Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 115)

Resumen:

Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Comisión Industrial relativa a Williams Hospitality Group Inc. (WHG) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La controversia principal gira en torno al estatus patronal de WHG (asegurado o no asegurado) para accidentes de trabajo ocurridos entre el 3 de julio y el 20 de diciembre de 2015. La CFSE había determinado que WHG no estaba asegurado para estos incidentes. WHG apeló, argumentando que estaba asegurado porque presentó su declaración de nómina a tiempo y eventualmente pagó la totalidad de las primas de la póliza de 2015, a pesar de que el primer pago semestral se realizó después de la fecha límite del 27 de noviembre de 2015. WHG sostuvo que la aceptación del pago tardío por parte de la CFSE debía resultar en cobertura retroactiva. La CFSE replicó que, según la ley, la cobertura es efectiva al momento del pago de la prima, y el pago tardío dejó a WHG sin seguro durante el período en que ocurrieron los accidentes. La Comisión Industrial determinó que, si bien WHG presentó la declaración a tiempo, el pago crucial de la primera prima se realizó tarde, específicamente el 22 de diciembre de 2015. Los accidentes en cuestión sucedieron entre la fecha límite de pago y la fecha real del pago. El Tribunal de Apelaciones revisó las determinaciones y la interpretación legal de la Comisión. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución de la Comisión Industrial, ratificando la determinación de que WHG era un patrono no asegurado durante el período especificado debido al pago inoportuno de la prima.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de certiorari presentado por José A. López Navarro y Carmen D. Navarro Rivera. La petición busca dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que estableció un estado provisional de derecho entre vecinos bajo la Ley Núm. 140-1974. Dicha resolución ordenó acciones específicas a las partes y prohibió ciertas conductas, advirtiendo que la orden provisional no era apelable. El peticionario manifestó su desacuerdo con la orden, particularmente en cuanto a la remoción de paneles. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y la naturaleza del dictamen recurrido. Concluyó que, al tratarse de un estado provisional de derecho bajo la Ley 140 que el propio foro primario declaró no apelable, carece de jurisdicción para entender el recurso de certiorari. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima la petición por falta de jurisdicción.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el señor Wilfredo J. Torres Reyes solicitando la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. La Orden recurrida, dictada el 17 de mayo de 2021, requirió al peticionario presentar en 10 días evidencia de pago de una alegada deuda de $4,369.54 por concepto de pensión alimentaria. El caso principal es una disputa de custodia y gastos relacionados con la hija menor de las partes. En febrero de 2020, el foro primario emitió una Resolución sobre gastos, incluyendo los sicológicos, que generó controversia. El peticionario presentó una moción de reconsideración en marzo de 2020 sobre los gastos sicológicos, la cual quedó pendiente de resolución. Posteriormente, la recurrida presentó una moción de desacato reclamando la deuda. El Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden impugnada en respuesta a estos trámites. El Tribunal de Apelaciones consideró los fundamentos presentados por el peticionario. Se expidió el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el pronunciamiento recurrido del 17 de mayo de 2021.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evaluó un recurso de certiorari en un caso de filiación, custodia y patria potestad. La peticionaria, señora Yerika Desirée Nahyr Loveroder Agosto, impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden limitó el alcance de la investigación de la perito contratada por la peticionaria para refutar un informe social forense. La restricción impidió a la perito entrevistar colaterales familiares y profesionales y visitar el hogar de los menores. La peticionaria alegó que la decisión del TPI violaba su derecho a confrontar la prueba y su debido proceso de ley. La parte recurrida se opuso a la solicitud de certiorari. El Tribunal de Apelaciones consideró meritorio el recurso. Ejerció su discreción para expedir el auto. Concluyó revocando la Orden recurrida del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Víctor Daniel Goytía Garay. El Peticionario enfrenta cargos por incumplimiento de una orden de protección bajo la Ley 54. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una objeción del Peticionario a las instrucciones al jurado. La instrucción objetada requería que tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad fueran unánimes. El Peticionario argumentó que la unanimidad para un veredicto de no culpabilidad era incompatible con jurisprudencia previa. El Tribunal de Primera Instancia se sostuvo en su instrucción. Inconforme, el Sr. Goytía acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, señalando errores en la instrucción de unanimidad y el lenguaje utilizado. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar las comparecencias, resolvió denegar el recurso de certiorari.

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Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio en precario. El apelado, Fernando Alberto Torres Llorens, demandó a la apelante, Nikkie Jean Armstrong Melancon, para desalojarla de una propiedad. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia ordenando el desahucio de la apelante por ocupación en precario e impuso honorarios de abogado. La apelante recurrió la decisión, alegando que la propiedad fue la residencia conyugal y que realizó mejoras con dinero ganancial. Sostuvo que tenía un pleito de liquidación de bienes gananciales pendiente y derecho a permanecer en la propiedad hasta que se dilucidara su participación. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos de las partes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada del foro primario.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Bernice Romero en representación de Centro Pre-Escolar Montessori de la Aldea Inc. solicitando la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda incoada por la apelante contra Mapfre Praico Insurance Company por incumplimiento de contrato. La demanda original buscaba compensación por daños causados por el huracán María, alegando que Mapfre no ofreció una compensación justa. Mapfre presentó una moción de desestimación y sentencia sumaria, argumentando falta de legitimación activa de Bernice Romero, inaplicabilidad retroactiva de una ley y la defensa de pago en finiquito tras el endoso de un cheque. La apelante se opuso, alegando error en la identificación del asegurado y que el endoso del cheque no constituyó un pago total y final. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de Mapfre y desestimó la demanda. Por los fundamentos expuestos en esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

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Se revisa una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia que dictó sentencia en rebeldía contra los esposos NicolaiBonilla. PR Recovery and Development JV, LLC presentó una demanda en cobro de dinero contra los apelantes por incumplimiento de un contrato de préstamo, reclamando \$58,771.23. Tras intentos infructuosos de emplazamiento personal, PR Recovery solicitó y obtuvo autorización para emplazar por edicto. El emplazamiento por edicto fue publicado y notificado por correo certificado. Al no presentar contestación a la demanda, PR Recovery solicitó la anotación de rebeldía y sentencia. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía y dictó sentencia condenando a los apelantes al pago de la suma reclamada. Los apelantes recurrieron en apelación, cuestionando la validez del emplazamiento por edicto y la notificación. El panel revisor consideró los fundamentos presentados por los apelantes. Por los motivos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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Reynaldo Ortega Jiménez comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante una Petición de Certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Dicha Resolución declaró Sin Lugar su solicitud para trasladar la jurisdicción de un caso de divorcio y custodia al estado de Florida. También denegó su petición para ordenar la relocalización de sus hijos menores a Puerto Rico. Las partes se divorciaron en Puerto Rico, donde se dictó una sentencia sobre custodia y pensión alimentaria. Tras el huracán María, los hijos se mudaron temporalmente a Texas con consentimiento del padre, y luego a Florida. El padre argumentó que Florida es el foro más conveniente ya que los menores residen allí. La madre se opuso, alegando que el padre busca reducir su obligación alimentaria. El TPI mantuvo su jurisdicción continua basándose en el decreto original de custodia, a pesar de la residencia de los menores en Florida. El Tribunal de Apelaciones, en esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el padre.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de revisión judicial presentado por Redline Global, LLC. Redline impugna la adjudicación de la Subasta 20-RFP-07 del Municipio Autónomo de Arecibo a favor de Grupo Atabaya, LLC para servicios de recuperación ante desastres. Este es el segundo intento de revisión judicial por parte de Redline, luego de que un recurso anterior fuera desestimado por notificación defectuosa de la primera adjudicación. En aquella ocasión, el Tribunal ordenó al Municipio emitir y notificar una nueva adjudicación conforme a derecho. Redline alega que la segunda notificación, supuestamente enviada por correo certificado, también es defectuosa al no haberla recibido por el método requerido al momento de presentar el recurso. Argumenta que la notificación adecuada por correo certificado con acuse de recibo es un requisito del Código Municipal y fundamental para garantizar el debido proceso y el término para solicitar revisión judicial. La recurrente ha solicitado la paralización de los procedimientos de la subasta mientras se resuelve la controversia. La Unidad de Subastas del Municipio de Arecibo, parte recurrida, no ha comparecido ante el Tribunal para exponer su postura. El Tribunal procede al análisis de los planteamientos de Redline, centrándose en la validez de la notificación y el proceso de adjudicación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación en un caso de revisión judicial. El recurrente, un miembro de la población correccional, había solicitado un remedio administrativo alegando la falta de un buzón de correo en su módulo de vivienda, contrario a la normativa. Sostuvo que el único buzón disponible estaba demasiado lejos. El Departamento denegó la solicitud inicial y una posterior reconsideración, afirmando la existencia de un buzón accesible y la práctica de recolección diaria de correo por oficiales. Inconforme con la decisión administrativa, el confinado acudió al Tribunal de Apelaciones. El tribunal, aplicando el principio de deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas respaldadas por evidencia sustancial, evaluó el recurso. La sentencia emitida por el panel del Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa recurrida.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso involucra a Harbour Development Corp. (Nina Valley) y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Nina Valley solicitó participar en el programa Low Income Housing Tax Credit 2020, pero su solicitud fue denegada por la Autoridad. Tras una solicitud de reconsideración que también fue denegada, Nina Valley presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. La Autoridad solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, argumentando que la revisión judicial fue presentada fuera del término legal. La Autoridad sostuvo que su propia denegatoria de reconsideración fue inoficiosa por ser tardía, lo que hizo que el término para acudir al tribunal comenzara a correr antes. Nina Valley se opuso, alegando que la Autoridad retuvo jurisdicción al emitir la denegatoria antes de la fecha límite para la revisión judicial. El Tribunal, tras considerar los argumentos, determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. Por lo tanto, desestima el recurso de revisión judicial presentado por Nina Valley.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por Loraine Santos García contra Anthony Michael Quiñones Lebrón, propietario de un taller de mecánica. La señora Santos alegó que el señor Quiñones no reparó satisfactoriamente el motor de su vehículo, a pesar de haber pagado \$1,575.00 y brindarle múltiples oportunidades para corregir los fallos. El DACo determinó que el señor Quiñones incumplió el contrato al no lograr la reparación adecuada. Por ello, el DACo ordenó al señor Quiñones restituir a la señora Santos la cantidad pagada. El señor Quiñones recurrió la decisión del DACo ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la agencia erró al concluir que no había reparado correctamente el vehículo. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y el expediente administrativo. Aplicando el criterio de deferencia a las determinaciones administrativas, el Tribunal concluyó que la decisión del DACo estaba fundamentada. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del DACo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión judicial. El recurso fue presentado por Transporte Rodríguez Asfalto Inc. contra un dictamen de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Guayanilla. La empresa recurrente impugnó la adjudicación de una subasta municipal en la que participó como licitador. Alegó que la notificación de la adjudicación fue defectuosa al no incluir una síntesis de las propuestas ni las razones para no adjudicarle la buena pro. La Junta de Subastas solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, argumentando su presentación prematura. El Tribunal analizó las disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico relativas a la notificación de adjudicaciones y el término para solicitar revisión judicial. Concluyó que el recurso fue presentado antes de tiempo. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación prematura.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión administrativa. Marilia Acevedo Torres recurre la determinación de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE. La controversia gira en torno a la corrección del tiempo de servicio acreditable transferido del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. Acevedo Torres transfirió aportaciones certificadas por 16.25 años y pagó una deuda inicial relacionada. Al solicitar su jubilación, el Sistema de Retiro de la AEE encontró una discrepancia entre las aportaciones recibidas y el tiempo certificado. Se corrigió el tiempo acreditable a 15 años, 10 meses y 23 días y se notificó una deuda adicional de \$19,158.24. Acevedo Torres solicitó la revisión de esta corrección ante la Junta de Síndicos. La Junta de Síndicos confirmó la corrección realizada y la deuda pendiente. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución de la Junta de Síndicos. La sentencia confirma la determinación administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la desestimación de una querella por despido injustificado y bono de navidad. La querella fue presentada por Marian González Cintrón, instructora de cosmetología, contra Quality Technical & Beauty College. La recurrente alegó haber sido despedida sin justa causa tras varios años de servicio. La empresa sostuvo que no había relación laboral o que la terminación se debió a la falta de estudiantes, considerada justa causa. La Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo determinó que sí existía una relación obrero-patronal, basándose en el control ejercido por la empresa y la dependencia de la trabajadora. No obstante, la OMA desestimó la querella. La recurrente solicitó la revisión judicial de esta decisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, emite una sentencia. En ella, el tribunal modifica la determinación recurrida y, así modificada, la confirma.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso laboral. Luz Enid Díaz Márquez presentó una querella por despido injustificado y discrimen contra Drugs Unlimited, Generics of Puerto Rico y Discount Generics & Brands bajo la Ley Núm. 2. Generics of Puerto Rico y Discount Generics & Brands no contestaron la querella dentro del término legal de 15 días. La demandante solicitó la anotación de rebeldía contra estas dos empresas. Las empresas que no contestaron presentaron una solicitud de desestimación, alegando no ser patronos y que la Ley Núm. 2 no aplicaba. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de anotación de rebeldía en ese momento y concedió tiempo para responder a la moción de desestimación. La peticionaria apeló, argumentando que el foro primario erró al no anotar la rebeldía y al considerar una moción de desestimación presentada fuera de término. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado. La sentencia revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una Petición de Certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Pontezuela contra Chubb Insurance Company. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y daños relacionados con la póliza de seguro tras el Huracán María. La petición de certiorari buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud del Consejo para una Orden Protectora. El Consejo quería prohibir a Chubb realizar una nueva inspección de los apartamentos del condominio. El foro primario había permitido inspecciones bajo ciertas condiciones previamente, pero denegó la reconsideración para prohibirlas totalmente. Tras la denegación de su moción de reconsideración, el Consejo acudió al Tribunal de Apelaciones. Chubb presentó oposición a la expedición del recurso. El Tribunal de Apelaciones denegó la Petición de Certiorari. La denegación se fundamentó en que no satisfizo los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, relacionado con un caso de despido injustificado y reclamación salarial bajo la Ley Núm. 2. La peticionaria, Lourdes Fontanillas López, impugna resoluciones del foro primario sobre la ejecución de una sentencia por estipulación que acogió un acuerdo transaccional. Tras el incumplimiento del recurrido, Morell Bauzá Cartagena & Dapena LLC., la peticionaria solicitó la ejecución de sentencia y embargo. El recurrido depositó la cuantía en el tribunal, pero luego solicitó declarar satisfecha la sentencia y retirar los fondos, alegando un embargo federal. El Tribunal de Primera Instancia concedió las solicitudes del recurrido sin notificar a la peticionaria ni permitirle oponerse. La peticionaria argumentó que esto violó su derecho al debido proceso y la igual protección de las leyes, y que el tribunal erró al no hacer valer su propia sentencia y mandamiento de ejecución. El Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen recurrido. Determina que el foro primario se excedió en su discreción al disponer de las mociones del recurrido sin que transcurriera el término para que la peticionaria se expresara y sin la debida notificación.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Chubb Insurance Company. Chubb solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso incoado por el Consejo de Titulares del Condominio Parque de Loyola. El Consejo demandó a Chubb por daños causados por el Huracán María, alegando incumplimiento de contrato y mala fe bajo el Código Civil, y posteriormente añadió una reclamación bajo el Código de Seguros (Ley 247-2018). Chubb presentó una moción de desestimación parcial, argumentando que la Ley 247-2018 prohíbe litigar simultáneamente reclamaciones bajo ambos códigos y que dicha ley no aplica retroactivamente. El foro primario denegó la moción, concluyendo que las causas de acción bajo la Ley 247-2018 pueden acumularse con las del Código Civil, aunque sin doble compensación. La petición de Certiorari de Chubb impugna estas conclusiones, específicamente la acumulación de causas de acción y la aplicabilidad retroactiva de la Ley 247-2018. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora el historial procesal y los argumentos de las partes sobre la interpretación y alcance de la Ley 247-2018 en disputas de seguros.

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Comparece la Sra. Mari Rodríguez Jarabo ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de retracto de crédito litigioso. La acción original fue un cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Scotiabank contra la sucesión de los finados Emilio Rodríguez Nigaglioni y María Teresa Jarabo. Scotiabank transfirió la facilidad de crédito objeto de la demanda a Bosco X, LLC, siendo Franklin Credit Management Corporation el agente de servicio y parte demandante sustituta. La Peticionaria, como heredera de la sucesión demandada, intentó ejercer el derecho de retracto tras la cesión del crédito. El Tribunal de Primera Instancia denegó su moción invocando dicho derecho. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ el auto de certiorari solicitado por la Sra. Rodríguez Jarabo.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado por Sandra María de Fátima Seda Barletta en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Banco Popular de Puerto Rico. La peticionaria buscaba la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que, según ella, denegó su reconvención. El foro primario emitió dos dictámenes el 18 de febrero de 2021: una Orden denegando la reconvención y una Resolución sobre otros asuntos procesales. La peticionaria solicitó reconsideración solo de la Resolución y luego presentó el certiorari basándose erróneamente en esta última. El Tribunal de Apelaciones aclara que la reconvención fue denegada por la Orden, no por la Resolución. Dado que el recurso impugna la Resolución y no la Orden que denegó la reconvención, y la peticionaria no presentó la Orden ni prueba de haberla impugnado adecuadamente, el Tribunal carece de jurisdicción para revisar la denegatoria de la reconvención. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100585. El apelante, William A. Rodil Rivera, presentó una apelación contra la Policía de Puerto Rico y el Estado Libre Asociado. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre sentencia declaratoria e injunction. El apelante sometió una Moción Anunciando Desistimiento Voluntario del caso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal examinó dicha moción presentada el 15 de septiembre de 2021. La Moción de Desistimiento Voluntario fue declarada Ha Lugar por el Tribunal. En consecuencia, se ordena el archivo y sobreseimiento del caso. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Service \& Solution, Inc. (SSI) contra el Municipio Autónomo de Carolina. SSI apeló una sentencia sumaria parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños. SSI había demandado al Municipio alegando terminación injustificada de un contrato de arreglo de pista deportiva tras atrasos. El Municipio contrademandó, sosteniendo que SSI incumplió plazos y abandonó la obra. El Municipio solicitó sentencia sumaria, presentando hechos no controvertidos con prueba admisible. SSI se opuso, pero su oposición careció de la prueba y referencias requeridas por las reglas procesales. El foro primario desestimó la oposición de SSI por sus deficiencias formales y concedió la sentencia sumaria al Municipio. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La parte peticionaria, Juan C. Morales et als., solicitó la revisión de una Resolución post sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha Resolución primigenia, emitida el 6 de mayo de 2021, declaró liquidada la totalidad de la deuda impuesta en la Sentencia original de 2010, según modificada en apelación. Además, la resolución recurrida ordenó a los peticionarios devolver sumas recibidas en exceso. El caso se originó por daños a la propiedad debido a una construcción ilegal, resultando en una sentencia condenatoria en 2010 que fue parcialmente modificada por el Tribunal de Apelaciones en 2014. La controversia actual se centra en la liquidación final de la deuda durante la fase de ejecución. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria.

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La apelante Enel Pérez Monté recurre ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de interdicto. La señora Pérez Monté demandó a la Asociación de Propietarios de Hacienda Margarita, Inc. alegando que el personal de seguridad restringía el acceso a sus invitados y arrendatarios. Argumentó que esta acción era arbitraria y violaba su derecho al disfrute de la propiedad, solicitando un injunction para detener la restricción. La asociación defendió sus medidas de control de acceso y la existencia de otros foros para la controversia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de interdicto preliminar y permanente. Determinó que la apelante tenía otros remedios legales disponibles, como impugnar decisiones de la junta o reclamar daños. El tribunal primario concluyó que no se cumplían los requisitos para un interdicto, al no demostrarse daño irreparable y existir vías legales efectivas. Posteriormente, denegó una moción de reconsideración, ratificando su decisión. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa esta desestimación inicial.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico instado por I A MECH CHEM, INC. contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada por el apelante. El foro primario determinó que, aunque la AAA incumplió el contrato de reparación de acometidas sanitarias, I A MECH CHEM, INC. no presentó prueba suficiente para establecer los daños reclamados. El apelante argumenta que sí cumplió con su obligación de probar los daños. El contrato, resultado de una subasta, tenía vigencia de 2012 a 2014. La controversia surgió, en parte, por una carta de la AAA que el apelante consideró una enmienda unilateral e interferencia contractual. Tras evaluar la apelación y la oposición, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Humberto Torres & Associates (HTA) apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó con una demanda del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) contra HTA y AIG (antes Chartis) por incumplimiento de contrato y deber fiduciario. El CAPR alegó que HTA, como su agente de seguros, no obtuvo la cubierta adecuada, dejándolo expuesto a reclamaciones. Estas reclamaciones surgieron de una orden del Tribunal Federal para devolver fondos cobrados inconstitucionalmente por un seguro de vida grupal. HTA argumentó, entre otras cosas, que la acción estaba prescrita y que el CAPR cometió fraude al solicitar la póliza. El Tribunal de Primera Instancia determinó que HTA era responsable por los daños sufridos por el CAPR debido a la falta de cubierta. HTA apeló esta determinación. Un panel anterior del Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de Primera Instancia, resolviendo que HTA no tenía legitimación para alegar fraude y que el CAPR quedó expuesto sin seguro. Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la apelación presentada por HTA contra la determinación de responsabilidad.

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Resolución de un panel judicial que atiende un recurso de apelación, acogido como certiorari, presentado por Luis Mariano Castro López, Adalgisa Gambedotti Carrasquillo y su Sociedad Legal de Gananciales. Los peticionarios solicitan revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La acción original fue una demanda de ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto Rico por alegado incumplimiento de pago. Los peticionarios argumentaron, entre otras cosas, que BPPR no cumplió con el requisito contractual de enviar una notificación previa a la aceleración de la deuda. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de los peticionarios. El panel revisó la solicitud de los peticionarios para revocar dicha determinación. Por las razones expuestas en la resolución, el panel denegó expedir el recurso solicitado.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. La peticionaria impugna una orden de entredicho provisional dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y otros. El caso subyacente trata de una demanda por incumplimiento de contrato de compraventa de un apartamento. Los demandantes-recurridos alegaron que la peticionaria se negó a venderles la propiedad al precio acordado y la ofreció por un precio mayor. Para evitar la venta a terceros, solicitaron una orden de entredicho provisional. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista a la que la peticionaria no compareció, aunque se intentó notificarle. Basándose en la alegación de daño irreparable y la declaración jurada del emplazador, el foro primario concedió el entredicho provisional por diez días. La orden prohibió a la peticionaria vender la propiedad objeto del litigio a terceros. La peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar esta orden.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones atiende una revisión judicial presentada por Carlos N. Morales Díaz contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la revocación de una respuesta administrativa del DCR y que se le ordenara computar sus bonificaciones por buena conducta y asiduidad conforme al Código Penal de 1974. Morales Díaz había iniciado un proceso de remedio administrativo ante el DCR, recibiendo una respuesta inicial y solicitando reconsideración. No obstante, presentó su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones antes de que la Coordinadora del Programa de Remedios Administrativos del DCR emitiera su decisión final sobre la reconsideración. La decisión final administrativa, que confirmó la respuesta inicial, fue emitida y notificada después de que el recurso judicial ya estaba radicado. El Tribunal analizó su jurisdicción para conocer del caso. Concluyó que el recurso era prematuro. Esto se debió a que el recurrente no había agotado completamente los remedios administrativos disponibles al momento de presentar la revisión judicial. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso presentado.

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La sentencia resuelve una apelación presentada por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) contra una Resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR). La CIPR había reconocido al señor Francisco J. Román Pérez el derecho a recibir beneficios por Incapacidad Total Permanente bajo la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. El caso se originó por un accidente laboral sufrido por el señor Román en 2003. Inicialmente, la CFSE denegó la incapacidad total permanente por factores socioeconómicos, argumentando que el recurrido había regresado al mercado laboral. Tras una apelación y una moción de reconsideración, la CIPR revocó su decisión inicial y concedió los beneficios. La CIPR consideró factores como la edad, educación y un 79% de incapacidad fisiológica general estipulada por peritos médicos. La CFSE apeló esta última resolución ante el tribunal. El tribunal, tras revisar el caso, determinó confirmar la Resolución emitida por la CIPR.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una acción reivindicatoria de terrenos. Los apelantes, Luis Rico López y otros, demandaron a Miguel A. Ray Chacón y otros por la titularidad de predios identificados como F1 y F3. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, determinando que los demandados adquirieron las áreas en controversia por usucapión extraordinaria. Los apelantes recurrieron esa decisión, imputando error al foro primario en su conclusión sobre la usucapión. El Tribunal de Apelaciones había emitido previamente una sentencia modificando la de instancia, revocando la desestimación respecto a una porción del predio F3. Posteriormente, los apelados informaron haber presentado una petición de quiebra antes de la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. Este dictamen actual modifica la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. El caso gira en torno a la disputa por la propiedad de terrenos y la aplicación de la figura de la usucapión.

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El Tribunal de Apelaciones revisó la denegatoria de una solicitud de enmienda a una sentencia final y firme de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Banco Popular de Puerto Rico solicitó enmendar una sentencia de 2017 para aumentar la cuantía principal y la tasa de interés, basándose en una modificación hipotecaria de 2012 registrada en 2020. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, considerando que la sentencia era final y la enmienda sustancial. El Banco argumentó en apelación que la enmienda era de forma y procedía bajo la Regla 49.1 de Procedimiento Civil. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI. Determinó que la enmienda pretendida era sustancial, al buscar aumentar la cuantía y el interés de la condena. El Banco no presentó una razón válida para no haber solicitado la sentencia por la cuantía y el interés mayores desde el inicio del pleito en 2017. Corregir errores sustanciales en una sentencia final no es el propósito de la Regla 49.1. Por tanto, la denegatoria de la enmienda fue correcta.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Yauco, en un caso de cobro de dinero. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yauco demandó a Ivonne D. Vélez Ruiz por una deuda de préstamo. Tras varios trámites procesales, se señaló una conferencia con antelación al juicio. Ambas partes se ausentaron a la vista señalada para el 28 de febrero de 2020. El foro primario concedió a la parte demandante un término de 10 días para mostrar causa por la cual no debía archivarse el caso por falta de interés. La parte demandante no cumplió con dicho requerimiento dentro del término concedido. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia el 15 de abril de 2021, desestimando el caso sin perjuicio. La Cooperativa apeló esta sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación para revisar la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de Certiorari presentado por Yonel Morales Rivera. El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Morales Rivera cumple una sentencia de 60 años impuesta en 2018 tras un acuerdo de alegación pre acordada con el Ministerio Público. Los cargos originales incluían infracciones al Código Penal y la Ley de Armas, algunos de los cuales fueron enmendados como parte del acuerdo. La defensa negoció la eliminación de la alegación de uso de arma de fuego y renunció al informe pre-sentencia. Casi dos años después de la sentencia, el peticionario presentó mociones bajo la Regla 192.1. Alegó, entre otras cosas, que un cargo de Ley de Armas era improcedente y que recibió asistencia legal inefectiva por no ser informado de su derecho a una vista de atenuantes. El TPI denegó sus mociones, indicando que no había base legal para revisar las sentencias. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, resolvió denegar el Certiorari solicitado por el señor Morales Rivera.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Eneida Otilia Fas Ramírez. La apelante impugnó la desestimación por falta de jurisdicción de una demanda que instó contra corporaciones y el albacea testamentario de su ex esposo fallecido. En su demanda, la Sra. Fas reclamaba el 50% de las corporaciones, alegando que la comunidad de bienes post gananciales nunca fue liquidada tras su divorcio. Solicitó la nulidad de nombramientos, derecho al voto y daños. Los apelados y los interventores solicitaron la desestimación argumentando que la comunidad ganancial fue liquidada previamente mediante acuerdos y un pleito anterior que fue desestimado con perjuicio, constituyendo cosa juzgada. La apelante se opuso, insistiendo en la falta de liquidación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción, decisión que el Tribunal de Apelaciones confirmó.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100535, apelación presentada por Jesús Santiago Ruiz contra el Municipio de San Juan. El señor Santiago Ruiz demandó al Municipio por daños y perjuicios tras ser destituido de su puesto, alegando que la investigación administrativa fue arbitraria y le causó daños. Previamente, había apelado su destitución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de daños, dictaminando que la CASP tenía jurisdicción primaria exclusiva sobre la impugnación de la destitución. El apelante recurre esta decisión, argumentando que el foro judicial sí tiene jurisdicción para atender la reclamación de daños, a pesar del proceso administrativo. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la desestimación dictada por el foro primario. El documento expone los hechos procesales y los señalamientos de error del apelante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación. El caso original fue una petición de habeas corpus presentada a favor de Angélica Tirado Valera. La petición alegaba que la señora Tirado Valera estaba siendo restringida involuntariamente en el hogar de cuido Amada Healthcare. Fue presentada por Daisy Ramos Cardona, invocando la Ley de la Carta de Derechos de los Adultos Mayores. La parte apelada, la administradora del hogar, planteó falta de legitimación activa y otras objeciones procesales. El Tribunal de Primera Instancia denegó una moción de desestimación pero luego declaró No Ha Lugar la petición principal. La señora Tirado Valera apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación y el trámite en la instancia. Tras evaluar el caso, el panel apelativo determinó que procedía revocar la sentencia recurrida. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del foro primario que denegó la petición.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El litigio se origina en la venta de un inmueble por Geigel Manuel Torres Vázquez a Oceana Development para un proyecto de condominio. El acuerdo de pago incluía una suma de dinero y la entrega de un apartamento al finalizar la construcción. Torres Vázquez subordinó su hipoteca, y socios de Oceana, como Isidro Baranda Alonso e Iván Tort Battle, otorgaron garantías personales sobre la obligación del apartamento. El proyecto fracasó, el banco ejecutó la propiedad hipotecada, y Torres Vázquez demandó a Baranda Alonso basándose en la garantía personal. Baranda Alonso, a su vez, demandó a otros socios como terceros para que respondieran solidariamente. El proceso judicial ha sido complejo, incluyendo una sentencia parcial en rebeldía contra los terceros que fue revocada en una apelación anterior. Baranda Alonso sostiene que la deuda reclamada estaba condicionada a la terminación sustancial del proyecto, la cual no se cumplió por razones que atribuye a Torres Vázquez. El documento expone los antecedentes fácticos y el historial procesal de este prolongado pleito.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, instado por Óptima Seguros. La peticionaria impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial por prescripción. El caso subyacente es una demanda de J \& E Investments, Inc. contra Óptima por incumplimiento de contrato de seguros tras los daños del huracán María. Óptima argumentó que la reclamación de J \& E Investments por pérdida de ingresos estaba prescrita. J \& E Investments se opuso, alegando que la cubierta existía, la prescripción fue interrumpida y Óptima incumplió sus deberes. El foro primario denegó la sentencia sumaria al encontrar hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso de certiorari y la oposición presentada por la parte recurrida.

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William Nieves y otros presentaron una querella el 14 de diciembre de 2020 contra New Security Investigation and Correctional Consultant, Inc., alegando despido injustificado, represalias, discrimen por edad y denegación de acomodo razonable bajo varias leyes de Puerto Rico. La querella se instó bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Los querellantes informaron haber diligenciado el emplazamiento a New Security el 18 de diciembre de 2020 y, al no recibir contestación, solicitaron la anotación de rebeldía. El tribunal anotó la rebeldía a New Security el 11 de enero de 2021 y señaló juicio. New Security contrató representación legal y solicitó una prórroga, la cual fue denegada. Posteriormente, New Security solicitó relevo de la orden de rebeldía, argumentando que el emplazamiento fue nulo por haberse realizado en un lugar y a una persona no autorizada. Pidió dejar sin efecto la rebeldía y el señalamiento de juicio, y se le concediera término para contestar la querella. Los querellantes se opusieron a esta solicitud, sosteniendo la validez del emplazamiento. La presente resolución aborda la disputa sobre la validez del emplazamiento y la solicitud de New Security para dejar sin efecto la rebeldía y el señalamiento de juicio.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Gabriel Rivera López, confinado, impugnó la determinación que lo encontró responsable de desobedecer una orden directa. Según el informe disciplinario, el señor Rivera López se negó a entregar un pendrive conectado a su televisor, escondiéndolo en su celda. El Departamento de Corrección, tras una investigación y vista disciplinaria, desestimó el cargo de contrabando pero confirmó la violación por desobediencia. Como sanción, se le suspendieron privilegios de visitas, comisaría y recreación por 20 días. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Posteriormente, acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión. El Tribunal analizó el expediente administrativo y los fundamentos de la decisión recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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José Zayas Vega compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicitó la revisión y revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. Dicha Resolución, emitida el 21 de julio de 2021, denegó su solicitud de disolución del jurado en un caso sobre Art. 93-B (1er grado) CP y otros. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y la comparecencia de la parte recurrida. Determinó que no existen motivos para ejercer su función revisora en esta etapa de los procedimientos. Consecuentemente, el Tribunal denegó previamente la moción en auxilio de jurisdicción. Ahora, no expide el auto de certiorari solicitado. La Juez Méndez Miró disiente de esta decisión. Ella hubiera expedido el auto y revocado la Resolución recurrida, anunciando una opinión escrita.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por Julio Mangual Vargas. El peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que presuntamente le denegó la exención del pago de una pena especial por indigencia. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamentó en que el peticionario no incluyó los documentos esenciales requeridos por el reglamento, como la decisión recurrida y la moción denegada. El tribunal subrayó la obligación de las partes, incluso las que comparecen por derecho propio, de cumplir rigurosamente con las reglas procesales, especialmente aquellas que establecen requisitos jurisdiccionales y de documentación. La ausencia de estos documentos impidió al tribunal acreditar su jurisdicción y considerar la controversia en sus méritos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Alma López Ortiz. La peticionaria solicitó la revisión y revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitida el 16 de julio de 2021. Dicha orden denegó su Moción Solicitando Reconsideración de cuatro órdenes previas notificadas el 28 de junio de 2021. El caso subyacente, iniciado en 2009, trata sobre una solicitud de remoción de albacea y petición de administración judicial. Las demandantes, hijas del testador, alegaron incumplimiento de deberes por parte del albacea, Roberto Fuertes Thillet. La peticionaria, viuda del testador y parte demandada, se opuso a la remoción del albacea. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. La denegación se realiza sin trámite ulterior.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El recurso fue presentado por Óptima Seguros, aseguradora del Municipio de San Juan, contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios incoado por María A. Peña Carrazo. La señora Peña Carrazo demandó tras sufrir una caída en una acera de la Calle Loíza, alegando desperfectos. Óptima Seguros solicitó la desestimación argumentando que la acera es propiedad estatal (DTOP), no municipal, lo que excluiría la responsabilidad del municipio bajo la ley vigente. La demandante enmendó su demanda para incluir a la AEE, señalando que esta entidad pudo haber causado el desperfecto. El foro primario denegó la sentencia sumaria al considerar que existían hechos materiales en controversia. Específicamente, la duración de la condición que causó la caída y la posible responsabilidad del municipio en cuanto a aviso o mantenimiento de limpieza. Óptima Seguros busca que el Tribunal de Apelaciones revise esta determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre recursos de certiorari presentados por Myrna Lozada Guzmán contra Goldman, Antonetti & Córdova. La señora Lozada solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de descubrimiento de prueba. El caso original es una querella laboral bajo la Ley Núm. 2 por alegado discrimen, represalias e incumplimiento de contrato. La peticionaria sostiene que fue objeto de represalias, como reducción de sueldo, tras reclamar comisiones. El recurrido niega las alegaciones, argumentando que sus acciones se basaron en motivos de negocio. El Tribunal de Primera Instancia había limitado el descubrimiento de prueba en el caso. La señora Lozada buscaba documentos detallados sobre la producción y salarios de abogados del bufete, así como pagos de clientes, desde 2015. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar los recursos, resuelve denegar los autos de certiorari solicitados por la señora Lozada.

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Recursos de Certiorari consolidados presentados por MOTOPAC, CORP. ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Motopac solicita la revocación de una Orden y una Resolución emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en un caso sobre incumplimiento de contrato, cumplimiento específico y daños contra FG Auto Corp. y Total Petroleum Puerto Rico Corp. La Orden impugnada, de septiembre de 2020, compelió a FG Auto a producir prueba específica (correos, direcciones, facturas) solo para los meses de enero a abril de 2018, denegando la solicitud de Motopac de incluir años anteriores (2013-2014). La Resolución impugnada, de junio de 2021, reiteró la imposición de una sanción a Motopac solicitada por Total. El Tribunal de Apelaciones evaluó los planteamientos de Motopac respecto a estas determinaciones del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ el auto de certiorari solicitado por Motopac.

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Myrna Lozada Guzmán presentó recursos de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de descubrimiento de prueba contra Goldman, Antonetti & Córdova (GAC). Lozada demandó a GAC por discrimen y represalias bajo las Leyes Núm. 100 y 115, alegando haber sufrido represalias tras reclamar comisiones. En el litigio, solicitó a GAC documentos sobre su producción, la de otros abogados, pagos de clientes y salarios desde 2015. El Tribunal de Primera Instancia había limitado el descubrimiento y posteriormente denegó la solicitud específica de Lozada para estos documentos. Los recursos de certiorari de Lozada fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, denegó los autos de certiorari solicitados. Esto valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no ordenar la producción de los documentos requeridos por Lozada en esta etapa procesal.