Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 267)

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Se presenta una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda laboral. La demandante, Johanna Gutiérrez Stella, reclamó despido injustificado, hostigamiento sexual, discrimen y represalias contra su empleador, Constellation Health, Inc. El foro primario desestimó la demanda sin perjuicio por falta de jurisdicción. Determinó que, al estar Constellation Health, Inc. en un proceso de rehabilitación bajo el Código de Seguros, el foro con jurisdicción exclusiva era el Tribunal Supervisor de la rehabilitación. El Comisionado de Seguros, como rehabilitador, compareció solicitando la confirmación de la desestimación. La apelante argumenta que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar el Código de Seguros a una relación laboral. Sostiene que la legislación laboral es la aplicable y que el tribunal renunció incorrectamente a su jurisdicción. Además, señala que el foro primario debió anotar la rebeldía de la demandada por no contestar la demanda en el término provisto por la ley laboral.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de alegada infracción de marca. Eric Aurioles Márquez demandó a CGV Creative Group, LLC y Fernando Martínez Román por el uso de elementos de su marca "El Festival del Taco Fest". El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Aurioles con perjuicio. Sin embargo, el tribunal de instancia no impuso al demandante el pago de costas, gastos y honorarios de abogado a los demandados. Los demandados (apelantes) recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentaron que el TPI erró al no imponer costas y honorarios, alegando que la demanda fue frívola. El Tribunal de Apelaciones consideró los señalamientos de error de los apelantes. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la Sentencia Final emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia, una vez modificada, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari de Universal Insurance Company. La aseguradora apeló la denegatoria de su moción de sentencia sumaria por el Tribunal de Primera Instancia. El pleito original fue instado por los asegurados (Álvarez Ortiz) por daños de Huracán María e incumplimiento de contrato. Universal Insurance sostuvo que la póliza solo cubría el primer nivel de concreto de la propiedad, no el segundo nivel de madera por el cual se reclamaban los daños. Presentó hechos no controvertidos y evidencia que confirmaban la descripción de la póliza y la ubicación de los daños. Los asegurados no presentaron oposición al recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la moción de sentencia sumaria. Concluyó que no existía controversia material sobre la falta de cubierta para los daños reclamados. Por consiguiente, revocó la resolución apelada y dictó sentencia sumaria, desestimando la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Desirée L. López. La apelación impugnaba una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia ordenó a la señora López desalojar un inmueble propiedad de Samuel Rivera Rubert. También la condenó al pago de \$2,632.00 por cánones de arrendamiento adeudados. El señor Rivera Rubert había presentado una demanda de desahucio por falta de pago tras la cancelación de los beneficios de Plan 8 de la apelante. En el juicio, la señora López argumentó falta de legitimación activa del demandante por ser casado. El Tribunal de Primera Instancia determinó que Rivera Rubert tenía derecho a incoar la acción y ordenó el desalojo y pago. La apelante recurrió, cuestionando la determinación de titularidad, la legitimación activa y la condena al pago. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar íntegramente la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una sentencia el 14 de junio de 2019 en el caso KLAN201900441. Este recurso de apelación provenía de una Sentencia Declaratoria del Tribunal de Primera Instancia de San Juan (K AC2017-0014). La apelante, Migdalia López Gómez, se enfrentaba a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros. La sentencia atendió una Moción Informativa, de Desistimiento y Desglose de Documentos presentada por la parte apelante el 6 de junio de 2019. El Tribunal declaró Con Lugar dicha moción. Conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se dictó sentencia por desistimiento de la apelación. Se ordenó el archivo del recurso para fines estadísticos y el desglose de los documentos presentados. La Secretaría del Tribunal procederá a dar de baja el recurso y tomarlo como resuelto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. Efraín Carrero Vélez apeló la Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que fijó su pensión alimentaria final en \$2,556.34 mensuales para sus dos hijos menores. La decisión del TPI se basó en ingresos imputados a ambas partes, acogiendo las recomendaciones de la Examinadora de Pensiones Alimentarias. Al apelante se le imputó un ingreso neto mensual significativamente mayor que a la apelada, además de la responsabilidad por la mayoría de los gastos médicos y escolares. El apelante alegó múltiples errores en la imputación de ingresos y el manejo de la prueba por parte del foro primario. La apelada se opuso al recurso. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Atlantic Procurement, LLC mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución denegó la desestimación de una demanda de cobro de dinero presentada por Pablo A. Rijos Vélez, Janelys Claussell Stevenson, su sociedad legal de gananciales y 787RG, LLC. Atlantic argumentó que la demanda debía desestimarse porque un contrato previo con el señor Rijos exigía arbitraje o mediación antes de acudir al tribunal. El señor Rijos se opuso, alegando que la demanda se basaba en un acuerdo de incorporación de 787RG, LLC vigente, no en el contrato anterior. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó declinar la expedición del auto de certiorari. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trata sobre cobro de dinero.

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El legajo inicial para dar curso al caso presentó múltiples deficiencias, requiriendo la presentación de varios documentos específicos. El tribunal ordenó a la peticionaria cumplir con todos los requisitos del legajo. La peticionaria presentó una moción argumentando que, al ser el sujeto expropiado un estorbo público con deuda contributiva mayor al valor, estaba exenta de presentar la certificación de autorización de pago adicional y consignar el justo valor, conforme a leyes aplicables. El tribunal emitió resoluciones adicionales exigiendo el cumplimiento completo en plazos finales, bajo apercibimiento de desistimiento o sanciones. La peticionaria realizó otro intento de cumplimiento, pero omitió la consulta de ubicación y la consignación del justo valor, reiterando su argumento de exención. El tribunal constató que la peticionaria no había cumplido completamente con la orden inicial, listando varios documentos aún pendientes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división de comunidad de bienes hereditarios y cuota viudal usufructuaria. La demandante, viuda del causante y residente en España, demandó a los hijos de este. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la demandante prestar fianza de no residente y paralizó el caso hasta su cumplimiento. Los demandados solicitaron la desestimación, alegando que había transcurrido el término de 120 días para emplazar, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la improrrogabilidad del término. Argumentaron que la demandante no había emplazado a una parte indispensable a tiempo. La demandante se opuso, sosteniendo que el tiempo que el caso estuvo paralizado por orden judicial no debía contarse en su contra. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y el derecho aplicable. La cuestión central era si la paralización del caso por orden del TPI para cumplir con la fianza de no residente interrumpía el término para emplazar. El Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801366. El recurso fue presentado por Roberto Gándara Sánchez contra el Consejo de Titulares del Condominio Estado. Gándara Sánchez apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó conformar las ventanas de su apartamento al diseño aprobado por el Consejo. El TPI concluyó que los cambios realizados por el apelante alteraron la fachada del inmueble sin la debida aprobación. Además, el TPI desestimó una reconvención del apelante y le impuso honorarios de abogado. El Consejo había demandado a Gándara Sánchez por instalar ventanas no autorizadas que alteraban la fachada, a pesar de las advertencias. El TPI determinó que el Consejo había aprobado un estilo específico de ventana en una asamblea, del cual Gándara Sánchez fue notificado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, acordó confirmar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia de un tribunal apelativo de Puerto Rico resolviendo una apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La apelante, Sra. Yamina Rodríguez Díaz, demandó a la Cooperativa de Seguros Múltiples por incumplimiento de una póliza de seguro de hogar tras el Huracán María. Alegó que la Cooperativa subestimó los daños y no cumplió con la póliza, realizando solo un pago parcial. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, argumentando que la reclamación había sido liquidada totalmente y aplicaba la doctrina de pago en finiquito. El TPI declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria, desestimando la demanda al concluir que no existían hechos esenciales en controversia y que procedía la defensa de pago en finiquito. La apelante recurrió, señalando errores del TPI al aplicar dicha doctrina y al determinar la ausencia de controversia fáctica. Tras revisar el expediente, el tribunal apelativo determinó revocar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación. El apelante, un miembro de la población correccional, inició un Mandamus contra la Administración de Corrección y Rehabilitación (DCR). Buscaba obligar al DCR a procesar sus solicitudes de remedios administrativos conforme al Reglamento Núm. 8583. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por académico, al concluir que el DCR atendió las solicitudes específicas durante el litigio. El apelante apeló, argumentando que los incumplimientos del DCR eran recurrentes y que la controversia no era académica. Planteó errores sobre la determinación de academicidad y el cumplimiento del DCR con el reglamento. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión de instancia y los argumentos de las partes. La sentencia expone el trasfondo procesal y la normativa sobre los remedios administrativos para confinados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre división de comunidad de bienes hereditarios y cuota viudal usufructuaria. La recurrida, viuda del causante, demandó a los hijos de este para liquidar la herencia y establecer su cuota. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó a la demandante, residente en España, prestar una fianza de no residente y paralizó el caso hasta su pago. Los hijos del causante solicitaron la desestimación de la demanda. Argumentaron que había transcurrido el término improrrogable de 120 días para emplazar, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La demandante se opuso, alegando que el término se interrumpió mientras el caso estuvo paralizado por orden del TPI. El Tribunal de Apelaciones examinó los recursos de certiorari presentados por los hijos. Tras analizar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó revocar la Resolución del TPI. Esto implica que la paralización del caso por la fianza no interrumpió el término para emplazar.

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INDULAC solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo de arbitraje. El laudo, emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje, determinó que el despido del señor Vargas fue injustificado, ordenando su reposición y pago de haberes. INDULAC argumentó ante el TPI y en su petición de certiorari que el árbitro omitió determinaciones de hecho, descartó prueba y erró al concluir que el despido no estaba justificado bajo la Ley 80. La Central General de Trabajadores se opuso, sosteniendo que el laudo se basó en la prueba y resolvió la controversia sometida. El TPI declaró No Ha Lugar la petición de INDULAC, concluyendo que el laudo estaba sustentado por evidencia sustancial y era conforme a derecho. Inconforme, INDULAC presentó certiorari alegando múltiples errores del TPI y el árbitro. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por INDULAC.

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Una corporación y su accionista presentaron una demanda contra el Municipio de San Juan y funcionarios municipales. Alegaron que el Municipio los eliminó o no los seleccionó incorrectamente como licitadores y suplidores en varias subastas. La demanda acusó al Municipio de discriminación, fraude y beneficiar ilegalmente a otros suplidores en procesos de compra. Se detallaron instancias específicas de supuestas descalificaciones indebidas en subastas que datan de 2013. Los demandantes reclamaron pérdidas económicas significativas, incluyendo ganancias dejadas de percibir y daños a su negocio. El accionista también reclamó daños personales por sufrimientos y angustias. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la mayoría de las reclamaciones no proceden. Esto se debe a que las actuaciones administrativas no fueron impugnadas a tiempo. Además, las pérdidas reclamadas (ganancias no percibidas, pérdidas de negocio) no son recuperables en este tipo de acción. Solo una reclamación contractual relacionada con la entrega de suministros bajo un contrato anterior podría justificar un remedio.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de apelación, acogido como certiorari, presentado por la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El recurso busca la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de Represalias, Discrimen por Edad y Despido Nulo e Injustificado. Dicha sentencia del foro primario concluyó que el despido del Sr. Manuel A. Díaz Rivera fue nulo, ilegal e ineficaz. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la reinstalación del Sr. Díaz Rivera a su puesto. El caso original se tramitó bajo el procedimiento sumario de reclamaciones laborales. La Sentencia Parcial fue dictada tras una solicitud de sentencia sumaria parcial a la que la parte apelante no presentó oposición. No obstante, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari incoado. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal Apelativo para atender el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación sobre pensión alimentaria. El apelante, Jesús Manuel Poueriet Santana, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución acogió la recomendación de la Examinadora de Pensiones Alimentarias para imponerle una pensión alimentaria periódica a favor de su hijo menor. El caso se originó con una moción de la apelada, Risania Mayerling Mota Aquino, solicitando la revisión de la pensión. Las partes estipularon y el tribunal aprobó la relocalización de la madre y el menor a la República Dominicana, reteniendo Puerto Rico jurisdicción sobre la pensión. La controversia sobre la revisión de pensión fue referida a la Examinadora. La Examinadora celebró una vista, analizó la prueba de ingresos del padre y rindió un informe con su recomendación. El Tribunal de Primera Instancia adoptó esta recomendación. El apelante impugnó esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta resolución en el caso KLAN201900558, originado por un recurso de apelación presentado por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). BPPR impugna una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito iniciado por Sally Broggi y Plácido Santos Veryer. El caso principal trata sobre incumplimiento de contrato, resolución de compraventa, nulidad de préstamo y daños y perjuicios. La sentencia recurrida determinó que BPPR fue negligente y responsable por los daños sufridos por los demandantes, posponiendo la cuantificación de los mismos. La controversia se relaciona con un préstamo hipotecario donde un problema de tracto registral impidió la venta de la propiedad. Los demandantes dejaron de pagar el préstamo y solicitaron una moratoria, pero BPPR continuó gestiones de cobro e informó su morosidad a agencias de crédito. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari, dado que el dictamen apelado es de carácter interlocutorio. BPPR cuestiona las determinaciones de hecho y la conclusión de negligencia y responsabilidad del tribunal de instancia.

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Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada, que desestimó una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Esther Camacho Lorenzo contra Supermercados Econo, Inc. tras sufrir una caída en una de sus tiendas. El foro primario ordenó a la demandante presentar su reclamación en el procedimiento administrativo de liquidación de Real Legacy Assurance Company. Esta aseguradora era la compañía de seguros de Econo y se encontraba bajo un proceso de rehabilitación y posterior liquidación iniciado por el Comisionado de Seguros. La señora Camacho apeló la decisión, argumentando que solo demandó a Econo y que Real Legacy no era parte en el pleito. Sostuvo que la paralización y desestimación de su caso contra Econo era improcedente a pesar de la situación de la aseguradora. El Comisionado de Seguros intervino en el caso solicitando paralizaciones debido al estado de insolvencia de Real Legacy. La sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda si el foro primario actuó correctamente al desestimar la demanda y redirigir a la demandante al foro administrativo de liquidación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de impericia médica. La peticionaria, NOVA Infusión & Compounding Pharmacy, solicitó un auto de certiorari. Buscaba la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha decisión declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración de las costas presentada por NOVA. El foro primario había aprobado previamente un memorando de costas de la parte demandante por \$35,282.92. NOVA alegó que el tribunal erró al conceder gastos de peritaje y otros que, a su juicio, no proceden conforme a la jurisprudencia. La parte recurrida se opuso a la expedición del auto. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, denegó la expedición del auto de certiorari. La resolución se basa en los fundamentos expuestos en la sección II del documento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de reclamación laboral entre Jorge Alberto Loyola Lugo y VPH Motor Corporation. El señor Loyola Lugo presentó una querella por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, alegando que fue forzado a renunciar tras ser descendido de puesto después de 24 años de servicio, lo que constituyó un despido constructivo. La empresa VPH Motor Corporation argumentó que el descenso se debió a deficiencias en el desempeño del empleado. El Tribunal de Primera Instancia de Ponce declaró Ha Lugar la querella, encontrando que hubo despido injustificado. VPH Motor Corporation apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el tracto procesal, los hechos y el marco doctrinal, el Tribunal de Apelaciones concluyó que procedía revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de certiorari relacionado con un caso de cobro de dinero. El peticionario, Adrián Mercado Jiménez, solicitó la revisión de una segunda orden de prohibición de enajenar dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Oriental Bank & Trust. El caso original, iniciado en 2010 por BBVA (luego sustituido por Oriental Bank), buscaba el cobro de más de $180,000 e incluyó reclamaciones por fraude de acreedores contra el peticionario, su esposa y un fideicomiso. Oriental Bank solicitó la nueva orden de prohibición tras descubrir que se intentó cancelar una orden previa y anotar un derecho de hogar seguro sobre una propiedad titularidad del fideicomiso. La entidad bancaria argumentó que estas acciones ponían en riesgo el aseguramiento de una eventual sentencia. El Tribunal de Primera Instancia accedió a la solicitud de Oriental Bank. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el dictamen. Tras la revisión, el panel judicial modificó la orden recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado y represalias. Rafael Menéndez Badillo demandó a San Jorge Children's Hospital tras ser despedido por la eliminación de su puesto de Ingeniero Corporativo de Proyectos. El empleado alegó despido injustificado bajo la Ley 80 y represalias bajo la Ley 115 por expresiones internas. El Hospital sostuvo que el despido se debió a una reestructuración por pérdidas económicas significativas y que no hubo represalias. El foro primario desestimó la reclamación de represalias, pero permitió que continuara la de despido injustificado, al entender que subsistían controversias sobre la justificación económica del cierre del departamento. El Hospital apeló esta determinación parcial. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decide modificar la sentencia apelada y desestimar la querella en su totalidad.

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Comparecen ante este Tribunal Furniture and Carpet World Corp., American Furniture Depot, Inc., y otros, mediante recurso de certiorari. Solicitan la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de 27 de febrero de 2019. Dicha Orden declaró No Ha Lugar su solicitud de relevo de sentencia. El caso original fue instado por Scotiabank en 2012 por cobro de dinero y ejecución de hipoteca debido a incumplimiento de préstamos. Se dictó sentencia sumaria parcial contra algunos peticionarios en octubre de 2015. WM Capital Partners 53, LLC fue sustituido como demandante tras adquirir la deuda. Posteriormente, se dictó sentencia sumaria contra Furniture and Carpet World Corp. Se procedió a la ejecución y subasta de una propiedad. La parte peticionaria solicitó el relevo de sentencia en octubre de 2018, alegando su nulidad por falta de legitimación activa del banco original. El presente dictamen revisa la negativa del foro primario a conceder dicho relevo.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve la apelación presentada por María Orta Camacho contra el Hospital Menonita de Caguas y el Dr. Jorge L. Cordero Soto. La apelante demandó por impericia médica y falta de consentimiento informado tras una tiroidectomía realizada por el Dr. Cordero Soto. Alegó que el médico se apartó de las normas de cuidado, como operar sin una biopsia previa, y que no recibió información adecuada sobre el procedimiento. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que la demandante no probó sus alegaciones. El foro primario dio mayor credibilidad al perito de la defensa, quien testificó que la cirugía estaba indicada por la condición de la paciente (bocio multinodular, síntomas, hipotiroidismo). El perito de la defensa explicó que la biopsia (fine needle aspiration) no procedía en casos de nódulos múltiples. El Tribunal de Primera Instancia también determinó que el médico orientó a la paciente y obtuvo el consentimiento informado requerido. La apelante solicitó la revocación de esta sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Este caso de liquidación de sociedad legal de gananciales y partición de herencia, iniciado en 2009, gira en torno a las obras de arte del fenecido artista Julio Rosado del Valle, parte de las cuales se encuentran en Puerto Rico y otra en Barcelona, España. La controversia ante el Tribunal de Apelaciones surge de una Orden del Tribunal de Primera Instancia dictada en medio de gestiones transaccionales. Dicha Orden requirió la comparecencia de la peticionaria Margarita Rosado Muñoz a una deposición y ordenó depositar en Puerto Rico obras ubicadas en Barcelona. Esta orden fue motivada por la alegación de los peticionarios de que 49 obras en España no formaban parte del caudal hereditario. Los peticionarios recurrieron en certiorari solicitando la revisión de esta Orden. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción, al no satisfacerse los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la desestimación de una demanda por daños y perjuicios. La acción fue presentada por Amparo Rivera Guevarez y Ángel Salgado Silva contra HOCO Development, S.E., tras una caída sufrida por la Sra. Rivera el 29 de julio de 2016. La demanda, radicada el 12 de septiembre de 2017, alegaba negligencia del propietario del lugar del accidente. Los demandados solicitaron la desestimación por prescripción, al haber transcurrido más de un año desde el suceso. Los demandantes apelantes argumentaron que el término prescriptivo fue interrumpido por gestiones extrajudiciales dirigidas inicialmente a quien creían responsable. Alegaron que solo identificaron a HOCO como propietario posteriormente, y que el término debía contarse desde esa fecha. El Tribunal de Primera Instancia declaró prescrita la acción y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora la corrección de dicha determinación.

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