Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 241)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una disputa de seguros entre Reynaldo Quiles y Zenaida Cátala Rodríguez y Universal Insurance Company. Los demandantes originales alegaron incumplimiento de contrato y mala fe por parte de Universal en el manejo de su reclamación por daños del Huracán María. Universal solicitó la desestimación del caso mediante sentencia sumaria, argumentando que los demandantes habían aceptado un pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria, concluyendo que hubo una aceptación de pago final y desestimando la demanda. Los apelantes Quiles et al. impugnan esta decisión, planteando que el tribunal erró al encontrar un finiquito total para todas las cubiertas y al no adjudicar sus alegaciones sobre las supuestas violaciones de Universal al ordenamiento jurídico de seguros y la indebida ventaja. El Tribunal de Apelaciones considera ahora los argumentos presentados por ambas partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un caso de derecho de accesión. Los apelados demandaron a los apelantes alegando que la casa de estos últimos estaba construida en su finca y solicitaron adquirirla pagando su valor. Reconocieron que los apelantes eran titulares de buena fe de la edificación. Los apelantes se opusieron, argumentando que la casa no estaba en el terreno de los apelados sino en uno de un familiar, y presentaron una reconvención. Alegaron además que la acción de accesión estaba prescrita por usucapión debido a la ocupación prolongada. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de accesión de los apelados y denegó la reconvención de los apelantes. Determinó que los apelados tenían derecho a adquirir la estructura pagando su tasación. Tras considerar los alegatos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Rafael Aponte Peña. El apelante recurre la determinación del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de asesinato en primer grado, tentativa de robo agravado, infracciones a la Ley de Armas y comercio ilegal de vehículos. El foro primario lo condenó a 149 años de prisión tras un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado. La apelación se centra, en parte, en la denegación por el tribunal de instancia de una solicitud de separación de causas del coacusado, argumentando que el juicio conjunto y la confesión del coacusado le afectaron adversamente. El apelante había solicitado la separación antes del juicio y luego pidió reconsideración y un nuevo juicio tras el veredicto. El Tribunal de Apelaciones examinó los fundamentos presentados por el apelante. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en una apelación presentada por Grupo Efezeta LLC contra la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). La apelación surge de la denegatoria por el Tribunal de Primera Instancia de una Petición de Mandamus incoada por Grupo Efezeta. La compañía buscaba compeler a ASSMCA a entregar un cheque correspondiente a servicios profesionales prestados bajo un contrato. Grupo Efezeta alegó que las facturas fueron aprobadas y el cheque emitido por el Departamento de Hacienda. ASSMCA se opuso, indicando la existencia de una investigación administrativa sobre la legalidad y procedencia del pago reclamado. El Tribunal de Primera Instancia denegó el Mandamus, al entender que la agencia posee un grado de discreción en la revisión de los desembolsos. El Tribunal de Apelaciones debe determinar si la entrega del cheque constituye un deber ministerial de ASSMCA y si el foro primario erró al negar el recurso extraordinario. El tribunal anticipa que responderá negativamente a ambas interrogantes, confirmando la decisión apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una disputa entre el Sistema de Retiro de la AEE y la Autoridad de Energía Eléctrica. El caso, originado en una acción de sentencia declaratoria, versa sobre el efecto de la Ley 26 de 2017 en la práctica conocida como "2x1". Esta práctica permitía acreditar el balance de días por enfermedad para cumplir los requisitos de años de servicio para la pensión por mérito. La Ley 26 prohíbe la liquidación de días por enfermedad para empleados de la Rama Ejecutiva, incluyendo la AEE. La AEE interpretó que esta ley eliminaba el beneficio 2x1. Los Demandantes sostuvieron que el 2x1 es un beneficio de jubilación distinto y que su prohibición menoscaba derechos adquiridos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por no exponer una reclamación válida. Los Demandantes apelaron dicha desestimación. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la demanda no está impedida por PROMESA y afirmó la desestimación, resolviendo que la Ley 26 prohíbe el pago de licencias por enfermedad y aplica al Sistema de Retiro de la AEE.

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El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que dispuso la paralización de procedimientos en un caso sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. La Cooperativa de Viviendas de Valencia demandó a un corredor de seguros, agencias y aseguradoras, incluyendo a Real Legacy Assurance Company. La demanda se originó por la alegada gestión deficiente de pólizas de seguro tras despidos de empleados, lo que resultó en una sentencia en rebeldía de $242,000 en un caso laboral contra la Cooperativa. Real Legacy fue incluida como demandada por supuestamente negarse a cumplir con la póliza. La paralización fue ordenada por el tribunal de instancia debido a que Real Legacy se encuentra en un proceso de liquidación. La Cooperativa apeló, argumentando que Real Legacy no era una parte indispensable para continuar el pleito contra los demás demandados. Los demandados se opusieron, sosteniendo que Real Legacy sí era indispensable. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, concluye que procede confirmar la paralización dictada por el tribunal de instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Juan Carlos Acosta Ramírez, Edil A. Danois Román y Alex Emille Martínez Morales. Los Peticionarios impugnan una determinación del Tribunal de Primera Instancia en casos criminales. La decisión recurrida declaró a la testigo Nancy Rivera Domínguez como no disponible para testificar. Como resultado, el foro primario admitió en evidencia la grabación de su testimonio rendido durante la vista preliminar. La testigo había declarado en juicio, pero se acogió a su derecho a no autoincriminarse luego de que el Ministerio Público retirara un acuerdo de inmunidad. El Tribunal de Primera Instancia justificó la admisión del testimonio previo bajo la regla de testigo no disponible, excluyéndolo solo contra co-acusados no presentes en la vista preliminar. Los Peticionarios alegan que el tribunal de instancia erró al declarar a la testigo no disponible y al admitir su testimonio anterior. El Tribunal de Apelaciones procedió a expedir el auto de certiorari para revisar la determinación del foro primario en sus méritos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una petición de certiorari. El peticionario, Pablo José Casellas Toro, impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Segundo Escrito Solicitando Nuevo Juicio. Casellas Toro fue convicto por asesinato en primer grado, Ley de Armas y otros delitos, cumpliendo una pena de 109 años. Mientras su apelación estaba pendiente, presentó dos mociones de nuevo juicio ante el TPI. La primera moción fue denegada por el Tribunal de Apelaciones tras ser concedida inicialmente por el TPI. La segunda moción alegó que el Ministerio Público ocultó evidencia exculpatoria sobre un testigo clave que afectaba su credibilidad. El TPI denegó esta segunda solicitud de nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar dicha determinación. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del TPI que denegó el segundo nuevo juicio.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de Certiorari presentado por Francisco Valdés Pérez. El peticionario solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 29 de agosto de 2019. Mediante esa Resolución, el TPI declaró Sin Lugar su moción para anular una Orden previa de 9 de mayo de 2019. La Orden de 9 de mayo de 2019, emitida por la Jueza Myrna Esther Ayala Díaz, requirió al peticionario desistir con perjuicio de cuatro nuevas demandas que presentó contra los demandados apelados. El TPI consideró que estas nuevas acciones legales versaban sobre los mismos hechos y alegaciones ya resueltos por una Sentencia final y firme de 2015. El peticionario alegó que la Orden de 9 de mayo de 2019 era inconstitucional y un abuso de discreción, argumentando que la jueza se había inhibido previamente en un caso relacionado. La Jueza Waleska Aldebol, al resolver la moción, denegó la solicitud, reafirmando la firmeza de la Sentencia de 2015 y advirtiendo al peticionario sobre el abuso de los procesos judiciales. El Tribunal de Apelaciones examina los errores planteados por el peticionario respecto a la Orden de 9 de mayo de 2019. El Tribunal procederá a disponer del recurso sin requerir alegato a la parte recurrida.

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Este caso surge de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que anuló un fallo anterior tras la intervención de nuevas partes. Los apelantes argumentan que el TPI erró al no notificar la sentencia a la parte con interés. El documento subraya la importancia crucial de la notificación adecuada de las sentencias según las Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR). Se explica que la notificación es un requisito del debido proceso de ley y que una sentencia no surte efecto ni los términos para apelar comienzan hasta que se archiva la notificación. La falta de notificación apropiada implica que el tribunal apelativo carece de jurisdicción para atender el caso. Los tribunales tienen la obligación ineludible de velar por su propia jurisdicción. La resolución del recurso depende de si la sentencia apelada fue debidamente notificada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de acción civil. El demandante, Nelson López, demandó a la Cooperativa de Seguros Múltiples por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María, alegando compensación inadecuada. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, argumentando que el señor López aceptó el pago como finiquito al endosar el cheque. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) concedió la sentencia sumaria, desestimando la demanda al concluir que el pago fue aceptado en finiquito. El señor López apeló, señalando errores del TPI al desestimar sumariamente, ignorar hechos controvertidos y aplicar la defensa de finiquito ante supuestos actos ilegales de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los argumentos de las partes. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la Sentencia emitida por el TPI. Finalmente, la Sentencia del TPI, una vez modificada, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

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Metro Avanti Properties, Inc. demandó a GTP Sites Hold Co., LLC (anteriormente Global Tower Assets V, LLC) y al Director Ejecutivo de la OGPe buscando la nulidad de los permisos para una torre de telecomunicaciones. Metro Avanti alegó falta de notificación como colindante y el incumplimiento del requisito de presentar una declaración jurada sobre la necesidad de la torre ante la OGPe. GTP Sites se defendió argumentando haber cumplido con la ley, notificado según el registro del CRIM, y presentado un memorial explicativo en lugar de la declaración jurada. También sostuvo que los permisos gozaban de presunción de legalidad y firmeza. Metro Avanti solicitó sentencia sumaria, a lo que GTP Sites se opuso, alegando la existencia de controversias fácticas y que la OGPe era parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, entendiendo que existían alegaciones de fraude e incumplimiento legal que requerían prueba. Además, determinó que la OGPe era una parte indispensable en el litigio y ordenó su inclusión en el pleito. Este documento es la Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo la apelación contra esa determinación del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de tutela. Sheida J. Montañez López solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden aprobó el Informe Final de Tutela presentado por Ernesto D. Montañez Santiago tras el fallecimiento del tutelado, José Antonio Rivera. La recurrente, Sheida Montañez, cuestionó la aprobación del informe final. Alegó que informes de tutela anteriores no habían sido aprobados y que el tutor no había justificado gastos, sugiriendo un posible uso indebido de fondos. El Tribunal de Primera Instancia había requerido previamente al tutor la entrega de documentos justificativos. A pesar de las objeciones de la recurrente, el foro primario aprobó el informe final. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso de certiorari presentado por la señora Montañez y denegó su expedición.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Marisol Seda Caraballo, solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Isabela. Dicha Sentencia había declarado sin lugar su Recurso de Revisión de Falta Administrativa sobre tres boletos de tránsito. El foro primario denegó la revisión por haber sido presentada fuera del término dispuesto por la Ley de Tránsito. Tras una moción de reconsideración denegada, la apelante acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar la jurisdicción para atender el recurso. Constató que la Sentencia apelada fue notificada el 5 de junio de 2019 y la denegatoria de reconsideración el 9 de julio de 2019. El recurso de apelación ante este foro fue presentado el 1 de octubre de 2019. Dado que el término jurisdiccional de treinta días para apelar había expirado, el Tribunal carece de jurisdicción. Por tanto, se desestima el recurso de revisión judicial.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presenta un litigio sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca y prenda. La demanda fue incoada por PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC contra Colinas del Bosque, S.E. y Arturo Madero Arboleda. La controversia surge de una línea de crédito comercial de $9,000,000.00 concedida por Banco Popular de Puerto Rico a Colinas del Bosque en 2004. Dicha deuda se evidenció con un Master Promissory Note y se garantizó con hipoteca, prenda y otras garantías. PR Asset adquirió los derechos sobre esta obligación de Banco Popular. La parte demandante reclama que Colinas incumplió con los pagos, adeudando aproximadamente $10,998,215.03, cantidad que considera vencida, líquida y exigible. Los demandados admitieron la existencia del financiamiento, pero plantearon defensas, incluyendo que el Master Promissory Note es un pagaré mercantil sujeto a caducidad. El tribunal evalúa recursos consolidados relacionados con este caso.

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Se trata de una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca presentada por PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC contra Colinas del Bosque, S.E. y Arturo Madero Arboleda. La acción se basa en una línea de crédito comercial de $9,000,000.00 otorgada originalmente por Banco Popular de Puerto Rico a Colinas en 2004. La deuda fue evidenciada mediante un Master Promissory Note y garantizada con diversas colaterales, incluyendo una hipoteca y prendas. PR Asset adquirió los derechos y obligaciones de Banco Popular y alega ser tenedora del pagaré hipotecario. La demanda surge porque Colinas dejó de pagar la deuda. PR Asset reclama el pago de $10,998,215.03, alegando que la deuda está vencida, líquida y exigible. Los demandados contestaron la demanda, aceptando la suscripción del acuerdo de financiamiento y el pagaré. Sin embargo, argumentaron que el Master Promissory Note es un pagaré mercantil, sujeto a términos de caducidad. El Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de los recursos consolidados en este caso.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los señores Víctor Vélez Alicea y Carmen Pérez, apelantes, contra Universal Insurance Company, apelada. El recurso busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato. Los apelantes alegaron que Universal no cumplió con la póliza de seguro tras los daños causados por el Huracán María a su hogar. Universal solicitó sentencia sumaria, argumentando que el señor Vélez Alicea firmó un relevo y recibió \$5,020.59, transigiendo así la reclamación. Los apelantes se opusieron, aduciendo que el ajuste fue incompleto, su consentimiento viciado, y que el cheque no fue cobrado. Universal replicó que no hubo engaño ni vicio en el consentimiento, señalando que los apelantes rechazaron una oferta previa antes de aceptar la segunda. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Universal. Tras revisar los argumentos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Domingo Suárez Colón et al. contra el Municipio de Aibonito. El caso original era una demanda de cobro de dinero interpuesta por el Municipio por concepto de multas administrativas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las demandas sin perjuicio por falta de una parte indispensable, identificada como Urban Transit Solution (UTS), encargada de la emisión y cobro de multas. Los apelantes argumentaron que la desestimación debió ser con perjuicio y que se les debieron conceder costas y gastos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario a la luz de las Reglas de Procedimiento Civil aplicables a la desestimación por falta de parte indispensable. Concluyó que la desestimación sin perjuicio fue correcta según la Regla 39.2, la cual exceptúa de la adjudicación en los méritos las desestimaciones por omisión de acumular una parte indispensable. El Tribunal confirmó la sentencia apelada, rechazando los argumentos de los apelantes sobre la desestimación con perjuicio y la concesión de costas.

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Se presenta una apelación criminal ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Johnsiel Hernández González. El apelante solicita la revocación de las sentencias impuestas por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Fue declarado culpable en juicio de derecho por asesinato en primer grado (estatutario), robo agravado, portación y uso de armas blancas, y uso de disfraz. La sentencia original fue de ciento once (111) años de reclusión. Los hechos imputados ocurrieron en Arecibo en julio de 2015, relacionados con un robo y la muerte de la víctima durante su comisión. El proceso apelativo incluyó la regrabación y transcripción de la prueba oral y la presentación de alegatos por las partes. El Tribunal de Apelaciones ha estudiado el expediente completo y las comparecencias. La sentencia procederá a resolver los méritos de la apelación presentada.