Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 151)

Resumen:

Un panel judicial resuelve un Recurso de Certiorari Civil presentado por Infopáginas, Inc. La Peticionaria solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria. El caso original fue iniciado por Osvaldo Encarnación (Recurrido) por incumplimiento de un contrato de distribución de directorios, alegando terminación unilateral e injustificada por parte de Infopáginas y reclamando daños. Infopáginas contestó la demanda alegando que el Recurrido incumplió primero con sus obligaciones contractuales, como no proveer listas de distribución o cumplir metas. Infopáginas argumentó que la terminación del contrato fue conforme a derecho tras notificar los incumplimientos. Posteriormente, Infopáginas enmendó la demanda para incluir a un co-demandado, alegando conspiración. Infopáginas presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria basándose en el alegado incumplimiento del Recurrido y la cláusula resolutoria del contrato. El foro primario denegó la sentencia sumaria por considerar que existían hechos en controversia. Por los fundamentos expuestos, el panel judicial DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado por Infopáginas.

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Comparecen los apelantes solicitando la revocación de una Sentencia sumaria parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria del Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc. (Auxilio Mutuo) y desestimó por prescripción la demanda en daños y perjuicios por impericia médica en su contra. Los apelantes habían presentado una demanda inicial contra Auxilio Mutuo en diciembre de 2015, la cual fue desistida sin perjuicio en abril de 2016. Posteriormente, radicaron una nueva demanda en abril de 2017, inicialmente sin incluir a Auxilio Mutuo. Auxilio Mutuo fue incluido como demandado mediante demanda enmendada en mayo de 2018. Auxilio Mutuo argumentó que la causa de acción en su contra había prescrito al momento de ser incluido en el segundo pleito. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la demanda contra Auxilio Mutuo estaba prescrita y dictó sentencia sumaria parcial a su favor. Los apelantes recurren ahora esa determinación.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la Petición de Certiorari presentada por Luis G. Burgos Rodríguez y la Moción en Auxilio de Jurisdicción. El peticionario solicitaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar su Solicitud sobre Expresión de Fundamentos. Burgos Rodríguez fue hallado culpable en 2008 de agresión sexual y violación a la Ley de Armas, recibiendo sentencias consecutivas. Alega que las condenas fueron emitidas sin jurisdicción, pues tras una desestimación previa por juicio rápido, el Ministerio Público presentó nuevas acusaciones sin iniciar un nuevo proceso con vista de causa probable para arresto, según la norma establecida en *Pueblo v. Camacho Delgado*. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de arresto del veredicto en 2008. En 2010, el Tribunal de Apelaciones confirmó las convicciones, resolviendo que la norma de *Camacho Delgado* no aplicaba retroactivamente a su caso. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones acuerda denegar el auto solicitado.

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Este recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico fue presentado por Elías Figueroa Liciaga contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnó la decisión del DCR de ratificar su clasificación de custodia máxima. Figueroa Liciaga cumple una sentencia de 166 años por delitos graves, incluyendo asesinato. Solicitó una modificación de custodia, pero el Comité de Clasificación y Tratamiento del DCR ratificó la custodia máxima. Esta decisión se fundamentó en la modificación discrecional "Historial de Violencia Excesiva", considerando la naturaleza de los delitos, a pesar de que su escala de reclasificación indicaba custodia mínima. El recurrente presentó una reconsideración, la cual fue denegada por el DCR. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la fundamentación de la clasificación y el uso de la modificación discrecional. Sin embargo, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La razón para la falta de jurisdicción fue la presentación prematura del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por el Consejo de Titulares de Urbanización Lirios Cala. El Consejo de Titulares solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de relevo de sentencia. Dicha moción buscaba anular una Sentencia previa del Tribunal de Apelaciones que había revocado un fallo del TPI a favor del Consejo en un caso de cobro de dinero contra la señora Gloria Damaris Laureano Molina. La Sentencia previa determinó que el cobro de cuotas de mantenimiento para un control de acceso declarado ilegal no procedía, aplicando la doctrina de cosa juzgada. El Consejo de Titulares alegó en su moción de relevo que la Sentencia previa era nula por falta de una parte indispensable, el Municipio de Juncos. La señora Laureano se opuso a la moción de relevo, argumentando, entre otros puntos, que era extemporánea. Tras evaluar el recurso de certiorari, este panel del Tribunal de Apelaciones deniega su expedición. Esta decisión valida la determinación del TPI de no conceder el relevo de sentencia solicitado por el Consejo de Titulares.

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Se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de daños y perjuicios. La apelada, Lissette Pagán Álvarez, demandó a Supermercados Máximo, Inc. y su aseguradora, INTEGRAND Assurance Company. La demanda se originó por una caída sufrida por la señora Pagán Álvarez en el supermercado el 10 de marzo de 2014. La caída ocurrió al resbalar en un piso mojado sin rotulación en el área de frutas, donde se usaba hielo. Como resultado, la demandante sufrió lesiones, principalmente en la rodilla derecha, que requirieron tratamiento médico extenso, incluyendo cirugía artroscópica y terapia. El Tribunal de Primera Instancia determinó que Supermax era responsable por los daños sufridos. Ordenó a los apelantes indemnizar a la señora Pagán Álvarez, modificando posteriormente el monto de la indemnización. Los apelantes solicitan al Tribunal de Apelaciones la revocación de dicha sentencia.

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Sentencia de un panel de jueces apelativos que resuelve un recurso de apelación presentado por Juan Crespo Acevedo y Ángela Ávila Rivera. Apelan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una Demanda Contra Terceros presentada por Gerardo Maldonado Ortiz. El caso original trataba sobre división de herencia y liquidación de gananciales. Gerardo, demandado original, presentó la demanda contra terceros contra los apelantes (dueños del terreno) reclamando crédito por mejoras. Incorporó por referencia sus alegaciones previas en la demanda contra terceros. Los apelantes contestaron que esas alegaciones incorporadas no requerían respuesta por referirse a la parte demandante original. El foro primario falló contra los apelantes, entendiendo que las alegaciones incorporadas fueron admitidas por falta de negación expresa, y les ordenó pagar daños. El tribunal apelativo revisó la decisión. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo REVOCA la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la Demanda contra Terceros.

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El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso presentado por Juan Fuentes Rivera contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que revocó su probatoria. La resolución recurrida impuso una pena de seis años de reclusión por infracción a la Ley de Sustancias Controladas. El Tribunal de Apelaciones aclaró que el recurso apropiado era el certiorari y ordenó al peticionario cumplir con los requisitos reglamentarios para perfeccionarlo. Tras evaluar el escrito de cumplimiento, el tribunal concluyó que el peticionario no demostró justa causa para el incumplimiento de las reglas. Aunque el recurso fue acogido como certiorari, el Tribunal de Apelaciones procedió a desestimarlo. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción para atender el caso en sus méritos. El tribunal enfatizó que la ausencia de jurisdicción es insubsanable y obliga a desestimar la reclamación sin entrar en el fondo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de revisión judicial presentados por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Asociación de Gerenciales y Supervisores. Los recursos impugnan una Decisión y Orden de la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) emitida el 9 de diciembre de 2020. Dicha decisión resolvió una Petición para Clarificación de Unidad Apropiada instada por el Programa de Solidaridad UTIER (PROSOL). PROSOL solicitó la inclusión de los puestos de Ingeniero I, Ingeniero en Entrenamiento y Técnico de Sistemas de Oficina en su unidad apropiada. La ACT y la Asociación se opusieron, alegando que los puestos eran gerenciales. La JRT acogió la petición de PROSOL y ordenó la inclusión de los puestos. La ACT y la Asociación recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal desestima los recursos presentados. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción se debe a que los recursos fueron presentados de forma tardía.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Asociación de Gerenciales y Supervisores de la Autoridad de Carreteras. Solicitan la revisión judicial de una Decisión y Orden de la Junta de Relaciones del Trabajo emitida el 9 de diciembre de 2020. La controversia original ante la Junta era una petición del Programa de Solidaridad UTIER (PROSOL) para clarificar su unidad apropiada. PROSOL buscaba incluir los puestos de Ingeniero I, Ingeniero en Entrenamiento y Técnico de Sistemas de Oficina. La ACT y la Asociación se opusieron, alegando que los puestos eran gerenciales. La Junta acogió el informe del Jefe Examinador y declaró Ha Lugar la petición de PROSOL, ordenando la inclusión de dichos puestos en su unidad. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de revisión presentados por la ACT y la Asociación. Sin embargo, el Tribunal desestimó los presentes recursos. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido a la presentación tardía de las revisiones judiciales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por Raymond Montalvo Rodríguez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnaba la determinación del Departamento de posponer su solicitud para el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico, notificada el 13 de febrero de 2020. Posteriormente, el recurrente solicitó reconsideración el 5 de octubre de 2020, la cual fue denegada por el Departamento el 19 de octubre de 2020 por haber sido presentada fuera del término reglamentario. El recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado el 1 de marzo de 2021. El Tribunal analizó la cuestión de la jurisdicción, que es prioritaria y no subsanable. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la revisión judicial debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la orden o resolución final de la agencia. El Tribunal concluyó que el recurso de revisión judicial fue presentado de forma tardía, mucho después del término establecido por ley. La presentación tardía constituye un defecto grave e insubsanable que priva al Tribunal de jurisdicción. Por tanto, el Tribunal desestima el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Providencia Morales Nieves y otros en un caso sobre Dominio Contradictorio. La apelación buscaba revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda original. Las partes apeladas, incluyendo Berrios Development Corp. y Omayra Nieves Nieves, argumentaron que el recurso de apelación no fue notificado correctamente a todos los apelados. Los apelantes sostuvieron haber cumplido con la notificación, incluso a través de una líder comunitaria. Los apelados replicaron que dicha notificación era defectuosa e insuficiente para representar a todos. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó que hubo una falta de notificación adecuada. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, un defecto insubsanable.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre varios recursos de revisión administrativa consolidados. Los recurrentes, empleados municipales, impugnaron la desestimación por falta de jurisdicción de sus apelaciones ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) contra el Municipio de Carolina. La controversia principal versa sobre reclamaciones de retribución, específicamente aumentos de sueldo por años de servicio. El Tribunal consolidó los casos por tratarse de la misma disputa. Se desestimó el recurso KLRA202000439 por radicación tardía ante el Tribunal. Respecto a los demás recursos (KLRA202000416, KLRA202000514, KLRA202000515, KLRA202000516, KLRA202000517, KLRA202000518 y KLRA202000519), el Tribunal revocó las resoluciones de la CASP. El Tribunal determinó que la CASP erró al desestimar estos casos por falta de jurisdicción. Por tanto, ordenó la devolución de estos siete casos a la CASP para que sean adjudicados en sus méritos.

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Varios miembros de la Policía Municipal de Carolina reclamaron al Municipio aumentos de sueldo por años de servicio. Al no obtener respuesta, apelaron ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP desestimó sus recursos por falta de jurisdicción para entender en los mismos. Los recurrentes impugnaron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Tribunal consolidó varios de estos recursos por tratarse de la misma controversia. Mediante Sentencia, el Tribunal desestimó uno de los recursos (KLRA202000439) por radicación tardía ante esta Curia. Con relación a los demás recursos consolidados, el Tribunal revocó las Resoluciones de la CASP. Determinó que la CASP erró al desestimar los casos por falta de jurisdicción. Por tanto, ordenó devolver los casos restantes a la CASP para que sean adjudicados en sus méritos.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari presentada por Carlos Antonio Ortiz Abrams y la Sucesión de Vicente Ortiz Colón. La petición busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito de cobro de dinero ordinario. En el pleito subyacente, los peticionarios demandaron a la Unión Independiente Auténtica Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA) reclamando honorarios de abogado de un caso anterior donde representaron a la UIA. La controversia específica que motiva el certiorari es la negativa del TPI a descalificar al Lcdo. Arturo O. Ríos Escribano como representante legal de la UIA en el pleito de cobro de dinero. Los peticionarios argumentaron que la representación previa del Lcdo. Ríos Escribano a la UIA en el caso original de los honorarios creaba un conflicto de interés, al poder convertirse en testigo. La UIA se opuso a la descalificación, negando la intención de que el abogado testificara y alegando falta de fundamentos. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de descalificación. El Tribunal de Apelaciones examina ahora las comparecencias para resolver la petición de certiorari sobre esta determinación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Héctor R. Chévere Torres, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su Moción de Desestimación en una demanda de cobro de dinero presentada por el Condominio Astralis Residences \& Club. Chévere Torres argumentó que la reclamación era contractual contra la corporación MP Elevator, Inc., y no procedía en su contra en carácter personal. El foro primario había determinado que las alegaciones de la demanda presentaban una reclamación plausible contra el peticionario. Inconforme, Chévere Torres acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Panel IX del Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado.

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Se presenta una "Moción en Apelación" por Daniel Rivera Colón reiterando su inocencia sobre daños imputados, sin aludir a un dictamen específico del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para revisión. Este recurso fue desglosado de un caso anterior (KLRA202100015) donde ya se había dictado sentencia. La sentencia en el caso anterior desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación prematura, ya que el recurrente apeló antes de ser notificado de la resolución del DCR sobre su solicitud de reconsideración. El Tribunal reitera que un recurso presentado prematuramente carece de eficacia y priva al tribunal de jurisdicción. La sentencia previa ordenó al DCR notificar personalmente al recurrente la resolución de reconsideración. El término de 30 días para apelar ante el Tribunal de Apelaciones comienza a contar a partir de dicha notificación personal. Por tanto, el presente recurso también es prematuro. El recurrente debe esperar la notificación del DCR antes de presentar un nuevo recurso dentro del término legal.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Varios recurrentes, empleados del Municipio de Carolina, impugnaron la desestimación de sus apelaciones por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había desestimado sus reclamos sobre retribución por falta de jurisdicción. El Tribunal consolidó los recursos de revisión administrativa por tratarse de la misma controversia. La sentencia desestima uno de los recursos (KLRA202000439) por radicación tardía ante el Tribunal. Con relación a los demás recursos consolidados, el Tribunal revoca las resoluciones de la CASP. Determina que la CASP erró al desestimar los casos por falta de jurisdicción. Ordena la devolución de estos casos a la CASP para que sean adjudicados en sus méritos.

Resumen:

Varios empleados del Municipio de Carolina recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones tras la desestimación de sus apelaciones por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había determinado que carecía de jurisdicción para entender en sus reclamaciones sobre retribución. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos por tratarse de la misma controversia. Se desestimó el recurso KLRA202000439 por haber sido radicado tardíamente ante el Tribunal. Sin embargo, para los demás recursos consolidados, el Tribunal encontró que la CASP erró al desestimar los casos por falta de jurisdicción. Por tanto, se revocaron las Resoluciones recurridas de la CASP. Los casos KLRA202000416, KLRA202000514, KLRA202000515, KLRA202000516, KLRA202000517, KLRA202000518 y KLRA202000519 fueron devueltos a la CASP. La CASP deberá ahora adjudicar estos casos en sus méritos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve recursos de revisión administrativa consolidados. Los recurrentes, empleados del Municipio de Carolina, impugnaron la desestimación de sus apelaciones por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) por supuesta falta de jurisdicción. Las apelaciones originales ante la CASP versaban sobre reclamos de retribución, específicamente aumentos de sueldo por años de servicio. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos debido a la controversia común. La Sentencia desestimó uno de los recursos (KLRA202000439) por radicación tardía ante el Tribunal. Respecto a los demás recursos (KLRA202000416, KLRA202000514, KLRA202000515, KLRA202000516, KLRA202000517, KLRA202000518 y KLRA202000519), el Tribunal revocó las resoluciones de la CASP. El Tribunal determinó que la CASP erró al desestimar estos casos por falta de jurisdicción. Por tanto, ordenó la devolución de estos casos a la CASP para que sean adjudicados en sus méritos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo recursos de revisión administrativa. Varios recurrentes, empleados del Municipio de Carolina, impugnaron decisiones de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Los reclamos originales ante la CASP versaban sobre retribución. La CASP había desestimado los recursos por falta de jurisdicción. Los recurrentes acudieron al Tribunal de Apelaciones, que consolidó los casos. El Tribunal desestimó uno de los recursos (KLRA202000439) por radicación tardía. Respecto a los demás recursos, el Tribunal revocó las resoluciones de la CASP. Determinó que la CASP erró al desestimar los casos por falta de jurisdicción. Ordenó la devolución de los casos restantes a la CASP. La CASP deberá ahora adjudicar los méritos de los reclamos de retribución.

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Guillermo Rosario Guzmán solicitó la custodia monoparental de su hija, cuya custodia legal ostentaba la abuela materna, Isabelita López Ortiz, según una determinación previa. El padre presentó una demanda alegando su capacidad y el deseo de la menor de vivir con él. La abuela contestó la demanda, afirmando tener la custodia legal y que la menor se rehusaba a relacionarse con el padre. El Tribunal de Primera Instancia confirmó la custodia de la abuela y ordenó la inclusión de la madre de la menor como parte, quien luego fue declarada en rebeldía. El foro primario también refirió el caso a Trabajo Social Forense para un estudio de custodia y relaciones filiales. El padre solicitó que se dictara sentencia por las alegaciones, argumentando que su petición de custodia era el único remedio procedente. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, señalando que la abuela había contestado la demanda y participado en la evaluación social. El padre acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para dejar sin efecto dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones, en esta Resolución, deniega la expedición del auto solicitado. Con ello, se confirma la decisión del foro primario de no dictar sentencia por las alegaciones en el pleito de custodia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión judicial presentada por el confinado Cruz Adrián Núñez Suárez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El peticionario alegó que el Superintendente de su institución violó su debido proceso y reglamento disciplinario al suspenderle servicios y usar su poder de forma ilegal y excesiva. Solicitó la intervención inmediata del tribunal y un mandato para restablecer derechos relacionados con recreación, disciplina, registros, artículos personales, actividades religiosas y recepción de artículos. También pidió la invalidación de ciertos reglamentos internos por considerarlos inconstitucionales. El tribunal consideró la política pública sobre las instituciones correccionales, que requiere disciplina rigurosa y seguridad. Mencionó la existencia de un reglamento administrativo para que los confinados presenten solicitudes de remedios. Por las razones expuestas, el tribunal determinó desestimar el recurso incoado por el peticionario.

Resumen:

Varios recurrentes, empleados del Municipio de Carolina, acudieron al Tribunal de Apelaciones tras decisiones de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Los recurrentes habían presentado apelaciones ante la CASP reclamando retribución, específicamente aumentos de sueldo por años de servicio. La CASP desestimó sus recursos por entender que carecía de jurisdicción para atenderlos. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos por tratarse de la misma controversia. Tras revisar los recursos, el Tribunal desestimó uno de los casos por radicación tardía. Sin embargo, revocó las resoluciones de la CASP en los demás casos. El Tribunal determinó que la CASP erró al desestimar los recursos por falta de jurisdicción. Por tanto, ordenó la devolución de estos casos a la CASP para que los adjudique en sus méritos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. El recurrente, Pablo Estevez González, impugnó una resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección. Dicha resolución inicial lo reclasificó de custodia mediana a máxima. El señor Estevez presentó un recurso de revisión administrativa contra esta decisión. Posteriormente, el Comité emitió una nueva resolución que lo reclasificó de vuelta a custodia mediana. A pesar de esta última resolución administrativa, el recurrente presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro. Se citó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y la doctrina del Tribunal Supremo sobre la ineficacia de los recursos prematuros.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre alimentos. El peticionario, César E. Sainz Rodríguez, recurre una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación lo encontró incurso en desacato por incumplimiento en el pago de pensión alimentaria provisional. La pensión provisional, establecida en marzo de 2019, ascendía a \$2,075 mensuales más otros gastos directos para sus tres hijas. El peticionario solicitó una rebaja de la pensión, alegando una severa afectación económica por la pandemia de COVID-19 que paralizó su negocio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la rebaja y, tras una vista, lo declaró en desacato por una deuda acumulada. Le impuso un plan de pago para la deuda y le ordenó continuar pagando la pensión regular. El peticionario impugnó esta orden ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y modificó la resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguros. Triple-S Propiedad Inc. solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. El caso se originó tras el huracán María, cuando Gianna Laura Apartments reclamó daños a su propiedad asegurada por Triple-S, ascendiendo a más de \$9 millones. Ante la negativa de Triple-S a pagar el monto reclamado, Gianna Laura cedió sus derechos de reclamación a Attenure Holdings Trust 11 y otorgó poder a HRH Property Holdings, LLC. Posteriormente, Gianna Laura, Attenure y HRH demandaron a Triple-S. Triple-S argumentó que la demanda debía desestimarse porque la póliza prohibía la cesión de derechos sin su consentimiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari pero confirmó el dictamen recurrido, manteniendo la decisión de no desestimar la demanda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Luis E. Lebrón Laureano. El peticionario, quien cumple una sentencia de 233 años, presentó un recurso de Certiorari solicitando la revisión y modificación de su sentencia impuesta por el Tribunal de Primera Instancia. Alega haber presentado previamente una moción de reconsideración en la instancia inferior que fue denegada. El Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso incoado. La desestimación se fundamenta en que el recurso incumple con los requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento. Adolece de serios defectos, como la falta de un índice detallado, una relación fiel de los hechos procesales y un apéndice con los documentos pertinentes del Tribunal de Primera Instancia. Específicamente, no se incluyó copia de la moción de reconsideración ni de su denegatoria. Debido a estos incumplimientos, el Tribunal no puede asumir jurisdicción para atender el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari. SF IV La Trinidad, LLC solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden mantuvo paralizados los procedimientos en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La paralización se basó en un procedimiento de quiebras instado por la parte recurrida, La Trinidad Elderly L.P., S.E. Las partes habían llegado a un acuerdo transaccional que resultó en una sentencia a favor de SF IV. La Trinidad instó dos peticiones de quiebras bajo el Capítulo 11, ambas desestimadas por la Corte de Quiebras. A pesar de la desestimación de la segunda quiebra, el foro primario mantuvo la paralización argumentando que la desestimación no era final y firme. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso de certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. Finalmente, revocó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo múltiples recursos de revisión administrativa consolidados. Los recurrentes, empleados del Municipio de Carolina, impugnaron la desestimación de sus apelaciones por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La controversia principal versa sobre reclamos de retribución. La CASP había desestimado los casos por entender que carecía de jurisdicción. El Tribunal consolidó los recursos por tratarse de la misma controversia. Se desestimó uno de los recursos (KLRA202000439) por radicación tardía ante el Tribunal. Respecto a los demás recursos, el Tribunal revocó las resoluciones de la CASP. Determinó que la CASP sí tenía jurisdicción para atender los reclamos de retribución. Por tanto, ordenó la devolución de los casos a la CASP para que sean adjudicados en sus méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por Sigfredo Collazo Ortiz. El peticionario solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que sostuvo una orden de desalojo en su contra. Dicha orden de desalojo se decretó como parte del cumplimiento de una Orden de Protección Ex parte emitida a favor de su esposa, Angela R. Camacho Toro, bajo la Ley 148 para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual. El señor Collazo Ortiz también presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción para paralizar el desalojo. Alegó que la residencia es privativa y que necesita permanecer en ella debido a una incapacidad y una cama especializada. Tras examinar el recurso y la moción, el Tribunal de Apelaciones denegó tanto la solicitud en auxilio de jurisdicción como la expedición del auto de Certiorari.

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Kevin Miguel Pérez Soto, acusado de asesinato en primer grado y otros delitos, presentó una moción para suprimir la identificación en su contra. Alegó que el procedimiento de identificación fotográfica fue sugestivo y poco confiable. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista y denegó la moción, concluyendo que la identificación realizada por el testigo fue libre, espontánea y confiable. El peticionario solicitó reconsideración, la cual también fue denegada. Insatisfecho, Pérez Soto acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Petición de Certiorari. Argumentó que el foro primario erró al no suprimir la identificación, violando su debido proceso. El Ministerio Público se opuso, defendiendo la decisión recurrida. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones, por mayoría, resolvió denegar el auto discrecional solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Pascual García Flores, solicitó la revocación de órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre incumplimiento de contrato. Dichas órdenes declararon no ha lugar mociones del peticionario relativas a remedios provisionales. El peticionario buscaba que la recurrida, Nancy Osiris Contreras Beltrán, cesara la administración de un apartamento objeto de la controversia. Solicitaba ser designado él o un tercero para encargarse de la administración y arrendamiento del inmueble. El Tribunal de Primera Instancia denegó sus peticiones. Inconforme, el peticionario presentó certiorari alegando errores del TPI al dilatar vistas y denegar sus solicitudes. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y la petición. Decidió resolver sin requerir alegato de la parte recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una disputa sobre el acceso a información pública. Los fideicomisos Attenure Holdings demandaron a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) bajo la Ley Núm. 141-2019 tras no obtener documentos solicitados. Los fideicomisos pidieron comunicaciones entre la OCS y las aseguradoras Triple-S y MAPFRE relacionadas con casos específicos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones, así como borradores de un escrito presentado por la OCS en esos casos. Attenure también solicitó información detallando cómo la OCS realizó su búsqueda inicial, especialmente después de que la OCS afirmara que ciertas comunicaciones no existían. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la OCS entregar la información. La OCS apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y finalmente confirmó la resolución del tribunal inferior, reafirmando el derecho de Attenure a acceder a la información pública solicitada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por Benito Pérez Avilés contra el Municipio de Carolina. El recurrente, policía municipal, reclamaba aumentos salariales correspondientes a los años 2013 y 2018. Tras no recibir respuesta del Municipio a su solicitud, apeló ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP desestimó la apelación por falta de jurisdicción, al considerar que el término de 30 días para apelar había vencido. La CASP calculó el término desde las fechas en que los aumentos eran supuestamente adeudados (2013 y 2018). El recurrente argumentó que el término debía contarse desde su reclamo formal al Municipio en agosto de 2019. El Tribunal de Apelaciones revisó la Resolución de la CASP. Mediante esta Sentencia, el Tribunal REVOCA la Resolución recurrida.

Resumen:

Un confinado solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que gestionara la recuperación de sus pertenencias dejadas en una institución federal tras su traslado. La División de Remedios Administrativos del DCR desestimó la solicitud por falta de jurisdicción, al considerar que el asunto estaba fuera de sus instalaciones. El confinado pidió reconsideración, la cual fue denegada por los mismos motivos. Posteriormente, el confinado presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la determinación del DCR. El tribunal, al revisar el caso, considera los principios de jurisdicción y los requisitos reglamentarios para la presentación de recursos de revisión administrativa. El documento detalla el proceso administrativo previo y la etapa inicial de la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado y represalias. La señora Jackeline Burgos Santiago demandó a su empleador, SNC Technical Services, LLC y otros, alegando que fue despedida sin justa causa y en retaliación por presentar una queja. SNC solicitó sentencia sumaria, argumentando que el despido estuvo justificado por la conducta de la empleada y que no hubo represalias al no existir una queja protegida o conocimiento de la misma por quien tomó la decisión. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria, entendiendo que existían controversias de hechos materiales sobre la presentación de la queja y la caracterización de la conducta. SNC recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando la determinación del foro primario. SNC sostuvo que el TPI erró al no dar por admitidos hechos no refutados y al interpretar erróneamente la evidencia sobre la alegada queja. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Las reclamaciones de la señora Burgos Santiago fueron desestimadas con perjuicio.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución en un recurso de certiorari instado por la Sra. Maira Torres Torres. La Sra. Torres solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su segunda moción de desestimación. La moción de desestimación se basaba en alegados errores e insuficiencias en el diligenciamiento del emplazamiento en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por Banco Popular. Inicialmente, la Sra. Torres argumentó un error en su nombre en la demanda y el primer emplazamiento. Tras enmendarse la demanda y realizarse un segundo emplazamiento, la Sra. Torres planteó que este no se diligenció dentro del plazo reglamentario desde la demanda original y que la certificación del diligenciamiento carecía del día. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, ordenando a la Sra. Torres presentar su alegación responsiva. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, decidió prescindir de la comparecencia de la parte recurrida. Finalmente, el Tribunal declinó ejercer su función revisora, denegando la expedición del auto de certiorari y declarando no ha lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso presentado por Magda Ivonne Estrella Rivera, identificado como apelación pero acogido como certiorari. El recurso buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Solicitud de Relevo bajo la Regla 49.2 en un caso de partición de herencia. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción para entender en el recurso. Tras revisar el expediente, el panel concluyó que carecía de jurisdicción sobre la materia. La falta de jurisdicción se fundamentó en que el recurso fue presentado fuera del término estricto dispuesto por ley. La presentación tardía o prematura de un recurso constituye un defecto insubsanable que impide al tribunal entrar a resolver los méritos. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones, actuando conforme a su obligación de velar por su propia jurisdicción y citando la Regla 83 de su Reglamento, resolvió desestimar el recurso.

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El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apela una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de impugnación de confiscación de vehículo. El vehículo fue confiscado tras una intervención policial donde se alegó posesión de sustancia controlada por uno de los apelados. Dicho apelado fue posteriormente declarado no culpable en el proceso penal relacionado. Los apelados en el caso civil solicitaron sentencia sumaria, argumentando que la absolución en el caso criminal impedía la confiscación bajo la doctrina de impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento, dictó sentencia sumaria a favor de los apelados y ordenó la devolución del vehículo. El foro primario concluyó que no procedía la confiscación al no haberse probado el delito base. El Estado apeló, cuestionando la aplicación del impedimento colateral. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro de instancia. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición presentada por José M. Pérez Pagán, acogida como certiorari, para revisar una enmienda *nunc pro tunc* a sus sentencias condenatorias. La enmienda, notificada en agosto de 2020, aclaraba que la condena resultó de un juicio por tribunal de derecho y no de una alegación de culpabilidad. El Tribunal determinó que esta modificación no afectaba sustantivamente las sentencias originales ni los derechos del peticionario. La Oficina del Procurador General solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal recordó su estándar de no intervenir con la discreción del foro primario salvo en casos de craso abuso o error que cause perjuicio sustancial. Tras evaluar la petición, el Tribunal concluyó que no se demostró error alguno por parte del Tribunal de Primera Instancia que justificara su intervención. En consecuencia, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

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Un panel judicial evaluó una solicitud del Pueblo de Puerto Rico para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había declarado Con Lugar una Moción In Limine presentada por Cristian Joel Otero Robles, acusado de infracción al Artículo 5.07B de la Ley de Vehículos y Tránsito (manejo negligente causando lesiones). La moción de Otero buscaba impedir la presentación de prueba relacionada con alcohol, argumentando que no fue acusado por conducir ebrio y que dicha evidencia, con un nivel de alcohol por debajo del límite legal, causaría confusión y perjuicio al jurado. El Pueblo se opuso, sosteniendo que la prueba de embriaguez es pertinente para demostrar factores que constituyen la negligencia imputada. El TPI, tras evaluar los argumentos y la prueba, excluyó la evidencia bajo la Regla 403 de Evidencia, al considerar que su valor probatorio era superado por el riesgo de perjuicio. Inconforme, el Pueblo presentó un recurso de Certiorari. El panel, tras examinar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso presentado por Sierra Club y Ciudadanos del Karso. El recurso buscaba la revisión judicial de la Orden Administrativa Núm. 2020-17 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Dicha orden aprobó un nuevo listado y requisitos para las Exclusiones Categóricas en los procesos de evaluación ambiental. Los recurrentes alegaron que la orden era nula por modificar el Reglamento Núm. 8858 sin seguir el procedimiento administrativo requerido, incluyendo la falta de vistas públicas. Argumentaron que la orden era *ultra vires* al alterar definiciones y potencialmente eliminar la obligatoriedad de Declaraciones de Impacto Ambiental en casos de impacto significativo. El DRNA y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) solicitaron la desestimación. Las agencias recurridas argumentaron que la orden fue emitida legalmente y que las órdenes administrativas no son revisables por este foro. Además, informaron que la Orden Administrativa Núm. 2020-17 había sido derogada por una orden posterior (Núm. 2021-024). El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de cuotas de mantenimiento de condominio. El Consejo de Titulares demandó a PRCI Loan CR, LLC, quien adquirió una unidad mediante ejecución hipotecaria, por cuotas atrasadas. PRCI Loan CR, LLC argumentó que la escritura matriz del condominio lo eximía del pago de deudas anteriores a su adquisición. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del Condominio, declarando nula la disposición de la escritura matriz por ser contraria a la Ley de Condominios y considerando al adquirente voluntario. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Concluyó que la disposición de la escritura matriz que exime del pago de cuotas atrasadas a quien adquiere en ejecución hipotecaria es válida. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La decisión valida la cláusula de la escritura matriz que protege a los adquirentes en ejecución hipotecaria de la deuda previa por mantenimiento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación criminal. El apelante, Víctor A. Sánchez Serrano, solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia lo declaró culpable de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Por estos delitos, fue condenado a cumplir una pena de 114 años de cárcel. El apelante argumentó que su confesión fue obtenida ilegalmente mediante coacción e intimidación. El Ministerio Público sostuvo que la confesión fue libre y voluntaria tras recibir las advertencias legales. El Tribunal de Primera Instancia había declarado No Ha Lugar la moción de supresión de confesión, validando el arresto y la confesión. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari instado por Petsmart. El recurso buscaba revisar una Minuta del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de daños por caída. Durante una Conferencia con Antelación a Juicio, el TPI permitió a los demandantes contratar un nuevo perito ortopeda y extendió el término para rendir un informe pericial adicional. Petsmart impugnó esta determinación, alegando que el TPI erró al prohibirle usar el perito original de la demandante a menos que se extendiera el descubrimiento y se permitiera una segunda opinión favorable. El Tribunal de Apelaciones examina la Regla 32(b) de las Reglas para la Administración del TPI, que establece los requisitos para que una Minuta sea eficaz a efectos de activar términos procesales. Concluye que, por los fundamentos que expondrá, procede DESESTIMAR el recurso de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. Los demandantes, Jorge L. Villegas Collazo y Ana María Martínez Torres, demandaron al Municipio de San Juan y su aseguradora QBE Seguros. Alegaron que la negligencia del Municipio al no atender sus reclamos sobre un árbol peligroso en terreno municipal causó daños a su propiedad y angustias mentales cuando el árbol cayó durante el Huracán Irma. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda, ordenando el pago de compensaciones por angustias mentales, pérdida de disfrute de la terraza, el deducible de seguro y temeridad. Inconformes, el Municipio y QBE apelaron, señalando múltiples errores en la decisión del TPI, incluyendo la determinación de negligencia sin prueba, la concesión de daños sin sustento probatorio y la omisión de considerar la fuerza mayor. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la sentencia apelada y, así, confirmarla.

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José A. Santos Delgado, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), solicitó la revisión judicial de una determinación administrativa. Dicha determinación, emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del DCR, ratificó su nivel de custodia mediana. El recurrente argumentó que, según la escala de clasificación y su conducta ejemplar, debía ser reclasificado a custodia mínima. El CCT y la Oficina de Clasificación del DCR denegaron la reclasificación basándose en una modificación no discrecional. Esta regla requiere custodia mediana para confinados a quienes les restan más de 15 años para ser elegibles a libertad bajo palabra. Al señor Santos le restaban más de 26 años para dicha elegibilidad. El recurrente impugnó la decisión ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error y contravención al mandato constitucional de rehabilitación. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, la sentencia del Tribunal confirmó la determinación recurrida del DCR, manteniendo la clasificación de custodia mediana.

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