Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 55)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de ejecución de hipoteca. El apelante, Julio Delgado Rivera, recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que acogió acuerdos entre las partes. Dicha sentencia fue notificada el 1 de abril de 2024. El apelante presentó una moción de reconsideración el 16 de abril de 2024, la cual fue declarada No Ha Lugar el 24 de mayo de 2024. El recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones fue instado el 28 de junio de 2024. La jurisdicción es un requisito fundamental que los tribunales deben auscultar. Existe un término jurisdiccional de treinta días para apelar, que se interrumpe con una moción de reconsideración oportuna y comienza a correr nuevamente desde la notificación de su resolución. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso apelativo fue presentado tardíamente. Por consiguiente, el Tribunal carece de jurisdicción para atender la apelación. Se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Eric Romero y Ruth Marcano para revisar una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución del DACo, emitida el 13 de febrero de 2024, declaró No Ha Lugar una querella presentada por los recurrentes y ordenó su archivo. La querella impugnaba la aprobación de enmiendas al reglamento del Condominio Mar Azul por su Consejo de Titulares. Los recurrentes cuestionaron la asamblea extraordinaria celebrada el 18 de marzo de 2022 y el proceso de votación para las enmiendas. El Consejo de Titulares defendió la validez de la aprobación, indicando que se obtuvo el voto afirmativo de dos terceras partes de los titulares hábiles. Durante la vista administrativa ante el DACo, un testigo de los recurrentes no pudo declarar por no contar con un traductor, a pesar de la advertencia previa del Departamento. El DACo desestimó la querella de los recurrentes. Los recurrentes solicitaron al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha resolución. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la resolución recurrida del DACo.

Resumen:

Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por caída. Los apelantes recurren una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el archivo de su demanda. El TPI archivó el caso sin perjuicio por entender que los apelantes no acreditaron el cumplimiento de las Reglas 4.3 y 4.7 de Procedimiento Civil sobre el diligenciamiento del emplazamiento. La demanda fue presentada originalmente contra Faccio Pizza Inc. y posteriormente enmendada para incluir a Lisan Faccio. El proceso judicial incluyó varios intentos de emplazamiento y mociones de desestimación por parte de los demandados, quienes cuestionaron la validez del servicio realizado. Los demandados argumentaron que el emplazamiento se efectuó en direcciones incorrectas o a personas no autorizadas. Los apelantes solicitaron reconsideración en el TPI, afirmando haber diligenciado correctamente los emplazamientos y presentando evidencia. El Tribunal de Apelaciones considera el recurso como apelación y revisa la determinación del TPI de archivar el caso por la supuesta falta de acreditación del emplazamiento.

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Comparece ante este foro el Sr. Fernando Pacheco Tejeda y otros solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, notificada el 29 de abril de 2024, denegó una solicitud de descubrimiento de prueba presentada por el señor Pacheco. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios radicada por Pacheco contra el Municipio de San Juan y Óptima Seguros. Pacheco alega haber sufrido lesiones al caer de su motora debido a una reparación deficiente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El Municipio y Óptima Seguros presentaron una demanda contra tercero contra la AAA y Mapfre. La resolución de este panel se enfoca en la solicitud de revisión de la denegatoria del descubrimiento de prueba. Por los fundamentos expuestos, este foro DENEGA el recurso de certiorari presentado. Esto implica que se confirma la decisión del foro primario de denegar la solicitud de descubrimiento de prueba del peticionario.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una revisión judicial instada por Johanna I. Ramos Montalvo contra la Administración de Seguros de Salud (ASES). La recurrente impugna la Resolución Final de ASES que denegó su solicitud de revisión administrativa sobre su clasificación y retribución salarial. Como Especialista en Recursos Humanos Senior en ASES, la señora Ramos Montalvo recibió notificación de que su puesto se mantenía en la escala 9 con un salario mensual de \$4,646.00 bajo un nuevo plan aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Alegó que su retribución era inferior a la de un puesto comparable en el gobierno central, solicitando ser reubicada en la escala 10 con un salario mayor. Aunque un oficial examinador inicialmente encontró su postura persuasiva, la Junta de Supervisión Fiscal aclaró que los puestos no eran equivalentes según datos de mercado y experiencia. Basado en esta aclaración, ASES declaró no ha lugar la petición de la recurrente. La señora Ramos Montalvo solicita ahora la revocación de esta determinación administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal anticipa confirmar la decisión de ASES.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue presentado por Malvina Elena Rivera García contra Banco Popular de Puerto Rico. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre rectificación de un asiento registral. Banco Popular demandó para corregir la cancelación de una hipoteca que garantizaba un pagaré de $175,200.00. El banco alegó que la cancelación por prescripción fue errónea porque una acción previa de cobro interrumpió el término prescriptivo. Rivera García sostuvo que la deuda fue satisfecha y la hipoteca había prescrito. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos de las partes. Tras sopesar el derecho aplicable, el Tribunal resolvió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400503. Luis De La Paz Ortiz apela una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Grainger Caribe Inc. por despido injustificado. El apelante alegó haber sido despedido de forma injustificada y en represalia por cuestionar cambios en sus cuentas y un proceso de evaluación de desempeño. Presentó su acción al amparo de las Leyes 115-1991 y 80-1976. Grainger Caribe Inc. sostuvo que el despido fue por justa causa debido a desempeño deficiente y que no hubo actividad protegida bajo la Ley 115. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de sentencia sumaria del patrono. El Tribunal de Apelaciones no coincide con el apelante y procede a confirmar la Sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de reivindicación. El pleito se originó tras una demanda de deslinde previa donde las partes estipularon los linderos de sus propiedades. Surgió una controversia posterior sobre una verja, que resultó en una apelación anterior donde el TA determinó que la estipulación solo delimitó predios, no declaró derechos de propiedad. En la presente acción de reivindicación, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de los demandantes (apelados). Dicha sentencia desestimó el caso con perjuicio e impuso costas y honorarios de abogado. Los demandados (apelantes) recurrieron este dictamen ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los fundamentos, el panel especial del TA decidió revocar la sentencia apelada. Esto implica que la decisión del TPI de conceder la sentencia sumaria y desestimar el caso fue anulada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una Petición de Certiorari. La petición fue presentada por One Alliance Insurance Corporation en un caso contra PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC. La disputa subyacente, proveniente del Tribunal de Primera Instancia en Caguas, trata sobre incumplimiento de contrato de seguro, mala fe y acción declaratoria. Tras considerar la petición presentada el 20 de junio de 2024, el tribunal apelativo decidió denegar su expedición. Esta decisión, fechada el 5 de agosto de 2024, se tomó de conformidad con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La resolución fue certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El recurrente, un codemandado, solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la desestimación de la demanda. El caso fue iniciado por Legacy Mortgage Asset Trust contra la sucesión y herederos de un deudor hipotecario fallecido. Legacy enmendó la demanda para incluir a la sucesión y herederos tras descubrir el fallecimiento del deudor original. La parte demandante intentó diligenciar emplazamientos personales a los herederos, pero no logró localizar a algunos. Ante la imposibilidad de servicio personal, Legacy solicitó al TPI autorizar el emplazamiento por edictos, detallando las gestiones realizadas. El TPI resolvió no desestimar la demanda, lo que implica que consideró suficientes las gestiones de emplazamiento para proceder. El recurrente impugnó esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar la solicitud de revisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Necco, Inc. mediante apelación contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Orden, emitida el 14 de febrero de 2023, declaró no ha lugar la Solicitud de Intervención presentada por Necco. El caso original es una demanda sobre división de comunidad hereditaria de Hilda E. Ruiz Acevedo, presentada por dos hijos contra su padre y hermana. Los demandantes alegaron control de bienes y falta de información por parte de los demandados. El padre, uno de los demandados, presentó defensas afirmativas, incluyendo la indignidad de los demandantes como herederos y cuestionamientos sobre el manejo de Necco por parte de estos. Necco solicitó intervenir argumentando que las defensas del padre afectaban directamente sus intereses y la validez de sus asuntos internos. Los demandantes originales estuvieron de acuerdo con la intervención de Necco. Los demandados se opusieron, alegando que Necco no tenía derecho legal a intervenir en un pleito de herencia y que su interés era especulativo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la intervención acogiendo los fundamentos de los demandados. Esta Sentencia detalla el trasfondo procesal que llevó a la apelación de Necco contra esa denegatoria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Candel Coop. apeló la cuantía de honorarios de abogado fijada por el Tribunal de Primera Instancia en una sentencia en rebeldía contra Irisha M. Cordero Montes. La apelante demandó por incumplimiento de un préstamo que incluía una cláusula penal pactando el pago del 33% de la deuda por costas, gastos y honorarios de abogado en caso de litigio. El Tribunal de Primera Instancia concedió la deuda principal e intereses, pero solo otorgó $218.87 en honorarios, en lugar del 33% pactado ($722.29). Candel Coop. solicitó reconsideración, la cual fue denegada. La apelación argumenta que el TPI erró al no respetar la cuantía de honorarios previamente acordada por las partes en el pagaré. El documento discute la validez de dichas cláusulas penales bajo el Código Civil de 1930 y 2020. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que valida acuerdos contractuales sobre honorarios basados en la libertad de contratación y la fuerza de ley de los contratos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN202400620. Esta apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo (Caso Núm.: GB2023CV00826). Las partes involucradas son Carla M. Toste Alejandro como Apelada y Luis A. Gierbolini Rodríguez H/N/C Gierbolini Consulting Group y otras entidades como Apelantes. El recurso trataba sobre un procedimiento sumario instado al amparo de la Ley 2 de 1967, despido injustificado y salarios. El Tribunal examinó una Moción conjunta presentada por las partes el 18 de julio de 2024. Dicha moción solicitaba el desistimiento con perjuicio de la apelación. El Tribunal acogió la solicitud de desistimiento con perjuicio, conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo definitivo del presente caso.

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La Sra. Olga Tirado Flores demandó a los esposos Stephanie Villanueva Sanabria y Kevin Reinald Acevedo Colón, nuevos dueños de un predio colindante. La demanda solicitó un interdicto permanente y el retracto legal de colindantes sobre la propiedad. Alegó que el dueño anterior realizó obras que dañaron su propiedad y que él había acordado verbalmente venderle el terreno. Tras la venta a los Apelados, les notificó su intención de ejercer el retracto y sostuvo que continuaron actos perjudiciales. Los esposos Villanueva Acevedo contestaron la demanda negando las alegaciones y responsabilidad por daños. Presentaron una moción de desestimación argumentando el uso incorrecto del interdicto y la inexistencia o caducidad del derecho de retracto. La Sra. Tirado Flores se opuso a la desestimación y solicitó sentencia sumaria sobre el derecho de retracto. Los Apelados se opusieron a la sentencia sumaria, afirmando que el término para ejercer el retracto había expirado. Esta SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones aborda el proceso judicial iniciado en el Tribunal de Primera Instancia sobre estas controversias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202400326, una apelación presentada por Ballester Hermanos, Inc. contra CC1 Beer Distributors, Inc. y The Edrington Group USA, LLC. El recurso proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, sobre alegada interferencia torticera con contrato de distribución y daños y perjuicios. Ballester Hermanos, Inc. demandó tras la cancelación de un contrato de distribución exclusiva verbal que alegaba tener con Brugal desde 1990. Sostuvo que Edrington Americas, tras adquirir parte de Brugal, canceló el contrato para transferir la distribución a CC1, a pesar de conocer su existencia. La demanda imputaba a CC1 haber promovido la ruptura contractual. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al conceder mociones de sentencia sumaria a favor de CC1 y Edrington Americas. Ballester Hermanos, Inc. apeló dicha Sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca. Los peticionarios, dueños de la propiedad, solicitaron la desestimación de la demanda alegando que Apex Bank actuó de mala fe en la mediación compulsoria al no informarles sobre todas las alternativas para evitar la ejecución. El TPI denegó la solicitud al no encontrar evidencia de mala fe en el expediente. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari para revisar esta determinación. El panel apelativo concluyó que el récord judicial no permitía determinar si hubo mala fe por parte de Apex Bank en el proceso de mediación inicial. Por tanto, modificó la resolución del TPI. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Se ordenó al TPI que instruya a las partes a comparecer nuevamente a la mediación compulsoria conforme a la Ley Núm. 184-2012.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una Petición de Certiorari. Los Peticionarios, Edda Gloria Sustache Peña y otros, solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. La Resolución del foro primario, dictada el 23 de mayo de 2024, declaró No Ha Lugar las mociones de sentencia sumaria presentadas por ambas partes en el litigio. El caso subyacente trata sobre una demanda de incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada por Alan Theodore Rizer. La demanda se relaciona con un contrato de compraventa de una propiedad que no se concretó. El contrato original fue suscrito en 2020 y enmendado varias veces, extendiendo la fecha de cierre. Tras el fallecimiento de uno de los vendedores, sus sucesores continuaron las negociaciones y enmiendas. La compraventa no se realizó en la última fecha acordada, lo que llevó al pleito. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición de certiorari, resuelve denegar su expedición.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. El peticionario, Jason F. Villalobos Milán, fue hallado culpable por infracciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica. Inicialmente se le concedió libertad bajo palabra y se le eximió de la pena especial de la Ley 183. Tras revocarle la probatoria, el foro primario le impuso la pena especial de $300 por cada cargo. El peticionario solicitó al tribunal primario que lo eximiera de dicho pago por razón de indigencia. El foro primario declaró No Ha Lugar esa solicitud mediante resolución del 30 de abril de 2024. Inconforme, el señor Villalobos Milán acudió al Tribunal de Apelaciones alegando error al denegar su moción de indigencia y reimponer la pena especial. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la desestimación o denegatoria del recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, denegó el recurso de certiorari presentado por el peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de ejecución de hipoteca presentado por Lime Homes, LTD contra Isaías Sánchez Fontánez. Lime Homes apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación sin perjuicio. La desestimación se fundamentó en que el foro primario entendió que la apelante había desistido del proceso de mediación compulsoria en dos ocasiones. La apelante argumentó que su retiro de la mediación se debió a la falta de cooperación del apelado. Según Lime Homes, el señor Sánchez Fontánez no entregó la documentación requerida para evaluar opciones de mitigación de pérdidas, a pesar de haber sido requerido. El apelado tampoco compareció a una vista señalada por el tribunal. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía revocar la sentencia apelada. La decisión del foro primario de desestimar la demanda es dejada sin efecto. El caso regresa al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La peticionaria solicitó revisión mediante Certiorari de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia de junio de 2024. Dichas órdenes declararon con lugar una oposición de los recurridos y ordenaron a la peticionaria pagar gastos post-sentencia y apelativos, incluyendo honorarios de abogado. El caso se inició en 2019 por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, resultando en una sentencia en rebeldía en 2021 por $12,000 más $5,000 en costas y honorarios. Procedimientos de quiebra y apelaciones previas habían afectado el curso del caso. La controversia reciente surgió por el reclamo de los recurridos de $5,939.50 adicionales en costas tras una apelación anterior. La peticionaria se opuso a la cuantía, considerándola excesiva, especialmente los honorarios, dado el pago previo de $5,000. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Finalmente, el Tribunal revocó el dictamen del foro primario sobre el pago de dichos gastos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de cobro de dinero. United Surety and Indemnity Company (USIC) demandó a Vacaciones Tours, Inc. y Rodolfo Yegros Torres para recuperar una suma pagada bajo una fianza. USIC emitió una fianza para Vacaciones Tours garantizando deudas con Airlines Reporting Corporation (ARC). Los demandados firmaron un acuerdo de indemnización obligándose a reembolsar a USIC cualquier pago bajo la fianza. Tras una reclamación de ARC, USIC pagó $40,283.71$ y buscó recobrarla de los demandados. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de USIC, ordenando el pago de la deuda principal, intereses y costas. USIC apeló esta decisión solicitando su modificación. El Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada y, así modificada, la confirmó. El proceso incluyó el emplazamiento por edicto de los demandados y la comparecencia tardía de uno de ellos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de bono de Navidad. West Security Services, Inc. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar bonos a 234 obreros. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos presentó la reclamación tras denegar una solicitud de exención de la empresa. La denegación se basó en la presentación tardía de documentación requerida con el sello original del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. El Departamento del Trabajo presentó una querella en el Tribunal de Primera Instancia. El TPI dictó Sentencia Sumaria a favor del Departamento, ordenando el pago de \$89,539.09. West Security Services apeló, alegando que existían controversias de hechos que impedían la sentencia sumaria y requerían un juicio plenario. Argumentó que no se había establecido con certeza la existencia de las cantidades supuestamente adeudadas. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revoca la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. El apelante, William José Nazario Correa, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que acogió un informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias. Dicha resolución declaró Ha Lugar la solicitud de aumento de pensión alimentaria presentada por la apelada, Kasandra Echevarría Santiago, para un hijo menor. La apelada inició el proceso en 2022 solicitando la revisión de la pensión establecida en 2018. Las partes presentaron información económica y listados de gastos del menor, estipulando algunas partidas y controvirtiendo otras. Se celebró una vista ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias previo a la resolución recurrida. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. El panel apelativo resolvió modificar la resolución impugnada. Así modificada, la determinación del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari procedente de un caso de divorcio. La peticionaria solicitó la protección de hogar seguro sobre la vivienda conyugal para ella y sus hijos menores de edad, quienes no son hijos del recurrido. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de hogar seguro, basándose en que el recurrido no tenía obligación legal hacia los hijos de la peticionaria. La peticionaria presentó una moción de reconsideración que fue declarada no ha lugar por el foro primario. Inconforme, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari para revisar dicha determinación. El recurrido fue notificado para presentar su postura, pero no compareció ante el tribunal apelativo. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que había denegado la solicitud de hogar seguro.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión administrativa. El recurso fue presentado por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico, Inc. y otros contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los recurrentes impugnaban la Resolución Núm. 3294 de la Junta de Gobierno de la AAA, emitida en junio de 2022. Dicha resolución aprobó aumentos en la tarifa del agua, el primero efectivo en julio de 2022. Estos aumentos fueron ordenados por la Junta de Supervisión Fiscal a la AAA como parte del Plan Fiscal 2021, bajo la Ley PROMESA. El Plan Fiscal requirió un estudio de costos y una nueva estructura tarifaria conforme a la Ley 21. Los recurrentes solicitaban la revisión y revocación de la decisión de la AAA. Tras evaluar el recurso y el alegato en oposición, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció un recurso de revisión administrativa presentado por Christopher Vázquez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurso impugnaba una resolución del DCR que supeditó la aprobación de visitas de su pareja a la determinación final de un proceso disciplinario paralelo contra esta última. Vázquez había solicitado la visita en enero de 2024, recibiendo respuestas iniciales que indicaban una investigación pendiente. Tras la reconsideración, el DCR emitió la resolución recurrida en junio de 2024, vinculando la decisión de visita al resultado del proceso contra su pareja. El recurrente argumentó violaciones al debido proceso de ley, citando falta de notificación, imparcialidad, oportunidad de ser oído y acceso a información y representación legal. El Tribunal evaluó el recurso, el expediente y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia desestimando el recurso de revisión administrativa presentado por Christopher Vázquez.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones que atiende un Aviso de Desistimiento presentado por la Oficina del Procurador General, quien figura como Peticionario. El Peticionario informa que reconoce la veracidad de los argumentos del recurrido sobre la presentación tardía del recurso de Certiorari. Admite que el recurso no debió haberse presentado y anuncia su intención de desistir de que el Tribunal atienda la petición. El Tribunal declara ha lugar el desistimiento solicitado por el Peticionario. En consecuencia, se ordena el cierre y archivo del presente caso por desistimiento voluntario. La decisión se toma a tenor con la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. No se impone especial condena en gastos, costas ni honorarios de abogados a ninguna de las partes. Finalmente, se ordena el desglose de los apéndices que forman parte del expediente del caso.

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Resolution del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. El peticionario, Ovidio Torrens Castro, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha resolución denegó su solicitud de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El caso original fue instado por ABC Pharmacy, Inc. para cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Masías at the Hills, LLC, el señor Torrens Castro y otros. En octubre de 2021, se dictó sentencia en rebeldía, condenando a los demandados al pago de \$389,000 más intereses y otros cargos, o la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. En abril de 2024, el señor Torrens Castro solicitó el relevo de dicha sentencia alegando fraude. Argumentó que firmó el pagaré como representante de Masías y cuestionó la autenticidad de su firma en un Allonge, solicitando paralizar la subasta para un análisis pericial. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina una apelación presentada por Iris Mulero Rivera. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El caso original era una demanda por daños y perjuicios presentada por Mulero Rivera contra Farmacia Nieves. La demanda se basaba en una caída sufrida por la señora Mulero Rivera en el estacionamiento de la farmacia. Tras un juicio, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. El foro primario determinó que no había prueba de negligencia atribuible a Farmacia Nieves. Además, concedió las costas y los gastos a la parte demandada. La señora Mulero Rivera solicitó reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar. Posteriormente, presentó una Moción Urgente de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha sentencia.

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Resolución de un panel de jueces sobre una Petición de Certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Jardines de Cuenca y otros. Los Peticionarios solicitan revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. El caso original es una demanda incoada en 2019 contra One Alliance Insurance Corporation para cobrar la indemnización del seguro por daños causados por el Huracán María. Las partes se sometieron a un proceso de appraisal para determinar las pérdidas, el cual concluyó en 2022. Basándose en el resultado del appraisal, los Peticionarios presentaron una Solicitud de Sentencia Sumaria en enero de 2024. El foro primario declaró No Ha Lugar dicha solicitud mediante resolución notificada en mayo de 2024. Los Peticionarios acudieron ante este tribunal mediante Petición de Certiorari para impugnar esa determinación. El tribunal, por los fundamentos que expondrá, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Sartorius Stedim Biotech, Inc. presentó un recurso de Certiorari contra el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras SEIU, Local 1996. El recurso buscaba la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia relacionada con la impugnación de un laudo de arbitraje. Durante el proceso apelativo, las partes informaron haber alcanzado un Acuerdo de Transacción para resolver las controversias. Conjuntamente, solicitaron el desistimiento con perjuicio del recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Evaluada la solicitud, el Tribunal declaró Ha Lugar la Moción de Desistimiento. En consecuencia, se ordenó el cierre y archivo definitivo del caso. La decisión se tomó sin especial imposición de costas, gastos u honorarios de abogado a ninguna de las partes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por FDR 1500 Corp. La apelación impugna una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha sentencia parcial declaró que la expropiación forzosa de terrenos en el Sector Mar Chiquita de Manatí por el municipio tenía un fin público. El Municipio Autónomo de Manatí inició el proceso de expropiación, consignó la justa compensación estimada y obtuvo la posesión material de la propiedad. FDR Corp. se opuso a la expropiación, alegando la falta de un fin público legítimo y la insuficiencia de la compensación. El Tribunal de Primera Instancia concedió la adquisición y entrega material al municipio, decisión que FDR Corp. intentó sin éxito revocar mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el municipio solicitó y obtuvo la sentencia sumaria parcial confirmando el fin público de la expropiación. FDR Corp. apeló esta sentencia parcial tras serle denegada la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por FDR Corp. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite resolución en el caso de certiorari presentado por Mayagüez Resort & Casino, Inc. (MRC). MRC solicitó la revisión de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declararon No Ha Lugar sus mociones de desestimación. Dichas mociones fueron presentadas en un pleito de cobro de dinero e incumplimiento de contrato incoado por Edwin Alonso Rodríguez y otros. El pleito original reclama el cobro de cánones de arrendamiento adeudados. MRC argumentó ante el TPI la omisión de partes indispensables y la falta de exposición de una reclamación que justificara remedio. Tras la negativa del TPI a desestimar y a reconsiderar, MRC acudió al Tribunal de Apelaciones. En su petición de certiorari, MRC alegó errores del TPI relacionados con confusión de derechos, falta de partes indispensables y no atender solicitud de conocimiento judicial. Examinada la petición, el Tribunal de Apelaciones procedió a denegar el auto de certiorari solicitado por Mayagüez Resort & Casino, Inc.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Desestimación de Reconvención. El caso original involucra una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato presentada por los peticionarios contra Mayagüez Resort & Casino, Inc. (MRC). MRC presentó una reconvención alegando que la demanda inicial le causó daños al interferir con negociaciones y afectar su reputación. Los peticionarios solicitaron la desestimación de la reconvención por entender que carecía de fundamento legal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación en esa etapa, permitiendo que la reconvención continuara tras ser enmendada. Los peticionarios recurrieron en certiorari, argumentando que la reconvención no exponía una reclamación que justificara un remedio en ley. MRC solicitó la desestimación del recurso por entender que la controversia había devenido académica al enmendar la reconvención. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión judicial solicitada por Aneudy Rivera Silva. El peticionario recurre una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que le impuso sanciones disciplinarias. Las sanciones se derivan de una querella por posesión de "fisgas" caseras encontradas en su celda. El Departamento lo encontró culpable de contrabando peligroso y posesión/fabricación de armas tras una vista disciplinaria. Inconforme con la determinación, el Sr. Rivera apeló ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el Tribunal procede a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el caso. La sentencia subraya la obligación del tribunal de examinar su jurisdicción y su facultad para desestimar un recurso por este motivo conforme a la Regla 83.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Christian Rodríguez Rivera. El apelante recurre de una sentencia de 143 años de reclusión dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha sentencia se basó en la determinación de culpabilidad por múltiples delitos. Estos incluyen violaciones a los Artículos 93(B) (Asesinato) y 195(A) (Incendio Malicioso) del Código Penal. También fue convicto por infracciones a la Ley de Armas, la Ley con el Maltrato a Menores, la Ley de Violencia Doméstica y la Ley del Departamento de Seguridad Pública. Los hechos que dieron lugar a las nueve acusaciones ocurrieron el 29 de marzo de 2020. El juicio en su fondo comenzó en agosto de 2022, donde el Ministerio Público presentó amplia prueba testifical y documental. El Tribunal de Apelaciones revisó la prueba desfilada, incluyendo el testimonio del Agente Carlos Lugo Méndez sobre la escena y las heridas de la víctima. A pesar de la solicitud del apelante de revocar el dictamen, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari interpuesta por la señora Ángela L. Rosario De León. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar su Moción de Inhibición. El caso subyacente es una demanda de ejecución de hipoteca In Rem presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra la señora Rosario De León y su exesposo. BPPR busca ejecutar una hipoteca sobre una propiedad, alegando incumplimiento de pago a pesar de que la obligación personal fue descargada en un caso de quiebra. La señora Rosario De León contestó la demanda y presentó una reconvención, planteando defensas como emplazamiento deficiente, incumplimiento de BPPR con los requisitos de mitigación de pérdidas y cuestionando la legitimación activa de BPPR. El caso fue referido a mediación compulsoria. La señora Rosario De León presentó la Moción de Inhibición contra la mediadora asignada, alegando que esta esbozó defensas que correspondían al acreedor hipotecario. BPPR se opuso a la inhibición, señalando que la demandada no había completado una solicitud de mitigación de pérdidas. El TPI denegó la moción de inhibición, lo que motivó la presente Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión de decisión administrativa del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NSTP). El caso surge de una querella presentada por William Pellot Rodríguez contra Giuseppe Pandolfi di Rinaldis, relacionada con la instalación de un cilindro de gas por Vitin Gas CP. Inicialmente, el NSTP determinó que la instalación cumplía con los estándares. Sin embargo, informes posteriores revirtieron esta conclusión, declarando la instalación ilegal y ordenando a Vitin Gas CP su remoción a su costo. Víctor M. Gómez Rivera, en representación de Vitin Gas CP, acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando sentencia sumaria y revisión de la decisión administrativa. Alegó que el propietario, señor Pandolfi di Rinaldis, se negaba a permitir la remoción del cilindro. El Tribunal decidió adjudicar el caso basándose en el expediente, prescindiendo de comparecencias adicionales. La sentencia procede a discutir los requisitos legales para perfeccionar recursos ante el Tribunal de Apelaciones. Se enfatiza la necesidad de cumplir rigurosamente con las disposiciones reglamentarias para que el tribunal adquiera jurisdicción y pueda revisar adecuadamente la controversia. El incumplimiento con estos requisitos, como la falta de un apéndice completo, puede llevar a la desestimación del recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la revisión de una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Lorenzo Pérez Parrilla, un miembro de la población correccional, impugna la respuesta del DCR a su solicitud de remedio administrativo. Pérez Parrilla reclamó la dilación en la programación de una cita y posible cirugía oftalmológica referida desde octubre de 2022, debido a una pérdida progresiva de visión. El DCR respondió en febrero de 2024 indicando que fue evaluado en octubre de 2023 y se recomendó seguimiento en un año. El recurrente solicitó reconsideración, argumentando la urgencia de su condición y la necesidad de atención inmediata. El DCR denegó la reconsideración, confirmando la cita programada para octubre de 2024 según la recomendación médica. Inconforme, Pérez Parrilla acudió al Tribunal de Apelaciones. El DCR sostuvo que la programación de citas y decisiones quirúrgicas son facultad exclusiva de los médicos contratados. El tribunal procede a evaluar el recurso bajo las normas de revisión administrativa de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Resumen:

La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI) comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante una Petición de Revisión Administrativa. El recurso solicita la revisión de la Notificación de Adjudicación de Propuesta emitida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) el 31 de enero de 2024. Dicha decisión adjudicó a Para la Naturaleza, Inc. la propuesta para la coadministración, operación y mantenimiento del Parque Las Cavernas del Río Camuy. El DRNA había publicado una Solicitud de Propuesta (RFP) en septiembre de 2023, recibiendo cuatro propuestas, incluyendo las de SEPRI y Para la Naturaleza. SEPRI realizó múltiples gestiones para conocer el estatus de la adjudicación tras excederse el término original. El DRNA notificó la adjudicación a Para la Naturaleza vía correo electrónico el 4 de abril de 2024, aunque el correo certificado fue devuelto. SEPRI presentó solicitudes de reconsideración que no obtuvieron respuesta del DRNA. La petición de revisión de SEPRI alega que la notificación de la adjudicación fue contraria a derecho. El DRNA, en su alegato, argumentó que SEPRI nunca fue debidamente notificada por correo postal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Luis Daniel Sambolin Robles, solicitó la aplicación de la Ley 66-2022 para obtener beneficios adicionales de reducción de sentencia. Argumentó tener derecho a un 20% adicional, habiendo ya recibido beneficios bajo la Ley 87-2020. El DCR denegó su petición administrativa inicial y la posterior solicitud de reconsideración. La agencia sostuvo que la Ley 66 está dirigida a confinados en libertad bajo palabra que estudian o trabajan, requisito que el recurrente no cumplía. Insatisfecho con la respuesta del DCR, Sambolin Robles presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal procede a evaluar la legalidad y razonabilidad de la determinación administrativa. La revisión se realiza conforme a las normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Doctor's Center Hospital Inc. La petición busca revisar una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha orden, emitida en mayo de 2024, declaró No Ha Lugar la solicitud de Doctor's Center para ampliar el descubrimiento de prueba y lo dio por terminado. El caso subyacente, iniciado en 2012 por el Dr. Raúl A. Porro Vizcarra, trata sobre incumplimiento contractual e interferencia torticera. En 2019, el foro primario emitió una sentencia parcial determinando que Doctor's Center incumplió un contrato, quedando pendiente la cuantificación de daños. Tras varias incidencias procesales y el establecimiento de un calendario para deposiciones y mociones dispositivas en diciembre de 2023, el tribunal de instancia denegó la ampliación del descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de certiorari. La denegación se fundamenta en que la petición no satisface los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un Recurso de Certiorari instado por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). El BPPR solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. Mediante la Resolución impugnada, el TPI declaró sin lugar la Moción de Desestimación bajo sello presentada por BPPR. El caso original fue incoado por Faustino Xavier Betancourt Colón contra múltiples demandados, incluyendo BPPR, por alegadas violaciones a la Ley ADA relacionadas con accesibilidad. BPPR argumenta que el TPI erró al concluir que la demanda enmendada establecía legitimación activa y un caso prima facie. Señala además que el TPI debió aplicar la regla "First to File". Finalmente, alega que el TPI denegó incorrectamente su solicitud alternativa de paralización basada en un acuerdo. El Tribunal de Apelaciones procederá a evaluar estos señalamientos de error.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202400675. Ruben's Café Corp. (RCC) presentó un recurso de certiorari contra TSF Properties, Inc. (TSF). El recurso buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que admitió la contestación de TSF a un requerimiento de admisiones. Los pleitos subyacentes, consolidados en el TPI, tratan sobre incumplimiento de contrato, daños y perjuicios instado por RCC, y un desahucio por incumplimiento incoado por TSF, ambos relacionados con un contrato de arrendamiento comercial. La controversia en apelación surgió durante la etapa de descubrimiento de prueba. TSF presentó su contestación al requerimiento de admisiones fuera del término reglamentario de 20 días, alegando error o inadvertencia. RCC se opuso a la admisión por tardía, mientras TSF argumentó que la admisión era necesaria para evitar una injusticia y que la tardanza no causó perjuicio. El TPI resolvió admitir la contestación de TSF. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso de certiorari, determinó desestimarlo. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Centro Médico del Turabo, Inc., h/n/c Hospital HIMA San Pablo Bayamón. La apelación buscaba revocar una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitida en diciembre de 2023. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una demanda por daños y perjuicios presentada por Ángel Pérez Novo y Laura Dávila Otero. La demanda original, radicada en 2011, alegaba impericia médica en HIMA San Pablo que resultó en un arresto cardio-respiratorio y posterior incapacidad para el Sr. Pérez Novo tras una cirugía en 2008. El foro primario condenó a HIMA San Pablo y otros codemandados al pago de sumas significativas por lucro cesante, daños, sufrimientos y angustias, y honorarios de abogado. La responsabilidad se distribuyó, asignando un 40% a HIMA San Pablo. Tras revisar los fundamentos del caso, el Tribunal de Apelaciones emitió su sentencia. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una apelación presentada por DTH Corporation contra el Municipio de San Juan. DTH demandó al Municipio para el cobro de \$116,800.42 por servicios de manejo de desperdicios prestados tras el huracán María. DTH alegó que los servicios se realizaron entre el 4 de noviembre y el 16 de diciembre de 2017, conforme a un acuerdo y contrato escrito posterior. El Municipio argumentó que el contrato escrito solo tuvo vigencia del 19 al 31 de diciembre de 2017, existiendo impedimentos legales para pagar servicios anteriores a esa fecha. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al Municipio y desestimó la demanda de DTH. DTH apeló dicha desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la evidencia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado, manteniendo la desestimación de la demanda de DTH Corporation contra el Municipio de San Juan.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Guillermo J. Rivera Colón. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de descubrimiento de prueba. Dicha solicitud buscaba obtener informes, notas y "notas en crudo" de CAVV-CIMVAS relacionadas con la investigación de una menor víctima en un caso de agresión sexual y actos lascivos. El Ministerio Público se opuso a la entrega de las notas en crudo, argumentando la confidencialidad de los expedientes de menores víctimas bajo leyes y reglamentos específicos. También invocó el privilegio entre víctima y consejero y la Carta de Derechos de las Víctimas. El peticionario alegó la necesidad de las notas de entrevista para confrontar versiones de los hechos. El Tribunal de Primera Instancia había denegado el descubrimiento solicitado. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari. Esta decisión valida la determinación del foro primario de no conceder el acceso a la prueba requerida.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Zaribel Ortiz Sierra contra Good Vibes Gastronomic, Inc. y Shaquille Sánchez Tanco. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio la demanda de la apelante por daños y enriquecimiento injusto. La controversia se originó en una disputa por incumplimiento de un contrato de arrendamiento. Los apelados presentaron una reconvención alegando abandono del local por parte de la apelante y reclamando cánones adeudados. La apelante no contestó la reconvención, lo que llevó al TPI a anotarle la rebeldía. A pesar de solicitar relevo de la rebeldía, el TPI denegó la petición. Posteriormente, los apelados solicitaron la desestimación de la demanda original de la apelante, argumentando la irreconciliabilidad de los hechos alegados en la reconvención no contestada. El TPI emitió la Sentencia Parcial desestimando la demanda de la apelante, dictamen que el Tribunal de Apelaciones confirma.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Universal Insurance Company. Universal impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de incumplimiento de contrato. La demanda fue incoada por el Dr. Porfirio Rodríguez González tras la denegación de cubierta y defensa por parte de Universal bajo una póliza de responsabilidad. La reclamación original surgió de la caída de una residente en el hogar de envejecientes administrado por el Dr. Rodríguez González en 2014. Universal argumentó para la sentencia sumaria la aplicación de la doctrina de res judicata, basada en una sentencia previa en otro pleito relacionado. Alternativamente, Universal sostuvo que la reclamación estaba excluida por la póliza al alegarse negligencia en la prestación de servicios. El TPI denegó la solicitud de Universal, concluyendo que existían controversias sobre hechos medulares. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por Universal. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del TPI que denegó la sentencia sumaria.