Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 246)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Banco Santander Puerto Rico (BSPR). BSPR apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce que le ordenó pagar \$120,000 más intereses a los hermanos Jose M. y Delia E. Torres Delgado. Los demandantes alegaron que BSPR transfirió de forma prematura e ilegal fondos de certificados de depósito de sus padres a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y luego al Departamento de Hacienda. El TPI, basándose en hechos estipulados, confirmó la existencia de los certificados por \$100,000 y \$20,000 a nombre de los padres de los demandantes. Se establecieron las fechas de apertura, vencimiento y las notificaciones enviadas por el banco. El TPI encontró mérito en la demanda de cobro de dinero presentada por los herederos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI y, por los fundamentos expuestos, decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La apelante impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que adoptó recomendaciones sobre pensión alimentaria. El apelado solicitó la desestimación del recurso alegando que era prematuro por falta de notificación. El Tribunal de Apelaciones constata que la resolución apelada no fue notificada a la abogada del apelado. La sentencia subraya la importancia de la jurisdicción y el debido proceso de ley, destacando la necesidad de una notificación real y efectiva a todas las partes. Se citan las Reglas de Procedimiento Civil que exigen la notificación inmediata de órdenes y sentencias. Una notificación adecuada es indispensable para el estado procesal del caso y para que comiencen a transcurrir los términos. La omisión de notificar correctamente puede generar demoras e impedimentos en el proceso judicial. Un recurso se considera prematuro cuando busca revisar una determinación aún pendiente ante el tribunal, lo que sugiere que la falta de notificación podría afectar la validez o madurez del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación en un caso sobre declaración de dominio y reivindicación de bien inmueble. El apelante, Arturo Jiménez Arce, reclamaba la propiedad de un predio basado en herencia, demandando a la Sucesión de Cecilio Corchado Irizarry que ocupaba el terreno. Los apelados defendieron su titularidad mediante escrituras públicas y posesión prolongada. El caso fue previamente devuelto al Tribunal de Primera Instancia para un juicio en su fondo, específicamente sobre la prescripción adquisitiva. Tras la celebración del juicio, el foro primario determinó que el causante de los apelados adquirió la propiedad mediante escrituras públicas en 1997-1998 de los herederos de los dueños originales. También concluyó que el causante de los apelados y su padre habían ocupado la finca en carácter de dueño desde principios de la década de 1950. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del apelante. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirmó la Sentencia recurrida.

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Se apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó una demanda de divorcio por falta de jurisdicción. La desestimación se basó en una moción presentada por la apelada, quien argumentó que el TPI no tenía competencia. La apelada había iniciado previamente un caso de divorcio en el Tribunal de Circuito de Albemarle, Virginia. La controversia principal gira en torno a cuál foro judicial adquirió jurisdicción primero sobre las partes y el asunto. La apelada sostuvo que el tribunal de Virginia obtuvo jurisdicción sobre el apelante en septiembre de 2018. Alegó que el apelante se sometió a la jurisdicción de Virginia mediante comparecencias. Presentó evidencia del tribunal de Virginia que confirmaba el emplazamiento y la adquisición de jurisdicción personal sobre el apelante en esa fecha. El tribunal de Virginia determinó que poseía jurisdicción única y continua sobre el caso. La apelación busca la revocación de la decisión del TPI considerando este conflicto jurisdiccional.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. La apelante impugnó la desestimación de su demanda de divorcio por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha desestimación se produjo tras la negativa de su representación legal a presentar prueba durante la vista. La apelante también argumentó que el foro primario debió atender sus solicitudes de remedios provisionales, como pensión pendente lite y coadministración de bienes, antes de celebrar la vista de divorcio. Alegó errores adicionales relacionados con el requisito de demostrar necesidad para la pensión provisional y la inclusión de información de otro caso. El apelado defendió la actuación del tribunal primario, señalando que se ofrecieron oportunidades a la apelante y que se protegió a la menor. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos de ambas partes a la luz del derecho aplicable. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia no cometió error al dictar su sentencia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Un panel de jueces consideró la apelación presentada por Universal Insurance Company contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia había declarado Ha Lugar una demanda de cobro de dinero e incumplimiento contractual incoada por Popular Auto, LLC. Universal solicitaba la revocación de la decisión del TPI. No obstante, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Se determinó que Universal ya había presentado un recurso de apelación idéntico (KLAN201900737) sobre la misma Sentencia del TPI. A pesar de notificaciones enmendadas posteriores, Universal presentó una segunda apelación idéntica (KLAN201901010). La existencia del recurso previo e idéntico vicia jurisdiccionalmente la segunda apelación. La decisión hace referencia a las reglas de procedimiento civil sobre términos y notificaciones de sentencias.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación en un caso de cobro de dinero. Manuel Freije Arce, Inc. demandó a Zona Eléctrica, Inc. y a Raltrisan Electric Corp. y Raltrisan Electric 3 Corp. por una deuda de $45,416.38. La demanda contra las entidades Raltrisan se fundamentó en la alegación de que adquirieron activos de Zona Eléctrica con intención de defraudar acreedores. Raltrisan apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda en su contra. Argumentaron que solo compraron dos inmuebles de Zona Eléctrica, no la totalidad del negocio, y sin propósito fraudulento. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra Zona Eléctrica, la cual es final. Tras un reenvío previo del Tribunal de Apelaciones, el TPI denegó la desestimación sumaria solicitada por Raltrisan y realizó determinaciones de hecho. Estas determinaciones detallan la deuda, la compra de dos propiedades por Raltrisan donde operaba Zona Eléctrica, y las circunstancias de la transacción. La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve la apelación de Raltrisan contra la determinación de responsabilidad del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900338. Max Chemical, Inc. apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró "Ha Lugar" una querella por despido injustificado presentada por Roberto Cruz Pérez. El señor Cruz Pérez demandó a su antiguo empleador, Max Chemical, alegando que fue despedido sin justa causa y sin recibir la mesada correspondiente bajo la Ley Núm. 80 de 1976. Max Chemical contestó la demanda argumentando que el despido fue justificado por razones económicas y una reestructuración empresarial que eliminó la plaza de Artista Gráfico. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del empleado. La apelación ante el Tribunal de Apelaciones detalla los trámites procesales seguidos, incluyendo la presentación de alegatos y la estipulación de la transcripción del juicio. El documento resume los hechos del caso y el historial procesal del recurso de apelación previo a la adjudicación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre la solicitud de una orden relacionada con un árbol. La apelante, Edmee Aguayo Reyes, busca revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda contra Annie Sue Pope Gorzycky y ordenó el pago de honorarios. La demanda original alegaba que un árbol de caoba en la propiedad de la apelada estaba demasiado cerca de la colindancia, causando daños por ramas, hojas y raíces. La apelada sostuvo que el árbol cumplía con las distancias establecidas en el Código Civil. Un informe del Departamento de Recursos Naturales concluyó que el árbol se sembró dentro de la distancia requerida. El proceso de apelación encontró obstáculos relacionados con la transcripción de la prueba y la presentación de resúmenes del testimonio pericial. El TPI, aunque inicialmente denegó una sentencia sumaria, hizo determinaciones de hecho sobre la ubicación y el gran tamaño del árbol. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisará la decisión del TPI de desestimar la reclamación de la apelante.

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Fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación contra una sentencia en rebeldía dictada en un caso de cobro de dinero. Scotiabank de Puerto Rico demandó a Roberto Ruiz Morales, Gisela Vega Rivera y su sociedad legal de gananciales. El pleito se paralizó inicialmente por la quiebra de los apelantes, reanudándose tras su desestimación. Scotiabank solicitó emplazar a la Sra. Vega Rivera y a la sociedad de gananciales por edicto, indicando que se habían mudado a Miami. El tribunal de primera instancia ordenó el emplazamiento por edicto y correo certificado a la última dirección conocida. Completado el emplazamiento por edicto, Scotiabank pidió y obtuvo una sentencia en rebeldía contra los apelantes. Los apelantes apelaron la sentencia en rebeldía, compareciendo "sin someterse a la jurisdicción" para cuestionar su validez. La apelación argumenta defectos procesales en el emplazamiento y las notificaciones que resultaron en la sentencia en rebeldía. El documento expone el historial detallado del caso hasta la apelación. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del tribunal de primera instancia y los planteamientos de los apelantes.

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Triple-S Vida, Inc. apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$50,000 a la Sra. Mutima Perry Washington. La Sra. Perry demandó a Triple-S reclamando el pago de una póliza de seguro de vida de la cual era beneficiaria. Alegó que la aseguradora le negó el pago sin base, a pesar de conocer la condición de salud del asegurado. Triple-S negó las alegaciones y presentó defensas afirmativas. Las partes estipularon hechos como la existencia de la póliza, el fallecimiento del asegurado y la designación de la Sra. Perry como beneficiaria. También estipularon prueba documental y testifical. El Tribunal de Primera Instancia celebró juicio y declaró Ha Lugar la Demanda, ordenando a Triple-S pagar la cubierta de la póliza. Triple-S apeló esta determinación. El panel de jueces revisó el caso. Por los fundamentos que se exponen, se revoca la Sentencia apelada.

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