Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 233)

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Irazema González Suárez contra Mapfre Pan American Insurance Company. La apelante demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato y daños, alegando un pago insuficiente por los daños causados por el Huracán María a su propiedad asegurada. Mapfre argumentó que la apelante aceptó el pago final al cambiar el cheque emitido, configurándose la doctrina de "pago en finiquito". El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de sentencia sumaria de Mapfre, aplicando dicha doctrina y desestimando la demanda. La apelante recurrió la sentencia, señalando como error la aplicación del "pago en finiquito" y la determinación de inexistencia de hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia apelada y los argumentos de las partes. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una apelación presentada por Pedro Rivera Amador y Mercedes Rivera Valdés contra First American Title Insurance Company. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia como una demanda de cobro de dinero y subrogación. First American alegó que los apelantes le debían $135,000 más gastos, conforme a un acuerdo transaccional relacionado con la cancelación de una hipoteca original. Los apelantes negaron tener dicha obligación. First American solicitó sentencia sumaria, la cual fue concedida por el foro primario, condenando a los apelantes al pago de la suma reclamada. Los apelantes recurrieron al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones adelanta que, por los fundamentos que expondrá, procede la desestimación del recurso de apelación.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una solicitud de revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original trata sobre una demanda de sentencia declaratoria y cese y desista por alegada invasión de terreno entre vecinos colindantes. Los demandantes (apelados) alegaron que los demandados (apelantes) invadían su propiedad y que la colindancia había sido resuelta en un caso previo de 1995 entre dueños anteriores. Solicitaron que se ordenara a los apelantes cesar la invasión y remover cualquier edificación. Los apelantes negaron las alegaciones, afirmaron que sus linderos no habían cambiado y alegaron posesión por más de veinte años. También argumentaron que la sentencia de 1995 no les aplicaba por ser partes distintas y haber transcurrido mucho tiempo. Los apelados solicitaron sentencia sumaria basándose en el caso anterior. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda, haciendo determinaciones de hecho sobre las propiedades y su origen común, y refiriendo el pleito previo. Los apelantes recurren ahora ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar dicho dictamen.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones apelantes que impugnan una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La acción original versa sobre incumplimiento de contrato de seguros de propiedad, daños y perjuicios, mala fe y dolo, relacionada con la compensación por daños causados por el huracán María. Los apelantes alegaron que la aseguradora subvaloró los daños y no cumplió sus obligaciones contractuales y legales. La aseguradora, por su parte, sostuvo que el cobro de un cheque por los apelantes constituyó una aceptación final del pago, invocando la doctrina de pago en finiquito. El foro primario acogió parcialmente la postura de la aseguradora y desestimó parte de la demanda mediante sentencia sumaria. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determina revocar la sentencia sumaria parcial apelada.

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Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una reclamación por daños y perjuicios. El demandante, Sr. Miguel A. Ferrer Bolívar, alegó que obras de arte en sus cuartos de almacenaje sufrieron daños sustanciales debido a una inundación en el apartamento 7B, propiedad del Sr. Freddy Maldonado. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la demanda, concluyendo que no se demostró el nexo causal entre los daños y la inundación en el apartamento 7B. Determinó que la prueba pericial sugería que la filtración probablemente se originó en el apartamento 709 o 7C, ubicado sobre los cuartos de almacenaje. El Sr. Ferrer apeló esta decisión, argumentando errores en la apreciación de la prueba sobre la causa de los daños. Este Tribunal, tras revisar el caso, confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La decisión se basa en la deferencia a las determinaciones de hechos y credibilidad del juzgador de primera instancia, al no encontrar error manifiesto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un recurso de apelación sobre daños y perjuicios contra un patrono no asegurado. Maribel Méndez Alicea demandó a Borinqen Broadcasting Co. Inc. por una condición ocupacional alegando negligencia. La apelada solicitó la desestimación del caso argumentando que la demandante no notificó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) conforme a ley, lo que, a su juicio, afectaba la jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, resolviendo que la notificación a la CFSE era un requisito de cumplimiento estricto, no jurisdiccional, y ordenó la notificación, la cual se realizó. Tras el juicio en el fondo, el TPI declaró con lugar la demanda. La apelante recurre ante el Tribunal de Apelaciones, señalando como error principal la negativa del TPI a desestimar por la falta inicial de notificación a la CFSE. También impugna errores en la apreciación de la prueba, la relación causal y la negligencia. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar el recurso, iniciando con el análisis de la jurisdicción.

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Axel Morales Pérez apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y varios funcionarios. La demanda original alegaba daños sufridos por presuntamente no haber recibido servicios médicos adecuados. El tribunal de instancia desestimó el caso por no haberse agotado los remedios administrativos correspondientes. Al presentar la apelación, el Sr. Morales Pérez no certificó haber notificado el recurso a la parte apelada. El Tribunal de Apelaciones le concedió un término para acreditar dicha notificación, advirtiendo que de no hacerlo, el recurso sería desestimado. El apelante no cumplió con la orden dentro del término concedido. Aunque la política judicial favorece resolver los casos en sus méritos, las violaciones a los reglamentos procesales impiden que el tribunal pueda entender en el recurso. La falta de diligenciamiento para perfeccionar la apelación justifica su desestimación.

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Elba Vélez Pérez apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud de injunction preliminar y permanente contra el Departamento de Educación. La apelante buscaba dejar sin efecto su reubicación laboral, alegando que la decisión del Departamento de Educación era contraria a su reglamento y le causaba daños irreparables. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición de injunction al considerar que la apelante disponía de otro remedio adecuado en ley, específicamente el procedimiento administrativo que ya había iniciado. La señora Vélez Pérez impugnó esta decisión en apelación, argumentando que existían excepciones a la regla de agotar los remedios administrativos, como la protección de derechos constitucionales, la existencia de daños irreparables y la inutilidad del proceso administrativo. El Departamento de Educación se opuso a la apelación. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y la oposición. Citando jurisprudencia, el tribunal recordó que la concesión de un injunction requiere demostrar la ausencia de un remedio legal adecuado y la existencia de un daño irreparable. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI, en un caso sobre daños y perjuicios. Las partes incluyen a David García O'Neill y otros como apelados, y al Municipio de Guaynabo como apelante. El caso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. La sentencia, emitida el 22 de noviembre de 2019, atiende una moción presentada por el apelante, Municipio de Guaynabo. Dicha moción solicitaba el desistimiento con perjuicio debido a una transacción entre las partes. El Tribunal declaró con lugar la moción, ordenando el archivo definitivo de la causa con perjuicio. Esto significa que el caso queda cerrado y no puede ser presentado nuevamente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes recurren una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una demanda de Oriental Bank. Dicha sentencia ordenó a los apelantes pagar una suma adeudada o enfrentar la venta pública del bien hipotecado. Tras la sentencia, los apelantes presentaron una moción de reconsideración ante el tribunal de primera instancia. Sin esperar la resolución de la reconsideración, interpusieron el presente recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones requirió a los apelantes que proveyeran copia de la determinación sobre la moción de reconsideración para auscultar su jurisdicción. Los apelantes no cumplieron con dicho requerimiento en los plazos provistos. Ante la ausencia de constancia de la adjudicación de la reconsideración, el Tribunal asume que la misma está pendiente. Concluye que, al estar pendiente la reconsideración en la instancia inferior, carece de jurisdicción para atender la apelación. Por consiguiente, se desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico determinó que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) erró al conducir un proceso de desacato criminal contra un notario. El caso se originó por una remisión del Tribunal Supremo, a solicitud de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), sobre deudas arancelarias del notario. El tribunal apelativo concluyó que el proceso del TPI no se llevó a cabo con las garantías de un caso penal. Además, señaló que ODIN, una parte interesada ajena al poder ejecutivo, fungió indebidamente como "fiscal". La conducta imputada ocurrió fuera de la presencia del tribunal y se relacionaba con la puesta en vigor de un dictamen de ODIN, no con la integridad de un proceso judicial. El TPI había iniciado el trámite como "Desacato Criminal" y citó al notario para mostrar causa por incumplimiento de órdenes del Tribunal Supremo. Se celebraron varias vistas en el TPI donde se discutieron la deuda original y otros asuntos, como aranceles por libros notariales perdidos, aunque no se recibió prueba formal en las etapas iniciales descritas. La sentencia del Tribunal de Apelaciones invalida la forma en que el TPI manejó el caso de desacato debido a estos errores procesales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desacato criminal contra un notario. El tribunal apelativo concluyó que el TPI erró al conducir el proceso de desacato. Señaló que el procedimiento no se llevó a cabo con las garantías propias de un caso penal. Además, criticó que la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), una parte interesada y ajena al poder ejecutivo, actuara como "fiscal". La conducta imputada ocurrió fuera de la presencia del tribunal y se relacionaba con la ejecución de un dictamen de ODIN, no con la integridad de un proceso judicial. El caso se originó por una moción de ODIN ante el Tribunal Supremo sobre deudas arancelarias y gastos del notario. El Tribunal Supremo refirió el asunto al TPI para iniciar procedimientos de desacato. El TPI citó al notario para mostrar causa por incumplimiento de órdenes del Tribunal Supremo. Se celebraron varias vistas en el TPI donde se discutieron las deudas y la reconstrucción de libros notariales, sin que se recibiera prueba formalmente en las descritas.

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Bella International, LLC apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en un caso de daños y perjuicios. El foro primario declaró con lugar la demanda instada por Jorge Iván Valentín Asencio, Zulma Antonia Anglada Gerena y su sociedad legal de gananciales. Dicho dictamen condenó a Bella International al pago de \$4,333.33 por angustias mentales y \$3,000.00 en honorarios de abogado. La demanda original alegaba daños a la motora de los demandantes mientras estaba bajo la custodia de Bella International para un servicio de recall. Específicamente, se dañó el diferencial de la motora. Bella International inicialmente argumentó un vicio oculto como defensa. No obstante, durante el juicio, la representación legal de Bella International reconoció la responsabilidad por negligencia. El Tribunal de Primera Instancia evaluó la prueba y dictó sentencia a favor de los demandantes. Bella International solicita ahora la revocación de esta Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una apelación presentada por José Luis Carrasquillo Ríos. Carrasquillo Ríos solicitó dejar sin efecto una convicción por agresión sexual bajo el Artículo 130 del Código Penal, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Fajardo el 2 de noviembre de 2017. La convicción se originó por hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2016, donde el apelante supuestamente agredió sexualmente a Eileen Cruz Iglesias empleando fuerza, violencia, intimidación y un objeto filoso. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó prueba testifical de la víctima, un amigo, un perito médico, una seróloga forense y agentes de la policía. El apelante argumentó en su apelación que el caso no fue probado más allá de duda razonable. El tribunal apelativo revisó el expediente y los principios legales sobre la presunción de inocencia y la carga probatoria del Estado. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, manteniendo la convicción por agresión sexual.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que decretó el desahucio por falta de pago de una propiedad comercial. La acción original fue instada por Alfredo Padilla Ortiz contra José A. Miranda Lozada, alegando nueve meses de morosidad. El foro primario anotó la rebeldía al demandado y declaró con lugar la demanda de desahucio. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como un certiorari, al considerar que la decisión apelada era una resolución interlocutoria. Se constata que el demandado presentó su contestación a la demanda dentro del término de 10 días concedido por el Tribunal de Primera Instancia. En su contestación, el demandado admitió el contrato de arrendamiento pero negó la morosidad y levantó defensas afirmativas, como la excepción de contrato no cumplido. El demandado también presentó una reconvención por daños y perjuicios. Por entender que el demandado contestó a tiempo y presentó defensas que requieren adjudicación, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución recurrida. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Elvin Western Campos. El apelante impugnó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infracciones al Código Penal y la Ley de Armas. El recurso de apelación fue presentado el 18 de octubre de 2018, alegando apelar una sentencia supuestamente dictada el 8 de octubre de 2019. El Tribunal de Apelaciones destaca la discrepancia en las fechas y la necesidad de que exista una sentencia final dictada para poder apelar. Conforme a la Regla 23(A), la apelación debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sentencia. Los tribunales tienen el deber ministerial de examinar su jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos procesales para la presentación de la apelación, específicamente la ausencia de una sentencia final apelable al momento de radicar el recurso.

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El Municipio Autónomo de San Juan apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó reembolsar a L.P.C. & D, Inc. arbitrios de construcción pagados en exceso, más intereses y honorarios de abogado. La controversia se originó cuando LPCD demandó al Municipio reclamando la devolución de \$683,628.83. LPCD alegó que el Municipio incluyó en el cálculo del arbitrio costos que no corresponden a actividades de construcción, pagando la suma total bajo protesta. El Municipio defendió su cálculo, argumentando que el arbitrio se basó en el costo total de la obra y que las partidas en disputa sí eran tributables. Ambas partes presentaron mociones de sentencia sumaria ante el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de LPCD, declarando Ha Lugar su moción de sentencia sumaria. El Municipio apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por José F. Méndez Núñez y su esposa contra la Cooperativa de Seguros Múltiples. La apelación busca la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar una moción de sentencia sumaria. El caso original versa sobre un reclamo por incumplimiento de contrato relacionado con daños a una propiedad asegurada tras el huracán María. La aseguradora ofreció una cantidad específica por los daños y envió un cheque, el cual fue endosado y depositado por los asegurados. Posteriormente, los asegurados demandaron a la Cooperativa, alegando que esta no cumplió sus obligaciones contractuales y actuó de mala fe. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, argumentando que el endoso y depósito del cheque constituía un pago en finiquito. Los asegurados se opusieron, señalando la falta de buena fe y transparencia de la aseguradora en la determinación del pago. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de sentencia sumaria, aplicando la doctrina de pago en finiquito. Los apelantes solicitan ahora la revisión de dicha determinación.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico unos apelantes que solicitan la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha orden denegó su petición para dejar sin efecto una sentencia en rebeldía y una orden de embargo dictadas en su contra. La sentencia original, emitida en noviembre de 2016, proviene de una demanda de cobro de dinero presentada por una asociación de residentes por cuotas de mantenimiento impagadas. Los apelantes no comparecieron en el pleito inicial, lo que llevó a la anotación de su rebeldía y a la posterior sentencia. El TPI solicitó y recibió evidencia de la deuda antes de dictar la sentencia en rebeldía. Los apelantes argumentan en su recurso que el TPI erró al no anular la sentencia por supuesta falta de jurisdicción. Alegan que la asociación demandante no cumplió con el requisito legal de enviar un requerimiento de pago por correo certificado antes de presentar la demanda. También señalan que la sentencia concedió un remedio distinto al solicitado en la demanda. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari y solicitó a la asociación que acreditara el cumplimiento con el requisito de interpelación extrajudicial. La asociación presentó su oposición, y el Tribunal de Apelaciones procede a resolver con la comparecencia de ambas partes.

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