Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 272)

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El Consejo de Titulares del Condominio St. Mary's Plaza demandó a Lime Residential, LTD por el cobro de cuotas de mantenimiento adeudadas por un apartamento. Lime adquirió la propiedad mediante una tercera subasta tras un proceso hipotecario. Lime alegó ser un adquiriente involuntario, responsable únicamente por las cuotas de los seis meses anteriores a la adquisición, consignando \$9,985.51. El Tribunal de Primera Instancia determinó que Lime era, en efecto, un adquiriente involuntario y desestimó la demanda por el remanente. El Condominio apeló, argumentando que Lime debía ser considerado un adquiriente voluntario y responder por la totalidad de la deuda de \$32,858.02. El Tribunal de Apelaciones examinó la distinción legal entre adquirientes voluntarios e involuntarios, basada en la forma y propósito de la adquisición. Se recordó que los adquirientes involuntarios suelen ser acreedores que protegen un crédito preferente, como los hipotecarios. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario. Se ratificó que Lime Residential es un adquiriente involuntario, limitando su responsabilidad por las cuotas de mantenimiento a los seis meses previos a la adquisición del inmueble.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación sobre daños y perjuicios y controversias en un condominio. Los apelantes, Judith Pérez Velázquez y Ramón Abín, demandaron al Consejo de Titulares Patio Señorial, Inc. y otros, alegando daños y uso indebido de elementos comunes. Los apelados solicitaron la desestimación parcial, argumentando que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tenía jurisdicción primaria exclusiva sobre los asuntos de elementos comunes. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una sentencia parcial, reteniendo las reclamaciones de daños bajo el Código Civil pero desestimando las relativas a los elementos comunes. El TPI determinó que DACO poseía jurisdicción primaria exclusiva sobre estas últimas, señalando que los apelantes ya habían presentado una querella ante dicha agencia. Los apelantes recurrieron la sentencia parcial, alegando error de derecho al desestimar parte de la demanda. La apelación se centra en la correcta aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria, que prioriza la adjudicación administrativa en materias especializadas. El Tribunal de Apelaciones revisa si el TPI actuó correctamente al remitir las controversias sobre elementos comunes a DACO.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta sentencia en relación con una apelación presentada por Francisco J. Castro Enríquez. El apelante solicita la revocación parcial de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha sentencia declaró No ha lugar su reclamación de despido injustificado contra CBC Office Products, Inc. al amparo de la Ley 80. El señor Castro, quien trabajaba para la empresa de su difunto padre, alegó haber sido despedido injustamente tras el fallecimiento de este y la asunción del liderazgo por parte de su media hermana. Además del despido, reclamó deudas por salarios y vacaciones no pagadas. CBC argumentó que el despido fue justificado debido a la insolvencia de la empresa y la necesidad de reducir gastos. El tribunal primario celebró juicio y desestimó la reclamación por despido injustificado. La apelación busca revertir específicamente esa determinación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Marylinette Hernández Díaz contra Telemundo y otros. La apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios. La demanda original alegaba que el programa "Jay y sus Rayos X" divulgó su dirección y mostró su residencia al reportar un asesinato ocurrido allí. La señora Hernández sostuvo que esto le causó miedo, alteró su paz y violentó su privacidad y la de sus hijas menores. Reclamó un millón de dólares en daños bajo el Artículo 1802 del Código Civil. Los demandados solicitaron la desestimación, argumentando que la noticia era veraz y que la reclamación no cumplía los requisitos de difamación. El foro primario declaró Ha Lugar la moción desestimatoria, basándose en fundamentos de difamación. La apelante argumenta en apelación que su causa de acción no era por difamación, sino por daños bajo el Artículo 1802, y que el caso amerita un juicio para la apreciación de la prueba.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por la sucesión de Delio Montalvo Aranzamendi contra Doctor's Center Hospital, Inc., alegando negligencia hospitalaria que resultó en la caída y posterior muerte del señor Montalvo. Durante el proceso, el Tribunal de Primera Instancia estableció plazos para la presentación de prueba pericial, concediendo varias prórrogas a los demandantes. Los demandantes presentaron un informe pericial dentro de los plazos extendidos. Posteriormente, anunciaron prueba pericial adicional, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia mediante la Orden recurrida. Los Peticionarios solicitaron la revisión de esta denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revoca la Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la prueba pericial adicional.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari en un caso de alimentos. El peticionario, José H. Lorenzo Román, solicitó revocar dos determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Estas incluían una sanción de \$1,500 por temeridad y una orden para cumplir con el descubrimiento de prueba relacionado con su capacidad económica. El caso de alimentos fue iniciado por su hija, quien solicitó información financiera de sus padres. El peticionario se opuso al descubrimiento, argumentando que su hija debía probar primero su derecho a los alimentos y su aptitud académica. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de orden protectora y le ordenó cumplir con el descubrimiento. A pesar de las órdenes, el peticionario no cumplió completamente con la entrega de la información requerida. La resolución del Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado. Esto implica que las decisiones del Tribunal de Primera Instancia, incluyendo la sanción y la orden de descubrimiento, se mantuvieron.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Teresa Barreto Ortiz contra el Municipio de Guaynabo y MAPFRE. La apelante solicita la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por una caída en una acera municipal. Aunque el tribunal de primera instancia declaró con lugar la demanda, la señora Barreto Ortiz apeló la imputación de negligencia comparada y la valoración de los daños. La demanda original reclamaba indemnización por daños físicos, limitaciones, incapacidad, gastos médicos y honorarios. Durante el juicio, se presentó prueba documental y testifical, incluyendo informes médicos, fotografías y peritajes. Las partes estipularon que el Municipio era propietario y responsable de la acera y que MAPFRE tenía una póliza de seguro vigente. El tribunal de primera instancia determinó que la demandante cayó al tropezar con desniveles en la acera mientras caminaba y miraba al frente sin ver la irregularidad. La apelación procede para revisar la decisión del tribunal inferior sobre la responsabilidad y los daños.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Mapfre-PRAICO. Mapfre solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación por prescripción. El caso original es una demanda por daños y perjuicios presentada por Juan A. Sánchez Dávila tras un accidente con un camión. Sánchez Dávila demandó inicialmente a Magic Transport y luego enmendó para incluir a Mapfre como aseguradora del vehículo. Mapfre argumentó que la acción en su contra estaba prescrita al presentarse más de un año después del accidente. Alegaron que el término prescriptivo no se interrumpió respecto a Mapfre ni al dueño del camión, Rubén Negrón Cornier, quien no fue demandado inicialmente. El demandante se opuso, indicando que incluyó a Mapfre tan pronto supo que era la aseguradora durante el descubrimiento de prueba. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación de Mapfre. Mapfre recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por Mapfre.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de apelación criminal presentado por Alcidy Maldonado Santana contra El Pueblo de Puerto Rico. El apelante había presentado un recurso contra decisiones del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, relacionadas con varios cargos criminales. Posteriormente, el apelante solicitó desistir de la apelación, indicando su interés en esperar la conclusión de trámites en la instancia inferior. El Tribunal de Apelaciones requirió que la solicitud de desistimiento viniera acompañada de una declaración jurada del apelante, según lo estipula la Regla 83(A) de su Reglamento. Tras recibir una resolución concediendo un término para cumplir, la parte apelante presentó la declaración jurada requerida, donde el Sr. Maldonado Santana manifestó su intención libre y voluntaria de desistir. Habiendo examinado la moción y la declaración jurada, el Tribunal declaró con lugar la solicitud. En consecuencia, se dictó sentencia por desistimiento de la apelación criminal.

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Sentencia de un panel apelativo sobre la solicitud de Mapfre Praico Insurance Company y Mangual's Office Cleaning Services, Inc. para revocar un fallo de instancia. El fallo apelado ordenó a Mapfre y Mangual reembolsar a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico (ASGM). ACT y ASGM reclamaban el pago de $51,000.00 que realizaron como resultado de un acuerdo transaccional en un caso anterior. En ese caso previo, se dictó sentencia en rebeldía contra ACT por daños relacionados con un accidente de automóvil. El accidente fue causado por un empleado que realizaba labores de limpieza bajo un contrato entre ACT y Mangual. Aunque el empleado era de Mangual, fue demandado como empleado de ACT en el litigio original donde se obtuvo la sentencia en rebeldía. Mangual y su aseguradora, Mapfre, no fueron partes en dicho pleito inicial. ACT y ASGM presentaron la demanda de nivelación y reembolso contra Mangual y Mapfre para recuperar el pago. El panel apelativo denegó una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción presentada por los apelados. Finalmente, el panel confirmó la sentencia de instancia que ordenaba el reembolso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por Banco Popular en un caso de ejecución de hipoteca. El tribunal enfatiza la importancia crítica de la jurisdicción, indicando que debe resolverse antes que cualquier otro asunto. Destaca que los tribunales que carecen de jurisdicción solo pueden declararlo y desestimar el caso. La sentencia explica que una apelación presentada prematuramente, antes de que el asunto esté listo para adjudicación, adolece de una falta de jurisdicción fatal y debe ser desestimada. Según la Regla 47 de Procedimiento Civil, la presentación de una moción de reconsideración interrumpe el término para apelar. Este término solo comienza a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva y notifica la resolución sobre la moción de reconsideración. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación en este caso por falta de jurisdicción, al encontrar que fue presentada prematuramente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900496. El recurso de certiorari fue presentado por Ángel Luis Berrios Rivera, propietario de King's Restaurant Pizzería & Bakery. Buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. La querella original fue presentada por Angélica Maldonado Maldonado, alegando despido injustificado, discrimen por embarazo y reclamación de salarios. La recurrida sostuvo que fue despedida sin justa causa por su embarazo, mientras el peticionario argumentó abandono de empleo y justificación del despido. El Tribunal de Primera Instancia identificó hechos materiales en controversia y cuestiones de credibilidad que impedían resolver el caso sumariamente. El peticionario impugnó esta determinación, alegando errores en la consideración de la moción y la identificación de controversias. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el Sr. Omar Lizardi Pollock apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El Sr. Lizardi había presentado una querella contra la Fundación de Investigación de Diego por despido injustificado, cobro de horas extras, salarios adeudados y bono de navidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar las reclamaciones de despido, horas extras y salarios, pero sí concedió la reclamación por el pago tardío del bono de navidad. El apelante solicitó la revocación de la sentencia en cuanto a las reclamaciones denegadas. La Fundación alegó que el empleado renunció voluntariamente y que era exento de horas extras. Tras revisar el recurso, la transcripción de la prueba y los alegatos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Se trata de una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un pleito de clase por daños y perjuicios. Comerciantes demandaron a Mammoth Energy Services, Cobra Acquisitions y D. Grimm Puerto Rico, entre otros, por un apagón general en abril de 2018. Los demandantes alegaron que sus negocios sufrieron daños y pérdidas económicas debido a la negligencia de los demandados. Los demandados presentaron mociones de desestimación en el Tribunal de Primera Instancia, argumentando falta de jurisdicción, deficiencias en las alegaciones y el incumplimiento de los requisitos de un pleito de clase. El Tribunal de Primera Instancia denegó estas mociones. D. Grimm presentó un recurso de certiorari (KLCE201900525) solicitando la revisión de esta negativa. Mammoth Energy Services y Cobra Acquisitions presentaron otro recurso (KLCE201900529) solicitando la revisión de la misma resolución. El Tribunal de Apelaciones ordena la consolidación de ambos recursos por estar estrechamente relacionados y en aras de la economía procesal.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que ordena la consolidación de dos recursos de certiorari, KLCE201900525 y KLCE201900529. Ambos recursos fueron presentados por los demandados Mammoth Energy Services, Cobra Acquisitions y D. Grimm Puerto Rico. Buscan la revisión de la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar un pleito de clase en su contra. El pleito fue iniciado por comerciantes que alegan daños y pérdidas económicas debido a la negligencia de los demandados, la cual supuestamente causó un apagón general en abril de 2018. Los demandados solicitaron la desestimación por diversas razones. D. Grimm argumentó falta de alegaciones fácticas sobre los demandantes y el incumplimiento de los requisitos de pleito de clase. Mammoth y Cobra alegaron falta de jurisdicción personal por ausencia de contactos mínimos y deficiencias en las alegaciones de negligencia y emplazamiento. La consolidación de los recursos se ordena por su estrecha relación y para promover la economía procesal.

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Carolina Aristizabal comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución, emitida en marzo de 2019, denegó una moción de desestimación presentada por la Sra. Aristizabal en un caso civil. El caso original fue iniciado por Rafael Antonio Pina, quien demandó a Aristizabal y a International Safe Deposit para reclamar la devolución de valores en una caja de seguridad. La Sra. Aristizabal argumentó que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción sobre su persona por falta de contactos mínimos con Puerto Rico. También planteó la doctrina de inmunidad intrafamiliar y la insuficiencia de las alegaciones sobre la titularidad de los valores. Tras una vista argumentativa, el foro primario denegó la moción de desestimación. Inconforme con esa determinación, la Sra. Aristizabal acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Yael Huertas Pérez, condenado a 107 años por asesinato (Art. 93(a), (d) CP) y otros delitos, recurre en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Su condena y sentencia habían sido previamente confirmadas en apelación. Huertas Pérez solicitó la nulidad de la sentencia en Primera Instancia, alegando que la acusación por el Art. 93(d) carecía de un elemento subjetivo esencial, constituyendo un defecto sustancial que violaba el debido proceso. También cuestionó la inclusión del cargo bajo el Art. 93(a) sin supuesta autorización. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, resolviendo que el acusado fue debidamente notificado de las acusaciones y que no hubo violación al debido proceso. Huertas Pérez impugna esta determinación, planteando que Primera Instancia erró al no anular la sentencia por el defecto en la acusación y al sostener el cargo del Art. 93(a). El Tribunal de Apelaciones, en ejercicio de su facultad discrecional, dispone del recurso de Certiorari sin trámites ulteriores.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La peticionaria, Noemí Pérez Medina, solicitó la revocación de dos resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. La primera resolución denegó su solicitud de desestimación de la demanda presentada por Puerto Rico Consumer Debt Management Co., Inc. (PRCDM). La segunda resolución declaró no ha lugar su petición para que se ordenara a la parte demandante consignar una fianza de no residente. Pérez Medina argumentó falta de jurisdicción, prescripción de la deuda y falta de prueba de la misma para solicitar la desestimación. También alegó que Jefferson Capital Systems, LLC (JCS), la cedente de la deuda, era la verdadera parte demandante y debía prestar fianza por ser no residente. PRCDM, actuando como representante de JCS, se opuso a ambas solicitudes, indicando ser una corporación local con licencia. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el tribunal confirma los dictámenes recurridos del Tribunal de Primera Instancia.