Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 108)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa, vía certiorari, dos resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El apelante, José D. Santiago Torres, solicitó la revisión de la denegatoria de su petición de representación legal por un abogado de oficio. También impugnó la resolución que le negó la exención de presentar documentos a través del sistema SUMAC. El caso subyacente es una demanda por violación de derechos civiles presentada por Santiago Torres contra la Asociación de Residentes de Quintas de Altamira, Inc. Santiago Torres, actuando bajo un poder de su hija, alegó que la Asociación no tiene derecho a controlar el acceso a la urbanización porque no hay un gravamen inscrito. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de abogado de oficio por no cumplir los criterios reglamentarios. Además, el TPI ordenó a Santiago Torres presentar prueba de la inscripción registral de la propiedad y del poder, y le requirió mostrar causa por la cual no debía desestimarse la demanda por falta de legitimación activa. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso solicitado por el señor Santiago Torres.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la sucesión de Víctor J. Matos Valentín, apelando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. El pleito original fue incoado por el Sr. Matos Valentín contra Honeywell Aerospace de PR, Inc. por despido discriminatorio bajo la Ley núm. 44 y despido injustificado bajo la Ley núm. 80. Tras el fallecimiento del demandante, sus padres fueron sustituidos como partes en el litigio. Honeywell presentó una moción de desestimación alegando que las causas de acción no eran heredables. El foro primario dictó una Sentencia Parcial declarando Ha Lugar parcialmente la moción. Desestimó la causa de acción bajo la Ley núm. 44, concluyendo que era un derecho personalísimo que se extinguió con el fallecimiento del demandante. Sin embargo, ordenó la continuación de los procedimientos en cuanto a la reclamación bajo la Ley núm. 80. La sucesión apeló la desestimación de la causa de acción por discrimen. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial apelada.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Hospital Español Auxilio Mutuo en revisión judicial contra una Resolución Enmendada de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La resolución enmendada aprueba una Consulta de Ubicación para un desarrollo hospitalario solicitado por San Juan Psychological Recovery and Rehabilitation, LLC. El recurrente alega que la OGPe actuó sin jurisdicción al emitir la resolución enmendada. Argumenta que la OGPe lo hizo antes de recibir el mandato de este Tribunal en recursos previos consolidados. En esos recursos anteriores, el Tribunal había revocado la resolución original de la OGPe que aprobaba la misma consulta. La revocación previa se basó en que la resolución original se fundamentó en un reglamento que fue declarado nulo. La OGPe emitió la resolución enmendada reafirmando la aprobación, pero basándose en un reglamento anterior. Las partes recurridas, SJPRR y OGPe, sostienen que la OGPe actuó con jurisdicción y que el dictamen enmendado es válido. La OGPe también plantea que el recurso se ha tornado académico. La sentencia resuelve la controversia sobre la validez y jurisdicción de la OGPe al emitir la resolución enmendada en el momento en que lo hizo.

Resumen:

Se revisa una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una causa de acción. La parte apelante, Desarrolladora San Judas, Inc., demandó originalmente por incumplimiento de contrato, solicitando la rescisión y el pago de una suma adeudada. Entre los demandados se encontraba la Lcda. Rosalba Fourquet López, quien contestó la demanda y planteó varias defensas. El foro primario había desestimado previamente sin perjuicio la demanda contra otros codemandados. Tras una solicitud de reconsideración de la licenciada Fourquet, el tribunal de instancia emitió la Sentencia Parcial apelada. Mediante esta, se declaró Ha Lugar la reconsideración y se desestimó con perjuicio la reclamación contra la licenciada Fourquet en su carácter personal, de conformidad con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Desarrolladora San Judas apeló esta determinación, argumentando en contra de la desestimación con perjuicio. El panel judicial revisó los fundamentos de la decisión apelada. Por los fundamentos expuestos, se CONFIRMÓ la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa instado por Héctor Santiago Arzola contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó un hallazgo disciplinario en su contra por alegada posesión y fabricación de armas. Alegó haber sido encontrado incurso, solicitado reconsideración y que la agencia no respondió. El tribunal requirió al recurrente copia de la resolución recurrida y de la solicitud de reconsideración sobre el asunto disciplinario. El recurrente no cumplió con la orden de proveer dichos documentos. El Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para revisar acciones administrativas finales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Al no proveerse la documentación necesaria para establecer una acción final y recurrible sobre el hallazgo disciplinario, el tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión administrativa.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso bajo la Ley de Corporaciones. El apelante, Efraín R. Oliver Vélez, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra The Production Crew \& Co., Corp. y otros. El foro primario declaró No Ha Lugar la demanda al concluir que el Sr. Oliver Vélez no demostró ser accionista de la corporación. En su demanda original, el apelante alegó ser dueño del 50% de las acciones de TPC, habiendo aportado equipo valorado en más de $150,000. Sostuvo que los codemandados le negaron sus derechos como accionista, impidieron su acceso a los libros corporativos y dilapidaron los activos de la empresa. El Tribunal de Apelaciones revisa el caso basándose en los alegatos de las partes y la transcripción de la prueba oral presentada en la instancia inferior. La corte procederá a resolver si confirma o revoca la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por Sonia Fernández González. La apelación impugna una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia en un caso de deslinde, injunction y daños y perjuicios. El litigio original, iniciado por la apelante y la Sucesión Gervasio Ortiz Meléndez, versaba sobre el uso de un camino que los demandantes alegaban era privado. Los demandados, aquí apelados, argumentaron que el camino era público o tenían derecho a usarlo. Tras varios trámites, la apelante continuó el caso individualmente. Los demandados solicitaron sentencia sumaria, la cual fue concedida por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario concluyó que el acceso en controversia constituía una servidumbre por signo aparente a favor de los solares de los demandados. La apelante presentó una moción de reconsideración que fue denegada. Este documento detalla los antecedentes procesales y fácticos que llevaron a la presentación de la apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100514, apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. El caso original era una acción de injunction bajo la Ley para la Reforma de Permisos (Ley 161-2009). Los apelantes demandaron a los apelados solicitando la demolición de una estructura de tres niveles en una propiedad adyacente. Alegaron que la construcción carecía de permisos, violaba la ley y afectaba su propiedad al bloquear aire, luz y vistas, además de incidir en el desarrollo urbanístico. Los apelados se defendieron argumentando que adquirieron la propiedad con la estructura, solo hicieron mejoras posteriores, y cuestionaron el interés y los motivos de los apelantes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la sentencia apelada.

Resumen:

Alfredo y José Luis Cuyar Fernández presentaron un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar a una solicitud de reconsideración. La reconsideración se relacionaba con la decisión del foro primario de incluir una potencial deuda por honorarios de abogado como una reserva en el Cuaderno Particional de la Sucesión. Los peticionarios se oponían a esta inclusión, argumentando que no era una deuda de la sucesión. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado que la deuda, aunque disputada, debía constar en el cuaderno. Tras la negativa a reconsiderar, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el recurso de Certiorari fue desestimado por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por David J. Pérez Arritola. El peticionario buscaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para descalificar al licenciado Jorge A. Cartaya. La solicitud de descalificación se basó en un alegado conflicto de intereses bajo el Canon 21 de Ética Profesional. Pérez Arritola argumentó que el abogado representaba simultáneamente a Plaza de Diego, S.E. y MAC Development Corp. en un pleito de daños. El peticionario sostuvo que estas partes tenían intereses adversos en el contexto de una demanda relacionada con la disolución de la sociedad Plaza de Diego y la venta de un inmueble. En dicho pleito, Pérez Arritola demandó a los socios administradores y miembros por alegada exclusión y daños. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la descalificación. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción en el recurso de certiorari, determina no intervenir con la decisión del foro primario.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de revisión judicial instado por Luis R. Mayoral Reichard. El recurrente impugna una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que denegó su solicitud de revisión administrativa. Dicha solicitud buscaba revocar un permiso de construcción concedido a Nex Gen LLC para instalar un anuncio publicitario en San Juan. Mayoral Reichard alegó que el permiso violaba el Highway Beautification Act y el Reglamento Conjunto 2020 por incumplir con las distancias requeridas. La OGPe y Nex Gen LLC se opusieron, cuestionando la legitimación activa del recurrente y la suficiencia de sus alegaciones. Tras evaluar las posturas y la prueba, incluyendo testimonio sobre la aplicación de reglamentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar el dictamen de la OGPe.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Ángel R. Pagán Class, Rosalie Pratts Santiago y otros, solicitando la revisión de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. Dichas resoluciones denegaron su petición para ejercer el retracto del crédito litigioso y una solicitud de sentencia sumaria en un caso de cobro de dinero, ejecución de prenda e hipoteca. El pleito original fue instado por Santander Financial Services, Inc. contra los peticionarios por incumplimiento de un contrato de préstamo de 2010. El préstamo estaba garantizado con un gravamen prendario sobre un pagaré hipotecario y una hipoteca sobre un inmueble. Santander Financial alegó ser el acreedor y solicitó el pago de la deuda o la ejecución de las garantías. Los peticionarios se defendieron alegando que la controversia ya había sido objeto de un procedimiento judicial previo que culminó en un acuerdo de pago y una sentencia en 2012. Argumentaron que operaba la doctrina de cosa juzgada y que Santander Financial solo podía ejecutar la sentencia anterior. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar a sus planteamientos. Tras evaluar los fundamentos presentados en el recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un caso de daños y perjuicios. El apelante, Carmelo Ruiz Delgado, demandó al Departamento de la Familia y a un director regional, entre otros. Alegó que el director, actuando sobre información errónea de un competidor, ordenó detener la elegibilidad de su negocio para un programa de asistencia de gas. Esta acción, según el apelante, dañó su reputación y redujo su clientela, por lo que reclamó una indemnización. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción contra el director en su carácter personal. El foro primario concluyó que las acciones del funcionario fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales. El apelante posteriormente enmendó su demanda para incluir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como demandado. La presente apelación surge de una sentencia parcial del TPI que concedió una solicitud de desestimación presentada por el Estado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impericia médica. Bayamón Medical Center Corp. (el Hospital) solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había denegado la solicitud del Hospital para presentar una demanda contra tercero contra Emergency Room Administrative Services, LLC (ERAS). El pleito original fue incoado por Ana Guzmán y otros contra el Hospital por la muerte de Fernando Mercado en la sala de emergencias. El Hospital alegó que la negligencia fue cometida por médicos empleados de ERAS, haciendo a esta última responsable. El Hospital argumentó que solicitó la inclusión de ERAS tras recibir informes periciales de los demandantes. Los demandantes se opusieron, señalando que el Hospital conocía la identidad de ERAS antes, la ocultó y la moción era tardía. El TPI denegó la moción basándose únicamente en los argumentos de la oposición. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación por incumplimiento de contrato y daños contractuales. El apelante demandó a Mapfre Pan American Insurance Company por la denegación de un reclamo por daños de inundación causados por el huracán María, alegando cobertura bajo una Póliza de Inundación y mala fe de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. Durante el proceso, Mapfre Praico Insurance Company intervino, indicando que el apelante había demandado a la entidad incorrecta y usado un número de póliza erróneo, correspondiente a una póliza de vivienda que excluía inundaciones. Mapfre Praico también señaló la existencia de un pleito previo relacionado con la misma propiedad y una póliza distinta, el cual fue desestimado por pago en finiquito. El foro primario levantó la rebeldía inicial pero no consolidó los casos. Tras examinar la apelación, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución de un panel judicial sobre un recurso presentado por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La Cooperativa impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud de intervención en el pleito de liquidación de Real Legacy Assurance Company, Inc. El Comisionado de Seguros, como liquidador de Real Legacy, había solicitado y obtenido autorización para terminar y liquidar el plan de retiro de empleados de la aseguradora. La Cooperativa buscaba una sentencia declaratoria sobre la obligación de cubrir la deficiencia del plan con activos de Real Legacy y fondos de Santander Securities, además de dejar sin efecto la orden de liquidar el plan de retiro. El foro primario denegó la intervención y la demanda declaratoria de la Cooperativa, concluyendo que el Comisionado actuó conforme a derecho y a las órdenes judiciales. El panel revisó el recurso de la Cooperativa como un certiorari. Finalmente, el panel DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado por la Cooperativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico acoge como certiorari una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte peticionaria, Antártica Ice Plant y otros, solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de nulidad de sentencia. El caso se originó con un acuerdo de pago y sentencia por consentimiento entre los peticionarios y Oriental Bank (sucesor de BBVA). Dicho acuerdo reconocía una deuda hipotecaria y permitía la ejecución en caso de incumplimiento. Tras el incumplimiento, Oriental Bank obtuvo una sentencia por estipulación y solicitó la ejecución de la hipoteca. Triangle Reo adquirió la sentencia y continuó los procedimientos de ejecución, que culminaron en una subasta. Los peticionarios intentaron anular la sentencia en el foro primario, pero su solicitud fue denegada. Ahora, el Tribunal de Apelaciones revisará esa denegatoria mediante el recurso de certiorari. La resolución indica que el Tribunal procederá a examinar el recurso a la luz del derecho aplicable.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso presentado por Blanca Iris Gómez Morales en un caso de partición de herencia. La peticionaria impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó al contador partidor y administrador judicial, CPA Eduardo Jiménez Viñas, a acceder al expediente del finado en el Departamento de Hacienda. Esta orden se emitió luego de que el CPA informara sobre posibles inconsistencias y deudas no reflejadas en el Certificado de Cancelación de Gravamen Contributivo (Relevo de Herencia). La señora Gómez Morales solicitó la descalificación del CPA y la inhibición de la jueza de instancia, alegando errores en la orden y el proceso. El Tribunal de Primera Instancia denegó estas solicitudes. La peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso que fue acogido como certiorari. Tras examinar el recurso, el panel del Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguros y daños y perjuicios. La Asociación de Titulares Condominio Rincón Ocean Club II apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue incoado por la Asociación contra Multinational Insurance Company tras los daños causados por el huracán María. La disputa principal giraba en torno a la validez de endosos a la póliza que modificaron las cubiertas de inundación y huracán. La aseguradora se negó a desembolsar las cuantías reclamadas y cuestionó la legitimación activa de la Asociación para demandar. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la solicitud de desestimación por falta de legitimación, señalando que la póliza nombraba a la Asociación como asegurada. La Sentencia Parcial apelada resolvió sumariamente la fórmula de valorización aplicable a la reclamación. El Tribunal de Apelaciones decidió revocar en parte dicha Sentencia Parcial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por ESJ Towers Inc. contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar la solicitud de Leticia Hernández sobre el hallazgo de dinero y otros objetos. Hernández, empleada de ESJ Towers, encontró los bienes en una caja de depósito no identificada y los entregó conforme al protocolo de "Lost and Found". Tras no aparecer el dueño en 90 días, Hernández reclamó los bienes según el uso de la compañía. ESJ Towers se negó, alegando que el protocolo no aplicaba a cajas de depósito y que Hernández, como empleada, no era la halladora legítima. La empresa argumentó haber iniciado el proceso legal de hallazgo ante el Municipio bajo el Código Civil. ESJ Towers sostuvo que los derechos de hallador le correspondían a ella y que Hernández perdió su derecho al no intervenir en el proceso municipal. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa de reclasificación de custodia. El recurrente, Harold Figueroa Figueroa, impugnó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El señor Figueroa, cumpliendo una larga sentencia, se encontraba en custodia mediana desde 2014. En 2021, Corrección ratificó su nivel de custodia mediana en una evaluación rutinaria. Inicialmente, Corrección justificó la decisión basándose en una modificación no discrecional relacionada con la duración de su sentencia. Posteriormente, a pesar de que una escala de clasificación arrojó puntuación para custodia mínima, Corrección mantuvo el nivel mediano usando factores discrecionales como la gravedad del delito y el tiempo percibido en custodia mediana. El señor Figueroa argumentó que Corrección aplicó criterios erróneos y violó principios de rehabilitación. Solicitó la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la determinación administrativa. Finalmente, el Tribunal revocó la Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Francisco Javier Domenech y otros. Los peticionarios, abogados que inicialmente se representaban a sí mismos en un pleito de Cobro de Dinero contra The Horned Dorset Primavera Inc. y William Sack, impugnaron una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Aguada. Dicha Orden establecía que la deposición del codemandado Sack debía ser tomada por abogados que no fueran partes en el litigio. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de certiorari. Determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La razón principal fue que el recurso se presentó de forma prematura. El pleito original versa sobre controversias surgidas de un acuerdo para la administración y mantenimiento de una villa. La Sentencia se limita a declarar la falta de jurisdicción por prematuridad.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por Edilberto Berrios Pérez y otros. Los apelantes solicitaron la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por el codemandado Javier García Benitez. La demanda original fue instada contra Banco Popular, el señor García Benitez como oficial, y otros. Los apelantes alegaron incumplimiento de contrato, dolo y daños relacionados con un préstamo hipotecario. Disputaron aumentos en el balance principal y los pagos de escrow, así como el balance final de cancelación, objetando un cargo por "impound overdraft". El Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción instada específicamente contra el señor García Benitez. El panel de jueces revisó esa determinación. Por los fundamentos expuestos, el tribunal confirma la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre daños y perjuicios. La controversia principal gira en torno a si la presentación de una demanda previa, desestimada sin perjuicio por un defecto en los emplazamientos, interrumpió el término prescriptivo de un año para presentar una nueva demanda. Los demandados peticionarios argumentaron que la falta de emplazamiento válido en el primer caso impidió la interrupción. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la presentación de la demanda inicial sí interrumpió el término hasta la notificación de la desestimación sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, reafirmó que la mera radicación de una demanda interrumpe el término prescriptivo, independientemente de vicisitudes posteriores como la falta de emplazamiento o la desestimación sin perjuicio. Se destacó que la normativa en contrario citada por los peticionarios fue expresamente revocada por el Tribunal Supremo. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida, validando la interrupción del término prescriptivo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por el padre en un caso de divorcio sobre relaciones paternofiliales. El padre impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordena continuar servicios psicológicos y a la hija recibir tratamiento. El TPI también dispuso revisar la situación de las relaciones filiales en diez meses, solicitando una evaluación de la Oficina de Relaciones de Familia. Las relaciones entre padre e hija, de 18 años, se suspendieron en 2019 tras un incidente con órdenes de protección. Un Informe Social previo recomendó servicios terapéuticos para ambos debido al estilo parental del padre y la renuencia de la hija. Un recurso anterior ante este Tribunal revocó una decisión del TPI y ordenó cumplir las recomendaciones provisionales del Informe Social. El padre acude nuevamente al Apelativo contra la nueva orden del TPI. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal confirma la Resolución y Orden recurrida del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende tres recursos de certiorari consolidados (KLCE202101118, KLCE202101119, KLCE202101122). Los recursos provienen de un caso civil por daños y perjuicios y persecución maliciosa (UT2020CV00185) en el Tribunal de Primera Instancia de Utuado. Las partes recurren una Resolución y Orden emitida por el foro primario el 6 de julio de 2021. Dicha orden dispuso sobre el descubrimiento de prueba y, de oficio, descalificó a los abogados de la parte demandante y de la parte codemandada. La descalificación se fundamentó en el continuo comportamiento de los letrados en contravención a los Cánones de Ética Profesional, animosidad y retraso en los procesos. Ambas partes solicitaron reconsideración de la orden de descalificación, la cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos para su consideración. La resolución concluye denegando la expedición de los recursos discrecionales solicitados por las partes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por Suiza Dairy II Corp. La empresa solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. El caso subyacente fue presentado por Rubén Rolón Ortiz contra Suiza Dairy por despido injustificado y discrimen por edad. El señor Rolón Ortiz trabajó para la empresa desde 1991 hasta su despido en 2015. Alegó haber sido sometido a un patrón de hostigamiento por su edad, afectando su salud. Describió un incidente donde un supervisor mencionó un turno "apto para su edad" y otro incidente relacionado con el manejo de diesel que precedió a su despido. Suiza Dairy justificó el despido por supuestas violaciones a reglas de seguridad, ineficiencia y otras razones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, DENEGÓ expedir el auto solicitado por Suiza Dairy.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve recursos de certiorari consolidados en un pleito sobre daños y perjuicios por persecución maliciosa. Las peticiones buscaban la revisión de varias órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Utuado. Entre las órdenes recurridas se encontraba una relacionada con el descubrimiento de prueba. La determinación principal impugnada fue la descalificación de los representantes legales de la parte demandante y de la parte codemandada. El foro primario fundamentó la descalificación en la conducta de los abogados contraria a los Cánones de Ética Profesional, la animosidad y el retraso en los procesos judiciales. Ambas partes solicitaron la revisión de la orden de descalificación mediante recursos de certiorari. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de los recursos discrecionales solicitados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre recursos de certiorari consolidados (KLCE202101118, KLCE202101119, KLCE202101122). Estos recursos provienen de un caso de daños y perjuicios por persecución maliciosa (UT2020CV00185) en el Tribunal de Primera Instancia de Utuado. Las partes recurren una Resolución y Orden del TPI del 6 de julio de 2021. Dicha orden del TPI abordó procedimientos de descubrimiento de prueba. Más importante aún, el TPI descalificó de oficio a los abogados de la parte demandante y de la parte codemandada. La descalificación se fundamentó en el continuo comportamiento de los letrados en contravención a los Cánones de Ética Profesional, animosidad y retraso en los procesos. Ambas partes solicitaron reconsideración al TPI, la cual fue denegada. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de los recursos discrecionales de certiorari solicitados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Carlos M. Cotto Cruz. El peticionario buscaba revocar una decisión del tribunal de primera instancia que denegó su solicitud de juicio por separado y autorizó la consolidación de su causa criminal con la de tres coacusados. Todos los acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración y asesinato en primer grado relacionados con el mismo incidente. El argumento central del peticionario fue que un juicio conjunto violaría su derecho a la confrontación. Sostuvo que una declaración hecha por un coacusado, que incrimina a los demás, podría ser admitida sin la posibilidad de contrainterrogar. El Ministerio Público argumentó que la declaración era admisible por haber sido hecha durante y en furtherance de la supuesta conspiración. El tribunal de primera instancia encontró persuasivos los argumentos del fiscal y denegó la solicitud de separación. Tras evaluar la petición y los argumentos presentados, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari. Esta decisión confirmó efectivamente la orden del tribunal de primera instancia de consolidar los juicios.

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La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) presentó una petición de certiorari ante este tribunal. La CFSE impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para ordenar el cumplimiento o dejar sin efecto un acuerdo transaccional. El TPI fundamentó su decisión en que el acuerdo constituía una transacción extrajudicial, no susceptible de ejecución de sentencia. El litigio subyacente se originó con una demanda por daños del señor Waldemar Torres Ortiz contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y otros, donde la CFSE intervino por subrogación al cubrir gastos médicos. Las partes alcanzaron un acuerdo privado que resultó en mociones de desistimiento con perjuicio, condicionadas al cumplimiento del pacto. La AEE se opuso al recurso de la CFSE. La cuestión principal a resolver es si este acuerdo privado, que llevó al archivo del caso, puede ser ejecutado a través del proceso judicial. El tribunal procede a evaluar el recurso como certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones cruzadas presentadas por las partes. El caso original fue incoado por Eduardo M. Joglar Castillo, accionista de Advanced Wireless Communications, Inc. (AWC), contra la corporación y los otros accionistas, Gerald Torres Nogueras y Luiz A. Penna. El Demandante solicitó un injunction estatutario bajo los Artículos 7.10 y 7.15 de la Ley General de Corporaciones. Alegó actos ilegales por parte de los otros accionistas, incluyendo su destitución como Presidente y miembro de la Junta de Directores de AWC. Buscaba, entre otros remedios, la nulidad de la última elección de la junta y la orden de celebrar una nueva. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de interdicto y ordenó la elección de directores sin vista previa. Ambas partes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por los motivos expuestos en su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de accidente de tránsito. El peticionario, Elix Alejandro Mercado Ortiz, solicitó revisión mediante certiorari de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su moción para desestimar una reconvención presentada por la parte demandada, Ferretería Vanessa. El caso original trata sobre daños a la propiedad del peticionario causados por un camión de la ferretería. La ferretería, a su vez, presentó una reconvención reclamando daños por incumplimiento de un acuerdo verbal y afectación a su reputación. El peticionario argumentó que la reconvención no exponía una reclamación válida. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. Esto implica que el Tribunal no revisará en esta etapa la determinación del TPI sobre la desestimación de la reconvención.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari instado por la señora Aida Maceira Sánchez. El recurso buscaba la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de un pleito. El pleito original fue presentado por Banco Popular de Puerto Rico para cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre un préstamo hipotecario revertido. Banco Popular alegó que la señora Maceira incumplió una condición del préstamo al no residir en la propiedad hipotecada. La señora Maceira argumentó que el banco envió la notificación de aceleración a la dirección incorrecta y que había informado su cambio de residencia debido a su edad y condición de salud. También alegó que la deuda fue inflada y que el banco dilató el proceso. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones declinó ejercer su función revisora. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esto implica que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar el caso se mantiene.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación presentada por Caps, LLC. y To Go Stores, LLC. contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. La resolución apelada, dictada el 4 de diciembre de 2019, resolvió una reconvención sobre accesión presentada por CAPS referente a unos tanques de almacenamiento de gasolina. Dicha resolución desestimó la reconvención de CAPS y concedió un injunction preliminar solicitado por la demandante apelada, Puma Energy Caribe, LLC. Además, el Tribunal de Primera Instancia solicitó a PUMA un proyecto de sentencia sobre Entredicho Provisional y Permanente. El caso original fue iniciado por PUMA contra los hermanos Ramírez, buscando interdictos y daños por el uso de sus tanques. Los hermanos Ramírez informaron que habían vendido la estación a CAPS, identificándola como parte indispensable. PUMA enmendó su demanda para incluir a To Go Stores y CAPS como codemandados. CAPS contestó la demanda y presentó la reconvención sobre accesión que fue desestimada en la resolución apelada. CAPS y To Go Stores solicitan la revocación de esta resolución ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre la clasificación de custodia de Josué Ortiz Colón. El DCR ratificó el nivel de custodia mediana del recurrente, basándose principalmente en que le restaban más de quince años para cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra, aplicando una modificación no discrecional. El señor Ortiz impugnó esta decisión, alegando que su puntuación en la escala de clasificación indicaba custodia mínima y que su excelente ajuste institucional fue ignorado. Argumentó que la regla de los quince años era inconstitucional y que el DCR aplicó el reglamento incorrecto. El DCR, por su parte, planteó una cuestión jurisdiccional, indicando que la solicitud de reconsideración del recurrente fue resuelta después de que este presentara el recurso de apelación. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación recurrida del DCR.

Resumen:

Se presenta un recurso de revisión judicial contra una determinación del Departamento del Trabajo que denegó beneficios de compensación por desempleo al recurrente, Sr. Ferdinand Ortiz Lugo, y reclamó sobrepagos. El Departamento emitió decisiones aparentemente contradictorias sobre la elegibilidad del recurrente y notificó sobrepagos por diferentes montos. El recurrente apeló estas determinaciones, pero el Departamento consideró que una de sus apelaciones fue presentada tardíamente. El Sr. Ortiz Lugo argumentó que envió su apelación a tiempo a una dirección de correo electrónico provista por la agencia, la cual, según le informaron después, era incorrecta. A pesar de sus apelaciones y solicitudes de reconsideración, el Departamento del Trabajo confirmó su decisión inicial, basándose en la supuesta tardanza de la apelación. La decisión final del Secretario del Trabajo ratificó la determinación administrativa. El recurrente acudió entonces ante el tribunal para solicitar la revisión judicial. Tras examinar el recurso, el panel judicial adelanta que revoca la determinación administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una solicitud de Certiorari presentada por Víctor Luis González Barahona y otros. El recurso buscaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios contra el Municipio de Culebra y otros. La demanda original alegaba libelo y calumnia por información provista por el Alcalde a una agencia federal. Tras un proceso de sentencia sumaria y apelación, la reclamación contra el Alcalde en su carácter personal fue reinstaurada. La controversia que motivó el Certiorari se centró en una disputa sobre el descubrimiento de prueba. La parte demandada solicitó amplia documentación sobre la propiedad del demandante en Culebra, a lo que este se opuso por falta de pertinencia. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari. La denegatoria se basó en que la solicitud no satisfizo los criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones presentadas por ambas partes en un pleito corporativo. El caso se originó con una demanda de Eduardo M. Joglar Castillo contra Advanced Wireless Communications, Inc. y otros accionistas. Joglar Castillo solicitó un injunction estatutario bajo los Artículos 7.10 y 7.15 de la Ley General de Corporaciones. Alegó actos ilegales por parte de los otros accionistas, incluyendo su remoción de la Junta de Directores y la presidencia. Buscaba la nulidad de la elección de la junta, su reposición y acceso a información corporativa. El Tribunal de Primera Instancia concedió el injunction y ordenó una elección de directores sin vista previa. Ambas partes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. El peticionario, William I. Pérez Márquez, quien cumple sentencia, solicitó ser eximido del pago de aranceles y sellos para obtener copia de su expediente criminal completo. El foro primario denegó la solicitud, indicando que ya se le habían entregado copias de algunos documentos sin costo y que futuras copias requerían pago. Pérez Márquez recurre alegando que solo recibió denuncias y sentencias, no el expediente completo que necesita para un ataque colateral a su sentencia. Argumenta que la solicitud de expediente completo había sido autorizada administrativamente. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso. Aunque expidió el auto de certiorari para revisar el caso, confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. La corte apelativa sostuvo que la denegatoria del foro primario a eximirlo del pago para obtener copias adicionales del expediente era procedente.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los miembros de la Sucesión Jorge Martínez Rodríguez mediante certiorari. Solicitan la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de impugnación de testamento. La resolución recurrida denegó la solicitud de la Sucesión para descalificar al abogado de la parte demandante, Zulma I. Martínez Torres. La solicitud de descalificación se fundamentó en alegaciones de conflicto de intereses por una relación personal, declaraciones falsas, emplazamiento indebido, y presentación de demanda frívola. El foro primario determinó que las alegaciones, basadas principalmente en una supuesta relación de amistad, no constituían fundamento suficiente para la descalificación. La Sucesión presentó reconsideración, la cual también fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia. Inconforme, la Parte Peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones señalando error en la negativa a descalificar al abogado. La Recurrida compareció en oposición al certiorari. Tras considerar las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari. Con esta decisión, se mantiene la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no descalificar al Lcdo. Roberto Martínez Hornedo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una Demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. La Demanda fue presentada por Empresas Samuel Ignacio Inc. y Samuel Edgardo Hernández Ortiz contra Firstbank Corp. y otros, alegando la pérdida de fincas debido a las acciones del banco. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por falta de parte indispensable. Los demandados, identificados como FBPR, habían solicitado prórroga y presentado una moción de desestimación, cuestionando la falta de detalles en la demanda y la identificación de la parte demandada. El recurso de certiorari presentado por los demandantes fue acogido como apelación. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. El peticionario, Arturo Enrique Mercado Pérez, impugnó en certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución rechazó su moción de desestimación de la reconvención enmendada presentada por la demandada-recurrida, Betzaida Maldonado Rodríguez. El peticionario inició la acción de divorcio, a la cual la recurrida, declarada legalmente incapacitada, se allanó inicialmente solicitando pensiones alimentarias. Tras el desistimiento del peticionario a su demanda, el TPI desestimó la acción principal pero mantuvo viva la reconvención de la recurrida sobre alimentos. La recurrida solicitó y obtuvo permiso del TPI para enmendar su reconvención e incluir la causa de acción de divorcio. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del TPI. Tras expedir el auto, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida. Ordenó la desestimación de la reconvención enmendada instada por la recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Yomayra Soto Acosta contra National University College. La apelante recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios por prescripción. El Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso de apelación. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. Esta falta de jurisdicción se debe al incumplimiento de la apelante con las reglas de notificación del recurso. La apelante no notificó el recurso a las partes ni al tribunal de primera instancia dentro de los términos establecidos. El incumplimiento con estos requisitos de notificación, sin demostrar justa causa, impide la revisión judicial. Por tanto, el recurso es desestimado con perjuicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación. El apelante, Jeffrey Betancourt Adorno, solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Dicha resolución aprobó un informe del Examinador de Pensiones Alimentarias. En consecuencia, modificó la pensión alimentaria del hijo menor de edad habido entre las partes. Además, ordenó al apelante el pago de $2,000.00 en concepto de honorarios de abogados. El caso se originó con una solicitud de revisión de pensión alimentaria y desacato presentada por la apelada, Aixamary Ponce Pérez. El tracto procesal incluyó órdenes de descubrimiento de prueba y sanciones impuestas al abogado del apelante por incumplimiento. El apelante buscaba dejar sin efecto la decisión del foro primario. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la resolución apelada.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presentó un recurso contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La acción fue iniciada por PR Recovery and Development JV, LLC contra varios apelantes por el incumplimiento de un préstamo. PR Recovery alegó ser el tenedor de los pagarés y garantías, adquiridos del Banco de Desarrollo Económico. Los apelantes no contestaron la demanda y se opusieron a la anotación de rebeldía. Argumentaron que PR Recovery carecía de legitimación activa, citando un pleito separado que impugnaba la adquisición de la cartera de préstamos. Solicitaron la desestimación o paralización del caso principal pendiente del otro litigio. PR Recovery solicitó sentencia sumaria, afirmando que no había controversia sobre la deuda y el incumplimiento. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia que fue objeto de apelación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Julio Efraín Camacho contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, confinado por violaciones a la Ley de Armas, solicitó bonificaciones por buena conducta y asiduidad bajo la Ley 87 de 2020. Argumentó que dicha ley le otorgaba beneficios más generosos o complementarios a los ya acreditados. La División de Remedios Administrativos del DCR denegó la solicitud inicial y la reconsideración. El DCR explicó que al recurrente ya se le aplicó una bonificación de doce días por mes, la cual es más favorable que los seis días por mes que le corresponderían bajo la Ley 87 para su pena. Asimismo, el DCR señaló que el principio de favorabilidad ya fue aplicado de la manera más benigna y que la doble bonificación no está contemplada. El recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones buscaba esencialmente obtener esta doble bonificación. El DCR, a través del Procurador General, solicitó la confirmación de su determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal CONFIRMÓ la determinación administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202100652. La apelación fue presentada por Ileana Solivan Sobrino contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia sumaria declaró Ha Lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Wilmington Savings Fund Society. La apelante solicitaba la revocación del dictamen, alegando que la demandante no probó ser tenedora del pagaré ni tener derecho a la acción, y que existían controversias de hecho. La parte apelada se opuso, afirmando haber demostrado su legitimación activa y la inexistencia de controversias materiales. Tras analizar los escritos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia Sumaria apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por William L. Hiraldo Medina. El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, que denegó su solicitud de desestimación. Dicha solicitud se fundamentaba en la doctrina de doble exposición respecto a acusaciones por infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico (Artículos 5.04 y 5.15). Hiraldo Medina alegó haber sido previamente convicto en un foro federal por delitos relacionados con la misma arma de fuego. Los cargos estatales se originaron por hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2014, por los cuales también fue hallado culpable de asesinato en primer grado. El Tribunal de Primera Instancia rechazó el argumento de doble exposición. Tras examinar los escritos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.