Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 247)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre la solicitud de una orden relacionada con un árbol. La apelante, Edmee Aguayo Reyes, busca revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda contra Annie Sue Pope Gorzycky y ordenó el pago de honorarios. La demanda original alegaba que un árbol de caoba en la propiedad de la apelada estaba demasiado cerca de la colindancia, causando daños por ramas, hojas y raíces. La apelada sostuvo que el árbol cumplía con las distancias establecidas en el Código Civil. Un informe del Departamento de Recursos Naturales concluyó que el árbol se sembró dentro de la distancia requerida. El proceso de apelación encontró obstáculos relacionados con la transcripción de la prueba y la presentación de resúmenes del testimonio pericial. El TPI, aunque inicialmente denegó una sentencia sumaria, hizo determinaciones de hecho sobre la ubicación y el gran tamaño del árbol. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisará la decisión del TPI de desestimar la reclamación de la apelante.

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Triple-S Vida, Inc. apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$50,000 a la Sra. Mutima Perry Washington. La Sra. Perry demandó a Triple-S reclamando el pago de una póliza de seguro de vida de la cual era beneficiaria. Alegó que la aseguradora le negó el pago sin base, a pesar de conocer la condición de salud del asegurado. Triple-S negó las alegaciones y presentó defensas afirmativas. Las partes estipularon hechos como la existencia de la póliza, el fallecimiento del asegurado y la designación de la Sra. Perry como beneficiaria. También estipularon prueba documental y testifical. El Tribunal de Primera Instancia celebró juicio y declaró Ha Lugar la Demanda, ordenando a Triple-S pagar la cubierta de la póliza. Triple-S apeló esta determinación. El panel de jueces revisó el caso. Por los fundamentos que se exponen, se revoca la Sentencia apelada.

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Fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación contra una sentencia en rebeldía dictada en un caso de cobro de dinero. Scotiabank de Puerto Rico demandó a Roberto Ruiz Morales, Gisela Vega Rivera y su sociedad legal de gananciales. El pleito se paralizó inicialmente por la quiebra de los apelantes, reanudándose tras su desestimación. Scotiabank solicitó emplazar a la Sra. Vega Rivera y a la sociedad de gananciales por edicto, indicando que se habían mudado a Miami. El tribunal de primera instancia ordenó el emplazamiento por edicto y correo certificado a la última dirección conocida. Completado el emplazamiento por edicto, Scotiabank pidió y obtuvo una sentencia en rebeldía contra los apelantes. Los apelantes apelaron la sentencia en rebeldía, compareciendo "sin someterse a la jurisdicción" para cuestionar su validez. La apelación argumenta defectos procesales en el emplazamiento y las notificaciones que resultaron en la sentencia en rebeldía. El documento expone el historial detallado del caso hasta la apelación. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del tribunal de primera instancia y los planteamientos de los apelantes.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Analiza un recurso presentado por un demandado (Patrono) en un caso laboral tramitado bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió un dictamen condenando al Patrono pero sin resolver expresamente sobre la responsabilidad del otro codemandado (Comité). Además, el dictamen del TPI no incluyó el lenguaje requerido por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil para sentencias parciales. El Patrono apeló el dictamen 30 días después de su notificación. El Tribunal de Apelaciones señala que, bajo la Ley Núm. 2, el término para apelar es de 10 días. Concluye que el dictamen del TPI no constituye una sentencia final apelable al no adjudicar sobre todas las partes ni cumplir con los requisitos formales. Por lo tanto, el término de apelación de 10 días no comenzó a correr. El Tribunal determina que carece de jurisdicción para revisar el recurso presentado, ya que el dictamen impugnado no es una sentencia final ni una resolución interlocutoria apelable en este contexto.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por los licenciados Jorge R. Acosta González y Barbarita Lugo Morales. Solicitan la revocación de una sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El caso original versaba sobre cobro de honorarios de abogado, daños y perjuicios, y difamación contra Nelson Montalvo Cuebas, ahora representado por su sucesión. Los apelantes habían solicitado una sentencia sumaria parcial para el cobro de \$36,665.00 en honorarios y una determinación de responsabilidad por difamación. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria. Además, desestimó con perjuicio una de las reclamaciones de cobro de dinero y la reclamación por difamación. La parte apelada (la sucesión) no compareció en el recurso de apelación a pesar de haber sido notificada. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso basándose en el expediente.

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Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico con fecha de 20 de septiembre de 2019. Triple-S Propiedad apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que concedió una solicitud de sentencia sumaria a favor de Servicios Médicos Universitarios (SMU). El caso original es una demanda por negligencia contra SMU relacionada con un brote de bacteria en un hospital, presentada por familiares de pacientes fallecidos. SMU demandó a su aseguradora, Triple-S, buscando una declaración de que Triple-S estaba obligada a proveerle defensa legal bajo su póliza CGL. Triple-S denegó la defensa basándose en exclusiones de la póliza, como la de "Hongo/Bacteria", argumentando que el daño alegado estaba excluido. SMU sostuvo que la posibilidad de cubierta obligaba a Triple-S a defender y pagar los gastos legales. El Tribunal de Primera Instancia dictaminó que Triple-S tenía el deber de defender a SMU. El panel de apelación acogió el recurso como un certiorari. Finalmente, el tribunal CONFIRMÓ la decisión del foro inferior, ratificando la obligación de Triple-S de proveer defensa a SMU en el pleito original.

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Fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por FirstBank contra Remigio De Jesús Peguero. El apelante recurre una Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en septiembre de 2018. Previamente, una sentencia en rebeldía inicial fue declarada nula por falta de emplazamiento adecuado. Tras un nuevo emplazamiento por edictos, se dictó la sentencia apelada que condenó al demandado al pago de la deuda hipotecaria. El apelante solicitó reconsideración de esta segunda sentencia, alegando nuevamente falta de jurisdicción por emplazamiento defectuoso. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación presentado. La desestimación se fundamenta en que la apelación fue presentada de forma tardía, resultando en falta de jurisdicción para revisar el fondo del recurso.

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El caso se originó con una demanda de Doral Bank contra Bayamón Acquisition Properties (BAP) y sus principales por entredicho e injunctions, posteriormente enmendada para incluir cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los demandados, BAP y los esposos Fernández Quintana, reconvinieron alegando incumplimiento contractual por parte de Doral y nulidad de garantías personales por discrimen bajo la ECOA. Tras el cierre de Doral Bank, Bautista Cayman Asset Company adquirió el préstamo y fue sustituida como parte demandante. Bautista Cayman presentó mociones de sentencia sumaria parcial y sentencia por las alegaciones, argumentando la exigibilidad de las deudas y la insuficiencia de las defensas y reconvención de los demandados. Los demandados, a su vez, solicitaron sentencia sumaria parcial a su favor, aduciendo que Doral controló el proyecto, incumplió desembolsos y causó daños. También se opusieron a las mociones de Bautista Cayman, sosteniendo que esta asumió las responsabilidades de Doral. El documento detalla el historial procesal y los argumentos principales presentados por las partes en el Tribunal de Primera Instancia en relación con estas mociones. Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de cobro de dinero y ejecución hipotecaria con reconvención por incumplimiento y discrimen.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Municipio de Cataño apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia había declarado Ha Lugar una Solicitud de Interdicto Posesorio presentada por el Centro Agropecuario de Cataño, Inc. El Centro Agropecuario solicitó el cese de interferencia del Municipio en el uso de áreas subarrendadas en la Villa Pesquera. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista rápida, denegó una moción de desestimación del Municipio por falta de parte indispensable y luego concedió el interdicto. El Municipio apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del recurso. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. Consecuentemente, el caso es devuelto al foro de primera instancia para la continuación de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900505. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia de Humacao y trata sobre daños y perjuicios por alegada impericia médica y hospitalaria. Las partes incluyen a la familia Perales Díaz como recurridos y a varias entidades médicas, el municipio de Las Piedras y doctores como peticionarios. La resolución examina un Aviso de Desistimiento presentado por la parte peticionaria. El Tribunal declaró con lugar dicho aviso. En consecuencia, la revisión judicial se tiene por desistida y el caso es archivado conforme a la Regla 83(a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. La peticionaria, Moraima Díaz Archilla, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución interpretó una sentencia previa y concedió créditos al recurrido, Víctor M. Rodríguez Ortiz, por alegados pagos en exceso de pensión alimentaria. El foro primario determinó que el recurrido pagaría $100 menos mensualmente como resultado de estos créditos. El caso se remonta a una estipulación de pensión alimentaria en 2007, que fue objeto de una solicitud de revisión posterior. La peticionaria presentó inicialmente el recurso como apelación, pero el Tribunal de Apelaciones lo acogió como certiorari. Tras evaluar las comparecencias de las partes y el historial procesal, el Tribunal anunció que el caso quedó sometido para su resolución. La Sentencia detalla el contexto procesal que llevó el recurso ante el foro apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900661. El apelante, Carlos Luis González Rivera, un confinado, recurrió una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda de daños y perjuicios contra varios oficiales correccionales. El TPI fundamentó la desestimación en la falta de jurisdicción, indicando que la reclamación requería agotar remedios administrativos y revisión administrativa. La demanda del apelante se basó en un incidente violento en la prisión donde otro confinado, Miguel Castillo García, fue atacado y murió. El apelante alegó que Castillo García había advertido a los oficiales sobre el atacante y solicitado protección sin éxito. Describió haber presenciado el ataque y las graves heridas sufridas por Castillo García. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los autos originales. Resolvió revocar la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. El caso es devuelto al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Los peticionarios, Jorge Francisco Hess Riutort, su esposa, su sociedad legal de gananciales y Organización de Salud Administrada, Inc., recurrieron una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha Orden denegó su solicitud para ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso. Los peticionarios buscaban ser sustituidos como parte demandante y realinear las partes en el pleito. El caso se originó por una deuda de préstamo comercial con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico, garantizada con pagarés hipotecarios. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari para revisar la decisión. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen recurrido. Con esta decisión, se mantiene la denegación del derecho de retracto solicitado por los peticionarios.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Carlos Sánchez Crespo y otros contra la Cooperativa de Seguros Múltiples. La apelación impugna una sentencia parcial sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra la aseguradora. Los apelantes demandaron a la aseguradora por incumplimiento de contrato y mala fe, alegando que subestimó los daños a su propiedad causados por el huracán María y solo pagó $3,000 por daños por agua, denegando otras cubiertas. La aseguradora solicitó sentencia sumaria basándose en la defensa de pago en finiquito, argumentando que los apelantes endosaron y cobraron un cheque de $3,000 como liquidación total de la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de la aseguradora. Los apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue denegada, procediendo a apelar ante este foro. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si el TPI actuó correctamente al conceder la sentencia sumaria.