Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 243)

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por Ausberto Ezequiel Santana Vélez contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió la expedición de cartas testamentarias a favor de Carlos Ausberto Santana Rivera. Santana Rivera había solicitado las cartas testamentarias en su carácter de albacea nombrado en el testamento de su padre. Santana Vélez se opuso al nombramiento, alegando falta de transparencia y sana administración. El Tribunal de Primera Instancia, tras trámites procesales, declaró con lugar la petición de Santana Rivera y expidió las cartas testamentarias. Santana Vélez solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, Santana Vélez acudió al Tribunal de Apelaciones, señalando errores relacionados con el debido proceso y la denegación de la reconsideración. Tras examinar los escritos y documentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Luis Hernández Rivera y Albia M. Rosado Falcón solicitando la revocación de una Sentencia Sumaria. Dicha sentencia fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero instado por Carlos Burgos Roca. El foro primario declaró Con Lugar la demanda de Burgos Roca, ordenando a los apelantes el pago de \$293,973.70, más intereses, costas y honorarios de abogado. La deuda reclamada por Burgos Roca se desglosaba en cantidades adeudadas por un pagaré, préstamos personales y gastos educativos. Los apelantes negaron la deuda y presentaron defensas afirmativas como dación en pago, compensación y novación, alegando que las obligaciones fueron cumplidas mediante otros acuerdos o participación en una empresa. Adicionalmente, reconvinieron por alegados actos difamatorios y persecución maliciosa. La Sentencia Sumaria apelada fue dictada tras una moción presentada por Burgos Roca solicitando dicho dictamen y la desestimación de la reconvención. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la procedencia de este recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900581. El recurso de apelación fue presentado por Víctor Centeno Nieves contra EL PUEBLO DE PUERTO RICO. El apelante comunicó al tribunal su deseo de no continuar con la apelación. Presentó una declaración jurada donde aceptaba su culpa en el caso. Conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que permite el desistimiento, el tribunal procedió a dictar sentencia. Se ordena el desistimiento del recurso de apelación presentado por el Sr. Víctor Centeno Nieves.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso Bosco Credit VIII, LLC contra Nelson Rivera-Cabrera. El recurso, presentado como apelación, fue reclasificado como certiorari al tratarse de un asunto interlocutorio en un caso de ejecución de hipoteca. Nelson Rivera-Cabrera impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Reconsideración sobre la solicitud para ejercer el derecho al retracto de crédito litigioso. El caso original fue iniciado por Scotiabank, quien cedió el crédito hipotecario a Bosco Credit. Rivera-Cabrera fue notificado de la cesión en varias ocasiones y expresó su intención de ejercer el retracto. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de retracto por considerarla presentada fuera del término de caducidad de nueve días, contando desde la notificación de la venta el 15 de septiembre de 2017. Rivera-Cabrera solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari, confirmando la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en una apelación relacionada con un pleito de impericia médica. Los padres Rosangelies Vázquez Albaladejo y Javier Arroyo Méndez demandaron al Municipio Autónomo de San Juan y otros, incluyendo a la Dra. María F. Pardo, tras el fallecimiento de su hija. La Dra. Pardo, pediatra contratada por el Municipio, solicitó la desestimación del caso en su contra basándose en inmunidad. Invocó el Artículo 41.050 del Código de Seguros, que concede inmunidad a profesionales de la salud de municipios que actúan en el cumplimiento de sus deberes. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud, dictando sentencia sumaria parcial y desestimando la demanda contra la Dra. Pardo con perjuicio. Los padres apelaron, argumentando que el TPI erró al conceder la sentencia sumaria sin permitirles completar el descubrimiento de prueba necesario. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Finalmente, el tribunal apelativo confirmó el dictamen recurrido. La confirmación valida la determinación de que la Dra. Pardo gozaba de inmunidad frente a la demanda bajo las disposiciones del Código de Seguros.

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Se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una querella por despido injustificado bajo la Ley 80. Los apelantes, Edgardo Maldonado Segarra y Pedro Martínez Torres, demandaron a su exempleador, Del Valle Group, S.E. La empresa justificó el despido de Maldonado por competencia desleal y uso indebido de recursos, y el de Martínez inicialmente como parte de un esquema, aunque la prueba reveló falta de trabajo. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el despido de Martínez se debió a falta de taller, una causa justa bajo la ley. Respecto a Maldonado, el foro primario no le concedió credibilidad a su testimonio tras ser refutado por la prueba de la empresa. Los apelantes recurrieron, cuestionando la apreciación de la prueba y la credibilidad. El Tribunal de Apelaciones reitera la deferencia a las determinaciones de credibilidad del foro de instancia. Al revisar la prueba, el tribunal apelativo confirmó que el despido de Martínez estuvo justificado por falta de trabajo y validó la falta de credibilidad otorgada a Maldonado, lo que sustenta la justa causa. Por tanto, se confirmó la sentencia apelada que declaró sin lugar la querella.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Alejo Carlos Carbonell Antonio. El apelante solicita la revisión de una Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicho dictamen declaró Con Lugar la solicitud de Sentencia Sumaria presentada por DLJ Mortgage Capital, Inc. El caso subyacente es una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. La demanda fue presentada originalmente por FirstBank Puerto Rico en 2012 contra el Sr. Carbonell Antonio. Se basó en un pagaré hipotecario que había sido modificado en varias ocasiones. FirstBank alegó el incumplimiento en los pagos mensuales a partir de enero de 2012. La demanda reclamó el pago de la deuda principal, intereses, recargos y costas, además de solicitar la ejecución de la hipoteca. El Tribunal de Apelaciones procede a disponer del recurso sin requerir mayor trámite, revisando la decisión del foro primario de conceder sentencia sumaria a favor de la parte demandante.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Socorro Vélez Ortiz contra Cooperativa de Seguros Múltiples. La apelante impugnaba una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su demanda por incumplimiento de contrato de seguros y daños. El foro primario concluyó que procedía la defensa de pago en finiquito, al haber la demandante cobrado un cheque por la reclamación de daños por el Huracán María. La apelante alegaba error en la determinación sobre la ausencia de indebida ventaja en la transacción. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones no entró a considerar los méritos del recurso. El tribunal desestimó la apelación por falta de jurisdicción. Se destacó la naturaleza privilegiada de la jurisdicción y la obligación de cumplir rigurosamente con las normas procesales apelativas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Edwin Quiles Casimiro contra Ruth Noemí Colón Laboy en un caso de divorcio y pensión alimentaria. El apelante impugna dos Resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. La primera Resolución, del 19 de junio de 2019, denegó la reconsideración y la aplicación retroactiva del relevo de pensión alimentaria solicitado por el apelante para su hijo mayor de edad. La segunda Resolución, del 21 de junio de 2019, declaró No Ha Lugar la solicitud del apelante para revisar la pensión de su hija menor de edad. El caso se originó cuando el apelante solicitó el cese de la pensión para su hijo al cumplir la mayoría de edad. Tras varios trámites, incluyendo un acuerdo sobre la pensión del hijo adulto, el TPI denegó los créditos solicitados por el apelante y las peticiones objeto de apelación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma las Resoluciones apeladas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. La Resolución recurrida eliminó las defensas afirmativas presentadas por los recurrentes en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Banco Popular de Puerto Rico. El caso involucra préstamos originalmente otorgados por Westernbank, cuya cartera fue adquirida por BPPR de la FDIC. Los recurrentes habían presentado defensas afirmativas y una reconvención contra BPPR. Una reconvención previa fue desestimada por otro panel del TA bajo la Ley FIRREA, determinando que las reclamaciones contra Westernbank estaban prescritas y BPPR no era responsable por actos anteriores a la adquisición. BPPR argumentó que las defensas afirmativas eran una copia de la reconvención desestimada. El TPI eliminó las defensas afirmativas, lo que motivó el recurso de los recurrentes. Los recurrentes sostienen que algunas defensas se refieren a actuaciones de BPPR posteriores al acuerdo con la FDIC. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari para modificar y confirmar la decisión del TPI.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve la apelación presentada por Ismael Torres González contra FirstBank Puerto Rico. El apelante busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original alegaba que FirstBank retiró \$50,000 de sus cuentas sin consentimiento. FirstBank defendió que la transacción fue una transferencia consentida a una cuenta de Richie Contractors, LLC, donde el apelante era firmante autorizado. El Tribunal de Primera Instancia realizó determinaciones fácticas basadas en la prueba presentada. La sentencia apelada desestimó la demanda, impuso costas al apelante y desestimó una demanda contra tercero. El Tribunal de Apelaciones ha decidido confirmar la sentencia del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. El recurso, presentado como apelación pero acogido como certiorari, impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia denegó una moción de sentencia sumaria presentada por el demandante, Rafael F. Castro Lang, en representación de Coty María Castro Lang. La moción buscaba una determinación de incumplimiento por parte de la demandada, Elsie Haeussler Roque, respecto a las condiciones de un usufructo. El peticionario alega que el TPI erró al no conceder la sentencia sumaria a pesar de hechos incontrovertidos de incumplimiento y al interpretar erróneamente el contrato de usufructo. La recurrida se opone, afirmando haber cumplido con las condiciones del contrato, refutando las alegaciones de impago y sosteniendo que la escritura no establece la terminación del usufructo como sanción para pagos tardíos. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la determinación del TPI sobre la solicitud de sentencia sumaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia enmendada del Tribunal de Primera Instancia que decretó el divorcio entre Rigoberto Dominicci Turell y Ana C. Rivera Rossy. El señor Dominicci Turell inició el proceso solicitando el divorcio por la causal de ruptura irreparable. La señora Rivera Rossy contestó la demanda y presentó una reconvención pidiendo el divorcio por trato cruel. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de divorcio por ruptura irreparable y sin lugar la reconvención por trato cruel. Inconforme con esta decisión, la señora Rivera Rossy apeló, argumentando que el TPI erró al decretar el divorcio por ruptura irreparable a favor del demandante cuando la prueba demostró trato cruel de su parte. También alegó que se le impidió contrainterrogar al demandante sobre la causal de trato cruel. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos presentados por ambas partes. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación sobre pensión excónyuge. El apelante, Florencio Vázquez Vargas, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a su exesposa, Sonia Milagros Roig Rodríguez, una pensión de $1,226.05 mensuales y $2,000.00 en honorarios de abogada. La pareja estuvo casada por 24 años y se divorció en 2015. La exesposa solicitó la pensión alegando necesidad económica debido a problemas de salud que le impedían trabajar y su dedicación al hogar durante el matrimonio. El exesposo se opuso, cuestionando su capacidad de pago y la causa de la necesidad. El tribunal de instancia consideró la dedicación de la exesposa al hogar, su edad, educación, condiciones de salud y gastos. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia de instancia. Así modificada, la Sentencia fue confirmada.

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Se trata de una apelación en un caso de cobro de dinero presentado por el bufete Hoglund \& Pamias contra Ángel Figueroa Vivas y Updatecom, Inc. La disputa se originó por el pago de honorarios profesionales por servicios legales prestados en un litigio contra FirstBank. Hoglund \& Pamias reclamó una suma sustancial basada en honorarios por hora, interpretando el acuerdo de servicios profesionales como que se pagaría la cifra mayor entre un porcentaje contingente o la tarifa por hora. Los demandados, Figueroa y Updatecom, controvirtieron esta interpretación, argumentando que los honorarios por hora no aplicaban bajo las circunstancias y que un pago previo constituyó un finiquito. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la demanda de cobro de dinero de Hoglund \& Pamias. Insatisfecho, el bufete apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Mayra Teresa Llavona Rivera. La apelación busca la revisión de una sentencia sumaria que desestimó su acción de daños y perjuicios contra Plaza Las Américas. Un aspecto central del caso es el proceso de rehabilitación de Integrand Assurance Company, aseguradora que proveía la defensa de Plaza Las Américas. El Comisionado de Seguros solicitó la paralización de los procedimientos apelativos debido a dicha rehabilitación. Las partes presentaron mociones y oposiciones relacionadas con la solicitud de paralización. El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución previa sobre el asunto, la cual fue objeto de una moción de reconsideración por parte del Comisionado. La apelante se opuso a la reconsideración. El Tribunal se encuentra ahora en posición de resolver la controversia sobre la paralización de los procedimientos, considerando el interés público en la industria de seguros y los procesos de rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. Carmen Nydia Torres Díaz recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de embargo. La señora Torres Díaz buscaba embargar la participación de su exesposo, Esteban Álamo Díaz, en un inmueble de la comunidad postganancial. El embargo tenía como fin cobrar una deuda de pensión alimentaria ascendente a \$87,641.45. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud argumentando que, al no haberse liquidado la comunidad postganancial, la participación del exesposo era abstracta sobre la masa y no sobre un bien específico. La recurrente alegó que la liquidación no era necesaria para proceder con el embargo sobre la participación en el inmueble. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras analizar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución apelada, validando la denegatoria del embargo sin la previa liquidación de la comunidad de bienes postganancial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso KLAN201900737. Universal Insurance Company comparece solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar una Demanda presentada por Popular Auto LLC. La demanda original versaba sobre inscripción de título de vehículo, reclamo de fianza, cumplimiento específico de contrato y cobro de dinero. Popular Auto demandó a Mazda, Universal, y otros, tras problemas con el financiamiento y título de un vehículo. El foro primario falló a favor de Popular Auto, ordenando diversas acciones y pagos. Universal apeló esta decisión buscando su revocación. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso presentado por Universal. La desestimación se basó en la determinación de falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. Fabio Alape demandó a la Universidad de Puerto Rico (UPR), alegando que la demora de la institución en tramitar su permiso de trabajo le causó pérdidas económicas y otros daños. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la demanda, concluyendo que Alape no demostró que la UPR incumplió un deber jurídico y que no fue diligente en su trámite migratorio. El TPI tampoco concedió credibilidad al testimonio del demandante. Inconforme, Alape apeló, señalando errores en las determinaciones de hechos y en la apreciación de la prueba por parte del TPI. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida. La decisión se fundamenta en la norma de deferencia a las determinaciones de credibilidad y hechos realizadas por el juzgador de primera instancia, quien tuvo la oportunidad de observar directamente a los testigos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación presentado por Ana R. Robles Caraballo y otros. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y su aseguradora. La demanda original se basó en una caída sufrida por la Sra. Robles en las instalaciones de la UPR. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la caída se debió a la inobservancia de la demandante y que la UPR no tenía conocimiento previo del defecto. Los apelantes alegan que el tribunal de instancia erró al ignorar admisiones de parte de la UPR, al no encontrar negligencia por parte de la universidad, al concluir que la caída fue exclusivamente por negligencia de la demandante, y al obviar la doctrina de negligencia concurrente. El documento detalla el historial procesal del recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones indica que modifica la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, en el caso KLAN201900804. Las partes son COMAS & COMAS CONTRACTORS, CORP. como apelante y el MUNICIPIO DE MAYAGÜEZ como apelada. El recurso proviene de un caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato del Tribunal de Primera Instancia. Ambas partes presentaron una moción conjunta solicitando el desistimiento del recurso por estipulación. Dicha moción contó con la previa autorización de la Legislatura Municipal de Mayagüez. El Tribunal examinó la solicitud de desistimiento. Acogió la estipulación presentada por las partes. En consecuencia, decretó el desistimiento con perjuicio del recurso de apelación. La sentencia fue emitida el 1 de octubre de 2019.