Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 286)

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Luis A. Rodríguez Santiago. El peticionario solicitó la revisión de dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito: una resolución que denegó la reconsideración de su solicitud para fijar relaciones paternofiliales y una orden que le prohibió interactuar con los hijos menores en la escuela. El caso se enmarca en un historial de disputas de custodia, órdenes de protección y preocupaciones sobre el bienestar de los menores. Decisiones previas, incluyendo una sentencia anterior de este Tribunal, habían concedido la custodia provisional a la madre, Janeris Colón Jiménez, basándose en hallazgos de alegaciones infundadas por parte del padre y recomendaciones de trabajadoras sociales. El peticionario alegaba no haber visto a sus hijos en seis meses y buscaba establecer un régimen de visitas, a lo cual la madre se opuso citando órdenes de protección vigentes y el presunto incumplimiento del padre con planes de servicio. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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Wilfredo Torres Hernández recurrió de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Supresión de Evidencia y de Desestimación. El peticionario fue acusado de homicidio negligente y denunciado por conducir bajo los efectos de alcohol, tras un accidente fatal. Argumentó que la prueba de aliento debía suprimirse por no cumplir con los parámetros reglamentarios y operacionales, cuestionando su confiabilidad y la existencia de motivos fundados. El Pueblo se opuso, sosteniendo que había motivos fundados, consentimiento del peticionario y cumplimiento con los procedimientos. El foro primario, tras analizar la prueba, concluyó que procedía la intervención y la realización de las pruebas de aliento. Consignó que agentes presenciaron el accidente, identificaron al peticionario, notaron fuerte olor a alcohol y se realizaron las pruebas tras periodos de observación. Inconforme con la denegatoria de su moción y reconsideración, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Fideicomiso Mercado Vizcarrondo presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición. La petición buscaba eliminar alegaciones y un testigo de la parte recurrida, Oriental Bank. El Fideicomiso argumentó que Oriental Bank incumplió con el deber de descubrimiento de prueba al no informar sobre comunicaciones con una aseguradora. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero y fraude de acreedores presentada por el banco contra el matrimonio Mercado Vizcarrondo y el Fideicomiso. El banco impugna una donación de propiedad hecha al Fideicomiso tras la presentación de la demanda inicial. El TPI declaró "No Ha Lugar" la solicitud del Fideicomiso para eliminar las alegaciones y el testigo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. La decisión fue emitida por el Panel II, con la Juez Ortiz Flores como ponente.

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Recurso de certiorari presentado por Luis A. Rojas Hernández ante el Tribunal de Apelaciones en un caso de reclamación laboral por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El peticionario impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que, aunque denegó la desestimación del caso solicitada por el patrono, declaró ciertos hechos como incontrovertidos. Tras solicitar sin éxito la reconsideración de dicha determinación en la instancia inferior, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones procedió a desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, y un recurso tardío adolece de este defecto insubsanable. La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales busca la rápida disposición de estos casos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, Luis D. Guadalupe González, impugna una sentencia de 2005 que le impuso reclusión perpetua por reincidencia habitual. Alega que la sentencia es ilegal porque el Ministerio Público no presentó prueba de sus convicciones anteriores durante el juicio original. El peticionario solicitó la anulación de la sentencia y una nueva sentencia bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro denegó su solicitud. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por José E. Santiago Avilés. El peticionario impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de corrección de sentencia. Santiago Avilés se había declarado culpable de tentativa de posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal (Art. 277 CP) y una infracción a la Ley de Sustancias Controladas mediante un acuerdo con el Ministerio Público. El acuerdo preveía una pena de 1 año y 6 meses para la tentativa del Art. 277. No obstante, el foro primario le impuso una pena de 2 años por dicho delito, excediendo lo pactado. Tras solicitar sin éxito la corrección de la sentencia en Primera Instancia, recurrió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y solicitó al Procurador General que mostrara causa por la cual la pena no debía reducirse a 1 año, 10 meses y 15 días, a lo que este se allanó. Considerando el expediente y el allanamiento del Ministerio Público, el Tribunal de Apelaciones revoca la orden recurrida. La sentencia corrige el dictamen del foro primario para ajustarlo a lo acordado o a la pena legalmente aplicable para la tentativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre una petición de Certiorari y Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por Integrand Assurance Company. Integrand solicitó revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su oposición a una solicitud de embargo. La peticionaria alegó que el tribunal inferior carecía de jurisdicción para celebrar una vista de embargo debido a su solicitud de rehabilitación. El Tribunal de Apelaciones señaló que Integrand no anejó la resolución recurrida y que el caso tenía una vista de continuación señalada. Explicó que el auto de certiorari es un remedio discrecional para corregir errores de derecho, cuya expedición se rige por criterios específicos establecidos en la Regla 40. Tras evaluar el recurso, el Tribunal concluyó que la controversia planteada no cumplía con los criterios necesarios para expedir el auto discrecional de Certiorari. Por lo tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de Certiorari. También declaró No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción. La Resolución fue notificada inmediatamente a las partes.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Eduardo González Colón en un caso de ejecución de hipoteca. El señor González solicitó la revisión de una determinación del foro primario que denegó su solicitud de reconsideración sobre una resolución post-sentencia. Dicha resolución autorizó la inscripción en el Registro de la Propiedad de una sentencia, a pesar de que su ejecución ya había sido denegada. La parte apelada, Luis Ángel Montañez Gómez, planteó la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. El fundamento fue el incumplimiento del apelante con la notificación adecuada del recurso de certiorari dentro del término estricto de 30 días. El intento de notificación por correo certificado fracasó debido a una dirección insuficiente. El Tribunal de Apelaciones enfatizó la rigurosa observancia de sus reglamentos, especialmente el requisito de notificación oportuna, que es de carácter jurisdiccional. Se concedió al apelante la oportunidad de acreditar justa causa por el defecto en la notificación, pero este no respondió. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción sobre el recurso debido al incumplimiento del apelante con el requisito de notificación.

Resumen:

Se trata de una apelación presentada por Edwin Martínez Santiago ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso busca la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha sentencia condenó al apelante por los delitos de Asesinato Atenuado (Art. 95 C.P.) y Disparar o apuntar un arma (Art. 5.15 L.A.). Se le impusieron penas consecutivas de 11 años y 9 meses, y 4 años, respectivamente. Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2016, resultando en la muerte de Bryan Rolón Pérez. El Ministerio Público presentó acusaciones por Asesinato Atenuado, infracciones a la Ley de Armas y cargos por Ley de Sustancias Controladas. El apelante se declaró no culpable y renunció a juicio por jurado. El documento detalla el tracto procesal y enumera la prueba documental y testifical presentada en el juicio por tribunal de derecho.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El apelante demandó a los apelados por incumplimiento de pago de un pagaré y solicitó remedios provisionales sobre una propiedad. Tras ser notificados de la demanda y la vista de embargo, los deudores hipotecaron la propiedad a favor de un tercero. El apelante enmendó la demanda para incluir al tercero y alegar fraude de acreedores, buscando la rescisión de la hipoteca y daños. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia parcial a favor del apelante por la deuda, pero luego declaró No Ha Lugar la causa de acción por fraude y daños. El apelante recurrió esta última decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada que denegó la rescisión del contrato por fraude de acreedores.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios e incumplimiento de contrato. El recurso proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. La controversia se relaciona con daños sufridos en una propiedad por inundación y grietas en un muro colindante. Los demandantes, compradores de la propiedad, alegaron que los vendedores representaron falsamente el muro como uno de contención. Un evento de lluvias y la acumulación de escombros por un vecino agravaron la situación, causando daños significativos. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda, condenando a los vendedores y al vecino al pago de daños. Una de las vendedoras apeló esta determinación, argumentando errores de derecho y prueba de referencia. Tras denegar una moción de reconsideración, la apelante acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones concede el recurso de apelación y revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Setenta y nueve empleados del Municipio de Morovis apelaron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de sentencia declaratoria. Los empleados buscaban anular determinaciones municipales que resultaron en la reducción de su salario y jornada laboral. El Municipio argumentó que los cambios se basaron en la Ordenanza Municipal 14 y que la reclamación estaba caducada según la Ley de Municipios Autónomos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que carecía de jurisdicción por haberse presentado la acción transcurrido el término de veinte días para impugnar ordenanzas. Los apelantes recurrieron, alegando que la reducción no se basó únicamente en la ordenanza y que el término de caducidad no aplicaba. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por los empleados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, aunque por distintos fundamentos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. La apelante, madre de la menor, impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión alimentaria. Cuestiona específicamente la deducción de gastos de propiedades alquiladas del ingreso del padre para el cómputo de la pensión. También objeta la cuantía de los honorarios de abogado concedidos por el foro primario. El apelado, padre de la menor, argumentó que las rentas no generaban ganancia tras cubrir hipoteca y mantenimiento. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la prueba presentada. Determinó que el Tribunal de Primera Instancia erró en la fijación de la pensión. Por tanto, resolvió revocar la sentencia apelada. Ordenó un nuevo cómputo de la pensión alimentaria. Este nuevo cálculo deberá realizarse conforme al estado de derecho aplicable a la determinación de ingresos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre desahucio por falta de pago y cobro de dinero. Cellar San José Apartments, Inc. apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Osteria Enterprises, Inc. Cellar había demandado a Osteria por el impago de cánones de arrendamiento de un local comercial y equipo, reclamando \$7,500 adeudados hasta diciembre de 2017, más el canon de enero de 2018. Osteria ofreció pagar la deuda y consignó fondos, alegando problemas por la falta de electricidad tras el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda tras ordenar la entrega de \$32,500 consignados a Cellar. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Banco Popular de Puerto Rico recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dictámenes del Tribunal de Primera Instancia. Específicamente, apeló una Sentencia Sumaria Parcial que le encontró responsable por el embargo ilegal de un yate. También impugnó una Resolución que denegó su reconvención en el mismo pleito. Las Sucesiones demandantes reclamaron la restitución del bien y daños, argumentando que el embargo fue declarado ilegal previamente por el propio Tribunal de Apelaciones. A pesar de la declaración de ilegalidad, alegaron que el banco retuvo la posesión del yate. Las Sucesiones solicitaron sentencia sumaria, la cual fue concedida por el foro primario, estableciendo la responsabilidad del BPPR. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó íntegramente los dictámenes apelados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Terradellas Fast Food Corp., operando como Taco Maker. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de daños y perjuicios. La demanda fue incoada por Tania M. Morales Medina, Linnette Medina Pérez y Edna Pérez Ruiz. Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2013 en un establecimiento de Taco Maker. Se alega que una empleada agredió a la señora Morales Medina con un palo de madera durante una discusión. La disputa surgió tras una queja de las clientas sobre el servicio y la limpieza. La gerente del local presenció los hechos sin intervenir para evitar la escalada. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la decisión del foro primario basándose en el expediente y los alegatos de las partes.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. Luis A. Ramos González y otros apelaron la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). La demanda original reclamaba daños por vicios de construcción y problemas con financiamientos hipotecarios contra varios bancos y otras partes. El TPI desestimó la demanda argumentando que no exponía una causa de acción y, principalmente, que constituía cosa juzgada. El TPI determinó que las mismas partes y causas de acción ya habían sido desestimadas en una sentencia parcial previa de 2012 en un caso incoado en 2007. Los apelantes alegaron que el TPI erró al confundir las causas de acción y aplicar incorrectamente la doctrina de cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación y los argumentos de los apelantes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado, validando la desestimación de la demanda.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Las partes son Eva Rivera Estrada y la Cooperativa de Vivienda Jardines de Trujillo Alto junto a su aseguradora, Cooperativa Seguros Múltiples. El Tribunal de Primera Instancia encontró a la Cooperativa de la Vivienda y a Seguros Múltiples responsables en un 40% por los daños sufridos por la señora Rivera Estrada. Ambas partes apelaron esta determinación, consolidándose los recursos ante el Tribunal de Apelaciones. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado. El caso se origina en un complejo de viviendas con ascensores. Existía un contrato de mantenimiento preventivo y reparación de ascensores entre la Cooperativa de la Vivienda y S.E.S. Elevators Services, Inc. Este contrato detallaba los servicios de S.E.S. Elevators, pero establecía que la Cooperativa de la Vivienda mantenía la posesión, control y responsabilidad ante terceros. La Cooperativa también tenía la obligación de advertir a los usuarios y de interrumpir la operación del equipo si se tornaba inseguro.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios entre Eva Rivera Estrada y Cooperativa Seguros Múltiples y Cooperativa de Vivienda Jardines de Trujillo Alto. La apelación impugnó una decisión de primera instancia que declaró a la Cooperativa y su aseguradora responsables en un 40% por los daños sufridos por la señora Rivera Estrada. El panel del Tribunal de Apelaciones revisó el caso y, en su sentencia del 26 de marzo de 2019, confirmó la sentencia apelada. El documento detalla antecedentes sobre el complejo residencial de la Cooperativa y su contrato con S.E.S. Elevators para el mantenimiento de ascensores. Este contrato especifica el alcance de los servicios de S.E.S. Elevators, incluyendo mantenimiento regular y llamadas de emergencia. De manera crucial, el contrato establece explícitamente que la Cooperativa retiene la posesión, control y responsabilidad del equipo, incluyendo la responsabilidad ante terceros y la obligación de detener la operación insegura. Esta asignación de responsabilidades en el acuerdo de mantenimiento parece ser fundamental para la confirmación judicial del hallazgo de responsabilidad de primera instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de impericia médica. Ana Luisa Santiago Zayas demandó al Dr. Francisco Blanes por daños resultantes de una perforación de colon durante una colonoscopia, alegando negligencia. El Tribunal de Primera Instancia encontró al Dr. Blanes negligente y le ordenó pagar \$20,000 en daños, más costas e intereses. El Dr. Blanes apeló, impugnando la determinación de negligencia, argumentando que se basó en especulación y un perito no cualificado. También sostuvo que la demandante conocía los riesgos, incluida la perforación, al haber firmado un consentimiento y haberse sometido a procedimientos previos. Además, cuestionó la concesión de \$5,000 por gastos de perito, dudando de la cualificación del perito y la falta de evidencia de pago. Santiago Zayas afirmó que la perforación se debió a un manejo negligente, no a un riesgo inherente, y que el consentimiento no eximía de negligencia. Defendió la credibilidad de su perito y la justificación de las costas otorgadas. La apelación se centra en si el tribunal de instancia determinó correctamente la negligencia, el consentimiento informado y la procedencia de los honorarios periciales en este reclamo de impericia médica.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Juan M. Barreto Ginorio. El apelante buscaba revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su demanda de impugnación de paternidad. El Sr. Barreto Ginorio alegó tener dudas sobre la paternidad biológica de los tres hijos nacidos durante su matrimonio con la apelada, María E. Hernández Ruiz. Sus sospechas se intensificaron tras un incidente en enero de 2016 y una confrontación con la Sra. Hernández Ruiz. La demanda fue presentada en julio de 2016, y el caso involucró la contestación de la apelada, la rebeldía de los hijos mayores y la representación de la menor. Hubo trámites procesales complejos, incluyendo solicitudes de pruebas de ADN y una vista para evaluar la prescripción. Tras examinar el recurso, la transcripción y el derecho aplicable, el Panel Especial del Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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Se trata de una apelación contra una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero. O'Neill Security & Consultants, Inc. demandó a Atlantic Pipe Corporation. El foro primario desestimó la demanda con perjuicio por falta de jurisdicción sobre la persona. Aplicó la norma del Tribunal Supremo que establece el término de 120 días para emplazar como jurisdiccional e improrrogable. El tribunal concluyó que el término había expirado basándose en la fecha de expedición del emplazamiento inicial. La parte apelante argumenta que el término debió interrumpirse por circunstancias atribuibles al proceso judicial previo. El caso tuvo un extenso tracto procesal, incluyendo una vista evidenciaria sobre la validez del emplazamiento y un recurso de certiorari anterior. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Tras el examen del expediente, el Tribunal de Apelaciones procedió a revocar la sentencia desestimatoria.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de daños y perjuicios. Los apelantes demandaron a una cooperativa de ahorro y crédito por alegado incumplimiento de contrato. Sostenían que la cooperativa no gestionó diligentemente la cancelación registral de una hipoteca. Alegaban que esta omisión les causó daños emocionales e impidió una transacción inmobiliaria. La cooperativa defendió que la hipoteca fue cancelada y presentada en el Registro en 2006. Argumentó que la demora en la inscripción era responsabilidad del Registro de la Propiedad, fuera de su control. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria en el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la demanda de los apelantes. Tras una reconsideración denegada, los apelantes recurrieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la sentencia apelada.

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Se presenta una resolución del Tribunal de Apelaciones atendiendo una petición de certiorari y auxilio de jurisdicción. La peticionaria busca revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó paralizar procedimientos de desacato. Estos procedimientos derivan de una orden del Tribunal Municipal bajo la Ley 140, que requirió a la peticionaria evitar que clientes de su negocio obstruyeran la entrada de la recurrida. La orden municipal la hizo responsable por el incumplimiento de sus clientes bajo pena de desacato. La peticionaria impugnó esta orden mediante una demanda de sentencia declaratoria en el Tribunal Superior. Mientras ese pleito estaba pendiente, solicitó al Tribunal Superior que detuviera la vista de desacato en el foro municipal, pero su moción fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, alegó error en la denegatoria de la paralización y en la continuación del desacato mientras la orden original estaba siendo cuestionada. El Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. Asimismo, declaró No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción.

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La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yauco presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en un caso de cobro de dinero. La Cooperativa demandó a Ivonne D. Vélez Ruiz por una deuda de préstamo. La señora Vélez Ruiz controvirtió la deuda, alegando que un seguro por incapacidad debía cubrirla. Sostuvo que la acumulación de la deuda se debió a la negligencia de la Cooperativa al no tramitar su reclamación de seguro a tiempo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, entendiendo que existía controversia y citó a juicio. La Cooperativa argumenta que el TPI erró al no aplicar correctamente el estándar de sentencia sumaria, específicamente al no identificar los hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones evalúa si la denegatoria de la sentencia sumaria por el TPI fue conforme a derecho y a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en un caso de certiorari. La peticionaria, Yanira Michelle Garrastazú Santiago, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso original involucra a Banco Popular de Puerto Rico en un procedimiento de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria impugnaba la denegatoria de su moción de desestimación por falta de jurisdicción. Alegaba que no fue emplazada correctamente dentro del término provisto por las reglas. Esta moción fue presentada luego de que se dictara sentencia en rebeldía en su contra en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición y la oposición de la parte recurrida. Mediante esta resolución, el panel dejó sin efecto una paralización de los procedimientos previamente ordenada. Finalmente, el Tribunal resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de Antonio Alemañy Rosado. El peticionario, sentenciado en 1999, solicitó que se ordenara al Instituto de Ciencias Forenses suplir información sobre muestras biológicas tomadas en su caso, alegando que nunca fueron analizadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud. Fundamentó su decisión en que el peticionario no cumplió con los requisitos de la Ley 246 para solicitar análisis de ADN y que la solicitud estaba prescrita por haber transcurrido el término de 12 meses desde la vigencia de la ley. Alemañy Rosado recurrió, argumentando que el foro primario confundió su solicitud de auxilio para obtener información con una petición de análisis de ADN. También alegó que el término prescriptivo no debió comenzar a decursar. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega el auto discrecional de Certiorari.

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Este recurso de certiorari proviene de un caso de ejecución de hipoteca ordinaria y cobro de dinero. La peticionaria, Sra. Frida Marchosky Kogan, solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La controversia principal gira en torno a la validez del emplazamiento. La parte demandante, Cooperativa de Crédito y Ahorro Las Piedras, intentó emplazar personalmente a la Sra. Marchosky Kogan en su última dirección conocida. Un emplazador realizó múltiples visitas a la residencia en una urbanización de acceso controlado, pero no logró contactar a la peticionaria, aunque notó indicios de presencia. Tras los intentos infructuosos, la Cooperativa solicitó y obtuvo autorización para emplazar por edicto. El emplazamiento por edicto fue publicado y notificado por correo certificado a la dirección postal conocida de la peticionaria. La Sra. Marchosky Kogan presentó una moción de desestimación, sin someterse a la jurisdicción, argumentando la insuficiencia del emplazamiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar dicha moción, lo que motivó este recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso entre Jelitza M. Cruz Vigo y Leisha Vega Rivera contra Arcos Dorados Corporation. El recurso de certiorari provenía del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. La controversia principal versaba sobre alegado discrimen por orientación sexual y despido injustificado. Arcos Dorados, como peticionaria, impugnó la denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria por el foro primario. Dicha solicitud fue denegada al considerar el Tribunal de Primera Instancia que la credibilidad y elementos subjetivos eran esenciales para resolver el caso. La parte recurrida no compareció tras ser notificada de la petición. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición presentada por Arcos Dorados. Tras el examen, el panel resolvió abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por tanto, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por U.S. Bank National Association. El banco apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda buscaba la "restitución" de un pagaré hipotecario extraviado. La primera instancia desestimó el caso, instruyendo al banco a seguir el proceso de cancelación de pagaré extraviado bajo la Ley 210-2015 y luego crear uno nuevo. U.S. Bank apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones examina si la sentencia de primera instancia cumplió con los requisitos procesales. Se discute la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, que exige determinaciones de hechos y conclusiones de derecho en las sentencias. La sentencia apelada carecía de estos elementos detallados. La apelación se centra en la validez procesal de la desestimación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de gravamen mobiliario. Americas Leading Finance, LLC apela la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Donato Auto Repair, Inc. Americas busca reposeer un vehículo sobre el cual alega tener un gravamen de primer rango registrado ante el DTOP. Donato, por su parte, reclama un derecho de retención en prenda sobre el mismo vehículo por concepto de reparaciones realizadas, argumentando que su gravamen posesorio es superior. El Tribunal de Primera Instancia había inicialmente ordenado la entrega del vehículo a Americas, pero en reconsideración, desestimó la demanda de Americas contra Donato. La apelación se centra en determinar la prioridad entre el gravamen mobiliario registrado y el derecho de retención por reparaciones bajo el Código Civil. El documento detalla los antecedentes del caso y los hechos incontrovertidos establecidos por el tribunal de instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de la apelación presentada por Jonathan Meléndez Rivera. El apelante buscaba revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó a 40 años de prisión. Dicha condena fue por infringir el Artículo 130(A) del Código Penal, relacionado con actos de penetración orogenital contra un menor de edad. El Sr. Meléndez Rivera alegó que la prueba presentada fue deficiente y contradictoria, y que el testimonio del perjudicado carecía de credibilidad. También argumentó un error del tribunal sentenciador al no permitir prueba de refutación. El panel del Tribunal de Apelaciones estudió la transcripción de la prueba oral y los autos del caso. Tras considerar los alegatos de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada sin reserva alguna. La acusación detallaba actos cometidos contra el menor Wesley Polaco Núñez, de 7 a 8 años, entre febrero y diciembre de 2013.

Resumen:

Un empleado presentó una querella contra su empleador bajo varias leyes laborales de Puerto Rico. El empleador contestó la querella. Posteriormente, el empleado solicitó el desistimiento del caso judicial tras descubrir un acuerdo de arbitraje, con la intención de continuar su reclamación por esa vía. El Tribunal de Primera Instancia concedió el desistimiento. Inconforme, el empleador apeló la decisión. El apelante argumenta que el tribunal erró al conceder el desistimiento sin esperar su oposición y al permitir al empleado ir a arbitraje, alegando que este renunció a dicho derecho al iniciar el pleito judicial. El tribunal de apelaciones procederá a resolver el recurso sin la posición del apelado, ya que el término para oponerse transcurrió. El documento comienza a analizar la naturaleza y validez de los acuerdos de arbitraje pactados en contratos de empleo bajo el derecho civil puertorriqueño.

Resumen:

Santander Financial Services, Inc. demandó a la sucesión de Norma Iris Camacho, representada por Calixto E. Reyes Camacho, por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Santander solicitó sentencia sumaria, alegando el incumplimiento del demandado y su propio cumplimiento con requisitos legales como la mediación. El demandado se opuso, argumentando que Santander no completó adecuadamente el proceso de mitigación de pérdidas, fallando en explicar claramente las alternativas y notificar por escrito el resultado, lo que generaba una controversia de hechos. Santander replicó haber cumplido con la mediación y enviado notificación escrita, señalando además la incomparecencia del demandado a una sesión de mediación. Santander también sostuvo que la oposición del demandado no cumplía con los requisitos formales. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Santander, al considerar que la evidencia de este no fue controvertida. El demandado presentó una moción de reconsideración, reiterando que el banco no demostró haber cumplido con pasos específicos y notificaciones requeridas por ley y reglamento en el proceso de mitigación de pérdidas. El documento describe el historial procesal que culmina en la apelación de dicha sentencia sumaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de sociedad legal de gananciales post-divorcio. Iván Acosta Rivera apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ratificó un acuerdo transaccional con su exesposa, Ana Antonia Balseiro Chacón. El acuerdo, suscrito tras el divorcio, disponía la cesión de la residencia familiar a la señora Balseiro Chacón, quien asumiría la hipoteca. Ante la negativa del señor Acosta Rivera a firmar la escritura de cesión, la apelada presentó una demanda. El foro primario validó el acuerdo y ordenó al apelante cumplir con la cesión de la propiedad. El apelante argumentó que el tribunal debió desestimar la demanda al validar el acuerdo. El Tribunal de Apelaciones revisa el recurso y, por los fundamentos expuestos, confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación. El recurso fue presentado por Alan M. Eleutice Acevedo y Sandra Cariño Estrella contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia les condenó a pagar \$1,730.00 a Puertas del Sol Community Corporation por cuotas de mantenimiento. La parte apelada solicitó la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción. Argumentaron que los apelantes no notificaron al Tribunal de Primera Instancia la presentación del recurso dentro del término de setenta y dos horas, según requiere la Regla 14(B). La Secretaria del foro primario certificó que no se presentó dicha notificación. El Tribunal de Apelaciones requirió a los apelantes mostrar causa por la cual no se debía desestimar el recurso. Los apelantes no respondieron a la orden. El Tribunal procede a evaluar el asunto jurisdiccional, considerándolo prioritario.