Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 234)

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Se resuelve una apelación presentada por Publicidad Tere Suárez, Inc. (PTS) contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había condenado a PTS a rembolsar al Municipio de San Juan (MSJ) la suma de \$529,880.08. La controversia surgió de una demanda inicial de PTS contra MSJ por cobro de dinero. MSJ contrademandó, alegando la nulidad de contratos por vigencia retroactiva y solicitando el rembolso de pagos indebidos. El TPI determinó que algunos contratos eran retroactivos y, por tanto, inválidos durante ese periodo. Concluyó que los pagos realizados por MSJ a PTS durante la vigencia retroactiva del contrato 2011000700 eran indebidos. PTS apeló, argumentando que solo debía rembolsar la comisión de \$60,000 que recibió, pues actuó como mandataria. Tras revisar el caso, el tribunal apelativo confirma la Sentencia del TPI. Se ratifica la obligación de PTS de rembolsar al MSJ la cantidad total de \$529,880.08.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso presentado por Fernando Luis Santiago Santiago. El apelante busca modificar un dictamen del foro de primera instancia en un caso de división de comunidad hereditaria. La demanda original fue incoada por Evelyn David Rodríguez y su hija menor contra el apelante y otros coherederos de Fernando Santiago Cartagena. El litigio se centró en la partición de los bienes dejados por el causante. El foro primario validó la adquisición verbal por parte del apelante de un predio de 598.837 metros cuadrados de la finca de origen. Además, la sentencia apelada impuso al apelante el pago de $4,000.00 por temeridad durante el procedimiento. El caso en primera instancia involucró múltiples trámites judiciales, incluyendo la identificación de bienes y la celebración de un juicio. El caudal hereditario incluía propiedades inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la procedencia de la apelación contra estos aspectos del dictamen.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Carolina en un caso de daños y perjuicios. La acción fue presentada por Manuel Burgos Hidalgo tras un accidente de tránsito ocurrido en 2009. El vehículo responsable estaba financiado por First Leasing y asegurado por Universal Insurance, quienes aceptaron responsabilidad por el accidente. El señor Burgos reclamó compensación por lesiones físicas y emocionales, incapacidad parcial permanente y lucro cesante. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda en daños y perjuicios. Durante el proceso, se presentó prueba pericial médica sobre el grado de incapacidad del señor Burgos, con opiniones divergentes. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, modifica y confirma el dictamen apelado. El recurso busca la revisión de la compensación otorgada por los daños sufridos.

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NG Solutions, LLC apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda. La acción legal buscaba el cobro de dinero y ejecución de hipoteca por incumplimiento de un préstamo adquirido por NG Solutions. El tribunal de instancia ordenó a NG Solutions presentar el pagaré al portador, apercibiendo con la desestimación. NG Solutions argumentó haber presentado una copia y que la posesión física no era necesaria legalmente. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por no presentar la documentación requerida. NG Solutions recurrió, cuestionando la desestimación con perjuicio como sanción extrema. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Considerando la política pública de resolver los casos en sus méritos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre incumplimiento de contrato. La apelante, Josie Feliciano, demandó a Mapfre Insurance Company por alegada compensación insuficiente tras los daños causados por el huracán María. Mapfre solicitó sentencia sumaria, argumentando que la apelante aceptó un "pago en finiquito" al cambiar un cheque por \$1,134.60, el cual indicaba ser el saldo final de la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de Mapfre y dictó sentencia sumaria a su favor. La apelante recurrió, sosteniendo que existía una controversia genuina de hechos sobre las circunstancias en que se produjo el cobro del cheque y la aplicación de la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia apelada y los argumentos de las partes. Tras su análisis, el panel determinó que procedía revocar la sentencia sumaria emitida por el tribunal de origen.

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El documento presenta una apelación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que ordenó la partición de la herencia de César Enrique Fors Elías. Los apelantes, herederos hijos mayores de edad, impugnan la decisión del TPI que aprobó un cuaderno particional y les impuso costas y honorarios. Alegan que el TPI erró al no celebrar una vista para sus objeciones al cuaderno particional. Cuestionan la aceptación del contador partidor por alegado conflicto de intereses. Sostienen que hubo errores en el cálculo de sus cuotas hereditarias y en la adjudicación de bienes específicos, como una propiedad inmueble. Argumentan que el TPI se equivocó al determinar la naturaleza de una cuenta bancaria y al usar fondos de la herencia para saldar una deuda de la apelada. Finalmente, objetan la imposición de honorarios de abogados por supuesta temeridad. La apelación busca corregir estos errores procesales y sustantivos en la distribución de los bienes hereditarios.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre despido injustificado y hostigamiento sexual. Las partes son Rebeca Pérez Troche contra Automax HV Inc. y José Homar Vicentí. Los apelantes solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria de la demandante, concluyendo que hubo despido constructivo. El TPI también denegó la Moción de Sentencia Sumaria de los demandados y señaló vista para determinar daños y resolver la reclamación de represalias. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Sin embargo, desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La resolución del TPI no constituyó una sentencia final apelable al dejar asuntos pendientes. En consecuencia, el caso regresa al foro primario para que resuelva en su totalidad las reclamaciones.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación presentada por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) contra HBA Contractors, Inc. El caso subyacente se originó de una demanda de HBA contra la AEP por incumplimiento de contrato, daños y cobro de dinero relacionados con la construcción de una escuela vocacional. HBA reclamó daños debido a demoras y cambios en el proyecto. El Tribunal de Primera Instancia designó un Comisionado Especial, quien recomendó conceder a HBA más de \$1.5 millones por diversos costos, incluyendo relleno importado, gastos operacionales y aumentos de materiales. El Tribunal de Primera Instancia acogió el informe del Comisionado y dictó sentencia a favor de HBA. La AEP apeló esta sentencia, señalando errores en las partidas concedidas y en el procedimiento. El Tribunal de Apelaciones también consideró una moción de la AEP solicitando la paralización de los procedimientos debido a su acogida al proceso de quiebras bajo PROMESA Título III. La sentencia está fechada el 15 de noviembre de 2019.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de apelación presentado por Rafael Ángel Rivera Arroyo contra el Municipio de San Juan. El recurso busca revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la demanda de desahucio en precario presentada por el Municipio. El Municipio demandó a Rivera Arroyo alegando que este continuaba ocupando locales (21, 22 y 18) en la Plaza del Mercado de Santurce sin un contrato vigente. El contrato de arrendamiento original, con una enmienda, expiró el 18 de febrero de 2019. El Municipio notificó a Rivera Arroyo su decisión de no renovar el contrato antes de su vencimiento. A pesar de la notificación y la expiración del contrato, Rivera Arroyo siguió ocupando los locales. Rivera Arroyo argumentó en el foro primario que el caso de desahucio debía desestimarse o consolidarse con otro pleito que él instó contra el Municipio, y que la decisión de no renovar estaba sujeta a reglamentos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del Municipio, ordenando el desahucio. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El Municipio Autónomo de San Juan apeló la orden de devolver a Wall & Building Corporation (W&B) la suma de $1,073,600.00. Este monto fue un pago adelantado de arrendamiento de terrenos municipales realizado por W&B. El pago se hizo bajo un contrato para el diseño y construcción de un Nuevo Centro de Gobierno Municipal, autorizado por ordenanza. El contrato permitía al Municipio requerir este pago por adelantado por el término del arrendamiento. W&B demandó al Municipio por incumplimiento de contrato y daños, pidiendo la resolución y devolución de pagos. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor de W&B para la devolución del dinero. Consideró que no había controversia sobre los hechos materiales del pago y la obligación contractual. El Municipio había admitido estos hechos en su oposición. El Tribunal de Apelaciones adopta los hechos no controvertidos y procederá a resolver la apelación sobre el fondo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en una apelación sobre división de comunidad hereditaria. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que reconoció la titularidad de un predio a favor de los interventores-apelados. El TPI determinó que estos adquirieron el terreno de 735.53 metros cuadrados mediante prescripción adquisitiva extraordinaria. Se probó que poseyeron el inmueble de forma pública, pacífica e ininterrumpida en concepto de dueño por más de 30 años. Los demandantes-apelantes, herederos del propietario original, reclamaban la propiedad total y la edificación. Los interventores-apelados argumentaron haber adquirido por donación y/o prescripción. El TPI concluyó que, aunque la donación no se configuró formalmente, sí se cumplieron los requisitos para la prescripción. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia del TPI.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Saulo Alicea Figueroa y Luz Marie Fonseca Mojica apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su demanda contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caribe Coop. Los apelantes habían demandado por nulidad de contrato, quantis minoris y daños relacionados con la compra de una propiedad. Alegaron que la Cooperativa les representó falsamente que el inmueble tenía cuatro apartamentos de alquiler, cuando solo dos tenían permisos. Buscaron la nulidad o reducción del precio y compensación por diversos daños y gastos. La Cooperativa negó las alegaciones, defendiendo la validez de la transacción. Tras un juicio, el foro primario desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La acción fue presentada por Jorge Rodríguez Montañez contra David Martí Martínez y otros, basada en un pagaré de \$65,000 firmado por el Sr. Martí Martínez. Inicialmente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sumariamente, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó un juicio para dilucidar hechos controvertidos, como la causa del pagaré. Tras la celebración del juicio, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, encontrando exigible la deuda. En esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Concluye que la prueba presentada en el juicio sustenta la determinación de que la deuda es exigible, ya que está evidenciada por un pagaré notariado y respondió a la decisión del deudor de garantizar una obligación contractual de un negocio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por Abigail Cruz Rodríguez, una persona confinada. El apelante presentó dos demandas consolidadas: una contra Correctional Health Services por alegada negligencia médica y otra contra el Departamento de Corrección por negligencia en las instalaciones. Tras invocar el Gobierno de Puerto Rico y Correctional Health Services la paralización de procedimientos bajo la ley PROMESA, el Tribunal de Primera Instancia paralizó la totalidad de la reclamación. El foro primario extendió la protección de PROMESA a Correctional Health Services, fundamentando su decisión en que el Gobierno era parte indispensable en el pleito consolidado. El apelante argumenta que el tribunal erró al aplicar la protección de PROMESA a Correctional Health Services bajo ese fundamento. El Tribunal de Apelaciones revisará si la paralización automática bajo PROMESA fue correctamente aplicada a la co-demandada no gubernamental en este caso consolidado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, que desestimó una demanda por impericia médica. La demanda fue presentada por la familia Ferrer Román tras la muerte de Yahaira Ferrer Román. La señora Ferrer acudió al Hospital Buen Samaritano con síntomas de una infección severa, siendo diagnosticada con un absceso peri-rectal extenso. A pesar de recibir atención médica y someterse a cirugía, su condición se deterioró y falleció. La familia alegó negligencia y falta de cuidado profesional por parte del Dr. Carlos Torres Salichs y el Hospital, reclamando daños y perjuicios. El Hospital sostuvo que el tratamiento cumplió con los estándares médicos y negó la relación causal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Larry Anthony Toledo Esquilín. El recurso revisa una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. Dicha sentencia condenó al apelante a 169 años y 8 meses de prisión. La condena fue por dos cargos de Asesinato en Primer Grado, uno de Tentativa de Asesinato, uno de Conspiración y varios cargos por infracciones a la Ley de Armas. Los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2015 en Barranquitas. Se imputó al apelante actuar en concierto y común acuerdo para disparar desde un vehículo. Esto causó la muerte de Edgardo Rivera Ortiz y Yailin Rivera Ortiz. También hirió gravemente a Valeria Marrero Concepción. El documento detalla la prueba testifical y documental presentada en el juicio. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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