Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 244)

Resumen:

Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación contra la desestimación de una demanda de impugnación de reconocimiento. Pablo Elías Roldán Velázquez demandó para impugnar la paternidad de un menor, Kelvin Yadiel Roldán Martínez, tras una prueba casera de ADN que arrojó 0% de probabilidad. Solicitó una prueba de laboratorio, corrección de documentos oficiales y revisión de pensión alimentaria. La madre del menor, Mayra Martínez Santos, argumentó que la acción había caducado porque el demandante conocía la posible inexactitud desde el embarazo. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda, concluyendo que el señor Roldán tuvo conocimiento de la inexactitud de la filiación desde el embarazo, no a partir de la prueba de ADN. El señor Roldán apeló, alegando que el conocimiento de la inexactitud surge de la prueba científica y que el TPI ignoró la ley aplicable. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por Empresas Fortis, Inc. y Universal Insurance Company. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que les declaró responsables por daños y perjuicios. La demanda original fue incoada por José L. Rosado Cabrera, Marta Guindín González y su sociedad legal de gananciales a raíz de un accidente de motora ocurrido en 2008 en la carretera #140. Los demandantes alegaron que el accidente fue causado por las condiciones inseguras de la vía en construcción y la falta de rotulación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que los apelantes, como terceros demandados, fueron negligentes al no mantener la carretera segura ni cumplir con las normas de construcción y seguridad. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una petición de certiorari presentada por Horizon Lines of Puerto Rico, Inc. Horizon impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no prescrita la acción de daños y perjuicios en su contra. El caso original surge de un accidente de tránsito ocurrido el 2 de diciembre de 2013, cuyas demandas iniciales se presentaron en abril y mayo de 2014 contra el conductor y su empleador. Mediante descubrimiento de prueba en marzo de 2015, se reveló que Horizon era propietario del chasis involucrado en el accidente. Las demandantes solicitaron enmendar la demanda en abril de 2015 para incluir a Horizon. Horizon alegó que la acción estaba prescrita al ser incluida más de un año después del accidente. El Tribunal de Primera Instancia rechazó el argumento de prescripción, lo que motivó el recurso de Horizon ante el Apelativo. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso de certiorari para revisar la determinación sobre la prescripción de la acción contra Horizon.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por el Hotel Ciqala contra el Municipio de San Juan. La apelación buscaba revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones decide desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del recurso. El Tribunal subraya la importancia de la jurisdicción y el cumplimiento estricto de los términos procesales. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y reglas del propio Tribunal de Apelaciones. Se menciona específicamente la obligación de notificar el recurso y apéndices dentro del término establecido. El incumplimiento de estas reglas impide al Tribunal entrar a considerar los méritos de la controversia. El Tribunal reitera su deber ministerial de examinar la jurisdicción como asunto prioritario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Luciana Calvo Pino contra MAPFRE. La apelante demandó a la aseguradora por incumplimiento de contrato y mala fe en el ajuste y pago de daños causados por el Huracán María. Alegó que MAPFRE subestimó las pérdidas y pagó menos de lo debido, violando el Código de Seguros. MAPFRE solicitó sentencia sumaria basándose en la doctrina de pago en finiquito, argumentando que la apelante aceptó el pago. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción, desestimó la demanda con perjuicio y reconoció el pago en finiquito. La señora Calvo Pino apeló, imputando error al foro primario por aplicar dicha doctrina a pesar del alegado dolo, mala fe y la relación asimétrica entre las partes en el contexto de una catástrofe. Sostiene que el pago se usó para eludir las obligaciones de la aseguradora y que la deuda era líquida. MAPFRE se opone a la apelación, defendiendo la sentencia recurrida. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre apelaciones consolidadas, incluyendo KLAN201900934. Las apelaciones fueron presentadas por LPCD, AAA, CSA y aseguradoras contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La Sentencia del TPI acogió un Informe de Comisionado Especial a favor de Soletanche, Inc. en un caso de cobro de dinero y daños. El litigio original se relaciona con trabajos en el proyecto del Embalse del Río Blanco. Tras la Sentencia del TPI, las partes apelantes presentaron mociones post-sentencia, incluyendo reconsideración y costas. El TPI refirió estas mociones al Comisionado Especial. Las partes apelantes cuestionaron esta referencia, argumentando que la función del Comisionado había cesado. El Tribunal de Apelaciones determina que los recursos de apelación son prematuros. La Sentencia del TPI aún no es final y firme porque las mociones post-sentencia no han sido resueltas. Por tanto, el Tribunal desestima las apelaciones consolidadas por falta de jurisdicción.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones LPCD, AAA y CSA apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del 7 de mayo de 2019. Dicha Sentencia del TPI acogió un Informe de un Comisionado Especial y declaró con lugar una demanda presentada por Soletanche, Inc. El caso original ante el TPI, iniciado en 2006, trataba sobre cobro de dinero y daños y perjuicios relacionados con trabajos de construcción en el Embalse del Río Blanco. En 2014, el TPI designó un Comisionado Especial para manejar el caso. El Comisionado emitió su informe en diciembre de 2018, el cual fue adoptado íntegramente por el TPI en su Sentencia de mayo de 2019. Tras la Sentencia, las partes apelantes presentaron mociones post-sentencia, incluyendo oposiciones a costas y solicitudes de reconsideración. El TPI refirió estos escritos post-sentencia a la atención del Comisionado Especial. Las partes apelantes cuestionaron esta referencia, argumentando que la función del Comisionado había cesado y constituía una delegación indebida. El Tribunal de Apelaciones revisa los recursos presentados contra la Sentencia del TPI. Se desestiman los recursos consolidados por falta de jurisdicción debido a que son prematuros.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos presentados por LPCD, AAA, CSA y sus aseguradoras. Las apelaciones buscan revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del 7 de mayo de 2019. Dicha sentencia acogió un informe de un Comisionado Especial en un caso de cobro de dinero y daños presentado por Soletanche, Inc. El caso original se relaciona con trabajos de construcción en el proyecto del Embalse del Río Blanco. Tras la sentencia del TPI, las partes presentaron diversas mociones post-sentencia, incluyendo solicitudes de reconsideración y memorandos de costas. El TPI refirió estas mociones al Comisionado Especial. Los apelantes cuestionaron esta acción, argumentando que la función del Comisionado había cesado. El Tribunal de Apelaciones desestima los recursos de apelación por falta de jurisdicción, al considerarlos prematuros.

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Se resuelve una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda sobre liquidación de comunidad hereditaria. La demanda original, presentada por la Sra. Sandra Ivette Hernández González, buscaba liquidar la participación del 25% del causante en Five Realty Investments, Inc. La Sra. Hernández solicitó un desistimiento voluntario sin perjuicio. Las demandadas, Five Realty y la Sra. Mercedes María Torres Nazario (apelantes), se opusieron a los términos del desistimiento, solicitando que fuera con perjuicio en cuanto a ciertos reclamos y que se impusieran costas a la demandante. El TPI concedió el desistimiento sin perjuicio, en parte para proteger los intereses de menores de edad involucrados. Adicionalmente, el TPI impuso a las apelantes el pago de \$3,000 en costas, gastos y honorarios de abogado. Las apelantes recurrieron esta decisión. El panel de jueces, presidido por el Juez Figueroa Cabán, confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. El recurso fue presentado por residentes de la Urbanización La Lula en Ponce contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los apelantes demandaron a la AAA por daños y perjuicios, alegando negligencia continua debido a desbordes de aguas usadas en su comunidad. Sostuvieron que las averías se debían a un problema de conexión y taponamientos frecuentes de la tubería principal. La AAA negó negligencia, atribuyendo los desbordes al uso incorrecto del sistema. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de la AAA, desestimando la demanda con perjuicio. Los demandantes apelaron dicha sentencia buscando su revocación. Tras revisar el recurso, los autos originales y las comparecencias de las partes, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evalúa un recurso de certiorari presentado por Jesús Manuel Maldonado Pérez en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Banco Popular de Puerto Rico. El Banco demandó a la deudora hipotecaria y a la titular registral, obteniendo sentencia en rebeldía y adjudicándose la propiedad en subasta. Maldonado Pérez intentó intervenir post-sentencia, alegando ser parte con interés y que la propiedad es su hogar principal con exención contributiva. El Tribunal de Primera Instancia denegó repetidamente su solicitud para ser reconocido como parte. Maldonado Pérez argumenta que el TPI erró al no considerarlo parte indispensable, violando el debido proceso de ley y omitiendo referir el caso a mediación compulsoria bajo la Ley 184 de 2012. Sostiene que su exclusión y falta de notificación afectan la eficacia jurídica de todas las determinaciones del tribunal. El Tribunal de Apelaciones acogió su recurso como certiorari para revisar estas determinaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900833. El apelante, Francisco Javier García Rodríguez, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra Community Services, Inc. El caso se originó por un accidente ocurrido el 31 de marzo de 2016. La demanda inicial, presentada el 29 de marzo de 2017, identificó erróneamente a Caribbean Security Innovations, Inc. como demandada. Tras identificar a Community Services, Inc. como la compañía correcta, el apelante enmendó su demanda para incluirla el 14 de noviembre de 2017. Community solicitó la desestimación alegando que la acción estaba prescrita, ya que la demanda enmendada se presentó más de un año después del accidente. El apelante argumentó que el término prescriptivo debía contarse desde que identificó a Community. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la acción había prescrito y desestimó el caso. El Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la Sentencia apelada, ratificando la desestimación por prescripción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso instado por Sun West Mortgage Company, Inc. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de ejecución de hipoteca y prenda. El foro primario fundamentó la desestimación en el incumplimiento de Sun West con los términos para diligenciar emplazamientos (120 días) y sustituir partes fallecidas (90 días). Sun West presentó una moción de reconsideración que fue denegada. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que la desestimación del foro primario fue incorrecta. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Desarrolladora JA apela una Sentencia de Paralización dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El pleito original fue incoado por Desarrolladora JA contra el Municipio de Añasco por incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado con el Proyecto Boulevard del Barrio Playa de Añasco. Desarrolladora JA alega que completó el proyecto y el Municipio le adeuda un balance de \$281,165.88. El Municipio admitió la realización y aprobación de los trabajos, pero alegó que los fondos para el proyecto fueron asignados por resoluciones legislativas y están bajo la custodia del Departamento de Hacienda del ELA. El Municipio presentó una demanda contra terceros contra el ELA, argumentando que este es responsable por no desembolsar los fondos asignados. El ELA invocó la paralización automática bajo el Título III de PROMESA debido a su petición de quiebra. El Tribunal de Primera Instancia paralizó tanto la demanda principal de Desarrolladora JA contra el Municipio como la demanda contra terceros del Municipio contra el ELA. Desarrolladora JA solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque dicha Sentencia de Paralización.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia de desahucio en precario entre un padre y su hija. El padre demandó para desalojar a la hija de un local comercial de su propiedad. Alegó que la hija ocupaba el espacio por mera liberalidad, sin contrato ni pago. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del padre, ordenando el desahucio. La hija apeló, sosteniendo que existía un acuerdo que le daba derecho a ocupar y que el caso requería un procedimiento ordinario. El padre se opuso, afirmando la ocupación en precario y el incumplimiento de acuerdos previos por parte de la hija. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente. Determinó que no existía contrato o acuerdo que otorgara a la hija derecho a la posesión, siendo su ocupación por mera liberalidad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Scotiabank de Puerto Rico demandó a Sergio Madrid Guzmán por incumplimiento de un pagaré hipotecario. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda del banco y condenó al apelante al pago de \$258,276.34 de principal, intereses y cargos, más \$29,840 por costas y honorarios. La sentencia de instancia se dictó tras un proceso que incluyó intentos fallidos de mitigación de pérdidas por parte del apelante. El foro primario concedió sentencia sumaria a favor del banco y desestimó la reconvención del apelante. Sergio Madrid Guzmán apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la sentencia apelada.

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Se apela una sentencia sumaria parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra Bernadette Arocho Cruz. El apelante reclamó que la apelada transfirió fraudulentamente a su nombre el título de un vehículo sin su consentimiento. La apelada solicitó la desestimación alegando que la acción por daños extracontractuales estaba prescrita al haber transcurrido más de un año. El apelante argumentó que descubrió el fraude posteriormente, durante el proceso de descubrimiento de prueba. Sin embargo, el foro primario determinó, basándose en la propia querella enmendada del apelante ante el DACO, que este tuvo conocimiento del traspaso del vehículo a su nombre y de la intervención de la apelada (notarización) a más tardar en abril de 2012. Dicha querella enmendada, donde alegó fraude en el traspaso, fue presentada en septiembre de 2012. La demanda civil contra la apelada fue radicada en marzo de 2014. Al haber transcurrido más de un año desde que el apelante tuvo conocimiento de los hechos alegados (abril 2012) hasta la presentación de la demanda (marzo 2014), el Tribunal de Primera Instancia concluyó que la acción estaba prescrita.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Lissette Bonefont González contra Island Finance. La apelante recurrió una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Mediante dicho dictamen, el foro primario desestimó la demanda por daños y perjuicios instada por la Sra. Bonefont. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la Reconvención de Island Finance y ordenó a la apelante el pago de una deuda. La deuda proviene de un pagaré suscrito por la Sra. Bonefont, adquirido posteriormente por Island Finance. Tras acogerse a una moratoria post-huracán María, la apelante disputó la aplicación de pagos y la tasa de interés. Al dejar de pagar, Island Finance aceleró la deuda y la reclamó judicialmente. La apelante se opuso a la sentencia sumaria alegando, entre otras cosas, que la moratoria fue unilateral y la tasa de interés alterada. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y la oposición de la apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Roberto Castro Vélez y otros hijos de Bernardo Castro Castro demandaron a la Sociedad Americana Contra el Cáncer y otra entidad, solicitando la nulidad del testamento abierto otorgado por su padre en 2012. Alegaron que el testamento incumplió requisitos formales, como el conocimiento del notario sobre el testador y testigos, la unidad de acto y la lectura del documento. El Tribunal de Primera Instancia concedió una sentencia sumaria, declarando nulo el testamento al considerar ciertos hechos como incontrovertidos. La Sociedad Americana Contra el Cáncer apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expresados, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró nulo el testamento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero. El Condominio First Federal Savings demandó a Edgar F. Morales Ramírez, titular registral de la oficina 611, por cuotas de mantenimiento atrasadas. El foro primario dictó sentencia sumaria a favor del Condominio, condenando a Morales Ramírez al pago. Morales Ramírez apeló, argumentando que en 1993 permutó verbalmente el uso y pago de la oficina 611 con Tomás Díaz Molina, quien usaba la oficina 619. Un litigio previo entre Morales Ramírez y Díaz Molina confirmó esta permuta verbal. Dicho litigio resultó en el otorgamiento de una escritura de permuta judicial el 20 de noviembre de 2013, formalizando el traspaso de titularidad. Morales Ramírez también presentó una demanda de tercero contra Díaz Molina para el recobro de las sumas reclamadas por el Condominio para el periodo anterior a la escritura. Tras revisar los autos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada que condenaba a Morales Ramírez.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve la apelación de Trevor Mondesir James. El apelante impugnaba una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó a 139 años de cárcel. La condena fue por Asesinato en Primer Grado, tentativa de asesinato y varios cargos por violaciones a la Ley de Armas. Los hechos imputados ocurrieron el 21 de febrero de 2015 en Vega Alta, resultando en una muerte y una tentativa de asesinato. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decide confirmar la Sentencia recurrida. El documento procede a detallar la prueba presentada durante el juicio, incluyendo testigos y evidencia documental. Se inicia la exposición con el testimonio de Joan Rivera Peña, expareja del apelante y víctima de la tentativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero. El apelante, César Efraín Sainz Rodríguez, demandó a Charlene Colón Pantojas por el repago de un préstamo personal de $192,000. Este dinero fue supuestamente prestado para iniciar un negocio de restaurante y debía ser devuelto al comenzar las operaciones. El préstamo se realizó mediante cheques, transferencias y efectivo, sin un contrato escrito formal, aunque los cheques se marcaron como "préstamo". El demandante testificó sobre los términos del acuerdo, sus intentos de cobro y las admisiones de deuda por parte de la demandada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Tras revisar el recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de una nueva vista evidenciaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900548, una apelación presentada por Carlos J. Cruz García. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, en un pleito sobre cobro de dinero. El señor Cruz apeló una sentencia del TPI que declaró Con Lugar una demanda de Iris Hernández Morales. Dicha sentencia ordenó al señor Cruz devolver a la señora Hernández una fianza de \$697.00 relacionada con un contrato de arrendamiento. La señora Hernández demandó inicialmente por la devolución de una fianza bajo un contrato de vivienda subsidiada "Sección 8", alegando que no le fue devuelta tras la cancelación del contrato por causas imputables al apelante. El señor Cruz se opuso, negando el pago de la fianza y la imputabilidad de la cancelación. Tras la conversión del caso a un pleito ordinario y una moción de sentencia sumaria, el TPI falló a favor de la señora Hernández. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, CONFIRMA la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La apelada, Wanda Cruz Heredia, demandó a la Dra. María de los Ángeles Tirado Otero y Vázquez Home Care. Durante el proceso en el Tribunal de Primera Instancia, la demandante incumplió con órdenes judiciales relacionadas con descubrimiento de prueba y anuncio de perito. Los demandados solicitaron la desestimación del caso con perjuicio debido a dicho incumplimiento y la falta de prueba pericial. La demandante, alegando tratamiento médico fuera de la isla, solicitó el desistimiento voluntario sin perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar el desistimiento sin perjuicio, ordenando el archivo del caso. No obstante, impuso a la demandante el pago de \$3,000 en honorarios de abogado si volvía a presentar la causa de acción. Los demandados apelaron, argumentando que la desestimación debió ser con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso, notando la falta de comparecencia de la apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La apelación fue presentada por Jaime Mayol Bianchi contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Rio Mar Community Association, Inc. La asociación demandó al Sr. Mayol por el impago de cuotas de mantenimiento. El foro primario declaró con lugar la demanda, ordenando al apelante pagar \$9,537.03 por cuotas y gastos, además de \$1,000 en honorarios de abogado por temeridad. El Sr. Mayol apeló, cuestionando la deuda y la jurisdicción del tribunal, y había presentado una reconvención que fue desestimada. Decisiones previas, incluyendo una del Tribunal de Apelaciones, habían determinado que la impugnación de la legalidad de las cuotas debía ventilarse ante el DACO. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en apelaciones consolidadas instadas por JC JR Acquisitions Corp. y Stereotactic Breast Center PSG. El litigio se originó con una demanda de JC contra SBC por incumplimiento de contrato y cobro de dinero relacionado con un contrato de arrendamiento comercial. JC reclamaba cánones adeudados y otros costos tras la desocupación anticipada del local por parte de SBC. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de JC contra SBC, condenándola al pago de \$14,300 y otros conceptos. Sin embargo, el foro primario determinó que la representante de SBC, Dra. Zenaida Méndez Rivera, no era personalmente responsable por la deuda. Ambas partes apelaron parcialmente esta sentencia. Tras revisar los argumentos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de apelación instados por JC JR Acquisitions Corp. y Stereotactic Breast Center PSG (SBC). El caso original fue una demanda de incumplimiento de contrato y cobro de dinero presentada por JC contra SBC. JC reclamaba \$14,300 por cánones de arrendamiento adeudados y otros costos tras la desocupación temprana de un local comercial por parte de SBC. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró con lugar la demanda de JC, condenando a SBC al pago de la deuda, cargos por mora, costos de aires acondicionados, honorarios e intereses. El TPI determinó que la representante de SBC, Dra. Zenaida Méndez Rivera, no era personalmente responsable por la deuda. Ambas partes apelaron la sentencia del TPI solicitando su revocación parcial. El Tribunal de Apelaciones revisó los alegatos y la prueba presentada en el juicio. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado.

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Kendric Morell Torres apeló una sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. El apelante solicitó la paralización del recurso apelativo mientras gestionaba en el foro primario la anulación de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1. El Tribunal de Apelaciones paralizó los trámites apelativos. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud, dejando sin efecto el fallo de culpabilidad y la sentencia apelada, y ordenando un nuevo juicio. Ante esta determinación, el Tribunal de Apelaciones requirió al apelante mostrar causa por la cual no debía desestimarse el recurso. El apelante solicitó la desestimación, indicando que la resolución del foro primario había advenido final y firme. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la controversia apelada se tornó académica al haberse anulado la sentencia recurrida y autorizado un nuevo juicio. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso instado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El Municipio Autónomo de San Juan apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a Preventive Maintenance Service Corp. Preventive Maintenance demandó al Municipio por \$100,743.00 adeudados por servicios de mantenimiento de aires acondicionados bajo un contrato. El Municipio argumentó que las facturas excedían el presupuesto del contrato original. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Preventive Maintenance. Se basó en un "Acuerdo Supletorio" posterior donde el Municipio reconoció la deuda y se comprometió a pagarla. El foro primario determinó que este acuerdo era válido y eficaz. El Municipio apeló, buscando revocar esa sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los fundamentos del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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