Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 237)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por el Municipio de Ceiba contra Marina PDR Hospitality, LLC. La apelación proviene de una Resolución y Sentencia Enmendada dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre injunction y sentencia declaratoria. El Tribunal de Primera Instancia había resuelto mociones de sentencia sumaria y reconsideración, enmendando su dictamen inicial. El Municipio de Ceiba apeló la Sentencia Enmendada notificada el 1 de agosto de 2019. El Tribunal de Apelaciones examinó la oportunidad del recurso. Según la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, los municipios tienen un término jurisdiccional de sesenta días para apelar desde la notificación de la sentencia. El recurso de apelación fue presentado el 2 de octubre de 2019. Este plazo excede el término de sesenta días computado desde el 1 de agosto de 2019. Los términos jurisdiccionales son de estricto cumplimiento y la falta de observancia priva al tribunal de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso y procede a desestimarlo por extemporáneo.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por Eurípides Del Villar Rosario relativa a un caso del Tribunal de Primera Instancia en San Juan. El apelante solicitó la elevación del expediente del caso y una extensión para presentar una apelación parcial, haciendo referencia a supuestos actos previos del apelado y a un caso relacionado de orden de protección. El Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El tribunal explicó que para que una apelación sea justiciable, debe existir una controversia genuina y, específicamente, una sentencia final dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Citando la doctrina de justiciabilidad y su propio reglamento, el tribunal determinó que el caso no estaba maduro para apelación. Dado que no se había dictado una sentencia final por el tribunal de instancia, el Tribunal de Apelaciones carecía de la jurisdicción necesaria para atender el recurso.

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Ha comparecido ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación. La apelante, Sra. Norma I. Buxó Torres, solicita la revocación de una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su demanda por incumplimiento de contrato contra Mapfre Insurance Company. La demanda se originó por los daños sufridos en su residencia a causa de los huracanes Irma/María, cubiertos por una póliza de hogar con Mapfre. Tras reportar las pérdidas, Mapfre evaluó la reclamación y le otorgó un pago de $1,114.40, basado en una evaluación de daños menos el deducible. La Sra. Buxó consideró la cantidad exigua y presentó la demanda. Mapfre se defendió alegando que la asegurada aceptó el pago como finiquito al recibir y cambiar el cheque. El tribunal de primera instancia acogió esta defensa y dictó sentencia sumaria. Corresponde ahora al Tribunal de Apelaciones dirimir si el mecanismo de sentencia sumaria fue apropiado para disponer de la controversia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLAN201901090. Este recurso de apelación provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, y trataba sobre una reclamación de daños y perjuicios. Las partes involucradas eran María del Carmen Rivera Santos y otros como apelantes, y Ricardo Caballero Auto Corp. y otros como apelados. Los apelantes presentaron una moción solicitando el desistimiento voluntario sin perjuicio del recurso. El Tribunal, actuando al amparo de la Regla 83(A) de su Reglamento, declaró ha lugar dicha moción. La parte apelada había solicitado la imposición de honorarios de abogado y costas. Sin embargo, el Tribunal denegó esta solicitud. Como consecuencia del desistimiento, se ordenó el cierre y archivo del recurso de apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Antilles Enterprises, Inc. y otros contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Los apelantes impugnan la desestimación de su recurso de mandamus por el Tribunal de Primera Instancia. Dicho recurso buscaba obligar al DRNA a adjudicar sus solicitudes de intervención en un procedimiento relacionado con Clemenceu 2, LLC. Las solicitudes de intervención se presentaron en el contexto de una querella y una solicitud de franquicia de extracción de aguas por parte de Clemenceu, obra que afectaba a los apelantes. Los apelantes alegaron que el DRNA tenía el deber ministerial de atender sus peticiones de intervención en este proceso cuasi-adjudicativo. El DRNA argumentó que no había un procedimiento adjudicativo pendiente y que el asunto se tornó académico tras un acuerdo transaccional con Clemenceu, quien obtuvo el permiso. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el mandamus por considerarlo académico. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Guarionex Candelario Rivera contra la Administración de Corrección. El apelante recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de mandamus. En dicho caso, el Sr. Candelario solicitó una orden relacionada con su ubicación en una institución correccional por motivos de seguridad. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar su petición y archivó el caso, considerando que el asunto era académico. El apelante impugnó esta decisión, alegando errores en la apreciación de su solicitud y en el archivo del caso. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el recurso. Tras examinar el asunto, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender la apelación. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de daños y perjuicios. Carmen L. Torres Nieves y Enix Hernández Figueroa demandaron a Producciones Copelar, Inc. por alegadas expresiones difamatorias difundidas en 2014. El Tribunal de Primera Instancia concedió una Sentencia Sumaria a favor de Copelar, declarando que la acción estaba prescrita. Determinó que los apelantes presentaron la demanda fuera del término legal, considerando la fecha de los hechos y el momento en que pudieron conocer la identidad de Copelar. Los apelantes argumentaron en apelación que no conocieron la identidad de Copelar hasta una deposición en enero de 2017, a pesar de que empleados de Copelar se identificaron como tales en interrogatorios en mayo de 2016 en un caso relacionado. Alegaron error al desestimar por prescripción mediante sentencia sumaria. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Departamento de la Familia intervino en el caso de Elizabeth Hernández Pastrana, de 88 años, tras recibir referidos por alegada negligencia. Luego de obtener una orden de protección y ubicarla en un hogar de cuidado, el Departamento solicitó autorización para usar sus fondos para cubrir los gastos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que para autorizar el uso de fondos, doña Elizabeth debía ser declarada incapaz y nombrársele un tutor. Ordenó a los hijos presentar la solicitud de incapacidad y nombramiento de tutor, o al Departamento de la Familia si aquellos no cumplían. El Departamento de la Familia solicitó reconsideración, argumentando que esta acción corresponde al Procurador de Relaciones de Familia o al Fiscal de Distrito, no al Departamento. La reconsideración fue denegada. El Departamento de la Familia apeló ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando la orden que le compelería a radicar la declaración de incapacidad y nombramiento de tutor. El Tribunal de Apelaciones ordenó a las partes mostrar causa sobre el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los casos consolidados KLAN201900732 y KLAN201900738. Estos recursos provienen de una apelación sobre daños y perjuicios del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Las demandantes, hijas y herederas de Florentina Muñoz Ortiz, reclamaron compensación por su fallecimiento. Demandaron a Edwin Camacho Alcázar y Gloria Reyes de Jesús por presunta negligencia en un incidente vehicular. También demandaron a La Esperanza Bus Line Inc., alegando que su negligencia forzó a los pasajeros a bajarse del autobús en un lugar peligroso. Ambas partes demandadas negaron responsabilidad y presentaron defensas afirmativas. Los esposos Camacho Reyes además presentaron una demanda contra coparte contra La Esperanza. Las apelaciones solicitan la revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 21 de febrero de 2019. Tras el estudio de los alegatos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas en un caso de daños y perjuicios. El litigio surge a raíz del fallecimiento de Florentina Muñoz Ortiz en un incidente ocurrido el 16 de octubre de 2015. Las herederas de la señora Muñoz Ortiz demandaron a Edwin Camacho Alcázar, Gloria Reyes de Jesús y La Esperanza Bus Line Inc., alegando negligencia en el incidente que causó la muerte. La demanda imputó responsabilidad a los esposos Camacho Reyes por atropellar a la víctima con su vehículo y a La Esperanza por las condiciones del autobús y el lugar donde se detuvo. Ambas partes, las demandantes (herederas) y los demandados (esposos Camacho Reyes), apelaron la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Tras revisar los recursos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso presentado por Nelson Torres González y Aileen Rivera Maldonado. Los apelantes impugnan la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda. La acción original fue incoada contra AIG Insurance Company, Universal Insurance Company y otros. Se alegaba incumplimiento de contrato, mala fe y dolo por reclamaciones de seguro tras los daños del Huracán María a su propiedad. La desestimación en primera instancia provino de mociones de sentencia sumaria de las aseguradoras. En apelación, los recurrentes buscan la revocación del dictamen específicamente contra AIG. El documento describe el trámite procesal en apelación, incluyendo la presentación de alegatos por AIG y Universal. Universal argumentó que la apelación no cuestionaba la desestimación en su contra. Se reseña el trasfondo fáctico de los daños por huracán y la comunicación de AIG sobre la evaluación de la reclamación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre incumplimiento de contrato de seguro. Los apelantes, Erasmo Gutiérrez Cruz y Lissette Castillo de Jesús, impugnan una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. La acción original fue presentada contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico por alegados daños no compensados tras el huracán María. Los apelantes argumentaron que la aseguradora incumplió la póliza al no compensar adecuadamente los daños. La aseguradora solicitó sentencia sumaria, alegando que los apelantes aceptaron el pago ofrecido como liquidación total al cambiar el cheque. La aseguradora presentó prueba documental, incluyendo la póliza y el cheque endosado. Los apelantes no presentaron oposición a la moción de sentencia sumaria, a pesar de haber solicitado y obtenido una prórroga. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la sentencia sumaria, aplicando la doctrina de aceptación de pago en finiquito y desestimando la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La apelante, Ann Marie McCurdy Chinea, recurre la desestimación de su querella contra Ballester Hermanos, Inc. Fue despedida de su puesto de Comptroller y CFO tras una transferencia fraudulenta de \$253,000. La apelante alegó que el despido fue injustificado, argumentando que no autorizó el pago y que la empresa no sufrió pérdidas. Sostuvo que fue despedida sin investigación previa y sin justa causa. El apelado, Ballester Hermanos, Inc., defendió el despido como justificado. Argumentó que la negligencia y el incumplimiento de protocolos por parte de la apelante contribuyeron a la transacción fraudulenta. Consideró que sus acciones eran de tal gravedad que justificaban la separación inmediata. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la querella de la apelante. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Junta de Directores del Condominio Le Mans apela una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la reclamación de cobro de dinero por cuotas de mantenimiento del apartamento 606. La demanda original buscaba cobrar deudas acumuladas por varios apartamentos, incluyendo \$17,857.20 para el apartamento 606. La parte demandada, la Sucesión de Juan G. Casasnovas Luiggi, solicitó la desestimación alegando falta de partes indispensables. Argumentaron que Juan G. Casasnovas Luiggi era solo uno de cinco hermanos cotitulares del apartamento 606, y que los otros cuatro hermanos debían ser incluidos. La parte demandante se opuso, sosteniendo que la deuda era solidaria y la inclusión de la Sucesión era suficiente. El foro primario acogió el argumento de la falta de partes indispensables y desestimó la reclamación sobre el apartamento 606. La apelación busca revocar esta desestimación.

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Recurso de apelación presentado por Julio Enrique Ruiz Colón contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. El caso trata sobre la división de una comunidad hereditaria y cobro de dinero entre hermanos, Julio y Eduardo Ruiz Colón, copropietarios de una casa heredada. Julio, con el 83.34% de la propiedad, demandó a Eduardo (16.66%) por la división y el pago de cánones de arrendamiento y otros gastos, ya que Eduardo residía en la casa. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la división de la propiedad, permitiendo la compra entre coherederos o la venta, pero denegó el reclamo de cánones de arrendamiento al considerar que Eduardo tenía igual derecho a usar la propiedad. El apelante impugna esta decisión, alegando error al no conceder costas y honorarios, y al denegar el crédito por cánones de arrendamiento a pesar del uso exclusivo por parte del apelado. El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia del TPI. Fundamentándose en la jurisprudencia sobre el uso de bienes comunitarios por uno de los copropietarios, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia recurrida. Se reitera que el uso exclusivo no debe perjudicar el interés de la comunidad ni impedir el uso por los demás copartícipes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por el Gobierno contra una decisión de instancia. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado al Gobierno entregar a Kilómetro O, Inc. (KMO) copias de los Informes sobre Uso de Fuerza (PPR-854) de la Policía de Puerto Rico emitidos desde 2014. KMO, una corporación sin fines de lucro, había solicitado esta información como parte de un esfuerzo por promover la fiscalización del uso de fuerza policial. El Gobierno apeló la orden, argumentando que los informes PPR-854 no son documentos públicos y que KMO no tenía legitimación para solicitarlos. El Tribunal de Primera Instancia había declarado con lugar la petición de mandamus de KMO, ordenando la entrega de los informes. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que la orden de entregar las copias de los informes PPR-854 a KMO queda sin efecto. La decisión final del Tribunal de Apelaciones es a favor del Gobierno, denegando la solicitud de KMO sobre dichos informes.

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Este caso es una apelación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de cobro de dinero. Los demandantes-apelados, el matrimonio Fullana Morales, reclamaron el pago de un pagaré de \$300,000 suscrito por el demandado-apelante Arturo Madero Arboleda y garantizado por San Gerónimo Caribe Project, Inc. El pagaré se originó de un acuerdo para vender una opción de compra de un inmueble. Los demandados-apelantes argumentaron que el pagaré carecía de objeto y causa y que la acción estaba prescrita, alegando un término prescriptivo comercial o el vencimiento del pagaré. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación por prescripción y determinó que los demandados no probaron que las partes fueran comerciantes o que el negocio fuera comercial. Consecuentemente, el TPI dictó sentencia a favor de los demandantes. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900603. Resuelve la apelación presentada por Madelux International, Inc. y Gabriel Revai. La apelación impugna una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia declaró con lugar la demanda de Carmelo Ocasio García. Ocasio García demandó a sus exempleadores por despido injustificado, discrimen por edad y daños. Alegó que fue despedido a los 65 años tras 15 años de servicio como Gerente de Almacén. Sostuvo que un empleado más joven asumió sus funciones y que las razones aducidas para su cesantía eran falsas. El Tribunal de Primera Instancia encontró que hubo despido injustificado y discrimen por edad. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decidió confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sobre una demanda de sentencia declaratoria. La controversia central gira en torno a la titularidad de un solar y estructura. Los demandantes-apelantes, herederos de una sucesión, alegan que la propiedad pertenece al caudal hereditario. La demandada-apelada, exesposa de uno de los herederos, sostiene que la estructura fue construida con fondos de la sociedad de gananciales. La propiedad fue incluida en un acuerdo de divorcio para ser donada a las hijas de los exesposos. Los herederos buscan que se declare la propiedad como parte de la sucesión y se anule el acuerdo de donación y parte de la sentencia de divorcio. La apelada defiende la validez de su participación en el inmueble. Una de las hijas, parte con interés, reclama derechos como edificante de buena fe en el primer piso. El recurso de apelación solicita la revocación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que adjudicó la demanda. El Tribunal de Apelaciones procede a la adjudicación del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN2019001002. Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que decretó la desestimación sin perjuicio del caso civil NSCI201700496. En dicho pleito, el Dr. José Ortiz Feliciano demandó a Caribe Physicians Plaza Corp. (CMC) y al Dr. Alexis Rivera Dávila por injunction, daños y otros reclamos. El demandante solicitó la desestimación voluntaria sin perjuicio de su demanda original. Argumentó que sus reclamaciones de daños podían ventilarse en otro caso civil (FA2018CV00611) donde él era demandado por impericia y había presentado una reconvención contra CMC. La parte apelante (CMC y Dr. Rivera Dávila) se opuso a la desestimación sin perjuicio. Sostuvieron que la desestimación debía ser con perjuicio para evitar duplicidad de litigios y por otras razones procesales. El Tribunal de Apelaciones estudió los escritos y el expediente. Tras el análisis, determinó confirmar el dictamen apelado. Por lo tanto, la desestimación sin perjuicio del caso original fue ratificada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900493. El apelante, Rad-Man San Juan III-D, LLC., recurre de una Sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia declaró que la propiedad del apelante en la Urbanización Santa María está sujeta a condiciones restrictivas que limitan su uso a residencial unifamiliar. El foro primario también decretó un interdicto permanente ordenando al apelante cesar el arrendamiento de su propiedad. Los apelados (residentes y asociaciones) habían demandado alegando que el apelante violó las restricciones al usar la propiedad para alquileres a corto plazo. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Por las razones expuestas, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. Se ordenó la continuación de los procedimientos de este caso en el foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de filiación. El caso enfrenta a Alexandra Delgado Aponte (apelada) contra el Departamento de la Familia y otros (apelante). El recurso de apelación se interpuso contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. La demanda original buscaba establecer filiación y obtener pruebas de ADN, incluyendo al Departamento de la Familia. La controversia principal giró en torno a la validez y oportunidad del emplazamiento al Departamento de la Familia. El TPI emitió una Sentencia Parcial desestimando la demanda contra el Departamento de la Familia por incumplimiento con las reglas de emplazamiento. No obstante, el TPI permitió que el caso continuara contra las demás partes demandadas. El Estado Libre Asociado, en representación del Departamento, apeló esta Sentencia Parcial. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Resolución judicial que ordena el archivo administrativo del caso KLAN201900383. La decisión se fundamenta en la Ley PROMESA y la petición de quiebra bajo su Título III presentada a nombre de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (PBA). Dicha petición activó la paralización automática de procedimientos civiles contra la PBA, según las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras federal. Esta paralización tiene el efecto inmediato de detener el presente caso. El archivo administrativo se mantendrá vigente hasta que la Corte de Distrito Federal disponga lo contrario. El tribunal se reserva jurisdicción para reabrir el caso si la orden de paralización cesa y una parte interesada lo solicita. La resolución será definitiva si las reclamaciones se adjudican completamente en el proceso de quiebra.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900990. El recurso, presentado como apelación por Luis Rubén Montañez Montes y Elizabeth Marie Maldonado Ruiz, se acoge como certiorari. Los peticionarios solicitan revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. Dicha Resolución del TPI, dictada el 6 de agosto de 2019, denegó una solicitud de retracto de crédito litigioso instada por los peticionarios. El caso original es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por Scotiabank de Puerto Rico. Los peticionarios alegaron que Scotiabank no era el tenedor del pagaré original y buscaron ejercer el derecho de retracto sobre el crédito. El TPI denegó el retracto por falta de evidencia de la transferencia del pagaré. El Tribunal de Apelaciones, acogiendo el recurso como certiorari, deniega la expedición del auto solicitado.

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Resolución de Archivo Administrativo emitida por un panel judicial en Puerto Rico. Se basa en la Ley PROMESA y la subsiguiente petición de quiebra del Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios Públicos (PBA) bajo el Título III. La presentación de la quiebra activa una paralización automática de acciones civiles contra el deudor, según las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras de EE.UU. Dado que la PBA radicó su petición de quiebra el 27 de septiembre de 2019, el presente caso queda automáticamente paralizado. Por tanto, el tribunal ordena el archivo administrativo del caso. La paralización se mantendrá hasta que la Corte de Distrito Federal disponga lo contrario. El tribunal se reserva jurisdicción para reabrir el caso si la paralización cesa y una parte interesada lo solicita. Si las reclamaciones se resuelven completamente en el proceso de quiebra, esta resolución se considerará definitiva.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. El apelante, Freddie Ramos Pérez, demandó a MAPFRE Insurance Company por incumplimiento de contrato relacionado con daños de huracán. MAPFRE solicitó la desestimación sumaria, alegando que el cobro de dos cheques por el apelante constituyó un pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de MAPFRE, cerrando el caso. El apelante recurrió, presentando evidencia que refutaba el finiquito, como una solicitud de reconsideración pendiente y la falta de respuesta o relevo firmado. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y la evidencia presentada por ambas partes. Determinó que el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria. Por tanto, revocó la sentencia sumaria apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Operadores de máquinas de juegos electrónicos apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Departamento de Hacienda y sus funcionarios. Los apelantes impugnaron el aumento en el costo de la licencia anual para sus máquinas, de $300 a $3,000, efectivo desde el 1 de julio de 2017. Alegaron que el aumento perjudicaría su sector y que existían leyes contradictorias sobre el particular. Presentaron una demanda solicitando detener el cobro del nuevo canon, permitir renovaciones a $300, y evitar la cancelación de licencias, multas o incautaciones. También pidieron una sentencia declaratoria que estableciera el costo de la renovación en $300. Los apelados argumentaron que los remedios solicitados eran un injunction permanente y no una sentencia declaratoria, y que no había incertidumbre legal que justificara esta última. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Este documento detalla una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso surge de una demanda de sentencia declaratoria presentada por Banco Popular de Puerto Rico contra la Asociación de Residentes de la Urbanización Las Cascadas, Inc. Banco Popular, tras adquirir involuntariamente dos propiedades en la urbanización mediante subasta, solicitó una certificación de deudas por cuotas de mantenimiento. La Asociación reclamó deudas significativas por ambas propiedades. Banco Popular argumentó que, como adquiriente involuntario, solo adeudaba los últimos seis meses de cuotas antes de la adquisición y mientras fuera titular, conforme a la Ley Núm. 119-2016. La Asociación se opuso, alegando que dicha ley no aplicaba retroactivamente y que la controversia ya había sido resuelta en un caso anterior, invocando la doctrina de cosa juzgada. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Banco Popular, declarando que solo debía pagar las cuotas desde la fecha de adquisición de las propiedades. Inconforme con esta decisión, la Asociación de Residentes apeló, planteando que el tribunal de instancia erró al no aplicar la doctrina de cosa juzgada y al ignorar jurisprudencia aplicable.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca. El Banco Popular de Puerto Rico demandó a Armando Nieves Meléndez para cobrar un pagaré hipotecario y ejecutar la garantía sobre su vivienda principal. El TPI declaró con lugar la demanda y ordenó el pago tras anotar la rebeldía del demandado. El señor Nieves apeló, alegando que el TPI erró al dictar sentencia sin cumplir con la mediación compulsoria. Se invoca la Ley Núm. 184-2012, la cual exige mediación obligatoria en ejecuciones de hipotecas sobre viviendas principales. Esta ley busca explorar alternativas para evitar que los ciudadanos pierdan su hogar. El apelante sostuvo que la omisión de la mediación privó al TPI de jurisdicción para dictar sentencia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deja sin efecto la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por los padres de un menor que sufrió una fractura de brazo tras caerse en el cuido Kid's Zone. Los padres demandaron al cuido por negligencia en la supervisión del menor. El Tribunal de Primera Instancia determinó la responsabilidad del cuido y concedió \$5,000 al menor y \$2,500 a cada padre por daños. Los apelantes solicitaron la revocación de esta sentencia, buscando una mayor indemnización. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso y la prueba presentada. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia apelada.

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