Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 62)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación sobre cobro. Las partes son Ahmed Nevárez Ruiz como apelado y la Sucesión José R. Marrero Figueroa como apelantes. El caso se originó por una demanda de Nevárez Ruiz reclamando la devolución de \$60,000.00 pagados por un alegado contrato de opción de terreno. Nevárez Ruiz sostuvo que la opción no se ejerció por incumplimiento de la otra parte. La Sucesión Marrero Figueroa argumentó que el acuerdo era un contrato de compraventa y que Nevárez Ruiz abandonó el proyecto. Nevárez Ruiz presentó una moción de sentencia sumaria parcial por la cantidad reclamada. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia a favor de Nevárez Ruiz. La Sucesión apeló dicha Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

Comparece ante este foro el Sr. Ángel M. Santiago Bernier solicitando la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó el reclamo presentado por la Sra. Kiara Del Valle Morales en su contra, pero le denegó la imposición de costas y honorarios de abogado. La Sra. Del Valle había demandado a su empleador y al Sr. Santiago por hostigamiento laboral, despido injustificado y daños. El Sr. Santiago solicitó la desestimación de la demanda en su contra personalmente, argumentando insuficiencia de alegaciones y falta de agotamiento de remedios administrativos. Tras varios incidentes procesales, incluyendo una demanda enmendada, el foro primario emitió la Sentencia Parcial apelada. El Sr. Santiago recurrió ante este panel para revisar esa decisión. Por los fundamentos expuestos, este tribunal confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Comparece el Sr. Juan Rafael Ortiz Meléndez mediante recurso de certiorari solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución reiteró una determinación previa que declaró No Ha Lugar una solicitud del Peticionario. La controversia se origina en una Moción Solicitando Revisión de Pensión Alimentaria presentada por el Peticionario en 2019. El TPI emitió una Determinación Sobre Pensión Alimentaria en junio de 2023. Esta fijó las pensiones mensuales, la proporción de gastos extraordinarios y una deuda retroactiva de $19,262.87 con un plan de pago. Posteriormente, el Peticionario cuestionó la cantidad de la deuda retroactiva. Argumentó que la cifra era incorrecta según registros de ASUME. También sostuvo que la porción de la deuda correspondiente a una hija mayor de edad debía ser reclamada por ella directamente. El panel judicial, tras considerar los fundamentos, procede a denegar la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. Cándido O. Aponte Vellón impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Comité había ratificado su nivel de custodia máxima. La decisión del Comité se fundamentó en el historial de indisciplina del confinado, su conducta inconsistente y la falta de demostración de cambios positivos duraderos tras recibir tratamientos. Se señaló su manera violenta de resolver conflictos y la ausencia de arrepentimiento por el delito. El recurrente argumentó que el Comité erró al basarse en su historial y al citar información judicial incorrecta. El Tribunal de Apelaciones examinó el caso. Concluyó que la ratificación de la custodia máxima era apropiada. La decisión busca garantizar los objetivos de rehabilitación y la seguridad pública, confirmando así el dictamen recurrido.

Resumen:

Camarero Race Track Corporation apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le condenó a pagar \$112,816.00 a José Antonio López Camacho. La Demanda original fue por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, alegando que el caballo del señor López Camacho, Charming Tam, se lesionó gravemente en la pista del Hipódromo Camarero debido a su condición insegura. El demandante sostuvo que Camarero conocía los problemas de la pista y no los corrigió, causando la pérdida del valor del caballo y ganancias potenciales. Camarero negó negligencia, afirmó que la pista estaba en buen estado y argumentó que las lesiones son un riesgo inherente de la actividad hípica. El Tribunal de Primera Instancia encontró a Camarero responsable y ordenó la indemnización. Camarero solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar dicho dictamen. El Tribunal de Apelaciones adelanta la confirmación de la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la clasificación de custodia máxima impuesta a Josean Gómez González por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnó la decisión del DCR de mantenerlo en custodia máxima a pesar de no haber tenido querellas disciplinarias recientes. El DCR justificó su decisión basándose en criterios discrecionales, citando el historial de violencia excesiva del recurrente y su persistente desobediencia a las normas institucionales a lo largo de 19 años de confinamiento. La agencia señaló que los esfuerzos para modificar su conducta desafiante han sido infructuosos y que no ha adquirido las destrezas para vivir sin violencia ni delinquir. El recurrente alegó que el DCR consideró indebidamente acciones disciplinarias pasadas, incluyendo una querella desestimada, y afirmó haberse arrepentido de sus delitos. El DCR detalló múltiples incidentes disciplinarios, pruebas toxicológicas positivas y comportamiento negativo en el área educativa para sustentar su determinación. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen del DCR que ratificó la custodia máxima del recurrente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso entre la Asociación de Residentes de Urbanización Vista Real de Yauco y los residentes Willer Vélez Quiñones y Melanie Francesca López Torres. El litigio original se centró en la construcción de una residencia por parte de los residentes, que la Asociación alegó violaba las condiciones restrictivas de la urbanización. Estas condiciones supuestamente requerían la aprobación del Comité Arquitectónico y la construcción de modelos de casa específicos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la Asociación, denegando una moción de desestimación de los residentes y concediendo las peticiones de interdicto y sentencia declaratoria de la Asociación. Los residentes apelaron esta decisión. Sus argumentos en la instancia inferior incluyeron la falta de legitimación activa de la Asociación, la supuesta aprobación de sus planos, cambios en el proyecto por parte del desarrollador y la ineficacia de la servidumbre de uniformidad. La Asociación se opuso a estos planteamientos. El Tribunal de Apelaciones anticipa confirmar la sentencia recurrida, manteniendo así la decisión favorable a la Asociación.

Resumen:

Un panel judicial revisó una Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) que denegó el privilegio de libertad bajo palabra al Sr. Michael Torres Vélez. El señor Torres cumple una sentencia de 25 años por asesinato en segundo grado, escalamiento agravado y violación a la Ley de Armas. La JLBP denegó la solicitud en febrero de 2024, citando la naturaleza violenta de los delitos, un resultado positivo a sustancias controladas en 2022, y la falta de corroboración del hogar propuesto y el amigo consejero. La Junta dispuso que reconsideraría el caso en enero de 2025, requiriendo informes actualizados, opinión comunitaria y una evaluación psicológica. El señor Torres solicitó reconsideración, alegando cumplir los requisitos y haber sido reclasificado a custodia mediana. La JLBP sostuvo su determinación inicial. Inconforme, el recurrente presentó un recurso judicial alegando error de la Junta al no concederle el privilegio. Tras revisar el caso, el tribunal CONFIRMÓ el dictamen administrativo recurrido.

Resumen:

Melpro Corp. presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El DACo había declarado a Melpro en rebeldía y le impuso responsabilidad por trabajos defectuosos de sellado de techo. La resolución ordenó a Melpro reembolsar $13,545.76 a la consumidora, Sra. Edith B. Roa Román, quien contrató y pagó por el servicio, pero sufrió filtraciones posteriores. A pesar de los reclamos de la consumidora, Melpro no corrigió los defectos. La querella ante el DACo culminó en una vista administrativa a la que Melpro no compareció, a pesar de haber sido notificados sus abogados. Melpro solicitó reconsideración alegando falta de notificación de la vista. Tras examinar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa presentada por Edgar Santos Rivera contra el Negociado de la Policía. El recurrente apeló una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había declarado académica la apelación de Santos Rivera sobre su proceso de reingreso a la Policía. Santos Rivera fue rechazado para reingresar tras no aprobar la prueba de polígrafo, aunque alegó que no era necesaria por haber solicitado el reingreso dentro de los seis meses de su renuncia. La CASP concluyó que la apelación era académica porque el recurrente excedió la edad máxima para reingresar y su período de elegibilidad caducó. El señor Santos Rivera solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara la Resolución de la CASP. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Resolución recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el recurso de certiorari KLCE202400655, que consolida varios casos criminales procedentes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. El Pueblo de Puerto Rico, como peticionario, había presentado el recurso contra varios recurridos en casos sobre violaciones al Código Penal y la Ley de Armas. El Pueblo presentó un Aviso de Desistimiento por Academicidad. El Tribunal determinó que las causas de acción que motivaron el recurso se tornaron académicas, eliminando la controversia apelativa. Por tanto, se dictó sentencia de desistimiento con perjuicio. Adicionalmente, se dejó sin efecto una Resolución previa del 18 de junio de 2024. Finalmente, se ordenó el cierre y archivo definitivo del recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La parte peticionaria, Bellagio Corp., solicitó la revocación de la decisión que denegó su moción de desestimación por pago en finiquito. Empresas Ortiz Brunet, Inc. y Decont, LLC demandaron a Bellagio por un balance adeudado bajo un contrato de alquiler y servicios. Existió una controversia sobre la cantidad exacta adeudada. Bellagio envió un cheque por una suma menor a la reclamada, indicando que era pago total. Los demandantes aceptaron el cheque, pero notificaron que lo consideraban un pago parcial. Bellagio argumentó que se cumplían los requisitos para la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación, y el Tribunal de Apelaciones confirmó dicha resolución.

Resumen:

Comparece Nicky Hernández Gaya ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez. Dicha Resolución ordenó celebrar una vista evidenciaría para casos menos graves del peticionario. La vista fue señalada en la Sala de Vista Preliminar donde se ventilan sus casos graves. El peticionario alegó que esta sala carecía de competencia, ya que los casos no estaban consolidados y la vista debía ser ante el juez de distrito. El TPI declaró no ha lugar la reconsideración solicitada por el peticionario. Inconforme, el peticionario acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expide el auto para revisar la determinación del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación civil. El recurso fue presentado por Carmen Laura Cintrón Maldonado y Edna L. Otero Hernández. Apelan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, que desestimó sin perjuicio la demanda. El caso original versaba sobre sentencia declaratoria, entrega de legado, pago de usufructo viudal y daños y perjuicios contra la Sucesión del Dr. Rafael Otero Hernández y otros. Las apelantes alegaron incumplimiento de la albacea y miembros de la sucesión en la entrega de bienes y frutos de la herencia. Solicitaron emplazar a varios demandados residentes en Estados Unidos mediante edicto, algunos con direcciones desconocidas. El Tribunal de Primera Instancia había emitido una orden sobre los requisitos para el emplazamiento por edicto. Tras revisar el dictamen apelado, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de injunction estatutario y ordenó el pago de honorarios de abogado. El apelante, Aníbal González Rodríguez, buscaba paralizar y demoler una construcción de su vecino, Roberto A. García Rivera, alegando falta de permisos. Existía un historial de querellas previas y solicitudes de permisos por parte del apelado. La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) expidió un permiso en septiembre de 2023, pero no lo notificó al apelante, parte interventora. El apelante presentó la demanda de injunction en enero de 2024, pero la OGPe notificó el permiso días después. El foro primario desestimó la demanda en marzo de 2024 por considerar la controversia académica debido a la notificación del permiso y ordenó al apelante pagar honorarios. Posteriormente, el permiso fue revocado administrativamente en mayo de 2024. El apelante recurre argumentando error al desestimar el caso por la notificación del permiso y al imponerle honorarios. El Tribunal de Apelaciones confirma en parte y revoca en parte la Sentencia recurrida.

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Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El apelante, Miguel Ángel Rodríguez Rivera, impugnó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una solicitud de partición de herencia instada por otros herederos y le impuso honorarios de abogado por temeridad. Los apelados iniciaron el pleito de partición en 2013, alegando que el apelante obstaculizaba la distribución de la herencia de sus padres. El apelante contestó la demanda, negó las alegaciones, presentó una reconvención y argumentó que los apelados habían perdido parte de su herencia al demandarlo, según una cláusula testamentaria. Los apelados replicaron que fue el apelante quien se negó a participar en el proceso de partición y permaneció en una propiedad hereditaria. El tribunal apelado concedió la partición y encontró temeraria la conducta del apelante. Tras revisar los fundamentos del recurso, el panel de apelación decidió confirmar la sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por cosa juzgada e impedimento colateral. La parte apelante presentó mociones de reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. El foro primario resolvió la reconsideración, pero no la solicitud de determinaciones de hechos. A pesar de la moción pendiente, la parte apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción, al considerarlo prematuro. Explica que las mociones de reconsideración y determinaciones de hechos deben resolverse en un solo dictamen por el foro primario. La presentación de estas mociones interrumpe el término para apelar hasta su resolución. Al no haberse resuelto la solicitud de determinaciones de hechos, el proceso en Primera Instancia no ha concluido, haciendo la apelación prematura.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Manuel E. Bierd Camacho, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó cumplir una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El foro primario concluyó que la Resolución administrativa advino final y firme al no ser recurrida en revisión judicial dentro del término legal. Por ello, el TPI determinó que carecía de jurisdicción para evaluar colateralmente o revisar los planteamientos del apelante sobre supuestos menoscabos al debido proceso. Su función se limitaba a implementar la Resolución administrativa, no a modificar las determinaciones de DACO. El caso ante DACO se originó por una querella de una consumidora contra el apelante por incumplimiento y defectos en trabajos de construcción. DACO realizó una inspección, emitió un informe al que el apelante presentó objeciones y solicitó la comparecencia del inspector. A pesar de las objeciones, DACO emitió una Resolución basada en la prueba y el informe. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el expediente, procede a confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la conclusión de que el apelante perdió la oportunidad de impugnar la Resolución de DACO en sus méritos al no acudir en revisión judicial a tiempo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por el Municipio de Cayey. El Municipio impugna una sentencia previa que le ordenó pagar daños a Delia Burgos Torres. La señora Burgos Torres demandó al Municipio tras sufrir lesiones por una caída en una acera en Cayey. La caída fue provocada por un hoyo y desnivel en el pavimento cubierto por yerba. Como consecuencia, la señora Burgos Torres sufrió múltiples lesiones, incluyendo un trauma severo en la rodilla derecha que requirió cirugía y tratamiento continuo. El tribunal de primera instancia encontró al Municipio responsable y le impuso el pago de \$74,631.76 en indemnización. El Municipio apela solicitando que se determine negligencia comparada de la demandante y se modifique la cuantía de los daños. El Tribunal de Apelaciones adelanta que confirmará la sentencia apelada. El documento detalla los hechos probados por el tribunal de primera instancia sobre el incidente, su causa y las lesiones sufridas por la señora Burgos Torres.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en el caso de Braulio Agosto Motors, LLC (BAM) contra el Municipio de San Juan. BAM apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que validó una notificación de deficiencia de impuesto de ventas y uso (IVU) municipal. El Municipio había determinado que BAM adeudaba IVU por el periodo de enero 2015 a julio 2019, ascendiendo a $73,574.32. Tras agotar el proceso administrativo, BAM impugnó la notificación final de deficiencia en el foro primario. BAM solicitó una sentencia declaratoria para invalidar las notificaciones y argumentó que no interrumpieron los periodos prescriptivos. Alternativamente, pidió que se ordenara a un tercero reembolsarle el monto adeudado. Ambas partes presentaron solicitudes de sentencia sumaria, coincidiendo en los hechos pero discrepan en la aplicación del derecho. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud del Municipio, desestimó la demanda de BAM y validó la notificación de deficiencia. El Tribunal de Apelaciones adelanta que confirmará la sentencia apelada. El caso se centra en la validez de la determinación de deficiencia de IVU municipal y la aplicación de la ley tributaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa en grado de apelación una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre pensión alimentaria. Héctor G. Rivera Rivera apela la decisión que le ordenó pagar pensión a favor de la menor MVRG, hija suya y de Ivelisse Gracia Torres. La Sentencia apelada fijó pagos de $903.74 mensuales por un periodo inicial y $682.45 mensuales en adelante, además de la división de gastos de salud y educación y el pago de una deuda. El foro primario adoptó el informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias para fijar estas cantidades. El apelante alega que el tribunal erró al imputarle un ingreso basado en evidencia insuficiente y admitida por error. Se señala que el apelante no presentó a tiempo la información económica requerida por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirma el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400292, una apelación presentada por Héctor López Quiñones. El apelante recurre una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus reclamaciones de daños, persecución maliciosa y violación a la Ley de Condominios en su reconvención. El caso original fue iniciado por el Consejo de Titulares del Condominio Parque de las Fuentes y otros contra el señor López Quiñones. Los demandantes alegaron conducta disruptiva, ruidos y obstrucción de reparaciones por parte del apelante, solicitando interdictos y daños. En su reconvención, el señor López Quiñones reclamó daños a su propiedad por filtraciones no atendidas diligentemente por la administración del condominio. También alegó persecución maliciosa y violación a la Ley de Condominios por parte de los demandantes. El Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la Sentencia Parcial apelada. Tras la modificación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400246, una apelación presentada por Yahira Caro y otros contra Home Depot Puerto Rico, Inc. Los apelantes impugnan la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda. La demanda original versaba sobre incumplimiento de contrato, cumplimiento específico, cobro de dinero y daños y perjuicios. Los apelantes alegaron haber contratado a Home Depot para el diseño e instalación de una cocina completa. Realizaron pagos sustanciales por gabinetes, enseres y topes, pero enfrentaron retrasos significativos. Reportaron intentos de instalación fallidos debido a piezas defectuosas o faltantes y daños a su propiedad y enseres. A pesar de los problemas y pagos, el proyecto no se completó satisfactoriamente. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, determinó revocar la Sentencia apelada del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado por Rufino Soto Román. El peticionario buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha resolución declaró no ha lugar su solicitud de rebaja de fianza y eliminación de la condición de supervisión electrónica. El Tribunal de Primera Instancia mantuvo una fianza total de $1,000,000 ($250,000 por cada uno de los cuatro delitos graves imputados) y la supervisión electrónica. Soto Román enfrenta cargos por práctica ilegal de cirugía dental (tres cargos, uno tentativo), fraude y administración de medicamentos sin autorización. Argumentó que la fianza fue fijada en su ausencia sin citación adecuada y que el monto era excesivo e ignoraba los criterios legales. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, decidió no revisar la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, José R. Díaz Díaz, impugnó la decisión de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA había archivado su apelación contra la expulsión del puesto de Policía Municipal de San Juan. La CIPA determinó que carecía de jurisdicción para atender la apelación. Según la CIPA, la apelación debió presentarse ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) conforme al Código Municipal. El recurrente solicitó reconsideración a la CIPA, argumentando que la CIPA sí tenía jurisdicción primaria. La CIPA denegó la reconsideración. El Sr. Díaz Díaz recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones, alegando que la CIPA erró al declararse sin jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable. La sentencia confirma el dictamen de la CIPA.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa. Venegas Construction Corp. impugnó la adjudicación de la subasta formal número 23-SP-050 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a favor de Acciona Agua Puerto Rico, LLC. La subasta correspondía al proyecto de Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua de Aguadilla-Culebrinas. Venegas objetó la adjudicación alegando principalmente el incumplimiento de Acciona respecto al término de vigencia requerido para la fianza de licitación (Bid Bond). Los pliegos y adéndums de la subasta establecían que la fianza debía ser válida por 180 días después de la apertura de propuestas. La fianza presentada por Acciona contenía información contradictoria sobre su vigencia. La Junta de Subastas de la AAA adjudicó inicialmente la subasta a Acciona, decisión que fue confirmada por la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales. Venegas solicitó la revisión de esta última resolución ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, validando la decisión de adjudicar la subasta a Acciona.

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Jensen Medina Cardona apeló la Sentencia de culpabilidad emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo el 11 de enero de 2022. Dicha sentencia lo condenó a 129 años de prisión tras ser hallado culpable en juicio por Tribunal de Derecho. Los delitos imputados fueron asesinato en primer grado y violación a artículos de la Ley de Armas de 2000, relacionados con la muerte de Arellys Mercado Ríos en agosto de 2019. El proceso judicial incluyó vista de determinación de causa para arresto, vista preliminar y la presentación de acusaciones formales. El juicio, que se vio interrumpido por la pandemia de Covid-19, contó con la presentación de prueba por el Ministerio Público y la defensa. El TPI emitió un fallo condenatorio por los delitos de asesinato, portación ilegal y apuntar/disparar un arma de fuego. El apelante solicitó reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el foro primario. Mediante esta Sentencia, el panel judicial revisó la apelación presentada por el señor Medina. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Reinaldo de Jesús Álamo. El peticionario impugna la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que denegó su solicitud de supresión de evidencia. La evidencia fue ocupada durante el allanamiento de su vehículo en un caso bajo la Ley de Sustancias Controladas. Álamo argumentó que no existía causa probable para la orden de registro y que había una discrepancia en la descripción del vehículo. El foro primario concluyó que el testimonio del agente no era estereotipado y que el error en el año del vehículo era inconsecuente. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Se presenta un Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. La Resolución impugnada denegó una Moción de Desestimación Parcial por Falta de Jurisdicción. La moción argumentaba que el TPI carecía de jurisdicción sobre reclamaciones relativas a la titularidad de un inmueble ubicado en la República Dominicana. El TPI determinó que la demandante no solicitaba la titularidad directa del inmueble extranjero, sino la inclusión de su valor o interés en la comunidad a liquidar. Consideró que esto podría dar lugar a créditos o compensaciones, manteniendo así jurisdicción sobre el asunto. El peticionario alegó que el TPI erró al interpretar la demanda y al declararse con jurisdicción sobre la controversia del inmueble extranjero. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones procede a resolver. Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del Recurso de Certiorari solicitado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Jesús Ricardo Ubri Custodio mediante recurso de certiorari. Solicita revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de supresión de identificación. La moción fue presentada previo al inicio de un segundo juicio, luego de que el primero resultara en jurado disuelto. El recurrido no presentó una moción de supresión antes del primer juicio, solo una solicitud oral tardía durante el mismo. El TPI denegó la solicitud oral en el primer juicio, fundamentando que la testigo conocía al acusado desde hacía años. Posteriormente, el recurrido presentó una moción escrita de supresión antes del segundo juicio. El TPI denegó esta moción, resolviendo que el asunto ya había sido adjudicado y constituía cosa juzgada. El certiorari busca impugnar esta última determinación del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un caso de ejecución de hipoteca. La peticionaria, Sonia Luz Lebrón Cruz, recurrió de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Alegó que el TPI debió acoger sus mociones de sentencia sumaria y relevo de sentencia. El Tribunal de Apelaciones observó que la peticionaria planteó una moción de relevo de sentencia alegando falta de jurisdicción por ausencia de emplazamiento. El TPI identificó correctamente este planteamiento como una cuestión jurisdiccional prioritaria. En consecuencia, el TPI ordenó una vista evidenciaria para dirimir la controversia jurisdiccional antes de atender otros asuntos. El Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI actuó acertadamente al priorizar la cuestión jurisdiccional, la cual es fundamental y debe resolverse con preferencia. No encontró razones para intervenir con el curso decisorio trazado por el foro primario. En el ejercicio de su discreción para expedir el auto de certiorari, el Tribunal denegó la solicitud.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Mayagüez Medical Center (MMC). MMC solicita revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado, discrimen y represalia instado por Juan Cristian Pérez Olmo. Pérez Olmo demandó a MMC alegando discrimen durante su residencia médica y posterior destitución, reclamando daños por ingresos dejados de percibir. Posteriormente, Pérez Olmo enmendó su demanda para aumentar la cuantía reclamada por dichos ingresos. El foro primario autorizó la enmienda, pero limitó la contestación enmendada de MMC únicamente a la alegación sobre el aumento de los ingresos reclamados. MMC presentó la Petición de Certiorari impugnando esta limitación a su contestación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por MMC.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202300933. La parte apelante, Ojos Realty, Inc., solicita la revocación de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda por responsabilidad civil extracontractual instada por la parte apelada, la señora María de los Ángeles Rodríguez Ojeda. La señora Rodríguez Ojeda alegó haber sufrido una caída y lesiones graves en la acera frente al edificio propiedad de Ojos Realty. Atribuyó la caída a un cambio de nivel en la acera que no pudo ver debido a que estaba pintada completamente de azul. A causa de la caída, sufrió fracturas y otros traumas, requiriendo cirugías. El Tribunal de Primera Instancia condenó a Ojos Realty a pagar una indemnización de $166,707.66 más costas. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará el dictamen impugnado. La modificación se basará en los fundamentos que se expondrán en la sentencia.

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Comparece ante este panel la Sra. Omara Toledo Santana apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia, dictada el 31 de mayo de 2024, declaró Con Lugar una demanda de desahucio presentada por la Sra. Dolores Reyes Santaella. El TPI ordenó el desahucio de la Sra. Toledo Santana de una propiedad en Carolina. La demanda original alegaba que la Sra. Toledo Santana permanecía en la propiedad precariamente tras vencer un contrato de arrendamiento de un año. La Sra. Toledo Santana argumentó falta de legitimación activa de la demandante y la aplicación de la doctrina de tácita reconducción. El TPI celebró una vista y emitió una resolución y la sentencia apelada, concediendo el desahucio. La Sra. Toledo Santana recurrió en apelación ante este foro. Tras revisar el recurso, este panel determina desestimar la apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por Casa Lee, SE y dos individuos contra P.R. Recovery & Development JV, LLC. Los apelantes solicitan la revocación de una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El caso original fue una demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y ejecución de hipoteca y gravamen mobiliario. P.R. Recovery demandó para cobrar un préstamo comercial otorgado inicialmente por el Banco de Desarrollo Económico (BDE) a Casa Lee, garantizado por los individuos. El préstamo estaba garantizado por un pagaré, un pagaré hipotecario, hipotecas sobre tres propiedades y un gravamen mobiliario sobre bienes de negocio. P.R. Recovery adquirió esta deuda y sus garantías del BDE. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de P.R. Recovery, ordenando a los apelantes pagar más de $500,000 y autorizando la ejecución de las garantías. Los apelantes apelaron esta decisión, y P.R. Recovery presentó una oposición solicitando su confirmación. El documento detalla el historial del préstamo y su transferencia, mencionando un pleito separado pendiente donde el BDE impugna la validez de la transferencia de activos a P.R. Recovery.

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La Sucesión de Faustino Aponte Torres apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda sobre servidumbre de paso. La demanda original, presentada en 2011, buscaba establecer un acceso a la finca de la Sucn. Aponte Torres a través de terrenos de la Sucesión de Silverio Cruz Beltrán, alegando que su propiedad estaba enclavada. Un codemandado planteó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) eran partes indispensables. Inspecciones oculares en el terreno revelaron la presencia de instalaciones de la AEE y contadores de la AAA en el área donde se pretendía construir el acceso. Ante esto, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes mostrar causa por la cual el pleito no debía ser desestimado por falta de acumulación de la AEE y la AAA como partes indispensables. Ninguna de las partes cumplió con dicha orden. Consecuentemente, el foro primario desestimó la demanda por falta de partes indispensables. La parte apelante solicitó la revocación de esta Sentencia. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y los documentos, resolviendo confirmar la sentencia apelada que desestimó el caso.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de expediente de dominio contradictorio y reanudación del tracto registral. Los apelantes buscan inscribir su titularidad sobre una finca cuya cadena registral se rompió por transacciones intermedias no inscritas. Demandaron al titular registral anterior y a partes desconocidas, pero no incluyeron a los titulares intermedios. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio por falta de partes indispensables y notificación inadecuada según la Ley Hipotecaria. Los apelantes recurrieron, alegando error en la exigencia de incluir y citar personalmente a los titulares intermedios. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia recurrida. La confirmación se basa en uno de los fundamentos del foro primario. La decisión reitera la necesidad de acumular a todas las partes con un interés real e inmediato en el pleito. Esto es esencial para garantizar el debido proceso de ley y que el dictamen judicial sea completo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de partición de herencia. La apelante, viuda del causante, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le denegó ciertos créditos y la cotitularidad sobre bienes de su difunto esposo. El causante estuvo casado con la apelante bajo sociedad legal de gananciales y tuvo dos hijos de un matrimonio anterior, quienes son los apelados. Tras el fallecimiento del causante, los hijos fueron declarados herederos universales y la viuda con la cuota viudal usufructuaria. Los hijos demandaron la partición del caudal hereditario, alegando que la viuda poseía los bienes sin rendir cuentas. La viuda reconvino solicitando créditos por pagos a favor de la sucesión y la partición de la herencia. El Tribunal de Primera Instancia, tras un juicio, denegó las reclamaciones de la viuda sobre créditos y cotitularidad de bienes como la residencia y vehículos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada y, así modificada, la confirmó.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación contra la desestimación sumaria de un caso por el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. La apelante, Elena Batista Valentín, impugnó la sentencia que desestimó su demanda sin consignar determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho. El pleito se originó tras el fallecimiento de Enrique Batista Martínez y gira en torno al incumplimiento de un "Acuerdo de Herederos" para la división del caudal hereditario. La demandante alegó que José Enrique Batista Valentín (luego su sucesión) incumplió el acuerdo al negarse a otorgar una escritura de segregación, y que Damaris Reyes Montañez incurrió en interferencia torticera. Una defensa clave planteada fue la falta de capacidad de José Enrique Batista Valentín al momento de firmar el acuerdo. El Tribunal de Apelaciones había ordenado previamente al foro primario recibir prueba sobre esta capacidad. A pesar de ello, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso de forma sumaria. El Tribunal de Apelaciones concluyó que dicha desestimación fue errónea. Por consiguiente, se revoca la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 7 de febrero de 2024. Tronilo, Inc. y otros apelaron dicha Sentencia, que desestimó su solicitud de Injunction Preliminar y Permanente, y Sentencia Declaratoria. Los apelantes habían demandado a LUMA Energy LLC, la AEE y el Negociado de Energía, alegando que se les negó el servicio eléctrico a dos negocios de forma discriminatoria. Argumentaron que la negativa constituía "carpeteo" y discrimen por nacionalidad. Los apelados, LUMA y LUMA Servco, se opusieron, indicando que existía una deuda sustancial asociada a los apelantes y las direcciones de los locales. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado a los apelados evidenciar dicha deuda y su vínculo. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria, Elba Migdalia Alicea Ortiz, impugna dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitidas en abril de 2024. Dichas órdenes denegaron sus mociones urgentes para paralizar una ejecución de lanzamiento y obtener un interdicto preliminar. El caso se inició en 2014 por Banco Popular, resultando en sentencia en rebeldía y subasta del inmueble en 2017. Desde 2019, la peticionaria ha alegado repetidamente la nulidad de la sentencia por falta de emplazamiento personal y jurisdicción. El foro primario desestimó previamente estos planteamientos de nulidad en 2019 y 2022, confirmando el emplazamiento. Tras evaluar el recurso y el historial procesal, el Tribunal de Apelaciones determinó que la petición carecía de fundamentos suficientes. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Se presenta una apelación contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó una demanda. La apelante, señora María de los Ángeles Villarrubia Ruiz, impugna la determinación del TPI que declaró ha lugar la moción de desestimación de la apelada, señora Natalia Albertorio Rivera. La desestimación se fundamentó en que el emplazamiento por edictos fue considerado defectuoso. El TPI concluyó que la apelada no fue informada razonablemente de la reclamación en su contra, ya que el correo enviado a su última dirección conocida fue devuelto. La apelante argumenta que el TPI erró al desestimar, pues la dirección utilizada para la notificación fue la provista por la propia apelada bajo juramento en pleitos anteriores. Alega que la conducta de la apelada infringe la doctrina de actos propios y que el TPI interpretó incorrectamente la regla de notificación a la última dirección conocida. Tras revisar los autos, el panel de jueces procede a resolver la controversia. Por los fundamentos que se expondrán, se revoca la Sentencia apelada del TPI.

Resumen:

Este tribunal conoce de un recurso de revisión judicial presentado por el señor Iván Colón Soto contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Dicha resolución declaró con lugar una querella contra el Taller de Mecánica Eshub Bi Lube & Tire Center, encontrándolo negligente por daños causados al vehículo del recurrente. DACO ordenó al taller devolver el vehículo, pagando el remolque si no encendía, y compensar al recurrente con $500.00 por daños. El recurrente, sin embargo, no planteó errores sobre la resolución de DACO, sino su inconformidad con la ejecución de la misma. Sus preocupaciones incluían la falta de espacio para guardar el auto, el deseo de recibirlo con todas sus piezas y que el taller buscara un electromecánico para repararlo. El tribunal observó que el recurrente incumplió con varios requisitos procesales al no señalar errores específicos ni fundamentar adecuadamente su recurso. A pesar de las deficiencias, el tribunal procede a considerar el recurso, prescindiendo de la comparecencia de la parte recurrida.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a una petición de certiorari presentada por Caleb Neira Rivera y Daisy E. Rodríguez Martínez contra Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI). La petición busca revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la solicitud de los peticionarios para desestimar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El caso original data de 2011 y resultó en una Sentencia Sumaria a favor de COSVI en 2016. Posteriormente, el caso fue referido a mediación compulsoria bajo la ley de protección del hogar principal, pero el proceso culminó sin acuerdo. Los peticionarios solicitaron la desestimación alegando que COSVI no actuó de buena fe en la mediación. El TPI denegó esta solicitud de desestimación mediante la Orden recurrida. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, adelanta la denegación de la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

Oscar Virella González solicitó la revisión de una determinación del Negociado de Seguridad de Empleo que le denegó beneficios por desempleo. La denegatoria se basó en que el recurrente abandonó su empleo como camarero. Virella González alegó que dejó el trabajo debido a conflictos laborales con compañeros de cocina que sus superiores no resolvieron. La decisión inicial del Negociado fue confirmada por el Árbitro de la División de Apelaciones y posteriormente por el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Inconforme con estas determinaciones, Virella González presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal le ordenó cumplir con requisitos procesales, incluyendo la Regla 58 de su Reglamento y la notificación de la decisión recurrida. Al no evidenciar el cumplimiento con lo requerido dentro del término concedido, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, producto del incumplimiento del recurrente con los requisitos para perfeccionar la apelación.

Resumen:

Se presenta un recurso de revisión administrativa contra la resolución del Presidente de la UPR que confirmó la terminación del nombramiento de confianza de Niurka T. Cardona Feliciano como Procuradora Estudiantil en el Recinto de Arecibo. La señora Cardona fue designada en enero de 2023 para dicho puesto. Su remoción se fundamentó en los resultados de varias evaluaciones de desempeño realizadas en julio y agosto de 2023. Las evaluaciones incluyeron observaciones variadas, pero la del Rector fue particularmente crítica sobre su enfoque y comunicación. Tras una reunión para discutir las evaluaciones, el Rector notificó la destitución en agosto de 2023, citando las evaluaciones y el reglamento de la UPR, y la reinstaló en su puesto de carrera. Cardona argumentó que el puesto de Procuradora Estudiantil tenía una duración de tres años según una certificación universitaria. El Rector denegó su solicitud de reinstalación y el Presidente de la UPR confirmó la terminación en abril de 2024. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, desestima el mismo por falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por Luis F. Ortiz Velázquez, D/B/A Pipe's General Contractor. El Peticionario solicitó dejar sin efecto una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le impuso $2,000 en costas interlocutorias. La controversia se originó en una demanda por incumplimiento contractual y deuda. Las costas fueron impuestas tras una moción de Thompson Construction Group, Inc. (Recurridos) relacionada con una disputa de descubrimiento, específicamente la cancelación unilateral de una deposición por parte del Peticionario. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de costas y denegó la reconsideración. El Peticionario alegó varios errores, incluyendo que las costas eran excesivas, carecían de base probatoria y violaban reglas procesales. Los Recurridos se opusieron a la expedición del recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, procede a denegar la expedición del certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La OMA dictó sentencia en rebeldía contra el Hospital Menonita en una querella por despido injustificado presentada por Christian J. Santiago Ortiz. La OMA declaró "Ha Lugar" la querella al no constar en su expediente la contestación del Hospital. El Hospital Menonita recurrió, argumentando que sí presentó su contestación a la querella electrónicamente dentro del término establecido. El Hospital presentó evidencia del envío del correo electrónico a la dirección provista por la OMA. A pesar de la evidencia, la OMA mantuvo su determinación de rebeldía. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por el Hospital. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal revoca la resolución de la OMA. El caso es devuelto a la OMA para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, emitió una sentencia en el caso KLAN202300901. Este recurso de apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, y trataba sobre impericia médica. Las partes apelantes eran Luis Eduardo Cotto Luque y otros, mientras que las apeladas eran Pedro Badillo Absolo y otros. La parte apelante presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso. Alegaron que la apelación se había tornado académica. El Tribunal de Apelaciones atendió dicha moción. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal declaró ha lugar la solicitud de desistimiento. En consecuencia, se ordenó el archivo definitivo de esta causa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre un recurso de Certiorari presentado por Municipal Claims Management Services, Inc. (MCMS). MCMS impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para intervenir en un pleito entre el Consejo de Titulares del Condominio Valle Santa Cecilia (CTCVSC) y Triple S Propiedad, Inc. El caso original trataba sobre daños e incumplimiento de contrato de seguro por los huracanes Irma/María, donde CTCVSC demandó a Triple S. Las partes originales llegaron a un acuerdo transaccional para finalizar la controversia. MCMS, contratado por CTCVSC para servicios de tasación, alegó que se le adeudaba un porcentaje del monto recibido por el Appraisal Award. MCMS solicitó intervenir en el caso para proteger sus intereses propietarios sobre la cuantía transaccional. Triple S, a su vez, pidió al tribunal que obligara a CTCVSC y MCMS a litigar entre sí sobre la distribución de los fondos. El foro primario declaró No Ha Lugar tanto la solicitud de intervención de MCMS como la petición de Triple S. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, desestima el Certiorari presentado por MCMS.