Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 263)

Resumen:

Delca Distributors, Inc. presentó una demanda por cobro de dinero contra Piñeiro Latin Cuisine Corp. y el Sr. Luis R. Piñeiro. Las partes alcanzaron un acuerdo transaccional para resolver la controversia. Informaron al Tribunal de Primera Instancia sobre la transacción y solicitaron que se dictara sentencia conforme a la estipulación. El Tribunal inicialmente ratificó el acuerdo y dictó sentencia según lo estipulado. Posteriormente, el Tribunal, motu proprio, desestimó el caso sin perjuicio, alegando incumplimiento con la notificación del juicio bajo la Regla 60. Delca presentó una Moción de Reconsideración, argumentando que el acuerdo había sido aprobado y la notificación fue conforme a derecho, aportando evidencia. El Tribunal declaró sin lugar la Moción de Reconsideración. Inconforme, Delca apeló la desestimación, señalando como error que el Tribunal desestimara el pleito a pesar de que las partes habían logrado una transacción judicial que finiquitó la controversia y había sido previamente autorizada. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión, considerando la naturaleza de cosa juzgada de las transacciones judiciales y la facultad de desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por James Colón. El apelante solicita la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. En dicha sentencia, se le condenó por infracción al Artículo 215 del Código Penal de 2012. La acusación se basó en hechos ocurridos el 7 de marzo de 2016, donde se alegó que circuló o poseyó una licencia de conducir falsificada. Se le imputa haber mostrado esta licencia a una Oficial de Seguridad de TSA en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El documento detalla el trasfondo procesal y fáctico, incluyendo el juicio celebrado en enero de 2017. Se resumen los testimonios de testigos clave, como la persona cuyo número de licencia fue utilizado y la oficial de TSA que detectó la falsedad del documento. Este escrito constituye la Sentencia del panel del Tribunal de Apelaciones sobre el caso.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Premium Brands of Puerto Rico demandó a RL Food Services Corp. y a los esposos Minerva Luna Diou y Salvador Rovira Rodríguez por facturas impagadas. La Sra. Luna Diou había firmado una garantía personal constituyéndose en fiadora solidaria de la deuda de RL. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria, declarando a los esposos Rovira Luna y su sociedad legal de gananciales solidariamente responsables por la deuda. Los esposos apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Alegan que el tribunal de instancia erró al imponer responsabilidad solidaria a la sociedad de gananciales. También cuestionan el uso de una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones que consideran contradictoria con otra decisión anterior. El Tribunal de Apelaciones revisa el caso, citando disposiciones del Código Civil de Puerto Rico relativas a la responsabilidad y administración de la sociedad legal de gananciales. El documento presenta los antecedentes del litigio, los errores señalados en la apelación y el marco legal pertinente para su resolución.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Milly Soto Méndez y Luis Ricardo Álvarez Miranda contra Carmen C. Marcano y otros. Los apelantes recurrieron una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que, tras reconsiderar una decisión previa, declaró Ha Lugar su demanda por daños causados por una inundación, pero les concedió solo \$450. Los apelantes alegaron error en la valoración de los daños por el foro primario. La parte apelada presentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones objetando el recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones requirió a los apelantes mostrar causa por la cual no debía desestimarse la apelación por falta de jurisdicción. Los apelantes no respondieron a dicho requerimiento. Tras revisar el historial procesal y las reglas aplicables sobre términos apelativos y reconsideración, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, se desestima la apelación presentada por la señora Soto Méndez y el señor Álvarez Miranda.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio y cobro de dinero. La Sucesión de Miguel Santos Ruiz demandó a José Eduardo Santos Flores para desalojarlo de una estructura en una finca y reclamar dinero. El tribunal de instancia dictó sentencia en rebeldía contra el demandado, ordenando el desahucio y el pago. Posteriormente, Hacienda Tatón, Inc. solicitó intervenir en el pleito, alegando ser parte indispensable por tener un contrato de arrendamiento sobre la finca donde ubica la estructura. Hacienda Tatón también pidió relevo de sentencia, argumentando que la decisión afectaba sus derechos. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar tanto la moción de intervención como la de relevo de sentencia. Hacienda Tatón apeló estas denegatorias ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un auto de certiorari. Tras evaluar los méritos, el Tribunal de Apelaciones denegó el certiorari, confirmando las decisiones del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre la apelación de Multinational Insurance Company y el Municipio de Naranjito. Los apelantes buscan revocar la Sentencia Parcial que desestimó su Demanda Contra Tercero contra la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO). La demanda original fue instada por una jugadora de voleibol lesionada en el Coliseo Gelito Ortega de Naranjito. La jugadora alegó negligencia del Municipio por un sistema de prevención de riesgos deficiente tras impactar una plataforma de metal. MIC y el Municipio de Naranjito demandaron a COPUVO como tercero, argumentando que esta entidad tenía el cuidado y control del coliseo y era responsable de los daños. COPUVO solicitó la desestimación de la demanda contra tercero, alegando que no exponía una causa de acción válida y que sus reglamentos la eximen de responsabilidad por accidentes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra tercero con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada, validando la desestimación de la reclamación de los apelantes contra COPUVO.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de partición de herencia. El apelante, Hiram Pérez Soto, impugnó una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó sus reclamaciones sobre la nulidad e inoficiosidad de donaciones de acciones corporativas realizadas por el causante. También se desestimaron sus cuestionamientos sobre la valoración de las acciones donadas. El apelante alegaba que las donaciones menoscababan su legítima como heredero forzoso. Adicionalmente, solicitaba que los dividendos de las acciones donadas se incluyeran en el inventario de la herencia. Los apelados, incluyendo otros herederos y un donatario no heredero, presentaron argumentos en contra de las pretensiones del apelante. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las causas de acción relacionadas con las donaciones, valoración, legítima y dividendos. Tras revisar la apelación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria Parcial recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. El Colegio impugnó una Sentencia Sumaria Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar la segunda causa de acción de una demanda, concluyendo que la exigencia del Colegio de requerir un sello de cinco centavos por cada prueba realizada carece de validez. El foro primario determinó que esta exigencia es contraria al Art. 15 de la Ley Núm. 44, que ordena adherir un sello por cada informe de resultado, no por cada prueba. El caso tiene un historial procesal previo, incluyendo apelaciones anteriores que llevaron a la devolución del caso al foro primario para atender específicamente esta controversia. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria Enmendada. Con esta decisión, se ratifica que la exigencia del Colegio de Tecnólogos Médicos de un sello por cada prueba realizada es ilegal y contraria a la ley aplicable.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por Misael Campos Morales. El apelante impugnó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, que lo declaró culpable de violar el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito por conducir en estado de embriaguez. El foro primario le impuso multas, un arancel especial y suspendió su licencia de conducir por treinta días, aunque le concedió un permiso provisional. La convicción se basó en la prueba presentada en juicio, incluyendo un resultado de prueba de aliento de 0.133% de alcohol. El apelante alegó que el tribunal de instancia erró al determinar culpabilidad sin prueba suficiente. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y la prueba desfilada en el juicio. Tras considerar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900237. El Municipio Autónomo de San Juan apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión confirmó un laudo arbitral a favor de Cruz Manuel Garcia Figueroa. El laudo arbitral surgió de un procedimiento de quejas y agravios tras la destitución del Sr. García Figueroa por el Municipio. El árbitro modificó la destitución a una suspensión de 10 días y ordenó el pago de salarios dejados de percibir. Ante el incumplimiento del Municipio, el Sr. García Figueroa solicitó la confirmación judicial del laudo. El Tribunal de Primera Instancia confirmó el laudo y desestimó la reconvención del Municipio por falta de jurisdicción. El Municipio apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los recursos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Se ratifica así la orden de dar cumplimiento al laudo arbitral.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de impugnación de paternidad. El apelante, Luis Rodríguez Cartagena, solicitó la revocación de la sentencia que desestimó su acción. El foro primario concluyó que la demanda debía ser desestimada por caducidad al no incluir ni emplazar a la menor cuya filiación se impugnaba. Determinó que la menor es una parte indispensable en el pleito y que la falta de su emplazamiento dentro del término legal conllevó la caducidad de la acción bajo la Ley 215-2009. El apelante argumentó que el TPI erró al desestimar por caducidad. La apelada, Yalitza M. Valentín Sánchez, defendió la sentencia, señalando la falta de emplazamiento a la menor. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Antonio Rodríguez Pagán comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Solicita la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario alega representación legal ineficaz, argumentando que su abogado no planteó que la prueba solo sustentaba una convicción por asesinato en segundo grado. Se señala que la sentencia original por asesinato en primer grado fue previamente apelada. El Tribunal de Apelaciones en un caso anterior modificó la convicción a asesinato en segundo grado. Sin embargo, el Tribunal Supremo revisó esa decisión. El Alto Foro revocó al Tribunal de Apelaciones y restituyó la convicción original por asesinato en primer grado. El Tribunal Supremo discutió los hechos y aplicó la doctrina de error sobre la persona para confirmar la intención criminal. El recurso actual se basa en un argumento sobre el grado del delito que ya fue resuelto por el Tribunal Supremo.

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Sentencia de un panel judicial sobre una apelación presentada por el Sr. Anddie Rivera Rivera. El Sr. Rivera apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró Ha Lugar una acción de desahucio a favor de la Sra. Inés Allende Romero. La Sentencia Parcial ordenó el desalojo del inmueble por parte del Sr. Rivera en 30 días, dejando pendientes las reclamaciones de cobro de dinero e incumplimiento de contrato para una vista posterior. El apelante alegó varios errores del TPI al conceder el desahucio. El panel revisó el recurso y los documentos acompañantes. Se recordó que el Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil exige que el demandado preste fianza o consigne la deuda como requisito jurisdiccional para apelar una sentencia de desahucio. La cuantía de esta fianza debe ser fijada por el TPI antes de la radicación del recurso de apelación. Al no cumplirse este requisito previo y jurisdiccional, el recurso de apelación se considera prematuro. Por consiguiente, el panel desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación en un caso de incumplimiento de contrato. Miriam Arce Rodríguez y Elías Reyes Pérez apelaron la Sentencia Sumaria que desestimó su demanda contra la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La disputa surgió de una reclamación por daños a la propiedad causados por el Huracán María. Los demandantes alegaron que la aseguradora realizó un ajuste irreal y deficiente de los daños. Argumentaron que la aseguradora no proveyó información adecuada y que sus acciones constituyeron prácticas desleales. Sostuvieron que su consentimiento al endosar un cheque de liquidación estaba viciado por dolo. La aseguradora, por su parte, afirmó que el endoso del cheque representó la aceptación del pago en finiquito y extinguió la obligación. El Tribunal de Primera Instancia había concedido la Sentencia Sumaria a favor de la aseguradora. Tras examinar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900634. Sheraton Puerto Rico Management, LLC apeló una Resolución y Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Río Grande. El caso subyacente es una reclamación de empleados (Ariana Santiago Mercado, et al.) por horas, salarios y beneficios, incluyendo la disputa sobre ajustes a sus registros de horas. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la solicitud de los empleados, determinando que las modificaciones hechas por Sheraton a los registros de horas sin consentimiento eran inválidas. Sheraton apeló esta decisión parcial. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisar el tracto procesal, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso de apelación era prematuro. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por Sheraton Puerto Rico Management, LLC.

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Se presenta una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de cobro de dinero bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil. El demandante original reclamaba una deuda por servicios de reparación de un vehículo. El demandado apelante negó la deuda y presentó una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que, según él, determinó que el vehículo era defectuoso y debía devolverse. El apelante argumentó que la sentencia del TPI era nula por falta de jurisdicción sobre su esposa, quien formaba parte de la sociedad legal de gananciales demandada, y porque la resolución de DACO constituía cosa juzgada administrativa. El Tribunal de Primera Instancia había condenado al apelante al pago de la deuda, costas y honorarios de abogado. El apelante impugnó esta decisión alegando errores de jurisdicción y la primacía de la resolución administrativa de DACO. El tribunal de apelaciones, tras revisar los autos, procedió a revocar la sentencia apelada. La decisión consideró aspectos procesales relacionados con la notificación en casos bajo la Regla 60.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Revisa la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. El demandante apelante, Rafael Ibáñez Galarza, solicitó la revisión de la decisión que declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. El caso se originó por una reclamación de daños a la propiedad tras el Huracán María. El demandante alegó que la aseguradora incumplió la póliza y no ofreció una compensación justa, realizando un ajuste desleal. La aseguradora argumentó que el demandante aceptó un pago en finiquito al endosar un cheque, extinguiendo la obligación. El demandante replicó que el pago fue resultado de actuaciones dolosas y un ajuste irreal, violando regulaciones de seguros. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a la aseguradora al entender que no existía controversia sobre hechos esenciales. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Integrand Assurance Company y Supermercados Máximo, Inc. contra Lissette Pagán Álvarez. Durante el proceso apelativo, la apelante Integrand Assurance Company informó al tribunal sobre una Orden Provisional de Rehabilitación emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia en otro caso. Dicha orden decretó la paralización de los procesos pendientes en los que la aseguradora fuera parte. El Tribunal de Apelaciones examinó la situación a la luz del Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico, que regula los efectos de los procesos de rehabilitación de aseguradoras. Conforme a esta disposición legal, la presentación de una acción de rehabilitación paraliza las acciones donde el asegurador es parte por noventa días o más si es necesario. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización y archivo administrativo de este recurso apelativo. La paralización será por noventa días contados desde la fecha de la Orden de Rehabilitación o por el término adicional que sea necesario, debiendo las partes notificar el cese de la misma.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial por Desistimiento con Perjuicio dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La sentencia apelada desestimó con perjuicio la reclamación presentada contra el Estado Libre Asociado (ELA). El pleito original fue incoado por José O. Cruz Juarbe contra múltiples partes, incluyendo al ELA y a Universal Insurance Co., quien figura como apelante. El caso fue inicialmente paralizado y archivado administrativamente por el foro primario debido a la protección del Título III de PROMESA que ampara al Gobierno de Puerto Rico. A pesar de la paralización vigente, el demandante solicitó y el tribunal concedió el desistimiento con perjuicio respecto al ELA. Universal Insurance Co. se opuso a esta acción, alegando que el tribunal carecía de jurisdicción para dictar el desistimiento mientras el caso estaba paralizado bajo PROMESA y que ello perjudicaba sus derechos. El Tribunal de Primera Instancia procedió a levantar la paralización y ordenar la continuación del caso contra las partes restantes tras la desestimación del ELA. Universal apeló esta determinación, cuestionando la legalidad del desistimiento en esas circunstancias. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso de apelación presentado por Universal Insurance Co. y procedió a revocar la Sentencia Parcial por Desistimiento con Perjuicio emitida por el foro primario.

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Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. Los demandantes, asegurados de Real Legacy Assurance Company, reclamaron daños a sus propiedades causados por el huracán María. Presentaron estimados de reparación por más de \$100,000, alegando que la aseguradora incumplió al ofrecer una suma baja y no reconsiderar. Durante el litigio, Real Legacy fue sometida a un procedimiento de rehabilitación y luego de liquidación por orden judicial en otro caso. El Comisionado de Seguros, como auxiliar rehabilitador/liquidador, solicitó la paralización y luego la desestimación del caso. Argumentó que el Código de Seguros prohíbe acciones judiciales contra una aseguradora en liquidación, remitiendo las reclamaciones al proceso administrativo. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y desestimó la demanda con perjuicio. Los demandantes apelaron esta decisión, imputando error al TPI. El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia apelada. Declara que la Sentencia del TPI es modificada y, así modificada, confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de impugnación de cobro de contribuciones. La apelante, S.A. Properties, Inc., desafía una determinación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). El DTRH concluyó que un trabajador era empleado, generando deudas por seguro de desempleo e incapacidad. S.A. Properties fue notificada de la deuda en noviembre de 2016, con un término de 15 días para solicitar reconsideración administrativa. La empresa presentó una demanda judicial en mayo de 2017, seis meses después. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del Estado. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada. Asimismo, desestimó la demanda original presentada por S.A. Properties.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de apelación presentado por Integrand Assurance Company. La parte apelante informó al tribunal sobre una Orden Provisional de Rehabilitación emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso separado. Dicha orden, dictada en el proceso de rehabilitación de Integrand, decretó la paralización de todos los procesos pendientes en los que la aseguradora sea parte. El Tribunal de Apelaciones examinó la situación a la luz de la moción presentada y la comparecencia del Comisionado de Seguros. Se aplicó el Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico. Esta disposición legal establece la paralización obligatoria de acciones judiciales contra una aseguradora cuando se radica una orden de rehabilitación. La paralización inicial es por noventa días o el tiempo adicional necesario. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones ordena la paralización y archivo administrativo de este recurso apelativo. La paralización se extiende por noventa días a partir de la Orden de Rehabilitación o el término adicional que requiera la ley. Las partes deberán notificar al tribunal el cese de la paralización para solicitar el levantamiento del archivo.

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Se presenta un recurso de apelación, acogido como certiorari, contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó paralizar un proceso de lanzamiento y dejar sin efecto una sentencia de 2014. La peticionaria, miembro de una sucesión demandada en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, fue declarada en rebeldía junto a los demás herederos. Tras dictarse sentencia en 2014 y venderse la propiedad en pública subasta en 2015, la sucesión y la peticionaria intentaron sin éxito obtener relevo de sentencia. Posteriormente, en 2018, la peticionaria solicitó nuevamente dejar sin efecto la rebeldía y sentencia, alegando fraude por parte de su abogado anterior. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta moción. La peticionaria recurre ahora esa determinación. Este tribunal revisa el historial del caso, incluyendo intentos previos de impugnar la sentencia. Finalmente, se deniega expedir el auto de certiorari solicitado.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Cecilia M. Amador López, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia desestimó sin perjuicio una demanda sobre interdicto preliminar y sentencia declaratoria. La demanda original alegaba la mala administración del Fideicomiso TL por parte del fiduciario, Irving R. Torres Rodríguez, en detrimento de un menor beneficiario. Inicialmente, el Tribunal de Primera Instancia concedió un injunction preliminar, removiendo al fiduciario y nombrando un sustituto. No obstante, el caso fue desestimado posteriormente por inactividad procesal de la parte demandante por más de seis meses. La desestimación se fundamentó en las Reglas de Procedimiento Civil sobre archivo por inacción. La apelante presentó una moción de reconsideración que fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. La apelación busca la revisión de esta desestimación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación. La parte apelante solicita la revocación parcial de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia resolvió una demanda por incumplimiento de un contrato de opción de compra. El demandante original (apelado) alegó que los apelantes incumplieron al no pagar las mensualidades de la hipoteca del inmueble objeto del acuerdo. Este incumplimiento supuestamente afectó su crédito y le causó daños. El tribunal primario encontró incumplimiento y ordenó a los apelantes pagar al apelado \$10,000 por daños y \$5,534 por pagos de hipoteca realizados por este último. También dispuso que, tras estos pagos, las partes debían perfeccionar la compraventa. La sentencia apelada también asignó la responsabilidad por una deuda del CRIM. Los apelantes recurren ahora ante el Tribunal de Apelaciones contra este dictamen.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de apelación criminal. La apelante, Tatiana Torres Irizarry, impugnó una sentencia de 3 años y 9 meses de cárcel impuesta por el Tribunal de Primera Instancia por un caso bajo el Artículo 3.1 de la Ley 54. El recurso de apelación fue presentado el 12 de abril de 2019. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige la presentación de un alegato en un término de treinta días, que en este caso vencía el 13 de mayo de 2019. A pesar de la advertencia del tribunal, la apelante no presentó el alegato ni justificó su incumplimiento. El tribunal reitera que las reglas procesales deben cumplirse rigurosamente, incluso por quienes comparecen por derecho propio. Al no haberse perfeccionado el recurso con la presentación del alegato, el tribunal se ve impedido de evaluar los planteamientos de la apelante. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación.

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