Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 230)

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina una apelación presentada por el Consejo de Titulares del Condominio ESJ Tower. La apelación surge de una demanda original del Consejo para anular una convocatoria a asamblea de titulares y obtener interdictos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en su totalidad por falta de jurisdicción. Además, el tribunal de instancia ordenó el archivo con perjuicio del caso y condenó al Consejo al pago de $1,000 en honorarios de abogado por temeridad. El Consejo de Titulares apeló, argumentando que el TPI erró al determinar temeridad y al ordenar el archivo con perjuicio. Una co-demandada apelada solicitó la desestimación del recurso de apelación, a lo cual el Consejo se opuso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones inicia el análisis de los errores señalados por el apelante, comenzando por la imposición de honorarios por temeridad bajo la Regla 44.1 de Procedimiento Civil. El documento detalla el historial procesal relevante para la resolución de la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impugnación de confiscación vehicular. En mayo de 2016, la policía ocupó un vehículo Toyota Scion registrado a Quiles Auto Sales por presuntas violaciones, encontrando alteraciones en sus componentes. La Junta de Confiscaciones intentó notificar la confiscación por correo certificado en junio de 2016 a la dirección registrada en el DTOP. Las notificaciones fueron devueltas en julio de 2016 por "Insufficient Address". En abril de 2017, Roberto Quiles Quiles, d/b/a Quiles Auto Sales, presentó una demanda impugnando la confiscación. Alegó que no fue debidamente notificado, violándose su derecho al debido proceso, y que su dirección postal correcta era diferente a la utilizada. El Estado solicitó la desestimación por haber transcurrido el término de 30 días para impugnar. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la demanda en junio de 2019 por prescripción. El apelante recurre ante el Tribunal de Apelaciones contra dicha desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Ivette Rodríguez Rivera. La Sra. Rodríguez Rivera apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha sentencia la declaró culpable de homicidio negligente (Art. 96 C.P.), un delito menos grave. Se le impuso una pena de 3 años de sentencia suspendida y una multa de \$100. La acusación se originó por un accidente de tránsito en diciembre de 2016 que resultó en la muerte de un motociclista. La apelante argumentó que no se probó su negligencia y que la culpa recayó en el motociclista por no detenerse en una luz roja intermitente. Cuestionó la credibilidad de los testigos de cargo y la valoración de la prueba por el foro primario. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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Víctor Torres Medina presentó una demanda contra ASUME y sus hijas para que se declararan prescritas deudas de sustento y se eliminaran de los registros. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) archivó la demanda sin perjuicio al determinar que ASUME no fue emplazada correctamente. Inconforme, el señor Torres apeló la decisión del TPI ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones emitió una orden para mostrar causa por la cual el recurso no debía ser desestimado por prematuro. Esto se debió a que no constaba que la sentencia del TPI hubiera sido debidamente notificada, especialmente considerando que las co-demandadas fueron emplazadas por edicto. El apelante reconoció que la sentencia no fue notificada conforme a derecho y solicitó la desestimación de su apelación. El Tribunal de Apelaciones determinó que carece de jurisdicción para atender el recurso. La falta de jurisdicción surge porque la apelación fue presentada prematuramente al no haberse cumplido con la notificación adecuada de la sentencia apelada. Por consiguiente, se desestima el presente recurso apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Jadier A. Torres y Keila M. Carrasquillo Ortiz contra Mapfre Praico Insurance Company. Los apelantes demandaron a Mapfre por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María, alegando un pago insuficiente por los daños a su propiedad. Mapfre solicitó la desestimación o sentencia sumaria, invocando la doctrina de pago en finiquito. La aseguradora había enviado un cheque por $364.19$, identificado como pago final y total de la reclamación, el cual los apelantes endosaron y cobraron. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de Mapfre, aplicando la doctrina de pago en finiquito y ordenando el archivo con perjuicio de la demanda. Los apelantes recurrieron, señalando error en la aplicación de la doctrina y alegando controversias fácticas y mala fe de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Comparecen Bruce Lee Newbold y Daniel Earl Vaughn apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia declaró ha lugar una Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). BPPR había demandado a los apelantes en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por una deuda de más de \$211,000. BPPR solicitó sentencia sumaria sobre su demanda y la desestimación de la reconvención de los apelantes. Los apelantes se opusieron, alegando la existencia de controversias de hechos materiales, incluyendo el manejo de una solicitud de modificación de hipoteca y el incumplimiento de BPPR con la Reglamentación X. El TPI concedió la sentencia sumaria a favor de BPPR, ordenando el pago de la deuda y desestimando la reconvención. Los apelantes recurren, argumentando que el TPI erró al no reconocer controversias sobre la tenencia del pagaré y al desestimar su reconvención a pesar de los actos propios y la alegada mala fe de BPPR. Por los fundamentos que se expondrán, este panel revoca la Sentencia apelada.

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Se presenta una apelación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una acción de impugnación de filiación. El apelante había reconocido voluntariamente a una menor, pero años después, tras una prueba casera de ADN con resultado negativo, demandó para impugnar la paternidad y ser relevado de sus obligaciones. La apelada solicitó la desestimación alegando que la acción había caducado y que la menor no había sido incluida como parte indispensable. El apelante enmendó la demanda para incluir a la menor. Sin embargo, la menor fue emplazada más de un año después de que el apelante recibiera el resultado de la prueba de ADN que indicaba la no paternidad. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la acción había caducado. Resolvió que, aunque la demanda original se presentó a tiempo, la inclusión y emplazamiento de la menor, parte indispensable, ocurrió fuera del término legal, contado desde que el apelante conoció el resultado de la prueba de ADN. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada, validando la desestimación por caducidad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en apelación del Colegio San Benito de Mayagüez. El Colegio apela una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar demandas por despido injustificado. Las demandas fueron presentadas por los maestros Jessica Marie Dávila Vélez y Orlando Vázquez Gómez. El Colegio alegó que los despidos se debieron a la falta de acreditación de educación post secundaria por parte de los maestros. El TPI determinó que la Sra. Dávila trabajó como maestra regular de 2008 a 2016 con certificaciones vigentes hasta 2017 y desempeño eficiente. A pesar de la razón del despido, su expediente mostraba que cursaba un bachillerato con un número considerable de créditos aprobados. El TPI también determinó que el Sr. Vázquez trabajó como maestro regular de 2009 a 2016 con certificación vigente hasta 2017 y desempeño eficiente. Su despido también se basó en la falta de acreditación, pero su expediente indicaba que cursaba un bachillerato con créditos aprobados. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de los maestros, considerando probados estos hechos, y el Tribunal de Apelaciones revisa ahora esta determinación.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Dicha Sentencia había declarado Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por United Surety & Indemnity Company (USIC) y desestimado con perjuicio la demanda de Rosa Cruz Rivera. La señora Cruz había demandado a USIC por incumplimiento de contrato y daños, alegando que la aseguradora no le proveyó una compensación justa por los daños de huracán María. USIC solicitó la desestimación argumentando que la señora Cruz había aceptado un pago en finiquito al endosar y cambiar un cheque. La apelante se opuso, alegando que la oferta de pago no cumplía los requisitos legales y que USIC actuó de manera fraudulenta y de mala fe al obtener un consentimiento viciado por una suma muy inferior a los daños reales. La señora Cruz argumentó que existían hechos esenciales controvertidos que requerían un juicio en sus méritos. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó revocar la Sentencia apelada.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso trata sobre una apelación presentada por Iván Rodríguez Rentas en un pleito civil de daños y perjuicios. El apelante, actuando por derecho propio, solicitó la designación de un abogado de oficio y una compensación de \$50,000. La apelación provenía de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Sin embargo, el apelante incumplió con los requisitos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, no incluyó el apéndice ni los documentos necesarios para que el Tribunal pudiera examinar los méritos de la apelación. El Tribunal enfatiza que el perfeccionamiento del recurso es indispensable para adquirir jurisdicción. Al no haberse perfeccionado el recurso conforme a las reglas, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atenderlo. Por lo tanto, el Tribunal desestimó el recurso de apelación.

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