Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 131)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una solicitud de Jeremy G. Juarbe Rosario. El peticionario pidió que se le impusiera el pago de una pena especial de la que fue eximido en su sentencia original. Su propósito era poder acceder a mejores programas de rehabilitación en la institución penal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, considerando la exención un beneficio para convictos de bajos recursos. El Tribunal de Apelaciones acogió la solicitud bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal. Esta regla permite corregir sentencias ilegales en cualquier momento. El Tribunal citó jurisprudencia sobre sentencias ilegales que no se ajustan a los parámetros legales. Se enfatizó que las actuaciones judiciales contrarias a la ley deben ser remediadas. El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del foro primario. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que proceda según lo resuelto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por el Banco de Desarrollo Económico (BDE). El BDE recurre una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda enmendada con perjuicio contra el codemandado Parliament Capital Management, LLC. El caso original se centra en la venta de una cartera de préstamos del BDE con un valor principal no pagado de más de $384 millones. El BDE contrató a Garnet Capital Advisors para asesorar en el proceso de venta, resultando en la venta por $41.5 millones a un grupo supuestamente liderado por Parliament. La demanda del BDE busca la nulidad del contrato de venta, la restitución de las carteras y $60 millones en daños, alegando irregularidades en el proceso. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado las reclamaciones contra Parliament. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada. Esta decisión implica que la desestimación contra Parliament queda sin efecto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso subyacente es un cobro de dinero iniciado por Wilson Irizarry Santiago y Gladys Mirta Castro Vélez contra Family Health Group Inc. et al. La controversia se centra en la contestación a un Requerimiento de Admisiones presentado por la parte peticionaria. Los peticionarios alegaron que la parte recurrida no contestó el requerimiento dentro del término de 20 días dispuesto por la Regla 33 de Procedimiento Civil. Solicitaron al Tribunal de Primera Instancia (TPI) que tuviera por admitidas las admisiones. La parte recurrida argumentó que días feriados extendieron el plazo para contestar. El TPI aceptó las contestaciones tardías de la parte recurrida y declaró académica la moción de los peticionarios. Los peticionarios recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la resolución emitida por el TPI.

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Este caso es una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue presentada por el Dr. Pedro Tirado Menéndez y su esposa contra el Hospital Interamericano de Medicina Avanzada (HIMA). El Dr. Tirado demandó a HIMA tras la suspensión y cancelación de sus privilegios médicos en la institución. La acción del hospital se basó en alegaciones de que el Dr. Tirado alteró el expediente médico de una paciente fallecida, surgidas durante procesos judiciales por impericia médica. El demandante alegó que la suspensión y cancelación fueron arbitrarias, violaron su derecho al debido proceso y el reglamento interno del hospital. También sostuvo que la acción fue una represalia por las demandas de impericia y que el informe adverso presentado en el National Practitioner Data Bank contenía información falsa. Reclamó indemnización por daños, incluyendo pérdida de ingresos y menoscabo a su reputación, además de la restitución de sus privilegios. HIMA argumentó inmunidad bajo la ley federal HCQIA. Tras varios trámites, incluyendo una apelación previa sobre la denegación de sentencia sumaria, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, en esta sentencia, confirma el dictamen del foro de instancia que desestimó la demanda.

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Decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari presentado por Universal Insurance Company contra Nilda Molina Maysonet. El recurso busca revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de sentencia sumaria de Universal. La señora Molina Maysonet demandó a Universal por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María, alegando subvaloración de su reclamación. Universal argumentó que la reclamación estaba finiquitada por un pago o prescrita por la cláusula de un año de la póliza. La recurrida se opuso, cuestionando la validez del finiquito y alegando interrupción del término prescriptivo por pleitos de clase. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Universal. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los escritos, resuelve expedir el auto solicitado. La corte modifica la Resolución recurrida y devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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José Iván León Sánchez apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la devolución de su arma de fuego. El arma fue ocupada tras denuncias por infracciones a la Ley de Armas y alteración a la paz. A pesar de que se determinó no causa para arresto en ambos cargos, el arma, para la cual poseía licencia válida, no fue devuelta. El peticionario solicitó su devolución al TPI basándose en el Artículo 2.13 de la Ley de Armas de 2020. El TPI declaró no ha lugar la solicitud, alegando falta de competencia y que la petición correspondía a la Policía. El peticionario recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el TPI erró al negarse a ordenar la devolución y al declararse sin competencia, en contravención a la ley. El Tribunal de Apelaciones concede el certiorari y revoca la resolución del TPI por ser contraria a derecho.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de discrimen por impedimento. La apelante, L.V.G., demandó al Municipio de Lajas alegando que no se le proveyó un acomodo razonable como artesana en el mercado municipal. Debido a condiciones de salud que le causan incontinencia, L.V.G. requería una ubicación cercana a los baños. El municipio le concedió una ubicación temporal y firmó varios acuerdos con ella y la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos a lo largo de varios años. Aunque el municipio ofreció reubicarla permanentemente en áreas alternativas cercanas a los baños, la demandante no aceptó las propuestas. El municipio también estaba en proceso de reubicar a todos los artesanos del área. El Tribunal de Primera Instancia celebró juicio y desestimó la demanda de L.V.G. La apelante solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque dicha sentencia desestimatoria. El caso se centra en si las acciones del municipio constituyeron discrimen por impedimento al no satisfacer las necesidades de acomodo de L.V.G.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de apelación presentado por Wilfredo Meléndez Medina. El apelante impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato contra Mapfre PRAICO y Mapfre Pan American Insurance. La demanda original alegaba que Mapfre subvaloró o denegó cubierta por daños a su propiedad tras el Huracán María. Mapfre solicitó sentencia sumaria argumentando que el apelante aceptó un pago final al endosar un cheque, aplicando la doctrina de pago en finiquito. El foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de Mapfre, desestimando el caso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones modifica la Sentencia Sumaria apelada. Deja sin efecto el dictamen en contra de Mapfre PRAICO. No obstante, mantiene la desestimación respecto a Mapfre Pan American Insurance, al no ser la aseguradora de la póliza en controversia. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, Miguel Rivera Rosario y otros, solicitaron la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha resolución denegó su moción de desestimación en un pleito de daños instado por Nahum Gómez Hidalgo. La moción de desestimación se fundamentaba en la prescripción de la acción y la cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral. El pleito de daños surge del alegado incumplimiento de los peticionarios con un contrato de opción de compra de 2011, lo que supuestamente causó al demandante gastos legales y sufrimientos en litigios previos relacionados, incluyendo un caso de ejecución de hipoteca. El demandante reclama el pago de gastos legales incurridos en tres pleitos judiciales para lograr el cumplimiento del contrato. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso, la oposición del recurrido y la determinación del foro primario. Tras dicha evaluación, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Humberto Nieves Robles. El peticionario fue sentenciado en 2011 tras un preacuerdo por delitos de Agresión Grave y Maltrato mediante Amenaza, recibiendo penas concurrentes suspendidas de 8 y 3 años. En 2018, se le revocó la sentencia suspendida y se le ordenó cumplir las penas en prisión. El tribunal primario le acreditó dos años por tiempo cumplido en probatoria en el caso de Ley 54. Nieves solicitó al Tribunal de Apelaciones que se le aplicara el principio de favorabilidad y el Artículo 67 del Código Penal de 2012. Reclamaba una reducción del 25% de su pena de prisión debido al preacuerdo original. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud. Se determinó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario. La resolución procede a discutir el principio de favorabilidad y la cláusula de reserva en el derecho penal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en apelaciones consolidadas presentadas por Yolimar Medina Pérez y Margarita Rodríguez Jordán. Ambas apelantes solicitan la revisión de sentencias del Tribunal de Primera Instancia que desestimaron sus respectivas demandas con perjuicio. El caso de la señora Medina involucra una demanda por daños y petición de orden contra el Estado Libre Asociado. Ella alegó discriminación bajo el ADA y el Rehabilitation Act en un CESCO debido a su perro de servicio. El Estado solicitó la desestimación de su demanda por incumplimiento con el requisito de notificación previa de la Ley Núm. 104. La señora Medina argumentó que la Ley 104 no aplicaba a sus reclamaciones bajo leyes federales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó tanto la demanda de la señora Medina como la de la señora Rodríguez. Tras revisar los casos, el Tribunal de Apelaciones determina revocar ambos dictámenes de desestimación.

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Recurrentes Yariann Marie de León y Katherine Vázquez, operando 24 Seven Store Miramar, solicitan revisión judicial de una determinación de la Junta de Planificación de Puerto Rico. La agencia impuso una multa de \$2,800 y una orden de cese y desista tras una inspección. La inspección alegó falta de permisos para máquinas de entretenimiento de adultos, venta de cigarrillos y alcohol. La parte recurrente impugnó el boleto y la orden, argumentando tener permisos, que la empleada no estaba autorizada a recibir el boleto, ilegalidad de la inspección y violación al debido proceso. La Junta de Planificación mantuvo la multa, determinando que el negocio operaba más máquinas de entretenimiento de adultos de las permitidas, a pesar de tener una solicitud de permiso de uso pendiente y luego aprobada para un número menor. La agencia dejó sin efecto una multa previa pero mantuvo la multa de \$2,800 del boleto 01378 y la orden de cese y desista. La parte recurrente solicitó posteriormente una vista formal y garantías de debido proceso, alegando actuación ex parte y falta de jurisdicción de la agencia. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones busca la revocación de la multa impuesta por la Junta de Planificación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202100082, una apelación presentada por Amneris Yvette González de Elías. La apelante solicitaba la revocación de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Carlos J. Sánchez Román. Dicha demanda reclamaba daños y perjuicios por difamación y persecución maliciosa, alegando un patrón de expresiones difamatorias públicas por parte del apelado. El foro primario había resuelto previamente que las reclamaciones basadas en hechos anteriores al 22 de abril de 2013 estaban prescritas. A pesar de que el apelado no compareció en la apelación, el Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso. Tras revisar los autos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este es un caso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, presentado por Carlos Luis González Rivera, un confinado. El peticionario acudió al Tribunal de Primera Instancia (TPI) solicitando su traslado urgente a una cárcel en New Jersey por temor a su vida y alegada falta de protección en las instituciones penales de Puerto Rico. Adicionalmente, pidió que se declararan cumplidas sus penas y que se investigara a funcionarios del Departamento de Corrección. El TPI declaró no ha lugar a la solicitud de cumplimiento de penas y le instó a gestionar el traslado ante el Departamento de Corrección y a presentar querellas ante la Policía. Inconforme con esta determinación, el peticionario presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Este tribunal expidió el auto solicitado. Mediante Sentencia, el Tribunal de Apelaciones modificó la Resolución emitida por el TPI. Así modificada, la Resolución del foro primario fue confirmada.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Karen A. López Berríos, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia declaró Ha Lugar una Moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia. En consecuencia, el foro primario desestimó la demanda presentada por la apelante contra la Academia Santa Teresita, Inc. La demanda original, incoada en 2013, alegaba despido injustificado y discrimen por razón de sexo y embarazo. El caso se inició bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2). Posteriormente, el procedimiento fue convertido a la vía ordinaria a solicitud de la parte apelada. El caso tuvo una apelación previa donde el Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia en rebeldía y devolvió el caso al foro primario. La controversia actual se centra en la desestimación posterior por supuesta falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por el Municipio de Gurabo. El Municipio solicita revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia en un litigio contra Janssen Ortho LLC y otros, relacionado con un decreto contributivo revocado. La controversia surge durante el descubrimiento de prueba, donde el Municipio requirió contratos entre Janssen y Kelly Services. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la producción de los contratos, pero supeditó su entrega a la firma de un acuerdo de confidencialidad, exigido por el tercero Kelly Services. El foro primario consideró razonable esta condición para documentos privados de negocios en manos de un tercero. Denegó la solicitud del Municipio de sancionar a Janssen por incumplimiento y ordenó a las partes finalizar y firmar el acuerdo de confidencialidad. Posteriormente, Janssen debía producir los contratos. El Municipio recurre esta decisión, alegando que el TPI erró al obligar a una entidad gubernamental a firmar un acuerdo de confidencialidad para obtener prueba pertinente y no privilegiada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Marina PDR Operations LLC contra Hugo de la Uz y otros. La apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. El punto central de la controversia fue la validez del emplazamiento realizado al señor de la Uz. El Tribunal de Primera Instancia declaró inválido el emplazamiento y desestimó la demanda sin perjuicio. Esto se debió a que el emplazamiento personal se realizó 123 días después de presentada la demanda, excediendo el término de 120 días establecido por la Regla 4.3(c). Marina PDR argumentó que el emplazamiento fue oportuno, considerando días de gracia, o que el apelado actuó de mala fe evadiendo el proceso. Tras una vista evidenciaría, el foro primario mantuvo su decisión. Marina PDR solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. Pedro Vázquez Méndez demandó a AIG Insurance Company-Puerto Rico por daños a su propiedad tras el Huracán María. Alegó que AIG subvaloró los daños, los estimó por debajo del deducible y denegó el pago de forma irrazonable y de mala fe. AIG contestó la demanda y presentó una moción de sentencia sumaria por prescripción. Argumentó que la causa de acción había expirado, ya que la denegación ocurrió en noviembre de 2017 y la demanda se presentó en enero de 2020. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio basándose en la prescripción. El señor Vázquez Méndez apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del foro primario. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 21-01F por la Junta de Subastas de la Rama Judicial. Sheriff Security Services, Inc. impugnó la decisión que otorgó la buena pro a St. James Security Services, LLC para servicios de vigilancia y seguridad. La subasta buscaba contratar un cuerpo de oficiales de seguridad para diversas dependencias de la Rama Judicial. La Junta de Subastas determinó que St. James fue el único postor que cumplió con todos los requisitos del pliego. La propuesta de Sheriff fue rechazada por no incluir literatura del equipo de comunicación requerido. Además, la Junta concluyó que la lista de clientes de Sheriff no demostraba experiencia en servicios similares en volumen y cobertura a los solicitados. Sheriff había cuestionado previamente el requisito de servicios "iguales", lo que llevó a una enmienda para requerir servicios "similares". A pesar de la enmienda, la Junta consideró que la experiencia de Sheriff no cumplía con el criterio de similitud. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la Junta de Subastas, validando la adjudicación a favor de St. James Security Services, LLC.

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Medtronic Puerto Rico Operations Co. presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La resolución impugnada denegó una moción de Medtronic relacionada con el privilegio abogado-cliente. El Tribunal de Apelaciones advirtió que Medtronic no cumplió con la Regla 14(B) de su Reglamento, la cual exige notificar al Tribunal de Primera Instancia la presentación del recurso dentro de 72 horas. Aunque este término es de cumplimiento estricto, puede prorrogarse si se demuestra justa causa. El Tribunal ordenó a Medtronic acreditar la notificación o justificar la tardanza. Medtronic presentó una moción en cumplimiento, pero el Tribunal determinó que la explicación ofrecida no constituía justa causa debidamente acreditada conforme a la jurisprudencia. La falta de cumplimiento con el requisito de notificación y la ausencia de justa causa acreditada llevaron al Tribunal de Apelaciones a desestimar el recurso de certiorari.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de revisión. Los recursos fueron presentados por Raamses R. Ortiz Gómez y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Ambas partes impugnan una resolución previa de la Junta de Apelaciones de Empleados Gerenciales de la CFSE. La Junta había ordenado la reinstalación del Sr. Ortiz a su puesto y el pago de salarios y beneficios dejados de devengar tras su destitución. No obstante, la Junta denegó la solicitud de honorarios de abogado para el Sr. Ortiz. La CFSE apeló la orden de reinstalación y pago, mientras que el Sr. Ortiz apeló la denegatoria de honorarios. La destitución original por parte de la CFSE se fundamentó en la alegación de que el Sr. Ortiz no cumplió con su deber de realizar resguardos de servidores. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y el expediente del caso. Confirmó la parte de la resolución de la Junta que ordenó la reinstalación y el pago al Sr. Ortiz. Revocó la denegatoria de honorarios de abogado, ordenando que la CFSE pague dichos honorarios al Sr. Ortiz.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones consolida recursos presentados por Raamses R. Ortiz Gómez y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Las partes impugnan una Resolución de la Junta de Apelaciones de la CFSE relativa a la destitución del Sr. Ortiz. La Junta de Apelaciones había declarado con lugar la apelación del Sr. Ortiz, ordenando su reinstalación y el pago de salarios y beneficios dejados de devengar desde su despido. La CFSE había destituido al Sr. Ortiz alegando negligencia grave por no realizar resguardos de servidores, lo cual él negó era parte de sus funciones. La Junta, sin embargo, denegó la solicitud del Sr. Ortiz para el pago de honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones evaluó ambos recursos. Confirmó la determinación de la Junta de Apelaciones en cuanto a la reinstalación del Sr. Ortiz y el pago de haberes. No obstante, revocó la denegatoria de honorarios de abogado. En virtud de la legislación laboral, el Tribunal ordenó a la CFSE el pago de los honorarios de abogado a favor del Sr. Ortiz.

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Se apela una Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero, que ordenó a la apelante pagar \$20,619.52 más intereses, costas y honorarios. La apelante presentó una Moción de Reconsideración dentro del término de quince días, pero el documento contenía quince páginas en blanco. El Tribunal de Primera Instancia ordenó presentar el documento nuevamente de forma íntegra. La apelante presentó otra moción de reconsideración veintinueve días después de notificada la sentencia. La parte apelada argumentó que la moción inicial en blanco no interrumpió los términos y que la segunda moción fue presentada fuera del término jurisdiccional de quince días. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la segunda moción de reconsideración. La apelante recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones. La parte apelada ha presentado una moción de desestimación de la apelación, alegando que este Tribunal carece de jurisdicción porque la moción de reconsideración inicial no interrumpió el término para apelar y la segunda fue extemporánea.

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Varios Consejos de Titulares de condominios demandaron a Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato y reclamación de cubierta de seguro por daños sufridos. Los casos, originados en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, llegaron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. En el curso del litigio, los Consejos de Titulares solicitaron a Triple-S un amplio descubrimiento de prueba, incluyendo interrogatorios y producción de documentos. Triple-S contestó parcialmente, objetando muchas solicitudes por considerarlas amplias, ambiguas, irrelevantes, onerosas o que requerían información confidencial. La aseguradora se negó a divulgar, entre otros, documentos sobre la investigación y manejo de reclamaciones, reservas asignadas, comunicaciones con afiliadas y reaseguradoras, suscripción de pólizas y procesos de ajuste. Triple-S argumentó que la información solicitada estaba protegida por secretos comerciales, privilegio abogado-cliente y producto del trabajo. Este extracto detalla el inicio de la controversia sobre el alcance del descubrimiento de prueba en estos casos consolidados.

Resumen:

Varios Consejos de Titulares de condominios presentaron demandas separadas contra Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato y reclamación de cubierta bajo sus pólizas de seguro. Los casos, originados en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, llegaron al Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari. La controversia principal gira en torno a los daños sufridos en los condominios y la respuesta de Triple-S a las reclamaciones. Durante la etapa de descubrimiento de prueba, los Consejos de Titulares solicitaron a Triple-S información y documentos extensos sobre la investigación, manejo y ajuste de las reclamaciones. También pidieron detalles sobre reservas, comunicaciones internas y procesos de suscripción e inspección. Triple-S contestó parcialmente, objetando muchas solicitudes por considerarlas amplias, ambiguas, irrelevantes, onerosas o que procuraban información confidencial o privilegiada. La aseguradora se negó a producir ciertos documentos e información basándose en estas objeciones. Este documento introduce la sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre estos casos relacionados, probablemente abordando la disputa sobre el descubrimiento de prueba.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una petición de certiorari presentada por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre Praico solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración para oponerse a una moción de sentencia sumaria. El caso subyacente involucra una reclamación por incumplimiento contractual bajo una póliza de seguros por daños causados por el huracán María. El Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto de certiorari solicitado. Fundamenta su decisión en que la determinación recurrida es de naturaleza interlocutoria y no revisable bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Además, el Tribunal no encontró indicios de que el foro primario actuara de forma arbitraria o cometiera un error de derecho. Señala que la parte peticionaria cuestiona el desenlace final de este evento procesal en otro caso, donde podrá fijar sus posiciones. La denegación se basa en la falta de fundamentos jurídicos para ejercer la facultad revisora discrecional.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, emitida el 29 de junio de 2021, relativa a múltiples casos de certiorari. Los casos involucran a varios Consejos de Titulares de Condominios y a Triple-S Propiedad, Inc. Las controversias subyacentes son demandas por incumplimiento de contrato relacionadas con la cubierta de seguros por daños en los condominios. Triple-S contestó las demandas negando responsabilidad y alegando cumplimiento. Un punto central de disputa fue el descubrimiento de prueba. Los Consejos de Titulares solicitaron a Triple-S información y documentos sobre la investigación y manejo de las reclamaciones. Triple-S se opuso a la producción de ciertos documentos, alegando objeciones como amplitud, onerosidad, confidencialidad y privilegios. La sentencia aborda estos procedimientos de certiorari originados en el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones emite Resolución sobre un recurso de certiorari. Senderos de Montehiedra Homeowner Association impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario declaró No Ha Lugar una Moción de Relevo de Sentencia presentada por la Asociación. La Moción de Relevo buscaba anular una Sentencia previa basada en una estipulación de las partes. Dicha estipulación puso fin a una demanda inicial de la Asociación contra Pedro L. González. La Asociación argumentó que el acuerdo estipulado era inválido por violar condiciones restrictivas y haberse alcanzado por error. Tras negar el relevo y la reconsideración, el Tribunal de Primera Instancia fue recurrido en certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ el auto de certiorari solicitado.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Glorivette Díaz Santiago y Jorge Ibrahim García Díaz solicitando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La resolución recurrida determinó que la pensión alimentaria entre parientes a favor de Jorge Ibrahim García Díaz, un joven adulto con autismo Asperger que cursa estudios universitarios, terminaría en junio de 2021. El padre, Rafael García Pagán, solicitó la terminación argumentando que el cambio de programa de estudios del hijo extendería la pensión por un período desproporcionado, considerando su propia situación económica y de salud. El foro primario acogió la solicitud del padre. La madre y el hijo solicitaron reconsideración, alegando que la decisión ignoró la condición de salud del joven, impuso la carga económica a la madre y se tomó sin escuchar al hijo. El padre se opuso, cuestionando la capacidad del hijo y la legitimación de la madre. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari. El tribunal revocó la determinación del foro primario. Se ordenó la celebración de una vista evidenciaría para resolver el asunto.

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Comparece Candel Coop. en apelación contra una Sentencia en Rebeldia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero contra el Sr. Vidal Rafael Maisonet Infante. El TPI declaró Ha Lugar la demanda por el principal adeudado, pero impuso una suma de \$450.00 por costas, gastos y honorarios de abogado. Candel Coop. solicitó reconsideración, argumentando que el pagaré pactaba un 33% de la deuda por dichos conceptos, suma que ascendía a \$1,291.35. El TPI denegó la reconsideración. La apelación se centra en si el TPI erró al no aplicar la cuantía de costas y honorarios previamente pactada entre las partes. El Tribunal de Apelaciones revisa la sentencia apelada y la modifica en cuanto a la partida concedida por costas, gastos y honorarios de abogado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Jowell Carrero Lugo. El peticionario solicita la revocación de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que denegó su solicitud de modificación de sentencia. Carrero Lugo fue sentenciado a diez años de reclusión en 2013 por agresión grave (Art. 109 CP), tras un acuerdo de alegación. En 2021, invocando el principio de favorabilidad, pidió al TPI que modificara su pena a restricción domiciliaria o terapéutica según el Código Penal de 2012. El TPI declaró No Ha Lugar su solicitud en marzo de 2021. En desacuerdo, Carrero Lugo acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, sin solicitar comparecencia de la parte recurrida, procede a denegar el auto solicitado. La decisión se basa en la revisión de los autos y la aplicación de las reglas procesales y el estándar de deferencia a las decisiones discrecionales del foro primario.

Resumen:

Eliezer Santana Báez, confinado en una institución correccional, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la confiscación de un televisor por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Alegó que el aparato le había sido provisto por la agencia o dejado por otro confinado, y que su incautación era indebida. El Departamento de Corrección sostuvo que el televisor no pertenecía al recurrente y no fue adquirido conforme a la reglamentación interna. Explicó que los televisores de confinados trasladados deben ser recogidos por un familiar designado. El Departamento argumentó que la decisión era un asunto administrativo no sujeto a revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones determinó que la respuesta del Departamento de Corrección no constituía un dictamen adjudicativo. Concluyó que su capacidad revisora no alcanza asuntos puramente administrativos dentro del poder discrecional de la agencia. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso al considerar que la decisión impugnada no era revisable judicialmente.

Resumen:

Comparece una peticionaria ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio, custodia y relocalización de menores. Solicita la revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró No Ha Lugar una moción suya y le ordenó presentarse con los menores a una cita con una psicóloga designada para una evaluación. La peticionaria había alegado que la psicóloga incurrió en actitudes discriminatorias por su nacionalidad rusa y solicitó cancelar la cita y prohibirle contacto. El foro primario denegó su solicitud y mantuvo la orden de asistir a la evaluación. Ante el Tribunal de Apelaciones, la peticionaria presentó un recurso de Certiorari señalando varios errores del foro primario. Los errores se relacionan con la alegada discriminación, violación de derechos y falta de preparación multicultural de la psicóloga. El recurrido se opuso a la solicitud de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari instado por Mabel Ileana Santiago Figueroa. La peticionaria solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de intervención en un caso de exequatur. En el procedimiento original, Jazmira Sampoll Colón y Marisol Berly Colón pidieron la convalidación de una sentencia de divorcio de Florida entre Mariana Miranda e Israel Berly. El Tribunal de Primera Instancia concedió el exequatur, reconociendo la sentencia de divorcio. Posteriormente, Santiago Figueroa presentó una moción para intervenir y anular la sentencia de exequatur, alegando ser esposa de Israel Berly y parte indispensable no notificada. El foro primario denegó la intervención, indicando que las controversias debían resolverse en un pleito de herencia separado. Santiago Figueroa recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El TPI se declaró sin jurisdicción al concluir que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales de los recurridos no fue emplazada adecuadamente. Previamente, la parte peticionaria, Rushmore Loan Management Services, LLC, había intentado emplazar personalmente a los recurridos y a la sociedad de gananciales sin éxito. Ante ello, Rushmore solicitó y obtuvo autorización del TPI para realizar el emplazamiento por edictos, el cual fue publicado y notificado por correo. El TPI dictó sentencia en rebeldía contra los recurridos individuales basándose en dicho emplazamiento. No obstante, en una etapa posterior, el TPI determinó que el emplazamiento de la sociedad de gananciales fue defectuoso, resultando en la orden de falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari, revoca la decisión del TPI y devuelve el caso al foro primario para que continúe los procedimientos.

Resumen:

El Consejo de Titulares del Condominio Valle Santa Cecilia demandó a Triple-S Propiedad, Inc. por daños e incumplimiento de contrato tras el huracán María, reclamando \$2,000,000. Triple-S negó la cubierta, alegando fraude y sobrevaloración de las pérdidas, y presentó una reconvención solicitando una sentencia declaratoria sobre el fraude y el proceso de appraisal. La aseguradora argumentó que el tasador del Consejo y el árbitro seleccionado se reunieron sin su consentimiento, violando el debido proceso y regulaciones. Por ello, Triple-S solicitó al Tribunal de Primera Instancia la paralización del proceso de appraisal, solicitud que fue denegada por el foro primario en diciembre de 2019. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia emitió otra resolución en octubre de 2020, declarando No Ha Lugar la solicitud del Consejo para confirmar un laudo de arbitraje sobre valorización de daños. El Consejo de Titulares acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari contra esta última resolución. El Tribunal de Apelaciones, en resolución de 28 de junio de 2021, DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado por el Consejo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Resolución y Orden de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) que dispuso el registro de una orden de alimentos solicitada por el estado de Virginia. El recurrente, Orlando J. Córdova Rolón, se opuso a dicho registro y a la modificación de la pensión. Este caso surge tras un recurso anterior que fue desestimado por prematuro, devolviéndose a ASUME para que emitiera una resolución fundamentada. La orden original de alimentos fue emitida por Nueva York en 2003, y Virginia solicitó su registro y modificación en Puerto Rico. El recurrente objetó la jurisdicción de ASUME y alegó fallas en el proceso de notificación y registro. ASUME desestimó la objeción inicial y la posterior solicitud de reconsideración, en parte debido a la incomparecencia del recurrente a las vistas. Tras evaluar los hechos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Resolución y Orden emitida por ASUME.

Resumen:

Luis H. Quiñones Santiago presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnaba una determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El CCT había reclasificado su nivel de custodia de mínima a máxima. Aunque una escala inicial sugirió custodia mínima, la reclasificación se basó en modificaciones discrecionales. Los fundamentos incluyeron la gravedad de sus delitos, afiliación a una ganga carcelaria y una condena federal bajo la Ley RICO obtenida mientras cumplía su sentencia estatal. El recurrente solicitó reconsideración, alegando ajustes positivos y violación a la prohibición ex post facto, pero fue denegada. Ante el Tribunal, argumentó arbitrariedad y otros señalamientos contra la decisión del CCT. El DCR solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una solicitud de sentencia sumaria presentada por One Alliance Insurance Corporation. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios y pérdida de rentas instada por los propietarios de un apartamento contra su aseguradora, One Alliance. Los demandantes reclamaron daños sufridos por su propiedad durante el Huracán María. La propiedad, ubicada en un condominio, era utilizada para alquileres a corto plazo (Airbnb) y no como residencia principal. One Alliance denegó la reclamación y posteriormente rescindió la póliza desde su inicio. La aseguradora argumentó que los demandantes omitieron información material sobre el uso comercial y la no residencia en la propiedad al contratar el seguro. Según One Alliance, de haber conocido estos hechos, no habrían emitido la póliza. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían hechos materiales en controversia, impidiendo dictar sentencia sumaria a favor de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora si procedía dicha denegatoria.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la Sra. Daphne M. Cardona Lozada, solicitando la revocación o modificación de la sentencia dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La apelante fue hallada culpable de homicidio negligente, portación y uso de armas de fuego sin licencia, y disparar o apuntar armas. Los hechos se remontan a un incidente en el que, estando en un vehículo, tomó una pistola cargada propiedad de su hermano. A pesar de haber sido advertida de no tocarla, manipuló el arma y la disparó accidentalmente. La bala impactó y causó la muerte de su amiga y cuñada, Nayely Ivette Rodríguez Rodríguez, quien estaba sentada a su lado. El hermano de la apelante, dueño del arma, también fue acusado en relación con los hechos, pero fue absuelto. La apelación busca impugnar la sentencia resultante de estas convicciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Sigfredo Orama Torres y María Rosario González Figueroa. Los peticionarios impugnan una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para paralizar una subasta pública y obtener relevo de sentencia por alegada falta de jurisdicción. El caso subyacente es un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por Banco Popular de Puerto Rico. Los peticionarios habían solicitado previamente al Tribunal de Apelaciones un auxilio de jurisdicción para detener la subasta, el cual fue denegado. En el proceso original, los peticionarios contestaron la demanda, alegando falta de jurisdicción, pero no solicitaron la desestimación del caso. Posteriormente, no se opusieron a la solicitud de sentencia sumaria presentada por el banco. Tras evaluar el recurso de Certiorari, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegarlo.

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Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa de una decisión del Departamento de Educación. El caso concierne a un estudiante de educación especial, S.W.T., diagnosticado con retraso severo del lenguaje y Trastorno del Espectro Autista. S.W.T. impugnó una resolución final del foro administrativo del Departamento que declaró No Ha Lugar su querella sobre servicios compensatorios educativos y ubicación. Las evaluaciones del estudiante recomendaron intervenciones específicas, incluyendo su ubicación en un salón de autismo a tiempo completo con maestro especializado, asistente y matrícula no mayor de tres estudiantes. El comité del Departamento cuestionó la justificación de la recomendación sobre el tamaño reducido del grupo. La madre del estudiante aceptó una ubicación temporera pero presentó una querella solicitando el personal y tamaño de grupo recomendados. El foro administrativo falló en contra del estudiante. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo la transcripción de la vista administrativa. Basado en sus fundamentos, el Tribunal confirmó en parte y revocó en parte la resolución final recurrida. La sentencia detalla el historial del estudiante, sus diagnósticos, los servicios recomendados y el trasfondo procesal que llevó a la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Casa Protegida Julia de Burgos contra el Negociado de Seguridad de Empleo (NSE). Casa Protegida había solicitado la condonación de intereses, recargos y penalidades de su cuenta patronal. Presentó una apelación administrativa ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Dicho foro declaró desistida y archivó la apelación administrativa por supuesta incomparecencia a una vista. Casa Protegida recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la vista era telefónica y el foro administrativo no inició la comunicación, violando su debido proceso. El NSE se opuso, afirmando que se hicieron intentos de comunicación y que no se agotaron los remedios administrativos. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa. La sentencia revoca la decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que declaró desistida la apelación administrativa de Casa Protegida.

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Sentencia de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso de certiorari. La peticionaria, Sra. Luz Meraliz Martínez Martínez, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden denegó su solicitud de sentencia en rebeldía contra Walmart en una querella por despido injustificado. La solicitud de rebeldía se basó en que Walmart no contestó la querella dentro del término legal. Walmart presentó su contestación y una oposición a la rebeldía fuera de término, alegando nulidad del emplazamiento. El TPI denegó la rebeldía pero luego determinó que Walmart se sometió voluntariamente a su jurisdicción. La peticionaria argumentó que el TPI erró al denegar la rebeldía sin justificación del incumplimiento de Walmart y sin permitirle replicar o celebrar vista sobre el emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la Resolución recurrida del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación en un caso de desahucio en precario. La controversia surge entre Laboratorio Clínico Del Mar II, Inc. (apelado) y LifeGene-Biomarks, Inc. (apelante) respecto a la ocupación de un local. El Laboratorio demandó el desahucio alegando que LifeGene ocupaba el predio sin contrato vigente tras la expiración de un "Collaboration Agreement" suscrito el 1 de junio de 2020. El Laboratorio notificó formalmente a LifeGene su decisión de no renovar dicho acuerdo más allá del 30 de noviembre de 2020. Las partes suscribieron un acuerdo temporal para diciembre de 2020, confirmando la no extensión del contrato original. Ante la negativa de LifeGene a desalojar el local después de diciembre, el Laboratorio presentó la demanda de desahucio. LifeGene argumentó que el contrato original seguía vigente, interpretando el término de forma distinta. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda de desahucio, ordenando el desalojo. LifeGene apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La peticionaria, Alina Vicente López, impugna determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de acción reivindicatoria. El caso original fue presentado por Gran Vista, Inc. contra la señora Vicente López y otra codemandada. Gran Vista alegó que la señora Vicente López invadió un área verde común de la urbanización, destinada a escorrentías pluviales. Se le imputó sembrar plantas, instalar tubos y marcar linderos en dicho terreno común. La demanda buscaba la restitución del área a su estado original y la remoción de las alteraciones. En el Tribunal de Apelaciones, la parte recurrida (Gran Vista) se opuso a la expedición del auto, solicitando la desestimación por falta de notificación adecuada. Tras examinar el tracto procesal del caso, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso de Certiorari solicitado por la señora Vicente López.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirma la determinación de la Junta Examinadora de Psicólogos. La recurrente, Sandra Silva Ruiz, solicitó la revisión de la desestimación de una querella ética que presentó contra la psicóloga Rina Alonso Olivero. La señora Silva alegó que la doctora Alonso entrevistó a su hija menor sin su consentimiento y la trató de forma inadecuada. La Junta Examinadora desestimó la querella al no recibir la documentación esencial que le requirió a la señora Silva. Además, la abogada de la señora Silva prohibió a la doctora Alonso entregar el expediente de la menor, impidiendo a la Junta evaluar el caso. La señora Silva recurrió, argumentando que la Junta erró al desestimar la querella y no proteger sus derechos parentales ni el derecho a la privacidad de la menor y ella misma. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el tracto procesal, validó la decisión de la Junta Examinadora.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa. El recurrente, Renardo de la Camera, ex agente de la Policía, fue expulsado de la fuerza. Apeló su expulsión ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA ordenó la paralización total de su apelación, invocando la paralización automática de la Ley PROMESA. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la CIPA. Presentó entonces un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que la paralización de PROMESA no aplica a su caso, ya que los hechos y el inicio del proceso administrativo ocurrieron después de la radicación de la quiebra gubernamental. El Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen de la CIPA.

Resumen:

La Administración de Familias y Niños (ADFAN) presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba revocar dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso sobre la Ley de Derechos de la Persona de Edad Avanzada. Dichos dictámenes impusieron a ADFAN el pago de \$2,600.00 y declararon un desacato por falta de pago. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar su jurisdicción para atender el recurso. La sentencia reitera la doctrina legal sobre la jurisdicción, destacando que la ausencia de esta impide a un tribunal entrar en los méritos del caso y solo le permite desestimarlo. Tras analizar las bases legales de su competencia para certiorari, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción en este caso particular. Por consiguiente, se desestimó el recurso de certiorari presentado por la peticionaria. Como resultado de la desestimación por falta de jurisdicción, se declaró Nada que Proveer en cuanto a la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción interpuesta por ADFAN.