Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 300)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Eileen Castro Torres contra el College Entrance Examination Board (CEEB). La Sra. Castro demandó a CEEB en el foro primario por despido injustificado y discrimen laboral. El recurso buscaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de la peticionaria para anunciar prueba pericial. El Tribunal de Apelaciones consideró el historial del caso, incluyendo las alegaciones y el proceso de descubrimiento de prueba. Se menciona una solicitud conjunta para extender el término de descubrimiento, la cual fue concedida por el foro primario. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari. La sentencia REVOCÓ el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que la decisión de denegar la prueba pericial fue revertida por el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Comerio. La apelante, Carmen I. Colón Rivera, demandó a sus vecinos por construir un camino en su propiedad, alegando tercería registral, negatoria de servidumbre, usurpación y daños. Los demandados reconvinieron, reclamando un derecho de paso por la finca de la demandante. Tras el retiro de la abogada de la apelante por falta de comunicación, el tribunal de instancia ordenó a la demandante anunciar nueva representación legal en dos ocasiones. Ante el incumplimiento de estas órdenes, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de la apelante conforme a la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. La apelante recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, determina revocar la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación en un caso de injunction y daños. El apelante impugnó una determinación del Tribunal de Primera Instancia, pero no incluyó el apéndice requerido ni copia del dictamen apelado. El Tribunal de Apelaciones concedió varios términos para que el apelante perfeccionara su recurso, presentando los documentos faltantes. A pesar de las oportunidades, el apelante no cumplió con los requisitos reglamentarios. Incluso solicitó una dispensa del apéndice sin ofrecer una razón justificada. La Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige la inclusión de un apéndice con documentos clave para la revisión. Al no presentar los documentos necesarios, el apelante no colocó al Tribunal en posición de revisar la determinación recurrida. Por consiguiente, el recurso de apelación fue desestimado por incumplimiento de los requisitos procesales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Myriam Irizarry Rivera. La peticionaria impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró "No Ha Lugar" su solicitud de desestimación por caducidad. El caso original fue incoado por Luis E. Mercado Cintrón para impugnar la paternidad del menor LEMI. Mercado Cintrón alegó haber descubierto recientemente que el menor, inscrito como hijo de ambos, no era su hijo biológico. Irizarry Rivera argumentó que la acción estaba prescrita, pues el demandante conocía la situación con anterioridad. El Tribunal de Apelaciones solicitó a las partes información, incluyendo si se había designado un defensor judicial para el menor, lo cual no ocurrió. Mercado Cintrón se opuso a la desestimación, citando dificultades procesales y el mejor interés del menor. Tras recibir los escritos y apéndices, el Tribunal de Apelaciones consideró el recurso perfeccionado para emitir su decisión sobre la procedencia del certiorari.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha resolución concedió a David Meléndez Rivera el beneficio de un desvío bajo el Artículo 3.6 de la Ley 54 (Violencia Doméstica). Meléndez Rivera había sido declarado culpable por un jurado de violar los Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 por hechos de violencia física y amenaza contra su cónyuge. En la vista de sentencia, la técnica sociopenal no recomendó el desvío, indicando que el acusado no aceptaba los hechos y los minimizaba. El Ministerio Público objetó el desvío y solicitó una vista de impugnación del informe. A pesar de la objeción y la recomendación, el foro primario concedió el desvío por un año y denegó la inclusión del acusado en el listado de agresores. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari. Decidió expedir el recurso y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a su dictamen.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Waldemar Villarubia Méndez contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y otros. El caso original era una demanda por daños y perjuicios presentada por el Sr. Villarubia contra su patrono, la Autoridad. El demandante alegó haber sufrido daños por incidentes con confinados bajo su supervisión y la inacción de la Autoridad. La Autoridad solicitó la desestimación del caso invocando la doctrina de inmunidad patronal, al estar cubierta por el Fondo del Seguro del Estado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en su totalidad, aplicando dicha doctrina. El Sr. Villarubia apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del foro primario. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones decide modificar parcialmente la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Rafael A. Fuenmayor González. El apelante solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda de incumplimiento de contrato y cobro de dinero incoada por Crossfit Puerto Rico Corp. La demanda original fue contra Ávila Crossfit, Corp., por incumplimiento de un contrato de subarrendamiento y falta de pago de cánones. Crossfit enmendó la demanda para incluir a Fuenmayor personalmente, alegando su responsabilidad solidaria como garantizador. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia parcial contra Ávila por la deuda y posteriormente encontró a Fuenmayor solidariamente responsable. Se le impuso a Fuenmayor el pago de \$22,600, recargos, intereses y costas. Fuenmayor apeló, argumentando que no firmó el contrato en carácter personal ni era solidariamente responsable. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación. Las apelantes, hijas del fenecido Dr. Víctor A. Marcial Burgos, recurren la desestimación sumaria de su demanda por persecución maliciosa, difamación y daños y perjuicios contra la apelada, viuda del doctor. Las apelantes alegaron que la apelada inició un patrón de persecución tras la separación de su padre. Esto incluyó una petición de remedios protectores bajo la Ley Núm. 121 con imputaciones falsas, la cual fue denegada por el tribunal. También alegaron que la apelada buscó declarar incapaz a su padre y ser nombrada tutora. Tras el fallecimiento del doctor, las apelantes sostuvieron que la apelada instigó maliciosamente a las autoridades para investigarlas y acusarlas criminalmente de su muerte, basándose en falsas acusaciones. Aunque se inició una investigación criminal, esta fue archivada por la Fiscalía. Las apelantes reclamaron haber sufrido angustias y sufrimientos mentales como resultado de estas acciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la demanda, considerando insuficientes las alegaciones para imputar responsabilidad. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora dicha determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una apelación de Ezequiel Díaz Vicente contra la desestimación de su recurso de Mandamus. El señor Díaz Vicente buscaba compeler a la Policía a finalizar una investigación sobre un cheque robado. El tribunal de primera instancia desestimó su caso sin perjuicio por no corregir deficiencias en un término de 3 días. En apelación, el señor Díaz Vicente argumentó que este término era insuficiente, especialmente por estar confinado y comparecer por derecho propio. Aunque el tribunal apelativo coincidió en que el término de 3 días era probablemente difícil para una persona confinada, determinó que carecía de jurisdicción para atender la apelación. El apelado, el Pueblo de Puerto Rico, argumentó que el apelante no notificó debidamente la apelación, no pagó los aranceles ni incluyó documentos esenciales. El Tribunal enfatizó que cumplir con los requisitos jurisdiccionales, como la notificación oportuna, es fundamental e improrrogable. El incumplimiento de estos mandatos procesales privó al tribunal de autoridad para conocer el caso. Por lo tanto, la apelación fue desestimada únicamente por falta de jurisdicción.

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Se trata de un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones presentado por Miramar Group, LLC contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de intervención en un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Durante la tramitación del recurso, la parte recurrida original, Alpha Capital Solutions LLC, cedió su interés en el litigio a Miramar Lote 607, LLC. Alpha Capital Solutions LLC y Miramar Lote 607, LLC presentaron conjuntamente una moción solicitando la sustitución de parte. Posteriormente, Miramar Lote 607, LLC y la peticionaria, Miramar Group, LLC, informaron haber llegado a un acuerdo transaccional. Como resultado de este acuerdo, ambas partes solicitaron conjuntamente el desistimiento voluntario del recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar la moción de sustitución de parte, quedando Miramar Lote 607, LLC como demandante en el pleito original. En atención a la sustitución y la solicitud de desistimiento, el Tribunal ordenó el archivo con perjuicio del recurso de certiorari. Consecuentemente, se dispuso la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. Los peticionarios, incluyendo a Manuel Natal Albelo y varias uniones, presentaron una demanda en el Tribunal de Primera Instancia solicitando sentencia declaratoria e injunction permanente contra leyes relacionadas con COFINA. El foro primario refirió el caso a una sala civil ordinaria por no solicitarse un injunction preliminar. Los peticionarios recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Mientras el recurso de certiorari estaba pendiente, la Junta de Supervisión y Administración Financiera solicitó la remoción del pleito subyacente al Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia decretó el archivo del caso estatal tras la remoción. Conforme a la ley federal, la jurisdicción del tribunal estatal cesa una vez se notifica la remoción al foro federal. Por consiguiente, la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones sobre el certiorari también cesa. El recurso de certiorari se torna académico y no puede ser adjudicado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reivindicación y sentencia declaratoria. Las apeladas, hijas de José Dolores Ortiz Cintrón, demandaron a su hermano, José Manuel Ortiz Camacho, y otros familiares, reclamando la titularidad de una propiedad donada por su padre. Los apelantes residían en una estructura construida en los altos de dicha propiedad. Las apeladas solicitaron el desalojo de los apelantes, argumentando que la donación de otra propiedad al hermano implicaba su mudanza. Los apelantes se opusieron, alegando haber construido la estructura con consentimiento y haber adquirido derechos sobre ella por prescripción adquisitiva tras más de 35 años de posesión. También cuestionaron la validez de la donación a las apeladas respecto a la superficie. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de las apeladas. Los apelantes recurrieron de esa determinación ante el Tribunal de Apelaciones. La sentencia detalla el trasfondo fáctico y procesal que llevó a la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. Las demandantes reclamaron indemnización por el fallecimiento de su madre tras un procedimiento realizado por la Dra. Bárbara Rosado Carrión. La parte demandada negó responsabilidad y alegó limitación de la misma a $150,000 bajo la Ley de Centros Médicos Académicos Regionales. Presentaron una moción de sentencia sumaria parcial en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) solicitando esta limitación. El TPI denegó la moción, resolviendo que no cumplía con los requisitos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil para dictar sentencia. La parte demandada recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones examina la apelación contra la resolución del TPI que denegó la moción de sentencia sumaria parcial.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando una solicitud de certiorari. La peticionaria impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia emitida en un pleito de divorcio. La controversia principal se relaciona con la solicitud de la madre, quien tiene la custodia, para relocalizar a los hijos menores fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. El padre, inicialmente conforme, se retractó de su consentimiento a la relocalización en corte abierta. Ante la ausencia de acuerdo, el Tribunal de Primera Instancia requirió a la peticionaria presentar prueba detallada y ordenó un estudio social para evaluar el mejor interés de los menores. La orden recurrida, entre otros aspectos, solicitó información sobre un perito y ofertas de empleo de la madre. La peticionaria acudió directamente al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras examinar las contenciones y el récord, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio entre Alicia Rodríguez y Walter Rodríguez Cruz. El recurso de certiorari fue presentado por el Sr. Rodríguez Cruz para revisar una Resolución sobre Cambio de Custodia Provisional. La custodia del menor hijo de las partes ha sido objeto de múltiples órdenes provisionales a lo largo del proceso judicial. Inicialmente otorgada a la madre, la custodia provisional fue concedida al padre en diciembre de 2017 tras la madre abandonar la jurisdicción con el menor. Esta custodia provisional a favor del padre fue ratificada por el foro primario en junio de 2018. En octubre de 2018, la madre solicitó urgentemente la custodia provisional alegando que el padre puso en riesgo al menor durante un incidente de balacera. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución ordenando al padre entregar provisionalmente la custodia a la madre. El padre impugnó esta última orden ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ la Resolución recurrida que ordenaba el cambio de custodia provisional a favor de la madre.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en Carolina. El caso subyacente trata sobre una reclamación de daños y perjuicios por negligencia relacionada con una lesión sufrida por una menor en Adventureland PR en julio de 2015. Una demanda inicial presentada en julio de 2016 fue desestimada sin perjuicio en febrero de 2017 después de que la demandada Iglesia Concilio Misión Cristiana Fuente de Agua Viva argumentara que la entidad nombrada era inexistente. El intento de los apelantes de reconsiderar y enmendar la demanda para nombrar a la Iglesia fue denegado en mayo de 2017. Una nueva demanda fue presentada en septiembre de 2017, nombrando directamente a las entidades de la Iglesia como demandadas. La sentencia parcial apelada, emitida en octubre de 2018, desestimó las reclamaciones de los demandantes adultos (los padres y la sociedad legal de gananciales) por motivos de prescripción. El documento detalla el historial procesal del caso que llevó a esta apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Las peticionarias, Estrella María López Castells y otras, solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha resolución, emitida el 17 de abril de 2018, descalificó al Lcdo. Javier Rivera Longchamps como representante legal de las peticionarias. La descalificación fue solicitada por la recurrida, Alma Nydia López Ortiz, en un caso sobre liquidación de comunidad de bienes. La recurrida argumentó que el Lcdo. Rivera había sido identificado por las peticionarias como posible perito, lo que, a su juicio, contravenía el Canon 22 de Ética Profesional. Las peticionarias se opusieron, alegando que el abogado no testificaría en el caso actual. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario de descalificar al abogado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por All Solar Energy, Inc. y Raymond De Jesús Rosado. Los apelantes buscan revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia anotó la rebeldía de los apelantes y declaró Con Lugar una Petición para Hacer Cumplir Orden de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), ahora Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La OEPPE había solicitado al tribunal que obligara a los apelantes a producir documentos. Esta solicitud surgió de una investigación iniciada tras un referido sobre posibles violaciones al Reglamento 7796. Los apelantes se negaron a entregar la información requerida, alegando que el reglamento no aplicaba a los sistemas instalados. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la producción de los documentos. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la sentencia apelada.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los padres de Naiomi Y. Acevedo Vargas, fallecida en 2013, en un caso de daños y perjuicios. Apelan una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio la demanda contra el doctor Juan C. Ortiz Santiago. La desestimación se basó en la defensa de prescripción planteada por el doctor Ortiz. El doctor Ortiz argumentó que la demanda enmendada para incluirlo se presentó fuera del término prescriptivo de un año. Los apelantes se opusieron, alegando que el término prescriptivo comenzó a correr bajo la teoría cognoscitiva del daño, desde que su perito identificó la posible negligencia del doctor Ortiz en julio de 2015. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa de prescripción y desestimó la acción contra el doctor Ortiz. Tras examinar los alegatos, el Tribunal de Apelaciones determina revocar la Sentencia parcial apelada. Esto implica que la desestimación de la demanda contra el doctor Ortiz por prescripción queda sin efecto.

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Gerson Santiago Torres solicitó remedios relacionados con las sentencias dictadas en su contra en 2009 por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. El Tribunal de Apelaciones denegó su petición. El tribunal determinó que los reclamos presentados ya habían sido atendidos y resueltos en dictámenes anteriores. En 2011, este foro confirmó sus sentencias de 104 años de prisión en el caso KLCE200901034, tras considerar los mismos errores y argumentos ahora reiterados. Más recientemente, en 2018, otro panel denegó una petición de certiorari (KLCE201801356) que buscaba revisar una orden del tribunal de instancia sobre la revisión de sentencias, concluyendo que los asuntos ya habían sido decididos en la apelación de 2011. El tribunal enfatizó que el peticionario no puede reiterar los mismos reclamos repetidamente. Por tanto, se denegó la expedición del auto solicitado al duplicar asuntos ya considerados y dispuestos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por la Sucesión de Ismael H. Herrero. La Sucesión Herrero solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero de 2009 relacionada con la liquidación de la participación de un socio en un bufete y el pago de honorarios. La demanda original fue contra una Sociedad que no compareció al caso. Una Corporación compareció voluntariamente alegando ser sucesora de la Sociedad. Previamente, se dictó una Sentencia Sumaria Parcial a favor de la Sucesión Herrero contra la Sociedad, la cual fue confirmada en apelación. La Sucesión Herrero solicitó la anotación de rebeldía de la Sociedad y cuestionó la legitimación activa de la Corporación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Juan A. Sánchez Rivoleda apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. Sánchez Rivoleda, abogado, reclamaba a Alejandro Pizarro Viera y Griselle Febres Cruz el pago de servicios profesionales por al menos $12,500 relacionados con una propiedad. Los demandados negaron haber contratado sus servicios, alegando que actuó sin mandato o de forma gratuita. También afirmaron que Sánchez Rivoleda cobró rentas de la propiedad sin rendir cuentas. Ambos demandados presentaron reconvenciones reclamando al menos $11,700 por las rentas cobradas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Sánchez Rivoleda por falta de madurez y de parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Richard David Hernández Godreau contra Citibank, N.A. El peticionario solicitó la revisión de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegaron su Moción de Relevo de Sentencia y su reconsideración. El caso subyacente es una ejecución de hipoteca instada por Citibank debido al incumplimiento del peticionario en un préstamo hipotecario de 2005. Citibank presentó la demanda en 2012, y el TPI dictó sentencia en rebeldía en 2013 al no contestar el peticionario. La sentencia ordenó el pago de la deuda y la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. Tras años de trámites procesales, el peticionario presentó la moción de relevo de sentencia que fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, resuelve denegar el certiorari solicitado por el peticionario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la Re-Sentencia impuesta a Carlos Edil Santiago Román por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia lo condenó a 19 años de prisión por infracción al Artículo 198 del Código Penal (robo en tentativa) y a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2011, cuando el apelante intentó robar dinero en efectivo del negocio Mega Novedades en Cabo Rojo utilizando un arma de fuego. El delito no se consumó por circunstancias ajenas a su voluntad. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios de testigos presenciales, incluyendo a la Sra. Awilda Román Serrano y el Sr. Elton Ortiz Toro, quienes relataron los detalles del intento de robo y la identificación del apelante. La defensa también presentó testigos. Tras evaluar los méritos de la apelación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Félix R. Galíndez Amézquita. El peticionario impugnaba una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reducción de sentencia. Galíndez Amézquita había sido sentenciado a seis años de prisión tras declararse culpable de delitos de violencia doméstica y ley de armas. Su moción ante el foro primario buscaba aplicar el Artículo 67 del Código Penal para obtener una reducción de hasta el 25% de la pena, alegando circunstancias atenuantes y ser primer ofensor. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones buscando la aplicación de la reducción. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la determinación. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la orden recurrida, manteniendo la denegación de la reducción de sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelación fue presentada por L. y J. T., S.E. y otros demandados contra GZT, LLC, la demandante original. El litigio se originó por el incumplimiento de un préstamo de construcción de 1997, garantizado con hipoteca y fianzas personales y corporativas. La deuda fue adquirida por GZT, LLC, quien presentó una demanda solicitando el pago y la ejecución hipotecaria. La demandante solicitó Sentencia Sumaria, argumentando que no existía controversia sustancial sobre la deuda. Los demandados se opusieron, alegando hechos en disputa y la existencia de un acuerdo. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de la demandante, ordenando el pago y la ejecución. Los demandados apelaron esta decisión ante el foro intermedio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, resolvió confirmar la Sentencia apelada.