Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 256)

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José A. Martí Abreu apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de falsedad ideológica y violaciones a las leyes de tránsito y seguro obligatorio. El Tribunal de Primera Instancia le impuso una sentencia suspendida de tres años por falsedad ideológica y multas por las infracciones de tránsito. Los cargos surgieron tras una intervención de tránsito donde se descubrió que el marbete del vehículo que conducía era falso. El apelante alegó que el vehículo era prestado, pero el dueño registral negó conocerlo o haberle prestado el auto. A pesar de negar inicialmente la posesión, el apelante eventualmente retiró el vehículo de la policía. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y la prueba testifical presentada en el juicio, incluyendo el testimonio del agente interventor y el dueño registral del vehículo. Tras considerar los argumentos, el panel determinó confirmar la sentencia apelada en su totalidad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alegada impericia médica. La parte apelante, incluyendo el Hospital Buen Samaritano y otros, recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Luis A. Morales González y su esposa. El caso se originó tras un accidente de motora en febrero de 2014, donde el Sr. Morales sufrió fracturas en tibia y fíbula. Fue operado en el Hospital Buen Samaritano por el Dr. Luis Acevedo Lazzarini, quien trató la tibia pero no la fíbula. A pesar del tratamiento postoperatorio, las fracturas no consolidaron, llevando al paciente a buscar una segunda opinión y someterse a una nueva cirugía en otro hospital. Los demandantes alegaron negligencia en el tratamiento inicial. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda. Tras evaluar el recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el foro primario.

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Este es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a la liquidación de la comunidad de bienes entre José Antonio Arguinzoni Díaz (apelante) y Carmen Ana Dávila González (apelada) tras su divorcio. El apelante solicitó la revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia que adjudicó sus respectivas participaciones en la comunidad posganancial. El caso se originó con la demanda del apelante para la liquidación tras la disolución de la sociedad legal de gananciales. La apelada no presentó alegación responsiva, resultando en la anotación de rebeldía. Durante el juicio, el Tribunal de Primera Instancia consideró prueba estipulada y el testimonio del apelante para identificar los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo dos propiedades, aportaciones a un plan de retiro, vehículos, muebles y cuentas bancarias. Basándose en estos hallazgos, el tribunal inferior adjudicó las propiedades y vehículos a cada parte. No obstante, tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó revocar la sentencia apelada.

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La Sucesión Ángel L. Marrero Figarella apeló una Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón a favor de First Bank of Puerto Rico. El caso original versaba sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Sentencia Sumaria apelada declaró Con Lugar la moción de Firstbank solicitando anotación parcial de rebeldía y sentencia sumaria contra la Sucesión. La administradora judicial de la Sucesión presentó el recurso de apelación solicitando la revisión del dictamen. El proceso judicial previo involucró el emplazamiento de herederos, algunos desconocidos o residentes fuera de Puerto Rico, y discusiones sobre la capacidad de la administradora y la necesidad de la aceptación de la herencia por los herederos. Firstbank había solicitado la interpelación judicial de los herederos y una paralización parcial del caso. Tras revisar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia Sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia el 8 de agosto de 2019 en el caso KLAN201900796. Este recurso de apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, relacionado con casos de cobro de dinero. Las partes involucradas eran el Consejo de Titulares del Condominio Adaligia como demandante, y Nelson Pérez Cuervo, Adela Surillo Gutiérrez y su sociedad legal de gananciales como demandados-apelantes. La Junta de Directores del Consejo de Titulares del Condominio Adaligia figuraba como tercera demandada-apelada. La Sentencia resuelve un Aviso de Desistimiento presentado por la parte apelante al amparo de la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal declaró ha lugar dicho aviso de desistimiento. En consecuencia, se ordenó el cierre y archivo del recurso de apelación.

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Recurso de apelación presentado por María del Pilar Lapeira Pérez contra Multinational Life Insurance Company. La apelante demandó a la aseguradora por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, alegando la negativa de pago de beneficios bajo una póliza de incapacidad por pérdida de visión en un ojo. La aseguradora se opuso al pago, argumentando que la pérdida no fue total e irrecuperable ni causada por un accidente cubierto. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda incoada por la Sra. Lapeira Pérez. La apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar dicha sentencia desestimatoria. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, resolvió revocar el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelante, Eneida Narváez Casul, recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución determinó que la apelante no tenía participación en la demanda instada contra su esposo, Yaret Lafontaine Faría. El caso original involucra la ejecución de una hipoteca sobre una propiedad en Arecibo, tras el incumplimiento de pago del esposo. El Tribunal de Primera Instancia había declarado en rebeldía al esposo y ordenado la ejecución y subasta de la propiedad. La apelante alegó ser la esposa del demandado, que la propiedad es el hogar conyugal y parte de la sociedad legal de gananciales. Argumentó que la reclamación la afectaba directamente y solicitó la paralización de la subasta. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso de apelación como certiorari. Procedió a revocar la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que la apelante sí tiene participación o interés en el proceso.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Vanessa M. Jiménez Vicente. La apelante solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que la declaró responsable por daños y perjuicios. La demanda original fue instada por Carmen Santiago Ramos y otros, tras un accidente de tránsito ocurrido el 2 de abril de 2012. El incidente involucró el vehículo de la apelante y una motora conducida por Christian Ramos Santiago. Los demandantes alegaron que la apelante realizó un viraje en "U" de forma negligente, causando el impacto y lesiones al menor. La apelante, por su parte, sostuvo que el motociclista conducía a exceso de velocidad, sin licencia ni edad reglamentaria, y que él causó el accidente, presentando una reconvención por daños a su vehículo. El foro primario aplicó la doctrina de negligencia comparada y falló a favor de los demandantes. Este documento detalla el historial procesal del caso que culminó en la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Sarahí Rivera Martínez y Luis E. Ortega Verge apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia contra la Universidad Pentecostal MIZPA y su aseguradora. La demanda original reclamaba daños por una caída sufrida por la Sra. Rivera Martínez en un estacionamiento de la universidad. El foro primario encontró a la universidad negligente por no mantener sus predios, pero imputó un 10% de negligencia comparada a la demandante por distracción. La sentencia de instancia concedió \$40,000 en daños, una fracción de lo reclamado (\$1,600,000). El Tribunal de Primera Instancia basó su determinación de daños en la credibilidad otorgada al perito de la defensa, quien identificó condiciones preexistentes no relacionadas con la caída. Los apelantes solicitaron la revisión de esta sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. El Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio, custodia y alimentos. El apelante, Arturo López Negrón, impugnó la determinación del foro primario que desestimó su solicitud de revisión de pensión alimentaria. La sentencia apelada también le impuso una sanción de \$3,000 y lo condenó al pago de \$3,500 en honorarios de abogado. Además, el Tribunal de Primera Instancia mantuvo vigente la pensión de \$3,500 mensuales establecida en 2012 y canceló la vista de revisión pautada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sanción de \$3,000 y la condena de \$3,500 por honorarios de abogado. Asimismo, sostuvo la determinación de mantener la pensión alimentaria de \$3,500 impuesta previamente. Sin embargo, revocó la decisión de dejar sin efecto la petición de revisión de pensión alimentaria presentada por el apelante. También dejó sin efecto la cancelación de la vista correspondiente. Consecuentemente, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que se celebre la vista sobre la revisión de pensión alimentaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900177. Se trata de una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La apelada, Beatriz J. Pillot Paz, demandó a las apelantes, Élida E. Pacheco y Rosa M. Cruz Matos, por una deuda de \$35,000. El foro primario declaró Ha Lugar la demanda y condenó a las apelantes al pago de la deuda más \$1,000 en honorarios de abogado. Las apelantes recurrieron, alegando errores en la determinación de la deuda, la apreciación de la prueba y la imposición de honorarios. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y la prueba oral. La sentencia confirma la decisión apelada. Se reitera la norma de deferencia a las determinaciones de hechos y credibilidad del tribunal de primera instancia en ausencia de error, prejuicio o parcialidad. También se menciona la base legal para la imposición de honorarios de abogado por temeridad.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende la apelación de Francisco J. Rivera Fernández contra Gerardo Angulo Mestas en un caso de cobro de dinero. Rivera Fernández impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que falló a favor de Angulo Mestas. El litigio surge de un acuerdo de compraventa de acciones de 2008 entre las compañías de las partes. La empresa de Rivera Fernández se comprometió a adquirir la de Angulo Mestas por ocho millones de dólares. El pago se pactó mediante asunción de deuda, emisión de pagarés, entrega de efectivo y plazos mensuales. Rivera Fernández apeló la decisión inicial tras serle denegadas mociones de reconsideración y nuevo juicio. El documento describe el historial procesal del caso, incluyendo el fallecimiento del apelado durante la apelación. El tribunal se dispone a revisar los hechos y fundamentos para emitir su dictamen.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso laboral entre empleados y Sheraton Puerto Rico Management, LLC. Los empleados reclamaron, entre otras cosas, el pago de la penalidad por el bono de navidad. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor de los empleados en cuanto a la penalidad del bono e impuso $5,000 en honorarios de abogado por temeridad a Sheraton. Sheraton apeló únicamente la imposición de los honorarios de abogado. El foro primario determinó que Sheraton actuó con temeridad al negar la reclamación del bono a pesar de saber que los pagos se hicieron fuera de término y no pagar la penalidad adeudada. Sheraton argumentó que la controversia sobre el cálculo de la penalidad era una cuestión novel de derecho. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la imposición de honorarios de abogado por temeridad.

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Efraín Febus Marrero solicita la revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente presentó una solicitud de indemnización económica por daños y perjuicios tras la denegación de su pedido para visitar a su madre en el hospital. Alegó que el trabajador social no realizó las gestiones necesarias para facilitar la visita. El DCR denegó la solicitud de salida, indicando que el recurrente no brindó información completa y que su hermano no cooperó. Tras el fallecimiento de su madre, también se le denegó la solicitud para asistir a las exequias fúnebres. El recurrente presentó una reclamación administrativa por $50,000, la cual fue denegada por el DCR. Solicitó reconsideración, argumentando haber proporcionado la información necesaria. El DCR confirmó la denegación de la visita y de la indemnización económica. Este documento presenta el trasfondo procesal y fáctico de la reclamación administrativa y su denegación por parte de la Agencia.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte peticionaria, Pedro Pablo Rinaldi Nun, presentó un recurso de certiorari para impugnar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso fue presentado tardíamente. Según la normativa aplicable, incluyendo la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil y la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el término para presentar un certiorari es de 30 días y es de cumplimiento estricto. La presentación tardía priva al tribunal de jurisdicción para conocer de los méritos del caso. Aunque el peticionario alegó un error de buena fe en el cálculo de los días, el tribunal no encontró justa causa para extender el término. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones se abstiene de ejercer su función revisora debido a la falta de jurisdicción por la presentación extemporánea del recurso.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presentó un recurso de apelación en un caso de divorcio por consentimiento mutuo. La apelante, Yadira Rivera Adorno, impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que relevó al apelado, Iván Pérez Padín, del pago de pensión excónyuge. La pensión de $2,500 mensuales de forma indefinida había sido acordada en la Sentencia de divorcio de 2013, la cual también estipuló una detallada división de bienes gananciales. Años después, el Sr. Pérez solicitó la eliminación de la pensión, alegando que la Sra. Rivera no cumplía los requisitos legales y poseía suficientes recursos económicos derivados del divorcio. El foro primario acogió la solicitud del Sr. Pérez y ordenó el cese de la pensión en noviembre de 2018. Tras evaluar la apelación y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la revisión. En su Sentencia, el Panel VI revocó la Resolución apelada. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos conforme a lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones.

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Howard Rodríguez Reyes solicita la revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La Agencia encontró al recurrente incurso en una infracción disciplinaria por violar el código de vestimenta y responder de forma irrespetuosa a un oficial. El incidente ocurrió el 26 de octubre de 2018, cuando el recurrente estaba sin camisa en un área común y respondió con improperios a la orden de un superintendente. Tras una querella, investigación y vista disciplinaria, se le encontró culpable del Código 223 del Reglamento Disciplinario. El recurrente recibió la determinación el 7 de noviembre de 2018. Posteriormente, presentó una solicitud de reconsideración alegando falta de evidencia y una investigación inadecuada. Este documento judicial aborda la solicitud del recurrente para revisar dicha determinación administrativa.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una petición de Certiorari presentada por San Rafael Cooperativa. La Cooperativa solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria Parcial. El caso subyacente fue presentado por Luisette Ayala Santana. Ayala Santana alegó despido injustificado, discrimen por edad y género, y represalias por parte de la Cooperativa y su Junta de Directores. Trabajó para la Cooperativa por 26 años, llegando a ser Presidenta Ejecutiva. Sostuvo que su despido, ocurrido dos días después de presentar información perjudicial, fue discriminatorio y retaliatorio. La Cooperativa argumentó que el despido fue justificado por incumplimiento y mal ambiente laboral, negando el discrimen. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari solicitado. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Pedro Sánchez Roque. El apelante recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, que lo encontró culpable de violación al Art. 135 del Código Penal sobre acoso sexual, delito menos grave. En primera instancia, se le impuso una pena de multa de $1,000.00 y una pena especial. El caso involucra alegaciones de una maestra, Isamar Morales Cotto, contra el director de su escuela, Pedro Sánchez Roque. La maestra testificó sobre comentarios inapropiados y una pregunta sobre besarla por parte del director, ocurridos en el contexto de su relación laboral y momentos de dificultad personal. El Tribunal de Apelaciones evaluó la apelación, la oposición y la prueba oral y documental. Tras dicha evaluación, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia apelada. La revocación se basa en los fundamentos que se detallarían posteriormente en el documento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un caso de divorcio relacionado con la pensión alimentaria de una menor. La apelante, Sonia Ivette Santana López, impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que adoptó la recomendación de un Examinador. Dicha recomendación permitía al padre no custodio, Hiram Collazo Campos, retener $182.00$ de la pensión para pagar directamente la hipoteca de la vivienda donde reside la menor. La madre argumentó que esto reducía la pensión básica de la menor y compensaba la obligación alimentaria con una deuda personal entre los padres. Tras revisar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones REVOCA el dictamen del TPI. La sentencia subraya la obligación constitucional y de alto interés público de los progenitores de proveer alimentos a sus hijos menores.