Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 257)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Juan E. Seary Colón. El apelante recurre de las sentencias de culpabilidad dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, el 26 de mayo de 2015. Dichas sentencias resultaron de un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado. Los cargos se relacionan con un incidente ocurrido el 27 de marzo de 2012, donde se realizaron disparos desde un vehículo, resultando en la muerte de Alexis Correa Peña y heridas a Luz Peña López. El señor Seary Colón fue acusado de asesinato en primer grado, dos cargos de tentativa de asesinato, dos cargos de portación y uso de armas sin licencia, y tres cargos de disparar o apuntar arma. Tras el juicio por jurado, fue declarado culpable de estos delitos. El Tribunal le impuso varias penas de prisión, incluyendo una de 119 años por el asesinato. Mediante este recurso, el apelante solicita la revocación de dichas sentencias.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina una apelación presentada por Eduardo Manuel Joglar Castillo y otros contra Oriental Bank. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó, sin perjuicio, la demanda de Oriental Bank contra los codemandados Ronald James Chevako y Anne Wollam Chevako. Oriental Bank, como parte apelada, presentó una Moción de Desestimación de la apelación. El fundamento principal de la moción de desestimación es la alegada falta de notificación de la apelación a los codemandados Chevako por parte de los apelantes. Los apelantes se opusieron a la desestimación, argumentando que la notificación a los codemandados Chevako no era necesaria ya que nunca comparecieron en el pleito ni se les anotó la rebeldía. También sostienen que el Tribunal de Primera Instancia nunca adquirió jurisdicción sobre los codemandados Chevako. El Tribunal de Apelaciones procederá a analizar los argumentos de las partes y la normativa aplicable sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos. Se citan precedentes del Tribunal Supremo sobre la rigurosa observancia de las reglas de apelación.

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Efraín Febus Marrero solicita la revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente presentó una solicitud de indemnización económica por daños y perjuicios tras la denegación de su pedido para visitar a su madre en el hospital. Alegó que el trabajador social no realizó las gestiones necesarias para facilitar la visita. El DCR denegó la solicitud de salida, indicando que el recurrente no brindó información completa y que su hermano no cooperó. Tras el fallecimiento de su madre, también se le denegó la solicitud para asistir a las exequias fúnebres. El recurrente presentó una reclamación administrativa por $50,000, la cual fue denegada por el DCR. Solicitó reconsideración, argumentando haber proporcionado la información necesaria. El DCR confirmó la denegación de la visita y de la indemnización económica. Este documento presenta el trasfondo procesal y fáctico de la reclamación administrativa y su denegación por parte de la Agencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La apelante, María De Los Ángeles Abreu Rodríguez, impugna la desestimación de varias causas de acción en su demanda contra el Municipio Autónomo de San Juan. El foro primario declaró "Ha Lugar" una solicitud de desestimación del Municipio. Esto resultó en la desestimación de las reclamaciones de la apelante al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, la Ley Núm. 100 de 1959 sobre discrimen por edad, y daños personales por culpa o negligencia. La apelante había sido destituida de su puesto en el Municipio tras enfrentar cargos disciplinarios por su conducta. Solicitó reconsideración de la sentencia parcial, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar si la desestimación de estas reclamaciones fue correcta. El caso se centra en alegaciones de discrimen por edad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Pedro Sánchez Roque. El apelante recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, que lo encontró culpable de violación al Art. 135 del Código Penal sobre acoso sexual, delito menos grave. En primera instancia, se le impuso una pena de multa de $1,000.00 y una pena especial. El caso involucra alegaciones de una maestra, Isamar Morales Cotto, contra el director de su escuela, Pedro Sánchez Roque. La maestra testificó sobre comentarios inapropiados y una pregunta sobre besarla por parte del director, ocurridos en el contexto de su relación laboral y momentos de dificultad personal. El Tribunal de Apelaciones evaluó la apelación, la oposición y la prueba oral y documental. Tras dicha evaluación, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia apelada. La revocación se basa en los fundamentos que se detallarían posteriormente en el documento.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Revisa una apelación presentada por Luis T. Rodríguez Rodríguez contra Juana Morales Uroza. La apelación impugnaba una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso civil. El Sr. Rodríguez demandó a la Sra. Morales alegando que compró una propiedad con dinero propio pero la puso a nombre de ella mediante una escritura simulada, buscando recuperar la titularidad y posesión tras el fin de su relación. La Sra. Morales defendió ser la legítima dueña, habiendo comprado la casa con dinero de un premio de lotería que jugaban juntos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó tanto la demanda del Sr. Rodríguez como la reconvención de la Sra. Morales. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de revisión administrativa presentado por Adriel Auto contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución de DACo había declarado con lugar una querella de un consumidor, Edwin A. Vélez, contra Adriel Auto por una reparación de vehículo. DACo ordenó a Adriel Auto pagar daños al consumidor. Adriel Auto apeló, alegando falta de jurisdicción de DACo y error en la apreciación de la prueba. El Tribunal destacó el retraso de más de cuatro años entre la vista administrativa y la resolución de DACo. Un problema crucial surgió cuando DACo informó la imposibilidad de localizar la grabación de la vista administrativa. La falta de un expediente administrativo completo, incluyendo la prueba oral, impidió al Tribunal revisar adecuadamente la decisión de DACo. El Tribunal determinó que la imposibilidad de reconstruir el expediente violaba el derecho al debido proceso de ley y a una revisión judicial efectiva del apelante. Por lo tanto, el Tribunal revocó la resolución administrativa de DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una condena por infracción al Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito. El Tribunal de Primera Instancia encontró culpable a Héctor Oquendo Reyes por hechos ocurridos en diciembre de 2016. Se le impuso una multa, pena especial, remisión a ASSMCA, reclusión suspendida y suspensión de licencia. Inconforme, Oquendo Reyes apeló la sentencia. Entre sus señalamientos de error, alegó la inconstitucionalidad del Artículo 7.09 y la admisión indebida de prueba obtenida sin consentimiento válido. Argumentó que dicha prueba era fruto de un registro irrazonable, violando sus derechos constitucionales. El Tribunal de Apelaciones procede a analizar el recurso, comenzando por exponer los principios constitucionales que protegen contra registros y allanamientos irrazonables. La corte examina la garantía constitucional contra la incautación de evidencia obtenida ilegalmente y los propósitos de la regla de exclusión.

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El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que paralizó y archivó administrativamente un pleito por incumplimiento contractual. La decisión de instancia se basó en que el contratista demandado, The Line Contractors, Corp., se encontraba bajo jurisdicción federal de quiebras y fue considerado parte indispensable. El Municipio de Carolina argumenta que la paralización solo debe aplicar al contratista quebrado y que el caso debe continuar contra los demás codemandados. Entre los otros demandados se encuentran las afianzadoras del proyecto (Endurance/MAPFRE) y la compañía de inspección de la obra (Quiñones, Diez, Silva & Asociados CSP) y su aseguradora. El pleito original se relaciona con un contrato para la construcción de sistemas pluviales donde el contratista supuestamente abandonó la obra. Las afianzadoras se negaron a cubrir defectos en los trabajos realizados, limitando su responsabilidad a las partes no iniciadas. El Municipio busca que se enmiende la Sentencia apelada para que el pleito continúe contra las afianzadoras y la compañía de inspección. El Tribunal de Apelaciones revisa si procede mantener la paralización total del caso o permitir que continúe contra los codemandados no afectados por la quiebra.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia sumaria parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un litigio sobre daños y perjuicios y resolución de contrato. La controversia se origina en la compraventa de la corporación Rincón Medical Center Inc. Los compradores (apelados) demandaron a los vendedores (apelantes) alegando incumplimiento contractual. Sostienen que los vendedores no entregaron documentos cruciales para la operación del centro, como los contratos con los planes médicos, libros de contabilidad y accesos a portales gubernamentales. El acuerdo de compraventa establecía un plazo de quince días para la entrega de toda la documentación corporativa. El Tribunal de Primera Instancia determinó que los vendedores se comprometieron a entregar los documentos a más tardar el 5 de febrero de 2015. Además, constató que los compradores solicitaron específicamente los contratos con los planes médicos antes de la fecha límite, enfatizando su importancia medular para la facturación y la razón del negocio. Los apelantes solicitan al Tribunal de Apelaciones que revoque dicha sentencia sumaria parcial. El caso se centra en el alegado incumplimiento de la cláusula de entrega de documentos esenciales en el contrato de compraventa de la corporación.

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Luis R. Lebrón Laureano presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una determinación de la Administración de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba la decisión que revalidó su nivel de custodia máxima. La determinación administrativa fue recibida por el señor Lebrón el 7 de mayo de 2019. Según la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el término jurisdiccional de treinta días para solicitar revisión judicial vencía el 6 de junio de 2019. El escrito de revisión fue presentado ante la Administración de Corrección el 7 de junio de 2019. Al haber sido presentado un día después del vencimiento del término, el recurso resultó tardío. El Tribunal de Apelaciones determinó que el plazo de la Regla 57 es jurisdiccional y no admite prórroga. Por tanto, el foro apelativo carece de jurisdicción para considerar el recurso en sus méritos. Se desestimó el recurso por presentación tardía.

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Marimar Pérez Riera presentó un recurso de revisión administrativa contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La controversia surge en el Condominio Marymar Condado respecto a la elección del Presidente de la Junta de Directores. La recurrente impugnó la reelección de José De la Cruz Skerrett por un cuarto término consecutivo, alegando que violaba la Ley de Condominios que limita a tres los términos consecutivos. De la Cruz había servido un período cubriendo una vacante y tres términos electo en asambleas anuales. DACO desestimó la querella, interpretando que la limitación legal aplica únicamente a los términos *electos*. Según DACO, el período cubriendo una vacante no contaba para el límite, haciendo la cuarta elección su tercer término *electo* y legal. La señora Pérez Riera recurre esta decisión, señalando errores en la interpretación de la ley por parte de DACO. Argumenta que la prohibición aplica a cualquier término consecutivo, independientemente de cómo se inició. También cuestiona la interpretación de la autoridad de la Junta para cubrir vacantes y la falta de consideración a declaraciones previas del presidente. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación administrativa de DACO.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por los titulares Edward Álvarez Seda y Mayra Enid Martínez contra Solian Development, Corp., su presidente y River Oak Villas Homeowners Association, Inc. Los titulares alegaron cobro indebido de cuotas de mantenimiento, pues la escritura matriz establecía que el desarrollador asumiría los gastos comunes hasta la venta de un porcentaje de unidades y el traspaso de la administración. DACo determinó que el cobro era improcedente y ordenó a los querellados devolver \$700 y abstenerse de cobrar cuotas hasta el traspaso de la administración. La parte querellada recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. En el trámite administrativo ante DACo, la parte querellada solicitó un término adicional para contestar, pero no compareció a la vista señalada, por lo que DACo le anotó la rebeldía. Tras evaluar el dictamen de DACo y el expediente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones surge de una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciada por DLJ Mortgage Capital, Inc. contra Grace Monge La Fosse. La señora Monge solicitó la recusación del juez de instancia, alegando falta de imparcialidad y favoritismo hacia DLJ. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de recusación argumentando que no fue juramentada, a pesar de haber concedido términos adicionales para subsanar el defecto. DLJ se opuso a la recusación, señalando la insuficiencia de las alegaciones y la falta de juramento. La señora Monge recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la denegatoria de su moción de recusación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas de una decisión del Tribunal de Primera Instancia en Ponce. El caso se originó con una demanda de Arcilio Flores Salomé contra los nuevos dueños de Lydia's Restaurant, Luis A. Irizarry, Elba Luz Alcover y Cinko Corp., por despido injustificado y discrimen por edad. El señor Flores Salomé alegó que, tras la venta del negocio, se le ofreció un puesto de mesero con un salario muy inferior a su anterior rol de gerente, lo que consideró un despido tácito e ilegal. El foro primario encontró despido injustificado contra la corporación pero no discrimen. Ambas partes recurrieron la sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente, incluyendo la prueba oral y los alegatos, y determinó modificar la sentencia apelada. El litigio gira en torno a la aplicación de la Ley Núm. 80 sobre despido injustificado y la Ley Núm. 100 contra el discrimen en el empleo en el contexto de un cambio de patrono y condiciones laborales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en apelaciones consolidadas (KLAN201800300 y KLAN201800368). Los recursos provienen de una demanda por despido injustificado y discrimen instada por Arcilio Flores Salomé. La demanda original fue presentada contra Luis A. Irizarry Rodríguez, Elba Luz Alcover Nieves y Cinko Corp., nuevos dueños de Lydia's Restaurant. El señor Flores Salomé alegó que fue despedido de forma tácita e injustificada tras la venta del negocio. Sostuvo que se le ofreció una degradación sustancial de puesto y salario, lo que consideró un despido y discrimen. Los demandados negaron el despido, afirmando que el demandante abandonó su empleo. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la reclamación de despido injustificado contra Cinko Corp., pero sin lugar las demás causas de acción. Tanto los demandados como el demandante apelaron esta decisión. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones procede a modificar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión administrativa presentado por un confinado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitaba el pago retroactivo de un salario por hora trabajada como diestro. Alegaba que el Departamento no había emitido una resolución final sobre su reclamación administrativa. El tribunal analizó su jurisdicción para atender el recurso. Se destacó que la revisión judicial de decisiones administrativas requiere una determinación final de la agencia. Presentar un recurso antes de que la agencia emita su decisión final lo convierte en prematuro. Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva al tribunal de jurisdicción. Dado que no existía una decisión final del Departamento, el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por prematuro.

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El Tribunal de Apelaciones atendió un recurso de revisión judicial presentado por F. J. Bus Services, Inc. La recurrente impugnó la adjudicación de once rutas de transportación escolar (Rutas 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 23) de la Subasta General 01-2019-2020 del Municipio Autónomo de Aibonito a favor de Vázquez & Pagán Bus Line. F. J. Bus Services, Inc. alegó que el licitador agraciado no cumplió con los requisitos de licitación. La recurrente también solicitó una moción urgente en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos. El tribunal, tras considerar su jurisdicción, determinó desestimar el recurso de revisión. La desestimación se fundamentó en la presentación prematura del recurso. Como resultado, la moción en auxilio de jurisdicción también fue declarada No Ha Lugar.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial presentado por KC Construction, Inc. La empresa recurrió una resolución de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha resolución administrativa declaró No Ha Lugar la solicitud de KC Construction para legalizar la construcción de un almacén en Mayagüez. La OGPe había denegado inicialmente la solicitud por problemas de zonificación y, principalmente, por incumplimiento con la reglamentación de zonas inundables, ya que el nivel del piso propuesto estaba por debajo del nivel de inundación base recomendado. KC Construction impugnó esta decisión ante la División de Revisiones Administrativas, la cual, tras una vista, confirmó la denegatoria de la OGPe. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El Tribunal determina que el recurso administrativo ante la División de Revisiones Administrativas fue presentado de forma prematura.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La demanda fue presentada por los familiares de Luis O. Rivera Rosado, fallecido en un accidente de tránsito en la Carretera 872 de Toa Baja. Los demandantes alegaron que el accidente fue causado por las malas condiciones de la vía y demandaron a varias entidades gubernamentales, incluyendo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La ACT solicitó la paralización de los procedimientos invocando las disposiciones de quiebra bajo PROMESA. El Tribunal de Primera Instancia concedió la paralización y ordenó el archivo de la demanda sin perjuicio. Los demandantes apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Esto significa que se mantuvo la paralización de los procedimientos y el archivo del caso contra la ACT.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por el Municipio de San Juan. El Municipio apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato y demanda de arbitraje incoado por Desarrollos Múltiples Insulares. Desarrollos Múltiples Insulares demandó al Municipio por incumplimiento de un contrato de obra, reclamando pagos adeudados y solicitando que las controversias se sometieran a arbitraje según lo pactado. El Municipio se opuso al arbitraje, argumentando que la apelada había renunciado a ciertas reclamaciones y que no existía obligación de arbitrar. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda de arbitraje, ordenando que la controversia fuera referida a dicho proceso y archivando el caso judicial. El Municipio apeló esta determinación, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos de las partes sobre la existencia y alcance de la cláusula de arbitraje. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Comisión Industrial relacionada con una reclamación de beneficios bajo la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes de Trabajo. La recurrente es María del C. Fernández Feliciano, viuda del obrero fallecido Elías Nieves Díaz. El obrero sufrió un accidente de trabajo en 2003 pero falleció en 2012 por causas ajenas al accidente. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) inicialmente cerró el caso, determinando que la muerte no estuvo relacionada con el accidente. La viuda apeló ante la Comisión Industrial, solicitando beneficios y una evaluación de incapacidad total permanente por factores socio-económicos. El caso tuvo una extensa historia procesal con referidos entre la Comisión y la CFSE para evaluaciones. La CFSE finalmente denegó la reclamación de incapacidad total permanente por factores socio-económicos en 2018. La Comisión Industrial confirmó esta denegatoria en 2019. La viuda apeló la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución emitida por la Comisión Industrial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la liquidación del caudal hereditario de Héctor Manuel Sampayo Fernández. La apelante, Myrna Álvarez García, reclamaba una participación en el tercio de libre disposición del causante según su testamento. Los apelados, herederos forzosos, se opusieron, alegando que la institución de herederos en el testamento había sido previamente anulada. Una resolución anterior declaró nula la institución de herederos por preterición de herederos forzosos, abriendo la sucesión intestada para estos. Dicha resolución validó un legado específico a favor de la apelante, pero no su participación en el tercio de libre disposición a título universal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de la apelante mediante sentencia sumaria, al considerar que su derecho a esa porción derivaba de la institución de herederos anulada. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900588. La apelante, Rosa Hilda Jiménez, recurre una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda con perjuicio. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción sobre la materia. La demanda original de la Sra. Jiménez solicitaba la nulidad de un contrato de compraventa y una escritura de hipoteca. Estos documentos estaban relacionados con la adquisición de un apartamento en el condominio Pórtico del Sol. La apelante alegó diversos problemas con la propiedad, incluyendo vicios de construcción y la falta de segregación de la finca matriz. Esta situación, según la apelante, la hacía responsable de una deuda de construcción millonaria. Los apelados, Bautista Reo PR Corp. y Capital Crossing Puerto Rico LLC, habían solicitado la desestimación. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

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El caso trata de la apelación de Orlando Rivera González, un ex-marine con historial de estrés postraumático, depresión, psicosis y delirios persecutorios tras servir en Afganistán. A pesar de recibir tratamiento y hospitalizaciones previas, en agosto de 2014, Rivera González disparó y mató a dos personas en incidentes separados y sin motivo aparente. Fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Tras su ingreso en prisión, fue referido a hospitales psiquiátricos correccionales debido a ideas suicidas. Diferentes profesionales médicos lo evaluaron, diagnosticándolo con esquizofrenia paranoide o depresión mayor recurrente. El documento detalla su historial médico y los eventos que llevaron a los cargos criminales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una apelación contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por Maritza Casiano Cains contra Roosevelt Cayman Asset Company. El caso original era una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca basada en un pagaré hipotecario incumplido. La causa de acción de ejecución de hipoteca fue desistida porque la hipoteca no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad. El pleito continuó como cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor del demandante, declarando ha lugar el cobro de dinero. La apelante recurrió dicha sentencia, aduciendo, entre otras defensas, que la reclamación de cobro de dinero estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirma la Sentencia Sumaria apelada.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Business Telecommunications, Inc. y otros, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia apelada, emitida el 24 de octubre de 2018, condenó a los apelantes a pagar una suma de dinero a Oriental Bank & Trust en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Las partes habían suscrito acuerdos de pago en 2012, pero la cuantía exacta adeudada fue objeto de controversia. Una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones había revocado un dictamen anterior del TPI, ordenando determinar la cuantía exacta adeudada. El TPI, tras la devolución, determinó la cuantía y dictó la sentencia ahora apelada. Los apelantes alegan que el TPI no acató el mandato previo del Tribunal de Apelaciones y excedió su jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el historial procesal. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. La apelante, Claribel Rivera Hernández, impugnó una sentencia parcial sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó las reclamaciones contra los doctores Enrique Márquez Grao y Víctor Ortiz Justiniano. Los doctores solicitaron la desestimación alegando inmunidad bajo el Artículo 41.050 del Código de Seguros como médicos facultativos. La apelante argumentó que la inmunidad no aplicaba debido a alegado dolo mayor y ocultación de daño. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar las mociones de sentencia sumaria de los doctores. La apelante presentó recurso de apelación solicitando la revocación de esa decisión. Tras examinar la argumentación de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia sumaria parcial apelada. Esto valida la desestimación de las reclamaciones contra los doctores basada en la inmunidad invocada.

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Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Elberth Luis Centeno tras ser declarado culpable de varios delitos graves. El apelante alegó errores, incluyendo en la apreciación de la prueba oral presentada en el Tribunal de Primera Instancia. Para resolver apelaciones que cuestionan la apreciación de la prueba oral, las reglas requieren que el apelante provea una reproducción de dicha prueba, como una transcripción. El Tribunal de Apelaciones emitió varias resoluciones ordenando al apelante cumplir con este requisito dentro de plazos específicos. A pesar de los apercibimientos y una sanción económica, el apelante no presentó la reproducción de la prueba oral ni cumplió con las órdenes. La parte apelada solicitó la desestimación del recurso debido a la falta de perfeccionamiento de la apelación. El Tribunal reitera que el derecho a apelar es estatutario y depende del cumplimiento de las normas procesales. La falta de la reproducción de la prueba oral impide al Tribunal revisar los errores alegados sobre su apreciación. Dado el incumplimiento persistente del apelante con las órdenes y reglas, el Tribunal concluye que el recurso no fue perfeccionado. Por lo tanto, se decreta la desestimación de la apelación.