Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 33)

Resumen:

Se presenta un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La recurrente, Edda M. Rivera Vázquez, impugna una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha Resolución, emitida el 25 de junio de 2024, declaró No Ha Lugar una querella contra Professional Solar Service Corp. La querella original ante DACo alegaba incumplimiento de garantía por un calentador solar defectuoso. DACo determinó que la garantía requería mantenimiento anual, el cual la querellante no realizó. Por tanto, DACo concluyó que la garantía no podía ser honrada y denegó la reclamación. La señora Rivera Vázquez solicitó reconsideración ante DACo, la cual fue rechazada. Posteriormente, presentó este recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal resuelve desestimar el recurso de revisión judicial presentado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Elizabeth Bothwell contra Garage Isla Verde LLC. El recurso proviene de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una querella por despido injustificado, discrimen por género y edad, y represalias. El foro primario había declarado Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelada. La apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones buscando la revisión de dicha Sentencia. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso. Se reitera que la jurisdicción es un requisito fundamental y que un tribunal sin ella no puede resolver las controversias en sus méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la Resolución y Orden Final de Nombramiento de Síndico y Revocación de Licencia emitida por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) contra TBB International Bank Corp. (TBB). TBB presentó un recurso de revisión judicial solicitando la revocación de la decisión de la OCIF, notificada el 6 de septiembre de 2024. La acción de la OCIF se originó en una querella de emergencia presentada el 29 de febrero de 2024, alegando peligro inminente para la industria bancaria internacional y violaciones a la Ley Núm. 52 de 1989 y su reglamento. La OCIF citó, entre otras razones, el capital negativo de TBB, la pérdida de su cuenta maestra en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y el fracaso de múltiples propuestas de reestructuración presentadas por la entidad. La OCIF había intentado previamente abordar la situación mediante una orden de consentimiento y requerimientos de cumplimiento. A pesar de los esfuerzos de TBB por reestructurarse, la OCIF determinó proceder con la sindicatura y revocación de licencia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirmó la Resolución recurrida de la OCIF.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión sobre clasificación de custodia. Nelson Daniel Centeno impugna la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de mantenerlo en custodia máxima. Previamente, un comité del DCR había recomendado reclasificarlo a custodia mediana, reconociendo su buena conducta. Sin embargo, el DCR dejó sin efecto dicha recomendación dos días después, ratificando la custodia máxima debido a su historial de violencia excesiva. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el DCR. Ante el Tribunal, Centeno alegó violación de derechos y una interpretación incorrecta de la normativa sobre evaluación de custodia. El DCR argumentó que la decisión de mantener la custodia máxima fue una modificación discrecional válida basada en el historial del confinado. Sostuvo que la reglamentación exige evaluación tras cinco años, pero no obliga a una reclasificación a un nivel menor. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma el acuerdo del DCR. La sentencia valida la decisión de mantener a Nelson Daniel Centeno en custodia máxima.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso administrativo presentado por Genera PR, LLC contra una resolución del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). La resolución del NEPR, emitida el 17 de septiembre de 2024, determinó que Genera hizo falsas representaciones sobre la reducción de costos y el cronograma de finalización del proyecto de adquisición de sistemas de generación de "peakers". El NEPR concluyó que estas representaciones causaron retrasos y aumentos de costos en el proyecto. En consecuencia, el NEPR ordenó a Genera completar el proyecto para finales del segundo trimestre de 2026. Además, advirtió sobre la imposición de una multa diaria de \$25,000 si el proyecto no se culminaba en la fecha establecida. Genera solicitó la revisión de esta determinación, alegando falsa representación, notificación defectuosa y violación al debido proceso. Tras examinar la solicitud y el expediente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión administrativa presentado por Genera.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Ángel Luis González Esperón. El peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha resolución primigenia declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación en un caso de Injunction Posesorio. El foro primario determinó que el peticionario fue debidamente emplazado y se sometió voluntariamente a la jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud del peticionario. La resolución detalla el historial procesal de casos previos relacionados con la propiedad en disputa, incluyendo un expediente de dominio y demandas de injunction. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor González Esperón.

Resumen:

Luis Javier Ramos Rodríguez presentó una Petición de Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, acogida como certiorari. Solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que revocó su probatoria. Dicha sentencia ordenó el cumplimiento de una pena fija de tres años de prisión por posesión de sustancias controladas (Art. 404 B). Previamente, Ramos Rodríguez se había declarado culpable, acogido a un convenio con el programa TASC y obtenido libertad a prueba con condiciones, incluyendo tratamiento. El Ministerio Público solicitó la revocación de la probatoria por incumplimiento, lo cual fue concedido por el foro primario. El señor Ramos apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente y los argumentos, el Tribunal denegó expedir el auto solicitado. Esta resolución confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de revocar la probatoria y ordenar el cumplimiento de la sentencia de cárcel.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Gilberto Sierra Santiago mediante un recurso de certiorari. Solicita dejar sin efecto una orden de protección emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. La orden fue expedida a favor de Joalibeth E. Hernández Carrasquillo bajo la Ley Núm. 148-2015, para Víctimas de Violencia Sexual. La recurrida alegó que el peticionario realizó actos lascivos, incluyendo expresiones sexuales, mensajes incómodos y un beso forzado. El Tribunal de Primera Instancia emitió inicialmente una orden ex parte y luego, tras una vista con ambas partes, una orden final de protección por tres meses. Esta orden final prohibió el contacto, ordenó la entrega de armas y suspendió licencias. El peticionario impugnó la decisión del foro primario, señalando errores en la apreciación de la prueba, la aplicación de la ley y alegando parcialidad. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar la solicitud, resuelve denegar el auto de certiorari presentado. Con esta determinación, se mantiene en efecto la orden de protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Juana Díaz. Dicha sentencia declaró con lugar la oposición y solicitud de sentencia sumaria de los demandados, Rubén Darío Rivera Meléndez y Carmen Rivera, fallando en contra de la apelante, Jeannette Soto Realty CSP. El litigio surge de un contrato de corretaje donde los Rivera contrataron a JSR para vender su propiedad por $635,000. Tras recibir una oferta menor que fue rechazada, los vendedores decidieron no vender al precio listado, buscaron modificarlo a $975,000, y procedieron a cancelar el contrato con JSR. La agencia de bienes raíces demandó a los vendedores reclamando el pago de sus honorarios estipulados. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de JSR mediante sentencia sumaria a favor de los vendedores. La apelante solicita ahora al Tribunal de Apelaciones que revoque esa determinación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Aguada. La apelación fue presentada por Horned Dorset Primavera, Inc., Harold L. Davies y Wilhelm Sack. El caso original es un cobro de impuesto sobre el canon de ocupación de habitación iniciado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). El TPI había declarado Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de la CTPR. Dicho dictamen condenó a Horned al pago de $197,782.15 más interés y a los apelantes solidariamente al pago de $1,544,435.69 más recargos e intereses. La deuda reclamada por la CTPR se relaciona con la operación del hotel Horned Dorset Primavera y abarca periodos desde 1999. La CTPR detalló un historial de gestiones de cobro infructuosas, incluyendo acuerdos de pago, notificaciones, demandas y un proceso de quiebra desestimado. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria apelada.

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Recurso de apelación presentado por David Matos Mercado y Aida L. Santos Cotto contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada ordenó una servidumbre de paso sobre el camino "Don Manuel", ubicado en la finca 1851 propiedad de los apelantes. Este camino provee acceso a la finca 1850 de las sucesiones Zayas-Padilla y Zayas-Ortiz, quienes alegaron que su propiedad estaba enclavada. Los apelantes negaron que la finca 1850 estuviera enclavada y argumentaron la improcedencia de la servidumbre. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar la prueba, determinó que la finca 1850 se accede a través del camino "Don Manuel" en la finca 1851 y ordenó la servidumbre. Se estableció que el camino ha estado en uso y parcialmente pavimentado desde al menos 1995, con evidencia histórica que respalda su existencia como acceso. El Tribunal de Apelaciones examina el expediente y el derecho aplicable, anunciando que modificará el dictamen de instancia.

Resumen:

Se revisa administrativamente una Resolución de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan que aprobó una consulta de ubicación. Los recurrentes, residentes o vecinos, impugnan la decisión municipal que autorizó a Prisma Engineering, LLC y Luisa 57, LLC a remodelar una estructura residencial. El proyecto busca convertir un edificio de cinco plantas en la Calle Luisa #57, Condado, en un hotel de sesenta y cuatro habitaciones. La solicitud incluyó variaciones en el uso del suelo, el patio frontal y los requisitos de estacionamiento, justificadas por la naturaleza mixta del sector y la necesidad de rehabilitar la propiedad. Los recurrentes intervinieron en el proceso administrativo y participaron en la vista pública. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución emitida por el Municipio de San Juan.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial. Yessi Meléndez y Jonathan Pagán impugnan un permiso de construcción otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a Martino Industrial Air. El permiso autorizaba la construcción de un almacén en una zona calificada como Residencial Intermedio (R-1). Previamente, la consulta de ubicación para dicho almacén había sido objeto de revisión administrativa por parte de los recurrentes. La Junta Adjudicativa de la OGPe había revocado la aprobación inicial de la consulta de ubicación y ordenado su re-evaluación. A pesar de la revocación de la consulta de ubicación, la OGPe expidió el permiso de construcción. Los recurrentes alegaron que el permiso se basó en información falsa proporcionada por el proponente y que se violó su derecho a intervenir en el proceso. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede revocar el permiso de construcción recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una resolución el 5 de diciembre de 2024. La resolución considera un recurso de Certiorari presentado por Marisol Fossé Manzano y otros. Este recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, en un caso sobre acción contradictoria de dominio. La parte recurrida es Palmas del Mar Properties, Inc. y otros. El Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Bermúdez Torres, Martínez Cordero y Cruz Hiraldo, decidió denegar la expedición del recurso de Certiorari. Esta decisión se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Dicha regla permite al Tribunal de Apelaciones denegar la expedición sin necesidad de fundamentar su decisión en estos casos.

Resumen:

Se presenta una apelación por Universal Insurance Company y Firstbank Puerto Rico contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda de impugnación de la confiscación de un vehículo Jeep Grand Cherokee. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que Firstbank no demostró tener un interés propietario o un gravamen inscrito al momento de la incautación del vehículo el 18 de mayo de 2023, negándole así legitimación activa. También ordenó el archivo de la reclamación de Universal tras su solicitud de desistimiento. Los apelantes habían alegado interés en el vehículo, Firstbank por un gravamen y Universal por una póliza de seguro. El Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en la evaluación de la prueba documental presentada para acreditar dicho interés. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Arturo Barreto. El recurso buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la segunda solicitud de reconsideración de Barreto. El caso original fue iniciado por Elena Herrera Leyva con una solicitud de interdicto y sentencia declaratoria contra Barreto y otros. Barreto fue declarado en rebeldía por no presentar alegación responsiva tras ser presuntamente emplazado. Barreto solicitó reconsideración de la rebeldía alegando falta de emplazamiento y desconocimiento del caso. El Tribunal de Primera Instancia denegó tanto la primera como la segunda solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari presentado por Barreto. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por haber sido presentado el recurso de forma tardía.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando un recurso de Certiorari presentado por la señora Paula López. La señora López solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de reconsideración y le ordenó cumplir con un dictamen previo bajo pena de multa diaria. El caso original fue una querella bajo la Ley 140 presentada por The Marbella Club contra la señora López. El Condominio buscaba obtener acceso a la unidad de la señora López para remover colmenas de abejas en su balcón que afectaban a otros residentes. Tras una vista, el TPI emitió una Resolución detallando las condiciones para permitir la entrada a la unidad y la remoción de las abejas por un profesional certificado. La señora López impugnó esta orden y la posterior denegación de reconsideración ante el TPI. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, determinó denegar el recurso de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria para hijos mayores de edad. José Angel Ramos Rivera apeló una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo que, aunque lo relevó del pago para un hijo, ordenó mantener la pensión para otros dos hijos mayores de edad. Esta orden se mantendría hasta que un examinador preparara un informe y se celebrara una nueva vista para evaluar las necesidades y capacidad económica. El señor Ramos Rivera solicitó la revocación de esta orden y ser relevado completamente del pago. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso de certiorari como apelación. No obstante, el Tribunal desestimó el recurso presentado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por la presentación prematura del recurso. La determinación recurrida no constituyó una sentencia final sobre la pensión, sino una orden interlocutoria pendiente de procedimientos adicionales en el foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre dos recursos de certiorari consolidados, KLCE202401191 y KLCE202401193, relacionados con el caso civil DO2018CV00096 sobre incumplimiento de contrato y daños. El primer recurso, presentado por Isla Verde Holdings, LLC, buscaba revocar la denegatoria del foro primario a su solicitud de enmienda a la demanda. El segundo recurso, instado por Greene Family Bridgehampton, LLC, y PDP Holdings, LLC, pretendía revocar la denegatoria de una orden protectora sobre unas deposiciones. Tras consolidar ambos recursos, el Tribunal evaluó las peticiones. Considerando la naturaleza discrecional del certiorari, el panel determinó que las peticionarias no demostraron que el Tribunal de Primera Instancia incurriera en un craso abuso de discreción, actuara con prejuicio o parcialidad, o se equivocara en la aplicación del derecho. Por tanto, el Tribunal concluyó que su intervención en esta etapa no se justificaba. En consecuencia, se denegó la expedición de ambos autos de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en resolución del 4 de diciembre de 2024, consideró dos recursos de certiorari consolidados (KLCE202401191 y KLCE202401193) relacionados con un caso sobre incumplimiento de contrato y daños. El primer recurso, presentado por Isla Verde Holdings, LLC, buscaba revocar la denegatoria del foro primario a su solicitud de enmendar la demanda. El segundo recurso, instado por Greene Family Bridgehampton, LLC, y PDP Holdings, LLC, pretendía revocar la orden que denegó su solicitud de una orden protectora sobre deposiciones. Ambas resoluciones del Tribunal de Primera Instancia fueron emitidas y notificadas el 27 y 30 de septiembre de 2024, respectivamente. Tras evaluar ambos recursos, el Tribunal de Apelaciones determinó que las peticionarias no lograron demostrar que el foro primario incurriera en un craso abuso de discreción o error de derecho. Concluyó que no se justificaba su intervención en esta etapa procesal. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición de ambos autos de certiorari.

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Costa Este Medical Services, Corp. solicitó un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) para establecer un Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Canóvanas. La solicitud fue objetada por Canóvanas Medical Center, argumentando la falta de necesidad poblacional para un tercer centro en el municipio. El Departamento de Salud denegó inicialmente el CNC, concluyendo que Costa Este no demostró la necesidad ni la demanda de servicios. Costa Este impugnó esta decisión mediante una "Querella" ante la División de Vistas Administrativas del Departamento de Salud. Durante el trámite administrativo, se sostuvo que la prueba no justificaba la concesión del CNC por falta de demanda. Un oficial examinador de la División de Vistas Administrativas recomendó denegar la "Querella" y confirmar la denegatoria original. La División de Vistas Administrativas acogió esta recomendación y confirmó la Resolución Final que denegó el CNC. Costa Este presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra esta determinación administrativa. El Tribunal de Apelaciones, en su Sentencia, confirma la Resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Roberto Mojica Paz. El recurso buscaba la revocación de una Orden de Protección para el Adulto Mayor emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Cabo Rojo. Dicha orden, bajo la Ley 121-2019, fue expedida a favor de Ángel L. González Mercado por maltrato. El tribunal de instancia determinó que el peticionario causó daño a la salud y bienestar del adulto mayor mediante ruidos, aceleración de vehículo y colocación de cámaras. La orden prohibió al peticionario molestar, acercarse y comunicarse con el recurrido por seis meses, y le ordenó remover una cámara. El peticionario alegó errores en la apreciación de la prueba por el tribunal inferior. La parte recurrida no presentó alegato en oposición. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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Compareció ante el Tribunal de Apelaciones el Municipio de Patillas mediante recurso de apelación. El Municipio solicitó la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Patillas en un caso sobre cobro de dinero y desahucio. La acción original fue presentada por la Sucesión Oscar Rodríguez Crespo, alegando ser propietaria de un inmueble arrendado al Municipio y reclamando cánones de arrendamiento adeudados. El Municipio contestó la demanda, alegando la nulidad del contrato de arrendamiento por falta de capacidad representativa y presentó una reconvención y demanda contra tercero. El Tribunal de Primera Instancia había emitido previamente una sentencia parcial declarando ha lugar el desahucio y posteriormente la sentencia final apelada. Por los fundamentos que se expondrán, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Hospital General Menonita, Inc. y The Medical Protective Company. La parte peticionaria solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso de impericia médica y daños y perjuicios. Dicha Orden denegó su solicitud para permitir testimonio pericial mediante videoconferencia. La parte peticionaria también había presentado una Moción en Auxilio de Jurisdicción pidiendo la paralización del juicio. Posteriormente, la parte peticionaria sometió un Urgente Aviso de Desistimiento. En este escrito, informaron su decisión de retirar tanto el recurso de certiorari como la Moción en Auxilio de Jurisdicción. Conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el Tribunal ordena el archivo y cierre del caso. La decisión se basa en el desistimiento presentado por la parte peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución final de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCSPR). Dicha resolución confirmó una multa de diez mil dólares impuesta a Multinational Insurance Company (MIC). La sanción se originó por la negativa de MIC a participar en un proceso de valoración. Este proceso estaba vinculado a una reclamación de daños a la propiedad presentada por el Departamento de Educación (DE). La reclamación surgió tras el terremoto del 7 de enero de 2020, afectando escuelas cubiertas por una póliza de MIC. El documento detalla el historial de la reclamación, incluyendo la intervención de ajustadores y los desafíos en la inspección y el intercambio de información. MIC presentó un recurso de revisión judicial solicitando la revocación de la resolución de la OCSPR. El Tribunal, tras analizar el caso, determinó modificar la resolución final impugnada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Nelson Pastor Márquez contra El Pueblo. La apelación surge de un caso de Daño Agravado del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Se acusa al apelante de haber causado daños a un inodoro en una celda del cuartel de Salinas el 25 de marzo de 2022, estimados en \$330.95. El documento resume el historial procesal, incluyendo una determinación de procesabilidad mental del apelante. Se detalla la renuncia a la vista preliminar, la presentación de la acusación y la consolidación del caso con uno de manejo bajo los efectos. Se describe el inicio del juicio por Tribunal de Derecho. La prueba del Ministerio Público comenzó con el testimonio de la Sgto. Miriam E. Márquez de Jesús. Ella testificó sobre la detención del apelante, el buen estado previo del inodoro y la notificación y posterior verificación de los daños causados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN202400623, una apelación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La apelación fue presentada por Alex Carrasquillo Villanueva contra Premium Professional Health Group, P.S.C. y Premium MSC, Inc. El Tribunal de Primera Instancia había declarado en rebeldía al apelante y a su esposa, aceptando las alegaciones de la demanda enmendada como probadas. Dicha demanda alegaba el incumplimiento por parte del apelante de un Acuerdo Confidencial y Relevo General suscrito tras la terminación de su empleo. El acuerdo incluía compromisos sobre devolución de accesos tecnológicos, no competencia y confidencialidad. El tribunal de instancia concluyó que el apelante incumplió el acuerdo al usar información confidencial para competir con los apelados. Como resultado, el tribunal de instancia rescindió el acuerdo y ordenó al apelante devolver \$30,767.67, pagar \$97,478.45 por daños y perjuicios, más intereses y honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó íntegramente la Sentencia recurrida.

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Comparecen los señores Dennis R. Conklin y Rosemarie Conklin apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia declaró ha lugar una Moción de Sentencia Sumaria a favor de los demandados, el matrimonio Passalacqua, y desestimó con perjuicio la Demanda de los apelantes. Los apelantes habían demandado por incumplimiento de contrato de arrendamiento y daños, alegando que los apelados no les permitieron ejercer su opción de renovar el contrato. Argumentaron que la cláusula de opción era exclusiva para los arrendatarios y que los arrendadores incumplieron al contratar con terceros antes de la fecha límite para ejercer la opción. Los apelados, por su parte, sostuvieron que el contrato les permitía no renovar y que los apelantes no ejercieron la opción, terminando el contrato naturalmente. El Tribunal de Primera Instancia favoreció a los apelados al dictar sentencia sumaria en su contra. El panel de jueces revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por José Ramón Díaz Ríos. El Peticionario solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia y que se ordene el cumplimiento y ejecución de una Sentencia Parcial previa. El caso original fue presentado por Luisa Crespi Oyola y Carlos M. Alvelo Silva contra Díaz Ríos por incumplimiento de un Contrato de Alquiler con Opción a Compra. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial el 6 de julio de 2023, declarando ha lugar el interdicto y ordenando el cumplimiento específico del contrato mediante la venta de la propiedad a los Recurridos por $75,000.00. La solicitud de reconsideración del Peticionario fue denegada y, al no recurrir, la Sentencia Parcial advino final y firme. Posteriormente, el foro de instancia ordenó la ejecución de la sentencia, pero los Recurridos consignaron una cantidad menor ($42,280.00), alegando haber descontado pagos de cánones de arrendamiento y costas. El Tribunal de Apelaciones ordenó a los Recurridos mostrar causa por la cual no debía concederse el remedio solicitado por el Peticionario. La Corte se dispone a examinar la procedencia y fundamentación del reclamo del Peticionario.

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El Municipio Autónomo de Caguas presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de expropiación forzosa. El Municipio había instado el caso para adquirir un inmueble declarado estorbo público por razones de salud y seguridad. Tras varios trámites procesales, el foro primario denegó una moción de desistimiento presentada por el Municipio. Dicha orden también le requirió consignar la cantidad de $41,500.00. El Municipio fundamentó su solicitud de desistimiento en la Regla 58.8 de Procedimiento Civil y en la Ley 114-2024, que modificó los procesos de expropiación de estorbos públicos. Inconforme con la denegatoria, el Municipio acudió en apelación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida del foro primario.

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Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Ramón A. Castillo Del Rosario. El apelante solicita la revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 26 de agosto de 2022. Mediante dicha sentencia, el TPI lo condenó a cumplir una pena consecutiva de 139 años de prisión. La condena se basó en los delitos de Asesinato en primer grado, dos cargos de tentativa de asesinato, y violaciones a la Ley de Armas. El documento describe los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2021 en un colmado. Según el relato, el apelante disparó y causó la muerte de Jonathan Rodríguez Ureña, e hirió a Juan Francisco Santiago Rivera y Alicia Miguel Cardona. Testigos presenciales declararon haber visto al apelante salir del lugar tranquilamente después de los disparos. El recurso busca que el Tribunal de Apelaciones revise la determinación y sentencia del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. Augusto César Sánchez Fuentes impugna la determinación de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. La Junta de Retiro concedió su pensión con efectividad al 6 de diciembre de 2023, fecha de recibo de la solicitud formal. Sánchez Fuentes solicitó que la fecha de efectividad fuera el 2 de septiembre de 2006, cuando cumplió 65 años. Argumentó que su derecho a la pensión surgió al cumplir la edad requerida, no al presentar la solicitud. El recurrente había realizado gestiones previas, como la transferencia de aportaciones en 2006. La Junta de Retiro reajustó el monto mensual de la pensión, pero mantuvo la fecha de efectividad original. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación administrativa recurrida. La sentencia valida la decisión de la Junta de Retiro respecto a la fecha de inicio de la pensión.

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Se presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Richard M. Weston y otros contra RINCON BROS 3 OZF, LLC. La apelación buscaba la revisión de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre incumplimiento de contrato y cumplimiento específico. Posteriormente, las partes informaron al tribunal que habían alcanzado un acuerdo confidencial para resolver la disputa. En consecuencia, presentaron una moción conjunta solicitando el desistimiento del recurso de apelación. Pidieron específicamente que el desistimiento fuera con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, considerando la solicitud conjunta y conforme a su reglamento, acogió el desistimiento. Por lo tanto, se ordenó el archivo del recurso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Ruth Crespo Pérez. La peticionaria impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que ordenó el archivo de su Petición de Declaratoria de Herederos. La petición buscaba declarar herederos sobre la legítima de su madre fallecida, quien dejó un testamento que pretería a su cónyuge supérstite. La peticionaria argumentó que, bajo el Nuevo Código Civil de 2020, la preterición de un legitimario no anula el testamento, sino que da lugar a una sucesión mixta donde la legítima se divide entre todos los herederos forzosos. Alegó que el foro primario erró al archivar el caso simplemente por la existencia del testamento, sin considerar la figura de la preterición y la sucesión mixta. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos de la peticionaria. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de derecho. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, A&J Rental LLC y otros, impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. Dicha resolución acogió una moción de desestimación presentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en un pleito civil. El pleito original trata sobre sentencia declaratoria e interdicto posesorio, relacionado con la adquisición de apartamentos supuestamente inhabitables por falta de servicios esenciales y defectos estructurales. Los peticionarios habían incluido a la AAA como parte interesada, alegando su responsabilidad o demora en la conexión del servicio de agua. La AAA solicitó su desestimación argumentando que no se formuló reclamación en su contra y no era parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia desestimó a la AAA del caso. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado pero confirma la resolución recurrida, manteniendo la desestimación de la AAA.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre el Consejo de Titulares del Condominio Villas de Hato Tejas y MAPFRE PRAICO Insurance Company. El recurso de apelación fue presentado por el Consejo de Titulares contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El caso original versaba sobre reclamaciones de seguros por daños causados por los huracanes Irma y María. El Consejo de Titulares demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato y manejo inadecuado de su reclamación. La sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia había declarado No Ha Lugar el Complaint del Consejo de Titulares. No obstante, esa misma sentencia ordenó a MAPFRE pagar al Consejo de Titulares la suma de \$869,999.70. El Consejo de Titulares solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha sentencia. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Hiram Guadalupe Pérez. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes tras un divorcio. Las partes se casaron bajo un régimen de separación de bienes mediante capitulaciones matrimoniales, pero el peticionario alega la existencia de una comunidad de bienes de facto. La Resolución del TPI concedió una orden protectora a la recurrida, Minette Marie Colón Jiménez. Dicha orden limitó el descubrimiento de prueba, impidiendo el acceso a las planillas de ingresos y estados bancarios completos de la recurrida. El TPI determinó que esta información no era pertinente a la controversia específica de la participación alegada por el peticionario en ciertos bienes. El peticionario argumentó que la orden violaba su derecho al debido proceso y le impedía probar sus alegaciones. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, denegó expedir el recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente, Félix Fernández Dobles, solicitó la revocación de la resolución de la Junta. La Junta había declarado que no tenía jurisdicción para considerar su solicitud de libertad bajo palabra bajo la Ley Núm. 85-2024. Fernández Dobles cumple una condena de 177 años por delitos graves, incluyendo secuestro y violación. El Departamento de Corrección lo había referido a la Junta bajo la Ley Núm. 185-2022. La parte perjudicada objetó, alegando falta de notificación y no pago de penas especiales. También argumentó que la naturaleza del delito (violación) excluía la jurisdicción bajo Ley 85-2022. La Junta resolvió que carecía de jurisdicción por incumplimiento con la notificación a víctimas (Ley 90-1995) y el pago de penas especiales (Ley 183-1998). El recurrente replicó que la nueva ley debía aplicarse favorablemente. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución de la Junta.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero. Ashford RFJ, Inc. apeló la decisión que declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada por José Alfonso Ramírez de Arellano y Mayra Teresa Carlo. Ashford reclamaba el pago de una deuda al matrimonio Ramírez de Arellano-Carlo en su capacidad de garantizadores de una obligación contraída por Condado Royal Palm Inc. Alegó incumplimiento en el pago de intereses y solicitó el principal adeudado más intereses, penalidades y honorarios. Los Apelados argumentaron que la deuda no era exigible porque el deudor principal, Condado Royal, había presentado quiebra federal e impugnado la obligación. Sostuvieron que la acción contra ellos como fiadores era prematura hasta que la Corte de Quiebras determinara la responsabilidad del deudor principal. Ashford se opuso, indicando que la moción era improcedente y la obligación del fiador subsistía. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, validando la desestimación de la demanda.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, sobre un recurso de certiorari presentado por Ileana Maldonado Dávila. La Peticionaria solicitó que se determinara la no existencia de causa probable en su contra, impugnando la identificación realizada en la vista inicial. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario respecto a la identificación de la Peticionaria. El panel, integrado por los jueces Figueroa Cabán, Salgado Schwarz y Monge Gómez, concluyó que no intervendría con dicha determinación. No surgió del expediente que el Tribunal de Primera Instancia actuara con prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción. Tampoco se encontraron fundamentos jurídicos para expedir el auto conforme a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se indicó que cualquier defecto de la vista de Regla 6 debe corregirse en la Vista Preliminar. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202401188, una apelación procedente de un caso de desahucio por falta de pago. La parte apelante, María Magdalena De Martínez y Otros, instó la acción original en el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro desestimó la demanda sin perjuicio debido a la incomparecencia de la parte demandante a la vista señalada y su incumplimiento con una orden de presentar el contrato de arrendamiento. La parte apelante solicitó reabrir el caso, lo cual fue denegado por el foro primario al tratarlo como una reconsideración. Inconforme, la parte apelante presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que este incumplía crasamente con los requisitos de contenido para una apelación. Además, señaló que la parte apelante pretendía impugnar una determinación del foro primario que ya era final y firme. Dicha determinación debió ser recurrida mediante certiorari dentro del término jurisdiccional. Por ambas razones, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de epígrafe.

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Esta sentencia resuelve una revisión administrativa de una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). DACo ordenó a Automobilia Corp. pagar a Néstor D. Carabajal y Ariadna Kortright la suma de $3,800. Dicha cantidad correspondía a gastos de seguro pagados por el Sr. Carabajal por un BMW adquirido mediante trade-in, que Automobilia no reembolsó. Automobilia alegó que, tras la devolución de los vehículos, el Sr. Carabajal modificó sin autorización el sistema de escape del BMW. Automobilia reclamó costos de reparación de $9,050 por estas alteraciones. Automobilia sostuvo que estos costos de reparación debían compensarse contra la reclamación de reembolso de $3,800. DACo ordenó el pago de $3,800 pero omitió valorar o adjudicar las alegadas modificaciones, sus costos de reparación o la posible compensación. DACo denegó la moción de reconsideración de Automobilia sobre la compensación. Automobilia apeló, argumentando que DACo erró al no aplicar la compensación. El Tribunal de Apelaciones determinó que DACo omitió valorar las modificaciones y sus costos, revocando la Resolución y devolviendo el caso a DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por A \& J Rental, LLC y otros. Los peticionarios impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio su demanda contra CalCon Mutual Mortgage, LLC. La desestimación se basó en la alegación de CalCon de que los demandantes no diligenciaron el emplazamiento dentro del término de 120 días establecido en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Los demandantes habían solicitado emplazamiento por edictos, argumentando que CalCon no residía en Puerto Rico. CalCon, por su parte, sostuvo que es una corporación extranjera con agente residente en la isla y que los demandantes no realizaron las gestiones de rigor para emplazarla adecuadamente. CalCon también argumentó que la solicitud de emplazamiento por edictos no extendía el plazo de 120 días para diligenciar. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación. Tras analizar el recurso, el Tribunal expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del foro primario. Así, se valida la desestimación de la demanda contra CalCon por incumplimiento en el diligenciamiento del emplazamiento dentro del término legal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Alberto Corretjer Reyes. El señor Corretjer Reyes solicita la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio y custodia de su hija menor, ANCC, con Corey Rebecca Cruz Watson. Las órdenes impugnadas, del 25 y 29 de abril de 2024, impusieron una sanción de $350, prohibieron hablar a la menor sobre viajes sin autorización y ordenaron un nuevo estudio social sobre custodia monoparental y posibles evaluaciones psicológicas/psiquiátricas. La sentencia detalla el extenso historial del litigio de custodia, iniciado con el divorcio en 2016 y una custodia compartida provisional. Procedimientos previos incluyeron el intento fallido de relocalización de la madre, estudios sociales que desaconsejaron la relocalización y favorecieron la custodia compartida, y una resolución de 2019 denegando la relocalización y estableciendo un plan filial. El historial también menciona solicitudes de órdenes de protección previas de la madre contra el padre, que fueron denegadas o desestimadas, y evaluaciones periciales que no encontraron evidencia de abuso. La petición busca que el tribunal apelativo revise las decisiones más recientes en esta prolongada disputa de custodia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos y custodia de menores. El recurso fue presentado por Luz Aleyda Rivera Dávila contra René Pupo Falcón, padre de sus dos hijas menores. La apelante solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que fijó la pensión alimentaria final. Dicha resolución declaró Ha Lugar la solicitud de alimentos, imponiendo al padre no custodio una pensión de $653.83 mensuales. Adicionalmente, se le ordenó cubrir el 50.36% de los gastos escolares razonables y médicos de las menores. La determinación del foro primario se basó en un Acta-Informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias, que consideró diversos ingresos del padre, incluyendo los de su nueva empresa tras renunciar a su empleo anterior. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la Sentencia. Finalmente, la Sentencia apelada fue confirmada según modificada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una Solicitud de Revisión Judicial presentada por Professional Asphalt, LLC. La empresa impugna la adjudicación de la Subasta General Núm. 17 Serie 2024-2025 por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Cataño. Dicha subasta buscaba la adquisición de asfalto y servicios relacionados. La Junta de Subastas adjudicó la buena pro a Miguelito Asphalt, INC. Professional Asphalt alega que la notificación de adjudicación fue inadecuada y que se adjudicó a un postor que no fue el más bajo sin justificación. Previamente, una primera revisión judicial sobre una notificación anterior fue desestimada, ordenando a la Junta atemperar su comunicación. La Junta emitió una segunda adjudicación el 3 de septiembre de 2024, la cual es objeto de este recurso. El tribunal evalúa el trasfondo fáctico y procesal, incluyendo las normas sobre adjudicación de subastas municipales.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Carmen Cornier contra Universal Insurance Company. Universal apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón que le condenó al pago de daños. La demanda original fue presentada por la Sra. Cornier tras sufrir una caída en Ferretería Minillas, asegurada por Universal, al tropezar con una mezcladora mal ubicada. El TPI determinó que la ferretería fue negligente al crear una condición peligrosa sin advertencias y no preservar el video de seguridad. Consideró los daños físicos de la Sra. Cornier, incluyendo cirugía y terapia, valorándolos en $60,000. Sin embargo, aplicó un 20% de negligencia comparada a la apelada, reduciendo la indemnización a $48,000. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impugnación de confiscación de vehículo. El Estado apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la devolución de un vehículo a su dueño, Pedro Villanueva Areizaga. El vehículo fue ocupado por la policía tras encontrar un arma de fuego y sustancia sospechosa en posesión de un amigo del dueño que lo conducía. El Estado ordenó la confiscación alegando el uso del vehículo en violación de leyes de sustancias controladas y armas. El dueño impugnó la confiscación, argumentando la ilegalidad del registro y la inadmisibilidad de la evidencia, especialmente tras el archivo de los cargos criminales contra su amigo. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del dueño, ordenando la restitución del vehículo o su valor. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Tras su análisis, el panel especial del Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera varios recursos de revisión judicial presentados por diversas compañías. Estos recursos impugnan la adjudicación de la subasta CDBG-DRMIT-RFP-2023-08 por parte del Departamento de la Vivienda. Dicha subasta, financiada con fondos federales, buscaba seleccionar proponentes para la construcción de nuevos proyectos de vivienda unifamiliares. El Departamento de la Vivienda recibió 42 propuestas, de las cuales 17 fueron recomendadas y 12 resultaron adjudicadas. Las recurrentes, que no fueron seleccionadas, presentaron sus recursos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones en octubre de 2024. Una de las recurrentes planteó que la notificación de la resolución de adjudicación era defectuosa, lo que podría afectar la jurisdicción del tribunal. Tras revisar los antecedentes procesales, el Tribunal de Apelaciones decide desestimar los recursos de revisión judicial presentados.