Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 12)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo dos apelaciones consolidadas (KLAN202401065 y KLAN202401070). El caso original, procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, versaba sobre una demanda de daños y perjuicios presentada por los esposos Ortega-Correa contra Amistad Properties Inc. h/n/c Maderas Tratadas. El TPI encontró a Maderas Tratadas responsable por construir un muro que afectó el drenaje pluvial en una servidumbre, causando daños a los demandantes. Condenó a Maderas Tratadas a pagar $30,000 a cada esposo por sufrimientos mentales, aplicando una reducción del 25% por negligencia comparada. El foro primario denegó la solicitud de los esposos Ortega-Correa para la restitución de la servidumbre de desagüe. Maderas Tratadas apeló buscando la revocación de la sentencia. Los esposos Ortega-Correa también apelaron, solicitando la modificación en cuanto a la denegatoria de la restitución y la determinación de negligencia comparada. Tras consolidar ambos recursos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Management Administration Services Corp. solicitó al Tribunal de Apelaciones un auto de mandamus contra la Presidenta Ejecutiva de COSSEC. La petición buscaba obligar a COSSEC a resolver una solicitud de intervención presentada por la peticionaria y a emitir una resolución final en una querella administrativa en curso. La querella original, presentada en diciembre de 2024, trata sobre la legitimidad de la junta de directores de la Cooperativa de Vivienda La Ceiba. La peticionaria alegó que COSSEC incurrió en desviación procesal y dilación injustificada al continuar el procedimiento sin resolver su solicitud de intervención. Argumentó que resolver la intervención es un deber ministerial de la agencia. El Tribunal examinó el expediente y el derecho aplicable. Se adelantó la denegatoria del mandamus solicitado. El Tribunal recordó que el mandamus es un recurso altamente privilegiado y discrecional cuya expedición está sujeta a requisitos estrictos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, examinó una Solicitud de Certiorari presentada por Héctor Manuel Santana Olmo. La solicitud provenía de un caso en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, sobre reanudación de tracto sucesivo interrumpido y usucapión. Antonio Rodríguez Rodríguez, como recurrido, presentó una oposición al certiorari. Tras un estudio sosegado del expediente, el tribunal apelativo decidió abstenerse de ejercer su función revisora. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esta resolución fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 21 de abril de 2025. La decisión se fundamentó en las reglas de procedimiento que rigen los procesos de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la liquidación de bienes gananciales tras un divorcio. El caso enfrenta a Marian E. Márquez Villanueva y Pedro A. Arzola Marrero. La señora Márquez Villanueva demandó para liquidar la sociedad, reclamando créditos por pagos hipotecarios y mantenimiento de la residencia ganancial. El señor Arzola Marrero reconvino, solicitando crédito por el uso exclusivo del inmueble por la Apelada y por mejoras. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando Ha Lugar la demanda de liquidación. El señor Arzola Marrero apeló dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. El panel modificó la Sentencia Nunc Pro Tunc apelada. La modificación aclara que el Apelante no aceptó todas las alegaciones de la demanda. Así modificada, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Yahaira Cáceres Orta. La apelación buscaba revocar la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia había declarado con lugar la moción de Oriental Bank y desestimado la demanda de la señora Cáceres por despido injustificado. La señora Cáceres alegó haber sido despedida sin justa causa tras laborar para el banco desde 2003, reclamando indemnizaciones bajo la Ley 80. Su despido se relacionó con la modificación de ingresos de clientes en solicitudes de préstamo bajo un programa piloto. Oriental Bank sostuvo que el despido fue justificado por una falta grave, consistente en falsificar información de ingresos para asegurar la aprobación de préstamos. El banco argumentó que esta conducta violaba su Manual de Normas de Conducta. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Oriental Bank al encontrar justificada la causa del despido. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de revisión administrativa presentado por Tiger Med, Corp. contra una resolución de la Administración de Seguros de Salud (ASES). Tiger buscaba revocar la decisión de ASES de archivar con perjuicio su querella contra Molina Healthcare of Puerto Rico, Inc. La querella original de Tiger se refería al cobro de dinero por servicios prestados bajo contratos previos con Molina (PSG y Plan Vital). Molina había cesado su participación en el Plan Vital mediante un acuerdo de transición con ASES que incluía el pago a proveedores. Tiger tenía reclamaciones pendientes tras la salida de Molina y se comunicó con la aseguradora. ASES solicitó información a proveedores con reclamaciones pendientes contra Molina mediante una carta circular, a la cual Tiger respondió. No obstante, ASES desestimó la querella formal de Tiger por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones concluye que también carece de jurisdicción para atender el recurso de revisión administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). GSLS Enterprise, LLC solicitó la revisión judicial de una multa administrativa de $10,000 impuesta por el DACo. La multa se originó por una violación al Reglamento Núm. 6811 sobre congelación y fijación de precios de artículos de primera necesidad en situaciones de emergencia. Específicamente, GSLS Enterprise, LLC no proveyó récords completos de costos y precios de gasolina durante una inspección del DACo. GSLS Enterprise, LLC impugnó la multa y solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el DACo. El documento detalla las gestiones y solicitudes de prórroga de GSLS Enterprise, LLC en el proceso administrativo ante la agencia. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos presentados, confirma la Resolución recurrida. Esto significa que la multa de $10,000 impuesta por el DACo a GSLS Enterprise, LLC es ratificada.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Johnnie Feliciano e Ivette Antonia García Toro. Los peticionarios solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su pedido para dejar sin efecto una sentencia de desahucio. El caso original fue instado por Luciano Torres Jr. por cobro de dinero y desahucio, alegando incumplimiento en un contrato de compraventa de un local comercial. Los peticionarios fueron declarados en rebeldía por no comparecer tras ser emplazados. Se dictó sentencia ordenando el pago o el desalojo de la propiedad. Posteriormente, los peticionarios solicitaron paralizar el lanzamiento, argumentando que no fueron debidamente emplazados y desconocían el pleito. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el emplazamiento fue correcto y denegó la paralización. Inconformes, los peticionarios acudieron al foro apelativo alegando violación al debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El recurso de Certiorari ante este Panel Especial proviene de un caso penal contra el Sr. Ayala Velázquez por la muerte del Sr. Julián Luis Rodríguez Milian. Inicialmente, se le imputaron varios delitos, incluyendo el Art. 93(A) del Código Penal de Puerto Rico. Tras la vista preliminar, el Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable por los delitos imputados, incluyendo dicho artículo. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la corrección de la resolución para incluir también el Art. 93(B), alegando que fue imputado y probado. La defensa se opuso a la solicitud, argumentando que fue presentada fuera del término legal y que el tribunal carecía de jurisdicción para enmendar. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución enmendada incluyendo el Art. 93(B). Ayala Velázquez recurre en Certiorari, planteando como único error que el tribunal primario actuó sin jurisdicción al enmendar la resolución basándose en una moción extemporánea. El Panel Especial revisará si el tribunal inferior cometió un error de derecho o abusó de su discreción al enmendar la resolución.

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Constructora del Río, Inc. comparece mediante Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra Carlos Armando Avellanet Quiñones y Angelina Torres Negrón. La petición buscaba revisar órdenes del Tribunal de Primera Instancia en Aibonito en un caso sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Específicamente, Constructora del Río impugnaba dictámenes que denegaron su solicitud para enmendar su contestación a la reconvención presentada por el matrimonio Avellanet-Torres. El Tribunal de Primera Instancia había considerado la solicitud de enmienda extemporánea e impuso una sanción. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar la petición, determinó que carecía de jurisdicción para atender el Certiorari. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por el Consejo Escolar de la escuela superior Dra. Conchita Cuevas. Los peticionarios impugnaron una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de Mandamus que iniciaron contra funcionarios del Departamento de Educación. La Orden del TPI les exigía demostrar el diligenciamiento de la citación para una fecha límite y denegó su solicitud para comparecer por derecho propio. Junto al recurso de certiorari, los peticionarios presentaron una moción urgente en auxilio de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones desestimó la moción de auxilio de jurisdicción por incumplimiento con la Regla 79(E) del Reglamento, al no evidenciar la notificación simultánea a la parte recurrida. El Tribunal también denegó el recurso de certiorari. La resolución describe el historial procesal en el TPI, incluyendo la presentación del Mandamus y las órdenes subsiguientes sobre el diligenciamiento y la representación legal.

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El Sr. Juan C. Martínez Crespo presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando una vista para considerar la exención de una pena especial de $7,800.00 impuesta en 2014. El Tribunal desestimó el recurso por incumplimiento craso con su Reglamento, lo cual le priva de jurisdicción para entender en el mismo. El peticionario no indicó el dictamen recurrido, no señaló errores, ni proveyó las disposiciones legales que fundamentan la competencia del foro apelativo. Su escrito se limitó a la solicitud de vista, sin demostrar que la petición de exención fuera denegada previamente en el foro primario. Además, no sometió los documentos necesarios ni notificó a la parte recurrida. El Tribunal enfatiza que el incumplimiento con los requisitos reglamentarios imposibilita el ejercicio de su función revisora y conlleva la desestimación del recurso. La falta de jurisdicción no puede ser subsanada ni asumida por el tribunal.

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El Programa de Solidaridad UTIER (PROSOL-UTIER) presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba revocar una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que ordenó el cierre y archivo de su Petición de Representación para empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La CASP fundamentó su decisión en la Ley Núm. 9-2021, la cual extiende convenios colectivos y prohíbe elecciones de representación durante su vigencia. PROSOL-UTIER alegó que la decisión de la CASP y las leyes aplicadas violaban derechos constitucionales. El DTOP solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones sobre la Resolución de la CASP, citando jurisprudencia previa. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión administrativa. La desestimación se basó en que el Tribunal carecía de jurisdicción sobre el asunto presentado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una impugnación de subasta presentada por Insight Communications Corp. Insight recurrió la decisión de la Junta Revisora de Subastas que confirmó la adjudicación de la buena pro a Telecontacto-Telecontact, Inc. para un sistema de centro de llamadas 3-1-1. Insight argumentó que la Junta de Subastas evaluó las propuestas con criterios incompatibles, que su propuesta tenía precios competitivos y que el proceso fue defectuoso al no requerir una certificación de PRITS para servicios de inteligencia artificial. La Junta Revisora había desestimado estos argumentos, indicando que los errores de puntuación eran oficinescos, que el precio de Telecontacto era menor y que la certificación de PRITS no fue requerida en el pliego. Insight apeló ante el Tribunal, señalando errores en la evaluación de precio y la omisión del requisito de certificación de PRITS. Tras evaluar las posturas de las partes, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen administrativo recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una resolución en el caso KLCE202500384. Este caso, identificado con el número CG2024RF00633, trata sobre custodia, relaciones paterno/materno filiales y alimentos para menores de edad. Las partes involucradas son Frances Coral Mejías Nieves como recurrido y Gabriel David Cruz Rodríguez como peticionario. El peticionario, Gabriel D. Cruz Rodríguez, presentó una Petición de Certiorari ante el tribunal. Tras considerar la petición, el panel integrado por los jueces Bermúdez Torres, Martínez Cordero y Cruz Hiraldo decidió denegar su expedición. Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, la denegación de un Certiorari en estos casos no requiere fundamentación. Como resultado de la denegación del Certiorari, la Moción en auxilio de jurisdicción presentada también fue declarada No Ha Lugar. La resolución ordena la notificación inmediata a las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por FirstBank Puerto Rico contra Billy Joe Reyes Castro. El caso original es un cobro de dinero y reposesión iniciado por FirstBank debido al incumplimiento de pago de un préstamo de vehículo por parte del señor Reyes Castro. FirstBank solicitó al Tribunal de Primera Instancia que anotara la rebeldía del demandado y dictara sentencia en su contra, ya que no contestó la demanda. El foro primario denegó la solicitud de rebeldía, requiriendo a FirstBank evidencia de un contrato de reventa de la unidad supuestamente reposeída. FirstBank solicitó reconsideración, aclarando que la unidad no había sido reposeída ni vendida, y que la reposesión era uno de los remedios pedidos. Tras ser denegada la reconsideración, FirstBank acudió en alzada argumentando error del Tribunal de Primera Instancia al denegar la rebeldía. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de Certiorari. Revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Devuelve el caso al foro primario para que continúe los procedimientos conforme a lo resuelto en esta sentencia.

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La Corporación de Servicios Médicos Primario y Prevención de Hatillo compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. La petición buscaba revocar una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Manatí. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una moción de sentencia sumaria presentada por la Corporación. La moción de sentencia sumaria se dirigía contra una querella de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, presentada por Yadira Núñez González. La señora Núñez alegó despido constructivo tras ser reasignada a un puesto de menor salario luego de un contrato a término. La Corporación argumentó que no aplicaba la Ley 80 y que la reasignación se debió a conducta impropia. El Tribunal de Primera Instancia encontró controversias de hechos que impedían la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición de Certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por la Corporación.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el señor Emanuel Zeno Serrano, apelante, solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, maestro y miembro de la Guardia Nacional, demandó al Departamento de Educación alegando discrimen en la implementación de la Ley Núm. 9-2022 y buscando reinstalación con beneficios mediante injunction y mandamus. Durante el proceso en Primera Instancia, el Departamento de Educación informó haber procesado la solicitud de ajuste salarial del apelante. La agencia certificó el monto del ajuste mensual y que el pago estaba pendiente de autorización. Aunque el apelante disputó la cantidad total retroactiva adeudada, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la controversia se había tornado académica. Por consiguiente, el foro primario desestimó la demanda por falta de jurisdicción. El señor Zeno Serrano apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Conforme a sus fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Este caso de divorcio y custodia se centra en la disputa jurisdiccional entre Taili Tee Thula Tovar y Asdrúbal Simón Mata Cabello. La controversia principal radica en determinar la residencia habitual de los hijos menores y la aplicación del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños. El Tribunal de Primera Instancia determinó previamente que los menores son residentes habituales de Bogotá, Colombia, y que los tribunales de Puerto Rico solo tienen jurisdicción para ordenar su restitución bajo dicho Convenio. Esta determinación fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en un recurso anterior. La Sra. Thula Tovar presentó un nuevo recurso contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia de marzo de 2025. El Tribunal de Apelaciones acogió este recurso como un auto de certiorari. Tras revisar el historial del caso y los argumentos presentados, el Tribunal de Apelaciones expide y confirma la Orden recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones que atiende un recurso de certiorari presentado por Luis Córdova Dexter y Cordex Construction Corporation, Inc. Los Peticionarios solicitan la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de 10 de febrero de 2025. Mediante dicha Orden, el foro de instancia declaró No Ha Lugar una Solicitud de Descalificación de Representación Legal presentada por la parte recurrente. El caso principal tiene un extenso trámite procesal desde 2020. Anteriormente, en 2022, este Tribunal ya había denegado un certiorari previo de los Peticionarios relacionado con una solicitud de descalificación distinta, señalando que no debe usarse para controversias hipotéticas. Tras revisar los fundamentos expuestos en el presente recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión judicial. El recurrente, Joselito Cruz Campos, impugna una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha decisión le denegó la integración al Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. El Departamento había emitido la denegatoria en noviembre de 2024. El recurrente solicitó reconsideración y, al no estar conforme, acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal evaluó el escrito del recurrente y los documentos presentados. Consideró la normativa aplicable, incluyendo el Reglamento Núm. 9488 que rige el programa. También tomó en cuenta la deferencia que se debe conceder a las decisiones administrativas. Tras la evaluación, el Tribunal resolvió confirmar la determinación del Departamento. Por tanto, se mantiene la denegatoria de acceso al programa de pase extendido.

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Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Jean Carlos Gutiérrez Arroyo. La petición impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró a Gutiérrez Arroyo procesable bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal. El peticionario enfrenta cargos criminales por infracciones a leyes vehiculares, de sustancias controladas y de armas. Inicialmente, había sido declarado no procesable. Sin embargo, tras evaluaciones de seguimiento, el perito del Estado concluyó que el imputado simulaba síntomas y era procesable. El Tribunal de Primera Instancia acogió esta recomendación, revocó su determinación previa y ordenó el ingreso a prisión del peticionario y la continuación del proceso criminal. La defensa presentó una moción en el foro primario y recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resuelve la petición sin ulterior trámite.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La peticionaria, Thalía Marie Rivera Santiago, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado bajo la Ley 80 y Ley 2. La resolución recurrida declaró No Ha Lugar su Moción sobre Anotación de Rebeldía y Para Que Se Dicte Sentencia contra la recurrida, Barra Vieja, LLC. La peticionaria instó la querella bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 por despido injustificado. La recurrida compareció especialmente impugnando el emplazamiento y solicitando desestimación, y luego pidió prórroga para contestar. La peticionaria argumentó que la recurrida estaba en rebeldía al no contestar la querella válidamente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de rebeldía y sentencia. El Tribunal de Apelaciones estudió el recurso de certiorari presentado por la peticionaria. Tras revisar el legajo, el Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Los peticionarios solicitaron revocar una Resolución Interlocutoria Enmendada Nunc Pro Tunc del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre incumplimiento de contrato. La resolución del TPI "corrigió" el nombre de un perito de la parte recurrida y concedió término para descubrimiento sobre dicho testigo. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. Concluyó denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado. El tribunal apelativo determinó que la jueza del TPI no abusó de su discreción ni erró en derecho al emitir la resolución enmendada. Se consideró que la decisión del TPI salvaguardó el debido proceso al permitir el descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones se abstuvo de intervenir en asuntos de manejo del caso, que recaen en la discreción del foro primario. No se encontraron fundamentos jurídicos para expedir el auto conforme a los criterios de discreción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de Certiorari presentada por Remedy Ventures II, LLC. La petición impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que señaló una vista para considerar remedios provisionales. Remedy Ventures solicitó en el foro primario el nombramiento de un síndico, embargos preventivos y prohibiciones de enajenar contra TCG Investment, LLC y otros. Estos remedios se pidieron de forma inmediata y ex parte en un pleito civil relacionado con el incumplimiento de un contrato de préstamo y una demanda de arbitraje. El TPI, en lugar de conceder los remedios de inmediato, ordenó una vista con la presencia de la parte recurrida. Remedy Ventures solicitó reconsideración al TPI, la cual fue denegada. En su Certiorari, Remedy Ventures alega que el TPI erró al no expedir los embargos preventivos de inmediato y ex parte, argumentando que cumplió con los requisitos legales. Sostiene que condicionar la concesión de los embargos a una vista posterior contraviene el propósito urgente de las reglas aplicables. El Tribunal de Apelaciones previamente denegó una solicitud de orden en auxilio de jurisdicción de Remedy Ventures y procede con el recurso sin la comparecencia de la parte recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Caribbean Lumber & Hardware (National Lumber). La empresa buscaba revocar la denegatoria de su moción de sentencia sumaria parcial por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La reclamación original fue presentada por Rubén Claudio Rivera tras sufrir una caída en el establecimiento de National Lumber. National Lumber argumentó en su moción que la lesión principal reclamada, una rotura de hombro, preexistía a la caída según el historial médico del demandante. Alegaban que, por tanto, no había causalidad entre el incidente y ese daño específico. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al identificar cinco hechos materiales en controversia. National Lumber presentó el certiorari impugnando esta determinación y alegando varios errores del foro primario. Tras evaluar el expediente y la resolución recurrida, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso. Esta decisión confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia de que existen controversias fácticas que impiden resolver el caso sumariamente.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una solicitud de certiorari presentada por Luis H. López De León, miembro de la población correccional, buscando modificar su sentencia. El Peticionario fue condenado en 2012 por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y dos cargos bajo la Ley de Armas, recibiendo una extensa pena de reclusión. Anteriormente, el Peticionario ha presentado múltiples mociones de rebaja de sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia y recursos de revisión ante este Tribunal, los cuales han sido denegados. La solicitud actual surge de la negativa del Tribunal de Primera Instancia a una moción reciente, al considerar que los planteamientos eran idénticos a los ya resueltos. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado. Fundamenta su decisión en que los argumentos presentados son repetitivos y ya fueron considerados y resueltos en ocasiones anteriores. Señala que los asuntos judiciales deben tener un punto final y que no se han presentado circunstancias extraordinarias que justifiquen reconsiderar los mismos planteamientos. Además, indica que el Peticionario no demostró tener un argumento viable para impugnar su sentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Site Resource Group (Puerto Rico) LLC. La empresa solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Utuado que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. El caso subyacente es una querella de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, presentada por Joshua Santiago Maestre contra SITE. Santiago Maestre alegó un despido arbitrario, mientras que SITE afirmó que la terminación fue justificada por el arresto del empleado y su posterior ausencia, en violación de políticas internas. SITE argumentó en su moción de sentencia sumaria que no existían controversias de hechos materiales que impidieran resolver el caso sumariamente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción al encontrar controversias sobre los motivos precisos del despido, la violación de normas de ausentismo y la necesidad de disciplina progresiva. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari pero confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en el caso contra Ediburgo Torres León por apropiación ilegal agravada. El recurrido, antes de la vista preliminar, solicitó al Ministerio Público la entrega de cualquier declaración de sospechoso y prueba exculpatoria. El Ministerio Público se opuso a la solicitud, argumentando que era prematura para esa etapa procesal. El Tribunal de Primera Instancia, evaluando las posturas, ordenó al Ministerio Público entregar la declaración de sospechoso si existía. El Ministerio Público solicitó reconsideración de esta orden, la cual fue denegada por el foro primario. Inconforme, el Pueblo de Puerto Rico recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Este Foro expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenaba la entrega de la declaración de sospechoso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de custodia entre Luz J. Mojica Rosado y Xavier Méndez Estrada. La señora Mojica Rosado presentó un recurso de Certiorari Informativo relacionado con una Sentencia previa de este mismo tribunal (KLAN202401137) del 31 de enero de 2025. Dicha Sentencia anterior había revocado una decisión del Tribunal de Primera Instancia que la sancionaba en el caso original. En su nuevo recurso, la peticionaria no especifica claramente qué dictamen impugna ni el remedio solicitado. Por consiguiente, el Tribunal desestima el Certiorari Informativo por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La Resolución enfatiza la importancia de la jurisdicción y la necesidad de cumplir con los requisitos procesales.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Jahaira Borrero Valentín y Norberto A. Borrero Soto. Los peticionarios impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Utuado que denegó su solicitud de desestimación de cargos. Dicha solicitud se fundamentó en la Regla 64(n)(7) de Procedimiento Criminal, alegando el transcurso del plazo reglamentario para la celebración de una vista de causa probable en alzada. El Ministerio Público había solicitado esta vista tras no encontrarse causa probable para ciertos cargos bajo la Ley de Sustancias Controladas en una audiencia inicial. Los peticionarios argumentaron que la dilación violaba su derecho fundamental a un juicio rápido. Tras evaluar el legajo apelativo y las posturas de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta Resolución para atender una petición discrecional de Certiorari. La peticionaria solicitó la intervención del tribunal para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha decisión del TPI declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por la peticionaria. Los argumentos para la desestimación se basaban en la supuesta falta de jurisdicción del TPI sobre la materia y el principio "Non Bis in Idem". Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones concluye denegar la expedición del auto de Certiorari. Considera que la distinguida Magistrada del TPI no abusó de su discreción ni erró en derecho al disponer de la forma en que lo hizo. Señala que la etapa procesal es prematura para los planteamientos realizados, los cuales requieren descubrimiento de prueba. No encuentra indicio de que el foro recurrido haya actuado de forma arbitraria o cometido error de derecho. Por tanto, no identifica fundamentos jurídicos que justifiquen ejercer su facultad revisora discrecional.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE202500202 entre Ricardo Andrés Ibarra y María Victoria Sánchez Lincoln. El señor Ibarra presentó un recurso de Certiorari contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Orden declaró No Ha Lugar su solicitud de revisión de pensión alimentaria por cambio sustancial en los ingresos. La pensión alimentaria provisional a favor de la menor fue fijada en $4,660.30 mensuales en junio de 2022. Esta cantidad se basó en los ingresos netos reportados en ese momento ($18,036.13 mensuales para el peticionario y $5,995.39 mensuales para la recurrida). El Tribunal de Apelaciones concedió término a la recurrida para exponer su posición, quien presentó una oposición solicitando la denegación del auto de Certiorari. Con la comparecencia de las partes, el recurso se considera perfeccionado y el Tribunal procede a pormenorizar los hechos procesales.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre custodia y relaciones paterno/materno filiales. Marcos Cordero González solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para que un perito contratado por él entrevistara a los menores. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud, argumentando que los menores ya habían sido entrevistados en innumerables ocasiones por distintos profesionales. Indicó que la controversia medular era la alegada alienación parental y que el perito podía revisar los informes existentes. Cordero González recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error en la fase de descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el dictamen impugnado. Tras considerar las posiciones de las partes, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. La decisión valida la negativa a permitir una nueva entrevista de los menores por el perito del padre en este contexto procesal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa presentada por Félix Flores Morales contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente impugnó la resolución de la Junta que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta fundamentó su decisión en que el plan de salida propuesto por el señor Flores no era viable debido a su proximidad con la residencia de las partes perjudicadas. Por ello, la Junta le ordenó proponer un nuevo plan de salida completo y obtener una evaluación psicológica actualizada. El señor Flores cumple una sentencia de noventa y nueve años por múltiples delitos graves, incluyendo asesinato en primer grado. La Junta adquirió jurisdicción sobre su caso en 2022 y lo evaluó en varias ocasiones. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen de la Junta de Libertad Bajo Palabra. La denegatoria fue ratificada al considerar válidos los fundamentos relacionados con la proximidad del plan de salida a las víctimas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso civil sobre cobro de dinero y reconvención. Hacienda Ilusión, LLC demandó a Ramón González Simounet reclamando $15,000 por incumplimiento de un contrato de arrendamiento, alegando que la propiedad estaba en malas condiciones. González contestó la demanda y presentó una reconvención, reclamando que Hacienda le adeudaba $90,000 por cánones de arrendamiento impagados por el término del contrato. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria ante el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Hacienda, No Ha Lugar la de González, Ha Lugar la demanda de Hacienda y Sin Lugar la reconvención de González. Ramón González Simounet apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia Enmendada apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Gilberto Joel Aponte Estremera. El apelante recurrió la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de maltrato psicológico bajo el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54. La convicción original resultó en una pena de tres años de reclusión y una pena especial. Los hechos imputados ocurrieron en enero de 2022 e involucraron violencia psicológica contra la señora Caroline Pierrette Figueroa Torres. El juicio por jurado culminó con un veredicto de culpabilidad, basado en la prueba presentada por el Ministerio Público y el testimonio del apelante. En apelación, el señor Aponte Estremera argumentó la ausencia de prueba de patrón de conducta y la admisión de prueba inadmisible. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y la transcripción de la prueba. Aplicando el estándar de revisión para convicciones criminales, el tribunal evaluó los planteamientos del apelante y determinó confirmar la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Apelación presentada por Ana Mercedes Díaz García. La apelación busca revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus reclamaciones contra FirstBank Puerto Rico. La demanda original alegaba daños y perjuicios, fraude, falsa información y negligencia institucional. La señora Díaz García reclamó que Manuel Constanzo Castro y Andrea Domínguez Constansio utilizaron fraudulentamente su número de Seguro Social para obtener un préstamo hipotecario de FirstBank. Alegó que FirstBank actuó con conocimiento o negligencia al no verificar adecuadamente la identidad de los prestatarios. Este fraude, según la apelante, le causó daños y afectó su capacidad para defenderse en un caso de ejecución de hipoteca sobre su propia residencia. FirstBank, por su parte, negó negligencia y afirmó que la apelante intentó inducirles a error. La Sentencia Parcial apelada permitió que el caso continuara contra los co-demandados, el matrimonio Constanzo-Domínguez.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Kristian González Cruz apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia, emitida el 5 de agosto de 2024, acogió una Moción de Sentencia Sumaria de Gladys Marie Cruz Lebrón. El TPI desestimó con perjuicio la demanda de nulidad de sentencia presentada por el apelante. El pleito de nulidad se relaciona con una Sentencia previa del TPI de 2016. Esa Sentencia de 2016 autorizó la inscripción tardía del matrimonio entre el causante Ricardo González Arnau y Gladys Marie Cruz Lebrón. También corrigió el certificado de defunción del causante y declaró a los herederos. La controversia original surgió tras el fallecimiento del causante en 2015, sobre el estado civil de Gladys Marie Cruz Lebrón y sus derechos hereditarios frente a los hijos del causante. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de apelación y el alegato en oposición. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal confirma la Sentencia apelada del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202500030. La apelante, Margarita Velázquez Ortiz, recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha sentencia de instancia declaró "Ha Lugar" una demanda de injunction presentada por la Sucesión de Baltazar Cintrón León. La Sucesión alegó ser dueña en común proindiviso de una finca donde enclava una estructura habitada por la apelante. Solicitaron el injunction porque la apelante estaba realizando trabajos de remoción de corteza terrestre en la propiedad. El caso se origina en una cesión verbal de parte del terreno hecha por los causantes a su hijo y nuera (la apelante) en 1984, donde esta construyó su hogar. Existió previamente una sentencia de transacción sobre partición de herencia que valoró la participación de los herederos y mencionó la casa como único bien a dividir. La Sucesión enmendó la demanda para incluir a otros dueños en común proindiviso como partes indispensables. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones dictó sentencia desestimando un recurso de mandamus presentado por unos peticionarios contra la Comisión Apelativa del Servicio Público. El recurso, incoado en 2017, buscaba obligar a la CASP a emitir una resolución final en un caso de 2015 y señalar vistas evidenciarias. La desestimación se fundamenta en la inactividad prolongada de los peticionarios en el trámite judicial. A pesar de varias órdenes del tribunal, incluyendo prórrogas y requerimientos para informar el estado del caso o mostrar causa para no desestimar, los peticionarios incumplieron reiteradamente. Específicamente, no completaron la presentación de documentos requeridos ni respondieron a los apercibimientos judiciales. Conforme a la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, que permite la desestimación por inacción, el tribunal decretó el archivo del recurso.

Resumen:

Luis Meléndez Martínez presentó una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución de Cese y Desista de la Oficina de Gerencia de Permisos. Alegó que la Oficina erró al celebrar una vista sin notificación adecuada y al negarse a recibir una moción de reconsideración. La Oficina de Gerencia de Permisos informó al Tribunal que, para evitar la apariencia de falta de debido proceso, dejaría sin efecto la Resolución recurrida. Posteriormente, la Oficina presentó una Resolución formal revocando el dictamen original y señalando una nueva vista administrativa. Ante esta acción, la Oficina solicitó la desestimación del recurso por haberse tornado académico. El Tribunal de Apelaciones determinó que, al haber sido dejada sin efecto la determinación administrativa impugnada, la controversia había cesado. Conforme a la doctrina de academicidad, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para revisar un dictamen inexistente. Por tanto, el Tribunal ordenó la desestimación del recurso de revisión judicial.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Doria A. Martínez Guzmán contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La recurrente impugna una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que desestimó su apelación por falta de jurisdicción. El caso se origina por una reclasificación de puesto por el DCR. La Autoridad Nominadora del DCR acogió favorablemente la solicitud de revisión de la Sra. Martínez, acordando reasignarla a una clase superior. Sin embargo, el DCR no ejecutó dicha determinación. La Sra. Martínez apeló ante la CASP solicitando la ejecución de la decisión favorable. La CASP desestimó la apelación, concluyendo que se presentó fuera del término jurisdiccional, aplicando el plazo para apelar la inacción de la agencia. La recurrente argumentó que su apelación fue oportuna, basada en la falta de ejecución de una determinación final, no en la ausencia de respuesta. El Tribunal de Apelaciones revisó la desestimación por falta de jurisdicción de la CASP. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal revoca el dictamen de la Comisión.

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La Corporación del Centro de Bellas Artes (Bellas Artes) acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar una decisión administrativa del Departamento de Hacienda. Dicha decisión confirmó una multa de \$1,000 impuesta por el Negociado de Impuesto al Consumo. La multa se debió a la venta de boletos para un evento a un precio diferente al registrado en el refrendo oficial. Bellas Artes argumentó que la discrepancia fue un error humano. El Negociado de Impuesto al Consumo, representado por la Oficina del Procurador, solicitó la desestimación del recurso de Bellas Artes. Entre los argumentos para la desestimación, se señaló que Bellas Artes, como corporación, no puede comparecer por derecho propio ante los tribunales. El Tribunal concedió a Bellas Artes un plazo para responder a la solicitud de desestimación, pero esta no compareció. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver el caso, comenzando por evaluar la cuestión de la jurisdicción planteada por la representación legal de la corporación.

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El Municipio Autónomo de Las Piedras solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó pendiente una moción sobre la Investidura de Título. El caso subyacente es una petición de expropiación forzosa iniciada por el Municipio para adquirir una propiedad inmueble. El Municipio acumuló a varios demandados, incluyendo a los propietarios, quienes fueron emplazados por edicto. Al no comparecer, se les anotó la rebeldía. El Municipio alegó que los gastos incurridos en la propiedad excedían su valor, creando una deficiencia a su favor y eximiéndolo del depósito de justa compensación. Solicitó sentencia y la investidura de título, presentando evidencia de los gastos requerida por el foro primario. A pesar de la rebeldía y la evidencia, el tribunal inferior pospuso la decisión sobre la investidura de título hasta una vista futura. Este panel expide el auto de certiorari y revoca la determinación recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia en el recurso de apelación presentado por Ángel Rosario Marrero. El apelante solicitó la revisión de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia de instancia había desestimado sin perjuicio una Demanda instada por el Sr. Rosario contra el Municipio de Hormigueros y otros. La demanda original alegaba incumplimiento en la asignación de direcciones residenciales. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender la apelación. Se enfatiza que la falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que obliga a desestimar el recurso. Por tanto, se desestima el recurso de apelación presentado por el Sr. Rosario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por El Pueblo de Puerto Rico. La petición busca revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha determinación, emitida tras una vista el 21 de octubre de 2024 y formalizada el 5 de febrero de 2025, denegó la solicitud del Ministerio Público para revocar la libertad a prueba de Roberto A. Rodríguez Calderín. El recurrido se encontraba cumpliendo una pena suspendida bajo condiciones por infracciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica. El Ministerio Público solicitó la revocación alegando manipulación de grillete electrónico y salidas no autorizadas. Tras evaluar la prueba presentada en la vista, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de revocación. El Pueblo de Puerto Rico recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida, manteniendo la decisión de no revocar la probatoria del señor Rodríguez Calderín.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Geovanny Disla Díaz. La peticionaria impugna una orden interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que le impuso el pago de una renta mensual de $725.00. Dicha orden se dictó dentro de un pleito civil instado por Matthias Muench sobre nulidad de contrato y daños. Muench alega que una escritura de compraventa de participación sobre un inmueble a favor de Disla Díaz es nula y solicita, entre otras cosas, el desalojo y el pago de un canon por uso exclusivo. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari para revisar la determinación del foro primario respecto al pago de renta. La corte considera los fundamentos presentados por las partes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones modifica la cuantía ordenada. Se dispone que el pago mensual en concepto de arrendamiento será de $600.00.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por Carlos A. Marrero Rodríguez. El peticionario buscaba dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. Dicha moción fue presentada en un pleito incoado por Benny E. Vázquez Matos, H/N/C JBC Uniforms, contra el Colegio CEM San Francisco de Asís y Marrero Rodríguez. La demanda original reclama incumplimiento de un contrato de suplido de uniformes, daños y perjuicios, y cobro de dinero, tras la cancelación del acuerdo por el cierre del Colegio. Marrero Rodríguez solicitó la desestimación de la demanda en su contra personalmente, argumentando que las alegaciones se referían a actos en su capacidad oficial y que el Colegio posee personalidad jurídica separada. La parte demandante se opuso, sosteniendo que los hechos alegados justificaban la reclamación y la necesidad de descubrimiento de prueba. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, lo que motivó el recurso de certiorari ahora denegado por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de apelación. Los apelantes, padres en representación de menores y una fundación, impugnan la desestimación de su petición de mandamus. La acción original buscaba compeler a la Secretaria del Departamento de Educación a pagar una deuda a la fundación. Dicha deuda era por servicios educativos y de transportación provistos a estudiantes de educación especial. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el mandamus. Argumentó que existía un remedio adecuado en ley para el cobro de la deuda. También señaló que los padres carecían de legitimación activa. La deuda reclamada correspondía al año escolar 2023-2024. El Tribunal de Apelaciones Confirma la Sentencia del foro primario. Esto valida la improcedencia del mandamus para esta reclamación de cobro.