Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 150)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Supermercados Máximo, Inc. y AGSM apelaron dicha sentencia, que declaró con lugar la demanda por daños y perjuicios presentada por el Sr. Jorge I. Vallejo Romeu. El señor Vallejo reclamó indemnización tras sufrir una caída en un pasillo mojado del supermercado Supermax, alegando negligencia por la falta de mantenimiento y advertencias sobre la condición peligrosa. Supermercados admitió la condición del piso mojado por una gotera, pero negó responsabilidad, atribuyendo culpa al demandante o a daños preexistentes. Además, Supermercados demandó a la dueña del centro comercial, BPP Retail, argumentando que la gotera provenía del techo bajo su responsabilidad. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del señor Vallejo. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de despido injustificado. Steel Services & Supplies, Inc., la parte peticionaria, solicitó un recurso de certiorari para revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había denegado una solicitud de descubrimiento de prueba presentada por Steel Services. La prueba solicitada era un diario personal que el empleado despedido, Benjamín Figueroa Ortiz, admitió tener y que contenía notas sobre su trabajo y el caso. Steel Services argumentó que el diario era pertinente para la controversia. El Tribunal de Primera Instancia denegó el descubrimiento, considerando que el diario no era pertinente y que su divulgación afectaría la intimidad del empleado. Steel Services recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, DENEGÓ la expedición del recurso de certiorari. Esto significa que la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no ordenar el descubrimiento del diario se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia de la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP) en un caso entre Jesús Castro Cruz y el Municipio de Caguas. El recurrente impugnó la Resolución de la CASP que ordenó el cierre y archivo con perjuicio de su apelación. Dicha apelación, presentada en 2012, incluía reclamaciones de discrimen, solicitud de reclasificación de puesto y objeciones a una evaluación de desempeño. La CASP desestimó la reclamación de discrimen por falta de especificidad y jurisdicción. Determinó que las alegaciones sobre la evaluación y la reclasificación fueron presentadas fuera de término. Además, consideró que el asunto de la reclasificación ya había sido resuelto en una decisión previa de 2014, constituyendo cosa juzgada. El recurrente argumentó ante el Tribunal de Apelaciones que el Municipio carecía de una clasificación adecuada, debió crear un puesto para él, se enriqueció injustamente y lo discriminó. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Resolución emitida por la CASP.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de *certiorari* presentado por Orlando Rodríguez Díaz. El peticionario impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de orden de protección contra Jarielys Cabrera Cosme bajo la Ley Núm. 54. Dicha resolución también concedió la custodia provisional del menor hijo de las partes a la señora Cabrera. El señor Rodríguez alegó errores en la valoración de la prueba por el foro primario y en su determinación de custodia provisional. El Tribunal de Apelaciones acogió la apelación como *certiorari* y examinó el expediente, incluyendo la transcripción de la prueba oral. Tras considerar los argumentos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del recurso de *certiorari*.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la reclasificación de custodia del confinado Celso Romero Figueroa. El Departamento decidió mantener al recurrente en custodia mediana. El señor Romero Figueroa apeló, argumentando que a pesar de su buen ajuste y una puntuación que sugería custodia mínima, se le mantuvo en mediana basándose únicamente en su larga sentencia. El Departamento aplicó una modificación no discrecional del manual que exige custodia mediana para confinados con más de 15 años restantes para la fecha de libertad bajo palabra. El recurrente cuestionó la aplicación de una enmienda al manual posterior a su ingreso en custodia mediana, alegando una aplicación ex post facto y que la evaluación fue un mero formalismo. Tras evaluar los planteamientos de las partes y la normativa aplicable, el Tribunal resolvió confirmar la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Juan Carlos Díaz Vicens. El peticionario solicitó dejar sin efecto dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso civil sobre liquidación de bienes gananciales y difamación. La primera determinación denegó una moción para descalificar la representación legal de los recurridos, Cristina Cueto Fuster y Alberto Vázquez Sánchez. Díaz Vicens argumentó un conflicto de interés en la representación simultánea de los recurridos, citando posibles reclamaciones entre ellos. La segunda determinación rechazó una moción para desestimar la reconvención presentada por los recurridos. Los recurridos, a su vez, reclamaron daños por hostigamiento y difamación por parte del peticionario en su reconvención. El caso original trata sobre la división de bienes post gananciales, reclamaciones por el uso de una propiedad común y alegaciones mutuas de difamación. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones revisa un recurso de certiorari presentado por Centro Médico del Turabo, Inc. contra Natashia L. Vélez Quiñones y otros. El recurso impugna una orden y mandamiento de embargo por $849,549.07 emitido por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha suma corresponde a un alegado balance de una sentencia previa por daños y perjuicios por impericia médica dictada en 2018. La sentencia original condenó a CMT al pago de cuantiosas sumas, pero también concedió una reconvención a su favor. Previamente, se ordenó un embargo por $3,397,844.83, cantidad que CMT consignó y fue aceptada. Tras el desembolso de los fondos consignados, la parte recurrida solicitó un nuevo embargo por una alegada deficiencia. El Tribunal de Apelaciones expide el certiorari, revoca parcialmente la orden de embargo recurrida y ordena la celebración de una vista ante el foro primario para dilucidar las controversias restantes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso KLAN202000765. El Farmer, Inc. apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de injunction y sentencia declaratoria contra el Estado Libre Asociado, por conducto de la ORIL. El Farmer impugnaba el Reglamento Núm. 5 de la ORIL sobre calidad de leche, alegando que sus parámetros bacterianos eran más onerosos que los federales (PMO). La controversia surgió tras notificaciones de incumplimiento de ORIL a El Farmer, aunque no hubo decomiso de leche ni trámite administrativo activo. El Farmer solicitó dejar sin efecto partes del reglamento de ORIL y adoptar las normas de la PMO. El Gobierno solicitó la desestimación por falta de madurez y legitimación activa, argumentando que El Farmer no había sufrido daño y que la ley de ORIL prohíbe injunctions. El TPI desestimó el pleito, en parte, basándose en la prohibición legal de interdictos contra las regulaciones de ORIL. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la Sentencia apelada.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una acción sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños entre Constructora Seis, Inc. (peticionaria) y Solián Development, Corp. (recurrido). La peticionaria impugna la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para enmendar la demanda. La enmienda buscaba ajustar las alegaciones a la evidencia surgida durante el descubrimiento de prueba. La parte recurrida se opuso, argumentando múltiples incumplimientos de la peticionaria y que la enmienda era un intento de incorporar informes periciales presentados fuera de término, una cuestión previamente resuelta en instancias superiores. El Tribunal de Primera Instancia adoptó los argumentos de la parte recurrida al denegar la enmienda. La peticionaria solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Ante esta situación, la peticionaria acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado. Esta decisión valida la determinación del foro primario de no permitir la enmienda a la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari relacionado con un contrato de arrendamiento comercial. La parte peticionaria, una oficina dental, impugna una Resolución post sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$10,469.69 en cánones de arrendamiento adeudados a los recurridos, los arrendadores. Previamente, la oficina dental demandó a los arrendadores por incumplimiento de contrato, consignando las rentas en el tribunal. Obtuvo una sentencia en rebeldía a su favor, la cual fue confirmada en apelación. Tras alegar los arrendadores haber cumplido con dicha sentencia, solicitaron el pago de rentas posteriores. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago de las rentas adeudadas sin celebrar una vista evidenciaria solicitada por la oficina dental. La oficina dental argumentó que se le negó el debido proceso de ley al no permitírsele presentar prueba sobre los incumplimientos continuos de los arrendadores. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la comparecencia de la parte recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari solicitado. En consecuencia, revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenaba el pago de las rentas.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una Petición de Certiorari presentada por Wanda I. Fines Rodríguez y Erick Cintrón Medero. Los peticionarios buscan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar su solicitud de relevo de sentencia. La sentencia en rebeldía fue dictada en su contra en un caso sobre daños por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y rescisión de contrato. Dicha sentencia les ordenó pagar sumas considerables por "goodwill", balances adeudados y honorarios de abogado. Los peticionarios alegaron que debían ser relevados de la sentencia porque la grave condición de salud de su abogado anterior afectó su desempeño y comunicación. Sostuvieron que no fueron informados de trámites cruciales, incluyendo la sentencia en rebeldía y su ejecución, enterándose solo al congelarse sus cuentas bancarias. Tras cambiar de representación legal, presentaron una Moción Solicitando Relevo de Sentencia bajo la Regla 49.2, la cual fue denegada por el foro primario. La parte recurrida no compareció ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. El apelante, Carlos M. Del Valle, demandó a la Cooperativa de Seguros Múltiples tras un escalamiento, alegando que la aseguradora pagó solo una parte del valor de los bienes hurtados y exigió requisitos no contractuales. La Cooperativa argumentó que cumplió con la póliza y que la aceptación del pago por el apelante constituyó un finiquito. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la aseguradora, desestimando la demanda. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. Se ordena la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Sra. Cynthia Alvarado Toledo presentó un recurso de certiorari solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Toa Alta. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una moción de sentencia sumaria y desistimiento voluntario presentada por la peticionaria en un caso sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar su jurisdicción para atender el recurso. Tras analizar los fundamentos legales sobre la jurisdicción de los tribunales apelativos, se determinó que el Tribunal carece de autoridad para considerar el certiorari. Por consiguiente, el recurso fue desestimado. La sentencia reitera que la falta de jurisdicción es insubsanable y obliga al tribunal a declarar su ausencia sin entrar en los méritos del caso.

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Resolución de un panel judicial sobre un recurso de Certiorari presentado por Toperbee Corporation. La parte peticionaria solicita la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para presentar una demanda contra tercero. El caso original fue iniciado por Liz E. Ramos Berríos contra OHI de Puerto Rico, LLC. y Toperbee por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. La recurrida alegó haber sido empleada de OHI y despedida en febrero de 2017. Toperbee argumenta que no era su patrono, pues adquirió los activos de OHI en marzo de 2017, posterior a la fecha del despido. Sostiene que OHI fue el único patrono y es parte indispensable en el litigio. Toperbee buscaba demandar a OHI como tercero, a pesar de que OHI se encuentra en proceso de quiebra bajo el Capítulo 11. La resolución evalúa si el foro primario erró al denegar la autorización para la demanda contra tercero.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, resultado de la consolidación de apelaciones presentadas por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Gobernador de Puerto Rico. Apelan la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una solicitud de mandamus instada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El CPI reclamó acceso a documentos específicos intercambiados entre La Fortaleza y la Junta de Supervisión Fiscal relacionados con la Ley PROMESA. El Gobernador había solicitado la desestimación, argumentando que la solicitud era académica en parte y demasiado general en otra. También se debatió si AAFAF era una parte indispensable, cuestión resuelta en un recurso previo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y ordenó la entrega de los documentos. Tras evaluar los argumentos de los apelantes, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

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Sentencia judicial que resuelve un recurso de revisión presentado por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. El recurso impugna la aprobación de la Segunda Revisión Parcial del Plan de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Canóvanas. Dicha revisión fue adoptada mediante resoluciones de la Legislatura Municipal y la Junta de Planificación, y una orden ejecutiva de la Gobernadora. La revisión se realizó para armonizar el plan municipal con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico de 2015, conforme a la Ley Núm. 550-2004. El proceso de aprobación incluyó trámites como avisos públicos y reuniones comunitarias. La parte recurrente alega que la aprobación de la revisión incurrió en errores. Argumenta incumplimiento con la Ley Núm. 550-2004. Sostiene que se adoptaron zonificaciones y clasificaciones distintas a las del Plan de Uso de Terrenos de 2015. La sentencia detalla los antecedentes del caso y los fundamentos de la impugnación.

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Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por William Pérez Avilés contra el Municipio de Carolina. El recurrente, un Policía Municipal, impugna una resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Pérez Avilés reclamó un aumento salarial por años de servicio correspondiente a los periodos 2013 y 2018. Tras no recibir respuesta del Municipio a su solicitud formal de 2019, acudió a la CASP. La CASP se declaró sin jurisdicción, entendiendo que la reclamación estaba prescrita al haber transcurrido el término jurisdiccional desde que el derecho al aumento supuestamente nació (2013 y 2018). Pérez Avilés argumentó que su apelación ante la CASP fue oportuna, presentada dentro de los 30 días tras la inacción del Municipio a su solicitud de 2019. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación de la CASP. El Tribunal anticipa que confirmará la desestimación de la CASP, pero fundamentándose en razones distintas a las esgrimidas por la agencia sobre la prescripción del término jurisdiccional.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000040. El apelante, Alvin Gabriel López Pérez, recurrió de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha sentencia lo declaró culpable de varios delitos, incluyendo infracción al Art. 15 de la Ley 8 (comercio ilegal de vehículos y piezas). El foro primario le impuso una pena total concurrente de seis años de reclusión. El señor López Pérez apeló, impugnando la determinación de culpabilidad por la infracción al Art. 15 de la Ley 8. Alegó insuficiencia de prueba para establecer culpabilidad más allá de duda razonable y falta de motivos fundados para la intervención inicial. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la prueba oral de las transcripciones. Tras el análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados de cobro de dinero. La Junta de Residentes Urb. Rincón Español demandó a varios propietarios por cuotas de mantenimiento del control de acceso. Los recurrentes impugnaron resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones de relevo de sentencia. Estas sentencias previas los condenaban al pago de las cuotas adeudadas a la Junta. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de los autos de certiorari solicitados por los recurrentes. Los casos originales fueron demandas independientes de cobro de dinero presentadas por la Junta. La consolidación se realizó por tratarse de la misma parte demandante y la misma controversia de hechos.

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Borinquen Natural, Inc. presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una determinación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). La determinación del DTRH clasificó a ciertos individuos como empleados en lugar de contratistas independientes, lo que generó una deuda por contribuciones patronales para Borinquen Natural. Durante el trámite del recurso, las partes informaron al tribunal que habían alcanzado un acuerdo transaccional. Este acuerdo resolvió la reclamación subyacente y estableció un plan de pago para Borinquen Natural, el cual ya se había iniciado. El tribunal analizó la doctrina de la justiciabilidad y cuándo un caso se torna académico. Concluyó que un caso es académico cuando pierde su carácter adversativo y el remedio judicial carece de efectos prácticos, como ocurre tras un acuerdo que resuelve la controversia. Dado que el acuerdo transaccional puso fin a la reclamación, el tribunal determinó que el recurso de revisión se había tornado académico. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones procedió a desestimar el recurso por falta de jurisdicción sobre un asunto académico.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de Certiorari presentado por Condado 3 CR-2, LLC. Condado solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación parcial en un caso de cobro de dinero. La Asociación de Condómines Galería Profesional demandó a Condado por el pago de cuotas de mantenimiento adeudadas por oficinas en el condominio. La Asociación alegó que Condado era un adquirente voluntario responsable de todas las deudas previas según la ley anterior y jurisprudencia aplicable. Condado argumentó ser un adquirente involuntario bajo la nueva Ley 129-2020, responsable solo por los últimos seis meses de deuda, y consignó la cantidad que entendía correcta. La Asociación se opuso, sosteniendo la inaplicabilidad retroactiva de la nueva ley. Tras analizar las posturas de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió abstenerse de intervenir en el asunto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000831. La apelante, Flor de María Morales Colón, recurre contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha sentencia desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y mala fe contra su aseguradora, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (CSMPR). La apelante reclamó daños a su propiedad tras el Huracán María y consideró insuficientes los pagos recibidos de CSMPR. La aseguradora solicitó sentencia sumaria, alegando que la apelante aceptó los pagos como liquidación total al endosar los cheques, aplicando la doctrina de pago en finiquito. La apelante se opuso, argumentando que no fue informada adecuadamente de que los pagos eran finales ni de las consecuencias legales de endosar los cheques. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de CSMPR. El Tribunal de Apelaciones revisa esta determinación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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Este documento es la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000256. Revisa una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia en una reclamación laboral. Los apelados, Henry Albelo Alemán y Gerard A. Delgado Graciani, demandaron a su exempleador, National Jewelry, LLC, por despido injustificado y cobro de salarios y beneficios. Las reclamaciones incluían horas extras, periodos de alimentos y vacaciones no pagados, presentadas bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 1961. National Jewelry alegó justa causa para el despido por reducción de negocio y negó las deudas salariales. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de los empleados, ordenando a la empresa pagar sumas significativas por mesada, horas extras, periodos de alimentos y vacaciones, incluyendo penalidades y honorarios de abogado. National Jewelry apeló esta sentencia, señalando varios errores. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la sentencia del foro primario. No obstante, la confirmó en cuanto a lo modificado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre casos consolidados de cobro de dinero. La Junta de Residentes Urb. Rincón Español demandó a varios propietarios por el pago de cuotas de mantenimiento del control de acceso. Los propietarios recurrentes impugnaron las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones de relevo de sentencia. Dichas sentencias los condenaban al pago de las cuotas adeudadas a la Junta. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos por tratarse de la misma parte demandante y controversia. Tras revisar los fundamentos, el panel denegó la expedición de los autos de certiorari solicitados por los recurrentes. Esta decisión mantiene en vigor las sentencias del Tribunal de Primera Instancia que obligan a los propietarios al pago de las cuotas de mantenimiento.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, sobre múltiples casos de certiorari consolidados. La Junta de Residentes Urb. Rincón Español demandó a varios residentes por cobro de cuotas de mantenimiento del sistema de control de acceso. Los residentes apelaron las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones de relevo de sentencia. Dichas sentencias originales los condenaban al pago de las cuotas. El Tribunal de Apelaciones, en resolución del 29 de marzo de 2021, deniega la expedición de los autos solicitados por los recurrentes. Esta decisión mantiene en vigor las sentencias del Tribunal de Primera Instancia que obligan a los residentes recurrentes al pago de las cuotas de mantenimiento a favor de la Junta.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre varios casos consolidados de cobro de dinero. La Junta de Residentes de la Urbanización Rincón Español demandó a propietarios por cuotas de mantenimiento del control de acceso. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencias condenando a los propietarios al pago de dichas cuotas. Los propietarios solicitaron al TPI relevo de sentencia, pero sus mociones fueron denegadas. Impugnaron estas denegatorias ante el Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos por tratarse de las mismas partes demandante y controversia. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de los autos solicitados. Esta decisión mantiene en vigor las resoluciones del TPI y las sentencias originales que ordenan el pago de las cuotas de mantenimiento. El panel judicial estuvo compuesto por los Jueces Hernández Sánchez, Brignoni Mártir y Grana Martínez.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, sobre varios casos consolidados de cobro de dinero. La Junta de Residentes de la Urbanización Rincón Español demandó a varios propietarios por el pago de cuotas de mantenimiento del control de acceso. Los propietarios recurrentes impugnaron resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones de relevo de sentencia. Dichas sentencias originales los condenaban al pago de las cuotas adeudadas a la Junta. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos debido a la identidad de la parte demandante y la controversia fáctica. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de los autos de certiorari solicitados por los recurrentes. En consecuencia, se mantienen en vigor las sentencias del Tribunal de Primera Instancia que ordenan el pago de las cuotas de mantenimiento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por Emmanuel Ortiz Torres. El peticionario solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de crédito por gastos médicos. El padre alegó haber pagado el 100% de ciertos gastos médicos de su hija, ascendentes a \$1,873.06, cuando la sentencia final lo hacía responsable solo del 48% de los gastos no cubiertos por plan médico y con deducibles mayores de \$50. Reclamaba un crédito de \$973.99 por el 52% que correspondía a la madre. La madre se opuso, argumentando que el padre se había comprometido previamente a cubrir la totalidad de los gastos médicos no cubiertos por el plan. El Tribunal de Primera Instancia denegó el crédito, señalando que no avaló mantener el plan de la reforma cuando el padre quería proveer un plan privado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve las apelaciones presentadas por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Gobernador. Ambas partes apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una solicitud de mandamus del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El CPI reclamó acceso a documentos intercambiados entre La Fortaleza y la Junta de Supervisión Fiscal. Los apelantes argumentaron que la solicitud era académica o demasiado general. El foro primario denegó sus mociones de desestimación y reconsideración. Un recurso previo ante este foro apelativo determinó que AAFAF era parte indispensable. El CPI solicitó enmendar su demanda para incluir a AAFAF. El panel de jueces, presidido por la jueza Birriel Cardona y con la jueza Cortés González como ponente, CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el recurso de revisión administrativa presentado por Wendell Valle Rosario contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. Valle Rosario impugna la Resolución de la Junta que revocó su privilegio de libertad bajo palabra. Se le había concedido este beneficio en 2018 mientras cumplía una sentencia de 40 años. Una condición esencial era abstenerse del consumo de sustancias controladas. En noviembre de 2019, arrojó positivo a cocaína, violando las condiciones 7 y 9 de su mandato. Tras una querella, orden de arresto y vistas, la Junta revocó su libertad bajo palabra en marzo de 2020. Valle Rosario solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones examinó el caso y confirmó la determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución relativa a varios casos consolidados. Estos casos se originaron en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina e involucran a la Junta de Residentes Urb. Rincón Español como demandante contra múltiples residentes demandados. Las acciones subyacentes eran para el cobro de cuotas de mantenimiento relacionadas con el sistema de control de acceso de la urbanización. Los residentes apelaron resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones solicitando relevo de sentencias que les habían ordenado pagar dichas cuotas. El Tribunal de Apelaciones consolidó estas apelaciones debido a la demandante común y a cuestiones fácticas similares. En esta resolución, el tribunal apelativo deniega la expedición de los autos de certiorari solicitados. En consecuencia, las decisiones del Tribunal de Primera Instancia, que confirmaron las sentencias originales que obligaban a los residentes a pagar las cuotas de mantenimiento, permanecen en vigor.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución denegando un recurso de certiorari presentado por el Gobierno. El Gobierno buscaba revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había resuelto que la paralización automática bajo la Sección 362(a) del Código de Quiebras, adoptada en el Título III de PROMESA, no aplicaba al caso. El Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en que los hechos que originaron la controversia ocurrieron en 2018. Consecuentemente, ordenó al Estado incluir el pago de una sentencia en el presupuesto del año fiscal en curso. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones concluyó no expedir el auto solicitado. Determinó que el foro primario no actuó de forma arbitraria, caprichosa, abusó de su discreción o cometió error de derecho. La determinación del Tribunal de Primera Instancia fue considerada correcta. El remedio otorgado deberá ajustarse a las disposiciones de PROMESA sobre la aprobación de presupuestos conforme al Plan Fiscal.

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Recurrentes Josué Torres González y Carmen Julia Rodríguez Boscana presentaron un recurso de revisión judicial contra una resolución de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. La Autoridad había declarado vacante una finca familiar en Villalba, objeto de un contrato de usufructo con los recurrentes, alegando incumplimiento. Los recurrentes impugnaron esta determinación, planteando errores en la apreciación de la evidencia y la declaración de finca vacante. Durante el proceso judicial, la Autoridad de Tierras reconoció no haber citado debidamente a la recurrente Carmen Julia Rodríguez Boscana a las vistas administrativas. Dado que la Sra. Rodríguez Boscana era parte indispensable del contrato, la Autoridad informó al tribunal que había dejado sin efecto su propia resolución recurrida. Al haber sido revocada la determinación administrativa impugnada por la propia agencia, la controversia ha perdido actualidad. Conforme a la doctrina de academicidad, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de Ángel L. Nieves González contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, una persona confinada, impugnó la decisión del Departamento sobre la eliminación de bonificaciones acumuladas. Alegó que el Departamento aplicó retroactivamente las Leyes Núm. 141 y 142 de 2013 a hechos ocurridos antes de su vigencia. Presentó una solicitud de remedio administrativo y una reconsideración, las cuales fueron denegadas o resultaron en una indicación de evaluación futura. Ante la denegatoria de reconsideración, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa. Argumentó que el Departamento erró al aplicar leyes posteriores a los hechos y al denegar su solicitud. El Tribunal revisó el expediente administrativo y los argumentos del recurrente. Aplicando la norma de deferencia a las decisiones administrativas, el Tribunal confirmó la Resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en casos consolidados de certiorari. La Junta de Residentes de la Urbanización Rincón Español demandó a varios propietarios por cobro de dinero, específicamente cuotas de mantenimiento del control de acceso. Los propietarios recurrentes impugnaron resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones de relevo de sentencia. Dichas sentencias originales los condenaban al pago de las mencionadas cuotas a favor de la Junta. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos por tratarse de la misma parte demandante y controversia fáctica. Mediante esta resolución, el panel deniega la expedición de los autos solicitados por los recurrentes. Esto resulta en que se mantienen en vigor las sentencias del Tribunal de Primera Instancia que ordenan el pago de las cuotas de mantenimiento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emite una resolución en casos consolidados de certiorari. La Junta de Residentes Urb. Rincón Español demandó a varios propietarios por cobro de dinero. Los casos se originaron en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Las demandas buscaban el pago de cuotas de mantenimiento por el régimen de control de acceso. Los propietarios recurrentes impugnaron las resoluciones del TPI que denegaron sus mociones de relevo de sentencia. Dichas resoluciones mantuvieron vigentes las sentencias que los condenaban al pago de las cuotas. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de los autos solicitados por los recurrentes. Los casos fueron consolidados debido a que involucran a la misma parte demandante y la misma controversia de hechos.

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Anthony Negrón Burgos apeló ante el Tribunal de Apelaciones una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Negrón Burgos había solicitado un remedio administrativo al Departamento para investigar ciertos hechos y una querella en su contra. El Departamento desestimó su solicitud por falta de jurisdicción, basándose en su reglamento interno que excluye la revisión de decisiones de comités. Tras denegarse su reconsideración, Negrón Burgos acudió al Tribunal de Apelaciones, alegando que la agencia debió referir su caso. El Tribunal de Apelaciones evaluó si la decisión administrativa era revisable judicialmente. Determinó que la respuesta del Departamento no era un dictamen adjudicativo, sino meramente informativo sobre la falta de jurisdicción. La capacidad revisora judicial se limita a decisiones administrativas de carácter adjudicativo, no a asuntos puramente administrativos discrecionales que no adjudican derechos. Dado que la decisión del Departamento no adjudicó derechos u obligaciones, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para intervenir. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari sobre custodia y relaciones paternofiliales de un menor. El peticionario impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para modificar dichas relaciones. El caso surge de una demanda de custodia monoparental presentada por el padre, quien alegó que la madre abandonó la residencia y no proveía cuidado adecuado al hijo. La madre contestó negando las alegaciones y reconvino solicitando la custodia para sí, aduciendo historial de violencia doméstica por parte del padre, incluso en presencia del menor. El foro primario había ordenado un estudio social pero denegado una vista provisional previa. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la orden recurrida. En consecuencia, ordenó al Tribunal de Primera Instancia establecer relaciones paternofiliales en fines de semana alternos, sin pernoctar, conforme a las recomendaciones de Trabajo Social. Esta disposición se mantendrá hasta que se determine otra cosa.

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Rubén A. Tirado Ortiz, quien cumple sentencia por asesinato en segundo grado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó una reducción del 25% de su pena de reclusión, alegando la existencia de circunstancias atenuantes al momento de los hechos, conforme al Artículo 67 del Código Penal. La sentencia original fue impuesta por el Tribunal de Primera Instancia en Ponce en 2016, luego de un acuerdo de culpabilidad. El peticionario elevó su reclamo de modificación de sentencia directamente ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud en primera instancia. Explicó que la controversia debe ser presentada y resuelta primero por el tribunal sentenciador. La facultad revisora del Tribunal de Apelaciones solo surge una vez que el Tribunal de Primera Instancia emite una determinación sobre la petición de reducción de pena. Además, el recurso incumplió sustancialmente con los requisitos reglamentarios para su presentación, incluyendo la falta de documentos necesarios. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción y por incumplimiento procesal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa presentado por Roberto Quiñones Rivera, un confinado. El recurso impugna una respuesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) relacionada con su solicitud para radicar una querella policial contra un sargento por agresión. La respuesta inicial del DCR indicó que los informes se solicitan vía legal, la policía no encontró causa para entrevistarlo y él resultó incurso en querellas administrativas por los mismos hechos. El Sr. Quiñones solicitó reconsideración de esta respuesta administrativa. Presentó el recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones antes de recibir la decisión sobre su solicitud de reconsideración. Posteriormente, el DCR denegó la reconsideración, explicando que una entrevista policial no era posible *al momento* debido a un cierre institucional por la pandemia de COVID-19. El DCR solicitó la desestimación del recurso de apelación por falta de jurisdicción, argumentando que fue presentado prematuramente. El Tribunal se dispone a resolver si tiene jurisdicción para atender el recurso, centrándose en si la presentación fue prematura al no haberse agotado completamente el proceso de reconsideración administrativa.

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Sentencia de un panel de jueces que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El TPI había dictado sentencia en rebeldía contra el apelante y su sociedad de gananciales, condenándolos a pagar una deuda hipotecaria a MMG I PR CR, LLC. El apelante impugna la sentencia, argumentando que el TPI erró al dictarla sin verificar hechos presentados en reconsideración. También alega que el TPI carecía de jurisdicción porque el apelado supuestamente incumplió con requisitos de licencia, fianza y mediación compulsoria bajo leyes de Puerto Rico. El panel de jueces revisa el recurso de apelación presentado por el deudor hipotecario. La sentencia adelanta que se confirma la decisión apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó acusaciones contra Héctor Junior Santiago Ramos. El Ministerio Público había acusado al recurrido de delitos graves, incluyendo asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Tras una determinación de no causa en la vista preliminar, el Estado solicitó una vista preliminar en alzada. La celebración de esta vista se vio afectada por el cierre de los tribunales debido a la pandemia de COVID-19 y las extensiones de términos decretadas por el Tribunal Supremo. A pesar de varios intentos de señalamiento y la consideración de vistas por videoconferencia, la vista en alzada no se llevó a cabo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al concluir que el término legal para celebrar la vista en alzada había vencido. El Procurador General solicita la revisión de esta desestimación, argumentando que la vista no pudo realizarse debido a la indisposición del acusado, quien se encontraba bajo custodia federal, y dificultades logísticas para su comparecencia por videoconferencia. La sentencia del Tribunal de Apelaciones evaluará la corrección de la desestimación a la luz de estas circunstancias.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Asociación de Gerenciales y Supervisores solicitaron la revisión judicial de una decisión de la Junta de Relaciones del Trabajo. Dicha decisión, emitida el 9 de diciembre de 2020, resolvió una petición de clarificación de unidad apropiada. La Junta determinó que los puestos de Ingeniero I, Ingeniero en Entrenamiento y Técnico de Sistemas de Oficina debían ser incluidos en la unidad representada por el Programa de Solidaridad UTIER (PROSOL). Los recurrentes se opusieron a esta inclusión, argumentando que los puestos eran gerenciales. El Tribunal consolidó los recursos de revisión presentados. Sin embargo, el Tribunal desestimó los recursos. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción. Esto se debió a que los recursos fueron presentados de forma tardía.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202001077. Hilda Esther Colón Rivera apeló dos determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en su demanda sobre división de comunidad de bienes. Una determinación fue una Sentencia Parcial que desestimó la causa de acción contra el codemandado Banco Popular. La otra fue una Resolución que ordenó el traslado del caso a otra sala. Banco Popular había solicitado su desestimación alegando no ser parte indispensable y que la demanda no presentaba reclamaciones en su contra. El foro primario acogió la moción de desestimación del Banco Popular por falta de reclamación. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso de apelación para revisar la Sentencia Parcial. Confirmó la Sentencia Parcial apelada, validando la desestimación del Banco Popular del pleito. En cuanto a la Resolución que ordenó el traslado, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto discrecional solicitado.

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