Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 231)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de disolución y liquidación corporativa. La apelante, María Rafaelina Pérez Veras, impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Previo a la apelación, la apelante presentó una moción de reconsideración sobre dicho dictamen. Aunque el foro primario emitió una Sentencia Parcial Enmendada, no resolvió la moción de reconsideración de la apelante relativa a la orden de liquidación. La apelante presentó una segunda moción de reconsideración a la sentencia enmendada, la cual se encontraba pendiente de resolución al momento de apelar. El Tribunal de Apelaciones examinó el trámite procesal y la propia admisión de la apelante sobre la posible prematuridad del recurso. Reafirmando su deber de velar por la jurisdicción, el tribunal citó jurisprudencia que establece que un recurso prematuro priva de jurisdicción al foro apelativo. Concluyó que, al estar pendiente una moción de reconsideración en la instancia primaria, la apelación era prematura. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Juana Díaz, que declaró culpable a Héctor Luis Cruz Lugo por infracción al Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito (conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes). El caso se originó de un incidente el 30 de julio de 2018, donde el apelante fue encontrado en un vehículo tras un accidente en Juana Díaz. El agente interviniente observó signos de embriaguez y, tras las advertencias de ley, el apelante accedió a la prueba de aliento. Dicha prueba arrojó una concentración de 0.182% de alcohol en su organismo. En el juicio, el Ministerio Público presentó prueba testimonial del agente y un químico, así como evidencia documental que incluyó el informe de la prueba de aliento y certificaciones. El apelante recurrió la sentencia de culpabilidad. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó una demanda por daños y perjuicios por responsabilidad profesional médica. Los apelantes, Tanya Laboy Acevedo y Luis Bonilla Pérez, impugnan la desestimación de su caso contra Heberto Díaz Otero, Hospital San Carlos y otros. El TPI fundamentó su decisión en la insuficiencia de prueba y el reiterado incumplimiento de los demandantes con las órdenes judiciales. Particularmente, los demandantes no cumplieron con los plazos establecidos para notificar y presentar la prueba pericial médica requerida para sustentar su reclamación. A pesar de múltiples órdenes, prórrogas y un apercibimiento con sanción económica, los demandantes no lograron cumplir cabalmente con los requisitos sobre la prueba pericial. Los demandados solicitaron la desestimación del caso ante la falta de cumplimiento. El TPI finalmente desestimó la demanda el 31 de enero de 2019. Los apelados no presentaron alegato en el Tribunal de Apelaciones. El tribunal procederá a resolver la apelación en los méritos basándose en el recurso presentado y la sentencia recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Central Drug Pharmacy. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. La demanda original fue incoada por Carlos Vega Meléndez y otros contra Central Drug y otros. Se alegó la existencia de un contrato verbal por el cual Vega Meléndez prestaría servicios para conseguir contratos con aseguradoras de salud para Central Drug. Como compensación, se acordó el pago de una comisión sobre los ingresos generados por dichos contratos, inicialmente del 35% y luego del 30%. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existió el contrato verbal, que incluía las comisiones reclamadas, y que Central Drug incumplió con el mismo. En consecuencia, el foro primario ordenó a Central Drug pagar el 30% de los ingresos correspondientes, luego de ciertas deducciones. Central Drug apeló esta determinación, solicitando su revocación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones concluye que la Sentencia Parcial apelada debe ser confirmada. Por tanto, se valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre la existencia del contrato, el derecho a las comisiones y el incumplimiento de Central Drug.

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El Consejo de Titulares del Condominio de Villas de Punta Guilarte Resort acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución, emitida el 25 de noviembre de 2019, denegó una solicitud de injunction presentada por el Consejo de Titulares. Adicionalmente, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la celebración de una vista para el 10 de diciembre de 2019. Esta vista tenía como fin dilucidar controversias pendientes relacionadas con la administración del condominio y la jurisdicción. El Consejo de Titulares argumentó que el TPI erró al denegar el injunction, concluir que existía controversia sobre la presidencia, dejar sin efecto acuerdos de asamblea e imponer una junta. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari, al tratarse de la revisión de una resolución y orden interlocutoria. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto solicitado. Consideró que el proceder del Tribunal de Primera Instancia al denegar el injunction y ordenar la vista resultaba adecuado y razonable.

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Este documento detalla una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una demanda por incumplimiento de contrato y daños. La apelante Enid Alicea Rivera demandó a Mapfre Pan American Insurance Company, alegando que la aseguradora subvaloró los daños a su propiedad y bienes muebles causados por el Huracán María. El tribunal de primera instancia desestimó el caso basándose en el argumento de Mapfre de "pago en finiquito", afirmando que Alicea Rivera había aceptado un pago que saldaba la reclamación. Alicea Rivera apeló esta desestimación. Alegó que el pago fue inadecuado y realizado de mala fe. Además, argumentó que no se cumplieron los requisitos para el "pago en finiquito", específicamente reclamando que su consentimiento estaba viciado. Manifestó que Mapfre no le informó adecuadamente sobre los detalles del ajuste de daños ni sobre el efecto completo de cambiar el cheque. Alicea Rivera sostuvo que existían controversias genuinas sobre la valoración de los daños, la buena fe de Mapfre y su entendimiento del supuesto finiquito. El documento expone el historial procesal y los argumentos presentados por ambas partes respecto a la desestimación.

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El señor Delvy Díaz Altagracia apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Pan American Insurance Company. La disputa surge de una reclamación de seguro por daños a su propiedad tras el Huracán María. El apelante alegó incumplimiento de contrato, mala fe y dolo por parte de la aseguradora, sosteniendo que subvaloró intencionalmente los daños. MAPFRE ajustó la reclamación y emitió pagos que, según la aseguradora, fueron aceptados por el demandante como pago total y final. El apelante, inconforme con el ajuste, presentó una demanda buscando una indemnización mayor y daños y perjuicios. MAPFRE solicitó sentencia sumaria basándose, entre otras cosas, en la defensa de pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de MAPFRE y desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora dicha determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre un caso de accidente de vehículo de motor. Pedro Carlos Román Eyxarch y Universal Insurance apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia previa declaró "Ha Lugar" una demanda por daños y perjuicios presentada por Ana Carmen O'Neill Font y Alfonso Miranda Daleccio. El caso se originó cuando Román Eyxarch arrolló a O'Neill Font en el estacionamiento de un centro comercial. El tribunal primario encontró a Román Eyxarch 90% negligente y a O'Neill Font 10% negligente. La señora O'Neill Font sufrió serias heridas en sus piernas, requiriendo hospitalización, cirugía y un doloroso proceso de recuperación. Los hechos probados detallan que el conductor no prestó atención mientras la peatón cruzaba y hacía señas. El Tribunal de Apelaciones confirma los dictámenes del foro primario respecto a la negligencia. No obstante, anuncia que procederá a modificar la sentencia apelada. La decisión final aborda la responsabilidad extracontractual por los daños causados.

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Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. DIRECTV Puerto Rico, LTD apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. DIRECTV había solicitado una sentencia declaratoria e injunction para impugnar la legalidad y constitucionalidad del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) municipal sobre los servicios de televisión satelital e internet. Argumentaba que el impuesto contravenía leyes locales y federales, incluyendo la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996. El foro primario desestimó la reclamación mediante sentencia sumaria. DIRECTV presentó múltiples señalamientos de error contra esa determinación. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Nicolás Touma Correa demandó a Jerry Aponte y Entrada MFG, Inc. alegando que Aponte incumplió un contrato de instalación de puertas y ventanas tras recibir un depósito sustancial. Aponte solicitó sentencia sumaria, argumentando que firmó el contrato únicamente como representante de la corporación, no a título personal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, determinando que existía una controversia genuina de hechos sobre la capacidad en la que Aponte suscribió el acuerdo. Inconforme, Aponte presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, solicitando la revisión de la decisión y la paralización de los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari y la moción en auxilio de jurisdicción. El tribunal apelativo concluyó que el foro primario actuó correctamente al encontrar una controversia fáctica que requería dirimir en un juicio plenario la capacidad personal de Aponte.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación sobre despido injustificado y represalias. La apelante, Glory Ruiz Maldonado, demandó a su antiguo patrono, Ambassador Veterans Services, Inc., tras ser despedida y suspendida. Alegó despido sin justa causa y represalias, reclamando indemnizaciones y daños. La parte querellada sostuvo que el despido respondió a una reestructuración bona fide de la empresa y la suspensión a desempeño deficiente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella. La Sra. Ruiz Maldonado apeló, argumentando que el tribunal de instancia interpretó erróneamente la prueba. Ambassador Veterans Services se opuso a la apelación, defendiendo la decisión del foro primario. El documento expone el trasfondo del litigio y el marco legal aplicable, particularmente la Ley 80 sobre Despidos Injustificados y la reestructuración como posible justa causa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de José A. Rosado Vázquez contra Puerto Rico Telephone Company. El apelante recurrió una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó varias de sus reclamaciones, incluyendo represalias y daños por violación a derechos constitucionales. La apelada, PRTC, solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, alegando que era prematuro. Argumentó que el foro primario aún tenía mociones pendientes de resolver relacionadas con el caso. El apelante se allanó a la petición de desestimación. El Tribunal de Apelaciones determinó que, conforme a la Regla 83 de su Reglamento, un recurso es prematuro si la determinación apelada no ha sido finalmente resuelta. Dado que el Tribunal de Primera Instancia reconoció tener mociones pendientes, el recurso fue presentado antes de tiempo. La presentación prematura priva al tribunal de jurisdicción, por lo que el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso.

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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Esnaider Santos Pérez solicitando la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. Mediante dicha Sentencia, el foro primario lo declaró culpable por asesinato en primer grado, dos cargos por tentativa de asesinato, uso de disfraz, y varias infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. Los hechos imputados ocurrieron el 7 de diciembre de 2015. Tras un juicio por tribunal de derecho, el Tribunal de Primera Instancia encontró al señor Santos Pérez culpable de todos los delitos imputados. Se le impusieron penas significativas, incluyendo 99 años por asesinato y penas consecutivas por los delitos de Ley de Armas. La pena total sumó 190 años de reclusión. Inconforme con dicha determinación, el apelante presentó el recurso ante este foro. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determina confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución en el recurso de apelación, acogido como certiorari, presentado por Nowska Marrero Albino contra Pedro Larragoity Rodríguez. La apelación busca la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Al incoar el recurso, la apelante no incluyó el apéndice requerido, solicitando un término adicional para presentarlo. El tribunal concedió la extensión solicitada para perfeccionar el recurso. No obstante, la apelante no presentó el apéndice dentro del término concedido. Ante este incumplimiento, el tribunal se ve obligado a desestimar la causa. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción y la falta de diligencia de la apelante en perfeccionar su recurso. La resolución enfatiza la obligación de las partes de cumplir fielmente con las normas reglamentarias para la presentación de recursos, incluyendo la inclusión del apéndice con los documentos esenciales.

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Se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó un reclamo de daños y perjuicios por insuficiencia de prueba. Los apelantes demandaron, alegando negligencia de un abogado notario (apelado) en transacciones de una propiedad. La controversia surge de la ejecución hipotecaria de la participación de un hermano del apelante en un inmueble. Interamerican Banking adquirió dicha participación en subasta, formalizándose la escritura por el notario apelado. Posteriormente, el mismo notario autorizó una escritura de compraventa de la totalidad del inmueble de Interamerican Banking a un tercero, a pesar de que Interamerican Banking solo poseía una cuota. Los apelantes responsabilizaron al notario por autorizar escrituras contradictorias sobre la misma propiedad. Tras transigir con otros codemandados, los apelantes continuaron el pleito contra el notario. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reclamación de daños contra el notario. La apelación busca revocar esa sentencia, mientras el notario apelado solicita la desestimación del recurso por motivos procesales relacionados con la moción de reconsideración. El caso se centra en la alegada negligencia del notario al formalizar las escrituras y sus consecuencias para los apelantes.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Midland Credit Management Puerto Rico, LLC demandó a Marcus R. Torres Skerrett por una deuda de tarjeta de crédito. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Midland Credit, ordenando al Sr. Torres pagar \$1,447.43 más costas y honorarios. El Sr. Torres apeló, alegando errores del foro primario. Sus argumentos incluyeron la falta de fianza por parte de la compañía demandante, la admisión de prueba de referencia inadmisible y testimonio sin conocimiento personal. También argumentó una aplicación incorrecta de la ley sobre el cálculo de intereses. Midland Credit se opuso, indicando que cumplió con los requisitos de fianza y que la prueba fue correctamente admitida. Tras evaluar los planteamientos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia apelada.

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Un grupo de empleados, originadores de préstamos hipotecarios, demandó a su empleador, SunWest, reclamando violaciones a leyes laborales de Puerto Rico y federales. Alegaron ser empleados no exentos con derecho a horas extras y periodos de alimentos, además de descuentos ilegales y salarios impagados. SunWest sostuvo que los empleados eran exentos bajo la ley aplicable y que toda compensación adeudada había sido satisfecha. El Tribunal de Primera Instancia resolvió una solicitud de sentencia sumaria, determinando que los empleados eran no exentos y tenían derecho a horas extras y periodos de alimentos. No obstante, esta determinación no resolvió la controversia de manera definitiva. Aspectos cruciales como las cuantías exactas adeudadas y el descubrimiento de prueba quedaron pendientes para una vista evidenciaria. El recurso fue acogido como un Certiorari por no tratarse de una resolución final. El pleito, iniciado bajo el procedimiento sumario, fue convertido a uno ordinario debido a su complejidad y el estado del descubrimiento de prueba.

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