Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 301)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por José Raúl Ferrer Morales. La petición buscaba revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Inicialmente, el tribunal reclasificó el recurso de apelación a certiorari. En respuesta a una moción urgente del peticionario, el tribunal ordenó la paralización de los procedimientos ante el TPI, incluyendo un desahucio. La parte recurrida, Fannie Mae, se opuso a esta orden y solicitó una prórroga para presentar su alegato. El tribunal denegó la oposición y la solicitud de prórroga de la recurrida. Tras vencer el término concedido a la recurrida, el panel discutió el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca entre Franklin Credit Management Corporation y Rafael Stella Ferrer y otros. El peticionario, Sr. Stella Ferrer, solicitó la revisión mediante certiorari de una orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una paralización de lanzamiento y reinstaló una orden de desahucio previa. El caso se originó con una demanda de Scotiabank contra el peticionario y la Sucesión de Norma Iris Gómez Tirado, cuya administración hipotecaria fue asumida posteriormente por Franklin Credit. Tras obtener sentencia y adjudicarse la propiedad en subasta, Franklin Credit solicitó la orden de lanzamiento. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente paralizó el desahucio, pero luego revocó esa decisión y reinstaló la orden de lanzamiento. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por el Sr. Stella Ferrer. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Se ordena la celebración de una vista evidenciaria en el Tribunal de Primera Instancia. Esta vista debe versar sobre la adecuada notificación a los miembros de la Sucesión de Norma Iris Gómez Tirado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, Rafael Ángel Remus Milán y otros, buscan la revocación de dicho dictamen. La sentencia apelada desestimó la demanda de los apelantes y declaró con lugar la reconvención de los apelados, Western Fuel Corporation y otros. La demanda original versaba sobre deslinde, reivindicación de una franja de terreno, devolución de bienes y daños relacionados con propiedades colindantes. Los apelados reconvinieron alegando que los apelantes ocupaban ilegalmente un predio en su finca. La controversia surge de la colindancia entre la propiedad de los apelantes y una finca con una estación de gasolina, previamente propiedad de los apelantes y adquirida por los apelados tras una ejecución hipotecaria. El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia sumaria basándose en determinaciones de hecho sobre la historia registral y las descripciones de las fincas. La sentencia desestimó la reclamación de los apelantes sobre una franja de 16.9617 m² y acogió la reconvención de los apelados sobre un predio de 192.183 m². El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la procedencia de esta decisión sumaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia consolidando dos recursos independientes. Las partes demandante y demandada solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de septiembre de 2018. Esta Resolución autorizó la ejecución de una Sentencia previa, dictada en enero de 2006. La Sentencia de 2006 aprobó una Estipulación Transaccional que puso fin a un litigio iniciado en 2001. El pleito original versaba sobre alegaciones de incumplimiento de contrato y fraude relacionados a un acuerdo de arrendamiento y opción de compra de terrenos en Peñuelas. El acuerdo transaccional incluyó la venta de una porción de terreno para un proyecto y estableció diversas obligaciones, incluyendo pagos. Más de diez años después, los demandados solicitaron la ejecución de la sentencia de 2006. Alegaron que los demandantes incumplieron con los pagos posteriores al inicial, a pesar de que el proyecto estaba operando. El TPI autorizó la ejecución, lo que motivó los recursos de apelación de ambas partes. El Tribunal de Apelaciones consolida los recursos por tratar el mismo dictamen y las mismas partes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos presentados por ambas partes en un litigio. Los recursos impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de septiembre de 2018. Dicha Resolución autorizó la ejecución de una Sentencia dictada en enero de 2006. La Sentencia de 2006 aprobó e incorporó una estipulación transaccional entre las partes para poner fin al pleito. El litigio original, iniciado en 2001, versaba sobre incumplimiento de contrato y fraude relacionado a un arrendamiento y opción de compra de terrenos en Peñuelas. El acuerdo transaccional incluyó la venta de una parcela para un proyecto de relleno sanitario y estableció obligaciones de pago. Los demandados solicitaron la ejecución en 2018 alegando el incumplimiento de pagos por parte de los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la ejecución tras más de diez años de la sentencia original. Esta decisión del foro primario es el objeto de las apelaciones consolidadas ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de incumplimiento de contrato y daños. La apelación fue presentada por Neris Rodríguez Battistini y su esposa contra Popular Securities, Inc. y COSSEC. El litigio se originó por \$200,000 depositados por Battistini en una cuenta de inversión, fondos provenientes de un plan de retiro de la Cooperativa Sabaneña. COSSEC intervino en el caso como síndico de la cooperativa, reclamando los fondos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria de los apelantes y ordenó la restitución de los \$200,000 a COSSEC. Dicho foro determinó que los apelantes actuaron de mala fe al retirar \$150,000 y ordenó el pago de intereses sobre esa suma. Además, desestimó la reclamación de los apelantes por el remanente de \$50,000 y ordenó entregar a COSSEC el dinero consignado por Popular Securities. El foro primario ordenó la continuación de los procedimientos para determinar la posible responsabilidad solidaria de Popular Securities. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Roberto Vega Ríos y Rosario Jardón Villaseñor. Este recurso provenía de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en el Tribunal de Primera Instancia. Los peticionarios solicitaron la recusación del juez de instancia, Miguel A. Deynes Vargas. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud de recusación, decisión que fue confirmada al denegarse una moción de reconsideración. Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones alegando error al no concederse la recusación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso a la luz de las reglas de procedimiento civil y los cánones de ética judicial sobre la inhibición de jueces. Se analizó el estándar legal que exige imparcialidad real y aparente en el juzgador. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no recusar al juez.

Resumen:

Este caso de apelación surge de una demanda de cobro de dinero presentada por Edgar Baucage García contra Hiram Enrique Luiggi Sánchez por \$300,000, que el demandante alegó era un préstamo. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda al no encontrar evidencia de un contrato de préstamo. El demandante solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el TPI. Inconforme, el señor Baucage apeló ante el Tribunal de Apelaciones. Este tribunal revisó la procedencia del recurso, enfocándose en el cumplimiento de los términos jurisdiccionales para apelar. Las reglas de procedimiento establecen un término fatal de 30 días para apelar una sentencia final o la resolución que deniega una reconsideración oportuna. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso de apelación fue presentado fuera del término jurisdiccional de 30 días. Concluyó que, al no cumplirse el término, carece de jurisdicción para entender en los méritos de la apelación. Por tanto, el recurso de apelación fue desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por Carmen Ramos Díaz y otros. El caso original incluía reclamaciones por despido injustificado, discrimen por edad y daños y perjuicios. La Sentencia Parcial apelada desestimó sumariamente la causa de acción por discrimen por edad. No obstante, ordenó la continuación de los procedimientos para las reclamaciones de despido injustificado y daños y perjuicios. La parte apelada había solicitado sentencia sumaria, argumentando que la cesantía se debió a una reorganización y al desempeño deficiente de la empleada. El Tribunal de Primera Instancia identificó hechos no controvertidos, incluyendo el historial disciplinario de la empleada y su conocimiento de la reorganización. Tras evaluar las posiciones de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada. Esto valida la desestimación de la reclamación por discrimen por edad.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Jason González González. El apelante recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó su solicitud de permiso para portar armas. El tribunal primario fundamentó su negativa en que el peticionario no logró probar un temor particular por su seguridad, requisito que consideró no satisfecho. El señor González González alegó varios errores del foro inferior, incluyendo la interpretación del requisito de temor y la base legal utilizada. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Tras su revisión, el panel confirmó el dictamen apelado. La sentencia ratifica la denegatoria del permiso de portación de armas al apelante. El documento también hace referencia a la facultad del Estado para regular la portación de armas y menciona requisitos generales de la Ley de Armas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de Certiorari presentada por Mini Warehouse. La peticionaria solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su segunda moción de sentencia sumaria. El caso original versa sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero, daños y perjuicios, y reivindicación de bienes muebles. El tribunal de instancia determinó que existían hechos esenciales en controversia que impedían resolver el caso sumariamente. Estas controversias incluían la existencia y los términos de un alegado nuevo acuerdo entre las partes y la naturaleza de un pago realizado. El tribunal de instancia concluyó que la resolución de estos hechos requería una vista evidenciaria. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de Certiorari. Esta decisión valida la determinación del tribunal de instancia de que el caso debe continuar para dilucidar los hechos disputados.

Resumen:

Este caso se origina en una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que modificó la pensión alimentaria. Tras la sentencia, el apelante presentó una moción de reconsideración ante el tribunal de origen. Dicho foro emitió una resolución que no resolvió definitivamente la reconsideración, indicando "Nada que disponer en este momento". Posteriormente, el apelante presentó este recurso de apelación mientras la moción de reconsideración aún estaba pendiente de resolución final. La normativa procesal establece que una moción de reconsideración oportuna interrumpe el término para apelar hasta que sea resuelta definitivamente por el tribunal de origen. Un recurso de apelación presentado antes de esa resolución definitiva es considerado prematuro. La presentación de un recurso prematuro priva al tribunal apelativo de jurisdicción. Por consiguiente, este Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso. El recurso de apelación es desestimado por falta de jurisdicción al ser prematuro.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite resolución en el caso KLCE201900001. La parte demandante, Ana M. Pérez Cuadrado y otros, presentó un recurso de certiorari. Buscaban la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La resolución recurrida, del 27 de noviembre de 2018, denegó una solicitud de recusación. Dicha solicitud pedía la recusación de la Jueza Superior Hon. Sarah Y. Rosado Morales. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios iniciada en 2013. La reclamación surge de alegada contaminación por desbordamiento de desperdicios sanitarios. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones determina denegar la expedición del auto de certiorari. Esta decisión valida la determinación del TPI de no apartar a la jueza del caso.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina un recurso de apelación presentado por Rosa Muñoz Martínez. La apelante solicita que se revoque una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Lorenzo. Dicha sentencia dio lugar a una demanda de Martín Vázquez Santiago contra Muñoz Martínez. La demanda original versaba sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero, reivindicación y daños y perjuicios relacionados con un alegado contrato de arrendamiento. Vázquez Santiago argumentó que Muñoz Martínez incumplió el contrato al permitir su expulsión por subarrendadores y dar por terminado el acuerdo. Muñoz Martínez negó la existencia de un contrato con Vázquez Santiago, alegando que arrendó la propiedad al jefe de este, y presentó una reconvención por daños. El foro primario falló a favor de Vázquez Santiago, ordenando pagos y la reivindicación de bienes por parte de los codemandados. Inconforme, Muñoz Martínez apeló la decisión, buscando que se desestime la demanda en su contra y se acoja su reconvención. La sentencia del Tribunal de Apelaciones detalla los antecedentes fácticos y procesales del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, examinó una petición de certiorari instada por Irving Espinel Rivera. El peticionario, confinado por infracciones a la Ley de Armas, impugnaba la duplicación de la pena impuesta por los artículos 5.04 y 5.15 de dicha ley, aplicada conforme al artículo 7.03. El Tribunal resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Se denegó la expedición del auto de certiorari. La petición fue presentada por derecho propio por el peticionario. Sus argumentos sobre la duplicación de la pena ya habían sido considerados y resueltos previamente por otro panel de este mismo Tribunal en un caso anterior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento contractual. El apelante, José E. Tavárez, solicitó la revisión de la decisión que declaró con lugar la demanda de Arnaldo García Padilla y desestimó su reconvención. El litigio surgió de un contrato para la construcción de una residencia, donde García Padilla actuaba como contratista y Tavárez como propietario. García Padilla demandó alegando que Tavárez incumplió el contrato al detener la obra y que le adeudaba por el trabajo ejecutado. Tavárez, por su parte, presentó una reconvención imputando negligencia al contratista por daños sufridos en la construcción. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de García Padilla, ordenando a Tavárez el pago de \$9,230.50 por labor y \$1,500 en honorarios de abogado. La sentencia de instancia detalló que existía un contrato de \$70,000, que el contratista completó satisfactoriamente varias etapas de la obra y que hubo conflictos entre las partes. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el Sr. Jafet De Jesús Nieves, apelante en un caso de despido injustificado contra su antiguo patrono, Pep Boys. El Sr. De Jesús Nieves solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que desestimó su querella. El foro primario había declarado con lugar una moción de sentencia sumaria presentada por Pep Boys. La sentencia de primera instancia concluyó que el despido del empleado estuvo justificado. La justificación se basó en un alegado patrón de violaciones a las normas de Pep Boys, específicamente la alteración fraudulenta de récords de asistencia de empleados. El empleado apeló, argumentando que los cambios realizados eran correctos y que existían controversias de hecho que impedían la sentencia sumaria. Tras evaluar los alegatos y el trasfondo procesal, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la sentencia apelada. La decisión implica que el caso no podía ser resuelto mediante sentencia sumaria y debe continuar.

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Una querella por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 fue presentada el 7 de diciembre de 2015 contra Caribbean Retail Ventures y All Ways 99. La parte apelante alegó haber sido despedida ilegal e injustificadamente el 11 de noviembre de 2015, tras haber comenzado a trabajar en 2006. Solicitó el pago de salarios, indemnización progresiva y honorarios de abogados. Las apeladas contestaron la querella negando las alegaciones y presentando defensas afirmativas, incluyendo la falta de causa de acción y la prescripción. El 11 de enero de 2016, la apelante presentó una querella enmendada. En esta, detalló problemas de salud que requirieron cirugía y un certificado médico con restricciones de peso. Alegó que, tras reincorporarse, no se le ofreció acomodo razonable, se le redujo la jornada y fue despedida poco después. Sostuvo que cumplía con la definición de "individuo cualificado" bajo estatutos aplicables.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre Centro Agropecuario de Cataño y el Municipio de Cataño. El Municipio apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre un interdicto posesorio e injunction permanente. El Tribunal de Apelaciones notó que el Municipio había presentado una Moción de Reconsideración ante el foro primario que no había sido resuelta. El Municipio confirmó la moción pendiente y solicitó archivar la apelación para que el Tribunal de Primera Instancia pudiera resolverla. El Tribunal de Apelaciones tiene el deber de verificar su jurisdicción antes de atender un recurso. Un recurso de apelación es prematuro si se presenta mientras una moción de reconsideración está pendiente ante el tribunal de primera instancia. La presentación de un recurso prematuro priva al tribunal apelativo de jurisdicción. Al carecer de jurisdicción para atender la apelación, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso.

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Un peticionario, Roberto Guerrios Rivera, presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Aunque la petición aludía a la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia, los argumentos y la súplica solicitaban realmente la remoción del juez de instancia y el traslado del caso. El Tribunal de Apelaciones constató que el asunto de la descalificación del juez no había sido objeto de consideración ni adjudicación por el Tribunal de Primera Instancia. La orden mencionada en la petición no guardaba relación con los planteamientos de remoción del juez. El foro apelativo no puede adjudicar controversias que no han sido llevadas previamente a la consideración del tribunal de primera instancia. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones determinó que no se había presentado una controversia sustancial que fuera revisable. Con base en estos fundamentos, el Tribunal desestimó la petición de certiorari.

Resumen:

El peticionario Juan Luis Cornier Torres enfrenta cargos por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y destrucción de pruebas. Tras determinarse causa probable para arresto en una vista bajo la Regla 6, la defensa solicitó acceso a las declaraciones juradas utilizadas en dicha vista. Estas declaraciones incluían testimonios de coautores o cooperadores. La solicitud de la defensa era para obtener las declaraciones *antes* de la vista preliminar, argumentando necesidad para una preparación adecuada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la entrega de las declaraciones juradas, aunque accedió a proveer otra prueba documental. Inconforme con esta determinación, el peticionario presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que la denegatoria violaba su derecho a la adecuada preparación de la defensa, al contrainterrogatorio y al debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Jesús Maldonado Rivera y otros, apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada desestimó su demanda de daños y perjuicios contra Supermercado Econo y su aseguradora. Los apelantes reclamaban indemnización por una fractura de cadera sufrida por el Sr. Maldonado tras una caída en el supermercado en diciembre de 2014, alegando negligencia por piso mojado. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la fractura de cadera fue causada por una caída posterior en la residencia del Sr. Maldonado en marzo de 2015. Por tanto, el foro primario concluyó que no existía relación causal entre la caída en el supermercado y los daños reclamados, desestimando la demanda. El Tribunal de Apelaciones evaluó los méritos del recurso y las posiciones de las partes. Finalmente, el panel resolvió confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que se mantiene la desestimación de la demanda de daños y perjuicios.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Tierrazo Corp. y otros. Los peticionarios solicitan dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha determinación, emitida el 6 de febrero de 2018, denegó su solicitud urgente de paralización y archivo del caso. El pleito original, iniciado en 2010 por Banco Popular (luego cedido a PR Asset Portfolio), versaba sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. En 2013, se dictó sentencia sumaria parcial contra los peticionarios, la cual advino final y firme tras apelaciones infructuosas. Intentos posteriores de los peticionarios para anular la sentencia o paralizar el caso, incluyendo una quiebra desestimada, no prosperaron. La moción denegada se basaba en la pendencia de un pleito de clase federal. La parte recurrida se opuso, alegando que el caso ya había concluido y ejecutado. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801358. Los peticionarios, José Quiñones Aponte y María Milagros Curet Carlo, recurren en *certiorari* contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución denegó su solicitud de reconsideración de un dictamen previo. El dictamen original del TPI había declarado No Ha Lugar una moción de ejecución y aseguramiento de sentencia presentada por los peticionarios. La sentencia en cuestión acogió una estipulación transaccional que puso fin a un pleito por incumplimiento de contrato contra High Tower Investments Corp. Los peticionarios alegaron incumplimiento de la estipulación y solicitaron embargo y desalojo. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como *certiorari*. No obstante, procede a desestimar el auto. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Las peticionarias impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre declaración de incapacidad y nombramiento de tutor. Previamente, las peticionarias habían solicitado aclaración de dicha resolución al foro primario. El Tribunal de Apelaciones había emitido una sentencia en un caso anterior relacionado con el mismo asunto subyacente. Tras presentar el certiorari, las peticionarias informaron que el Tribunal de Primera Instancia había emitido una orden aclarando su resolución impugnada. Este desarrollo procesal llevó al Tribunal de Apelaciones a reexaminar su jurisdicción. Considerando el trámite procesal, incluyendo la orden de aclaración del foro primario, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto sus órdenes previas. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emitió una Resolución el 24 de enero de 2019. Esta resolución se refiere a una Solicitud de Certiorari instada en el caso KLCE201801486. El caso subyacente es un procedimiento de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Las partes involucradas son Fannie Mae, como recurrida, y la parte solicitante del certiorari. El tribunal examinó tanto la solicitud de certiorari presentada el 24 de octubre de 2018 como la oposición a su expedición del 21 de noviembre de 2018. Tras la revisión, el panel de jueces decidió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. La resolución fue notificada a las partes. El panel estuvo integrado por los jueces Vizcarrondo Irizarry, Romero García y Torres Ramírez, siendo la jueza ponente Romero García. La decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Se revisa la apelación presentada por Rafael Rosario Cruz contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra Mueblería Berrios. El señor Rosario Cruz alegó incumplimiento de contrato, hostigamiento y daño a su crédito por supuestos intentos de cobro de una nevera que consideraba pagada. El tribunal de instancia determinó que la venta fue catalogada como en efectivo por Mueblería Berrios, sin abrir un expediente de crédito al demandante. Se estableció que el financiamiento parcial fue a través de una entidad independiente (GE Capital Retail Bank), no por Mueblería Berrios. La prueba demostró que Mueblería Berrios no otorgó crédito interno, no reportó deuda a agencias de crédito ni realizó gestiones de cobro u hostigamiento contra el señor Rosario Cruz. El apelante tampoco presentó evidencia creíble de daño a su crédito. Por estos fundamentos, el panel confirma la Sentencia apelada que declaró no ha lugar la demanda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Peter John Porrata Ortiz. El apelante impugna la determinación del Tribunal de Primera Instancia que acogió una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por Scotiabank de Puerto Rico. Scotiabank reclamó el incumplimiento de un pagaré hipotecario, adeudándose un balance de principal, intereses y otros cargos. El apelante admitió la deuda pero planteó varias defensas afirmativas, incluyendo prescripción. Scotiabank presentó una moción de sentencia sumaria, la cual el apelante no contestó a pesar de recibir varias prórrogas. El foro primario dictó sentencia sumaria a favor de Scotiabank, ordenando el pago de las cantidades reclamadas. Tras revisar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Bayamón. El Municipio impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue incoada por Marie M. González Rivera y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) tras una caída en un estacionamiento municipal. El Municipio argumentó que la reclamación en su contra debía desestimarse por incumplimiento del requisito de notificación de noventa días de la Ley de Municipios Autónomos. Los demandantes, en subrogación bajo la Ley Núm. 45, sostuvieron que el término de notificación se suspendía. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Revocó el dictamen recurrido del foro primario. Consecuentemente, desestimó la reclamación sobre daños y perjuicios presentada en contra del Municipio de Bayamón y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos restantes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico detalla el historial procesal de un caso iniciado por RFR Builders, Inc. contra PDSI, Inc. y FirstBank Puerto Rico. RFR demandó por incumplimiento de contrato, cobro de dinero, daños y otras causas de acción relacionadas con un proyecto de construcción. RFR solicitó un embargo preventivo, el cual fue inicialmente denegado por el Tribunal de Primera Instancia. RFR apeló esta decisión mediante Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones ordenó el depósito de los fondos de las ventas de unidades del proyecto y posteriormente revocó al foro primario, ordenando el embargo preventivo solicitado por RFR. Paralelamente, PDSI y FirstBank iniciaron un caso separado de ejecución de hipoteca sobre la propiedad del proyecto. PR Triangle Limited Liability Company adquirió el préstamo de FirstBank y se subrogó en la posición de este en el caso de ejecución. El documento establece el contexto de las controversias y las acciones judiciales previas a la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Roberto Manuel Cacho Pérez y Margarita Cambó Saavedra. Los peticionarios solicitan revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de retracto de crédito litigioso. El caso original es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca donde se dictó Sentencia Sumaria contra los peticionarios en febrero de 2010. Esta sentencia de ejecución de hipoteca advino final y firme en agosto de 2010. Posteriormente, en agosto de 2017, Scotiabank cedió el crédito a Franklin Credit Management Corporation. Los peticionarios solicitaron el retracto alegando que el crédito era litigioso al momento de la cesión. El Tribunal de Primera Instancia denegó el retracto, argumentando que la sentencia de 2010 era final y firme antes de la cesión de 2017, por lo que el crédito ya no era litigioso. Tras examinar el recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto solicitado. Esto confirma la determinación del foro de instancia de que no procedía el retracto de crédito litigioso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, emitió una resolución el 24 de enero de 2019. La resolución atiende un recurso de certiorari presentado por El Pueblo de Puerto Rico contra Javier T. Flores Vega. El caso procede del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, bajo el número JIS2018G0009, relacionado con el Artículo 133-A del Código Penal. El Tribunal de Apelaciones, integrado por las Juezas Coll Marti y los Jueces Flores García y Rivera Torres, examinó el recurso sometido. La resolución dispone que el recurso de certiorari es declarado "no ha lugar". Esta determinación se fundamenta en la jurisprudencia establecida en *Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016)* y en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La resolución fue acordada por el Tribunal y certificada por la Secretaria.

Resumen:

RFR Builders, Inc. demandó a PDSI, Inc. y FirstBank Puerto Rico por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños relacionados con un contrato de construcción. RFR solicitó un embargo preventivo, el cual fue denegado inicialmente por el Tribunal de Primera Instancia. RFR apeló esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones ordenó el depósito de los fondos producto de la venta de unidades del proyecto y posteriormente revocó al foro primario, ordenando el embargo preventivo solicitado por RFR. A pesar de una moción de reconsideración denegada, se reiteró la orden de depositar los fondos restantes. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a PDSI y FirstBank depositar más de \$5 millones. Paralelamente, PDSI y FirstBank iniciaron un caso de ejecución de hipoteca sobre la propiedad del proyecto, obteniendo una sentencia por estipulación. En el caso original, RFR obtuvo una orden de aseguramiento de sentencia. PR Triangle LLC adquirió el préstamo de FirstBank y se subrogó en el caso de ejecución hipotecaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60, iniciado por Los Nuevos Gallitos de Isabela contra PRTS, Inc. y Roberto Roca Buigas. La disputa se relaciona con un alegado incumplimiento de pago por una transacción de jugador de baloncesto. En el Tribunal de Primera Instancia (TPI), los demandados presentaron una moción de desestimación por falta de jurisdicción, argumentando que el foro administrativo era el adecuado. El TPI denegó dicha moción, resolviendo que la controversia era de estricto derecho y el remedio administrativo inútil. Los demandados recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari, alegando error del TPI al determinar el agotamiento de remedios administrativos. Adicionalmente, solicitaron una Moción en Auxilio de Jurisdicción para paralizar la vista señalada en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado. Consecuentemente, también declara No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte recurrente.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El peticionario, Agustín Crespo Rivera, recurrió la denegatoria de su Nueva Solicitud de Sentencia Sumaria por parte del Tribunal de Primera Instancia (TPI). JDH Construction Group Corp. demandó al señor Crespo por trabajos de construcción impagados en varios proyectos. El señor Crespo se defendió alegando que contrató a través de corporaciones y no era personalmente responsable de las deudas. El TPI había denegado una moción previa de sentencia sumaria, identificando controversias sobre la relación de Crespo con una entidad corporativa. El Tribunal de Apelaciones concedió el recurso de Certiorari. Procedió a revocar la Resolución del TPI que denegó la nueva solicitud. Finalmente, ordenó la devolución del caso al TPI para que cumpliera con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación de Edwin Radamés Castillo Castillo. El señor Castillo apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo que lo condenó a 50 años de reclusión. La condena se basó en un veredicto de culpabilidad por infracciones a la Ley 246 (Maltrato de Menores) y al Código Penal (Agresión Sexual). El apelante argumentó que la prueba desfilada en el juicio no probó los cargos más allá de duda razonable. Cuestionó la credibilidad del testimonio de la menor víctima y la ausencia de prueba corroborativa. El Estado, por su parte, sostuvo que no se cometió error. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los argumentos presentados por ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Un panel judicial consideró un recurso de certiorari presentado por la licenciada Haydee Calderón Muñoz. La abogada solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordenó presentar un pleito independiente para el cobro de sus honorarios. La licenciada Calderón representó a un menor y sus padres en un pleito de daños contra el Estado, obteniendo una sentencia favorable. Tras la consignación de pagos por parte del Estado, la abogada pidió al TPI que ordenara el desembolso del 25% de los fondos consignados para cubrir sus honorarios pactados, ya que los clientes se negaban a autorizar el pago. Luego de varias gestiones, el TPI denegó su solicitud de pago directo de los fondos consignados. El TPI determinó que la abogada debía incoar una acción separada para reclamar sus honorarios. Habiendo examinado el recurso y el derecho aplicable, el panel judicial acordó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por la licenciada Calderón.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Emanuel Boscana Rivera. El peticionario buscaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su solicitud para una reducción del 25% de la pena impuesta. El señor Boscana fue sentenciado a ocho años de reclusión concurrentes por actos lascivos, pena impuesta tras un preacuerdo de culpabilidad. Solicitó la reducción alegando circunstancias atenuantes basadas en su rehabilitación y el principio de favorabilidad. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el derecho aplicable, concluyendo que no procedía la expedición del auto conforme a los criterios establecidos.

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Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Asociación de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado, en representación de Dillian M. Rivera Álvarez, apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La reclamación original buscaba el pago de \$46,560 por alegados pasos por méritos no cobrados. La Asociación argumentó que el derecho a estos aumentos salariales provenía de una estipulación judicial de 2004 y formaba parte del contrato de empleo. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) negó la vigencia de la estipulación y sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción. La CFSE alegó que la jurisdicción primaria correspondía a foros administrativos como la CASP o la JACFSE. Además, la CFSE señaló que la señora Rivera Álvarez ya había presentado una querella por el mismo remedio ante la JACFSE, la cual fue desestimada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella por falta de jurisdicción, ordenando agotar los remedios administrativos. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del foro primario. La confirmación se basa en los fundamentos expuestos, principalmente la falta de agotamiento de los remedios administrativos.

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Premier Computer, Inc. demandó al Municipio de San Juan por incumplimiento de contrato y cobro de dinero, reclamando $6.2 millones por servicios de facturación y cobro. El Municipio contrademandó a Premier, inicialmente por $6.1 millones y luego por $12 millones, alegando daños por servicios deficientes. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes intercambiar prueba documental y listas de testigos. Durante una conferencia inicial, se discutió la necesidad del Municipio de obtener datos de planes médicos para sustentar su reconvención. El tribunal ordenó a las partes presentar un plan de descubrimiento de prueba para evitar periodos de inactividad. Las partes acordaron un plan que incluía interrogatorios, requerimientos de documentos y deposiciones. Premier solicitó al tribunal que ordenara al Municipio producir el desglose de una auditoría mencionada en su reconvención. El Municipio se opuso, indicando que dicho desglose no existía como documento único, sino que se basaba en análisis de datos. La resolución del Tribunal de Apelaciones revisa este historial procesal, centrado en las disputas sobre el descubrimiento de prueba relacionado con la reconvención del Municipio.

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Los señores Jorge Juan y Gerardo Vélez Gutiérrez apelaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de sentencia declaratoria contra Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). Los demandantes buscaban que se declarara que BPPR estaba impedido de iniciar nuevas acciones de cobro o ejecución hipotecaria sobre un pagaré hipotecario. Argumentaban que BPPR había desistido dos veces previamente de demandas similares contra la sucesión de su tía, la deudora original. BPPR solicitó la desestimación alegando que los demandantes carecían de legitimación activa, pues la reclamación correspondía a las sucesiones y no a ellos en carácter personal, y que las sucesiones no fueron debidamente incluidas. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación, concluyendo que los demandantes comparecieron individualmente sin incluir debidamente a las sucesiones. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la determinación del TPI. Se ordena al Tribunal de Primera Instancia permitir que los demandantes enmienden su demanda para incluir a la sucesión como parte.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, emite una Resolución en el caso de Certiorari instado por Cooperativa de Viviendas Los Robles contra América Pérez Hernández. La petición buscaba la revisión de dos órdenes del Tribunal de Primera Instancia relacionadas con objeciones al descubrimiento de prueba, específicamente sobre supuestos privilegios evidenciarios. El caso subyacente trata sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero, daños y perjuicios, despido injustificado y represalias. Tras examinar la petición y el alegato de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria. También se denegó la solicitud de paralización contenida en el recurso. El tribunal observó que un tema referente a los privilegios evidenciarios planteados por la peticionaria está siendo revisado por otro panel en un caso distinto. La decisión se fundamenta en las reglas de procedimiento civil y el reglamento del tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201600760. Roberto Piñeiro Colón apeló una sentencia de culpabilidad emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Fue hallado culpable por tribunal de derecho de apropiación ilegal agravada, escalamiento agravado y dos cargos de abandono de animal. Los cargos se relacionan con hechos ocurridos en abril de 2015, donde se le imputó penetrar una residencia, apropiarse de bienes incluyendo dos perros, y luego abandonarlos. El apelante solicitó la revocación de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Se confirma el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, la Sentencia es modificada a tenor con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.