples, la Sra. Nora L. Román Torres y FNJCC Corp. El caso se originó por un accidente de tránsito donde el apelante alegó haber sido impactado por detrás, sufriendo lesiones y reclamando \$151,000. La parte apelada admitió un impacto leve, pero negó la relación causal entre este y los daños reclamados, argumentando que eran preexistentes según una evaluación médica. El Tribunal de Primera Instancia concedió la Sentencia Sumaria al encontrar que no había controversia sustancial sobre hechos clave, como la levedad del impacto y la falta de nexo causal con los daños alegados. Tras revisar los fundamentos, este foro apelativo confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso de José Durand Carrasquillo contra Hilda María Arias Cao. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia de Carolina y trata sobre un cobro de dinero. La apelante, Hilda María Arias Cao, impugna una Sentencia del foro primario que le ordenó pagar $21,300.00 al apelado, José Durand Carrasquillo, por servicios legales no pagados. Dicha Sentencia también desestimó una reconvención de la apelante por alegada impericia profesional. El documento detalla el trámite procesal seguido en la apelación. Se mencionan las gestiones y resoluciones relacionadas con la presentación y estipulación de la transcripción de la prueba oral (TPO). Las partes presentaron alegatos iniciales y suplementarios tras la incorporación de la TPO. El apelado solicitó la confirmación de la Sentencia apelada. El Tribunal declara que el recurso ha sido perfeccionado y procederá a detallar los hechos procesales.

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Un panel de jueces revisa la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que anotó la rebeldía a la Sucesión de Antonio L. Rivera Rivera. La sentencia apelada declaró "HA LUGAR" la demanda de cobro de dinero presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra la Sucesión. El caso comenzó con la demanda de Banco Popular buscando el cobro de una deuda. Banco Popular intentó emplazar personalmente a los miembros de la Sucesión, pero no logró localizar a algunos. Ante la imposibilidad de emplazamiento personal, Banco Popular solicitó y obtuvo permiso judicial para emplazar por edicto. Tras la publicación del edicto y la falta de respuesta, Banco Popular pidió la anotación de rebeldía y sentencia sin vista. El tribunal primario concedió la solicitud, dictando sentencia contra la Sucesión por la cantidad adeudada. La Sucesión apeló esta decisión, argumentando un posible error en el procedimiento. El panel de jueces, al evaluar el recurso, determina revocar la Sentencia Parcial apelada. La revocación implica que el tribunal superior encontró un fundamento válido para dejar sin efecto la sentencia dictada en rebeldía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo. Genesis Security Services, Inc. recurrió la resolución de la OMA que le ordenó pagar \$1,581.62 a una empleada por concepto de períodos de tomar alimentos. La OMA emitió dicha orden tras declarar en rebeldía a Genesis Security Services, Inc. por su incomparecencia a una vista administrativa. La empresa apelante argumentó que la OMA erró al anotar la rebeldía y emitir una decisión sin adjudicar el caso en sus méritos, alegando violación de la ley y reglamentos aplicables. La empleada, representada por el Secretario del Trabajo, presentó oposición al recurso de revisión. El Tribunal examinó los argumentos presentados por ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución y Orden emitida por la OMA.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre daños y perjuicios. El apelante, Isaac Colón Aquino, solicitó la revisión de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le concedió \$50,000.00. La demanda original surgió a raíz de las lesiones sufridas por el apelante al caerle una palma de coco en una propiedad de Oriental Bank Group. El foro primario encontró a los apelados responsables solidariamente por los daños físicos y angustias mentales. El apelante solicitó reconsideración, alegando que la cuantía era muy baja y que no se impusieron honorarios por temeridad. Los apelados se opusieron, cuestionando la credibilidad del demandante y la apreciación de la prueba. Este recurso constituye la tercera comparecencia del apelante ante el Tribunal de Apelaciones en relación con este caso. Habiendo revisado los fundamentos y antecedentes, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la Corporación Alborada de Ponce para solicitar la revocación de una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo, emitida el 14 de diciembre de 2023, ordenó a la Corporación Alborada a compensar al Consejo de Titulares del Condominio Alborada con \$238,165.00 por vicios de construcción, más \$3,000.00 en costas y honorarios. El caso se originó en una querella presentada por el Consejo de Titulares ante DACo en 2014, alegando diversos defectos en la construcción del condominio, como problemas de pintura, humedad, drenaje, elevadores y sistemas eléctricos. DACo realizó una investigación, incluyendo una inspección y vistas administrativas con presentación de prueba pericial. Tras evaluar el caso, DACo determinó la existencia de los vicios y la responsabilidad de la Corporación Alborada. La Corporación Alborada apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, mediante Sentencia de 14 de junio de 2024, confirmó la Resolución recurrida del DACo.

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Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, iniciada por el Departamento de Educación contra V.M.C. El Departamento recurre una resolución del Foro Administrativo de Educación Especial que le ordenó reembolsar a la madre de V.M.C. los gastos de asignaciones supervisadas sufragados durante el año escolar 2023-2024. El recurso de revisión fue presentado el 2 de febrero de 2024, solicitando la revocación de dicha orden administrativa. Durante el trámite apelativo, las partes gestionaron la presentación de la transcripción de la prueba oral de la vista administrativa. Ante la falta de estipulación y la incomparecencia de la parte recurrida, el Tribunal acogió el borrador de la transcripción presentado por el Departamento. El Departamento de Educación presentó un alegato suplementario reiterando su solicitud de revocar la decisión administrativa y devolver el caso para una nueva vista. El caso fue perfeccionado el 10 de junio de 2024, quedando listo para sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en un recurso de certiorari presentado por Ambitious Corp. La empresa buscaba revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un pleito laboral sumario incoado por Jeannette Torres Torres. Torres Torres demandó a Ambitious Corp. por despido injustificado, represalias bajo la Ley Núm. 115, y reclamaciones salariales y de beneficios. Alegó haber sido despedida tras un patrón de represalias, mientras que la empresa sostuvo que el despido fue justificado por supuesta retención de dinero y alteración de documentos. El recurso de certiorari impugnaba la negativa del tribunal de instancia a conceder una extensión de término a Ambitious Corp. para completar el descubrimiento de prueba y tomar deposiciones. La empresa argumentó dificultades para obtener información y coordinar las deposiciones de la demandante, su representante y testigos. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. También declaró No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos en la instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial sobre una visita legal. El recurrente, Roberto Quiñones Rivera, impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Alega que su visita legal de dos horas fue interrumpida por oficiales correccionales para almorzar, impidiendo completar la consulta pagada. Presentó una solicitud de remedio administrativo y reconsideración ante el DCR. La División de Remedios del DCR confirmó que el reglamento no limita el tiempo de visita, pero sí establece horarios. Determinó que el confinado debe gestionar una nueva cita para culminar el tiempo pagado si la visita fue interrumpida. El recurrente solicitó la revisión judicial de esta decisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones analizó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestima el recurso presentado por el recurrente.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Israel Galarza Vega en apelación civil. Solicita la revisión de dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio por ruptura irreparable contra Angelira González Torres. El primer dictamen apelado es una Resolución que le impuso el pago de \$4,000.00 en litis expensas y \$360.47 mensuales en pensión pendente lite a favor de la señora González Torres. El segundo es una Sentencia que decretó el divorcio, concedió la custodia del menor al señor Galarza Vega, y dispuso que la señora González Torres debía desocupar la residencia conyugal en 90 días. La Sentencia final también indicó que el señor Galarza Vega asumió capacidad económica, por lo que no se estableció pensión alimentaria (para el menor por parte de la madre). El trasfondo procesal detalla la demanda inicial, las solicitudes de pensión y custodia, la sugerencia de pensión provisional, y la admisión de capacidad económica por parte del señor Galarza Vega. La señora González Torres solicitó medidas cautelares y reiteró su petición de una pensión pendente lite sustancial y gastos de litigio, alegando dificultades económicas y de salud. El Tribunal de Apelaciones considera los méritos de esta apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de desahucio. La apelante, Leslie Collazo Rivera, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicho foro primario había declarado Ha Lugar la demanda de desahucio presentada por los nuevos propietarios, Víctor J. Olivo Afanador y Verónica I. Morán Pagán. La sentencia de primera instancia ordenó el desalojo de la señora Collazo Rivera de la propiedad. La apelante argumentó que el Tribunal de Primera Instancia violó el debido proceso al limitar la prueba sobre conflictos de titularidad y mejoras. Alegó que el desahucio fue erróneo ante un supuesto conflicto de titularidad y mejoras no compensadas. El Tribunal de Apelaciones revisó los señalamientos de error presentados por la apelante. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de Certiorari presentada por Agustín García Acevedo. El peticionario solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 16 de abril de 2024. Dicha resolución del TPI denegó la solicitud de desestimación que García Acevedo presentó en el caso. La solicitud de desestimación se fundamentaba en que las reclamaciones de los demandantes iban dirigidas a una entidad corporativa y no contra él en su carácter personal. El pleito original fue instado por Arlene Vélez Ramos y otros contra Diversified And Special Services, Inc. y el peticionario, alegando incumplimiento de contratos de compraventa de unidades de vivienda. Los demandantes solicitaron cumplimiento específico o daños y perjuicios. García Acevedo argumentó la ausencia de una causa de acción contractual o extracontractual en su contra personalmente. Una sentencia previa del TPI que concedía la desestimación fue declarada nula por este Tribunal de Apelaciones por un error procesal. Tras reiterar su solicitud de desestimación, el TPI la denegó, lo que motivó la presente petición de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Myrna Berríos Fernández. La peticionaria buscaba la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso sobre división de comunidad de bienes. Dicha orden dictó directrices sobre el descubrimiento de prueba, requiriendo a la peticionaria acreditar la pertinencia de estados bancarios y de tarjetas de crédito solicitados. El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado. Fundamentó su decisión en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla limita la revisión de decisiones interlocutorias a situaciones específicas. El Tribunal determinó que la orden recurrida no se encontraba dentro del espectro de disposiciones revisables. Tampoco consideró que la falta de intervención representara un fracaso irremediable de la justicia. Por tanto, conforme a la normativa aplicable, se denegó la solicitud de revisión.

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Roberto Sueiro del Valle, a título personal y como presidente de COPEP, junto con COPEP, presentaron un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en un caso de daños y perjuicios, difamación y libelo incoado por TIX.BY, LLC D/B/A Ticketera. La Resolución del foro primario, emitida el 21 de febrero de 2024, había declarado No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por los peticionarios. La demanda de Ticketera alega que Sueiro y COPEP realizaron manifestaciones difamatorias en diversos medios de comunicación, imputando a Ticketera prácticas ilegales y causándole daños. Los peticionarios argumentaron que la demanda carecía de hechos suficientes para una reclamación por difamación contra figuras públicas, que las declaraciones estaban protegidas y que Sueiro actuó solo como presidente. El foro primario concluyó que la demanda enmendada contenía alegaciones suficientes para establecer una causa de acción por difamación contra Sueiro (personalmente y como presidente) y COPEP, basadas en declaraciones públicas hechas con menosprecio de la verdad. En consecuencia, el foro primario denegó la moción de desestimación en cuanto a estas partes. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, denegó el recurso de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Condominio College Park y otros contra Triple-S Propiedad, Inc. El caso original versa sobre daños e incumplimiento de contrato de seguro tras el huracán María. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial ordenando a Triple-S pagar \$616,211.88, decisión que fue confirmada en apelación. Tras la confirmación, la parte peticionaria solicitó intereses legales post sentencia, intereses por mora y honorarios de abogado al amparo del Código de Seguros y las reglas de procedimiento. También presentó un memorando de costas. El foro primario denegó la solicitud de intereses y honorarios y concedió solo parcialmente las costas. La parte peticionaria recurrió de estas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado. Se revoca la resolución que denegó los intereses legales, por mora y honorarios de abogado bajo el Artículo 27.165 del Código de Seguros, y se revoca la orden de costas para conceder los gastos reclamados por reproducción de documentos y correo certificado.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. La apelación surge de la desestimación del caso por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI desestimó la demanda porque no se acreditó que la demandada hubiera recibido el aviso previo de cobro enviado por correo certificado. La parte demandante apeló, argumentando que la ley solo exige enviar el aviso a la última dirección conocida, no que sea recibido, especialmente si el destinatario lo rechaza. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al exigir prueba de recibo. Determina que la demandante cumplió con el requisito legal al enviar el aviso a la dirección conocida de la deudora mediante correo certificado con acuse de recibo. El hecho de que la deudora rechazara el correo no impide que se considere cumplido el requisito de envío previo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre alimentos excónyuge. El apelante presentó su recurso, el cual fue revisado por el Tribunal. Se identificaron graves defectos formales en el escrito, como páginas sin numerar, apéndice incompleto y falta de notificación a la secretaría del tribunal de instancia. Mediante resolución, se ordenó al apelante corregir estos defectos, cumplir con reglas de formato y certificar la notificación, concediendo un término que vencía el 7 de junio de 2024. Se apercibió que el incumplimiento de la orden conllevaría la desestimación del recurso. A la fecha de la sentencia, el apelante no había cumplido con lo ordenado. Por tanto, habiendo sido debidamente apercibido, el Tribunal desestima el recurso de apelación instado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). DACO recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para hacer cumplir una orden administrativa. La orden de DACO se originó en una querella de un consumidor contra Alberic Chrysler Jeep Dodge Plymouth, Inc. El consumidor reclamó que su vehículo sufrió una falla grave en la transmisión el mismo día que lo recogió tras reparaciones realizadas por Alberic. DACO investigó la querella, realizó determinaciones de hechos y concluyó que los daños en la transmisión fueron consecuencia de un trabajo de mecánica inadecuado por parte del concesionario. A pesar de la resolución de DACO a favor del consumidor, el Tribunal de Primera Instancia rehusó hacerla cumplir. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, decidió revocar la Sentencia apelada. Esta revocación implica que el Tribunal de Apelaciones validó la posición de DACO y la orden administrativa emitida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La apelante recurrió una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda con perjuicio e impuso honorarios. La apelada solicitó la desestimación del recurso por prematuro. Argumentó que la sentencia apelada no resolvió la totalidad del pleito, pues existía una reconvención pendiente. Además, señaló que el foro primario no certificó la sentencia parcial conforme a la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la sentencia recurrida no dispuso de la totalidad del caso ni cumplió con los requisitos de certificación para una sentencia parcial final. Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, determinó que el recurso era prematuro. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción. Se desestima la apelación, permitiendo a la parte adversamente afectada recurrir nuevamente una vez el foro primario adjudique la totalidad del pleito o certifique debidamente una sentencia parcial final.

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Recurso de apelación presentado por el Municipio Autónomo de Caguas contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre un caso de expropiación forzosa. El Municipio expropió una propiedad declarada estorbo público, tasada en $42,000.00, consignando dicha suma como justa compensación. La propiedad acumulaba deudas significativas por contribuciones al CRIM ($28,462.50) y gastos municipales por limpieza y mantenimiento ($8,951.60). El Municipio argumentó que la justa compensación debía ser el valor tasado menos estas deudas y gastos. El foro primario concedió el título al Municipio pero ordenó el pago de la suma total de tasación y que el CRIM cancelara la deuda. El Municipio apeló, alegando error al no descontar las deudas y gastos de la justa compensación. El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia recurrida y, por los fundamentos que se expresarán, modifica la Sentencia del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda de daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Heriberto García Parra, un confinado, contra funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación. García Parra alegó violaciones a sus derechos civiles y constitucionales por supuestamente habérsele impedido recibir visitas debido a su barba. Los funcionarios apelados solicitaron la desestimación argumentando falta de especificidad en las alegaciones, inmunidad condicionada y el incumplimiento del apelante de agotar los remedios administrativos. Presentaron evidencia, incluyendo certificaciones, para apoyar sus argumentos. García Parra replicó que el remedio administrativo era inútil y la desestimación drástica. Los apelados insistieron en que el apelante no refutó los fundamentos de la desestimación ni justificó eludir el proceso administrativo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, concluyó que procedía confirmar la desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones atiende una Petición de Certiorari presentada por Rean Development Corp., Lumar Development Corp., C.I.B. Investment Inc. y Norten Mortgage Corp. Las corporaciones recurren la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria Parcial en un caso sobre fraude contra acreedor. El litigio se originó tras una sentencia de 2006 a favor de Carlos Narváez Cruz contra Orlando R. Ortiz Báez por daños. Posteriormente, Narváez demandó a Ortiz Báez y a las corporaciones, alegando que este transfirió bienes a las entidades corporativas para evitar el pago de la sentencia. El demandante solicitó el descorrimiento del velo corporativo y la nulidad de los negocios jurídicos. Las corporaciones presentaron mociones de sentencia sumaria, argumentando la validez de las transacciones. El foro primario denegó la sentencia sumaria en dos ocasiones, en 2020 y 2024, al encontrar controversias de hechos materiales, como la relación de Ortiz Báez con las corporaciones y el momento de las transferencias. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por las corporaciones.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una petición de revisión judicial de la denegación de una licencia de armas por el Negociado de la Policía a Wilfredo Rodríguez Vidal. El Negociado solicitó la desestimación del recurso en el Tribunal de Primera Instancia, alegando falta de jurisdicción por presentación tardía fuera del término de 30 días y/o incumplimiento con la moción de reconsideración administrativa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación y la posterior reconsideración presentada por el Negociado. Inconforme, el Negociado acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, señalando error en la determinación del foro primario sobre la jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Se determinó que el Negociado debe notificar adecuadamente al señor Rodríguez Vidal sobre los términos para presentar su recurso de revisión o apelación. Esto implica que la notificación original de la denegación fue considerada defectuosa para iniciar el cómputo de los términos procesales. La sentencia resuelve la controversia jurisdiccional a favor del Negociado, pero ordena corregir el proceso de notificación al ciudadano.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por El Pueblo contra Rex Durazo. Durazo enfrenta cargos por asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. El proceso judicial se detuvo tras solicitudes bajo la Regla 240 para evaluar su procesabilidad, siendo declarado no procesable en múltiples ocasiones. Posteriormente, el señor Durazo fue ingresado en una institución federal. El Tribunal de Primera Instancia permitió a la defensa retirar la solicitud de Regla 240 y ordenó revertir el caso a vista preliminar. El Ministerio Público impugnó esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el certiorari y revoca el dictamen recurrido del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Óptima Seguros en un caso de daños y perjuicios por una caída. Óptima Seguros, aseguradora del Municipio de San Juan, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. La aseguradora argumentó que los demandantes no probaron que el lugar de la caída fuera propiedad municipal y que el Municipio goza de inmunidad si el accidente ocurrió en una acera aledaña a una vía estatal. El Tribunal de Apelaciones explicó que el certiorari es un recurso discrecional sujeto a criterios específicos. Tras evaluar los planteamientos y el expediente, el panel decidió, en el ejercicio de su discreción, no intervenir con la decisión recurrida. Por tanto, el recurso de certiorari fue declinado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de subrogación presentado por Chubb Insurance Company. La parte peticionaria, Safety Management & Consulting, LLC, impugnó dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario denegó una moción de desestimación por falta de partes indispensables y una solicitud para tomar conocimiento judicial. Safety argumentó que los individuos que operaban la guindola durante el accidente eran partes indispensables y que el conocimiento judicial sobre su representación posterior de la asegurada en procedimientos de PROSHA era pertinente. El Tribunal de Primera Instancia denegó ambas solicitudes, considerando que los individuos no eran indispensables y que el conocimiento judicial solicitado no era pertinente. El Tribunal de Apelaciones concluye que no procede intervenir con las decisiones del Tribunal de Primera Instancia. Esto se debe a que un supuesto co-causante de un daño no es parte indispensable para adjudicar la responsabilidad de otro co-causante. Además, la Regla 52.1 impide la revisión de la denegatoria de tomar conocimiento judicial.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por Jossie E. Delgado Casiano y René Rodríguez Arroyo. Los apelantes solicitaron la revocación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en julio y agosto de 2023. El TPI los había declarado culpables del delito de posesión bajo el Artículo 404(A) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Como resultado, fueron condenados a una pena de tres años de cárcel bajo régimen de sentencia suspendida. Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el 21 de octubre de 2022 en Yauco. Tras la presentación de denuncias, vista preliminar y acusaciones, se celebró un juicio en su fondo donde se desfiló prueba testifical y documental. El panel revisó los fundamentos y la prueba presentada en el foro primario. Finalmente, el panel decidió confirmar las sentencias apeladas emitidas por el TPI.

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Jossie E. Delgado Casiano y René Rodríguez Arroyo apelaron las sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dichas sentencias los condenaron a tres años de cárcel bajo régimen de sentencia suspendida. La condena se debió a su culpabilidad por el delito de posesión de sustancias controladas, según el Artículo 404(A) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Los hechos imputados ocurrieron el 21 de octubre de 2022 en Yauco. Tras una vista preliminar y la presentación de acusaciones, se celebró un juicio por tribunal de derecho donde se presentó prueba de cargo y de defensa. Los apelantes solicitaron la revocación de las sentencias primarias. Un panel de jueces revisó los fundamentos del caso. Por los fundamentos expuestos, el panel resolvió confirmar las sentencias apeladas.

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El Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de certiorari presentado por John Hanratty, et als. y Lesser Flamingo, LLC, et als. Los peticionarios solicitaron la revisión de dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La primera orden, de remedio provisional, les exigía abstenerse de enajenar o gravar bienes y someter un inventario. La segunda orden, de mostrar causa, les conminaba a cumplir con el remedio provisional. Estas órdenes surgieron en el contexto de un litigio por daños y perjuicios, apropiación ilegal y enriquecimiento injusto. Los recurridos habían solicitado el remedio provisional para asegurar una posible sentencia. Tras evaluar el expediente, el panel del Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la solicitud de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de expropiación forzosa iniciado por el Estado Libre Asociado contra PFZ Properties, Inc. El Estado buscaba adquirir terrenos en Loíza para conservación, ofreciendo una compensación inicial, pero luego desistió del procedimiento. La controversia actual se centra en la negativa del Tribunal de Primera Instancia a permitir que el Estado enmiende su informe de valoración de daños. El Estado solicitó la enmienda para que su perito tasador incorporara los hallazgos de sus peritos en economía y planificación. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial del caso, incluyendo la impugnación de la tasación por parte de PFZ y trámites procesales sobre informes periciales. La sentencia concluye que se expide el auto de certiorari solicitado por el Estado. Se revoca la orden del foro primario que impedía la enmienda del informe pericial del Estado. Esta decisión permite al Estado modificar su valoración para incluir las conclusiones de sus otros expertos en el contexto del desistimiento de la expropiación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera una petición de certiorari presentada por World Landscaping & Irrigation Services Corp. y Cooperativa de Seguros Múltiples. Los peticionarios buscan revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación por prescripción. La demanda original es por daños sufridos en octubre de 2019 por la caída de una rama de árbol. Aunque la demanda inicial se presentó en 2020, los peticionarios fueron incluidos como demandados en noviembre de 2023. El foro primario concluyó que la acción no estaba prescrita contra ellos, aplicando la teoría cognoscitiva del daño y considerando que fueron añadidos tras conocerse su identidad. Los peticionarios alegan que el demandante no actuó con diligencia para descubrir su identidad antes. El demandante-recurrido argumenta que solo obtuvo la información sobre la subcontratación de los peticionarios en octubre de 2023 mediante descubrimiento de prueba. La resolución evalúa si la inclusión tardía de los peticionarios fue justificada o si la causa de acción contra ellos está prescrita.