Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 302)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación. El apelante, Ernesto Reyes Blassino, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia concedió una solicitud de sentencia sumaria a favor de Condado 3, LLC. La sentencia sumaria ordenó al señor Reyes Blassino pagar $182,003.61 más intereses por un balance de deficiencia. El caso original fue iniciado por Banco Popular por cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra ERB Law Offices y el señor Reyes Blassino. Tras la ejecución *in rem* de la propiedad hipotecada, quedó un balance pendiente. Condado 3, LLC, como sucesor del Banco Popular, continuó el procedimiento de cobro de dinero contra el señor Reyes Blassino. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria al no presentar el apelante oposición a la solicitud. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y, por los fundamentos expuestos, confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato, desahucio y daños. José Rafael López Medina demandó a Kenny Rubén Vázquez Félix y Vilma Félix Gómez, alegando que Vázquez Félix incumplió un contrato de opción de compraventa sobre una propiedad. López Medina sostuvo que Vázquez Félix no completó la compra ni realizó pagos hipotecarios consistentes tras tomar posesión del inmueble. Vázquez Félix, por su parte, afirmó haber pagado el precio de venta, adquiriendo la propiedad, y haber intentado la transferencia hipotecaria. Un aspecto procesal clave fue la falta de contestación de López Medina a un Requerimiento de Admisiones presentado por Vázquez Félix. A pesar de órdenes judiciales, López Medina no entregó las contestaciones dentro del término establecido. Ante esta situación, Vázquez Félix presentó una Moción de Sentencia Sumaria basada en las admisiones que se consideraron admitidas por la falta de respuesta. López Medina alegó posteriormente que las contestaciones existían pero no habían sido entregadas formalmente. El documento detalla el historial procesal hasta la presentación de dicha moción.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari en un caso de custodia. La Peticionaria, Ana I. De Jesús Rivera, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó el viaje de la menor NABDJ a Massachusetts con su padre, Félix A. Bonilla Padilla, y abuelo paterno. El viaje fue autorizado del 21 de diciembre de 2018 al 12 de enero de 2019, basado en una moción informativa de la Unidad de Trabajo Social. La Peticionaria alegó violación a su debido proceso de ley al no ser notificada ni tener oportunidad de audiencia antes de la autorización del viaje. También recurrió la denegatoria de su moción de reconsideración por el foro primario. El padre, por su parte, presentó una moción de desacato por el incumplimiento de la madre con la orden de viaje. El Tribunal de Apelaciones evaluó los señalamientos de error presentados por la Peticionaria. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones DENIEGA el recurso de certiorari. Asimismo, declara No Ha Lugar la moción urgente en auxilio de jurisdicción presentada conjuntamente.

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Es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de partición de bienes. Los apelantes, Thompson Realty Company y William Bryce Thompson, recurren una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había declarado sin lugar la demanda de los apelantes sobre división de comunidad de varias fincas en Culebra. Tras un acuerdo parcial sobre algunas propiedades, el tribunal de instancia resolvió sobre la finca Tamarindo V. Determinó que los apelantes no tenían participación en dicha finca, la cual pertenecía exclusivamente a los apelados. Esta decisión se basó en una sentencia previa de 1986. El Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por considerar que la apelación es prematura.

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Se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una acción de reivindicación. Ramón Monge Pastrana demandó a Brighton Homes Caribbean, Inc. y al Consejo de Titulares del Condominio Vista Serena. Alegó que Brighton Homes invadió una franja de su terreno al construir el condominio y solicitó la devolución de la propiedad. El caso tuvo un proceso previo ante el Tribunal de Apelaciones sobre la defensa del Consejo de Titulares como tercero registral, resultando en la devolución del caso para juicio. Tras la celebración del juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Determinó que los demandantes no lograron probar la alegada usurpación de terreno. Los demandantes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, en esta sentencia, confirma la determinación del foro primario. Considera que los apelantes incumplieron con demostrar la invasión de terreno aducida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Firstbank de Puerto Rico. El Banco solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que mantuvo su determinación de enviar el caso a mediación compulsoria. Dicha mediación fue ordenada bajo la Ley Núm. 184-2012 en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Firstbank argumentó que la mediación no aplicaba porque la propiedad no era la residencia principal de los recurridos y el préstamo era de naturaleza comercial. Los recurridos sostuvieron que la propiedad sí era su residencia principal y el préstamo no era comercial. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y los propósitos de la Ley 184-2012. Considerando su facultad discrecional, el Tribunal declinó expedir el auto de certiorari. Esto implica que la decisión del TPI de referir el caso a mediación compulsoria se mantiene.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Luis E. Malavé Torres, Julio A. Algarín Malavé y Carlos A. Ortiz Vázquez. Los peticionarios buscaban revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar sus mociones de desestimación. Estas mociones surgieron en el contexto de cargos por asesinato e infracciones a la Ley de Armas. Durante la vista preliminar, la defensa solicitó acceso a videos mencionados por un testigo del Ministerio Público, argumentando la necesidad para el contrainterrogatorio. El TPI denegó la petición, al considerar que no se alegó que los videos fueran prueba exculpatoria y que la solicitud parecía una "expedición de pesca". El foro primario sostuvo que la defensa podía contrainterrogar al testigo sobre su declaración en sala y que el derecho al descubrimiento en esta etapa es limitado a prueba que demuestre la falta de confiabilidad del testimonio, no simples contradicciones. El Tribunal de Apelaciones, basándose en estos fundamentos, confirmó la decisión del TPI al denegar el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Property Logistics, Inc. La empresa solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación y sentencia sumaria sobre una reconvención. Property Logistics demandó a su exempleada, Belinda González Quiñones, por alegada apropiación de fondos y bienes. La señora González reconvino, argumentando que la demanda era un acto de represalia por haber ella instado previamente dos pleitos contra la empresa, violando la Ley de Represalias. Property Logistics sostuvo que la ley no aplicaba al no existir ya una relación obrero-patronal. La señora González alegó que la ley cubre represalias post-empleo. El TPI determinó que la reconvención articulaba un reclamo válido bajo la Ley de Represalias y que procedía un juicio. El Tribunal de Apelaciones expide el certiorari y revoca la determinación del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo la apelación KLAN201801056. Las partes apelantes, María I. Gómez Arroyo y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, se enfrentaban a Precision Elevator System & Service Corp., et als., en un caso sobre subrogación. El recurso apelativo provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Los apelantes presentaron una moción solicitando el desistimiento del trámite apelativo. Explicaron que habían alcanzado un acuerdo de transacción privado con las partes apeladas. Dicho acuerdo resolvió todas las controversias y reclamaciones presentadas en la apelación. El Tribunal de Apelaciones declaró con lugar la petición de desistimiento. Consecuentemente, ordenó el archivo de la causa, según lo dispuesto en la Regla 83(A) de su reglamento. La sentencia fue emitida el 22 de enero de 2019.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por HPM Foundation, Inc. La apelación impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso iniciado por el Municipio de San Juan. El litigio original, incoado en 2004, se relaciona con la expiración de un contrato para la administración de un centro de salud comunal. El Municipio solicitó una sentencia declaratoria sobre la vigencia del contrato y reclamó daños por ocupación ilegal y gastos no reembolsados. Decisiones judiciales previas confirmaron que el contrato había vencido y la ocupación era ilegal. Una demanda enmendada en 2007 incluyó específicamente una reclamación por el reembolso de costos de utilidades, detallando las cantidades adeudadas. La sentencia parcial apelada desestimó la reclamación del Municipio por cargos de energía eléctrica sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esta desestimación basándose en los argumentos de las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Vaquería Tres Monjitas contra Suiza Dairy, Inc. El recurso busca revisar una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que paralizó el descubrimiento de prueba en un caso sobre interferencia torticera con relación contractual. El foro primario justificó la paralización en la falta de un mandato, aunque el caso se encuentra detenido por orden del Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones evalúa su autoridad para intervenir con la resolución interlocutoria a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla limita taxativamente los casos en que el Tribunal de Apelaciones puede revisar órdenes interlocutorias mediante Certiorari. La resolución que paraliza el descubrimiento de prueba no se encuentra entre las instancias permitidas por la Regla 52.1. Además, el Tribunal determina que esperar a una apelación final no constituye un fracaso irremediable de la justicia, dado el estado de paralización del caso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones concluye que carece de jurisdicción para expedir el auto solicitado. Se desestima el recurso de Certiorari por falta de autoridad para entender en los méritos.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación en un caso de división de comunidad de bienes. La apelante, Elizabeth Ortiz Sánchez, demandó a su exesposo y a la sucesión de sus suegros. Reclamó el pago por mejoras realizadas con fondos gananciales en una propiedad de la sucesión. También solicitó la división de dos vehículos. Los demandados admitieron las mejoras pero negaron un compromiso de transferir la propiedad, argumentando que solo existía un crédito por las mejoras. Las partes presentaron mociones de sentencia sumaria sobre el valor de las mejoras. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia adjudicando un valor a las mejoras a favor de ambos exesposos. Ortiz Sánchez apeló, alegando errores en la valoración utilizada y la fórmula aplicada. Cuestionó que el tribunal no considerara un alegado acuerdo verbal para cederle la propiedad. Además, argumentó que la sentencia sumaria fue dictada como final sin resolver la reclamación sobre los vehículos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Isadel Arocho Jiménez contra Medina \& Medina, Inc. La empresa apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda por despido injustificado y daños por discrimen. La señora Arocho Jiménez, vendedora despedida en 2014, alegó que su despido fue sin justa causa y discriminatorio por razón de sexo, edad y maternidad. Argumentó que las cuotas de venta eran irrealistas y que fue reemplazada por un hombre más joven. El Tribunal de Primera Instancia falló a su favor, condenando al patrono a pagar daños, penalidad bajo la Ley 100 y honorarios de abogado. Medina \& Medina, Inc. solicitó la revocación de dicha sentencia. Tras revisar los fundamentos y la prueba presentada, incluyendo testimonios sobre comentarios ofensivos relacionados con la maternidad, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada. Esto significa que se ratifica la determinación de despido injustificado y discriminación contra la empleada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una petición de certiorari. El peticionario busca revocar una resolución de instancia que denegó el traslado de su caso al tribunal de menores. Dicha resolución también permitió al Ministerio Público enmendar la denuncia para incluir el elemento de "premeditación". El peticionario alega que el foro primario carece de jurisdicción. Argumenta que la Ley de Menores remite a la definición de asesinato en primer grado del Código Penal de 2004, que contenía el elemento de "premeditación". Señala que el Código Penal de 2012 eliminó dicho elemento, sustituyéndolo por "a propósito y con conocimiento". Al no haberse actualizado la Ley de Menores, el peticionario sostiene que el caso debe ser visto en la sala de menores. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos. Tras deliberar, el tribunal decidió no expedir el auto solicitado. Esto implica la denegación de la petición y la confirmación implícita de la decisión de instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en el caso KLAN201800653, una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. El apelante, Elías O. Vélez Santiago, solicitó la revisión y revocación de la sentencia que lo declaró culpable por infracciones a los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. El Tribunal de Primera Instancia lo había sentenciado a penas consecutivas de diez y cinco años por portación de arma sin licencia y apuntar con un arma de fuego, respectivamente. Vélez Santiago apeló alegando insuficiencia de prueba para establecer su culpabilidad más allá de duda razonable y la falta de un juicio justo e imparcial. Tras analizar los alegatos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones determinó que existían fundamentos para revocar la sentencia apelada. La sentencia del Tribunal de Apelaciones enfatiza la importancia de la presunción de inocencia y el estándar de prueba más allá de duda razonable en el sistema judicial.

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Merck Sharp & Dohme apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda por incumplimiento de contrato y otros reclamos contra Wholesalers Group y otros. Tras la desestimación, Merck presentó una moción de reconsideración. Mientras la reconsideración estaba pendiente, Merck interpuso un primer recurso de apelación, el cual fue desestimado por prematuro por otro panel de este Tribunal. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia resolvió la moción de reconsideración después de que se presentara la primera apelación, pero antes de recibir el mandato de este foro. La presentación de un recurso de apelación suspende los procedimientos en el tribunal de instancia respecto a la sentencia apelada. El tribunal de origen pierde jurisdicción sobre el asunto hasta que el tribunal apelativo remite el mandato correspondiente. Cualquier actuación del tribunal de instancia durante esta suspensión es nula. Dado que la denegatoria de la reconsideración ocurrió mientras la jurisdicción estaba suspendida, dicha actuación es nula. Por tanto, este Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el presente recurso, que se basa en una determinación nula. Se desestima la apelación por falta de jurisdicción.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los peticionarios en un recurso de Certiorari. Solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que pospuso la adjudicación de una moción de sentencia sumaria. La controversia subyacente es una demanda de cumplimiento específico de un fideicomiso, donde una hermana alega que su hermano, como fiduciario, no distribuyó los bienes en partes iguales según lo estipulado. Los peticionarios presentaron la moción de sentencia sumaria, a la cual la parte recurrida solicitó posponer su consideración para realizar descubrimiento de prueba. El Tribunal de Primera Instancia concedió tiempo para el descubrimiento y reservó su decisión sobre la sentencia sumaria. Los peticionarios recurrieron esta determinación, alegando abuso de discreción. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el auto de Certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de autoridad del tribunal para entender en los méritos del recurso en esta etapa procesal, de conformidad con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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Se trata de una Sentencia de un panel de jueces apelativo que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Los Apelantes recurrieron la desestimación total de su demanda de injunction y daños y perjuicios. Alegaron ser los creadores de la marca "Pet Friendly" y la frase "pet friendly" con significado secundario en Puerto Rico, sosteniendo su novedad y unicidad en la isla. Acusaron a los Apelados de usurpar o diluir su marca y frase mediante campañas publicitarias y eventos, además de apropiarse de ideas relacionadas con el concepto "Pets and the City" y una aplicación. El foro primario desestimó la demanda en su totalidad bajo la Regla 10.2(5) por alegada falta de exposición de una reclamación. Para sustentar la desestimación, el tribunal primario consideró evidencia externa presentada por los Apelados. El tribunal apelativo REVOCA parcialmente la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación laboral por despido injustificado. Ambas partes, el demandante Andrés Alexander Ocasio Soto y el demandado Autokirei, LLC h/n/c Autocentro Toyota, presentaron recursos de certiorari. Impugnaban una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus respectivas mociones de sentencia sumaria. Ambas partes argumentaron que no existía controversia de hechos sustanciales que justificara un juicio. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos debido a que impugnaban el mismo dictamen. La Resolución discute la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios para la sentencia sumaria. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó los recursos de certiorari presentados por ambas partes.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió los recursos de certiorari consolidados presentados por Andrés Alexander Ocasio Soto y Autokirei, LLC. Ambas partes impugnaron una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de reclamación laboral por despido injustificado. La resolución apelada denegó las mociones de sentencia sumaria presentadas por ambas partes y señaló la continuación de la conferencia con antelación al juicio. Los peticionarios argumentaron la inexistencia de una controversia real y sustancial de hechos que justificara un juicio. El Tribunal de Apelaciones revisó la actuación del foro primario bajo el estándar de abuso de discreción. Tras considerar los argumentos y el trámite procesal, el Tribunal de Apelaciones denegó los recursos de certiorari. Esto implica que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no dictar sentencia sumaria fue confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una solicitud de certiorari presentada por Puerto Rico Land & Fruit S. E. contra Aquasur Corporation. PRLF buscaba revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para desestimar la reconvención de Aquasur. PRLF argumentó que la reconvención debía desestimarse por falta de una parte indispensable, el US Fish and Wildlife Services, ya que la disputa de linderos involucra terrenos colindantes con propiedad federal. Alternativamente, solicitó la separación de la reconvención por tratarse de eventos distintos a la demanda original de daños. Aquasur se opuso, alegando que no se cumplían los criterios para el certiorari y que no había falta de parte indispensable en una reconvención dirigida solo contra PRLF. Aquasur también sostuvo que la separación iría en contra de la economía procesal. La disputa original de PRLF alegaba daños a reforestación por parte de Aquasur, mientras que la reconvención de Aquasur alegaba incursiones de PRLF en su propiedad y buscaba aclarar linderos. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, Ana Margarita Rodríguez Torres y Segundo Lugo Alequín, demandaron a COSVI y otros por lesiones sufridas en una caída en 2013. El caso fue archivado mientras la señora Rodríguez Torres recibía tratamiento del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Tras reabrir el caso en 2018, los demandados solicitaron la desestimación por prescripción. Argumentaron que el término prescriptivo de un año había vencido desde la finalidad de la resolución del CFSE en marzo de 2017. Los apelantes sostuvieron que el término debía contarse tras el período de 90 días para la subrogación del Administrador del CFSE. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio por estar prescrita. Los apelantes apelaron esta decisión, alegando error en la interpretación del término prescriptivo bajo la Ley de Compensaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la ley aplicable. Finalmente, el Tribunal confirmó la Sentencia apelada, validando la desestimación por prescripción.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, relativa a la solicitud de Oswald R. Sánchez Mercado para un permiso de portación de armas. El foro primario había desestimado la solicitud sin perjuicio, alegando el incumplimiento del apelante con requisitos específicos detallados en una orden previa. Estos requisitos incluían proveer razones personales para temer por su seguridad, detalles sobre su ocupación, certificaciones actualizadas, prueba sobre la radicación de planillas de ingresos por varios años y aclaración sobre una declaración jurada. El apelante presentó una moción alegando cumplimiento y luego solicitó reconsideración, pero el Tribunal de Primera Instancia mantuvo su desestimación. El apelante apeló, argumentando que la desestimación fue una sanción drástica y que su solicitud cumplía con los requisitos legales. El Tribunal de Apelaciones encontró error en la determinación del foro primario. En consecuencia, el tribunal apelativo revocó la desestimación. Ordenó la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia conforme a los requisitos de ley.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Axel Velázquez González. El Peticionario solicitó la revocación de una Minuta Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina que denegó su moción de supresión de evidencia en un caso por posesión de sustancias controladas. Velázquez González argumentó que el registro de su vehículo fue ilegal y que el testimonio del agente carecía de credibilidad, constituyendo un registro irrazonable. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista de supresión donde escuchó testigos y evaluó prueba documental, declarando No Ha Lugar la solicitud. Inconforme, el Peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto solicitado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una petición de Certiorari presentada por Solamar Management, LLC. Solamar, sucesor de Banco Popular de Puerto Rico, impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto la subasta de la finca 5,568. El caso original, iniciado en 2009 por Banco Popular, era una demanda de cobro de dinero y ejecución de garantías hipotecarias contra Carlos R. Fernández Rodríguez y varias corporaciones. La demanda se basaba en el incumplimiento de obligaciones relacionadas con varios pagarés hipotecarios comerciales. El proceso judicial se vio afectado por peticiones de quiebra presentadas por algunos de los demandados. El Tribunal de Apelaciones había expedido previamente el auto de certiorari solicitado por Solamar. Mediante esta sentencia, el tribunal revoca el dictamen del foro primario que había cancelado la subasta. La sentencia detalla los antecedentes del caso, incluyendo los pagarés y la descripción de la propiedad hipotecada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201801729. Las partes son Juan Carlos Peña Luguera como peticionario y el Departamento de Justicia y otros como recurridos. El caso, un certiorari sobre un injunction, proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El Tribunal de Apelaciones recibió un Aviso de Desestimiento presentado por la parte peticionaria, representada por la Oficina del Procurador General. En consecuencia, el Tribunal ordenó el archivo y cierre del caso. El desistimiento se efectuó con perjuicio, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue emitida el 17 de enero de 2019.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Ada Angélica García Medina. La peticionaria impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le impuso sanciones económicas a ella y a su anterior representación legal. Las sanciones fueron dictadas por incumplimiento con órdenes del tribunal en un caso de daños y perjuicios iniciado en 2010. El foro primario también concedió un último término para que la peticionaria anunciara nueva representación legal, bajo apercibimiento de desestimación con perjuicio. La controversia se centró en la dificultad de la peticionaria para mantener representación legal a lo largo del proceso. El tribunal de instancia consideró que la comparecencia de una abogada en una vista reciente fue meramente pro forma. Ante los señalamientos de error presentados por la peticionaria, el Tribunal de Apelaciones determinó no expedir el auto solicitado.

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Este documento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por José De Jesús Genao Cruz. Genao Cruz, convicto por asesinato y delitos de armas con sentencias confirmadas en apelación, solicitó anular sus condenas y obtener un nuevo juicio. Su petición se basó en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, alegando la existencia de un video y pruebas de ADN de la investigación original que, según él, podrían demostrar su inocencia y no fueron debidamente presentados. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar su moción bajo la Regla 192.1 sin celebrar vista. Genao Cruz recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el tribunal de instancia erró al desestimar su moción de plano. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario y la aplicación de la Regla 192.1, la cual permite desestimar una moción si los autos demuestran que el convicto no tiene derecho a remedio.

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El Tribunal de Apelaciones reconsidera una sentencia previa que desestimó un recurso por prematuro. Inicialmente, la desestimación se basó en la falta de evidencia en los autos originales de la publicación por edictos de la sentencia enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Posteriormente, la parte apelada, Firstbank, presentó prueba de que el edicto fue publicado el 19 de septiembre de 2018 y notificado el 4 de octubre de 2018. Habiéndose acreditado la notificación, el Tribunal determina que el término apelativo de treinta días comenzó a correr desde el 4 de octubre de 2018. Dado que el recurso de apelación fue presentado el 16 de noviembre de 2018, el término jurisdiccional ya había vencido. Por tanto, el Tribunal reconsidera su decisión anterior para establecer que la desestimación procede, pero por tardía, lo cual le priva de jurisdicción. Adicionalmente, el Tribunal sanciona a Firstbank con \$250 por su falta de diligencia en notificar oportunamente al TPI y al Tribunal de Apelaciones sobre la publicación y notificación del edicto.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones denegando un recurso de Certiorari presentado por el padre en un caso de divorcio. La controversia se centra en las relaciones paterno-filiales tras la autorización de traslado del menor a Texas con la madre. Las partes habían acordado un plan de verano alternando los meses de junio y julio entre los progenitores. El padre solicitó reconsideración para garantizarle el fin de semana del Día de los Padres. El Tribunal de Primera Instancia, al reconsiderar, modificó el acuerdo de verano. Dicha modificación asignó el mes de junio al padre y julio a la madre anualmente, con el fin expreso de asegurar el Día de los Padres para el padre. El padre recurrió esta modificación ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que la reconsideración alteraba sustancialmente el acuerdo original. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de Certiorari presentado por PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC. La Peticionaria solicitó la revisión de una Orden post-sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha orden denegó la solicitud de la Peticionaria para ejecutar la sentencia *in rem* de garantías hipotecarias de las cuales era acreedora. El caso original fue instado en 2009 por Banco Popular de Puerto Rico contra Carlos R. Fernández Rodríguez y otros por cobro de dinero y ejecución de hipotecas sobre préstamos comerciales. La Peticionaria es la actual acreedora de algunas de estas garantías hipotecarias. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de Certiorari solicitado. Tras examinar el recurso, el panel revocó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari. Emartino, Corp. solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha orden, emitida el 27 de noviembre de 2018, anuló una orden de lanzamiento previa en un caso de desahucio y cobro de dinero contra Beautec Express, Inc. El foro primario justificó la anulación indicando que la sentencia original no había sido notificada correctamente a Beautec Express, Inc. Consecuentemente, ordenó la re-notificación de la sentencia y la devolución temporal de la posesión a Beautec. Emartino, Corp. alegó que el TPI erró al anular el lanzamiento y ordenar la devolución de la posesión. El Tribunal de Apelaciones, mediante Resolución de 17 de enero de 2019, desestimó el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el recurso presentado.

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Este caso judicial se centra en una apelación contra una sentencia de desahucio entre ex cónyuges. La propiedad en disputa fue adjudicada en su totalidad a la señora Jennifer Thomassen Ceko mediante sentencia de divorcio en 2012, designándola como su hogar seguro. A pesar de la adjudicación, su ex esposo, el señor John L. Shapiro Torruellas, continuó ocupando el inmueble tras una autorización temporal en 2014. La señora Thomassen Ceko solicitó repetidamente el desalojo, pero el señor Shapiro Torruellas se negó, alegando ser el propietario y la existencia de un conflicto de título. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de desahucio, ordenando al señor Shapiro Torruellas a desalojar y desestimando su reconvención. El señor Shapiro Torruellas apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Firstbank of Puerto Rico. El banco impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió una solicitud de procedimiento de mediación a los recurridos: Restaurante Huellas Bar \& Grill, Inc., Rafael Cosme Alicea y Vanessa Negrón Cosme. El pleito original iniciado por Firstbank es sobre cobro de dinero, ejecución de prenda y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. La demanda se basa en el alegado incumplimiento de préstamos otorgados en 2015, garantizados con un pagaré hipotecario y una hipoteca sobre una propiedad, entre otras garantías. Los recurridos, al contestar la demanda, solicitaron mediación amparándose en leyes sobre prevención de ejecuciones de hipoteca de vivienda principal. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la solicitud de mediación. Firstbank acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar dicha determinación. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Firstbank.

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Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentada por Iris Figueroa Jiménez. La apelación busca revisar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia acogió una Moción de Desestimación Parcial de Puerto Rico Importing & Stevedoring Co. (PRISCO), el exempleador de la apelante. Como resultado, el TPI desestimó las causas de acción por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. El foro primario dictaminó que la apelante solo tendría derecho a reclamar la mesada bajo la Ley Núm. 80 si probaba que el despido fue injustificado. La señora Figueroa Jiménez demandó alegando despido injustificado y daños, tras ser cesanteada de su puesto original y, según ella, continuar bajo un contrato de servicios que luego fue afectado. PRISCO sostuvo que el despido fue justificado por eliminación de puesto y que el alegado contrato de servicios post-despido nunca se perfeccionó. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Sanus Corp. y Mayra Soto Goitía contra Rebecca Pérez Vilá y otros. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia resolvió una demanda por daños y perjuicios incoada por los apelados. La demanda alegaba actuaciones culposas y negligentes en el cuidado de la señora Isabel Fernández Isales en el centro "Como en su Casa", resultando en severos daños físicos y mentales. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda y condenó a los apelantes a pagar \$48,500.00. Tras evaluar el recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de Certiorari. La peticionaria, acusada de maltrato a persona de edad avanzada bajo el Artículo 127-A del Código Penal, impugnó la validez del estatuto por vaguedad. Alegó que la ley no definía adecuadamente la conducta prohibida, el concepto de "persona de edad avanzada" ni el de "daño". El Tribunal de Primera Instancia denegó su moción de desestimación, entendiendo que el estatuto sí proveía aviso claro y que la ley definía "persona de edad avanzada" como quien tiene 60 años o más. El Tribunal de Apelaciones revisó la doctrina de vaguedad aplicable a las leyes penales. Determinó que el Artículo 127-A del Código Penal no adolece de vaguedad. Concluyó que el lenguaje estatutario, junto con la intención legislativa, advierte claramente a una persona de inteligencia promedio sobre la conducta prohibida. Las acciones imputadas a la peticionaria, como agresión física y amenaza, caen dentro del alcance del delito. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.