Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 253)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El caso original fue presentado por el Banco de Desarrollo Económico, luego sustituido por PR Recovery and Development JV, LLC, contra Bahía Salinas Beach Hotel, Inc. y otros. Se revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez de 12 de febrero de 2019. El recurso fue presentado por el señor Ángel López Nunci, quien no es abogado, en alegada representación de las corporaciones demandadas. El historial procesal incluye una sentencia previa, intentos de ejecución, una subasta y un recurso anterior ante este Tribunal. En un recurso previo (KLAN201700720), este Tribunal revocó una orden de lanzamiento y ordenó una vista sobre la legitimación activa de la Fundación Hispanoamericana de Autismo. Posteriormente, la abogada de las corporaciones demandadas renunció a su representación. El Tribunal de Primera Instancia concedió un término para conseguir nueva representación legal. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede desestimar el recurso presentado por el señor López Nunci.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso entre América Pérez Hernández y Cooperativa de Viviendas Los Robles. La Cooperativa apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reconvención contra Pérez Hernández. Dicha reconvención se fundamentaba en alegadas violaciones a estatutos federales como el Computer Fraud and Abuse Act, Wire Fraud y Stored Communication Act. La Cooperativa alegó que Pérez Hernández impidió acceso a sistemas y obtuvo documentos, causando daños. El foro primario desestimó la reconvención por no justificar la concesión de un remedio. La Cooperativa argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar los estatutos federales. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Procedimiento de ejecución de hipoteca ante el Tribunal de Apelaciones, incoado por Héctor Javier Ríos de Jesús y otros contra la Federación de Asociaciones Pecuarias de Puerto Rico, Inc. El recurso, procedente del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, se acoge como Certiorari. Los apelantes recurren de una resolución del foro primario que denegó su solicitud de paralizar el caso y permitir mediación bajo la Ley 38-2019. Esta solicitud se presentó luego de que se dictara sentencia en su contra y tras los apelantes haber incumplido con comparecer a mediaciones y reuniones de mitigación de pérdida previamente señaladas. Los apelantes alegan que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar leyes anteriores y negarse a aplicar retroactivamente la Ley 38-2019. El Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Bermúdez Torres, Surén Fuentes y Torres Ramírez, decide disponer del recurso de forma sumaria. Se ejerce la facultad discrecional para resolver el asunto sin trámites ulteriores.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900507 entre Mariel Machado Ruiz y Necco, Inc. Necco, Inc. apeló una resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la producción e inspección de documentos corporativos bajo el Artículo 7.10 de la Ley General de Corporaciones. La apelada, accionista de Necco, había solicitado la inspección, la cual fue denegada inicialmente por la corporación. La accionista acudió al Tribunal de Primera Instancia mediante una solicitud de orden. El foro de instancia concedió la orden de inspección. Necco compareció especialmente argumentando falta de jurisdicción personal y violación al debido proceso, alegando que el procedimiento fue tratado como ex parte sin notificación ni emplazamiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la comparecencia especial de Necco, confirmando la orden de inspección. Necco apeló esta decisión, señalando errores relacionados con la falta de jurisdicción y el tratamiento ex parte del caso. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, revocó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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Este recurso de apelación revisa una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una reconvención. El caso original comenzó con una petición de injunction y daños presentada por Octavio Seda Delgado contra Minerva De Jesús Reyes, buscando la nulidad de una sentencia previa y reclamando daños. Minerva De Jesús Reyes presentó una reconvención solicitando resarcimiento por hechos alegados en un caso anterior. El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta reconvención. Una apelación previa ante este Tribunal revocó esa desestimación y devolvió el caso para continuar los procedimientos. A pesar de la decisión anterior, el foro primario volvió a desestimar la reconvención mediante la Sentencia parcial ahora apelada. El Tribunal de Apelaciones revisó esta nueva desestimación. Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia parcial recurrida. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos, incluyendo la reconvención.

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Sentencia del 22 de agosto de 2019 de un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico. PAM Real Estate Holdings, Corp. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia del TPI resolvió una demanda de sentencia declaratoria presentada por FirstBank Puerto Rico contra el Consejo de Titulares del Condominio First Federal Savings Building. FirstBank impugnó la validez de la última oración del Artículo 13 del Reglamento del Condominio. Alegó que esta oración, que definía la "mayoría" para la elección de la Junta de Directores de forma distinta a la definición principal adoptada por el Condominio, contravenía la Ley de Condominios de 2003. FirstBank solicitó la nulidad de la elección de la Junta de Directores de enero de 2018. El TPI declaró Con Lugar la demanda, ordenando enmendar el Reglamento y celebrar una nueva elección. PAM apeló esta decisión del TPI. El panel de jueces examinó el recurso de apelación. Finalmente, el tribunal de apelaciones acordó desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

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Se trata de una Sentencia de un panel apelativo resolviendo un recurso contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre una compraventa de inmueble. Los compradores demandaron a los vendedores solicitando la rescisión del contrato y daños, alegando que estos ocultaron vicios graves y conocidos en la propiedad, especialmente en el techo, que la hacían inhabitable. Los vendedores negaron conocer los defectos y argumentaron que la venta fue "as is" tras oportunidad de inspección. El TPI declaró Ha Lugar la demanda, concluyendo que los vendedores conocían los vicios ocultos y no los informaron, basándose en la falta de credibilidad de su testimonio y prueba documental. El TPI condenó a los vendedores a pagar por saneamiento, daños y perjuicios, y honorarios de abogado, considerando temeraria su actuación. Los vendedores apelaron, cuestionando la valoración de la prueba, la aplicación del derecho sobre vicios ocultos y el convenio "as is", y la imposición de honorarios. El panel apelativo revisó los autos y la prueba. La Sentencia del TPI es confirmada en cuanto a la responsabilidad de los vendedores. No obstante, el caso se devuelve al TPI para que fundamente adecuadamente la valorización de los daños concedidos.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelante, Ixa López Palau, propietaria del inmueble hipotecado, impugnó una sentencia en rebeldía dictada en su contra. Previamente, un panel de este Tribunal había declarado nula una sentencia anterior en un caso similar por falta de jurisdicción sobre ella. A pesar de ello, el Banco Popular instó una segunda demanda y obtuvo otra sentencia en rebeldía tras intentar emplazarla por edicto. La señora López Palau solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) un relevo de sentencia, alegando emplazamiento defectuoso y que la sentencia la condenaba al pago de la deuda. El TPI denegó su solicitud de relevo. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari para revisar la determinación del TPI. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del TPI y concedió el relevo de sentencia a la señora López Palau.

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El Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación presentado por United Surety & Indemnity (USIC). USIC impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que desestimó su acción civil de nulidad de sentencia. USIC buscaba anular una sentencia previa de 2011, alegando violaciones al debido proceso de ley y fraude basado en evidencia falsa presentada por los apelados, Jorge R. Acosta Martínez y Maribel González Martínez. El caso original involucraba la reclamación de Acosta-González contra Maxon Engineering, la AEE, USF&G y USIC por servicios profesionales, donde USIC participó como fiador. El foro primario desestimó la demanda de nulidad de USIC y le impuso el pago de honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del tribunal de instancia. El tribunal apelativo modificó la desestimación del foro primario para que fuera "con perjuicio". Así modificada, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de Certiorari presentada por José Orlando Sotero Esteva. El peticionario buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de autorización judicial. Dicha autorización era para ingresar a su hermano incapacitado, Ángel Pablo Sotero Esteva, al Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Ángel Pablo, quien padece múltiples condiciones de salud, era previamente cuidado en casa por familiares y ayuda contratada. Tras el fallecimiento de su padre, la familia determinó que el ingreso institucional era la mejor opción. El foro primario celebró una vista, solicitó evidencia de gastos de cuido y recibió la oposición a la solicitud por parte de la Procuradora de Asuntos de Familia. El Tribunal de Primera Instancia denegó el ingreso, en parte por evidencia insuficiente de gastos y concluyendo que el daño potencial de la institucionalización superaba los problemas del cuido en el hogar. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición que impugnaba esta denegatoria. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo denegó expedir el auto de Certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero iniciado por Paseo de la Fuente Homeowners Association, Inc. contra Roberto Roca Buigas y Katia Moledo. La asociación reclamaba cuotas de mantenimiento por dos solares, mientras los apelados alegaban deber solo por uno tras agruparlos. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial declarando con lugar el cobro, pero determinando que la cuota aplicaba a un solo solar con vivienda familiar. Dicha sentencia ordenó el pago de las cuotas adeudadas, intereses, penalidades y honorarios de abogado a favor de la asociación. Paseo de la Fuente apeló esta decisión parcial. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso, el expediente y el derecho aplicable. Tras su análisis, el panel integrado por los jueces Figueroa Cabán, Nieves Figueroa y Salgado Schwarz acordó revocar la Sentencia Parcial apelada. El litigio se centra en la aplicación de las cuotas de mantenimiento según la escritura matriz y sus enmiendas a la propiedad de los apelados.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Judith Duncan contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia declaró con lugar una Demanda de desahucio y cobro de dinero instada por Orlando A. Carrero Gerena. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el desalojo de la señora Duncan de una propiedad arrendada y el pago de \$2,325.00 por rentas atrasadas. Tras la presentación del recurso de apelación, el demandante-apelado solicitó su desestimación por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones examinó el cumplimiento del requisito de notificación del recurso a las partes. Conforme a la Regla 13(B)(2) de su Reglamento, la notificación oportuna es un requisito jurisdiccional de estricto cumplimiento. La falta de notificación adecuada priva al Tribunal de jurisdicción para considerar la apelación. El Tribunal concluyó que la apelante no cumplió con la notificación oportuna requerida. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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PV Properties apeló una sentencia y una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Agro Produce Puerto Rico, Inc. y Puerto Rico Supplies Group, Inc. presentaron una moción para desestimar la apelación por falta de notificación a codemandados en rebeldía. La parte apelante se opuso, alegando haber notificado a las mismas partes que el TPI y que fue el TPI quien incumplió con la notificación a las partes en rebeldía según la Regla 65.3. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y no encontró evidencia de que el TPI hubiera notificado las decisiones apeladas a los codemandados en rebeldía. Ante esta situación y la moción de desestimación, el foro apelativo emitió una resolución previa solicitando a las partes que acreditaran la notificación y explicaran por qué no debía desestimarse el recurso. El tribunal procede a evaluar la cuestión jurisdiccional planteada por la alegada falta de notificación antes de entrar a considerar los méritos de la apelación.

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Es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Kelvin Collazo González. El apelante impugnaba una sentencia de 159 años de reclusión impuesta tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de Armas. Sus señalamientos de error cuestionaban la determinación de culpabilidad basada en la suficiencia de la prueba y la corrección de su admisión. Para fundamentar sus argumentos, el apelante debía presentar una transcripción de la prueba oral o una exposición estipulada. El Tribunal le concedió dos prórrogas de 45 días cada una para cumplir con este requisito procesal. A pesar de las prórrogas concedidas, el apelante no presentó la documentación requerida en más de cuatro meses desde la presentación del recurso. Tampoco demostró justa causa para su inobservancia con las Reglas 29 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Debido al incumplimiento del apelante con las disposiciones reglamentarias, el Tribunal desestimó el recurso de apelación incoado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Sagrada Familia. La Cooperativa impugna la denegatoria de sus solicitudes de sentencia sumaria por parte del Tribunal de Primera Instancia, dictada el 28 de enero de 2019. El caso subyacente fue iniciado por Carlos A. Rodríguez, quien demandó a la Cooperativa por despido injustificado, discrimen por orientación sexual, acoso laboral y liquidación errónea de vacaciones. El pleito tuvo un historial procesal previo, incluyendo una apelación que reinstaló la causa de acción por discrimen. La Cooperativa argumentó en sus mociones de sentencia sumaria la falta de reclamaciones válidas y evidencia por parte del demandante. El Tribunal de Primera Instancia denegó dichas mociones, lo que motivó el recurso de certiorari. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Domingo Castro Aponte contra Amgen Manufacturing Limited y Amgen, Inc. El apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella por despido injustificado y represalias. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal, al concluir que la controversia debía dilucidarse mediante arbitraje. Amgen sostuvo que el apelante estaba obligado a arbitrar conforme a acuerdos de 2014 (con opción de exclusión no ejercida) y 2006. El apelante impugnó la validez y el consentimiento a dichos acuerdos de arbitraje. Alegó errores del tribunal primario al validar los acuerdos, negar una vista evidenciaria y no considerar excepciones de política pública. El Tribunal de Apelaciones revisó los planteamientos de las partes. La Sentencia confirma la desestimación de la querella apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una apelación contra una Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Lilliam Cruz Rojas, demandó a Walmart por daños y perjuicios y represalias. La causa de acción se originó tras un accidente con su vehículo, prestado a una compañera para una tarea laboral, y la posterior negativa de Walmart a reembolsar los gastos de reparación. Cruz Rojas alegó sufrir represalias y daños emocionales y físicos tras solicitar dicho reembolso. Walmart solicitó sentencia sumaria argumentando falta de legitimación activa, ausencia de elementos de represalias e inmunidad patronal. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la moción de Walmart y desestimó la demanda. Tras examinar los alegatos de las partes, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia Sumaria apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un matrimonio para apelar una sentencia sobre daños y perjuicios contra Banco Santander. El caso se originó tras el Banco presentar dos demandas de cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre una deuda que, según una moción del propio Banco en el primer pleito, había sido satisfecha. La primera demanda fue archivada con perjuicio por desistimiento del Banco. La segunda demanda fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia y confirmado en apelación bajo la doctrina de cosa juzgada. Los apelantes demandaron al Banco alegando que sus acciones, incluyendo notificar impago a agencias de crédito, afectaron su crédito y les causaron daños emocionales. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, concediendo \$10,000 a cada apelante por daños emocionales y una partida por intereses pagados en exceso en un financiamiento de vehículo. El foro primario denegó otras partidas por perjuicios económicos. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones modifica la decisión del foro primario. Se elimina la partida de intereses pagados en exceso por financiamiento del vehículo, y así modificada, la sentencia que concedió daños emocionales se confirma.