Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 112)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Carmen Rosa Román Bultrón, recurre una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar una moción de sentencia sumaria por prescripción presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación. El foro primario desestimó las reclamaciones contra la Autoridad de Carreteras al determinar que la demanda, presentada más de un año después del alegado accidente, estaba prescrita. La apelante argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar el fundamento de prescripción. La Autoridad de Carreteras, por su parte, solicitó la desestimación del recurso de apelación por alegados incumplimientos procesales. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el expediente. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia Parcial apelada. Esto implica que el tribunal apelativo no concurrió con la determinación de prescripción del foro primario respecto a la Autoridad de Carreteras.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de revisión presentado por un miembro de la población correccional contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitaba la revisión de una decisión relacionada con la compra y uso de vestimenta casual durante las visitas. El Tribunal determina que no tiene jurisdicción para atender el recurso. Explica que la decisión recurrida es una respuesta inicial del "Evaluador" a una solicitud de remedio administrativo. Según el Reglamento 8583 de Corrección, esta respuesta inicial no constituye una decisión final. La revisión judicial solo procede contra una decisión final emitida por el "Coordinador" de la agencia, luego de agotarse los remedios administrativos internos. Al no haberse obtenido una decisión final del Coordinador, el asunto no está sujeto a revisión por este Tribunal en esta etapa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de divorcio sobre custodia de menores. El peticionario, Antonio M. Fernández Salas, solicitó un auto de certiorari para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 3 de junio de 2021. Dicha Orden dispuso el regreso del menor AAFM a la custodia de su madre, Verónica Mercado Látimer. El historial del caso incluye alegaciones del padre sobre la salud y capacidad de la madre para ejercer la custodia. El TPI había denegado previamente solicitudes del padre relacionadas con la salud de la madre y archivado una petición de orden de protección. También se habían dictado órdenes de custodia provisional, asignando un menor a cada progenitor. Tras examinar el recurso y el alegato de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto de certiorari solicitado por el señor Fernández Salas.

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Marilia García Rodríguez Pimentel acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución Final y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico. La disputa se originó por una factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ascendente a \$7,723.12, que la recurrente consideró excesiva y no cónsona con su consumo. Tras objetar la factura sin recibir respuesta, presentó una querella ante el Negociado de Energía. La AEE argumentó que la factura cubría un periodo más extenso y que las lecturas anteriores habían sido estimadas debido a la inaccesibilidad del contador. Luego de vistas evidenciarias, el Negociado de Energía declaró con lugar la querella, pero solo otorgó un crédito de \$5.62 a la recurrente. La recurrente apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La AEE solicitó la confirmación del dictamen. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los escritos, resolvió revocar la Resolución Final y Orden del Negociado de Energía.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la desestimación de una acción de mandamus y sentencia declaratoria presentada por 3 RG Group, Corp. contra el Secretario de Hacienda. La Demandante buscaba obligar a Hacienda a resolver una solicitud de créditos contributivos bajo la Ley 212. Hacienda había denegado la solicitud inicialmente, y la Demandante pidió reconsideración, la cual no fue atendida por la agencia. La Demandante alegó que Hacienda mantuvo silencio por 22 meses sobre la reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Razonó que, bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), la determinación de Hacienda se tornó final y firme al no solicitarse revisión judicial dentro del término de 30 días tras expirar el plazo de 15 días para que la agencia actuara sobre la reconsideración. El TPI concluyó que la Demandante debió acudir en revisión judicial y no mediante mandamus. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del TPI. Concluye que el TPI actuó correctamente al desestimar la acción, pues la Demandante no acreditó la existencia de un asunto pendiente de adjudicación en Hacienda que justificara el mandamus.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre los recursos de revisión judicial instados por Anthony R. Negrón Burgos. El recurrente impugnó decisiones del Departamento de Corrección y Rehabilitación relacionadas con una querella disciplinaria. Dicha querella, número 311-21-030, le imputaba la violación del Código 117 (Agresión) tras una riña con otro confinado el 2 de febrero de 2021. Como resultado, se le impuso una sanción de treinta días de segregación disciplinaria. El señor Negrón Burgos solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la agencia. Alegó que fue agredido y solo utilizó una técnica de agarre para defenderse. Tras la investigación y vista administrativa, el Departamento lo encontró incurso en la falta. El Tribunal examinó los recursos de revisión presentados por el confinado. Luego de evaluar el expediente y los fundamentos, el panel judicial resolvió confirmar la determinación recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Ángel A. Solero Rodríguez, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la Resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento que ratificó su nivel de custodia en máxima. Aunque la escala de puntuación sugería custodia mínima, el Comité aplicó una modificación no discrecional por su sentencia de 688 años y modificaciones discrecionales. Estas modificaciones se basaron en su historial de violencia excesiva, incluyendo condenas por múltiples asesinatos (Masacre de Cupey), y en desobediencia a las normas institucionales por incidentes disciplinarios. El Comité también señaló la falta de resultados esperados en su proceso de rehabilitación. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la Oficina de Clasificación de Confinados. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente alegó error en la aplicación de las modificaciones discrecionales. El Tribunal autorizó al recurrente a litigar *in forma pauperis*. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución recurrida del Departamento de Corrección.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en revisión administrativa. El peticionario, Leonardo González Cruz, impugna una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). La JLBP le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La denegación se fundamentó, entre otros factores, en que el peticionario no presentó un plan de salida. González Cruz solicitó reconsideración ante la JLBP, la cual fue declarada No Ha Lugar. Posteriormente, presentó el recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal aplicó la norma de deferencia a las decisiones administrativas, especialmente a las determinaciones de hechos sustentadas por evidencia sustancial. Tras revisar el expediente, el Tribunal concluyó que la decisión de la JLBP estaba justificada. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida que denegó la libertad bajo palabra.

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Un panel judicial revisó la denegatoria de un permiso para establecer un espacio de "food trucks" en solares residenciales en Caguas. Las recurrentes habían solicitado una variación de uso para este fin en mayo de 2019. El Municipio Autónomo de Caguas denegó la solicitud, basándose en la incompatibilidad del proyecto con la zonificación residencial y su potencial impacto negativo en los vecinos. La evaluación municipal se fundamentó en el Reglamento Conjunto de 2019 y posteriormente en el de 2020. Las recurrentes impugnaron la denegatoria, alegando que se aplicó la reglamentación incorrecta. Argumentaron que la solicitud debió evaluarse bajo el reglamento vigente al momento de su presentación. El tribunal concluyó que, en efecto, la solicitud fue evaluada bajo reglamentos nuevos que no resultaban aplicables. Por tanto, la sentencia deja sin efecto la denegatoria municipal. El asunto se devuelve al Municipio de Caguas. La solicitud de permiso deberá ser evaluada nuevamente conforme al reglamento anterior que sí era aplicable.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un caso de cobro de dinero iniciado por Melvin Rodríguez Torres y otros, incluyendo a Facilidades Médicas Asociadas del Este (FMA) y Redes de Salud, Inc., contra Molienda Corp. y otros. FMA y Redes acudieron al Tribunal de Apelaciones para revisar órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegaron su solicitud de reconsideración. El TPI se mantuvo firme en su negativa a anotar la rebeldía y dictar sentencia en rebeldía contra Molienda. Los demandantes habían presentado una demanda por deudas significativas. Molienda no presentó su alegación responsiva dentro del término concedido por el TPI, aunque posteriormente presentó una moción de desestimación parcial. A pesar de que el TPI anotó la rebeldía, se negó a dictar sentencia en rebeldía a solicitud de los demandantes. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari solicitado. En su decisión, el Tribunal de Apelaciones revocó las órdenes del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de libelo, calumnia o difamación. La apelante, Maritza Ortiz Sánchez, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que acogió su solicitud de desistimiento de la demanda. El foro primario dispuso que dicho desistimiento fuera con perjuicio, lo cual es el objeto de la apelación. La causa original fue instada por Ortiz Sánchez contra Efraín Colón Ocasio, alegando hostigamiento y trato discriminatorio relacionado con reglamentos de una asociación de propietarios, específicamente sobre el recogido de basura. Ortiz Sánchez buscaba interdictos, órdenes y compensación por daños. El señor Colón Ocasio negó las imputaciones, afirmando el incumplimiento reglamentario por parte de la demandante. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos de ambas partes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la determinación judicial impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

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Anthony R. Negrón Burgos presentó recursos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra decisiones del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Los recursos impugnaban una resolución que le impuso una sanción de treinta días de segregación disciplinaria. La sanción se basó en encontrar al recurrente incurso en violación del Código 117 (Agresión) del reglamento disciplinario. Los hechos se relacionan con una riña entre el señor Negrón y otro confinado en la institución correccional. El recurrente alegó ser la víctima y haber utilizado una técnica de agarre para neutralizar al agresor. También cuestionó el procedimiento disciplinario seguido por la agencia. El Departamento de Corrección y Rehabilitación había confirmado su decisión inicial al denegar una solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y los argumentos de ambas partes. Tras la revisión, el Tribunal resolvió confirmar la determinación recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Se revisa judicialmente la adjudicación de la subasta del proyecto Los Álamos por la Administración de Vivienda Pública (AVP) a The Michaels Development Company I, L.P. Fernando L. Sumaza \& Company Inc., quien presentó el recurso, impugnó la decisión alegando que The Michaels no fue el mejor postor, aunque sí fue incluido en el rango competitivo. Sumaza había solicitado previamente una reconsideración a la AVP que no fue atendida. Tanto The Michaels como la AVP se opusieron al recurso de revisión. Alegaron que la adjudicación no fue arbitraria ni caprichosa, justificándose en la experiencia del adjudicatario y el interés público. Sostuvieron que se siguió el proceso de adquisición basado en calificación (QBS) y que la agencia se reservó el derecho a negociar con múltiples proponentes. La subasta se originó de una solicitud de cualificaciones (RFQ) para socios de desarrollo de proyectos de vivienda pública. En el proceso de RFQ, Sumaza obtuvo el tercer lugar en la puntuación final del rango competitivo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de certiorari KLCE202100802, originado por una acusación de asesinato en segundo grado contra José De Jesús Genao Cruz. La parte peticionaria, Genao Cruz, presentó una moción solicitando el desistimiento voluntario del recurso. El Tribunal requirió que dicha solicitud fuera acompañada de una declaración jurada confirmando su intención. La parte recurrida, El Pueblo de Puerto Rico, presentó una moción en cumplimiento de la orden, incluyendo la declaración jurada del peticionario. Tras evaluar la solicitud y la declaración jurada, el Tribunal declaró Ha Lugar la Moción de Desistimiento Voluntario. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, se ordenó el archivo y sobreseimiento sin perjuicio del caso.

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL IV CARMELO BATISTA SANTOS por sí y en representación de BATISTA MOTORCYCLE IMPORT, INC. ## Apelantes v. SUCESIÓN EDWIN BATISTA SANTOS compuesta por EDWIN BATISTA VENTURA, LUIS DANIEL BATISTA VENTURA y ANA CRISTINA BATISTA VENTURA; MARÍA DE LOURDES VENTURA DE JESÚS ## Apelados Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Barresi Ramos. Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. ## SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2021. El Sr. Carmelo Batista Santos (señor Batista Santos o apelante) comparece ante nos y solicita que revoquemos la Sentencia Sumaria Parcial dictada el 26 de mayo de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan. En virtud del referido dictamen, el Tribunal desestimó todas las alegaciones contenidas en la demanda relacionadas a la extinta corporación Batista Motorcycle Import, Inc. (BMI). Ello, dentro de un pleito de cobro de dinero. Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos el dictamen apelado. ## I. El 28 de mayo de 2019, el señor Batista Santos presentó una Demanda sobre cobro de dinero contra la Sucesión de Edwin Batista Santos compuesta por Edwin, Luis Daniel y Ana Cristina, todos de --- apellidos Batista Ventura y la Sra. María de Lourdes Ventura de Jesús (en conjunto, Sucesión o apelados). Expuso, en síntesis, que en el 1987 originó e incorporó, junto a su fenecido hermano, el negocio Batista Motorcycle Imports, Inc., dentro del cual alegó fungió como secretario. Adujo que durante la operación BMI se dedicaba a la labor técnica, compras y ventas. El señor Batista Santos arguyó que junto a su hermano Edwin tomaron la decisión de adquirir una propiedad inmueble localizada en San Juan (Río Piedras) para la operación de BMI. Detalló que, a pesar de que la compra no se realizó a nombre de la corporación, esta última hizo todos los pagos, toda vez que el acuerdo era traspasar la propiedad a BMI. Además, esbozó que nunca se pudo formalizar la transferencia de la titularidad de la propiedad debido a la condición de salud y posterior fallecimiento de su hermano Edwin. Conforme a lo anterior, solicitó al TPI que estableciera que la propiedad localizada en San Juan (Río Piedras) pertenecía a BMI y que fue accionista de la corporación en partes iguales junto a su hermano. En la alternativa, requirió que se reconociera que la entidad efectuó los pagos de la compraventa e hipoteca de dicha finca. A su vez, el señor Batista Santos reclamó gastos por mejoras realizadas con su dinero a la propiedad de BMI ascendentes a $\$ 14,301.23$ y exigió otras sumas a los codemandados Ana Cristina y Luis Daniel, relacionadas a ciertos retiros de dinero de la cuenta de banco de BMI, el pago de una renta en California y el desarrollo de un negocio en el Mall of San Juan. Finalmente, el señor Batista Santos solicitó que se impusieran honorarios de abogado, costas y gastos a su favor. El 22 de noviembre de 2019, la Sucesión presentó su contestación a la demanda. En esta, negó las alegaciones principales e incluyó varias defensas afirmativas. Particularmente, razonó que, --- aunque en algunas instancias antes del 2003 el señor Batista Santos figuró como incorporador de BMI y se le identificó como vicepresidente, este nunca ejerció los deberes y facultades de dicho cargo. Añadió que el 16 de octubre de 2015 a BMI se le revocó su franquicia corporativa, por lo que a la fecha de la demanda esta no existía. En relación con la propiedad inmueble descrita en la demanda, la Sucesión adujo que la señora Ventura de Jesús era la codueña y que, como parte de las estipulaciones de divorcio, esta acordó ceder su interés sobre la misma al señor Edwin Batista Santos. Ante ello, esbozó que la referida finca se transmitió a la Sucesión a título de herencia. Además, alegó que el señor Batista Santos no tenía derecho a reembolso alguno, y que, de determinarse lo contrario, cualquier cantidad debía compensarse con las deudas que este mantenía con la Sucesión. Junto a su contestación, la Sucesión instó una Reconvención, mediante la cual arguyó que el señor Batista Santos utilizó y explotó comercialmente la propiedad en controversia sin pagar canon a sus dueños. Por tanto, fundamentó que procedía ordenar su desalojo y requerir el pago por el tiempo que ocupó la misma. Al mismo tiempo, arguyó que el señor Batista Santos operó un negocio de venta de aceites desde dicha propiedad sin honrar el compromiso con el codemandado Luis Daniel para compartir las ganancias. Asimismo, la Sucesión reclamó varias sumas al señor Batista Santos relacionadas a ciertas propiedades y negocios. En suma, le requirió al TPI que declarara no ha lugar la demanda incoada en su contra y ha lugar la reconvención. ${ }^{1}$ Luego de varios incidentes procesales, el 8 de febrero de 2021, la Sucesión invitó al TPI a que dictara sentencia sumaria a su favor. [^0] [^0]: ${ }^{1}$ El 2 de diciembre de 2019 el señor Batista Santos contestó la Reconvención.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en una Revisión Judicial contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Recurrente, Golden Plantation Investment, LLC, buscaba revocar la decisión del DACo que declaró Con Lugar una querella por vicios de construcción. La querella fue presentada por Roberto C. Gómez Sánchez, quien alegó daños a su propiedad debido al deslizamiento de un talud posterior. El Querellante adquirió la vivienda de Golden Plantation y reclamó que el talud, cortado por la desarrolladora, carecía de protección y representaba un riesgo. Golden Plantation negó responsabilidad, afirmando que el talud no formaba parte de la finca adquirida por el Querellante. Una inspección del DACo confirmó que el talud fue cortado por la constructora, no tenía protección y era un riesgo para la residencia. El DACo ordenó a Golden Plantation costear una solución al problema del deslizamiento. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por el DACo.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Realízate, LLC y sus propietarios. Los peticionarios buscaban revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que les impuso el pago de \$10,000 en honorarios de abogado por haber procedido con temeridad y frívolamente. La determinación de temeridad se basó en la solicitud de un injunction preliminar y permanente dentro de una demanda por difamación. La demanda alegaba que los codemandados (personalidades y medios de comunicación) realizaron expresiones difamatorias sobre supuestas irregularidades y fraude en contratos de la compañía. Los codemandados se opusieron al injunction argumentando que constituía censura previa, inconstitucional para los medios. También alegaron que las reclamaciones por difamación estaban prescritas. Varios codemandados solicitaron honorarios por temeridad debido a la naturaleza inconstitucional del remedio solicitado y la falta de méritos de la demanda. El Tribunal de Primera Instancia encontró temeridad en la solicitud de injunction y condenó a los demandantes al pago de honorarios. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega revisar esa determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Triple-S Propiedad, Inc. Triple-S solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que le requirió seleccionar un árbitro en 20 días para dirimir los reclamos del Consejo de Titulares del Condominio Mansiones de Garden Hills. El caso subyacente trata sobre daños sufridos por el condominio a causa del huracán María. El Consejo de Titulares demandó a Triple-S por incumplimiento de contrato, mala fe y violaciones al Código de Seguros, reclamando \$12 millones tras un ofrecimiento de \$73 mil. Las partes habían informado previamente al foro primario su intención de someter las controversias a un proceso de arbitraje "final y firme" mediante un Memorando de Entendimiento. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la selección del árbitro tras este acuerdo. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple-S. Con esta denegatoria, se confirma la orden del foro primario que exige a Triple-S nombrar su árbitro.

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Comparecen las Sras. Migdalia Rivera Boria, Jackeline Tirado Rivera y Karla Tirado Rivera apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia declaró Con Lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). BPPR alegó que las apelantes incumplieron con el pago de un pagaré garantizado con hipoteca. Las apelantes contestaron la demanda y presentaron defensas. BPPR solicitó sentencia sumaria, argumentando la falta de controversia sobre hechos materiales. Las apelantes se opusieron, alegando la necesidad de descubrimiento de prueba. El TPI acogió la solicitud de sentencia sumaria, determinando que no existía controversia sobre la existencia del préstamo, el incumplimiento, el balance adeudado ni la condición de BPPR como tenedor de buena fe. La Sentencia del TPI ordenó el pago de las cantidades adeudadas o la venta en pública subasta del inmueble hipotecado. El panel de jueces revisó la apelación. Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, Santos M. Mejías Luciano, impugnó una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha determinación declaró No Ha Lugar una solicitud de supresión de evidencia presentada por el peticionario. El caso principal trata sobre una infracción al Artículo 168 del Código Penal (grabación ilegal de imágenes). El peticionario argumentó que el registro de su teléfono celular fue irrazonable y excedió el alcance de la orden judicial. Alegó que la orden limitaba la búsqueda a fotos y videos específicos, pero se realizó una extracción total de archivos. El Ministerio Público se opuso a la supresión, planteando falta de legitimación y que la moción era tardía. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de supresión. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. El peticionario, residente de Puerto Rico, impugna la determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que afirmó tener jurisdicción sobre una reclamación de pensión alimentaria. La madre y el hijo menor residen en México, mientras que el padre reside en Puerto Rico y el menor es ciudadano estadounidense. El peticionario argumentó que el TPI carecía de jurisdicción sobre la materia en este caso internacional y, alternativamente, que erró al referir el caso a la Examinadora de Pensiones Alimentarias. El TPI denegó la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción y una posterior moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones revisó la Resolución del TPI que denegó la reconsideración. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y confirma la Resolución recurrida, validando la determinación del TPI sobre su jurisdicción en el caso.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. La apelación fue presentada por la Dra. Zoé Ortiz Pedraza y SIMED contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el archivo del caso sin perjuicio conforme a la Regla 39.1(b). Los apelantes argumentan que el desistimiento debió ser con perjuicio y que su apelación es oportuna porque una moción de reconsideración de un codemandado interrumpió el término apelativo para todas las partes. La parte apelada, Cynthia M. Colom Torres et al., sostiene que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción por falta de oportunidad de la apelación y que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al ordenar el desistimiento sin perjuicio. El caso original se inició en 2015 por alegada impericia médica en el tratamiento de un menor en 2013. El Tribunal de Apelaciones revisa el extenso trámite procesal que precedió a la Sentencia apelada.

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Felicita Reyes Meléndez apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su Demanda sobre Reivindicación de Terrenos. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento de la demandante con las órdenes del tribunal, específicamente la falta de anuncio de nueva representación legal tras el fallecimiento de su abogado. El foro primario había concedido varios términos para cumplir con dicha orden, llegando a desestimar el caso, reconsiderar su decisión y otorgar un término final. La apelante argumentó no haber sido debidamente notificada de algunas órdenes y explicó las dificultades para obtener el expediente y contratar nuevo abogado, exacerbadas por la pandemia. El panel revisó los fundamentos de la desestimación dictada al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil. Por los motivos expuestos en la sentencia, el tribunal apelativo determinó REVOCAR la Sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda por prescripción. La apelante y otras partes señalaron que la Sentencia del TPI no fue notificada correctamente a una parte demandada en rebeldía que había comparecido. El Tribunal de Apelaciones verificó que la notificación a Integrated Emergency Medical Services \& Management of Trujillo Alto, Inc. no constaba en el expediente. Se reitera que la notificación adecuada es un requisito esencial para que una sentencia surta efecto y para que los términos apelativos comiencen a transcurrir. La Regla 65.3(c) de Procedimiento Civil exige notificar a las partes en rebeldía que comparecieron a su última dirección. Al no haberse notificado correctamente la Sentencia del TPI a todas las partes comparecientes, esta no ha surtido efecto. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para revisar el recurso y desestima la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de apelación entre Demaco Corporation (Apelado) y el Municipio de Guayanilla (Apelante). Este recurso provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, y trataba sobre Injunction y Daños y Perjuicios. El Municipio de Guayanilla, como parte apelante, presentó una Solicitud de Desistimiento por Estipulación. El Tribunal examinó dicha solicitud y la declaró Con Lugar. En consecuencia, se ordenó el archivo y sobreseimiento del recurso de apelación. La decisión se basó en el desistimiento voluntario de la parte apelante, conforme a la Regla 83(A). La Sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre de 2021.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por José A. Rosado Vázquez contra Puerto Rico Telephone Company (PRTC). El señor Rosado Vázquez demandó a PRTC por despido injustificado, represalias y daños tras ser despedido en octubre de 2016. Alegó que su despido fue sin justa causa y violó sus derechos. PRTC contestó la demanda argumentando que el despido fue con justa causa, citando incidentes disciplinarios y violaciones a las reglas de la compañía. PRTC presentó una solicitud de sentencia sumaria, aduciendo la inexistencia de controversias de hechos que sustentaran las alegaciones del demandante. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de PRTC, desestimando todas las reclamaciones contra la empresa. El señor Rosado Vázquez apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio y custodia. La apelante, Taili Tee Thula Tovar, recurre una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución desestimó su demanda de divorcio por falta de jurisdicción, al determinar que las partes no eran residentes de Puerto Rico. El foro primario sí afirmó tener jurisdicción para atender reclamos bajo la Convención de La Haya y la Ley ICARA. Concluyó que la residencia habitual de los hijos menores era Bogotá, Colombia. Determinó que la apelante sustrajo ilícitamente a los menores de dicha jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la restitución inmediata de los niños a Bogotá. La apelación busca la revocación de este dictamen.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la revisión de una decisión administrativa de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Catalina Guzmán Hernández recurrió la determinación de la CFSE de cerrar su caso de accidente de trabajo. La CFSE cerró el caso alegando la incomparecencia de la recurrente a una cita médica. La señora Guzmán Hernández sostuvo que nunca fue notificada de dicha cita. El Tribunal ordenó a la CFSE presentar prueba de la notificación y responder al recurso. La CFSE incumplió con la orden y no presentó la documentación requerida. Ante la falta de prueba de notificación y la incomparecencia de la CFSE, el Tribunal revocó la decisión de cierre. Se ordena la devolución del caso a la CFSE para que continúe brindando el tratamiento médico correspondiente a la recurrente.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial que resuelve una apelación presentada por Agro Industrias del Este, Corp. Agro apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda. La demanda de Agro era contra La Mundial Corp., José Mundo y la Sucesión de César P. Borges. Agro alegó daños causados por ganado de los demandados que entró a su propiedad arrendada, afectando sus cultivos de grama. La demanda también incluía causas de acción por incumplimiento de contrato (subarriendo y falta de seguro) y enriquecimiento injusto. El TPI concedió la sentencia sumaria a favor de los demandados, argumentando falta de prueba y que no se configuraba el enriquecimiento injusto. El panel judicial, tras revisar el caso, determinó revocar la Sentencia Parcial emitida por el TPI.

Resumen:

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió un injunction permanente. Dicho injunction fue solicitado por dos peritos electricistas licenciados. Los peritos buscaban dejar sin efecto la disposición del Reglamento 7817 de la AEE que exige la colegiación compulsoria para certificar instalaciones eléctricas. Argumentaron que este requisito viola el derecho a la libre asociación y el estado de derecho vigente. Su acción se fundamentó en una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que declaró inconstitucional la colegiación compulsoria para peritos electricistas, la cual advino final y firme. La AEE se opuso, alegando no haber sido parte en el caso anterior. El Colegio de Peritos Electricistas intentó intervenir, argumentando la invalidez o inoponibilidad de la sentencia previa y su carácter de parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia denegó la intervención del Colegio y concedió el injunction, basándose en la sentencia previa sobre la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria. La AEE recurre ahora ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Ralph's Food Warehouse (RFW), arrendatario desde 1999 de una propiedad de la Compañía de Fomento Industrial (CFI), solicitó adquirirla mediante compraventa. RFW utiliza la propiedad como almacén central y centro de distribución, alegando deterioro por falta de mantenimiento de la CFI. Tras varias solicitudes de RFW, la CFI denegó la venta en dos ocasiones. La CFI justificó su negativa indicando que la propiedad tiene alto valor en su inventario por su ubicación y potencial de renta. En desacuerdo con la determinación administrativa, RFW presentó una Petición de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones. RFW argumentó que la CFI no proveyó el análisis requerido para la denegatoria según el reglamento aplicable y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). La CFI se opuso a la revisión judicial, alegando que RFW no tenía un derecho propietario afectado y que la LPAU no era aplicable. El tribunal revisa la determinación administrativa de la CFI.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los herederos de Gaspar López para recurrir de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios por prescripción. La acción se originó tras el fallecimiento del Sr. López en febrero de 2011, alegando negligencia médica y dilación en la atención. Los demandantes presentaron una primera demanda en febrero de 2012, la cual desistieron voluntariamente sin perjuicio en junio de 2016 por falta de perito. Posteriormente, incoaron una segunda demanda con los mismos hechos en julio de 2017. Un codemandado solicitó la desestimación de esta segunda demanda argumentando que la acción había prescrito. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción y desestimó el caso. Los apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación de prescripción y confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que consolida dos recursos de Certiorari presentados por Mapfre Praico Insurance Company contra resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Praico impugnó la denegatoria de una Moción de Desestimación en el caso KCLE2021-00264, argumentando la inaplicabilidad retroactiva de la Ley Núm. 247-2018 a reclamaciones de mala fe por daños del Huracán María. También recurrió la denegatoria de una Solicitud de Sentencia Sumaria en el caso KCLE2021-00265, donde el TPI encontró controversias sobre si un pago constituyó un finiquito. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir y revocar la resolución recurrida en el caso KCLE2021-00264, acogiendo el argumento sobre la retroactividad de la ley. No obstante, denegó la expedición del recurso KCLE2021-00265, confirmando la existencia de controversias fácticas sobre el pago en finiquito.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió un recurso de certiorari presentado por el Sr. Eduardo Reyes Caro en un caso de divorcio por ruptura irreparable. El peticionario impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que, de oficio, ordenó su anotación de rebeldía por incumplir con una orden previa. El señor Reyes Caro solicitó dejar sin efecto la rebeldía para poder participar en una vista sobre divorcio y pensión *pendente lite*. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los trámites procesales, incluyendo un emplazamiento por edicto inicial y una previa anotación de rebeldía que fue levantada. El peticionario había comparecido previamente, contestado la demanda y reconvenido, allanándose al divorcio pero oponiéndose a la pensión *pendente lite*. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. En consecuencia, revocó la Resolución recurrida y dejó sin efecto la anotación de rebeldía al peticionario. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. La Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción solicitando la paralización fue declarada No Ha Lugar al resolverse los méritos del recurso.

Resumen:

Un panel de jueces revisó mediante Certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aguadilla. El Peticionario, Darvin J. Muñoz Bosques, enfrenta cargos graves por asesinato, armas y sustancias controladas. Presentó una moción para suprimir evidencia, alegando que fue obtenida ilegalmente sin órdenes ni causa probable. El TPI resolvió que la solicitud de supresión se dilucidaría durante el juicio señalado para el 30 de septiembre de 2021. El Peticionario solicitó la intervención del tribunal apelativo para revocar dicha resolución y paralizar los procedimientos. El recurso de Certiorari fue expedido por el tribunal apelativo. La resolución del TPI que posponía la decisión sobre la supresión de evidencia hasta el juicio fue revocada. La decisión se centra en el momento procesal adecuado para atender la moción de supresión de evidencia en un caso criminal.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. La peticionaria, Maben Figueroa Rodríguez, solicitó la revisión de la pensión alimentaria de sus hijas menores. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente ordenó una vista ante la Examinadora de Pensiones, pero luego dejó sin efecto dicha orden a solicitud del recurrido, Rhynaldo Martínez Santiago. La peticionaria presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el foro primario. En desacuerdo con estas determinaciones, la señora Figueroa presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La peticionaria alegó errores del TPI al no proceder con la revisión y al requerir prueba de cambio de circunstancias antes de los tres años. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso por falta de jurisdicción, al considerar que fue presentado de forma prematura.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Francisco Valdés Pérez. El peticionario busca la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción solicitando sentencia sumaria parcial. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños presentada por Valdés Pérez contra Wanda I. Medina Rivera, su esposo y Cooperativa De Seguros Múltiples. Valdés Pérez alega que la licenciada Medina Rivera incumplió un contrato vitalicio de 1997 para gestiones de cobro, apropiándose ilegalmente de comisiones y fondos. Reclama un total de \$6,000,000 por dinero adeudado y daños. Seguros Múltiples presentó una Moción de desestimación argumentando cosa juzgada, basándose en un caso anterior con las mismas partes y alegaciones. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria parcial del peticionario, indicando que atendería primero la moción de desestimación. El peticionario solicitó reconsideración, la cual también fue denegada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones examina ahora el recurso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari instado por la Unión de Tronquistas, Local 901. La Unión, en representación de una empleada, impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que revocó un laudo de arbitraje. El laudo original había resuelto una querella sobre el rembolso de gastos de millaje para la empleada de la Compañía de Turismo. La controversia principal giraba en torno a la metodología utilizada para calcular las millas recorridas. El Tribunal de Primera Instancia había declarado con lugar el recurso de revisión del patrono y dejado sin efecto el laudo arbitral. Inconforme con esa decisión, la Unión acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras evaluar el recurso y las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esta denegatoria confirma la decisión del foro primario de revocar el laudo de arbitraje.

Resumen:

Recursos de Certiorari consolidados presentados por Mapfre Praico Insurance Company contra dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. En el recurso KCLE2021-00264, Praico impugnó la denegatoria de su Moción de Desestimación. Dicha moción argumentaba la inaplicabilidad retroactiva de reclamaciones por mala fe y prácticas desleales bajo la Ley Núm. 247-2018 a un caso de incumplimiento contractual y daños por Huracán María. En el recurso KLCE2021-00265, Praico apeló la denegatoria de su Solicitud de Sentencia Sumaria. El TPI había denegado la sentencia sumaria por existir controversias fácticas sobre si un pago constituyó un finiquito total. El panel judicial resuelve expedir y revocar la resolución apelada en el recurso KCLE2021-00264. Por otro lado, decide denegar la expedición del recurso KLCE2021-00265.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Aptim Environmental & Infrastructure, LLC. Aptim solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. La demanda original fue presentada por V E Electrical Group, Inc. contra Aptim y otros. Aptim argumentó que la demanda carecía de alegaciones fácticas suficientes, que los reclamos extracontractuales estaban prescritos y que procedía la desestimación por forum non conveniens. V E Electrical Group, Inc. se opuso, alegando que había suficientes hechos y que se necesitaba descubrimiento de prueba. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" las mociones de desestimación. Inconforme, Aptim presentó la petición de certiorari imputando errores al TPI por no desestimar la demanda. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la petición sin la comparecencia de la parte recurrida, quien no respondió a la orden de mostrar causa.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende dos recursos de certiorari consolidados relacionados con un caso de liquidación y partición de herencia. Las partes principales son los hijos del causante Guillermo Tous Oliver: Guillermo Tous Rodríguez y Vivian María Tous Rodríguez. El primer recurso, presentado por Vivian Tous, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró madura la causa de acción de partición de herencia. Ella argumenta que el caso es prematuro porque aún no ha finalizado el proceso de liquidación de la sociedad legal de gananciales del causante con su esposa premuerta. El segundo recurso, presentado por los codemandados OM Veritas LLC y GTO Investments Trust, cuestiona la denegatoria del foro primario a su solicitud de desestimación de la demanda enmendada. El pleito original fue instado por Guillermo Tous Rodríguez solicitando la partición de la herencia de su padre. Vivian Tous, entre otras defensas, alegó falta de legitimación activa y que la controversia no era justiciable por falta de madurez. El Tribunal de Apelaciones revisará las determinaciones del foro primario sobre la madurez del caso y la desestimación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida y atiende dos recursos de certiorari en un caso de Liquidación y Partición de Herencia. El pleito principal fue iniciado por Guillermo Tous Rodríguez contra la Sucesión de su padre, representada por su hermana Vivian M. Tous Rodríguez. El primer recurso, presentado por Vivian Tous Rodríguez, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró madura la causa de acción, argumentando que el caso es prematuro al no haberse liquidado la sociedad de gananciales del causante con su esposa premuerta. El segundo recurso, presentado por otros codemandados, busca la desestimación de una demanda enmendada. La controversia subyacente gira en torno a la distribución de la herencia paterna, incluyendo argumentos sobre la legitimación activa del demandante y la necesidad de completar procesos de liquidación previos. El Tribunal de Apelaciones revisa las determinaciones interlocutorias del foro primario sobre la madurez del caso y la procedencia de la demanda enmendada.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Hilda A. Moreno Ramírez de Arellano contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. El caso original trata sobre retracto legal y daños y perjuicios. La Sentencia Parcial apelada, emitida el 12 de abril de 2021, desestimó varias causas de acción. La desestimación se basó en la ausencia de una parte indispensable, un codemandado fallecido cuyos herederos no fueron debidamente sustituidos. La apelante solicitó la revocación de esta decisión. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar la apelación. La desestimación por parte del Tribunal de Apelaciones se fundamentó en la falta de jurisdicción para atender el recurso.

Resumen:

Se trata de una apelación presentada por Isabel García Rivera y otros contra José Rivera Pabón, derivada de un caso de desahucio por falta de pago. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. La desestimación se basó en la alegación del demandado de que faltaban partes indispensables, específicamente todos los miembros de la Sucesión propietaria del inmueble, incluyendo herederos fallecidos no sustituidos. La parte demandante apelante se opuso, argumentando que cualquier comunero tiene autoridad para realizar actos de administración como el cobro de rentas y el desahucio, y que la mayoría de los herederos estaban de acuerdo. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia desestimatoria. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del foro primario. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Se instruyó al foro de origen a emitir determinaciones de hechos y conclusiones de derecho y dictar un dictamen debidamente fundamentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. El peticionario, José Medero Encarnación, solicitó revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró ha lugar una moción de cumplimiento y le ordenó pagar \$13,454.94 por atrasos de pensión. El caso se remonta a un divorcio en 2005 con pensión establecida para dos hijos. Tras mociones de desacato, uno de los hijos, ya mayor de edad, renunció a su parte de la deuda. La deuda restante para la otra hija se calculó en \$18,453.94, aunque la orden apelada fijó el pago en \$13,454.94. La segunda hija también alcanzó la mayoría de edad durante el proceso. El Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari y modificó la Orden recurrida. La modificación autoriza la continuación de una causa de acción de reembolso ante el Tribunal de Primera Instancia y dejó sin efecto el apercibimiento de desacato y la paralización de los procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Jorge L. Cruz Torres. El apelante recurre la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo halló culpable de agresión sexual bajo el Artículo 130(c) del Código Penal. Los hechos imputados ocurrieron el 3 de marzo de 2017, involucrando el uso de fuerza y penetración sexual sin consentimiento. La víctima y otro testigo identificaron al Sr. Cruz Torres como el agresor. Tras renunciar a juicio por jurado, se celebró un juicio por tribunal de derecho donde el Ministerio Público presentó su prueba. La defensa no presentó evidencia. El Tribunal de Primera Instancia dictó fallo de culpabilidad e impuso una pena de 50 años de prisión. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones que evalúa un recurso de revisión judicial. El recurso fue presentado por la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) en representación de la Sra. Milagros Medina Cosme. Impugna una Resolución Final y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que desestimó una querella contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La querella objetaba una factura de \$1,366.82 por un período que incluyó interrupciones de servicio tras los huracanes, alegando cobro por energía no consumida. El NEPR determinó que la recurrente tuvo servicio la mayor parte del período y solo concedió un ajuste de \$8.00. La recurrente apeló, argumentando que el NEPR erró al no aplicar un remedio automático y ordenar el ajuste total. La AEE se opuso al recurso y presentó una moción de desestimación por alegada falta de notificación adecuada. El Tribunal adelanta que procede la desestimación del recurso. La sentencia detalla el historial procesal y la base de la moción de desestimación presentada por la AEE.

Resumen:

Este caso es una apelación de una sentencia en rebeldía dictada en una acción de cobro de dinero por incumplimiento de contrato de arrendamiento. La demandante, una arrendadora, reclamó \$5,500 a las demandadas, las arrendatarias, alegando que desocuparon la propiedad dos meses después de firmar un contrato de un año, lo que activó una cláusula de pago del importe total restante. Las arrendatarias contestaron la demanda, disputando la suma y alegando que la arrendadora causó la rescisión. Durante el proceso, las arrendatarias incumplieron repetidamente con órdenes del tribunal para contestar descubrimiento, a pesar de sanciones y advertencias. Ante la continua inacción, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía a favor de la arrendadora por la suma reclamada más honorarios. Las arrendatarias apelaron, argumentando que la rebeldía no procedía por no haber inacción total y por supuesta falta de advertencia explícita de desestimación, además de problemas de salud de su abogado. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia en rebeldía apelada.

Resumen:

Universal Insurance Company impugnó la confiscación de un vehículo ocupado por alegadas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. En el proceso penal relacionado, se determinó no causa probable para acusar al poseedor del automóvil. Universal Insurance solicitó sentencia sumaria en el caso civil de impugnación, argumentando que la determinación de no causa en lo penal creaba un impedimento colateral por sentencia que invalidaba la confiscación. Argumentó que, al no haber causa probable para el delito, no existía base para la confiscación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria, aplicando la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral. El Estado se opuso, indicando que el caso de confiscación es civil e *in rem*, independiente del resultado penal. Universal Insurance acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar dicha determinación. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia de denegar la solicitud de sentencia sumaria.