Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 242)

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Un panel de jueces revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Querella sobre salarios y beneficios diferidos. Los apelantes, ex empleados, reclamaban al Colegio San Antonio, Inc. el pago de beneficios de pensión, alegando que el Colegio había diferido salarios aportados a un Fideicomiso para dicho plan. Sostenían que el Colegio suspendió los pagos de pensión y solicitaban el pago de deudas acumuladas, intereses y pagos prospectivos. El Colegio negó haber diferido salarios y argumentó que el Fideicomiso tenía personalidad jurídica independiente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella contra el Colegio mediante sentencia sumaria. El panel de apelación, tras revisar el caso, determinó revocar la Sentencia apelada. Se ordena la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia. Los procedimientos deberán continuar conforme a lo establecido por el tribunal apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación en un caso de custodia de un menor. El apelante, Héctor Manuel Negrón Ortiz, impugnó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia compartida del menor con la apelada, Lady Yarette Colón Sánchez. El apelante había solicitado inicialmente la custodia monoparental y se le había otorgado la custodia provisional. La decisión apelada se fundamentó en las recomendaciones de un Informe Social Forense. El apelante alegó que el informe, en realidad, apoyaba la concesión de la custodia exclusiva a su favor. La Resolución del TPI acogió las recomendaciones del informe y estableció condiciones adicionales para el bienestar del menor. Tras revisar los argumentos presentados, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la Resolución apelada.

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La señora Limary Rodríguez González demandó a su aseguradora, United Surety \& Indemnity Company (USIC), por incumplimiento de contrato y prácticas desleales tras el Huracán María, alegando compensación inadecuada por los daños a su residencia. USIC contestó la demanda y solicitó sentencia sumaria, argumentando que un pago en finiquito realizado y aceptado por la demandante extinguió cualquier obligación. La Sra. Rodríguez González se opuso, admitiendo el pago pero alegando que su consentimiento fue viciado por actos dolosos y prácticas desleales de USIC. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) concedió la sentencia sumaria, desestimando la demanda al determinar que el cheque aceptado extinguió la deuda. La demandante apeló, planteando que el TPI erró al desestimar sumariamente sin considerar la controversia de hechos sobre el incumplimiento y las prácticas desleales de USIC. Argumenta que el TPI descartó hechos que demuestran actos dolosos que viciaron su consentimiento al aceptar el pago. Sostiene que el pago en finiquito no es válido si la oferta se basó en actos contrarios a la ley y prácticas desleales. El Tribunal de Apelaciones revisa el recurso presentado por la apelante y la oposición de la aseguradora.

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Roberto Acosta Martin presentó una querella ética contra Freddie Irizarry Santos ante el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR). Irizarry Santos demandó a Acosta Martin por difamación y libelo, alegando daños por la publicidad del procedimiento ético y otra expresión. Acosta Martin solicitó la desestimación de la demanda, argumentando privilegio para las comunicaciones vertidas en un procedimiento autorizado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que no exponía una reclamación que ameritara un remedio y que correspondía al CIAPR determinar la falsedad de las expresiones. Irizarry Santos presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar. Inconforme, Irizarry Santos apeló ante el Tribunal de Apelaciones, planteando errores en la desestimación y la consideración de las causas de acción. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso, las comparecencias de las partes, el derecho y la jurisprudencia aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, validando la desestimación de la demanda por difamación.

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Ramón Santiago Mercado apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Insurance Company por incumplimiento de contrato. La demanda se originó por la reclamación de daños a su propiedad tras el huracán María. Santiago Mercado alegó que MAPFRE no le ofreció una compensación justa y que su conducta fue una práctica desleal. MAPFRE sostuvo que investigó la reclamación, realizó ajustes y emitió dos cheques, el segundo por $\$9,132.63$, con una nota indicando que el endoso constituía el pago total y definitivo. El apelante cobró este segundo cheque. MAPFRE argumentó que el cobro configuró un pago en finiquito, extinguiendo la obligación. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta defensa y desestimó la demanda. En apelación, Santiago Mercado adujo que el ajuste fue incorrecto y su consentimiento estuvo viciado. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos y documentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso sobre partición de herencia. Marta Díaz Otero y otros demandaron a Jaime I. Cogles Díaz para dividir los bienes de Isabel Díaz Otero, quien falleció sin testamento. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda y ordenó la partición de la herencia. Jaime I. Cogles Díaz apeló esta decisión, buscando su revocación. El apelante había presentado una reconvención reclamando compensación por el uso de propiedades hereditarias. El caso en primera instancia enfrentó dificultades procesales, incluyendo la falta de cumplimiento del apelante con el descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados en la apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario. La decisión ratifica la orden de proceder con la partición de la herencia.

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Los apelantes, Carmen L. Torres Nieves y Enix Hernández Figueroa, solicitan la revocación de una sentencia sumaria parcial que desestimó su demanda por difamación. La demanda fue presentada contra Televicentro de P.R. y Alba Nydia Díaz por expresiones transmitidas en el programa "Entre Nosotras". Los apelantes alegaron que se difundió información falsa y difamatoria, acusándolos de maltrato a una anciana, motivación por herencia, agresión y daños a un vehículo. Argumentaron que los apelados actuaron con negligencia o dolo al no investigar adecuadamente ni obtener su versión. Los apelados solicitaron sentencia sumaria invocando las doctrinas de reportaje justo y verdadero e hipérbole retórica. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, aplicando la doctrina de reportaje justo y verdadero al considerar que las expresiones se basaron en documentos oficiales. También aplicó la doctrina "of and concerning the plaintiff" para desestimar ciertas imputaciones. Los apelantes sostienen que existían controversias de hechos esenciales que impedían la desestimación sumaria de sus reclamaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Las demandantes apelaron la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia, dictada al amparo de la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. El tribunal inferior desestimó el caso debido al alegado incumplimiento del abogado de las demandantes con órdenes procesales. Estos incumplimientos se relacionaban principalmente con la presentación del Informe para el Manejo del Caso y la culminación del descubrimiento de prueba. El abogado justificó la falta de cumplimiento por la alegada ausencia y falta de comunicación con sus clientas. El Tribunal de Primera Instancia había emitido sanciones y apercibimientos previos a la desestimación final. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El recurso fue presentado por la familia Rodríguez Quiñones y Ramos Mercado, incluyendo a su hija Yulia Rodríguez Ramos. Apelaban la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Guayama que desestimó su demanda por daños y perjuicios. La demanda se originó tras una suspensión de seis meses impuesta a la Srta. Rodríguez por la Asociación Insular de Dueños y Criadores de Caballos de Paso Fino Puro Puertorriqueño. La suspensión siguió a un incidente en un evento de paso fino en noviembre de 2013. Los demandantes alegaron que la suspensión fue ilegal y que la autoridad sancionadora correspondía a la Federación, no a la Asociación Insular. Los demandados argumentaron que la Asociación Insular actuó conforme a sus reglamentos o el reglamento aplicable como organizadora del evento. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia Enmendada del foro primario.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio y cobro de dinero. La apelación fue presentada por José Correa Gaetán contra María T. Pastrana Morales y la Sucesión de Miguel A. Cintrón Quirós. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, donde se declaró Ha Lugar una demanda contra el apelante. El foro primario ordenó el pago de \$7,200.00 por cánones de alquiler adeudados y el desalojo del Kiosko Núm. 31 en Luquillo. La demanda se basó en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento por falta de pago. En el juicio en el TPI, el apelante no compareció a pesar de haber sido debidamente citado, por lo que se le anotó la rebeldía y el juicio procedió en su ausencia. El apelante intentó posteriormente dejar sin efecto la sentencia alegando que llegó tarde al tribunal. Tras evaluar los méritos del recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. La Diócesis de Arecibo, Inc. solicita la revocación de una Orden que embargó sus bienes por \$4,700,000.00 en un caso de cobro de dinero. El foro primario ordenó el embargo al concluir que la Diócesis incorporada fue creada para defraudar a los acreedores y es una extensión de la Iglesia Católica. Por tanto, extendió a la Diócesis un embargo previo contra la Iglesia. La Diócesis peticionaria alega, como asunto jurisdiccional primordial, la falta de inclusión de la Iglesia Católica como parte indispensable en el pleito. Los recurridos son maestros y empleados que obtuvieron una sentencia favorable contra la Iglesia Católica por beneficios de pensión. Sostienen que la Diócesis se incorporó fraudulentamente tras la sentencia del Tribunal Supremo para evadir la deuda y los procedimientos de quiebra de la Iglesia, de cuyo caudal fue excluida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Kelvin Rivera Ortiz. El apelante recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infracciones al Código Penal y la Ley de Armas. Tras la sentencia, el Sr. Rivera Ortiz presentó una moción de reconsideración ante el foro primario. Sin esperar la resolución de dicha moción, interpuso el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examina su jurisdicción para atender el recurso. Se destaca que un recurso presentado prematuramente carece de eficacia y priva al tribunal de autoridad para considerarlo. Según la Regla 194 de Procedimiento Criminal, la presentación de una moción de reconsideración afecta el término para apelar. Al haberse presentado la apelación mientras la moción de reconsideración estaba pendiente, el recurso se considera prematuro. Esta presentación prematura constituye un defecto insubsanable que impide al Tribunal de Apelaciones ejercer jurisdicción.

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Sentencia del 10 de octubre de 2019 emitida por un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico. El Sr. Emanuel Vargas Alayón apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito. Dicha sentencia lo encontró culpable de Asesinato Atenuado y Portación y uso de armas blancas, imponiéndole una pena de once años y tres meses de reclusión. Los hechos se relacionan con la muerte del Sr. Ismael Aponte Zayas, a quien el apelante agredió con una cuchilla. El apelante argumentó que el TPI erró al no aplicar la legítima defensa, alegando que un incidente inicial no constituyó provocación suficiente de su parte. El tribunal revisó los autos originales, la prueba y los escritos de las partes. Se analizó el requisito de falta de provocación para la procedencia de la legítima defensa según el Código Penal. Tras la revisión, el panel de jueces decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Un propietario demandó a su aseguradora tras el Huracán María, alegando mala fe y denegación de pago por daños a su propiedad, a pesar de haber recibido un cheque menor por una verja. El demandante solicitó el límite de la póliza y daños por mala fe. La aseguradora contestó negando las alegaciones y presentó una reconvención, argumentando que el propietario firmó un relevo aceptando un pago de \$259.00 como liquidación final de la reclamación. La aseguradora sostuvo que la demanda posterior era contradictoria y generó gastos. El propietario solicitó la desestimación de la reconvención, alegando que la defensa del relevo violaba regulaciones de seguros. La aseguradora se opuso. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de la reconvención de la aseguradora, desestimando la demanda del propietario con perjuicio. El tribunal determinó que la aseguradora inspeccionó la propiedad, estimó los daños en \$269.68 (tras deducible) y envió un cheque que, según la aseguradora, fue aceptado como pago final.

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Se trata de una Resolución de un panel apelativo que evalúa un recurso de *certiorari* presentado por la Sra. Guillermina Placensio Morfa. La peticionaria solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar una Moción de Reconsideración y Solicitud de Vista de Desacato. El caso se origina en una demanda de alimentos de 2005 contra el Sr. Jamageo Vanderhorst, donde inicialmente se fijó una pensión a cargo de este. Posteriormente, se determinaron atrasos en el pago de dicha pensión, ajustándose la deuda tras el cambio de custodia de la menor a favor del padre. El TPI, acogiendo un informe de la EPA, ordenó a la señora Placensio pagar una pensión alimentaria al señor Vanderhorst, quien ahora ostenta la custodia. La señora Placensio solicitó enmendar la nueva sentencia para incluir la deuda previa del señor Vanderhorst y su plan de pago, pidiendo una vista para dilucidar su efecto. El TPI denegó esta solicitud y la posterior moción de reconsideración y desacato. El panel apelativo acoge el recurso como *certiorari* pero, tras examinarlo, deniega su expedición, confirmando la decisión del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201800799. Se trata de una apelación presentada por José Luis Navedo Ramos contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El apelante fue condenado por infracciones a la Ley de Armas y sentenciado a veintiséis años de prisión. En la instancia primaria, el apelante solicitó reconsideración del fallo, alegando que la prueba provenía de un registro ilegal y que el testimonio clave era insuficiente. El Tribunal de Primera Instancia se reafirmó en su determinación condenatoria. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la prueba no demostró su culpabilidad más allá de duda razonable. El Tribunal de Apelaciones revisó los autos y los argumentos de las partes. Adelanta que, por los fundamentos que expondrá, se revoca la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una demanda de nulidad de sentencia presentada por Ramiro Vidal Ramírez contra TRM, LLC. El apelante buscaba anular una sentencia previa (caso ISCI 2015-00198) alegando que la notificación fue defectuosa al ser enviada a él directamente y no a su abogada, violando el debido proceso. TRM se opuso, argumentando que el señor Vidal comparecía por derecho propio en el caso anterior y que el asunto de la notificación ya había sido resuelto previamente, constituyendo cosa juzgada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de nulidad por falta de jurisdicción, determinando que las alegaciones ya habían sido atendidas y que la sentencia impugnada era final y firme, operando la cosa juzgada. El TPI concluyó que la notificación fue adecuada dado que el apelante comparecía *pro se*. Inconforme, el señor Vidal apeló, imputando errores al TPI por no declarar nula la notificación y por aplicar la figura de cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones procede a confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia de un panel judicial revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó por una demanda del Consejo de Titulares del Condominio Aquatika contra CPA Carl Levya Ramos \& Asociados (CCLR\&A) reclamando el pago de cuotas de mantenimiento, intereses y penalidades adeudadas. El Consejo de Titulares presentó una solicitud de sentencia sumaria. CCLR\&A no presentó oposición a dicha solicitud dentro del término concedido. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria. Condenó a CCLR\&A al pago de \$42,108.30 por la deuda acumulada, más intereses y penalidades futuras. CCLR\&A apeló esta determinación. El panel revisó el trasfondo procesal y fáctico del pleito. Tras evaluar el caso, el panel confirmó la sentencia emitida por el Foro Primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por Oriental Bank. El banco impugna la desestimación sin perjuicio de su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por no haberse emplazado a los demandados dentro del término de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Esta desestimación ocurrió después de que un panel anterior del Tribunal de Apelaciones revocara una sentencia en rebeldía previa. En el recurso anterior, se determinó que el emplazamiento inicial a los demandados fue defectuoso. Tras la revocación, el banco solicitó nuevos emplazamientos en el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, entendiendo que equivaldría a una prórroga indebida del término para emplazar. La apelación de Oriental Bank argumenta que se debió permitir la expedición de nuevos emplazamientos tras invalidarse el original. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la desestimación a la luz de este historial procesal.

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