Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 258)

Resumen:

Se trata de una Sentencia de un panel judicial que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Toa Alta. Los apelantes demandaron a los apelados por incumplimiento de contratos verbales sobre la compra de una embarcación y el uso de un muelle, reclamando cumplimiento específico o rescisión y daños. Los apelados presentaron una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar tanto la demanda como la reconvención. Sin embargo, ordenó a los apelantes pagar \$3,000.00 a los apelados y a estos últimos entregar la embarcación y traspasar su título. Adicionalmente, impuso a los apelantes el pago de costas, gastos y \$3,000.00 en honorarios de abogado. El panel apelativo evaluó los fundamentos de la decisión de instancia, incluyendo las determinaciones de hecho sobre las partes y los acuerdos verbales. Por los fundamentos expuestos, el panel elimina la partida de honorarios de abogado impuesta a los apelantes por temeridad. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia se confirma en todo lo demás.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación presentada por Universal Insurance Company y B&A Natural System, Inc. Impugnan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que los declaró responsables por daños y perjuicios en un caso de accidente de tránsito. El caso se originó por un incidente donde un peatón, Gil Navedo Burgos, fue impactado por un vehículo, falleciendo posteriormente, y su hija, Lilliam Navedo Nieves, sufrió angustias mentales. El foro primario determinó que el accidente fue causado exclusivamente por la negligencia del conductor del vehículo. La sentencia de instancia condenó a los apelantes al pago de $375,000 en daños. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones encontró que la sentencia debía ser modificada. La modificación se limita a deducir $1,000 conforme a la Ley de Protección Social por Accidente de Automóviles. La indemnización final se establece en $374,000. Así modificada, la sentencia apelada es confirmada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un caso de Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca. El recurso fue presentado por César Iván Díaz Matos y Maritere Sánchez Cruz, junto a su sociedad de gananciales, apelando una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia había declarado Ha Lugar la demanda incoada por Banco Popular de Puerto Rico contra los apelantes. La demanda original de Banco Popular, presentada en 2014, incluía seis causas de acción. Estas causas de acción se basaban en el incumplimiento de pago de múltiples préstamos y líneas de crédito otorgados a los esposos Díaz-Sánchez, con sumas principales significativas. Adicionalmente, una causa de acción se refería a un documento de prenda que garantizaba obligaciones mediante pagarés hipotecarios sobre una propiedad. Los apelantes solicitaron la revisión del dictamen que ordenaba el cobro de las deudas y la ejecución hipotecaria. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por Investigaciones y Programas, S.A. (IPSA), tratado como certiorari. IPSA solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Relevo de Sentencia. El caso original, incoado por Berríos \& Longo Law Office, es sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. Se dictó sentencia en rebeldía contra IPSA, notificada por edicto. IPSA argumentó que no fue emplazada correctamente, privando al TPI de jurisdicción. El TPI denegó la moción de relevo de sentencia de IPSA. IPSA recurrió ante el Tribunal de Apelaciones alegando error en esa determinación. Berríos \& Longo se opuso al recurso. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción conforme a su reglamento, decidió denegar la expedición del auto de certiorari. Esta denegatoria no constituye una adjudicación sobre los méritos del señalamiento de error.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Se trata de una Sentencia apelativa que resuelve una controversia sobre la desestimación de una demanda de división de comunidad hereditaria y remoción de albacea. Las apelantes, Sras. Pérez y Villafañe, solicitaron la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su caso. La demanda original fue presentada por el Sr. Luis Villafañe, apelado, alegando la urgencia de dividir los bienes hereditarios ante la falta de acuerdo y el deterioro de un inmueble. Las partes intentaron transigir el asunto extrajudicialmente. Las apelantes informaron al TPI sobre una oferta que ellas aceptaron, pero el apelado buscaba condiciones adicionales, indicando que no había un acuerdo final. A pesar de esta aclaración, el TPI interpretó que había un acuerdo por una suma específica y ordenó la presentación de un acuerdo de transacción o desistimiento. Al no presentarse dicho documento, el TPI desestimó la demanda. Las apelantes argumentaron que el TPI erró al desestimar el caso basándose en un acuerdo inexistente. El panel apelativo revisó los fundamentos y determinó que procedía revocar la Sentencia del TPI. En consecuencia, se deja sin efecto la desestimación y el caso puede continuar.

Resumen:

Francisco González Rivera y otros apelaron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aguadilla que desestimó su demanda sin perjuicio. La desestimación se fundamentó en la falta de evidencia en el expediente del diligenciamiento oportuno del emplazamiento a la Cooperativa de Seguros Múltiples. Los apelantes solicitaron reconsideración, presentando prueba de que el emplazamiento fue diligenciado el 24 de septiembre de 2018 y juramentado al día siguiente. El TPI declaró No Ha Lugar la reconsideración, lo que motivó el recurso de apelación ante este panel. El panel requirió a la Cooperativa mostrar causa por la cual no debía revocarse la Sentencia apelada. La Cooperativa presentó un escrito admitiendo haber sido emplazada y haber contestado la demanda. Manifestó no tener fundamento para oponerse a la revocación de la Sentencia. Examinado el recurso y el derecho aplicable, el panel acuerda revocar la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Víctor Arbelo Rosario, impugnó la denegatoria de su solicitud para iniciar terapias que le permitieran cualificar para un programa de desvío con grillete. El Departamento había denegado la solicitud inicial y la posterior reconsideración, indicando que los grupos de terapia ya habían comenzado y su caso sería evaluado en una fecha posterior. Arbelo Rosario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando que se agilizara el proceso. El Tribunal aplicó el estándar de revisión administrativa, que otorga deferencia a la experiencia de la agencia y presume la legalidad de sus actos. Tras evaluar el caso, el Tribunal determinó que la actuación administrativa no fue arbitraria, ilegal o irrazonable. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa. La decisión original de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo resolvió una querella de un empleado contra su patrono y la fiadora de este. El empleado reclamaba salarios, horas extras y periodos de alimentos no pagados. La OMA archivó la querella contra el patrono por incomparecencia. Procedió a dictar resolución sumaria contra la fiadora, Triple S Propiedad, ordenándole pagar al empleado \$6,287.02. Esta suma incluía horas regulares, horas extras, periodos de alimentos adeudados y penalidades legales. El patrono, una empresa de seguridad, estaba obligado por ley a tener una fianza para cubrir salarios. Triple S apeló la determinación de la OMA, y el Tribunal de Apelaciones modifica la resolución administrativa y, así modificada, la confirma.

Resumen:

Recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico instado por Betances Professional Services and Equipment, Inc. contra la Junta de Subastas del Municipio de Guayama. La recurrente impugnó la adjudicación del renglón 20-047 de una subasta para suministro de materiales y equipo educativo a favor de Camera Mundi, Inc. Betances alegó que la Junta de Subastas no evaluó todos los factores legales y actuó de forma arbitraria. El Tribunal desestimó el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido a una notificación defectuosa de la adjudicación de la subasta. En consecuencia, el caso fue devuelto a la Junta de Subastas. La Junta debe efectuar la renotificación de la adjudicación conforme a derecho. La sentencia no resolvió los méritos de la impugnación a la adjudicación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de Omar Skerret Hernández. El peticionario solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de nuevo juicio. Hernández fue hallado culpable por jurado de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, siendo sentenciado a 129 años. La sentencia fue previamente confirmada en apelación y el Tribunal Supremo denegó certiorari. Años después, el peticionario presentó una moción de nuevo juicio alegando incongruencias en la prueba y, principalmente, la retractación de la única testigo ocular en su contra. Según la moción, la testigo Gloria Díaz Encarnación suscribió una declaración jurada retractándose de su testimonio original. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de nuevo juicio. Ante esta denegatoria, el peticionario acude al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve dos recursos consolidados, un certiorari (KLCE201900812) y una apelación (KLAN201900725). Ambos recursos provienen del caso civil SJ2019CV05059 del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre injunction. Los peticionarios presentaron la acción original en el TPI, incluyendo como codemandados a jueces federales. Ante ello, la United States Attorney presentó un Notice of Removal para trasladar el caso al Tribunal Federal. El TPI emitió una Orden paralizando los procedimientos locales tras la notificación del traslado. Posteriormente, el TPI dictó una Sentencia reconociendo que el foro federal había adquirido jurisdicción y ordenando el archivo del caso. Los peticionarios impugnaron ambas decisiones del TPI ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones desestimó ambas reclamaciones por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Consejo de Titulares de Las Casitas I Resort Condominium apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró a Lime Residential, LTD como adquiriente involuntario de una villa. Lime Residential adquirió la propiedad en una subasta de ejecución hipotecaria y solicitó ser clasificado como tal para limitar su responsabilidad por gastos comunes a los seis meses previos a la adquisición. El TPI acogió esta solicitud, dictaminando que Lime solo debía las cuotas de mantenimiento de los seis meses anteriores a la subasta. El Consejo de Titulares recurre argumentando que Lime Residential, al ser un inversor y no el acreedor hipotecario original, debe ser considerado un adquiriente voluntario. Bajo esta clasificación, el Consejo sostiene que Lime sería responsable del pago total de las sumas adeudadas por concepto de cuotas de mantenimiento. La apelación requiere que el Tribunal determine si la adquisición en subasta por un cesionario del crédito hipotecario califica como adquisición voluntaria o involuntaria. La resolución de este punto definirá la extensión de la obligación de Lime Residential respecto a la deuda por gastos comunes de la unidad.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve la apelación de Raúl E. González Díaz. El apelante solicitó la eliminación de su nombre del Registro de Ofensores Sexuales y de su récord penal. Fue sentenciado en 2004 por violación y sodomía e ingresó al registro en 2008. Argumentó que cumplió el término de 10 años requerido por la Ley 266-2004. El Tribunal de Primera Instancia denegó su petición. Fundamentó su decisión en la Ley 243-2011, que exige registro de por vida para dichos delitos, aplicándola retroactivamente. El Ministerio Público se opuso a la eliminación basándose en esta ley posterior. El apelante impugnó la aplicación retroactiva de la Ley 243-2011, alegando errores de derecho y violaciones constitucionales. El Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

La Sentencia resuelve una apelación sobre la desestimación de una demanda por parte del Tribunal de Primera Instancia. La acción fue presentada por Royal 2000 Rental and Leasing Corp. y Royal Motors Corp. contra Firstbank Puerto Rico y Condado 5, LLC. El litigio se centra en una cláusula de un acuerdo de modificación de préstamo. Dicha cláusula condicionaba la liberación de los títulos de vehículos dados en garantía al pago total de la deuda, no a la cantidad asignada a cada vehículo individual. Las demandantes alegaron que esta disposición era ilegal y contraria al orden público. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, al entender que el acuerdo era claro y válido, y que el pago total de la deuda era una condición precedente para la liberación del colateral. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación y concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la demanda por no aducir una reclamación que justificara un remedio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia de la Junta de Subastas del Municipio de Adjuntas. Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. impugna la adjudicación de la Subasta 19-004 para asfalto regado y compactado. La Junta de Subastas adjudicó la buena pro a Transporte Rodríguez Asfalto y a Santa Isabel Asphalt, Inc. El recurrente alega errores en la notificación de la adjudicación y en la aplicación de preferencias. El Tribunal se centra en el primer error, relacionado con la alegada notificación defectuosa. Se analiza la obligación de las Juntas de Subastas municipales de notificar adecuadamente el derecho a revisión judicial. Se reproduce jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que detalla los requisitos de dicha notificación. La notificación debe advertir sobre el derecho a revisión, el término para ejercerlo y la fecha de archivo. El término para acudir en revisión judicial solo comienza tras una notificación que cumpla estos criterios. El Tribunal aplicará esta normativa al caso para resolver la controversia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la desestimación de una demanda contra tercero presentada contra el Municipio de Arecibo. La demanda original fue incoada por una ciudadana y su esposo contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por daños sufridos en una caída alegadamente causada por una filtración de agua de un contador de la AAA. Posteriormente, los demandantes originales presentaron una demanda contra tercero contra el Municipio, imputándole negligencia por el mantenimiento de la acera donde ocurrió el incidente. El Municipio solicitó la desestimación de esta demanda contra tercero argumentando falta de notificación según lo dispuesto en el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar dicha moción. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari, revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia y ordena la desestimación de la demanda contra tercero contra el Municipio de Arecibo. La desestimación se fundamenta específicamente en el incumplimiento con el requisito de notificación establecido en el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Georgina Sánchez García apeló ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a Lucia M. Rodríguez Pilarte \$69,700.00 más intereses y honorarios de abogado en un caso de cobro de dinero. La demanda original de la señora Rodríguez alegaba que en 1995 pagó el pronto y la hipoteca de una propiedad adquirida a nombre del hijo de la señora Sánchez, José F. Vélez Sánchez, quien acordó transferirle la titularidad pero falleció antes de hacerlo. La señora Sánchez, como heredera, se negó a transferir la propiedad o reembolsar el dinero. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la señora Rodríguez probó haber realizado todos los pagos de la propiedad y que la señora Sánchez, como heredera universal, era responsable de la obligación de su hijo. Inconforme, la señora Sánchez solicitó reconsideración sin éxito y luego apeló, alegando que el foro primario erró en su determinación de hechos y derecho.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende las apelaciones presentadas por Jackzaira Vega Rosario y Marcus Ramsey Torres Skerrett. Ambos recurren contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Banco Popular de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La sentencia de instancia condenó a los apelantes al pago de una deuda considerable. Banco Popular presentó una moción de desestimación, argumentando que la sentencia no fue debidamente notificada a la señora Vega, quien estaba en rebeldía y fue emplazada por edicto. El Tribunal de Apelaciones confirmó que la Secretaría del TPI no realizó el trámite de notificación por edicto requerido para partes en rebeldía emplazadas de esa forma. La notificación adecuada es un requisito procesal esencial para que una sentencia surta efecto y comiencen los términos para apelar. Al no haberse notificado correctamente la sentencia, esta no es efectiva y los recursos de apelación son prematuros. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para considerar las apelaciones en este momento. Procederá a desestimar los recursos por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una apelación contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra Jackzaira Vega Rosario y Marcus Ramsey Torres Skerrett. El foro primario condenó a los demandados a pagar una suma considerable al banco. Banco Popular solicitó la desestimación de la apelación, argumentando que la sentencia no fue debidamente notificada a la señora Vega, quien fue emplazada por edicto y se le anotó la rebeldía. Las reglas de procedimiento exigen notificación por edicto en estos casos, trámite que no se realizó. El Tribunal de Apelaciones confirmó la ausencia de dicha notificación con la secretaría del tribunal de instancia. La notificación adecuada es fundamental para que una sentencia surta efecto y comiencen los términos para apelar. Al no haberse notificado correctamente la sentencia a una parte en rebeldía emplazada por edicto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para revisar el caso. Por consiguiente, el Tribunal desestima las apelaciones consolidadas.

Resumen:

Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. El caso subyacente trata sobre la liquidación de una comunidad de bienes y la conmutación de la cuota viudal usufructuaria, instado por la viuda contra las hijas de su difunto esposo. Las hijas presentaron una reconvención por persecución maliciosa y solicitaron la desestimación de la demanda por incumplimiento con el descubrimiento de prueba. La viuda, a su vez, pidió la desestimación de la reconvención alegando prescripción y sostuvo que el descubrimiento era innecesario por una supuesta transacción. Las hijas negaron la transacción y la prescripción de su reconvención. La resolución del Tribunal de Primera Instancia, objeto del recurso, declaró no ha lugar a la moción de desestimación de la reconvención presentada por la viuda. Asimismo, denegó la moción de desestimación de la demanda presentada por las hijas por alegado incumplimiento con el descubrimiento de prueba. El Tribunal de Primera Instancia también resolvió que no existía contrato de transacción alguno entre las partes.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801204. La apelante, Joyleen M. Sanfeliz Parnell, a través de su abogada, recurre de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, emitida el 14 de septiembre de 2018, impuso una sanción económica de \$300 a la abogada de la apelante, Lcda. Jerusa Cruz Alfaro. La sanción se fundamentó en el incumplimiento de los Cánones 9 y 35 del Código de Ética Profesional. El caso original es un procedimiento de divorcio que involucra a la apelante y Vicente J. Cajigas Campbell. Incidentes posteriores al divorcio, relacionados con la custodia y el traslado de la menor hija, llevaron a la situación que originó la sanción. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como uno de certiorari. Tras revisar el dictamen, el Tribunal resolvió revocar la Orden recurrida. Como resultado, la sanción impuesta a la licenciada Cruz Alfaro queda sin efecto.

Resumen:

Resumen:

Gabriel Pérez López presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra una respuesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La respuesta del Departamento abordaba el cumplimiento del servicio y horario de la biblioteca en una institución carcelaria y las políticas de fotocopiado. El Departamento había indicado que la biblioteca cumplía con las normativas y que solo las mociones podían fotocopiarse sin aprobación especial. El Recurrente solicitaba la revisión y revocación de esta decisión administrativa. El Tribunal examinó si la respuesta administrativa era revisable judicialmente. Determinó que la decisión del Departamento era de carácter administrativo e informativo, no adjudicativo. La respuesta no adjudicó derechos u obligaciones sustantivas del Recurrente. La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar decisiones administrativas se limita a aquellas de naturaleza adjudicativa. Dado que la respuesta caía dentro de la discreción administrativa de la agencia, el Tribunal carecía de jurisdicción. Consecuentemente, el recurso de revisión fue desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Santa Isabel Asphalt, Inc. contra el Municipio de Villalba. La recurrente impugnó la adjudicación de la Subasta General Formal #10, Serie 2018-2019, para reparación y mantenimiento de aires acondicionados, otorgada a Transporte Rodríguez Asfalto. El Tribunal examinó el recurso de revisión judicial presentado. Se determinó que la notificación de la adjudicación de la subasta por parte de la Junta de Subastas municipal no cumplió con los requisitos legales. Conforme a la Ley de Municipios Autónomos y la jurisprudencia aplicable, la notificación debe advertir el derecho a revisión judicial, el término disponible y la fecha de archivo. Al no contener estas advertencias esenciales, la notificación se consideró inadecuada. Debido a la falta de una notificación que cumpliera con los requisitos, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, la causa fue desestimada por falta de jurisdicción.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una disputa relacionada con la adjudicación de una Solicitud de Propuestas (RFP) por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Inicialmente, AFI adjudicó el contrato a Xpert's Inc. / Rostan Solutions. Tras solicitudes de reconsideración de otros postores, AFI emitió una segunda decisión enmendada, adjudicando el RFP a Solidaridad PPDR, LLC y descalificando a Xpert's/Rostan por supuestos incumplimientos documentales. La notificación de esta segunda decisión fue defectuosa, ya que no advirtió a las partes sobre su derecho a solicitar reconsideración ante la propia agencia. A pesar de la notificación defectuosa, Xpert's/Rostan presentó una solicitud de reconsideración ante AFI y, posteriormente, un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones mientras la reconsideración ante la agencia aún estaba pendiente. El Tribunal se enfoca en determinar si el recurso de revisión judicial es prematuro. La prematuridad se basa en la notificación defectuosa de la decisión impugnada y en el hecho de que la moción de reconsideración ante la agencia no había sido resuelta. El Tribunal subraya la importancia de la jurisdicción y cómo un recurso prematuro carece de efecto legal.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Un apelante, declarado culpable de violar el Art. 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. La Oficina del Procurador General solicitó la desestimación del recurso, alegando que el apelante no notificó la apelación a su oficina, solo a la fiscalía de distrito. Las reglas de procedimiento criminal y del Tribunal de Apelaciones exigen notificar tanto al fiscal de distrito como al Procurador General dentro del término para apelar. Este requisito de notificación es de cumplimiento estricto y su omisión constituye un defecto jurisdiccional que impide al tribunal entender en los méritos. El Tribunal concedió al apelante un término para acreditar la notificación o mostrar justa causa por su incumplimiento. El apelante no presentó respuesta ni acreditó la notificación al Procurador General dentro del término concedido. Al no cumplir con el requisito de notificación y no mostrar justa causa para la omisión, el Tribunal determinó que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, el recurso de apelación será desestimado.

Resumen: