Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 227)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Willie Ferrer Nieves apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Edwing Cintrón Orengo. Ferrer Nieves reclamaba el pago por labor de reparación de un vehículo, alegando un costo total de \$1,795.00 de los cuales \$900.00 habían sido pagados. Cintrón Orengo, por su parte, sostuvo que el precio pactado era de \$1,000.00, que pagó \$900.00, pero el vehículo nunca fue reparado a pesar de estar nueve meses en el taller. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda de Ferrer Nieves y le ordenó pagar a Cintrón Orengo \$900.00 más costas, desestimando la reconvención. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, considerando los fundamentos expuestos, incluyendo la falta de contrato escrito y problemas con la prueba presentada por el apelante. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este caso es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Amilkarl Torres Díaz apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato por parte de MAPFRE en el manejo de una reclamación de seguro de propiedad tras el huracán María. Torres argumentó que MAPFRE no le ofreció una compensación justa por los daños a su hogar y actuó de mala fe. MAPFRE solicitó la desestimación o sentencia sumaria, alegando que Torres había aceptado un pago de \$12,501.51 tras firmar un "Proof of Loss", lo que constituía un finiquito total de la reclamación. MAPFRE también argumentó la falta de una parte indispensable. Torres se opuso, sosteniendo que existían controversias materiales sobre la evaluación de daños y la alegada mala fe de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia dio la razón a MAPFRE y desestimó el caso con perjuicio. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y el derecho aplicable. Concluyó que procedía revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de apelación presentado por Heriberto Nieves Justiniano. El apelante impugna la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, que lo declaró culpable de maltrato mediante amenaza, portación y uso de armas de fuego sin licencia, y daños. Por estos delitos, el foro primario lo sentenció a una pena total de nueve (9) años y seis (6) meses de reclusión. Los hechos imputados ocurrieron en septiembre de 2018 e incluyeron amenazas de muerte a una expareja, posesión ilegal de un arma de fuego y daños a su vehículo. El apelante argumentó en su recurso que la prueba presentada fue insuficiente para sostener la convicción por la violación a la Ley de Armas. Tras revisar el expediente, la prueba oral y documental, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. La sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de José del Carmen Hernández Quijano contra Lcda. Melitza De Jesús De Jesús, et als. El apelante presentó una Apelación Civil utilizando un formulario modelo, haciendo referencia a casos previos y alegando discrimen, además de solicitar litigar como indigente. El tribunal inicia su análisis enfatizando la obligación de todo ciudadano que apela, incluso por derecho propio, de perfeccionar su recurso conforme a los preceptos legales y reglamentarios. Se destaca la necesidad de observar rigurosamente las disposiciones sobre forma, contenido, presentación y notificación de los escritos. Se cita específicamente la Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que detalla los requisitos para el escrito de apelación civil, incluyendo el índice, el cuerpo con información específica del caso y los errores señalados. También se mencionan los documentos obligatorios que deben incluirse en el apéndice del recurso, como las alegaciones y la sentencia apelada. El tribunal subraya que el alegato y sus documentos acompañantes son los instrumentos esenciales para que pueda evaluar y resolver la controversia planteada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Nelsie López Girald. La apelante recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que la encontró culpable de infracción al Artículo 108 del Código Penal de 2012 (agresión menos grave). Los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2019 en Aguadilla, involucrando una disputa entre la apelante y una ajustadora de reclamaciones. Según la prueba presentada en el juicio, la apelante agredió físicamente a la querellante tras una discusión sobre una reclamación de seguro. La víctima testificó que la apelante la bloqueó, le habló de forma alterada y la empujó en el área del pecho. Un guardia de seguridad corroboró haber presenciado cuando la apelante empujó a la víctima. La apelante solicitó la revocación de la sentencia condenatoria. Tras considerar los escritos, documentos y transcripción de la prueba, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado. La sentencia de culpabilidad por agresión menos grave emitida por el Tribunal de Primera Instancia se mantiene.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación sobre liquidación de comunidad de bienes. El apelante, Michael Figueroa Ferreira, impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le denegó un crédito. Dicho crédito se reclamaba por aportaciones mensuales al pago de la hipoteca del hogar familiar, realizadas como parte de la pensión alimentaria. Tras el divorcio, se ordenó al apelante pagar \$758 mensuales para la hipoteca, suma que pagó mediante retención de ingresos. La apelada, Nitza del Carmen Mercado Ferreira, responsable de efectuar el pago hipotecario, incumplió, lo que llevó a una sentencia de ejecución de hipoteca en 2011. Al demandar la liquidación de bienes, el apelante solicitó crédito por las sumas pagadas para la hipoteca entre octubre de 2010 y febrero de 2013. El Tribunal de Primera Instancia denegó el crédito por falta de prueba sobre el estado de los pagos durante ese período. El apelante argumentó haber cumplido con el pago de la porción de la pensión destinada a la vivienda. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Rubén Muñiz Ruberté contra la ACAA. El apelante alega que la ACAA no le compensó ni le brindó servicios tras un accidente de 2009 y que su demanda por daños fue desestimada. Comparece pro se y solicita un abogado, admitiendo no haber presentado sus reclamaciones dentro de los términos. El Tribunal de Apelaciones evalúa el escrito presentado por el apelante. Nota que el escrito no incluye ninguna determinación del Tribunal de Primera Instancia o de la agencia administrativa que pueda ser revisada. El Tribunal explica que su función es revisar sentencias finales y decisiones administrativas finales. Concluye que carece de jurisdicción para atender el reclamo del apelante. Esto se debe a que no se presentó una determinación recurrida para que el foro apelativo pueda ejercer su competencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda para impugnar una donación como inoficiosa. La demanda original, presentada por las hijas del causante, buscaba anular la donación de una estructura en una finca hecha por su padre a su nieta. Las demandantes alegaron que la donación era inoficiosa porque la finca era el único bien del causante y afectaba su legítima hereditaria. La donataria (nieta) contestó la demanda, negando que la finca fuera el único bien y argumentando que la donación era válida. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía a la donataria y dictó sentencia sumaria a favor de las demandantes, anulando la donación. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al anotar la rebeldía, ya que la donataria había contestado la demanda. Asimismo, determinó que el TPI erró al resolver sumariamente la reclamación. El récord no permitía concluir que la propiedad donada fuera el único bien en el caudal del causante, existiendo una controversia de hechos esencial. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve el recurso presentado por la Sra. Marimar Nicole Hernández Sanabria contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El TPI había decretado el divorcio por ruptura irreparable y, de oficio, ordenado al Registro Demográfico expedir un nuevo certificado de nacimiento para la menor NNH, designando al Sr. Emmanuel Rivera Guzmán como padre. Esta orden se basó en la presunción de filiación matrimonial, a pesar de la declaración de la madre de que el esposo no era el padre. La apelante impugnó la determinación de paternidad, alegando que el TPI se excedió en sus facultades y aplicó incorrectamente la presunción. El Tribunal de Apelaciones examinó los autos y la prueba. Se revoca la parte de la sentencia apelada que ordenó la expedición del nuevo certificado de nacimiento para la menor NNH con el nombre del Sr. Emmanuel Rivera Guzmán como padre. Se confirma la sentencia del TPI en todo lo demás, incluyendo la disolución del vínculo matrimonial.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Samuel Pérez Díaz y Elizabeth Agrón Santiago. Impugnan una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato contra Cooperativa de Seguros Múltiples. El TPI aplicó la defensa de pago en finiquito, al entender que los demandantes aceptaron la liquidación total al endosar un cheque por daños tras el Huracán María. Los apelantes alegaron que su consentimiento fue viciado por dolo y que la defensa de pago en finiquito no procede en contratos de seguro de adhesión bajo la normativa de DACO y la política pública. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos incontrovertidos y los fundamentos de la apelación. Concluyó que la sentencia apelada debía ser revocada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que evalúa una apelación presentada por Jessica Vázquez Aponte. El recurso impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de daños y perjuicios. El Tribunal de Apelaciones aborda como prioridad el aspecto jurisdiccional de la apelación. Se detallan los términos jurisdiccionales para la presentación de recursos apelativos (30 días) y mociones de reconsideración (15 días), según las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se enfatiza que el incumplimiento de estos términos jurisdiccionales priva al tribunal de competencia para revisar el caso. La sentencia destaca la importancia de cumplir estrictamente con las normas que rigen el perfeccionamiento de las apelaciones. La observancia rigurosa de estas reglas es esencial para la procedencia del recurso.

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Comparece la parte apelante, Calixto Pérez Ostolaza y otros, solicitando la revocación de una sentencia sumaria. El foro primario desestimó su demanda contra MAPFRE PRAICO y MAPFRE PANAMERICAN por incumplimiento de contrato, mala fe y dolo. La demanda original alegaba que las aseguradoras incumplieron sus obligaciones tras el Huracán María al subvalorar daños y actuar de mala fe. Los apelantes imputaron a las aseguradoras dilación en la investigación, falta de entrega de la póliza y un pago inadecuado. Como defensa, las aseguradoras argumentaron que la reclamación fue resuelta mediante la figura del pago en finiquito. Sostuvieron que los apelantes aceptaron y depositaron un cheque de \$2,200.65 sin protesta. El tribunal primario acogió este argumento y dictó sentencia sumaria a favor de las aseguradoras. Los apelantes recurren, aceptando haber recibido el cheque, pero alegando que hubo vicio en el consentimiento debido a las actuaciones de mala fe y dolosas de las aseguradoras. Argumentan que procedía un juicio plenario para evaluar dichas actuaciones. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisará la procedencia de la sentencia sumaria apelada.

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Es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de apelación presentado por Torres \& Torres Certified Public Accountants \& Business Consultants, PSC, et als. La apelación impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Dicha sentencia concedió un desistimiento voluntario con perjuicio sobre dos causas de acción en una demanda previa. La demanda original, presentada por Avshalom Lubin Balkind, et als., incluía múltiples reclamaciones como incumplimiento de deberes fiduciarios, daños y violación de la Ley Contra el Crimen Organizado, relacionadas con un contrato de desarrollo energético. Los demandantes desistieron de las causas de acción relativas a la Ley General de Corporaciones y la Ley Contra el Crimen Organizado. El foro primario dictó el desistimiento con perjuicio pero sin imponer costas, gastos ni honorarios de abogado. Los apelantes argumentan que el tribunal de instancia erró al no imponer costas y honorarios, alegando que el litigio fue injustificado y frívolo durante siete años. El Tribunal de Apelaciones revisa si procedía la imposición de costas tras el desistimiento voluntario con perjuicio, considerando la Regla 44.1 de Procedimiento Civil.

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Apelantes demandaron a MAPFRE por incumplimiento de contrato y mala fe tras el ajuste de una reclamación por daños del Huracán María a su propiedad asegurada. Alegaron que la aseguradora subvaloró los daños y no pagó la totalidad de la pérdida. MAPFRE contestó que pagó una suma específica como pago total y final, la cual fue cobrada por los apelantes. La aseguradora presentó una moción de desestimación invocando la doctrina del pago en finiquito ("accord and satisfaction"). El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción y desestimó la demanda con perjuicio. Los apelantes recurrieron al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el pago en finiquito no aplicaba por vicio del consentimiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. En consecuencia, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los trámites procesales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Ali Soami Vargas Nieves, recurre contra la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original reclamaba compensación por lesiones sufridas al tropezar con equipo supuestamente colocado negligentemente por la parte apelada, Visual Premier Production. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al entender que la apelante no completó el diligenciamiento del emplazamiento por edicto ni presentó la prueba requerida dentro del término de 120 días. La apelante argumentó que el tribunal inferior interpretó erróneamente las reglas de procedimiento sobre emplazamiento por edicto y el término de 120 días, y que abusó de su discreción al desestimar la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, revoca la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de la desestimación de una demanda de cobro de honorarios de abogado por parte del Tribunal de Primera Instancia. La desestimación se impuso como sanción por el incumplimiento del demandante de una orden para anunciar nueva representación legal. Dicho incumplimiento ocurrió tras la renuncia de su abogada, mientras el demandante se encontraba fuera de Puerto Rico en entrenamiento militar. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al desestimar la demanda. Determinó que el incumplimiento con una orden no constituye una situación extrema que justifique una sanción tan severa, máxime cuando el demandante había comparecido activamente. Consideró que el incumplimiento estaba justificado por las circunstancias de la renuncia de la abogada y el servicio militar del demandante. Además, señaló que el TPI no advirtió directamente al demandante sobre las posibles consecuencias de no cumplir con la orden. Por estos fundamentos, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia desestimatoria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El TPI había desestimado una demanda por daños causados por el huracán María contra una aseguradora. La desestimación se basó en la doctrina de "pago en finiquito", argumentando que los demandantes cobraron cheques que indicaban ser liquidación total. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al aplicar esta doctrina de forma sumaria. El récord no demostró, como hechos incontrovertidos, que la aseguradora hiciera una oferta justa y razonable. Tampoco se probó que la aseguradora brindara la debida orientación a los asegurados. No quedó claro que los demandantes aceptaran el pago entendiendo que era una transacción final. Además, no se descartó la posibilidad de opresión o ventaja indebida por parte de la aseguradora. Los demandantes alegaron que los daños excedían los estimados y que no fueron informados de la implicación de cobrar los cheques. Por tanto, la aplicación sumaria del "pago en finiquito" fue incorrecta bajo estas circunstancias.