Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 111)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. María Eugenia Villoldo Varona solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. Dicha orden dispuso el traslado de un caso civil sobre incumplimiento de contrato, daños e interdicto a la Sala de Aguadilla. La peticionaria había demandado a Edwin A. Avilés Pérez y otros en Humacao. Los demandados solicitaron el traslado a Aguadilla, alegando residencia en Aguada y que el contrato se perfeccionó en Mayagüez. La peticionaria se opuso, argumentando sumisión a la jurisdicción de Humacao, residencia de los demandados en Humacao y ubicación del negocio. El tribunal de instancia ordenó el traslado a Aguadilla por competencia. La peticionaria recurrió en certiorari, alegando error al trasladar el caso sin atender el interdicto preliminar y sin fundamentación legal. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en respuesta a una Petición de certiorari presentada por Chubb Insurance Company. Chubb impugnó una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación Parcial. La moción buscaba desestimar causas de acción bajo la Ley Núm. 247-2018 acumuladas con reclamaciones de incumplimiento contractual bajo el Código Civil en una demanda por daños del huracán María. Chubb argumentó que la ley prohíbe dicha acumulación y no tiene aplicación retroactiva al caso. El Tribunal de Primera Instancia permitió la acumulación de acciones y decretó la aplicación retroactiva de la Ley 247-2018. Tras evaluar las posturas, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. La sentencia revoca la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads demandó a Antonio Torres Montes y otros, alegando que este recibió fondos de forma irregular mediante transferencias no autorizadas. La Cooperativa reclamó una deuda principal de \$1,760,061.83 basada en una auditoría y una declaración jurada del demandado. Los demandados negaron la deuda, alegaron que la firma en la declaración jurada fue inducida y presentaron una reconvención por certificados de ahorro no pagados y daños. Ambas partes solicitaron sentencias sumarias parciales en el Tribunal de Primera Instancia, las cuales fueron declaradas No Ha Lugar. Los demandados apelaron esta decisión, solicitando al Tribunal de Apelaciones que revocara la resolución del foro primario. El Tribunal de Apelaciones deniega expedir el recurso solicitado, confirmando así la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no dictar sentencia sumaria parcial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de cobro de dinero. La demanda original fue presentada por Gerald Kleis Pasarell contra Alan Bram Goldman por el pago de una comisión de bienes raíces. La controversia central del recurso es si el señor Goldman fue emplazado válidamente en el estado de Vermont, donde reside. El apelante intentó el emplazamiento dejando copias de la demanda en la residencia del apelado y enviándolas por correo. El señor Goldman solicitó la desestimación del caso, argumentando que el emplazamiento no cumplió con las reglas de procedimiento civil de Puerto Rico ni de Vermont, las cuales exigen emplazamiento personal o autorización judicial para métodos alternos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al determinar que el emplazamiento no se realizó conforme a derecho. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los argumentos y fundamentos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la sentencia apelada. La decisión ratifica que el emplazamiento al señor Goldman no fue diligenciado adecuadamente según las normas aplicables.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Las partes son la Asociación de Titulares Condominio Rincón Ocean Club II y entidades aseguradoras, incluyendo a Corona Insurance Group, Inc. Corona apeló la Sentencia Parcial Enmendada del TPI que declaró "No Ha Lugar" su solicitud de sentencia sumaria parcial. Corona argumentó que actuó meramente como mandatario de Multinational Insurance Company y no debía responder directamente, solicitando su desestimación. El TPI rechazó este argumento, concluyendo que Corona estuvo directamente involucrada en la venta de la póliza y la anulación de un endoso. El TPI también señaló que Corona se comunicaba directamente con la parte demandante y que el caso incluía acciones personales de daños de los titulares. Por ende, el TPI consideró inmeritoria la solicitud de Corona de desligarse de los hechos del caso. Esta sentencia aborda el recurso de Corona contra esa determinación específica del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo un recurso de apelación presentado por Puerto Rico Telephone Company (PRTC). PRTC apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, que desestimó su demanda contra el Municipio de San Sebastián. La demanda original impugnaba la Ordenanza Municipal Número 10, la cual establecía derechos por el uso de servidumbres de paso municipales por compañías de telecomunicaciones. PRTC alegó que dicha ordenanza era ilegal y contraria a la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico. El Municipio solicitó la desestimación argumentando que el Negociado de Telecomunicaciones tenía jurisdicción primaria exclusiva sobre el asunto. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción del Municipio, determinando que el Negociado era el foro con jurisdicción primaria. Consecuentemente, desestimó la demanda de PRTC. La apelación de PRTC ante el Tribunal de Apelaciones cuestiona si el Tribunal de Primera Instancia o el Negociado de Telecomunicaciones posee la jurisdicción primaria para resolver controversias sobre la impugnación de ordenanzas municipales que imponen cargos a compañías de telecomunicaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201901369. El recurso fue presentado por Pedro Juan Cabrera Díaz, quien solicitaba la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia lo condenó a sesenta años de reclusión por infracciones a la Ley 246 (maltrato) y el Código Penal (incesto y actos lascivos, 2 cargos). Los delitos involucraron a su hija biológica menor de edad y ocurrieron el 5 de julio de 2017. El apelante también fue ordenado a pagar penas especiales y ser incluido en el registro de personas convictas por delitos sexuales. El caso fue juzgado por jurado en junio de 2019, con presentación de prueba por ambas partes. Tras revisar el recurso, el panel especial del Tribunal de Apelaciones resolvió. Se confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, en un recurso de Mandamus. Las partes peticionarias, José Sánchez Ruiz y otros, habían presentado este recurso contra Julio Alfaro Vázquez y otros, y el Hon. Lizardo Mattei Román, relacionado con un caso de Injunction. La parte peticionaria presentó una moción informando su interés en desistir del recurso de apelación. El Tribunal acogió la moción de desistimiento. Por tanto, el recurso de Mandamus quedó desistido. Se ordenó el archivo del caso conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 7 de octubre de 2021.

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Roberto Quiñones Rivera, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Impugna una respuesta del DCR que excluyó una querella específica de su expediente y denegó acceso a documentos relacionados, basándose en un caso previo del Tribunal de Apelaciones. El recurrente había presentado una solicitud de remedio administrativo y, posteriormente, una solicitud de reconsideración ante el DCR. El DCR no emitió una resolución formal sobre la reconsideración, anotando solo que estaba fuera de término. El señor Quiñones Rivera alega que el DCR incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) al no emitir una resolución escrita con determinaciones de hecho y fundamentos de derecho para su solicitud de reconsideración. Solicita que el caso sea devuelto al DCR para que cumpla con dicho requisito. El tribunal señala que la LPAU exige que las agencias emitan órdenes o resoluciones escritas con los fundamentos correspondientes. También aclara que la solicitud de reconsideración, como regla general, ya no es un requisito jurisdiccional previo a la revisión judicial.

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Stanley James Calof, declarado único y universal heredero de Edward R. Miller, solicitó información a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) sobre fondos de cuentas bancarias inactivas de su difunto tío, transferidos a dicha agencia. Tras presentar una reclamación ante la OCIF, alegó que la agencia solo le proveyó información parcial, negándole detalles sobre cuentas de Banco Popular. Calof argumentó que la OCIF tenía el deber ministerial de proveer toda la información, necesaria para trámites sucesorios. Ante la alegada negativa y posterior notificación de prescripción por parte de la OCIF, Calof acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un Auto de Mandamus. Solicitó que el tribunal ordenara a la OCIF cumplir con su deber de divulgar la información. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el tribunal desestimó el Auto de Mandamus incoado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Ángel M. Santiago Santiago contra María M. Rodríguez Vázquez y First Bank of P.R. El recurso impugna una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre liquidación de comunidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria parcial de la Sra. Rodríguez Vázquez y No Ha Lugar la del apelante. El trasfondo incluye un pleito previo de cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoado por FirstBank contra los ex cónyuges. En ese caso, las partes estipularon a una sentencia y acuerdo de pago que reestructuró la deuda con la Sra. Rodríguez Vázquez. La estipulación acordó que el Sr. Santiago Santiago quedaría relevado de la deuda una vez inscrita una escritura de liquidación parcial donde cedió su participación en la propiedad hipotecada. El Tribunal de Primera Instancia aprobó la estipulación, y la sentencia en el caso de cobro advino final y firme. Posteriormente, FirstBank obtuvo un relevo parcial de sentencia que liberó expresamente al Sr. Santiago Santiago de la deuda y su responsabilidad solidaria. A pesar de haber sido relevado, el Sr. Santiago Santiago presentó el caso de epígrafe sobre liquidación de comunidad, solicitando nulidad de sentencia y daños, lo que llevó a las sentencias sumarias apeladas.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La peticionaria, Mildred M. Amador Quiñones, en representación de sus hijos menores, busca revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó una solicitud de reconsideración sobre una Resolución previa. La Resolución original había declarado No Ha Lugar una Moción Urgente para ordenar a la recurrida, Daisy Figueroa Díaz, continuar pagando la hipoteca de la residencia de los menores y su plan médico. El caso subyacente trata sobre la distribución de bienes de Roberto Rivera Guadalupe, padre de los menores y pareja de hecho de la recurrida. La peticionaria alega que la recurrida tomó control de una corporación propiedad del causante y dejó de realizar pagos esenciales para los menores. La recurrida se opuso a la moción urgente, argumentando que la corporación no era parte del pleito y no debía pagar deudas personales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de pagos y la reconsideración, y el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari criminal. La peticionaria, Jacklyn H. Lugo Colón, coacusada en un caso de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión declaró "No Ha Lugar" su solicitud de juicio por jurado separado del proceso contra su coacusado, Juan Miguel Castillo Martínez. La peticionaria argumentó que el coacusado poseía evidencia exculpatoria y que necesitaba su testimonio para su defensa. Sostuvo que un juicio conjunto impediría que el coacusado declarara a su favor debido a su derecho a permanecer en silencio, violando su derecho constitucional a presentar testigos de defensa. Ante la negativa del tribunal inferior, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Presentó además una moción urgente solicitando la paralización de los procedimientos ante el TPI, ya que el juicio estaba próximo a celebrarse. El Tribunal de Apelaciones ha decidido prescindir de la comparecencia del Pueblo de Puerto Rico para agilizar el despacho del caso.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Shadiff Repullo Casiano. La peticionaria impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones para detener la ejecución de sentencia en un caso de cobro de dinero. Dicho caso fue instado por Claims Management Group, LLC., obteniendo una sentencia en rebeldía contra la peticionaria. Intentos previos de reconsideración y una apelación anterior fueron declarados no ha lugar o desestimados. El foro primario autorizó la ejecución de la sentencia y posteriormente prohibió la enajenación de bienes de la peticionaria. Mediante este Certiorari, la peticionaria busca la revisión de la negativa a detener el proceso de ejecución y embargo. La parte recurrida no compareció ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal considera el recurso perfeccionado y procede a su adjudicación.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El caso subyacente es una querella por despido injustificado y discriminatorio bajo las Leyes 80 y 100, tramitada bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. La peticionaria solicitó que se anotara la rebeldía a dos recurridas que no contestaron la querella dentro del término de 15 días establecido por la Ley Núm. 2. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de rebeldía. En su lugar, el foro primario consideró una solicitud de desestimación presentada por las recurridas fuera de término. La peticionaria recurrió, alegando que el TPI erró al no anotar la rebeldía y al evaluar una moción extemporánea, contraviniendo la Ley Núm. 2. El Tribunal de Apelaciones determinó que la decisión del TPI fue incorrecta. Por tanto, resolvió expedir el auto de certiorari y revocar la resolución impugnada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Oriental Bank. Oriental Bank solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de incumplimiento de contrato y ejecución de hipoteca contra San Sebastián Properties, LLC. La Resolución del TPI ordenó una vista evidenciaria para determinar si la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) posee un interés propietario sobre los terrenos en controversia. Asimismo, el TPI mantuvo en suspenso la adjudicación de la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Oriental Bank. Oriental Bank argumentó que el TPI erró al desatender su moción de sentencia sumaria y al determinar, implícitamente, que la ACT era una parte indispensable. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimarlo. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el recurso en esta etapa procesal.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una demanda por daños tras un accidente de construcción ocurrido en 2012. El apelante presentó una demanda original en 2013, la cual fue desestimada sin perjuicio por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Tras intentos de reactivar el caso original, el TPI ordenó presentar una nueva demanda, radicada en 2019. En esta segunda demanda, se identificó a una codemandada previamente designada genéricamente. Los demandados solicitaron sentencia sumaria, la cual fue concedida por el TPI en junio de 2021. El TPI desestimó la reclamación contra una codemandada por entender que no fue emplazada en la demanda original y la acción prescribió. Respecto a otro codemandado, el TPI determinó que la reclamación constituía cosa juzgada por una decisión previa firme. El apelante recurre al Tribunal de Apelaciones, alegando error del TPI al desestimar sumariamente el caso por prescripción y cosa juzgada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión judicial presentado por EC Waste, LLC. La empresa impugnó la adjudicación de una subasta de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) para servicios de recogido y disposición de desperdicios sólidos, otorgada a Consolidated Waste Services, LLC. EC Waste argumentó que la notificación de adjudicación inicial y una posterior enmendada carecían de detalles suficientes y violaban el debido proceso. También sostuvo que la propuesta del licitador agraciado no cumplía las especificaciones y que la ASEM no siguió la Ley Núm. 73-2019. La Junta de Revisión de Subastas de ASEM sostuvo la adjudicación, rechazando los argumentos de EC Waste, incluyendo que ASEM estaba exenta de la Ley 73-2019 para esta adquisición. EC Waste recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones. El tribunal, sin embargo, desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Edwin Colón, impugna una orden de protección final emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Humacao. Dicha orden fue expedida a favor de Ana M. Sánchez Luyando, una adulta mayor, al amparo de la Ley Núm. 121-2019. El Tribunal de Primera Instancia basó la orden en determinaciones de hechos sobre la conducta del Sr. Colón que afectaba a la Sra. Sánchez. El Sr. Colón argumenta que el tribunal erró en la apreciación de la prueba y que no se cumplieron los requisitos de la ley, alegando que la Sra. Sánchez no testificó sobre temor o maltrato. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud, la transcripción de la vista y la orden recurrida. Tras su análisis, el tribunal concluyó que no procede la expedición del auto de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Juan C. Cruz Rodríguez solicitando la revocación de las denegatorias del Departamento de Corrección a sus solicitudes de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico, Programas Religiosos y Hogar CREA. El recurrente cumple una sentencia por delitos graves, incluyendo asesinato en primer grado, cometidos en 1988 y 1991. El Departamento de Corrección denegó los beneficios argumentando que el recurrente no cumple los criterios de elegibilidad y que la reglamentación posterior a los hechos delictivos lo excluye de dichos programas, particularmente por el delito de asesinato. El Departamento se basó en regulaciones como el Reglamento Núm. 9242 y el Plan de Reorganización de 2011, que excluyen a convictos por delitos de alta severidad. El recurrente alegó que la denegatoria debió basarse en su rehabilitación. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. La corte confirmó las determinaciones administrativas del Departamento de Corrección.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. Southwest Emergency Corp. apeló la desestimación de su demanda contra tercero contra el Dr. Carlos Torres Salichs por el Tribunal de Primera Instancia. La acción original fue iniciada por los herederos de Ramón L. Nieves Guzmán contra Southwest y otros por alegada negligencia médica. Southwest presentó una demanda contra varios médicos, incluyendo al Dr. Torres Salichs, como terceros responsables. Southwest argumentó que estos médicos intervinieron en el tratamiento del paciente. El Dr. Torres Salichs solicitó sentencia sumaria, alegando que estaba de vacaciones y no tuvo participación alguna con el paciente durante el periodo crucial. Afirmó que nunca fue consultado ni emitió órdenes médicas para el paciente. Southwest se opuso a la solicitud de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. La sentencia confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la demanda contra tercero contra el Dr. Torres Salichs.

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Sentencia de un panel judicial que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El matrimonio Ureta-Del Valle apeló la desestimación con perjuicio de su demanda de cobro de dinero. Demandaron al tasador Rinaldi Pérez Altieri y su esposa por servicios profesionales impagos, reclamando una deuda de $134,247.00. Este fue el segundo pleito presentado por los mismos hechos, tras un desistimiento previo. Durante el proceso, los demandantes presentaron múltiples enmiendas y solicitaron un desistimiento sin perjuicio contra el Sr. Pérez Altieri. Posteriormente, presentaron una tercera demanda idéntica que fue consolidada con la segunda. El TPI desestimó el caso consolidado con perjuicio. El tribunal apelativo confirmó la Sentencia del TPI que desestimó la demanda.

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Esta Sentencia resuelve la apelación presentada por Rosa Torres Serrano contra la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Mapfre Pan American Insurance Company. La señora Torres Serrano demandó a Mapfre por alegado incumplimiento contractual en el pago de daños a su propiedad causados por el huracán María. Mapfre solicitó sentencia sumaria, argumentando que la reclamación fue saldada mediante un cheque de $\$ 1,200$, constituyendo un pago en finiquito aceptado por la demandante. La apelante se opuso, alegando que el pago no cumplía los requisitos para un finiquito válido, pues Mapfre no proveyó una carta detallando el ajuste de la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a Mapfre. Este panel judicial revisó el caso y determinó que existía una controversia genuina de hechos materiales sobre si el pago constituyó un finiquito. En consecuencia, se revoca la Sentencia Sumaria del TPI. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Estado Libre Asociado. El Estado buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de impugnación de confiscación de un vehículo. La controversia procesal se centró en si el dueño del vehículo emplazó al Secretario de Justicia dentro del término jurisdiccional de 15 días. El Estado argumentó que el emplazamiento fue tardío. El dueño se opuso, alegando que la demora se debió a la Secretaría del tribunal al expedir el emplazamiento. El Tribunal de Primera Instancia denegó la Moción de Desestimación del Estado, así como una posterior Moción de Reconsideración. El Estado acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó el privilegio de libertad bajo palabra a Carlos G. Díaz Feliciano. El recurrente cumple una sentencia de 35 años y 6 meses por asesinato en segundo grado y otras infracciones. Alegó haber cumplido 17 años y 4 meses de sentencia, demostrando esfuerzos significativos de rehabilitación a través de terapias, trabajo y actividades institucionales. La Junta de Libertad Bajo Palabra tiene la autoridad legal para conceder este privilegio, considerando múltiples criterios establecidos en la Ley Núm. 118-1974 y su reglamento aplicable. Estos criterios incluyen la naturaleza del delito, historial delictivo, ajuste institucional, planes de salida y otros factores relevantes. La Junta debe evaluar el expediente completo del confinado y emitir una resolución fundamentada. Tras examinar el recurso presentado por Díaz Feliciano y la posición de la Junta, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la resolución recurrida. Esto significa que el Tribunal validó la decisión de la Junta de denegar la libertad bajo palabra al recurrente.

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Nelson Garcés Ruiz, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Impugna la determinación del DCR que ratificó su nivel de custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) mantuvo la custodia mediana el 22 de junio de 2021, a pesar de que la escala de clasificación arrojó una puntuación para custodia mínima. El DCR justificó su decisión considerando el poco tiempo cumplido de la sentencia de 36 años y el historial del recurrente de abandonar la jurisdicción y requerir extradición. Garcés Ruiz solicitó reconsideración y luego acudió al Tribunal de Apelaciones, alegando abuso discrecional y errores en la evaluación. El Tribunal de Apelaciones admitió el recurso y solicitó el expediente administrativo y la posición del DCR para revisar la determinación impugnada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari presentado por Jahaira Ivelise Colón Narváez. La peticionaria solicitó dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha determinación encontró causa probable por su incomparecencia a una vista preliminar. La vista preliminar estaba relacionada con cargos por daño agravado y agresión. La peticionaria alegó que su ausencia estaba justificada por una condición médica, presentando una certificación. El foro primario consideró que la certificación médica no constituía justa causa para excusar su ausencia. La peticionaria argumentó ante el Tribunal de Apelaciones que el tribunal de instancia erró al determinar causa para acusar por incomparecencia. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Asimismo, declaró No Ha Lugar la Moción Urgente de Paralización de los Procedimientos presentada conjuntamente.

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El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un recurso de Certiorari presentado por Larissa del Carmen Fonseca y Edwin Gerardo García Rivera contra Caribbean School, Inc. Los peticionarios buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce emitida el 21 de julio de 2021. Dicha resolución denegó la solicitud de los peticionarios para enmendar su demanda y para que se emitiera un remedio provisional. La demanda original, presentada en 2018, se relaciona con la suspensión de uno de sus hijos por posesión de un juguete que simulaba un arma. Los peticionarios alegaron incumplimiento de contrato y solicitaron injunction y sentencia declaratoria, lo cual fue denegado previamente y confirmado en apelación. Posteriormente, intentaron enmendar la demanda para incluir nuevas alegaciones, daños adicionales y a la aseguradora de la escuela. También solicitaron un remedio provisional para compeler la matrícula de sus dos hijos para el año escolar 2021-2022 tras ser notificados de la no renovación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega la solicitud de Certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel X, emitió una Sentencia el 5 de octubre de 2021 en el caso de certiorari KLCE202100921. Este recurso fue presentado por Miguel Ángel Ocasio Santiago contra El Pueblo de Puerto Rico, originado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. El caso versaba sobre asuntos relacionados con artículos del Código Penal y la Ley 168. El Tribunal examinó una moción presentada por el Estado, a través del Procurador General, en la cual se acreditó el fallecimiento del peticionario, señor Miguel Ángel Ocasio Santiago. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 86(A) del Código Penal, el Tribunal ordenó el archivo definitivo de este recurso de apelación. La decisión fue tomada por el panel integrado por los jueces Rodríguez Casillas, Soroeta Kodesh y Méndez Miró, y certificada por la Secretaria del Tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de apelación presentado por Chubb Insurance Company. Chubb solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por Luis E. Morales Berríos y otros. La demanda se relaciona con la negativa de Chubb a pagar beneficios bajo una póliza de seguro por incapacidad sufrida por Morales Berríos en 2014. El TPI ordenó a Chubb pagar los beneficios completos de la póliza, intereses por temeridad, compensaciones por angustias mentales para el asegurado y su cónyuge, y honorarios de abogado. Chubb se defendió alegando que la incapacidad se debía a condiciones preexistentes o que la lesión no fue resultado de un accidente cubierto. El Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará el dictamen impugnado. El caso gira en torno a la disputa sobre la cobertura de una póliza de seguro de incapacidad y la responsabilidad de la aseguradora.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Estado Libre Asociado. El Estado busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por el hurto de una motora bajo custodia policial. El demandante, Jorge Iván Alemán Estrada, reclamó el valor de la motora y daños. Durante la conferencia con antelación al juicio, el demandante informó que presentaría prueba pericial sobre la valoración del bien, lo cual fue autorizado por el Tribunal de Primera Instancia. El demandante cumplió notificando el nombre de su perito. Posteriormente, el Estado solicitó un término para presentar su propia prueba pericial de valoración. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud del Estado por considerarla tardía, señalando que el Estado tuvo conocimiento de la prueba del demandante en la conferencia y no objetó ni reservó su derecho a presentar contraprueba. El Estado recurrió esta denegatoria mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega el auto de certiorari solicitado por el Estado. La decisión del Tribunal de Primera Instancia de declarar no ha lugar la moción del Estado se confirma.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre una solicitud de descalificación de abogado. El Ministerio Público solicitó descalificar al abogado defensor del Hogar Mi Pequeño Paraíso en un caso criminal por apropiación ilegal agravada e intervención indebida. La solicitud se basó en un potencial conflicto de intereses. Se alegó que la testigo principal de cargo, hermana de la perjudicada, buscó asesoría legal sobre los hechos del caso en la oficina del abogado defensor antes de la radicación de cargos. El TPI denegó la descalificación, concluyendo que no existía conflicto de intereses bajo el Canon 21 del Código de Ética Profesional. El foro primario consideró que no hubo representación simultánea o sucesiva adversa ni intereses personales envueltos. El Ministerio Público recurrió, argumentando error al denegar la descalificación dada la consulta previa de la testigo y al no celebrar una vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari, paralizó los procedimientos y resolvió revocar el dictamen del TPI.

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Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Josefina Arce Quiñones. La señora Arce Quiñones solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso iniciado por FirstBank Puerto Rico para cobro de dinero y ejecución de hipoteca. En dicho pleito, la peticionaria presentó una reconvención contra FirstBank e incluyó como terceros demandados a Brazilian Country Homes y otros. Su defensa y reconvención se basaron en alegaciones de negligencia y fraude por parte del desarrollador/constructor y negligencia de FirstBank al desembolsar fondos de un préstamo de construcción para una obra inconclusa. El dictamen específico recurrido fue la declaración de No Ha Lugar a su solicitud para que se dieran por admitidos requerimientos cursados a los terceros demandados. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El recurso de certiorari proviene de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada contra Jonathan Arroyo Muñiz. El señor Arroyo Muñiz solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Orden de Ejecución de Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Su objetivo era que se excluyera de la ejecución una propiedad clasificada como hogar seguro. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por el señor Arroyo Muñiz. La desestimación se fundamentó en múltiples deficiencias procesales. El recurso fue considerado exiguo y apenas ininteligible, y no incluyó la sentencia de referencia. Además, el peticionario presentó una moción de reconsideración de la orden de ejecución fuera del término reglamentario. Posteriormente, el recurso de certiorari contra la denegatoria de reconsideración también se presentó fuera del término de 30 días. El Tribunal enfatizó la necesidad de cumplir rigurosamente con los requisitos de forma, contenido y, crucialmente, los términos jurisdiccionales para la presentación de recursos apelativos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo un recurso presentado por Jacqueline Rodríguez Colón. La apelante solicitó la revocación de una sentencia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia sumaria, a favor de Mapfre PAN AMERICAN INSURANCE COMPANY, desestimó la demanda de la apelante con perjuicio. La demanda original reclamaba daños a la propiedad sufridos tras el paso del Huracán María bajo una póliza de seguro. La apelante alegó que la aseguradora incumplió el contrato, subvaloró los daños y actuó de mala fe. La aseguradora, PAN AMERICAN, contestó la demanda negando las alegaciones. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa de Pago en Finiquito y dictó sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, decidió revocar la sentencia apelada.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión administrativa presentado por Enrique Rodríguez López contra una determinación del Comité de Clasificación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la ratificación de su clasificación de custodia máxima. El Comité basó su decisión en el comportamiento inconsistente del recurrente y la necesidad de tratamiento. El Tribunal procedió a examinar su jurisdicción para entender en el asunto. Tras revisar el recurso, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción. La falta de jurisdicción se debió a que el recurrente no presentó prueba de haber solicitado reconsideración ante el Comité previo a recurrir. Tampoco se acreditó la notificación del recurso al Departamento de Corrección. Ante la ausencia de los requisitos para perfeccionar el recurso y establecer jurisdicción, el Tribunal ordenó la desestimación del mismo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró una solicitud de revisión presentada por el Sr. Ramón Hernández Gazcó contra una Resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución, según el recurrente, lo encontró incurso en violaciones de códigos por contrabando peligroso y posesión de teléfono celular. El Tribunal analizó el escrito presentado por el señor Hernández, quien compareció por derecho propio. Se determinó que el escrito carecía de un apéndice necesario para verificar la jurisdicción del Tribunal. Además, los señalamientos de error se basaban en enunciados conclusorios insuficientes para formar una conciencia judicial. El recurrente tampoco cumplimentó el formulario juramentado requerido para litigar en forma pauperis. Por no haberse presentado con la diligencia debida y por incumplir con las reglas procesales aplicables, el Tribunal desestimó el escrito. Se ordenó notificar la decisión al Departamento de Corrección y al Procurador General, asegurando que se entregue copia al confinado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de libelo, calumnia o difamación. La apelante, Maritza Ortiz Sánchez, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que acogió su solicitud de desistimiento de la demanda. El foro primario dispuso que dicho desistimiento fuera con perjuicio, lo cual es el objeto de la apelación. La causa original fue instada por Ortiz Sánchez contra Efraín Colón Ocasio, alegando hostigamiento y trato discriminatorio relacionado con reglamentos de una asociación de propietarios, específicamente sobre el recogido de basura. Ortiz Sánchez buscaba interdictos, órdenes y compensación por daños. El señor Colón Ocasio negó las imputaciones, afirmando el incumplimiento reglamentario por parte de la demandante. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos de ambas partes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la determinación judicial impugnada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Judgment from the Puerto Rico Court of Appeals reviewing a decision by the Department of the Family's Adjudicative Board. The case involves Edlisse E. Ramos Tirado and a claim for \$13,391.00 in excess benefits from the Nutritional Assistance Program (PAN). The claim originated from an anonymous complaint alleging unreported income by her husband. The Administration for Socioeconomic Development of the Family (ADSEF) issued the claim, which Ms. Ramos Tirado appealed to the Adjudicative Board. An administrative hearing was held, where the Hearing Officer found unreported income but concluded the agency's calculation of the excess benefits was incorrect. The Department of the Family requested the case be remanded for a new hearing. The Court of Appeals, after reviewing the record, resolved to revoke the Adjudicative Board's decision. The judgment will explain the reasons for this revocation.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de revisión presentado por un miembro de la población correccional contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitaba la revisión de una decisión relacionada con la compra y uso de vestimenta casual durante las visitas. El Tribunal determina que no tiene jurisdicción para atender el recurso. Explica que la decisión recurrida es una respuesta inicial del "Evaluador" a una solicitud de remedio administrativo. Según el Reglamento 8583 de Corrección, esta respuesta inicial no constituye una decisión final. La revisión judicial solo procede contra una decisión final emitida por el "Coordinador" de la agencia, luego de agotarse los remedios administrativos internos. Al no haberse obtenido una decisión final del Coordinador, el asunto no está sujeto a revisión por este Tribunal en esta etapa.

Resumen:

Se presenta una sentencia de un panel judicial en apelación sobre una reclamación de daños a propiedad por el Huracán María. El Apelante demandó a su aseguradora (Apelada) por incumplimiento contractual y mala fe, alegando que los daños ascendían a $213,850. La aseguradora había emitido dos cheques por un total aproximado de $19,590, los cuales el Apelante depositó. Estos cheques contenían una cláusula indicando que el endoso constituía pago total y definitivo. La aseguradora argumentó que esto configuraba un "pago en finiquito", extinguiendo la obligación. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento y desestimó la demanda del Apelante con perjuicio mediante sentencia sumaria. El Apelante apeló, sosteniendo que el "pago en finiquito" no aplicaba por ventaja indebida y falta de ajuste razonable. La sentencia revisa la determinación del foro primario sobre la figura del pago en finiquito. El panel judicial adelanta que procederá a revocar el dictamen recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio. La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y la Autoridad de los Puertos (apeladas) demandaron a Félix Lugo Soto, administrador de un centro ecuestre (apelante). Las apeladas alegaron ser propietarias del terreno y la ausencia de un contrato de arrendamiento vigente con el apelante. El apelante reclamó derechos sobre el terreno basados en una sentencia previa, titularidad por usucapión o, subsidiariamente, derechos como constructor de buena fe. Las apeladas refutaron estos argumentos, sosteniendo que el apelante ocupaba como administrador y no cumplía los requisitos para usucapión o derechos de constructor de buena fe. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de las apeladas, ordenando el desahucio. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de divorcio sobre custodia de menores. El peticionario, Antonio M. Fernández Salas, solicitó un auto de certiorari para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 3 de junio de 2021. Dicha Orden dispuso el regreso del menor AAFM a la custodia de su madre, Verónica Mercado Látimer. El historial del caso incluye alegaciones del padre sobre la salud y capacidad de la madre para ejercer la custodia. El TPI había denegado previamente solicitudes del padre relacionadas con la salud de la madre y archivado una petición de orden de protección. También se habían dictado órdenes de custodia provisional, asignando un menor a cada progenitor. Tras examinar el recurso y el alegato de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto de certiorari solicitado por el señor Fernández Salas.

Resumen:

Marilia García Rodríguez Pimentel acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución Final y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico. La disputa se originó por una factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ascendente a \$7,723.12, que la recurrente consideró excesiva y no cónsona con su consumo. Tras objetar la factura sin recibir respuesta, presentó una querella ante el Negociado de Energía. La AEE argumentó que la factura cubría un periodo más extenso y que las lecturas anteriores habían sido estimadas debido a la inaccesibilidad del contador. Luego de vistas evidenciarias, el Negociado de Energía declaró con lugar la querella, pero solo otorgó un crédito de \$5.62 a la recurrente. La recurrente apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La AEE solicitó la confirmación del dictamen. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los escritos, resolvió revocar la Resolución Final y Orden del Negociado de Energía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100317. 2020 Optical Jeira, Inc. apeló la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. La demanda original fue presentada por Optical Jeira contra Cooperativa de Seguros Múltiples por incumplimiento de contrato y daños relacionados con pérdidas sufridas por el Huracán María. Optical Jeira alegó que la aseguradora no proveyó una compensación justa por los daños cubiertos bajo la póliza. La Cooperativa solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que Optical Jeira aceptó y cambió cheques ofrecidos como pago total y definitivo, constituyendo un pago en finiquito. Optical Jeira se opuso, señalando que el pago era insuficiente, el ajuste fue de mala fe y la aceptación no implicó una renuncia válida a su reclamación completa. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda aplicando la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Carmen Rosa Román Bultrón, recurre una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar una moción de sentencia sumaria por prescripción presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación. El foro primario desestimó las reclamaciones contra la Autoridad de Carreteras al determinar que la demanda, presentada más de un año después del alegado accidente, estaba prescrita. La apelante argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar el fundamento de prescripción. La Autoridad de Carreteras, por su parte, solicitó la desestimación del recurso de apelación por alegados incumplimientos procesales. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el expediente. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia Parcial apelada. Esto implica que el tribunal apelativo no concurrió con la determinación de prescripción del foro primario respecto a la Autoridad de Carreteras.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre los recursos de revisión judicial instados por Anthony R. Negrón Burgos. El recurrente impugnó decisiones del Departamento de Corrección y Rehabilitación relacionadas con una querella disciplinaria. Dicha querella, número 311-21-030, le imputaba la violación del Código 117 (Agresión) tras una riña con otro confinado el 2 de febrero de 2021. Como resultado, se le impuso una sanción de treinta días de segregación disciplinaria. El señor Negrón Burgos solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la agencia. Alegó que fue agredido y solo utilizó una técnica de agarre para defenderse. Tras la investigación y vista administrativa, el Departamento lo encontró incurso en la falta. El Tribunal examinó los recursos de revisión presentados por el confinado. Luego de evaluar el expediente y los fundamentos, el panel judicial resolvió confirmar la determinación recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Ángel A. Solero Rodríguez, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna la Resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento que ratificó su nivel de custodia en máxima. Aunque la escala de puntuación sugería custodia mínima, el Comité aplicó una modificación no discrecional por su sentencia de 688 años y modificaciones discrecionales. Estas modificaciones se basaron en su historial de violencia excesiva, incluyendo condenas por múltiples asesinatos (Masacre de Cupey), y en desobediencia a las normas institucionales por incidentes disciplinarios. El Comité también señaló la falta de resultados esperados en su proceso de rehabilitación. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la Oficina de Clasificación de Confinados. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente alegó error en la aplicación de las modificaciones discrecionales. El Tribunal autorizó al recurrente a litigar *in forma pauperis*. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución recurrida del Departamento de Corrección.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en revisión administrativa. El peticionario, Leonardo González Cruz, impugna una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). La JLBP le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La denegación se fundamentó, entre otros factores, en que el peticionario no presentó un plan de salida. González Cruz solicitó reconsideración ante la JLBP, la cual fue declarada No Ha Lugar. Posteriormente, presentó el recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal aplicó la norma de deferencia a las decisiones administrativas, especialmente a las determinaciones de hechos sustentadas por evidencia sustancial. Tras revisar el expediente, el Tribunal concluyó que la decisión de la JLBP estaba justificada. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida que denegó la libertad bajo palabra.