Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 254)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900763. La apelación surge de un caso del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (SJ2019CV04809), sobre Injunction, Sentencia Declaratoria y Mandamus. Las partes son Ricardo H. Brau Ramírez y otros como apelados y Dr. Juan A. Vigo Prieto y otros como apelante. La parte apelante presentó un Aviso de Desistimiento del recurso. El Tribunal, amparado en la Regla 83(A) de su Reglamento, declara ha lugar el desistimiento. Como resultado, se ordena el cierre y archivo del recurso de apelación. La sentencia fue emitida el 20 de agosto de 2019.

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Este caso es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la partición y liquidación de la herencia de los padres fallecidos de las partes. El apelante, William S. Pastor Allende, demandó a sus hermanos y sobrinos para dividir la herencia. La controversia principal gira en torno a la colación de donaciones realizadas por los causantes en vida a sus hijos. El apelante reclama la colación de una propiedad donada a su hermana Janet Pastor Allende. Por su parte, Janet alega que fue dispensada de colacionar esa donación y solicita la colación de $15,000 recibidos por el apelante. El Tribunal de Primera Instancia realizó determinaciones de hecho sobre las donaciones, incluyendo una propiedad en Florida donada al apelante sin dispensa y una propiedad en Puerto Rico donada a Janet con dispensa de colación. También se determinó que el apelante recibió un cheque de $15,000 de su madre sin indicación de propósito. La apelación busca la revocación de la sentencia del TPI que resolvió estas cuestiones de colación y partición hereditaria.

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Élida Rosario Paredes apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que la declaró culpable de agresión grave en su modalidad agravante de lesión mutilante. Por este delito, tipificado en el Artículo 109 del Código Penal, se le impuso una pena de quince años de reclusión. El recurso de apelación fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico bajo el número KLAN201700170. El proceso apelativo incluyó la gestión y aprobación de la transcripción de la prueba oral del juicio. Tras la presentación del alegato de la apelante y la oposición del Pueblo, el Tribunal procedió a considerar el caso. Los hechos que dieron lugar a la acusación se remontan a un incidente en la residencia de la apelante. La perjudicada, prima de la apelante, acudió a confrontarla sobre una supuesta relación con su esposo. La confrontación, iniciada tras encontrar fotografías comprometedoras, escaló a un altercado físico. La sentencia del Tribunal de Apelaciones resolverá sobre la procedencia de la condena impuesta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación del Municipio de Mayagüez. El Municipio impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que le exige devolver arbitrios de construcción. Estos arbitrios fueron pagados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón, quien alegó estar exenta por ley. El caso llegó previamente al Tribunal Supremo, que determinó que la exención aplicaba a la cooperativa y su contratista. El Supremo también resolvió que no era necesario agotar remedios administrativos. De vuelta en Primera Instancia, se ordenó al Municipio devolver la suma pagada por la Cooperativa. El Municipio apeló esta última orden. El Tribunal de Apelaciones desestima la apelación del Municipio.

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Sentencia de un panel de jueces sobre una apelación presentada por BT Recovery Corp. BT Recovery demandó a Evelyn Janet García López por cobro de dinero, alegando una deficiencia de un contrato de arrendamiento de vehículo. La señora García negó la demanda y presentó una reconvención por daños. El caso se complicó con la confiscación del vehículo y un pago gubernamental a la señora García. Tras el juicio, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró No Ha Lugar la demanda de BT Recovery. El TPI determinó que BT Recovery no probó su legitimación como adquirente del crédito ni que la cuantía reclamada fuera líquida y exigible. BT Recovery apeló, argumentando que sí había probado la adquisición del crédito. El panel examinó los autos y la prueba. Por los fundamentos expuestos, el panel confirma la Sentencia apelada del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero procedente del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, Eric Correa Rivera, recurre una sentencia que le ordenó pagar \$96,648.40 a la apelada, Rocío Di Cristina. La sentencia apelada fue dictada en rebeldía luego de que el apelante no presentara una alegación responsiva a la demanda. El apelante argumenta que el Tribunal de Primera Instancia debió desestimar la demanda automáticamente. Su alegación se fundamenta en que la parte demandante supuestamente no diligenció el emplazamiento dentro del término de 120 días que establece la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. El documento detalla el historial procesal, incluyendo la presentación de la demanda, la expedición del emplazamiento, una solicitud y concesión de prórroga para diligenciarlo, y el eventual emplazamiento. Se discute la importancia del emplazamiento como parte esencial del debido proceso de ley. Se cita la Regla 4.3(c) que fija el término para diligenciar el emplazamiento y las consecuencias de su incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la controversia planteada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Edgardo Maldonado Vega. El Peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Orden declaró No Ha Lugar una Moción de Nuevo Juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. La moción fue radicada más de 10 años después de su sentencia por delitos como agresión sexual y restricción de libertad agravada. El Peticionario alegó violación a su derecho a juicio por jurado y representación legal inadecuada como fundamentos para el nuevo juicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión del foro de instancia. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido. Esto resultó en la denegación final de la solicitud de nuevo juicio del Peticionario.

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Este caso de impericia médica se originó en el Tribunal de Primera Instancia tras una demanda por daños y perjuicios. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de los límites estatutarios de responsabilidad aplicables a los demandados bajo la Ley de Pleitos Contra el Estado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia declaratoria sobre este asunto. Inconformes, los demandantes presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha denegatoria. Los demandados, por su parte, solicitaron la desestimación del recurso apelativo por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, determinó que carecía de jurisdicción para atender la apelación y, por consiguiente, desestimó el recurso presentado por los demandantes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de despido injustificado presentado por José David Vázquez Rodríguez contra Zimmer Manufacturing B.V. El Sr. Vázquez apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella al conceder una moción de sentencia sumaria a favor de Zimmer. Vázquez reclamó haber sido despedido injustificadamente de su puesto de "material handler" en contravención a la Ley Núm. 80. Zimmer alegó que el despido fue justificado debido a las repetidas violaciones del Sr. Vázquez a los procedimientos internos (SOP), reglas de OSHA y políticas de la empresa. La empresa argumentó haber aplicado disciplina progresiva tras múltiples amonestaciones por negligencia y errores en el embarque de mercancía. Zimmer basó su solicitud de sentencia sumaria en admisiones hechas por el Sr. Vázquez durante su deposición. Vázquez se opuso, admitiendo algunos hechos pero culpando a sus supervisores y alegando que su intento de usar la "Política de Puerta Abierta" fue ignorado. Tras revisar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa, mediante recurso de apelación tratado como certiorari, una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia, emitida el 25 de septiembre de 2018, declaró con lugar la reclamación de discrimen por edad instada por el señor Juan José Eugenio Santiago Ortiz contra la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. El caso original también incluía una causa de acción por despido injustificado. El foro primario había anotado previamente la rebeldía a la Cooperativa por no contestar a tiempo la querella, decisión confirmada en instancias superiores. A raíz de la rebeldía, el Tribunal de Primera Instancia condenó a la Cooperativa al pago de la mesada y, tras una vista, al pago de daños por discrimen por edad. La Cooperativa apela ahora esta última sentencia que la condena por la causa de acción de discrimen por edad. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso para revisar el dictamen en rebeldía sobre el discrimen por edad.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Desarrolladora del Norte, apelante en un caso de despido injustificado y discrimen por edad. La apelante solicita la revocación de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la querella presentada por Juan Morales Rodríguez. El señor Morales Rodríguez alegó haber sido despedido sin justa causa y discriminado por su edad, fundamentando su acción en las Leyes Núm. 80 y 100. Desarrolladora del Norte negó las alegaciones, afirmando que hubo justa causa para el despido basada en el funcionamiento del negocio y violación de políticas. Durante el juicio, surgió una controversia procesal sobre la solicitud de la parte querellada para enmendar el informe de conferencia y sustituir o eliminar testigos. La apelante buscaba sustituir al Director de Recursos Humanos y eliminar un testigo "desaparecido", a lo que la parte querellante se opuso. La defensa explicó que los cambios se debían al tiempo transcurrido, un cambio de personal y la imposibilidad de localizar a un testigo. Tras examinar el expediente, la prueba y el derecho, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la Sentencia apelada. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos adicionales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso de apelación presentado por Jonathan Ortiz Salgado contra El Pueblo de Puerto Rico. La apelación versaba sobre varios artículos del Código Penal y la Ley de Armas. El abogado del apelante informó al tribunal sobre el fallecimiento de su cliente mientras se encontraba en prisión. El Procurador General confirmó la muerte y presentó el certificado correspondiente. El certificado indicaba que se le realizó una autopsia al apelante. Ante el fallecimiento del apelante, el Tribunal consideró que el recurso de apelación se había tornado académico. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones procedió a desestimar la apelación. La desestimación se fundamentó en la Regla 83 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue presentado por Carmen Rivera y otros, apelando una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha resolución ordenó a Jorge Caldero Bibiloni pagar \$3,717.49 por deuda de pensión alimentaria a Nicole Aimeé Rivera. El caso se relaciona con una deuda de alimentos acumulada antes de que la joven fuera adoptada por su padrastro en 2014. El foro primario había determinado previamente que la deuda anterior a la adopción subsistía y que la joven, como adulta, era la parte legitimada para reclamarla. Tras una vista, el TPI calculó el monto final de la deuda basándose en la prueba presentada, incluyendo una certificación de ASUME y diversos créditos. Las apelantes impugnaron esta determinación del monto. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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Concilio de Salud Integral de Loiza, Inc. apeló una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia concedió una moción de sentencia sumaria a favor de Neptune Coatings Corporation, hoy Revert Corp., uno de los codemandados. Concilio había demandado originalmente a JC Remodeling, Inc. por incumplimiento de contrato y daños relacionados con un trabajo de sellado de techo defectuoso. Posteriormente, Concilio enmendó la demanda para incluir a Neptune/Revert Corp., alegando negligencia en la supervisión y adiestramiento de JCR en el uso del producto. La Sentencia Parcial apelada desestimó todos los reclamos presentados contra Revert Corp. e impuso a Concilio el pago de honorarios de abogados y costas. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial recurrida. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones MODIFICÓ la Sentencia Parcial apelada. Así modificada, la Sentencia Parcial fue CONFIRMADA.

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Comparecen los esposos Montañez-Maldonado mediante recurso de apelación, acogido como certiorari, para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud para ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso. Los Apelantes buscaban redimir una deuda hipotecaria originada por Scotiabank, alegando una supuesta transferencia del pagaré a un tercero, Bosco IX Overeas, LLC. El foro primario denegó la solicitud al no presentarse evidencia que demostrara la transferencia del pagaré en controversia. Los Apelantes señalaron como error la denegación del retracto y la negativa a ordenar descubrimiento de prueba. Este panel procede a resolver el recurso. Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Antonio & M. Construction, Inc. contra la Comisión Industrial y el Fondo del Seguro del Estado. La apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de "injunction, sentencia declaratoria, violación". Dicha demanda original fue descrita por el foro primario como "altamente confusa e imprecisa", buscando, entre otras cosas, evitar multiplicidad de pleitos, una declaración sobre la inclusión de empleados de subcontratistas como propios para fines de cobro, y reclamando daños millonarios por alegadas violaciones de derechos civiles. El Tribunal de Apelaciones encontró que el escrito de apelación presentado por Antonio & M. Construction, Inc. era igualmente "ambiguo e inexacto" y no exponía los hechos del caso. Al no presentar los hechos, el escrito no configuraba una controversia sustancial susceptible de ser resuelta por el foro apelativo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación.

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